Ayer 125/2022 (1): 237-265
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2022
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/125-2022-10
© Luis Garrido-González
Recibido: 04-06-2019 | Aceptado: 09-07-2020
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Reforma Agraria y Guerra Civil española*

Luis Garrido-González**

Universidad de Jaén lgarrido@ujaen.es

Resumen: En primer lugar, se presenta una revisión de la literatura más reciente sobre la Reforma Agraria de la Segunda República y el papel determinante de los ingenieros agrónomos, insertándola en los planteamientos teóricos sobre su importancia y significado, dado el cariz político y social de la Asociación de Ingenieros y Peritos Agrícolas. En segundo lugar, se analiza su aplicación práctica tanto en tiempos de paz como durante la Guerra Civil española, utilizando una metodología de estudio de casos, para terminar valorando de forma global su impacto real sobre el desempleo rural y la economía de la retaguardia republicana.

Palabras clave: Reforma Agraria, Guerra Civil española, desempleo.

Abstract: First, this article presents a review of the latest literature on agrarian reform of the Second Republic, and determining role of agricultural engineers. The analysis incorporates in the most recent theoretical approaches about the importance and meaning of agrarian reform by taking into account the political and social characteristics of the Association of Agricultural Engineers and Appraisers. Second, it examines the practical application of such reforms in times of peace and Spanish Civil War, using the methodology of case study. Last, the article broadly evaluates its real impact on rural unemployment and the economy of the republican rearguard.

Keywords: agrarian reform, Spanish Civil War, unemployment.

Introducción

En el presente trabajo se estudia la Reforma Agraria (en adelante, RA) de la Segunda República a partir de los planes de aplicación redactados por los ingenieros agrónomos del Instituto de Reforma Agraria (en adelante, IRA) destinados en la delegación de Jaén y se comparan con los de Badajoz, Cáceres y Córdoba 1. Ese modelo de RA, basado en los repartos de tierras y los asentamientos de campesinos en ellas, bajo la supervisión del IRA, tuvo su solución de continuidad en la RA revolucionaria plasmada no solo en las colectivizaciones rurales que surgieron en todo el territorio bajo control del Gobierno republicano durante la Guerra Civil, sino también, y con mucha mayor importancia de lo que se cree, en la aplicación de una reforma agraria redistributiva y no revolucionaria, exactamente en la misma línea de la planteada antes de 1936. Esta última política de reforma agraria fue apoyada desde el Ministerio de Agricultura en defensa del pequeño campesino propietario, arrendatario o aparcero, aunque se consideraba que podía ser compatible con las explotaciones colectivas de las tierras. De esta forma, en realidad, se plasmaba el programa para el campo del Partido Comunista de España (en adelante, PCE), que lo controló con el ministro Vicente Uribe durante toda la Guerra Civil 2, con el fin de garantizarse la adhesión del pequeño campesinado a la causa republicana, sin enemistarse con los campesinos colectivistas; algo que no consiguieron del todo, a tenor de los conflictos irresueltos durante los años del conflicto bélico. El objetivo último era que no se pusieran en duda los derechos de propiedad sobre las tierras que ya poseían los individualistas o las nuevas parcelas que recibiesen en aplicación de la RA y, en cualquier caso, que tuviesen libertad de elección a la hora decidir si continuaban con la explotación de su unidad económica campesina familiar 3 o se integraban con sus terrenos, aperos, herramientas y maquinaria en las nuevas colectividades rurales. Las tierras disponibles en aplicación de la ley de RA hasta 1938 fueron las que contemplaba el Gobierno republicano en tres supuestos: tierras expropiadas por razones de utilidad social, confiscadas por motivos políticos y las ocupadas directamente por los campesinos, según el Ministerio de Agricultura a título provisional.

Tras esta introducción se analiza la reforma agraria en tiempos de paz. A continuación se abordan las principales teorías sobre los bienes comunes y las instituciones de acción colectiva, para poder enmarcar las experiencias concretas de las colectivizaciones agrarias durante la Guerra Civil. En tercer lugar, se estudia el modelo de reforma agraria revolucionaria y colectivizadora para el conjunto de la retaguardia republicana, y se termina con unas conclusiones.

