Ayer 125/2022 (1): 75-100
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2022
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/125-2022-04
© Armando Martínez Garnica
Recibido: 04-03-2019 | Aceptado: 10-01-2020
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Noticias del Trienio Liberal en la República de Colombia

Armando Martínez Garnica

Universidad Industrial de Santander (Colombia)
armando.martinez@archivogeneral.gov.co

Resumen: Los publicistas colombianos del tiempo del Trienio Liberal español dejaron consignados en El Correo del Orinoco y en la Gaceta de Colombia, los dos periódicos ministeriales, así como en los periódicos políticos que circulaban en Bogotá, Caracas y Cartagena, su seguimiento de las noticias llegadas de la Península. Expresaron sus esperanzas y sus temores respecto del vínculo de los sucesos políticos españoles con la suerte de Colombia, aconsejando diversas medidas políticas, militares y diplomáticas que el Gobierno tendría que adoptar.

Palabras clave: Colombia, Trienio Liberal, prensa.

Abstract: During the Spanish Liberal Triennium, Colombian publicists left consigned in two ministerial newspapers their reactions to the news arriving from the Peninsula. These were El Correo del Orinoco and in the Gaceta de Colombia, which circulated in Bogotá, Caracas, and Cartagena. Within their pages, publicists expressed their hopes and fears regarding the link between Spanish political events and the fate of Colombia, and advocated the adoption of various political, military, and diplomatic measures.

Keywords: Colombia, Liberal Triennium, press.

Introducción

El 17 de diciembre de 1819 fue aprobada por el Congreso de Venezuela, reunido en Santo Tomás de Angostura, la Ley fundamental de la República de Colombia. Quince días después se produjo el pronunciamiento militar de Las Cabezas de San Juan que condujo a la jura de la Constitución de la Nación española por el rey Fernando VII. La historiografía colombiana solo se ha fijado en el derrotero del proyecto republicano de Colombia durante la década de 1820, desviando la mirada de las repercusiones del Trienio Liberal y del hecho de las juras y de la aspiración gaditana en las provincias de Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Popayán y Pasto hasta bien entrado el año 1821. Solo Jaime E. Rodríguez se ha ocupado de la recepción de las instituciones gaditanas en las provincias de Quito y Guayaquil 1, quedando las demás provincias colombianas bajo el manto de una sombra en la noche historiográfica 2. Este artículo se propone presentar ante la mirada historiográfica las noticias y los efectos de la restauración constitucional en las mencionadas provincias, pues la narrativa de la guerra civil de 1820-1821 en ellas no ha dejado ver la opción gaditana que estuvo presente en ese tiempo.

Dos veces fue detenida la impresión de la quincuagésima quinta entrega del Correo del Orinoco, la gaceta oficial del Gobierno de Venezuela que imprimía desde junio de 1818, en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, Andrés Roderick. Las noticias llegadas en los barcos mercantes procedentes de las islas de Barbuda y Saint Thomas así lo justificaban. Finalmente, el sábado 18 de marzo de 1820 salieron a la calle los ejemplares de esta entrega editorial. Pudieron entonces los miembros de la diputación permanente del Congreso de Venezuela y las autoridades del nuevo Gobierno colombiano, establecido en esta ciudad desde el 17 de diciembre del año anterior, conocer las novedades sobre la revolución española acaecida al romper el año en Las Cabezas de San Juan.

Esta entrega insertó los textos de las tres proclamas dirigidas por Antonio Quiroga desde su cuartel de San Fernando a los vecinos de Cádiz, a los milicianos provinciales y a los militares; la proclama del comandante Rafael de Riego a los vecinos de Algeciras, una «Relación de lo ocurrido en la gloriosa insurrección del Exército Nacional contra la Tiranía», y tres cartas de comerciantes antillanos sobre el acontecimiento. Se supo entonces que la segunda expedición militar española que marcharía sobre Tierra Firme había sido detenida, que la Constitución española de 1812 recuperaba su vigencia, que el tráfico mercantil de las Antillas con las casas comerciales de los puertos peninsulares se suspendía de nuevo, que el bergantín que llevaba al capitán portorriqueño Matías Escuté (edecán enviado a España en busca de auxilios) había regresado a Puerto Cabello y que el general Pablo Morillo, desde 1815 comandante del primer Ejército Expedicionario de Tierra Firme, había dado órdenes al gobernador de Caracas para que tomase medidas drásticas en caso de cualquier amago de invasión de los insurgentes a los puertos venezolanos. El redactor del Correo del Orinoco felicitó a los autores de la revolución acaecida en la provincia de Sevilla en nombre de la América, tildándolos de «bravos campeones de la Libertad» y recordándoles que en el hemisferio americano tenían sus hermanos, que, como ellos, aspiraban a «establecer el imperio de la Ley, y salvar la Patria» contra el tirano Fernando VII.

Estas sorprendentes noticias sobre el origen del Trienio Liberal en España actualizaron en la Capitanía general de Venezuela y en el virreinato de Santafé un proyecto político que había sido abandonado en 1814 por muchas de sus provincias: ser parte de «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Ahora ese proyecto se actualizaba en el momento exacto en el que el general Simón Bolívar se esforzaba por echar a andar un antiguo proyecto formulado desde 1790 por Francisco de Mirada: formar en el extremo norte de Suramérica una nueva nación que se llamaría República de Colombia. Dos proyectos políticos enfrentados, esto es, integrar la Nación española de ambos hemisferios o formar una nueva Nación colombiana independiente, se contrapusieron en la escena política que se abrió al despuntar el año de 1820.

El 7 de agosto de 1819 se había producido en el campo de Boyacá, corazón de la antigua provincia de Tunja, en el Nuevo Reino de Granada, la sorprendente derrota de las fuerzas del Ejército Expedicionario español que mandaba el general José María Barreiro. De inmediato huyeron, por el camino del puerto de Honda, tanto el virrey Juan Sámano como toda la burocracia de la Real Audiencia. Cuatro días después, instalado en el modesto palacio de los virreyes, el general Simón Bolívar brindó en una cena, en presencia de militares de la Legión Irlandesa, por la reunión del virreinato de Santafé con la Capitanía de Venezuela para formar la República de Colombia. Con ello ponía fin al proyecto de la segunda Constitución de la República de Venezuela, aprobada en Angostura una semana después de la batalla de Boyacá, y se puso en marcha el esfuerzo bélico que haría posible la incorporación de las provincias de Quito, Cuenca y Guayaquil al Estado colombiano, a despecho de la segunda experiencia de obediencia que estas hicieron de la Constitución española, expresada en la renovación de los ayuntamientos constitucionales de sus pueblos. En la ciudad de Santo Tomás de Angostura, capital de la provincia de Guayana, el Congreso de Venezuela, que estaba reunido desde el 15 de febrero de 1819, concedió su aprobación a la Ley fundamental de la República de Colombia. Era el día 17 de diciembre de 1819 y era la consecuencia política del resultado militar del campo de Boyacá. Pese a que solamente una provincia del antiguo Nuevo Reino de Granada, el Casanare, estuvo representada en ese congreso de los venezolanos, se aprobó que desde ese mismo día quedaban reunidas en un solo Estado todas las antiguas provincias que habían estado bajo la jurisdicción del virreinato de Santafé y de la Capitanía general de Caracas. Nació este día el Estado colombiano, que reclamó las 115.000 leguas cuadradas en que se estimaron los territorios que aportaban las dos entidades antiguas del dominio indiano de los reyes borbones. La realización de este proyecto político requería del continuado esfuerzo militar del llamado Ejército Libertador, encargado de la conquista de las antiguas provincias de las dos entidades fundantes y de la convocatoria del Congreso constituyente que se reuniría en la Villa del Rosario de Cúcuta desde el 6 de mayo de 1821.

