Ayer 125/2022 (1): 101-118
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2022
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/125-2022-05
© Jesús R. Navarro-García
© José M. Espinosa-Fernández
Recibido: 04-03-2019 | Aceptado: 10-01-2020
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Iglesia y liberalismo durante el Trienio Constitucional en Puerto Rico: problemas de fiscalidad en una sociedad en transición

Jesús R. Navarro-García

Escuela de Estudios Hispano Americanos- Instituto de Historia
CSIC jraul.navarro@csic.es

José M. Espinosa-Fernández

Universidad del Norte
jmespinosa@uninorte.edu.co

A Ángel López Cantos, entusiasta estudioso de la isla de Puerto Rico

Resumen: La restauración del orden constitucional en 1820 se produce en un momento crucial para Puerto Rico. La isla iba acomodándose a la nueva realidad de la monarquía al tiempo que se abría de manera decidida a la agricultura comercial. También comenzaba a fragmentarse económica y socialmente. En ese contexto, los gobiernos liberales de Puerto Rico tendrán que enfrentar no solo el avance de las insurgencias por el Caribe, sino también la decidida oposición de unas elites, como la eclesiástica, muy celosas de sus privilegios —sobre todo fiscales— y, lo que es peor, la propia indefinición del liberalismo respecto de los territorios ultramarinos.

Palabras clave: Puerto Rico, liberalismo, elites, clero, fiscalidad.

Abstract: The restoration of the constitutional order in 1820 in Spain took place at a crucial moment for Puerto Rico. The island was adjusting to the new reality of the Monarchy just as its economy was experiencing a definitive transition toward commercial agriculture. All this caused much economic and social fragmentation. What is more, the liberal governments of Puerto Rico had to confront not only the advance of Caribbean insurgencies but also the determined opposition of various elites. Ecclesiastical elites, in particular, were very jealous of their privileges, especially fiscal ones. Worst of all, however, the liberal governments had to navigate the lack of definition of liberalism with respect to the overseas territories.

Keywords: Puerto Rico, liberalism, elites, clergy, taxation.

Entre el desarrollo económico y demográfico y la provisionalidad política

Vivía Puerto Rico en la tercera década del siglo xix una expansión económica nunca vista hasta entonces, abierta al comercio internacional y al desarrollo azucarero, que colocó a la isla como décima productora mundial solo unos años más tarde (1840) 1. La base de esta economía fue la esclavitud (el 10-12 por 100 de una población en torno a las 250.000 personas) y acabó acentuando el contraste económico entre las poblaciones costeras y las de interior, más orientadas estas últimas al autoconsumo. La isla carecía de grandes ciudades 2, pues si bien San Germán tenía casi 30.000 habitantes y Ponce, Arecibo, Mayagüez y San Juan apenas llegaban a los 10.000, más del 75 por 100 vivía fuera del núcleo urbano 3. Esta expansión económica le daba a Puerto Rico una mayor relevancia dentro de un imperio español prácticamente desintegrado por los procesos independentistas, que nutrieron la isla de muchos inmigrantes en forma de colectivo heterogéneo 4 en el que no escasearon los hacendados, los comerciantes y los funcionarios, configurando un nuevo grupo de presión e influencia 5.

Los cambios que trae consigo el liberalismo en Puerto Rico durante el Trienio se producen en medio de una compleja coyuntura política, en la que a un largo mandato del capitán general Salvador Meléndez (1809-1820) le seguirá una serie de cortos gobiernos militares encabezados por Juan Vasco y Pascual (1820), Gonzalo Aróstegui y Herrera (1820-1822) y José Navarro (1822). La misma provisionalidad tendrá el breve mandato como gobernador político de Francisco González de Linares (1822-1823) y el de los intendentes Luis de Santiago (1820-1821) y Juan de Guillermety (1821-1822). Esta provisionalidad durante el Trienio tiene mucho que ver con la de los propios gobiernos peninsulares y con su escasa capacidad para enfrentar los retos internos y externos que afectaban al país. Solo los nombramientos como intendente de José Domingo Díaz (1822-1828) y de Miguel de la Torre como gobernador militar, primero, y como capitán general, después (1822-1837), ofrecieron cierta estabilidad faltando poco más de un año para concluir el Trienio, cuando los estertores de la independencia venezolana y dominicana alentaron las primeras sublevaciones esclavas e independentistas en Puerto Rico 6.

La Torre, Díaz y también González de Linares formaban parte de un estrecho círculo de amistad forjado en el sangriento proceso independentista de Venezuela 7, donde los tres habían sido testigos de las dificultades de aplicar la Constitución en escenarios de guerra 8. Es indudable que la experiencia que traían a sus espaldas, marcada por una virulenta guerra en la que desempeñaron cargos de responsabilidad, favorecía su compromiso con la estabilidad política 9. Esto, unido a sus contactos cortesanos, explica que sus nombramientos tuvieran continuidad tras el retorno absolutista en 1823. Los tres constituyeron la parte más visible de la nueva elite político-militar que se fue conformando en la isla y que se incorporó previamente a las nuevas instituciones liberales (ayuntamientos, diputación y Cortes) 10, en las que no solo empezaron a tener representación inmigrantes de gran dinamismo en la agricultura comercial azucarera, sino también pequeños propietarios 11 que, desde los nuevos ayuntamientos, pudieron proyectar reivindicaciones fiscales que habían tenido cauces para expresarse en el absolutismo a través del obispo o del capitán general, pero no desde órganos representativos. En este ámbito fiscal marcado por la ruralidad de la economía, veremos cómo los intereses de la jerarquía eclesiástica, de los municipios y de los párrocos acabarán por cruzarse y generar fuertes conflictos en torno a las dispensas matrimoniales, las visitas testamentarias, los derechos por administrar la confirmación o las primicias. Una situación que redundó en abierta hostilidad contra la citada jerarquía 12.