Los planes de aplicación de la Reforma Agraria (1934-1936)

La aplicación de la Reforma Agraria le tocó a los gobiernos de derechas que surgieron tras las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933. En 1934-1935, la situación cambió favorablemente para los intereses económicos de los propietarios, empleadores y empresarios. Se recuperaron los precios agrícolas en 1934, aunque la mayoría de ellos volvieron a descender en 1935 y 1936. Esta volatilidad era problemática para las rentabilidades de las explotaciones, pero no desanimaron la mejora de los métodos de producción y las técnicas de cultivo. Todo lo contrario, hay un importante cambio cualitativo en los mismos que fue bruscamente interrumpido con la Guerra Civil a partir de julio de 1936, aunque no totalmente.

En realidad, las mejoras de la agricultura habían llegado hasta los pueblos más apartados. Se estaba consolidando en los años treinta un movimiento general de modernización agraria que abarcaba aspectos técnicos, sociales y políticos. En este sentido, la labor realizada por diversos ingenieros agrónomos y peritos agrícolas funcionarios del Estado que fueron destinados a las delegaciones provinciales del IRA fue absolutamente fundamental. Dichos agrónomos asesoraron, ayudaron y confeccionaron los planes de explotación y mejoras técnicas de fincas concretas incursas en la RA 4. En ellos se encuentra, a mi entender, la mejor comprobación del desarrollo agronómico alcanzado y un buen índice del nivel de conocimientos y de las posibilidades de la agricultura española. Pero la situación política republicana, la importancia del paro y los imperativos éticos se antepusieron a otras consideraciones, incluidas las agronómicas, tanto desde la Asociación de Ingenieros Agrónomos como de los ingenieros a título individual 5. Lo que no impidió que se considerase la reforma desde el punto de vista social como necesaria y justa, al ser el acceso al cultivo de la tierra casi el único medio de subsistencia para la mayoría de la población rural 6. Eso no impidió que se mantuviesen las discrepancias entre quienes querían someter a los ingenieros agrónomos a las directrices del asociacionismo oficial y quienes preferían reforzar la autonomía del Servicio Agronómico desde el que se desarrollase una ingeniería agro-social, aunque a la postre los asentamientos de campesinos fueron muy escasos 7. Como indica Pan-Montojo, los enfrentamientos con las organizaciones de propietarios, en parte por las funciones fiscales de los ingenieros y en parte por su rechazo al modelo corporativista de política agraria que defendían muchas asociaciones, posiblemente alejaron a bastantes ingenieros de su habitual defensa de la gran explotación privada 8, aunque es casi seguro que muchos agrónomos siguieron defendiendo un modelo de grandes fincas mecanizadas y mercantilizadas, pero pensando al mismo tiempo en cómo incorporar a dicho modelo las otras agriculturas en su proyecto modernizador 9.

En el caso objeto de estudio de Jaén, se prepararon solamente dieciocho planes de explotación para el asentamiento de familias campesinas en aplicación de la RA entre 1933 y 1936. Algunos quedaron manifiestamente incompletos, por lo que no todos son útiles. En su redacción participaron, entre otros agrónomos del IRA de Jaén, los peritos Luis Civantos, José Martínez Huerta y José María de Castro Maroto —quien también actuaría como secretario de la Junta Provincial Agraria—, pero, sobre todo, el ingeniero agrónomo Antonio Rueda Muñiz (1901-1983). Este último fue destinado a la delegación provincial del IRA en marzo de 1934 10. En julio de 1936 ya era el jefe del servicio provincial de Agricultura, en cuyo puesto se mantuvo durante toda la guerra. Sustituyó a Onésimo Casaseca, que no era ingeniero, sino un perito agrícola que recuperó su cargo en 1939, pasando Rueda a la situación de supernumerario 11. Siempre fue partidario de solucionar el terrible desempleo existente con la entrega de las fincas a las sociedades de campesinos legalmente autorizadas para la explotación de arrendamientos colectivos y, ya en la guerra, colaboró activamente con las colectividades rurales.

Los casos seleccionados con la información más completa que permiten hacer comparaciones son tierras de olivar y de cereales con la rotación de año y vez, tanto en secano como en regadío. Esto da una idea, en este último caso, de que se trata de tierras de buena calidad. Es cierto que también se aportan planes de explotación de tierras de peor calidad, como las correspondientes a olivares de monte o a espartizales. Pero en los planes redactados para todas ellas se intentaba conseguir un óptimo de producción por unidad de superficie de los diferentes cultivos, en función de un riguroso cálculo de costes, ingresos y beneficios o rentas que podrían obtenerse en cada uno de ellos. Lógicamente, si se explotaban de acuerdo con un cultivo racional y científico —como se proponía—, con todas las inversiones necesarias en salarios de acuerdo con las bases de trabajo, abonos, maquinaria, lucha contra las plagas y pagando los impuestos, seguros y las cuotas del paro obrero, etc. De haberse aplicado y extendido a otras fincas dichos planes, ese era el futuro de una RA más técnica que social, aunque el objetivo último fuese dar trabajo y asentar al mayor número posible de familias campesinas. Algo en lo que insistía permanentemente el ingeniero Antonio Rueda en todos los planes redactados por él, que fueron la mayoría.