Como desde el día 17 de diciembre de 1819 se consideró que existía la República de Colombia, el 24 de diciembre siguiente se posesionó, como su primer presidente, el general Simón Bolívar. Fue elegido como vicepresidente el doctor Francisco Antonio Zea, el mismo que en 1808 había estado en la Junta de Españoles que se reunió en Bayona como diputado de Guatemala. Como la Ley fundamental predijo que el territorio colombiano se dividiría para su administración en tres departamentos que se llamarían Cundinamarca, Venezuela y Quito, para los dos primeros fueron nombrados, con títulos de vicepresidente, el general Francisco de Paula Santander y el doctor Juan Germán Roscio, respectivamente.

La Ley fundamental del proyecto colombiano, pese a la sospecha legal sobre su naturaleza espuria, remediada con una segunda versión en el Congreso constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta, era el soporte de su legitimidad dos semanas antes de la revolución española. Esto podría significar que el proyecto colombiano podría ser confrontado por el proyecto de restauración de la Carta gaditana de 1812, tal como efectivamente acaeció en Santo Tomás de Angostura, sin olvidar la efectiva restauración de las instituciones gaditanas en las tres provincias de la Presidencia de Quito.

La propuesta restauradora del general Pablo Morillo

El 20 de enero de 1820, en el curso de su sesión 268, se disolvió el Congreso de Venezuela que trajo a la luz de la política nacional la Ley fundamental de la República de Colombia, una prueba más de que el proyecto colombiano no fue un sueño de los neogranadinos ni de los quiteños, sino de los venezolanos. Pero ocurrió que mientras se reunía el Congreso constituyente de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta, los congresistas venezolanos le dieron vida a una diputación permanente del Congreso de Venezuela, integrada por siete de ellos, que sin tener facultades legislativas podría encargarse de asuntos gubernamentales y judiciales. Esta extraña anomalía política hizo posible en 1821 la coexistencia del Congreso constituyente de Colombia con un apéndice del Congreso de Venezuela que se negaba a desaparecer y que incluso no quiso trasladar su sede desde Angostura hacia Villa del Rosario. Pero también significaba que el Poder Ejecutivo que existía desde el 24 de diciembre de 1819 para Colombia, y también para del Departamento de Venezuela, coexistió con un pequeño cuerpo legislativo de Venezuela con funciones no legislativas. En este extraño contexto político, ajeno a los cánones universales que ordenan la disolución inmediata de los cuerpos constituyentes una vez han realizado su propósito fundamental, se produjo la propuesta política del general Pablo Morillo, el comandante del primer Ejército Expedicionario de Tierra Firme que durante los años 1815 y 1816 restauró el dominio monárquico tanto en las provincias de la Capitanía de Venezuela como en las del Nuevo Reino de Granada.

Desde su cuartel general en Caracas, sede principal del dominio monárquico en Venezuela, el general Pablo Morillo dirigió al «Serenísimo Congreso [de Venezuela] establecido en Guayana» una comunicación el 17 de junio de 1820 motivada por «los últimos sucesos de la Península, y del triunfo de la opinión general de la Nación, para restablecer la constitución de la Monarquía española, sancionada en Cádiz el año de 1812, por el voto universal representativo de ambos hemisferios». Autorizado por el «Rey constitucional de las Españas», propuso negociar «un acomodamiento generoso y justo» capaz de reunir «toda la familia a disfrutar de las ventajas de nuestra regeneración política». Había llegado el momento de poner fin a «los funestos efectos de la división, nacida del deseo de redimirse de la opresión que por un falso cálculo se ha creído peculiar de estos países, siendo como ha sido trascendental a todo el Imperio». Propuso una suspensión de hostilidades hasta lograr alguna reconciliación pactada entre el jefe militar superior de Venezuela y sus propios comisionados, el brigadier Tomás de Cires (gobernador español de la provincia de Cumaná) y don José Domingo Duarte (intendente de ejército y superintendente general de Hacienda).

Recordó que había hecho la guerra a los venezolanos por su deber como jefe militar de carrera subordinado. En la nueva circunstancia política creada por la revolución militar del primero de enero de este año, actuaba gustosamente como reconciliador encargado, intentando «desplegar los principios de liberalidad con que el Rey y la Nación me autorizan para plantear la paz y la reconciliación de unos pueblos por su naturaleza españoles», aprovechando las nuevas circunstancias que los hacían acreedores a «entrar en el goce de la reforma de nuestras instituciones políticas». Para ello habría que apartar la vista de «la odiosidad de la guerra», fijando las miradas solamente en «las dulces y halagüeñas esperanzas de reunir los hijos a los padres, los hermanos a los hermanos, los amigos a los amigos, y los españoles a los españoles, que una fatalidad había separado». Gracias a esta propuesta de reconciliación que hizo posible una «Constitución conciliadora» que igualaba la representación nacional de todos los pueblos, sin que ninguno dependiese de otro, era posible que todos se considerasen «libres e independientes». Gracias al sufragio ofrecido a los americanos, estos podrían en Cortes tener la autoridad para hacer leyes que mejorasen su agricultura, comercio, artes e industrias, eliminando las «distinciones odiosas que los políticos mezquinos de los pasados siglos habían adoptado». Finalizó su comunicación expresando su deseo de presentarse ante el Congreso venezolano sin los aparatos de guerra, «sin más investidura que la de un pacífico ciudadano español», dispuesto a «celebrar el triunfo mutuo conseguido contra vuestras pasiones», mostrando la diferencia entre el general y el ciudadano, «que se hace un honor constitucional en ser» 3.

Como en ese momento la vicepresidencia de la República de Colombia había pasado al doctor Juan Germán Roscio, dado que Zea se había marchado a Londres para negociar un nuevo empréstito que dotara de recursos a la nueva república, ocurrió una inesperada fatalidad: pese al nombre del destinatario de la carta del general Morillo, plenamente identificado en el pliego («el Serenísimo Congreso establecido en Guayana») que llegó a Angostura durante la noche del 7 de julio de 1820, procedió su receptor, el general Carlos Soublette (vicepresidente del departamento de Venezuela en ese momento), a entregarlo al doctor Roscio, quien de inmediato lo abrió para preparar su respuesta, convencido de que tocaba al Poder Ejecutivo el despacho de este asunto de estado. Pero los miembros de la diputación permanente del Congreso de Venezuela entraron en cólera por la supuesta «usurpación de funciones» que había cometido el Ejecutivo de Colombia.