Las bases agrícolas y fiscales de la jerarquía del clero secular

Hemos visto cómo a lo largo de la tercera década del siglo xix una nueva elite política y económica se va configurando en la isla fruto de los cambios agrícolas y comerciales que se empiezan a consolidar y a los movimientos migratorios desde las vecinas repúblicas. Por el contrario, la elite eclesiástica no se verá amenazada por el ascenso de nuevos miembros procedentes del continente ni de insulares apoyados por las autoridades constitucionales, a excepción del efímero paso por las más altas dignidades del cabildo catedralicio de Joaquín Manuel de Santaella y José Lorenzo Rendón. Mantuvo e incluso incrementó su influjo político-ideológico favorecida por la excelente coyuntura económica, dado que eran grandes propietarios rurales y tenían altos ingresos derivados de una agricultura en expansión y de privilegios fiscales que habían ido acumulando 13.

La elite eclesiástica durante el Trienio estuvo conformada por los más altos cargos y dignidades del cabildo catedralicio, en especial por el deán Nicolás Alonso de Andrade, quien estuvo en el cabildo desde 1793 a 1845 14, y por el arcediano José Gutiérrez del Arroyo 15. Ambos controlaron desde el cabildo toda la acción eclesiástica durante la primera mitad del siglo xix, pues fueron muy breves los periodos en los que la mitra estuvo ocupada. Compartieron la condición de hacendados y esclavistas, algo habitual en la primera mitad del xix, circunstancia que, unida a los altos salarios de sus cargos y el control de algunas tributaciones, les permitía tener una capacidad crediticia 16 e inversora incluso en la trata de esclavos, en la que Andrade debió amasar su fortuna como agente de ventas 17. Este leonés tuvo importantes propiedades y esclavos 18 y no está de más decir que semejantes preocupaciones materiales iban acompañadas del abandono espiritual de sus propios esclavos, que morían sin ser bautizados 19, algo habitual en un momento de fuerte expansión azucarera. Andrade, en calidad de deán, cobraba unos 1.700 pesos por tesorería y otros 1.642 en concepto de primicias, a los que añadía muchos más por otros ramos tributarios 20. Uno de ellos, las dispensas matrimoniales, que concedía desde su cargo de provisor, podía alcanzar un monto de 20.000 pesos/año, suponiendo a los interesados costes difíciles de asumir en zonas con escaso metálico y un importante desembolso en las zonas de agricultura de exportación 21. Andrade también inició en 1814 el cobro de 4-6 pesos por las visitas testamentarias, una recarga que no fue declarada ilegal por la Audiencia hasta 1838 y que trataba de asegurar el cumplimiento de los deseos del fallecido en cuanto a los derechos que hubiera dejado a la Iglesia o clero 22. Incrementaba aún más sus ingresos gracias a unos rescriptos pontificios que consiguió para poder cobrar dos reales de plata a los padrinos al administrar las confirmaciones 23.

Por su parte, Gutiérrez del Arroyo fue miembro de una importante familia criolla y formó parte del cabildo muchos años ocupando los cargos de arcediano, provisor, gobernador y deán, aunque por periodos más cortos que Andrade 24. El origen de su riqueza parece forjarse durante los años que ocupó la parroquia de Ponce a principios del siglo xix, una de las poblaciones pioneras del auge azucarero. Esto hizo que la población experimentara un paralelo incremento demográfico que permitió a su párroco percibir un sueldo considerablemente más elevado que el resto de sacerdotes insulares, al haberse creado años atrás un sistema de financiación que implicaba el pago de un peso por familia. Así, mientras un párroco percibía 300 pesos, el de Ponce percibía al año casi 2.000 en el Trienio y 2.764 en 1836 25. Con esos ingresos Gutiérrez del Arroyo adquirió la hacienda Quemado por 8.000 pesos en 1802-1803 26, siendo también poseedor de otra que vendió por 3.500 27. Quemado era ya en esa fecha una hacienda de gran calidad para la caña: alcanzó su escala óptima de desarrollo en la segunda década del siglo xix y fue en el Trienio una de las mayores plantaciones tanto en producción como en esclavos. Gutiérrez del Arroyo llegó a poseer en su finca 114 esclavos y nueve en la casa de San Juan, produciendo más de 250 toneladas de azúcar.

Su ingreso posterior en el cabildo como arcediano y el porcentaje sobre las primicias le hacía acreedor a casi 3.000 pesos durante el Trienio 28. También obtuvo ingresos por dispensas matrimoniales mientras ocupó el cargo de provisor y, cuando se le dificultó su cobro por las protestas municipales, respondió con la obligación de ir a San Juan a recogerlas, repercutiendo sobre los particulares un costo superior a la propia dispensa 29. Fue un comportamiento nada extraño en Gutiérrez del Arroyo si tenemos en cuenta sus inversiones en plena expansión azucarera 30 y su actitud en el primer restablecimiento absolutista, en el que no solo se procuró una real cédula para proteger su privilegiado sueldo como párroco de Ponce, sino que envió a todo un comisionado militar a cobrar las cantidades que se le adeudaban 31.

El párroco de San Germán se beneficiaba también de la división insular en tan solo dos parroquias desde época colonial, permitiéndole esta anomalía unos ingresos superiores a los 6.000 pesos por primicias más otra pequeña cantidad por el diezmo —que iba incluido en el subsidio, un impuesto que se cobraba desde 1815 en forma de repartimientos municipales que gravaba la riqueza agrícola y más tarde gravaría a comerciantes y propietarios urbanos—. A estos ingresos se añadía el salario como párroco y las elevadas obvenciones por prestar los servicios parroquiales 32.

Así, los cargos más relevantes del cabildo, el deán y el arcediano, y los párrocos de San Germán y Ponce conformaban la elite insular más poderosa e influyente. No nos detendremos en esta ocasión en el importante papel que tenían los dominicos, franciscanos y carmelitas calzadas por salirse de la línea argumental que deseamos resaltar, pero, pese a no llegar ninguna de estas órdenes a los veinte miembros (a fines del siglo xviii), su dilatada trayectoria les había permitido hacerse con propiedades inmobiliarias (casas-convento, fincas urbanas, hatos y haciendas), censos y capellanías, que producían muy altos rendimientos. En 1839 se estimaba en más de 173.000 pesos su riqueza, incluidos los censos, equivalente a más del 60 por 100 del subsidio insular y al 12 por 100 de lo recaudado en las aduanas en pleno auge azucarero 33.