El resultado inmediato de este enfrentamiento político entre los poderes públicos fue insólito: la diputación permanente convocó a la reinstalación del Congreso de Venezuela solo para dar respuesta a la propuesta del general Morillo en sus propios términos, distintos a los usados por el doctor Roscio. Efectivamente, el Congreso de Venezuela se reinstaló en Santo Tomás de Angostura el 10 de julio de 1820, presidido por el doctor Fernando de Peñalver, y sesionó por nueve días solamente para dar respuesta a la comunicación del jefe del Ejército español de Tierra Firme, pero reasumiendo el mando de las armas republicanas y el uso del poder soberano, sin dejar de amenazar al vicepresidente de Colombia por su falta. El acaloramiento de todas las partes forzó el contenido de la respuesta que dio el Congreso de Venezuela al general Morillo, aprobada en la sesión del 13 de julio con el siguiente texto:

«Excelentísimo señor:

Reunido el Soberano Congreso [de Venezuela], que fue convocado extraordinariamente para que viese la carta que vuestra excelencia le dirigió desde su Cuartel General de Caracas, con fecha del diez y siete de junio [...] trasmito a vuestra excelencia en contestación el siguiente decreto: El Soberano Congreso de Colombia [sic], deseoso de establecer la paz, oirá con gusto todas las proposiciones que se hagan de parte del Gobierno español, siempre que tengan por base el reconocimiento de la soberanía e independencia de Colombia, y no admitirá ninguna que se separe de este principio, muchas veces proclamado por el Gobierno y los pueblos de la República» 4.

La respuesta que José Rafael Revenga, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, había dado el 8 de julio anterior a la propuesta del general Morillo, más diplomática, ofreció más razones para rechazarla: la necesidad de proveer a su propia conservación había aconsejado a Colombia la resolución de fiar su destino solo a sus propias fuerzas, con lo cual ya había contraído obligaciones hacia sí misma y hacia las demás naciones. Para ello ya se había dado a sí misma un Gobierno «conforme a las luces de la edad presente y a la voluntad general», obstáculo para aceptar en tal circunstancia una constitución europea. La reconciliación solo sería posible sobre la base de la existencia de Colombia, cuya Constitución crearía el cuerpo legislativo capaz de aprobar los futuros tratados de reconciliación con el Estado español 5.

Por su lado, el general venezolano José Antonio Páez, quien recibió del general Morillo la misma invitación a la suspensión de hostilidades ofrecida al Congreso venezolano, contestó desde su cuartel general de San Juan de Payara el 13 de julio de 1820. Afirmó que la Constitución de la monarquía no podía «apagar la tea de la discordia entre la América disidente y la España, dado que ya era general el grito de libertad e independencia. Como él dependía de un Gobierno a quien estaba obligado a obedecer, no estaba en sus facultades suspender por un momento las hostilidades» 6.

El general Morillo había empeñado su mejor esfuerzo para intentar una reintroducción de las instituciones gaditanas en las provincias de Venezuela y Nueva Granada, pero había llegado tarde. El resultado de la batalla de Boyacá y la Ley fundamental de Colombia habían permitido a los ejércitos libertadores durante el segundo semestre de 1819 la conquista de buena parte de las provincias de esas dos entidades políticas, y las jornadas electorales de 1820 ya habían seleccionado sus diputados ante el Congreso constituyente de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta, convocado para el primero de enero de 1821. Solo en las plazas de Cartagena de Indias, Maracaibo y el istmo de Panamá, así como en las provincias de la Presidencia de Quito y de la gobernación de Popayán, pudo intentarse el esfuerzo de reintroducción de la Constitución española de 1812. Al menos hasta que el Ejército colombiano se hiciera presente.

En su Manifiesto a los Pueblos de Colombia, Fernando de Peñalver, quien había presidido la reinstalación del Congreso de Venezuela, expuso las razones por las cuales había llegado muy tarde el ofrecimiento del general Pablo Morillo. Después de la experiencia de diez años de guerra, los granadinos y venezolanos se habían transformado: en 1810, los ciudadanos temían ser soldados y no contaban con ejércitos ni con elementos para formarlos. Diez años después, todos eran soldados o querían serlo, y se contaba con hábiles generales, soldados veteranos, armas y municiones abundantes. Esto significaba que «ya el Pueblo de Colombia es un pueblo enteramente nuevo, regenerado por diez años de lucha en que ha desaparecido los inconvenientes físicos y morales que hacen dudosa su independencia, él se ha hecho digno y capaz de mandarse a sí mismo, y de no obedecer a otra voluntad, ni a otra soberanía que a la suya propia». Buena parte de los ciudadanos se habían convencido de la perfidia del Ejército Expedicionario español, pues nunca había cumplido sus ofertas ni sus tratados, despreciando el derecho de gentes. En esa circunstancia, el reconocimiento de la soberanía y la independencia de la República de Colombia era la nueva base de las relaciones de los colombianos con los españoles, porque así lo exigían los diez años de sacrificios 7.

De todos modos, el general Pablo Morillo insistió ante el general Simón Bolívar, nombrado presidente de la República de Colombia, sobre la negociación de un armisticio. En este intento sí consiguió su propósito, pues los días 25 y 26 de noviembre de 1820 los seis comisionados nombrados por las dos partes concluyeron y firmaron, en la ciudad de Trujillo, tanto un Tratado de Armisticio como un Tratado de regularización de la guerra. Los aciagos tiempos de la guerra a muerte habían terminado, ya que en adelante la guerra entre España y Colombia se haría «como la hacen los pueblos civilizados», recibiendo los prisioneros de guerra un trato respetuoso hasta negociar su canje. No le sería aplicada la pena de muerte a los desertores. Las hostilidades entre los dos ejércitos se suspenderían por seis meses y se respetarían las plazas de Cartagena y Maracaibo, en poder del Ejército español 8. Gracias a estos acuerdos, los generales Murillo y Bolívar pudieron concertar una entrevista personal, realizada en el pueblo de Santa Ana el 27 de noviembre siguiente. Después de los efusivos abrazos de los dos guerreros pasaron a consumir una sencilla comida, seguida de un brindis por la reconciliación de los españoles y los colombianos. La tregua de seis meses fue un gran logro del general Morillo y puede considerarse un efecto de la nueva vigencia de la Carta de Cádiz.

El 11 de noviembre de 1820 zarparon del puerto de Cádiz seis comisionados del «rey constitucional de las Españas», cuya misión era intentar una pacificación de las provincias de Venezuela, el Nuevo Reino de Granada y el Perú. Como las dos primeras entidades estaban ya unidas en la República de Colombia por efecto de la Ley fundamental del 17 de diciembre de 1819, los dos comisionados para Caracas (José Sartorio y Francisco Espelius) y los del Nuevo Reino de Granada permanecieron en Caracas desde el 24 de diciembre de 1820, solicitando una entrevista con los comisionados del presidente de Colombia.

Desde Boconó de Trujillo, el 10 de marzo de 1821, el Libertador presidente de Colombia ofició al nuevo jefe del Ejército Expedicionario español, don Miguel de la Torre, el cese de la tregua pactada con el general Murillo, quien había regresado a la Península. De acuerdo con el artículo 12 del Tratado, con una anticipación de cuarenta días debía anunciarse la finalización de la tregua. Había llegado el momento de escoger una opción: hacer la paz o combatir de nuevo. Fue entonces cuando preguntó si los dos comisionados enviados por el rey traían facultades para impedir la reanudación de la guerra, ofreciendo algún tratado de paz entre las naciones española y colombiana 9. El general La Torre respondió el 21 de marzo siguiente que, como no aceptaba que los comisionados enviados por el rey fuesen intimados a aceptar la independencia de Colombia para poder negociar, las operaciones militares serían reanudadas el siguiente 28 de abril y su responsabilidad sería atribuida por el mundo a los colombianos. Los dos generales pasaron entonces a publicar sus respectivas proclamas, dirigidas a sus soldados, anunciando la reanudación de la guerra. Los comisionados llegados de Cádiz ya no tenían nada que hacer en Caracas, en especial porque el general venezolano José Francisco Bermúdez tomó Caracas el 14 de mayo de 1821.

La nueva adopción de la Constitución española en algunas provincias

Entre los años 1820 y 1822, la Constitución de la monarquía española tuvo su segunda oportunidad en algunas provincias de la jurisdicción del extinguido virreinato de Santafé. El Gobierno de la Real Audiencia de Quito despachó a las autoridades locales de sus provincias cinco reales órdenes relacionadas con el restablecimiento de las instituciones de la Constitución gaditana de 1812, que ya habían sido experimentadas durante los años de 1813 y 1814. Difundiendo la idea de que el rey había jurado en 1820 la Constitución política de la monarquía española, solicitó a sus entidades locales sujetas proceder a organizar nuevas ceremonias de jura de ella y a establecer el gobierno político, militar y judicial contenido en ella.

Así fue como en la ciudad de Barbacoas, el 8 de octubre de 1820, se realizó la ceremonia de jura de la Constitución española en su iglesia ordenada por don Antonio Rodríguez y Moreno, capitán de infantería de los reales ejércitos, teniente gobernador y corregidor de naturales de dicha ciudad y su provincia. La fórmula empleada en el juramento público fue muy simple: «Hice levantar las manos y hacer la señal de la cruz, y les dije: ¿Juráis por Dios nuestro Señor y esta señal de cruz, y por los santos evangelios, ser fieles al Rey, y observar estrictamente la constitución política de la Monarquía Española? Respondieron: sí juramos, y besaron la cruz. Y yo les repuse: si así lo hiciereis Dios os ayude, y de lo contrario, os lo demande» 10.

El 2 de agosto de 1821, después de la jura pública de la Constitución de la monarquía española en el pueblo de Túquerres, cabeza del partido de la provincia de Los Pastos, se instaló el ayuntamiento constitucional que había sido ordenado por el gobernador de la provincia de Popayán, integrado por don Tomás López Pardo, don Bernardo de Benavides y Burbano, don José Antonio Arellano y Muñoz, don José María López Moreno, don Mariano de Guevara, don Jacinto María Bravo y don Mateo Gómez Jurado. La Audiencia de Quito acusó esta noticia el 20 de agosto siguiente y ordenó que los miembros del mencionado ayuntamiento podían usar el tratamiento de excelencia 11.

En la gobernación de Veraguas, el gobernador don José de Fábrega, teniente coronel de los reales ejércitos, tan pronto recibió el nuevo texto impreso de la Constitución de la monarquía española y el Manifiesto del Rey a la Nación del 10 de marzo de 1820 que juraba su adopción, ordenó la realización de su jura en la ciudad de Santiago de Veraguas el día 12 de julio de 1820. Ese día fue leída en su totalidad la Constitución por el escribano Manuel Eugenio Saldaña y después el gobernador juró su obediencia ante los evangelios y dos velas encendidas 12. Previamente se había realizado la jura en la ciudad de Panamá, en este mes de julio, bajo la autoridad del comandante general de esa plaza.

En la ciudad de Caracas, bajo la mirada del general Pablo Morillo, jefe del Ejército Expedicionario de Tierra Firme, fue jurada la Constitución de la monarquía el 7 de junio de 1820. Ese acto fue seguido de su comunicación al Serenísimo Congreso de Venezuela del 17 de junio, ya mencionado, que proponía una reconciliación sobre la base de la adopción de la carta gaditana. El 12 de junio ya había dirigido el general Morillo una convocatoria a los emigrados de Costa Firme instándolos a regresar a sus hogares, poniéndose bajo la autoridad del nuevo gobierno representativo que había vuelto a tener vigencia gracias a la jura realizada en Caracas. El ayuntamiento constitucional de Puerto Cabello no solo juró la carta de la monarquía, sino que dirigió al rey unas observaciones políticas contra las pretensiones de infracción de algunos de sus artículos por una junta de autoridades de Caracas 13.

En la plaza de Cartagena, último refugio del virrey y de la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, se hizo la jura de la Constitución de la monarquía en los días 10 y 11 de junio de 1820. El 7 de junio anterior, los oficiales de la guarnición se plantaron frente al palacio de la Gobernación para pedir la jura, según lo había dispuesto el brigadier Gabriel de Torres y Velasco, comandante general de la tercera división del Ejército Expedicionario de Tierra Firme, para vencer la resistencia del anciano virrey don Juan Sámano, respaldado por los granaderos de su guardia personal. El siguiente día 9, las tropas del gobernador Torres ocuparon el baluarte de Santo Domingo y detuvieron al brigadier Cano, comandante del regimiento local. Aliado con el oidor decano Francisco de Mosquera y Cabrera, Torres y todas las autoridades de la ciudad juraron la Constitución a las cinco de la tarde. Al día siguiente esta fue proclamada en la catedral sin la asistencia de Sámano, que para vencer su resistencia fue separado del mando. Torres pasó entonces a proponerle al general Simón Bolívar una reconciliación al amparo de la Constitución de la monarquía, que este rechazó con indignación en carta del 28 de agosto siguiente. Las tropas colombianas, encabezadas por Mariano Montilla, Luis Brion y José Padilla, pasaron a sitiar la plaza, bien abastecida desde Cuba y Jamaica, con lo cual no fue hasta el 10 de octubre de 1821 que las fuerzas españolas abandonaron finalmente esta plaza bajo el mando de Torres 14. Había caído el último bastión del Trienio Liberal en la parte caribeña del Nuevo Reino de Granada, pues aún quedaba la provincia de Pasto en la resistencia.

En las tres provincias subordinadas al presidente de la Real Audiencia de Quito, la Constitución de la monarquía española fue jurada por doquier, restableciéndose la experiencia de los ayuntamientos constitucionales de la década anterior. Las repúblicas de indios formaron sus ayuntamientos y el orden gaditano tuvo su segunda oportunidad hasta que se produjo la invasión de las tropas colombianas al amparo del uti posidetis de 1810, que le permitió a la nueva República de Colombia reclamar los territorios de las provincias de Quito, Cuenca y Guayaquil, subordinadas al virreinato de Santafé. Quito fue tomada tras la batalla de Pichincha y la presencia militar colombiana en Guayaquil bastó para que su colegio electoral aprobara su incorporación a Colombia, al menos por ocho años.