Las relaciones entre las autoridades liberales y la elite religiosa: de los conflictos al laissez faire

Pese a lo que pudiera pensarse, el Trienio no supuso en la isla un contraste radical en las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y las autoridades militares: los conflictos que hubo desde finales del siglo xviii por el reparto de las primicias con el obispo Francisco de la Cuerda, primero, y con el párroco Miguel Bonilla y el religioso José Antonio Bonilla, el capitán general Meléndez y el diputado Ramón Power, después 34, continuaron hasta la llegada en 1822 de La Torre, González de Linares y Díaz, con quienes se amortiguaron en aras de una estabilización que preparaba el restablecimiento absolutista sin sobresaltos. Por tanto, la defensa de los intereses de los párrocos, sacristanes y municipios frente a la jerarquía religiosa —y a los rematadores— fue bastante más transversal en el tiempo de lo que pudiera pensarse 35. Los conflictos entre la jerarquía religiosa y las autoridades militares del Trienio se concentraron, por tanto, entre 1820 y 1822, y se debieron más a las reformas político-ideológicas que a las fiscales 36. El mayor choque estuvo protagonizado por el entonces obispo, el arequipeño Mariano Rodríguez de Olmedo, quien había llegado en 1817 a la isla. En ella se encontraba cuando la real orden de 12 de diciembre de 1820 dispuso que los sesenta y nueve diputados firmantes en 1814 del Manifiesto de los Persas, como era su caso, perdieran los empleos, honores, pensiones y condecoraciones 37. Olmedo fue desterrado a Santo Domingo y más tarde, con la independencia de la isla vecina, se le permitió regresar a Aguadilla hasta el final del Trienio 38.

Quien tuvo que gestionar este destierro como capitán general de Puerto Rico fue un cubano, Gonzalo Aróstegui Herrera, un polifacético militar que había sido brigadier de infantería del Estado Mayor del Ejército desde 1810, comandante general y jefe político del Campo de Gibraltar. Fue nombrado diputado a Cortes por La Habana en el primer periodo constitucional, por lo que hubiera coincidido con Olmedo en Madrid si no hubieran sido anuladas aquellas elecciones. Fue nombrado el 27 de abril de 1820 como capitán general de Puerto Rico, apenas consolidado el pronunciamiento de Riego. Pese a ello se hace complicado ubicar a militares como Aróstegui en unas familias liberales u otras.

Aróstegui también tuvo que lidiar durante su mandato con Andrade, remitiéndole a la Península cuando este quiso asumir a principios de 1821 competencias que no le correspondían en materia de libertad de imprenta 39 tras la publicación en el periódico puertorriqueño El Investigador de algunos textos de José Joaquín de Clararrosa 40, muy críticos con la Iglesia del Antiguo Régimen 41. Sin embargo, no es menos cierto que cuando Gregorio de la Rosa y varios ciudadanos de Aguada le solicitaron permiso a Aróstegui para reunirse y discutir cuestiones políticas a mediados de 1821 no lo concedió alegando que ya existía la libertad de imprenta, la educación y las explicaciones de la Constitución 42 que hacían párrocos, alcaldes y maestros 43. Este proceder restrictivo de Aróstegui en cuestiones vinculadas a la libertad ideológica pudo deberse al temor de no poder controlar esas cuestiones del modo que lo hacía con la libertad de imprenta 44, para la que aplicaba el real decreto de 18 de septiembre de 1820 por el que se aclaraba la diferencia entre la potestad eclesiástica y la secular que le llevó al enfrentamiento con Andrade 45. Por esta razón no obstaculizó a las sociedades dedicadas a leer en público papeles impresos, caso de la llamada «Amantes de la Ilustración» en Arecibo.

Lo cierto es que estos conflictos no duraron mucho. Dos días antes de ser nombrado Aróstegui capitán general de Puerto Rico, un decreto separaba los gobiernos políticos de los militares. Sin embargo, esta separación no se hizo efectiva en la isla hasta dieciséis meses después, el 15 de agosto de 1821, cuando González de Linares fue designado gobernador político. Poco antes, el 25 de junio, había sido escogido José Domingo Díaz como intendente. Es muy probable que ellos dos —a la sazón en Madrid— prepararan el nombramiento de Miguel de La Torre como capitán general a tenor de las cartas que le envió José Domingo Díaz desde la Corte 46. Díaz y González de Linares tomaban posesión a finales de mayo de 1822 y La Torre lo hacía a principios de septiembre sustituyendo al interino José Navarro, que había ocupado el cargo de capitán general tras la salida de Aróstegui en febrero de ese mismo año 47.

La toma de posesión de González de Linares como primer gobernador político es un hecho relevante por lo que supuso en cuanto a segregar la autoridad política de la militar, pero apenas tuvo consecuencias por su brevedad (apenas año y medio). Además, era un acaudalado comerciante que había prestado al Ejército español su colaboración formando parte de la junta para la pacificación de Venezuela que permitió acabar con la guerra a muerte 48. Realista a toda prueba en el proceso independentista de Tierra Firme, había entablado una estrecha amistad con La Torre y Díaz, por lo que su periodo como gobernador político no generó conflicto alguno con el gobernador militar, quien de hecho —tras el restablecimiento absolutista— lo destinó a San Thomas para controlar a liberales e insurgentes 49. Es una muestra más de que el relevo de Aróstegui 50 por las autoridades llegadas de Venezuela 51 supuso una preparación efectiva para el restablecimiento absolutista, el mantenimiento del statu quo y el cierre en falso de los conflictos abiertos con la jerarquía eclesiástica 52, que demostró su resiliencia sorteando las adversidades y consolidando su posición durante el Trienio. Los gabinetes peninsulares demostraron también cómo les atenazaba el miedo a los procesos independentistas 53 y, según vamos a ver, a las protestas tributarias.