Seguimiento de las noticias de la Revolución española en Angostura

En la entrega 56 del Correo del Orinoco, publicada en Santo Tomás de Angostura el sábado 25 de marzo de 1820, fue publicada la Alocución del Ejército Constitucional al Pueblo Español, redactada por Antonio Quiroga y publicada originalmente en la Gaceta Patriótica del Ejército Nacional, en la ciudad de San Fernando, el 25 de enero de 1820. Se acompañó de la epístola patriótica escrita por «Un patriota de Gerona», tomada de la entrega 14 del Español Constitucional. El redactor del Correo del Orinoco vio en esta Alocución un presagio favorable a la pronta terminación de la guerra que libraba el Ejército Expedicionario de Tierra Firme contra el Ejército Libertador de Colombia. Si las ideas liberales se difundían en la Península, los españoles quedarían persuadidos «de la justicia que demanda el americano» y además su guerra civil le quitaría recursos para emplear en América. Pasarían entonces a proponerle a los americanos la adopción de la Constitución de 1812 restaurada, «mezquina con respecto a nosotros, como liberal para ellos». Por eso aconsejaba preparar una respuesta que recordara la desproporcional representación que había existido en las primeras Cortes de 1810-1813, que le había negado a «tres cuartas partes del pueblo americano el derecho de ser representados», y además las violencias que habían ejecutado en América los jefes militares españoles (Venegas, Monteverde, Callejas y Abascal) bajo la vigencia de la Constitución de la monarquía.

En la entrega 57 del Correo del Orinoco, publicada el sábado 8 de abril de 1820, se publicaron tres proclamas de Antonio Quiroga, datadas en el cuartel general de San Fernando los días 5, 9 y 14 de enero de 1820, dirigidas al ejército y a la marina españolas, así como al obispo de la Diócesis de Cádiz. En la siguiente entrega (la 58) fueron publicados extractos de cartas datadas en Madrid, llegadas en las gacetas francesas, sin que el redactor del Correo del Orinoco se atreviese a opinar abiertamente sobre la Revolución de España. Casi en todas las sucesivas entregas de este periódico aparecen noticias varias sobre la Revolución española, hasta llegar a la entrega 63, en la que se insertó el Manifiesto del Rey a la Nación española del 10 de marzo de 1820, en el cual anunciaba su juramento de obediencia a la Constitución de 1812, prestado a las seis de la tarde del día anterior, así como la nueva convocatoria a Cortes. Fue leída entonces, por los lectores colombianos, su famosa frase que rezaba: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional; y mostrando a la Europa un modelo de sabiduría, orden y perfecta moderación en una crisis que en otras naciones ha sido acompañada de lágrimas y desgracias, hagamos admirar y reverenciar el nombre español, al mismo tiempo que labramos para siglos nuestra felicidad y nuestra gloria» 15.

La consecuencia inmediata para los americanos de la jura del rey a la Constitución española de 1812 pudo leerse en la entrega 69 del Correo del Orinoco: el Manifiesto del rey Fernando VII a los españoles americanos de Ultramar. Allí decía el rey: «Los dos hemisferios, hechos para estimarse, no necesitan sino entenderse para ser eternamente amigos inseparables, protegiéndose mutuamente en vez de buscar ocasiones en que perjudicarse» 16. En esta misma entrega fue publicada una respuesta inmediata de los «Americanos del Sur» al rey Fernando VII: «Los errores de vuestra majestad destruyeron la ilusión de unir nuestros destinos al de la Monarquía europea, si se nos hubiese ofrecido la oliva en 1814 [...] pero hoy nuestra determinación es irrevocable; y por ansiosos que estemos de envainar la espada, lo estamos mucho más de blandirla en defensa de nuestros más caros derechos». Para confirmar la postura de esos «Americanos del Sur», en la siguiente entrega del Correo del Orinoco de 8 de julio de 1820 fue insertada el Acta de independencia de Venezuela que había sido aprobada por el primer Congreso constituyente el 5 de julio de 1811. En el acto conmemorativo del noveno aniversario de la aprobación de esa Declaración de la independencia de Venezuela, organizado en Santo Tomás de Angostura, el vicepresidente interino de Colombia dijo que la ceremonia de acción de gracias a Dios por esa Declaración podía servir de «contestación al Manifiesto con que nos llama Fernando VII a jurar la Constitución española de 1812» 17.

La Constitución de la República de Colombia

El 6 de mayo de 1821 se instaló en la Villa del Rosario de Cúcuta el Congreso constituyente de Colombia, una realización de la promesa de la Ley fundamental del 17 de diciembre de 1819 anterior. Por su parte, el Libertador presidente entró triunfante a la ciudad de Caracas el 29 de junio siguiente. La realización del proyecto de la nación colombiana pareció entonces un hecho consumado, si bien los ejércitos colombianos tenían por delante todavía la conquista de las provincias del sur de Colombia (Pasto, Quito, Cuenca y Guayaquil) y de las plazas fuertes de Cartagena, Maracaibo y Puerto Cabello. El resultado de la batalla de Carabobo, librada el 24 de junio de 1821, en palabras del general Bolívar, había confirmado «el nacimiento político de la República de Colombia». Solo restaba por conquistar Puerto Cabello y Cumaná para completar la total liberación de la antigua Capitanía general de Venezuela. El sitio de Cartagena había comenzado y muy pronto saldrían hacia la Península los restos del Ejército español que conservó el general Miguel de la Torre.

Finalmente, el 30 de agosto de 1821 fue aprobada y firmada por los diputados al Congreso constituyente la primera Constitución de la República de Colombia. El primero de sus artículos estableció que la nación colombiana era, para siempre y de forma irrevocable, libre e independiente de la monarquía española. En adelante, la soberanía residía esencialmente en la nación colombiana. La incompatibilidad con el tercer artículo de la Constitución política de la monarquía española, que también atribuía la soberanía a la nación española, era absoluta. Tendrían que coexistir en adelante dos naciones distintas, la española y la colombiana, pues el resultado de la guerra había cerrado el proyecto de incorporación de los ciudadanos colombianos a la «reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Solo tenían en común el precepto de que ninguna de las dos naciones, la que había nacido en 1812 en Cádiz y la que había nacido en la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821, podría ser nunca «patrimonio de ninguna familia ni persona». Durante la sesión del 3 de octubre de 1821 se presentó el general Simón Bolívar para prestar el juramento correspondiente a su empleo de presidente constitucional de Colombia y también el general Francisco de Paula Santander para prestar el que le correspondía como vicepresidente constitucional.

Seguimiento de las noticias de la Revolución española

Con la seguridad que daba el contar con una carta constitucional aprobada, el nuevo redactor de la Gaceta de Colombia enumeró los males de la política española bajo el ordenamiento del Trienio Liberal, para sostener su opinión sobre «los vicios de que adolece una Constitución cuyos principios democráticos, nada o mal templados con los aristocráticos, es posible acomodarlos a una forma de Gobierno monárquico». El asunto era que la carta gaditana no había respondido aún a las esperanzas de los legisladores, «y camino lleva de nunca corresponder, según las apariencias». En síntesis, «los vicios» de esa Constitución no le concedía la virtud «para hacer la felicidad de pueblos tan remotamente lejanos como ilustrados, hoy día cerca de sus verdaderos intereses» 18.