Primicias: la resistencia al pago como estrategia

Las primicias constituían un tributo por el que los agricultores debían pagar media fanega por la cosecha de seis fanegas o más 54, siendo la carga contributiva más relevante en manos de la jerarquía eclesiástica 55. Así, las primicias de la parte occidental de la isla, en manos del párroco de San Germán, alcanzaron la cifra de 48.314 pesos entre 1805 y 1825, mientras que las de la parte oriental, en manos del cabildo catedralicio, llegaron a los 113.388 pesos 56. Los municipios hicieron de este impuesto su bandera de lucha y la jerarquía eclesiástica el objeto de su resistencia desde finales del siglo xviii. No obstante, en el Trienio la presencia de ayuntamientos constitucionales y la libertad de imprenta contribuyeron a propagar con mayor facilidad 57 tanto la idea de que la presión tributaria por las primicias era mayor que en la Península 58 como la de que la Constitución acabaría con estas contribuciones. Se reactivó así un tema que no había llegado a aletargarse tras el primer periodo constitucional 59, pues a medida que los remates fueron más altos —paralelos al incremento productivo— se hizo más difícil el cobro, alcanzando el impago su mayor incidencia (superior al 50 por 100) durante el Trienio, justo cuando los remates también experimentaban una tendencia a la estabilización, gracias al mayor protagonismo de los ayuntamientos en el proceso recaudatorio 60.

El descontento se expresó en formas diversas. Ayuntamientos como Cidra, Moca, Gurabo, Añasco, Aguada o Toa Alta pidieron la desaparición de las primicias, sirviendo la diputación provincial como mediadora. Otros pidieron usarlas para cubrir los salarios de párrocos y maestros, como los de Sabana Grande, Luquillo o la propia Aguada 61. Otros, directamente, pasaron a la acción, resistiendo el pago o suspendiéndolo temporalmente como Mayagüez, Arecibo, Coamo, Añasco, Trujillo o Guayama, mientras que Toa Alta, Aguada y Bayamón se negaron a rematar el ramo al entender que la circular de Meléndez (de 1814) había que cumplirla 62.

Con independencia de las gestiones legales que emprendieron los ayuntamientos, la inseguridad en el cobro debió ir retrayendo a los rematadores del ramo, quienes vieron cada vez más arriesgado el negocio. La preocupación se incrementó entre ellos al ser los principales afectados por las noticias que corrían sobre una eventual derogación 63. El recaudador de las primicias de Añasco, Manuel Ramírez de Arellano, solicitó del alcalde su colaboración para advertir a los contribuyentes de la equivocación en la «que viven en dicha negativa mediante que las nuevas instituciones políticas en nada han variado la satisfacción de dicho ramo» 64. La inseguridad fue similar en arrendadores y subarrendadores. Con este panorama, los municipios se hicieron con más remates, asegurando así que la cantidad acordada con la jerarquía eclesiástica no se incrementara en beneficio de rematadores particulares, si bien no debieron ser excepcionales los casos de quienes ocupando alcaldías también fueron arrendadores o subarrendadores del ramo 65. De hecho, a los remates no solo iban particulares, sino que acudían también comisionados por las juntas de visita 66 de los pueblos, compitiendo con los particulares. También nos consta que algunos rematadores lo cedían en ocasiones al vecindario para que miembros del ayuntamiento asumieran el cobro 67. El hacerse las poblaciones con el remate evitaba el incremento contributivo que aplicaba de múltiples formas el rematador 68, lo que permitía controlar el cobro y el reparto 69, decidir si se pagaba en metálico o en especie, en función de los intereses locales y, sobre todo, de la apertura o no de su economía al exterior o de la dificultad del transporte 70.

Conclusiones

El Trienio abrió en la isla muchas esperanzas en ámbitos diversos y en amplios sectores sociales, pero apenas cuajaron. Lejos de provocar entusiasmo en materia fiscal generó un desencanto de larga duración 71, pues no supuso mejora alguna para el agricultor. Una muestra, entre muchas, fue lo poco que duró la suspensión hecha por Aróstegui del cobro de las dispensas matrimoniales a mediados de 1821, ya que el 14 de enero de 1822 el gobierno peninsular de Eusebio Bardají lo reponía 72. Lo mismo podemos decir de la no aplicación de los cambios adoptados en el Trienio por la junta insular de diezmos y primicias para destinar las primicias a cubrir sueldos de párrocos y sacristanes 73, o de los nulos resultados en el control de las recargas ilícitas en los repartos 74 que hacían las elites municipales sobre jornaleros y pequeños agricultores 75 a fin de obtener mayores excedentes comercializables 76. Los amagos de reformas con Aróstegui se bloquearon inmediatamente. De las declaraciones altisonantes del ayuntamiento de Mayagüez, de estar dispuesto a derramar la última gota de su sangre para defender el orden constitucional 77, o de las de San Germán el 29 de abril de 1823, de estar dispuesto «a sacrificar la última manta de su albergue y verse envuelto en su propia sangre antes que admitir ninguna otra forma de Gobierno» 78, a lo que ocurrió en realidad media un abismo 79. En lugares como Arecibo y Caguas se destruyó la lápida constitucional, clara expresión del sentimiento popular que se fue consolidando durante el Trienio al no crearse un sistema fiscal más justo, permitiéndose los excesos de propietarios y de la elite eclesiástica 80. Estos corrieron paralelos al temor de que se concretara un sacrificio contributivo de 100.000 pesos los últimos meses de vigencia del liberalismo, sacrificio que debió acabar por enfriar también el entusiasmo que pudo animar a algunos sectores de la población 81. Con todo, la resistencia al pago de tributos de origen religioso adquirió diversas formas, protagonizadas por vecinos y ayuntamientos, y tuvo un largo recorrido tanto en el absolutismo como en el primer y segundo periodo constitucional 82. A pesar de que aparentemente la jerarquía eclesiástica local pudo sortear con éxito las amenazas que sobrevolaron sobre sus cabezas durante parte del Trienio, lo cierto es que la resistencia de las poblaciones no se vino abajo y, a tenor de lo que aconteció en la Década Ominosa, el empeño puesto por las autoridades militares, la propia jerarquía eclesiástica y los arrendatarios de las primicias, aquellas parece que salieron vencedoras del pulso mantenido, como indican los problemas para licitar los arrendamientos por impago de los contribuyentes 83.