El discurso del rey al cerrar las sesiones de las Cortes ordinarias el 30 de junio de 1821 fue comentado por el redactor de la Gaceta de Colombia. Como el rey afirmó que haría todo género de esfuerzos para restablecer el orden en las provincias de Ultramar, el comentarista opinó que el Ministerio de Su Majestad debería estar mejor informado sobre la situación de América tras once años de revolución y lucha por su independencia, cuando el menos advertido ya sabía que «la revolución es ya en la masa general, la obra no solo del sentimiento sino de la reflexión». La guerra había ensanchado el tamaño del territorio liberado de la monarquía no solo por el progreso de las armas colombianas y chilenas, sino porque las cosas habían llegado a tal punto que era imposible el cumplimiento del deseo del rey 19.

El discurso del rey al abrir las sesiones de las Cortes de 1822 también fue anotado por el redactor de la Gaceta de Colombia, en especial el llamamiento a adoptar medidas «para obtener el bienestar y la pacificación de la América». La palabra «pacificación», recordó el redactor, traía a la memoria de los americanos «una multitud de ideas dolorosas», el «cuadro de desolación de su país y el compendio de once años de desastres». Colombia solo podía llorar «la pacificación» encomendada a Boves, Morillo, Enrile y a «tantos otros monstruos que desencadenó la España en su furor contra nosotros». La palabra «pacificación» era tan abominable para los americanos que debería borrarse hasta de los diccionarios, como la palabra «Inquisición», porque evocaban «la memoria de los más escandalosos atentados de la especie humana» 20.

La Gaceta de Colombia acogió el texto del mensaje al rey que fue aprobado por las Cortes en su sesión del 24 de mayo de 1822, en el que, «oprimidos de dolor a vista de las terribles calamidades que afligen a la Nación», los diputados expusieron los peligros «terribles y espantosos» que se cernían sobre España. La exasperación del pueblo español había llegado a límites peligrosos, originada en los ataques de muchos malvados contra las instituciones constitucionales y liberales, y contra «los progresos de la libertad y las luces». Buena parte del clero se pronunciaba contra las libertades emanadas de la Constitución, las facciones se multiplicaban en Cataluña y la administración de las provincias se había puesto en manos inexpertas y odiadas por los pueblos. Era preciso que el rey arrancase de raíz todos esos males y peligros, empoderase las leyes e impulsara el gobierno. Para ello pidieron aumentar y armar tanto a la milicia nacional como a los voluntarios, «porque los ciudadanos armados en defensa de sus hogares y de su libertad son la guarda más fuerte de la constitución», y además comunicar a los gobiernos extranjeros que no interviniesen, directa o indirectamente, en los asuntos domésticos de España. También habría que reprimir los excesos de los funcionarios que abusaban de sus poderes, exterminar a los facciosos y expulsar a los eclesiásticos que predicaban el fanatismo y la rebelión. En síntesis, el rey y las Cortes debían unirse estrechamente para defender el orden constitucional restaurado 21.

Como este mensaje demostraba «a todas luces el estado crítico y lamentable en que se encontraba la nación española», el redactor de la Gaceta de Colombia introdujo unas «reflexiones» escritas por E. M. C. y publicadas originalmente en la Gaceta de Cartagena: ninguna de las disposiciones adoptadas por los Cortes ni la ley del 28 de abril de 1821, que prescribía pena de muerte a quienes atentasen contra la Constitución, habían bastado para evitar la guerra civil. ¿En qué consistía ese «caos de confusión en que se halla sumergida la desgraciada España»? En opinión del columnista cartagenero, la respuesta a esta pregunta por el origen del «estímu­lo anticonstitucional de España» apuntaba a los gobiernos de las naciones vecinas, con lo cual la lucha era «más peligrosa y duradera». De cualquier manera, los sucesos del Trienio Liberal en España daban la razón a los colombianos que se negaron a aceptar la propuesta de adopción de la Carta de 1812 para construir algún entendimiento con la monarquía constitucional, abandonando «la grande empresa de su independencia y emancipación» para abrazar «un sistema que se bambolea en el suelo mismo en que se plantó». Estarían ahora expuestos a «volver a ser uncidos al carro del despotismo que han arrastrado por más de tres centurias», como había sucedido en los tiempos de la guerra de sucesión o de la lucha contra los invasores franceses. Haber resistido a la seducción de Murillo o de los comisionados reales había sido la mejor decisión de los colombianos, pues «a despecho de la naturaleza, se nos quería someter otra vez a la Península» 22.

El gobernador de la provincia de Santa Marta informó al Gobierno de Colombia que el 22 de septiembre de 1822 había entrado a su puerto un bergantín inglés procedente de Burdeos, cuyo capitán había informado que todo el reino de Cataluña estaba en rebelión contra las Cortes españolas, intentando erigirse en gobierno independiente de ellas. Los periódicos llegados de La Habana insertaban los partes de guerra de los jefes militares encargados de combatir a las guerrillas que se habían formado en el reino de Galicia. Otro periódico informaba que una multitud había asesinado en Valencia al general Francisco Javier de Elio solo porque había sido proclamado capitán general por un cuerpo del Ejército que se pronunció contra el orden constitucional. En general, las noticias sobre la formación de guerrillas en muchas provincias españolas ocuparon las entregas de la Gaceta de Colombia desde el mes de octubre de 1822, como también de los sospechosos movimientos del Ejército francés en los Pirineos.

La entrega 56 (10 de noviembre de 1822) de la Gaceta de Colombia finalmente insertó una columna titulada «Revolución en Madrid». Gracias a los periódicos llegados de Inglaterra y de Francia a los puertos colombianos, ya no había duda: el ordenamiento constitucional que había comenzado en España al amanecer del año 1820 estaba llegando a su final. Ya era evidente que una conspiración general se había tramado contra el Gobierno constitucional y que el «cordón sanitario» francés en los Pirineos era realmente un ejército de reserva y «el punto de apoyo de los hijos desnaturalizados que aspiran a restablecer el despotismo». La agitación que se respiraba en Madrid había concluido el día en que el rey clausuraba las sesiones de las Cortes (30 de junio) y regresaba al palacio seguido de una multitud que aclamaba la Constitución de 1812. Bajo los arcos del palacio, los guardas hicieron fuego contra la muchedumbre, iniciándose un tumulto popular con saldo de cuatro guardias reales y un miliciano muertos. Las hostilidades armadas entre cuerpos militares comenzaron, el duque del Infantado fue comprometido en la rebelión, lo ministros presentaron sus renuncias y las refriegas abundaron.

Una gaceta de Jamaica llegada al puerto de Cartagena trajo los nombres del nuevo Ministerio, de las marchas de cuerpos de ejército contra Cataluña y el texto de la representación del ayuntamiento de Madrid al rey sobre los sucesos del 5, 6 y 7 de julio de 1822, solicitando diversas medidas para el restablecimiento del orden, entre ellas su declaración unívoca en defensa de la Constitución.