1 Guillermo A. Baralt: Esclavos rebeldes. Conspiraciones y sublevaciones de esclavos en Puerto Rico, 1795-1873, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1982, p. 163, y Jorge L. Chinea: Raza y trabajo en el Caribe hispánico: los inmigrantes de las Indias Occidentales en Puerto Rico durante el ciclo agro-exportador, 1800-1850, Sevilla, EEHA-Wayne State University-Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico-Asociación Cultural La Otra Andalucía, 2014.

2 Jesús Raúl Navarro García: Puerto Rico a la sombra de la independencia continental, 1815-1840, San Juan-Sevilla, CEAPRC-CSIC, 1999, pp. 20 y 24.

3 José G. Rigau Pérez: Puerto Rico en la conmoción de Hispanoamérica. Historia y cartas íntimas, 1820-1823, San Juan, Revés, 2013, pp. 105-122; María Dolores Luque de Sánchez: «Matrimonios y compadrazgos: la interrelación social de los corsos con la población criolla de Yauco durante la primera mitad del siglo xix», Historia y Sociedad, año III (1990), pp. 36-59, esp. p. 43, y Katia Gil de la Madrid: «Las transformaciones territoriales en el municipio de Caguas durante el siglo xix», en Félix R. Huertas González y Juan E. Roque Rivera (coords.): Los pueblos de la región Centro Oriental y su historia (siglos xix y xx), Gurabo, Universidad del Turabo, 2013, pp. 156-157.

4 Raquel Rosario Rivera: Los emigrantes llegados a Puerto Rico procedentes de Venezuela entre 1810-1848, San Juan, ESMACO, 1992; Estela Cifre de Loubriel: La inmigración a Puerto Rico durante el siglo xix, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1964; íd.: La formación del pueblo puertorriqueño. La contribución de los catalanes, baleáricos y valencianos, Barcelona, ICP, 1975; Birgit Sonesson: Catalanes en las Antillas. Un estudio de casos, Colombres, Archivo de Indianos, 1995; íd.: Vascos en la diáspora. La emigración de La Guaira a Puerto Rico, 1799-1830, Sevilla, CSIC, 2008, y José G. Rigau Pérez: Puerto Rico..., pp. 159-164.

5 Oficio de Manuel López al Secretario de Estado y Despacho de Hacienda de Indias (Puerto Rico, 20 de abril de 1834), Archivo General de Indias (en adelante, AGI), Santo Domingo, 2440, y testimonios sobre estos beneficiarios en Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Ultramar, 1111, exps. 19 y 20. Véase también Francisco de Solano: «Inmigración continental americana a Puerto Rico (1800-1898)», en Primer Congreso Internacional de Historia Económica y Social de la Cuenca del Caribe, 1763-1898, San Juan, CEAPRC, 1992, pp. 754-765.

6 Pedro Tomás de Córdova: Memorias geográficas, históricas, económicas y estadísticas de la isla de Puerto Rico, vol. III, San Juan, ICP, 1968, pp. 473-478.

7 Linares y Díaz llegan a la isla en mayo y La Torre en septiembre de 1822. Los nombramientos de aquellos datan de agosto (1821), antes de que llegaran a Cádiz y Madrid procedentes de Venezuela. El nombramiento de La Torre es de abril de 1822. Véase Jesús Raúl Navarro García: Puerto Rico..., pp. 121-123.

8 Robinzon Meza: Las políticas del Trienio Liberal y la independencia de Venezuela, 1820-1823, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 2010.

9 Josep M. Fradera: Colonias para después de un imperio, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2005, pp. 183-326.

10 Jesús Raúl Navarro García: Puerto Rico..., pp. 41-61.

11 Ibid., pp. 19-39; José Manuel Espinosa Fernández: Elites y política colonial en los márgenes del imperio. Puerto Rico, 1765-1815, Sevilla, EEHA-Universidad del Norte-Oficina del Historiador Oficial de Puerto Rico-Asociación Cultural La Otra Andalucía, 2015; Fernando Picó: Libertad y servidumbre en el Puerto Rico del siglo xix (Los jornaleros utuadeños en vísperas del auge del café), Río Piedras, Ediciones Huracán, 1983; Astrid Cubano Iguina: El hilo en el laberinto: claves de la lucha política en Puerto Rico (siglo xix), Río Piedras, Ediciones Huracán, 1990; íd.: «Economía y sociedad en Arecibo en el siglo xix. Los grandes productores y la inmigración de comerciantes», y Francisco A. Scarano: «Inmigración y estructura de clases: los hacendados de Ponce, 1815-1845», ambos en Francisco A. Scarano (ed.): Inmigración y clases sociales en el Puerto Rico del siglo xix, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1985, pp. 67-124 y 21-66, respectivamente.

12 Diario Liberal y de Variedades de Puerto Rico, 10 de enero de 1822, y Gaceta del Gobierno de Puerto Rico, 29 de diciembre de 1821.

13 Almudena Hernández Ruigómez: La desamortización en Puerto Rico, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica-ICI, 1987, pp. 71-72.

14 Entró en calidad de racionero procedente de Quito. En ausencia de obispo, el deán pasaba a presidir el cabildo, sumando a sus funciones relacionadas con el culto las de gobernador eclesiástico del obispado y las de provisor-vicario general (juez eclesiástico) en toda la diócesis. Véanse Almudena Hernández Ruigómez: La desamortización..., pp. 36-37; Jesús Raúl Navarro García: Control social y actitudes políticas en Puerto Rico, 1823-1837, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1991, p. 73; íd.: «Economía, política y esclavitud en la jerarquía eclesiástica puertorriqueña en torno al constitucionalismo gaditano», en Jesús Raúl Navarro García et al. (coords.): El Caribe y sus relaciones con España: políticas y sociedades en transformación (siglos xix-xx), Puerto Rico, Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2013, pp. 63-90, e íd.: Puerto Rico..., pp. 173-179. Una hacienda arrendada en Bayamón le generaba 800 pesos anuales a principios del siglo xix. Véanse Dora León Borja de Zsaszdi: «Los emigrados franceses y los militares en el desarrollo de las haciendas de Puerto Rico, 1797-1811», en Primer Congreso Internacional de Historia Económica y Social de la Cuenca del Caribe, 1763-1898, San Juan, CEAPRC, 1992, pp. 657-660, y José G. Rigau Pérez: Puerto Rico..., p. 44.

15 El arcediano asistía al obispo en las visitas. Era el primer diácono de la catedral. Véase Almudena Hernández Ruigómez: La desamortización..., pp. 36-37.

16 Picó señaló el papel crediticio de los mayordomos de fábrica y cofradías en el ámbito rural. Véase Fernando Picó: Ponce y los rostros rayados: sociedad y esclavitud, 1800-1830, Río Piedras, Ediciones Huracán, 2012, pp. 175-176.

17 Oficio de Aróstegui al Secretario de Estado de la Gobernación de Ultramar (Puerto Rico, 19 de febrero de 1821), AGI, Ultramar, 499.

18 También poseía fincas arrendadas, como una en Bayamón con 12.000 palos de café. Véanse Jesús Raúl Navarro García: Control social..., p. 54, n. 74, y Fernando Picó: Historia general de Puerto Rico, San Juan, Ediciones Huracán, 1986, p. 159, n. 20. Representación de Miguel Bonilla al rey (Añasco, 30 de noviembre de 1815), AGI, Ultramar, 501.

19 Fernando Picó: Historia general..., p. 159, n. 20; íd.: Ponce y los rostros..., pp. 164-165, y Jesús Raúl Navarro García: Control social..., p. 58.

20 Almudena Hernández Ruigómez: La desamortización..., pp. 52-53.

21 Gervasio L. García: Historia crítica, historia sin coartadas. Algunos problemas de la Historia de Puerto Rico, Puerto Rico, Ediciones Huracán, 1985, pp. 45-46.

22 Jesús Raúl Navarro García: Control social..., pp. 47-48.

23 El Investigador, 15 de septiembre de 1820, y Jesús Raúl Navarro García: Control social..., pp. 49-50.

24 Ivette Pérez Vega: El cielo y la tierra en sus manos. Los grandes propietarios de Ponce, 1816-1830, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1985, pp. 39-72.

25 Almudena Hernández Ruigómez: La desamortización..., pp. 65 y 70. Véase también «Expediente sobre el peso por cabeza de familia que se paga por los vecinos al cura de Ponce», Archivo General de Puerto Rico (en adelante, AGPR), Gobernadores Españoles, 284.

26 En 1805 ya valía 26.000 pesos. Véase Francisco A. Scarano: Haciendas y barracones: azúcar y esclavitud en Ponce. Puerto Rico, 1800-1850, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1993, p. 96.

27 Ivette Pérez Vega: El cielo y la tierra..., pp. 39-72, y Francisco A. Scarano: Haciendas..., pp. 96-97.

28 Almudena Hernández Ruigómez: La desamortización..., pp. 41-42 y 52-53.

29 Jesús Raúl Navarro García: Control social..., pp. 43-47; José Gutiérrez del Arroyo: Discurso canónico legal para que se de puntual cumplimiento en su verdadero literal sentido a la Real Cédula de 18 de febrero de 1820, sobrecartada en Real Orden de 7 de diciembre de 1821, a que es referente la de 13 de enero de 1822, libradas todas a consecuencia de la Real Cédula de 30 de mayo de 1815, sobre derechos de dispensas matrimoniales, San Juan, Imprenta Fraternidad, 1823; José Antonio de Bonilla Torres: Apuntamientos críticos, canónicos, teológicos, legales sobre la cuestión de dispensas matrimoniales, relativa a la Real Cédula de 30 de mayo de 1815 y concordantes posteriores, Puerto Rico, Oficina del Gobierno, 1823, y José M. García-Leduc: La Iglesia y el clero católico de Puerto Rico (1800-1873): su proyección social, económica y política, tesis doctoral, The Catholic University of America, 1990, p. 389.

30 Francisco A. Scarano: Haciendas y barracones..., p. 88, y Benjamín Nistal Moret (ed.): Esclavos prófugos y cimarrones. Puerto Rico, 1770-1870, Río Piedras, UPR, 1984, p. 109, doc. V.2.

31 Jesús Raúl Navarro García: Puerto Rico..., pp. 157-159. Tampoco les tembló el pulso a Gutiérrez del Arroyo y a Andrade cuando tuvieron que tomar medidas contra los religiosos que protestaban contra sus privilegios. Véase Oficio de José Domingo Díaz (Puerto Rico, 10 de mayo de 1824), AGI, Santo Domingo, 2426, y José G. Rigau Pérez: Puerto Rico..., pp. 93-94.

32 Jesús Raúl Navarro García: Puerto Rico..., p. 31, y Almudena Hernández Ruigómez: La desamortización..., p. 71. Este curato recompensó la labor prestada en el Trienio de acreditados absolutistas como Francisco Pimentel. Véase AGPR, Gobernadores Españoles, 128, 285 y 373. Véase también Luis E. Gonzalez Vales: Alejandro Ramírez y su tiempo. Ensayos de historia económica e institucional, Río Piedras, UPR, 1978, pp. 196 y 198.

33 Almudena Hernández Ruigómez: La desamortización..., pp. 37 y 115-119; Jesús Raúl Navarro García: Puerto Rico..., p. 29, y El Investigador, 21 de agosto de 1820.