La entrega 104 (septiembre de 1823) de la Gaceta de Cartagena ofreció un extracto de todas las noticias sobre el estado de la guerra civil en la Península, identificando la distribución y los jefes de todos los cuerpos del Ejército español. Incluyó las propuestas del conde de La Bisbal para restablecer la paz y la unión de los españoles, así como para satisfacer las exigencias del Ejército francés invasor. También ofreció noticias sobre los planes de evacuación de Madrid por los constitucionalistas y sobre el mantenimiento del orden en dicha ciudad por las tropas del duque de Angulema, en vista de los destrozos y saqueos que la plebe hacía en los bienes de los constitucionalistas. Un balance de la situación española en el año 1823 fue ofrecido por el redactor de la Gaceta de Colombia en su entrega 101 (21 de septiembre de 1823): la mitad de la Península española ya estaba bajo las órdenes del duque de Angulema, quien intentaba restablecer la monarquía al estado que tenía el 31 de diciembre de 1819, y la otra mitad era defendida por los sostenedores de la Constitución de 1812 que resistían la invasión francesa. En Madrid despachaba una Regencia con dos Consejos (Castilla e Indias), y en Cádiz un Gobierno constitucional. En esas circunstancias, el redactor colombiano tomó partido por los españoles constitucionalistas, «dirigiendo al cielo nuestros votos por el triunfo de la causa de la libertad; olvidando en este instante nuestros agravios, y deseamos vehementemente que los que con las armas en la mano han emprendido arrebatar a España el Código de su bien, encuentren en ella su castigo». Ante el drama sangriento de la guerra civil española, este redactor deseó el triunfo de «la causa de la filosofía en la patria de nuestros enemigos», como los colombianos «la haremos triunfar aquí sobre los que se arrojen a venir a marchitar sus laureles y a derramar su sangre, en contradicción con sus principios y su gloria».

La llegada de un ejemplar del Indicador Constitucional de La Habana (22 de junio de 1823) al puerto de Cartagena permitió a los lectores colombianos conocer el texto del real decreto dado por el rey en el alcázar de Sevilla el 23 de abril de 1823, por el cual declaró formalmente la guerra a Francia. Esta publicación estuvo acompañada por el Manifiesto del rey a la nación (Sevilla, 23 de abril de 1823), en el que convocaba a los españoles a sostener la Constitución, «nuestra ley fundamental», y a continuar siendo españoles de corazón. Pero en la entrega 107 de la Gaceta de Colombia (2 de noviembre de 1823) ya su redactor daba por cierto que los ejércitos franceses y los enemigos de la Constitución española ganarían. La deserción de los generales O’Donnel y Morillo, la revolución de Portugal y la conducta del rey anunciaban que los esfuerzos de los constitucionales eran infructuosos. En esta nueva circunstancia, el redactor preguntó: ¿Qué tiene Colombia que temer por su suerte futura si la Constitución española fuese abolida y el rey reasumiera su antiguo poder absoluto? Nada, respondió. España ya no tenía la capacidad para enviar a América un ejército expedicionario de 10.000 hombres como el que Pablo Morillo condujo en 1815, y la Colombia de 1823 ya era muy diferente de la que existía en 1815, debilitada por una guerra civil de sus provincias y por jefes españoles capaces en Quito, Cuenca, Guayaquil y Perú. La experiencia militar de los ciudadanos colombianos, su patriotismo, la habilidad de sus generales y oficiales, la magnitud de sus recursos, prometían «un éxito feliz en la prolongación de la guerra». En 1823 ya Colombia podía acumular lo indispensable para afrontarla: «bastantes soldados, buena marina, almacenes abundantes y el espíritu público en el más alto grado de exaltación».

Las gacetas francesas llegadas a Cartagena en las balandras procedentes de la isla de Martinica a mediados de noviembre de 1823 confirmaron el pronóstico: las plazas fuertes y los cuerpos del Ejército constitucional iban cayendo, la isla de León y Cádiz habían sido entregadas a las tropas francesas, y la familia real se había librado del control de los constitucionalistas. El rey había recompensado a los militares que se habían opuesto a la revolución del 1 de enero de 1820 y a los generales franceses que hicieron la campaña de España. La amnistía había excluido a los caudillos de la revolución constitucionalista. Finalmente, la entrega 119 de la Gaceta de Colombia (25 de enero de 1824) insertó un extracto de las noticias llegadas en las gacetas de Jamaica: el decreto dado por el rey Fernando VII en el puerto de Santa María el 1 de octubre de 1823 por el cual todos los actos emitidos por su Gobierno, desde el 7 de marzo de 1820 y hasta el 1 de octubre de 1823, serían nulos, de ningún valor ni efecto. Las milicias nacionales fueron licenciadas, el general Rafael de Riego había sido condenado a muerte (fue ahorcado el 6 de noviembre), las familias de los liberales habían salido fugitivas de la Península, el duque del Infantado había sido nombrado generalísimo de las tropas de España y los diputados de las Cortes habían huido rumbo a Tánger.

Un balance del Gobierno de Colombia

Al abrir las sesiones de la Legislatura de 1824, el vicepresidente Francisco de Paula Santander presentó en su mensaje de apertura un balance de la situación española. El Gobierno de Fernando VII continuaba en su política de desconocimiento de la independencia de la República de Colombia y del poder que la había colocado al nivel de los pueblos independientes. Antes de su disolución, las Cortes se negaron a reconocer a los nuevos estados americanos independientes, argumentando que preferían enviar comisionados que oyesen sus peticiones. El Gobierno de Colombia, que originalmente se negó a cualquier negociación mientras no fuese reconocida su soberanía nacional, aprovechó todas las oportunidades para convencer al Gobierno español que estaba listo para olvidar los agravios, poner fin a la guerra y promover la prosperidad de los dos Estados. Pero la catástrofe ocurrida al Gobierno constitucional español durante el año anterior redujo al Gobierno colombiano a confiar solamente en sus armas. El rey Fernando VII, restaurado en su trono absoluto con el concurso del Ejército francés y de una parte de los españoles, había mostrado en sus primeros documentos una intención de renovar la guerra con los nuevos Estados americanos. Por ello, el Poder Ejecutivo colombiano pedía a esta Legislatura los medios para conservar la seguridad exterior y la tranquilidad interna de la república. El éxito de la defensa contra la monarquía dependía de esos medios, aportados por los legisladores durante el curso de las sesiones de este año.

En su discurso de réplica al mensaje del vicepresidente, el presidente del Senado de Colombia prometió ocuparse de esa solicitud de recursos para la defensa, argumentando que el Gobierno monárquico tendría que abandonar «la criminal y temeraria empresa de hacer la guerra a republicanos que han jurado morir o gozar de la libertad e independencia que les concedió la naturaleza, y que han sabido recobrar a fuerza de constancia y de padecimientos» 23.

El redactor del Courier de Madrid ya había examinado en su entrega del 5 de diciembre de 1823 las dificultades de la monarquía para hacer una nueva tentativa que trajese a los dominios americanos de nuevo a la obediencia. Después de lo acaecido en la Península durante el año de 1823, España necesitaría «un buen sistema de gobierno, un dilatado reposo y una grande prosperidad» para poder proveer a su nuevo Gobierno de los medios necesarios para poder emprender algún nuevo intento de «sumisión de las colonias». Pero cuando ello ocurriese ya se habría perdido «irrevocablemente la ocasión», puesto que el tiempo requerido para preparar semejante propósito ya habría sido usado por las nuevas repúblicas americanas para consolidar su poderío, impidiendo los trastornos llegados del exterior. En el caso de Colombia, que por catorce años había resistido todos los intentos armados, la empresa estaba condenada al fracaso. Más de veinte generales españoles habían sido forzados a dejar sus puestos de mando y al final existía un gobierno con un cuerpo representativo, cuyas deliberaciones «no son indignas de las asambleas de los países civilizados». Por lo demás, todos los actos esenciales de la soberanía eran ejercidos por los colombianos.