34 Ambos se mostraron contrarios a que sirvieran para enriquecer a unos pocos mientras los párrocos apenas tenían para vivir. Véase Almudena Hernández Ruigómez: La desamortización..., pp. 42-43 y pp. 55-59. Este enfrentamiento entre bajo y alto clero ocurría también en la Península, como vemos en la intervención del clérigo Pedro Juan de Priego en las Cortes del 13 de octubre de 1820. Véase Diego Mateo del Peral: «Los antecedentes de la abolición del diezmo (el debate en las Cortes del Trienio Liberal)», en José Luis García Delgago (ed.): La cuestión agraria en la España contemporánea, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1976, p. 300; Josep Fontana Lázaro: La quiebra de la monarquía absoluta, 1814-1820, Barcelona, Ariel, 1983, pp. 235-236, y Joaquín del Moral Ruiz: Hacienda y sociedad en el Trienio constitucional, 1820-1823, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1975.

35 Si bien hubo algunas reales órdenes en 1786, 1795 y 1798 favorables a que las primicias se destinaran a cubrir los sueldos de párrocos y sacristanes, en octubre de 1814 otra facultaba al cabildo a recuperar unas capacidades recaudatorias que nunca llegó a perder. Véase Andrade a Meléndez (12 de marzo de 1816), AGPR, Gobernadores Españoles, 283, y AHN, Ultramar, 5062, exp. 44. Véase también Pedro Tomás de Córdova: Memoria sobre todos los ramos de la Administración de la isla de Puerto Rico, Madrid, 1838, p. 76; Almudena Hernández Ruigómez: La desamor­tización..., pp. 53-66 y 72, y Aida Caro Costas: Ramón Power y Giralt: diputado puertorriqueño a las Cortes Generales y Extraordinarias de España, 1810-1812 (compilación de documentos), San Juan de Puerto Rico, 1969.

36 José Manuel Cuenca Toribio: «La Iglesia española en el Trienio Constitucional (1820-1823)», Hispania Sacra, 18 (1965), pp. 333-362; José Luis Molina Martínez: Anticlericalismo y literatura en el siglo xix, Murcia, Universidad de Murcia, 1998, y Juan Sisinio Pérez Garzón: «Curas y liberales en la revolución burguesa», Ayer, 27 (1997), pp. 67-100. Para el caso americano, los trabajos de Othón Nava Martínez: «Guerra de independencia, guerra de ilustradores. José Mariano Beristáin de Souza y el Verdadero Ilustrador Americano de 1812» y de Miguel Ángel Hernández Fuentes: «Tendencias de opinión sobre la reforma eclesiástica y la independencia de México, 1820-1821», ambos en Laura Suárez de la Torre (coord.): Creación de estados de opinión en el proceso de independencia mexicano (1808-1823), México, Instituto Mora, 2010, pp. 67-97 y 125-154, respectivamente.

37 Jesús Raúl Navarro García: Control social..., p. 72.

38 Loida Figueroa: Breve Historia de Puerto Rico, Río Piedras, Edil, 1979, p. 48, nota 52, y Emilio de Diego García: Puerto Rico bajo la administración española durante la primera mitad del siglo xix, Madrid, Universidad Complutense, 1985, p. 53.

39 José Álvarez Junco y Gregorio de la Fuente Monge: El nacimiento del periodismo político. La libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz (1810-1814), Madrid, APM, 2009, pp. 138-143, y AGPR, Gobernadores Españoles, 562.

40 Beatriz Sánchez Hita: José Joaquín de Clararrosa y su Diario gaditano (1820-1822): ilustración, periodismo y revolución en el Trienio Liberal, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2009.

41 Oficio de Andrade a Aróstegui (Puerto Rico, 21 de febrero de 1821), AGI, Ultramar, 499, y «Expediente formado por el alcalde primero de esta capital sobre los Investigadores números 10, 11 y 12, que contiene los papeles sobre la confesión y el divorcio» y «Expediente instruido por el Gobierno sobre los procedimientos del Señor Provisor de esta Diócesis con los Investigadores mandados recoger, números 10, 11 y 12 por contenerse en ellos los papeles sobre la confesión y el divorcio», AGPR, Gobernadores Españoles, 17. Para España, véase Manuel Revuelta: Política religiosa de los liberales en el siglo xix. Trienio Constitucional, Madrid, CSIC, 1973, pp. 85-92. Las críticas al comportamiento del clero no solo se dieron entre los liberales exaltados, véase Gerard Dufour: «Estudio preliminar y presentación», en Sermones revolucionarios del Trienio Liberal (1820-1823), Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1991.

42 AGPR, Gobernadores Españoles, 387.

43 Cabildo ordinario de San Juan (20 de mayo de 1822), AGPR, Gobernadores Españoles, 562.

44 Afirmaba que tanto la Gaceta del Gobierno de Puerto Rico como El Investigador estaban en manos de «personas de toda confianza». Véanse José G. Rigau Pérez: Puerto Rico..., p. 47, n. 14, y Jesús Raúl Navarro García: Control social..., pp. 207-259.

45 Recuperado de internet (https://repository.library.brown.edu/storage/bdr:734043/PDF).

46 Jesús Raúl Navarro García: Puerto Rico..., pp. 121-124.

47 Recuperado de internet (http://www.dbe.rah.es/biografias/39238/gonzalo-de-arostegui-herrera).

48 Daniel Martínez Cristóbal: Entre el asimilismo y la independencia. El autonomismo puertorriqueño, Madrid, Dykinson, s. f., p. 55.

49 Recuperado de internet (http://www.mcn.biografias.com). De lo complejo de esta época y de la dificultad de sacar conclusiones fáciles sobre los protagonistas es la carta que dirige Bolívar a González de Linares en enero de 1821, cuando este último se encontraba en Madrid, para que atendiera las necesidades en la capital de los comisionados colombianos. Recuperado de internet (www.archivodellibertador.gob.ve/escritos/buscador/spip.php?article5510).

50 El Investigador, 20 de noviembre de 1821, y Diario Liberal y de Variedades de Puerto Rico, 23 de febrero de 1822.

51 Informe del Consejo de Indias (Madrid, 7 de enero de 1831), AHN, Ultramar, 1065, exp. 7.

52 Alberto Gil Novales: El Trienio Liberal, Madrid, Siglo XXI, 1980.

53 Jesús Raúl Navarro García: Control social..., pp. 68-85.

54 Cristina Campo Lacasa: Notas generales sobre la historia eclesiástica de Puerto Rico en el siglo xviii, Sevilla, ICP-EEHA, 1963, p. 184.

55 Almudena Hernández Ruigómez: La desamortización..., p. 51.

56 Jesús Raúl Navarro García: Puerto Rico..., pp. 163-164.

57 El Investigador (Puerto Rico), 10, 21 y 28 de agosto de 1820.

58 Diario Liberal y de Variedades de Puerto Rico, 28 de abril de 1822.

59 José G. Rigau Pérez: Puerto Rico..., p. 51. Para la Península véase Josep Fontana Lázaro: La quiebra..., pp. 238-239.

60 Claro que en 1825 más del 70 por 100 de las cantidades asignadas tampoco se cobraron, esta vez a causa de las inclemencias climáticas y el incendio de Aguadilla. Véase Jesús Raúl Navarro García: Puerto Rico..., pp. 163-164, n. 21 y 24, y «Relación que manifiesta el total a que han ascendido los remates de primicias desde el año de 1806 hasta el de 1826 inclusive, por sus respectivos trienios» y «Relación de las cantidades a que han ascendido las primicias de los curatos que corresponden a éste de la villa de San Germán y expresa el tiempo en que han acostumbrado a hacerse sus ajustes desde el año de 1805 hasta el de 1825 del modo siguiente», AGPR, Gobernadores Españoles, 283.

61 El Investigador, 10 de agosto de 1820.

62 El Investigador, 6 de diciembre de 1821.

63 Representación de Tomás Amil sobre Guayama a González de Linares (Puerto Rico, 24 de agosto de 1822), AGPR, Gobernadores Españoles, 290.

64 AGPR, Gobernadores Españoles, 290.

65 Es el caso del alcalde de Guaynabo durante el Trienio, AGPR, Gobernadores Españoles, 374.

66 «Acuerdo de la Junta de Visita celebr[ada] en el pueblo de Loyza con objeto de nombrar un comisionado que se encargue de hacer el remate de las primicias correspondiente a dicho pueblo», AGPR, Gobernadores Españoles, 285.

67 Cabildo ordinario de Arecibo (1 de enero de 1821), AGPR, Gobernadores Españoles, 405.

68 Lo recaudado podía cuadruplicar lo rematado al retrasar el cobro y hacerlo coincidir con altos precios agrícolas. Véanse AGPR, Gobernadores Españoles, 290, y Luis E. González Vales: Alejandro Ramírez..., p. 99.

69 El Investigador, 10 de agosto de 1820.

70 El pago en metálico reducía los costes y evitaba el pago con productos de mala calidad.

71 En 1838 seguían pagándose 8,5 pesos por dispensa matrimonial. Véase «Testimonio del expediente que se ha instruido en esta Real Audiencia sobre visitas de los prelados diocesanos en cumplimiento de la real orden de tres de noviembre de 1837. Año 1838», AHN, Ultramar, 2029, exp. 3.

72 Gaceta del Gobierno de Puerto Rico, 11 de julio de 1821, y El Eco. Diario Noticioso de Puerto Rico, 22 de febrero de 1823. También Oficio de Aróstegui al Secretario de Estado (Puerto Rico, 4 de junio de 1821), AGI, Santo Domingo, 2340.

73 Solicitud del ayuntamiento de Bayamón (4 de noviembre de 1822), AHN, Ultramar, 2004, exp. 3.

74 Las constancias se repiten en el tiempo: Diario Económico de Puerto Rico, 17 de junio y 1 de julio de 1814; Diario Liberal y de Variedades de Puerto Rico, 26 de mayo de 1822; representación del ayuntamiento de Cidra al gobernador (18 de noviembre de 1822), y acta del cabildo ordinario de Pepino (4 de septiembre de 1837), AGPR, Gobernadores Españoles, 290.

75 Fruto de un control de los repartimientos, el hacendado Juan Rius pasó de pagar 70 pesos a 121. Véase Cabildo ordinario de Arecibo (1 de diciembre de 1821), AGPR, Gobernadores Españoles, 405.

76 Proceso muy documentado en Cayey y Añasco, AGPR, Gobernadores Españoles, 290. Véase también Francisco Marcos Santaella a La Torre (Puerto Rico, 27 de mayo de 1826), AGPR, Gobernadores Españoles, 285, y Cristina Campo Lacasa: Notas generales..., pp. 120-127.

77 AGPR, Gobernadores Españoles, 502.

78 Ibid., 553.

79 Sobre la escasa participación en las juntas electorales de San Juan véase ar­tículo de F. M. Q. en El Investigador, 10 de agosto de 1820.

80 Oficio de Antonio Guadalupe Colón a La Torre (Caguas, 5 de diciembre de 1823), AGPR, Gobernadores Españoles, 405.

81 Oficio reservado de González de Linares al Secretario de Estado y Despacho de la Gobernación de Ultramar (Puerto Rico, 9 de julio y 20 de agosto de 1823), y «Copia del expediente formado a consecuencia de la Real Orden de 24 de enero de este año sobre establecer un fondo de 100.000 pesos solicitado por la Capitanía General para el caso de una invasión de esta isla. Reservado. Año de 1823», AHN, Estado, 6376, exp. 3.

82 En Ponce algunos barrios quisieron segregarse durante el Trienio para evitar el pago del peso por familia. Véanse José G. Rigau Pérez: Puerto Rico..., p. 226; El Investigador, 12 de noviembre de 1821, y AGPR, Gobernadores Españoles, 526.

83 Alberto Gil Novales: El Trienio..., y AGPR, Gobernadores Españoles, 285.