La República de Colombia solo existió durante una década, pues sus propias contradicciones la disolvieron, naciendo de sus cenizas las tres nuevas repúblicas que en su orden de llegada al mundo político se llamaron Venezuela, Ecuador y Nueva Granada. Aunque coexistió durante tres años con el Estado monárquico constitucional español y aunque fueron bastantes sus provincias que juraron de nuevo la Carta de Cádiz y erigieron ayuntamientos constitucionales hasta que las tropas colombianas las disolvieron, pudo andar por el camino de la existencia soberana e independiente, legando a sus epígonos una rica experiencia republicana.


1 Jaime E. Rodríguez: «La revolución hispánica en el Reino de Quito: las elecciones de 1809-1814 y 1821-1822», en Marta Terán y José Antonio Serrano (eds.): Las guerras de independencia en la América Española, Zamora, El Colegio de Michoacán, INAH, 2002, pp. 485-508; íd.: La revolución política durante la época de la independencia. El reino de Quito, 1808-1822, Quito, Universidad Simón Bolívar, 2006, e íd.:«La antigua provincia de Guayaquil durante la época de la independencia, 1809-182», en Revolución, independencias y las nuevas naciones de América, Madrid, Mapfre, 2005, pp. 511-516.

2 Andrés Botero Bernal: «Una sombra en la noche: en torno al constitucionalismo gaditano y la Nueva Granada», Historia constitucional, 15 (2014), pp. 31-389, http://www.historiaconstitucional.com.

3 Comunicación dirigida por el general Pablo Morillo al Serenísimo Congreso [de Venezuela] establecido en Guayana, Cuartel General de Caracas, 17 de junio de 1820, Actas de la Diputación Permanente del Congreso de Angostura, edición de J. D. Monsalve, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1927 (Biblioteca de Historia Nacional, XL), pp. 137-138.

4 Acta 4 de la sesión del Congreso de Venezuela reunido en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, capital de Guayana, 13 de julio de 1820, Actas de la Diputación Permanente del Congreso de Angostura, edición de J. D. Monsalve, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1927 (Biblioteca de Historia Nacional, XL), p. 153.

5 Comunicación de José Rafael Revenga, ministro de Estado y de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, dirigida a su excelencia el general en jefe del Ejército Expedicionario de Tierra Firme, Santo Tomás de Angostura, 8 de julio de 1820, Actas de la Diputación Permanente del Congreso de Angostura, edición de J. D. Monsalve, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1927 (Biblioteca de Historia Nacional, XL), pp. 138-140.

6 «Carta del general José Antonio Páez al general Pablo Morillo, cuartel general de San Juan de Payara, 13 de julio de 1820», Correo del Orinoco, 73 (sábado, 29 de julio de 1820).

7 Fernando de Peñalver, presidente del Congreso de Venezuela, «Manifiesto a los Pueblos de Colombia, Santo Tomás de Angostura, agosto de 1820», Correo del Orinoco, 77 (sábado, 26 de agosto de 1820).

8 Los dos tratados fueron publicados en la entrega 90 del Correo del Orinoco (sábado, 23 de diciembre de 1820).

9 «Oficio del Libertador presidente de Colombia al general Miguel de la Torre, jefe del Ejército Expedicionario español, Boconó de Trujillo, 10 de marzo de 1821», Correo del Orinoco, 101 (sábado, 14 de abril de 1821). La respuesta dada por el general Miguel de la Torre desde el cuartel general de Caracas el 21 de marzo de 1821 también fue publicada en esta entrega.

10 Jura de la Constitución española en la ciudad de Barbacoas, 8 de octubre de 1820, Archivo Histórico Nacional, Quito, fondo Corte Suprema de Justicia, serie Gobernación de Popayán, caja 351, carpeta 5.

11 Instalación del ayuntamiento constitucional en Túquerres, provincia de Los Pastos, 2 de agosto de 1821, Archivo Histórico Nacional, Quito, fondo Corte Suprema de Justicia, serie Gobernación de Popayán, caja 351, carpeta 10.

12 Certificaciones del escribano de Santiago de Veraguas sobre la jura de la Constitución de la monarquía en esa ciudad, Veraguas, 12 y 13 julio de 1820, Archivo del Congreso de los Diputados Españoles, serie general, leg. 87, núm. 112, y leg. 88, núm. 7.

13 «Carta del ayuntamiento constitucional de Puerto Cabello dirigida al rey Fernando VII, Puerto Cabello, 6 de octubre de 1829», Correo del Orinoco, 93-97 (27 de enero y 3, 10, 17 y 24 de febrero de 1821).

14 Adelaida Sourdis Nájera: «Los últimos días del Gobierno español en Colombia», Memorias, revista digital de Historia y Arqueología desde el Caribe Colombiano, 13 (2010), pp. 67-86.

15 «Manifiesto del rey a la nación española, Madrid, 10 de marzo de 1820», Correo del Orinoco (Angostura), 63 (sábado, 20 de mayo de 1820). Reproducido de la Gazeta extraordinaria de Madrid, domingo, 12 de marzo de 1820.

16 «Manifiesto del rey Fernando a los españoles americanos», Correo del Orinoco (Angostura), 69 (sábado, 1 de julio de 1820). Seguida de la respuesta de «Los Americanos del Sur».

17 «Discurso del vicepresidente interino de Colombia en el acto de acción de gracias dirigidas al Ser Supremo en el noveno aniversario de la aprobación de la Declaración de independencia de Venezuela, Angostura, 5 de julio de 1820», Correo del Orinoco (Angostura), 70 (sábado, 8 de julio de 1820).

18 «Noticias extranjeras. España», Gaceta de Colombia (Villa del Rosario de Cúcuta), 2 (domingo, 9 de septiembre de 1821).

19 «Reflexiones sobre el discurso de S. M. C. en la sesión de clausura de las Cortes ordinarias de 1820-1821», Gaceta de Colombia (Villa del Rosario de Cúcuta), 7 (jueves, 27 de septiembre de 1821).

20 «Anotaciones al discurso de Su Majestad en la apertura de las sesiones de las Cortes de 1822», Gaceta de Colombia (Villa del Rosario de Cúcuta), 15 (domingo, 27 de enero de 1822).

21 Este mensaje de las Cortes ordinarias al rey fue tomado por los redactores de la Gaceta de Colombia de The Times (Londres, 10 de junio de 1822) y publicado en las entregas 49 y 50 (22 y 29 de septiembre de 1822).

22 E. M. C., «Reflexiones a que da lugar la representación de las Cortes españolas al rey», Gaceta de Cartagena, 25 y 26 (1822). Reproducidas en la Gaceta de Colombia, 50 (29 de septiembre de 1822).

23 José María del Real, «Contestación que el presidente del Senado de Colombia dio al excelentísimo señor vicepresidente de la República, encargado del poder ejecutivo», Gaceta extraordinaria de Colombia (martes, 27 de abril de 1824).