En el cuadro 1 se hace un resumen de la información para los casos que he seleccionado, teniendo en cuenta también que disponían de los datos más completos, correspondientes a los planes de aplicación de la RA (1933-1939). En los ejemplos elegidos se ha seguido el criterio de aportar una muestra de los distintos tipos de aprovechamientos y tamaño de las explotaciones.

Cuadro 1
Planes de explotación propuestos por el IRA en la provincia de Jaén para la aplicación de la RA (1934-1939) (Pesetas corrientes/hectárea después de impuestos)

Núm.

Tierras

Coste

Producto

Excedente explotación

Reforma Agraria

Porcentaje de asentados sobre

Asentados

Jornal ptas./día

ha/asentado

Censo campesinos 1933-1934

Parados 1930-1931

1

Baeza. Cortijo de Ninches: 94 ha. monte bajo espartizal (1933-1934)

48

50

2

53

5 - 8,5

5

3,2

5,3

2

Baeza y El Mármol. Finca El Rincón: 53 ha. olivar (1934)

1.127

1.438

311

27

4,05

8

1,6

2,7

3

Porcuna. Finca Mingolázaro: 17 ha. olivar; 180 ha. cereal año y vez (1934)

2.366

2.766

400

5 - 7.5

4

Porcuna. Finca El Palomar: 11 ha. olivar secano y cereales año y vez (1934)

1.573

1.573

0

5 - 8,5

5

Santisteban del Puerto. Finca Cristalinas: 346 ha. olivar de sierra (1934)

406

497

91

121

4,75 - 8

7

6,9

28,8

6

Santisteban del Puerto. Fincas Las Ardosas y Sierra de Oro: 842 ha. monte bajo con 750 cabezas de ganado cabrío y 200 de lanar (1935)

12

12

4 - 8

7

Finca La Laguna. 1.919 ha. repartidas en olivar riego, secano, huerta, cereal año y vez (1936)

Mancha Real.

6.332

7.693

1.362

100

6

6

14,5

10,0

Begíjar.

900

1.225

324

88

6

6

7,6

44,0

Baeza.

5.160

6.181

1.021

129

6

6

7,8

12,9

8

Linares. Cortijo Arquillo: 169 ha. cereal año y vez (1936)

649

1.096

447

4 - 7,5

9

Noguerones (Alcaudete). Finca El Viento: 158 ha. cereal año y vez, olivar (1936)

722

1.457

735

15

6

11

0,6

1,5

10

Santo Tomé. Finca Los Estados: 528 ha. cereales año y vez y riego eventual o constante

1936

6.736

8.541

1.805

59

6

9

5,6

19,7

1937-1939

383

797

414

120-260

10

2-4,4

11,3-24,6

40 - 86,6

Promedios y Totales 1933-1936

566

739

173

59

5 - 7

7

3,6

6,2

Promedios y Totales 1933-1939

518

680

162

65 - 77

5 - 7

7

6,6 - 8

18,3-23,5

Fuente: Archivo del Instituto de Reforma Agraria, carpetas 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6 y 23/9; Colectivismo, Valencia, núm. 10-11, l de mayo de 1938.

A diferencia de Badajoz, donde los agrónomos propusieron muy pocos cambios en las rotaciones ni tampoco sugerencias de mejoras en casi la mitad de sus informes, los planes de asentamiento jiennenses sí contienen una información técnica de gran calidad y fiabilidad. Respecto a los datos del cuadro 1 para 1933-1936, comparados con los que se conocen para Badajoz 12, la rentabilidad media esperada de 22 asentamientos era de 174 pesetas/hectárea, que en el caso de Jaén para los 10 asentamientos sobre los que se dispone de esa información, era prácticamente la misma, de unas 173 pesetas/hectárea, aunque bajó ligeramente sin incluimos el periodo hasta el final de la guerra en 1939. Eso sí, en Badajoz se esperaba poder asentar una media mayor de familias campesinas por explotación objeto de la RA: unas 81. En cambio, en Jaén entre 1933-1936 el promedio se situaba en 59 familias, mientras que si se incluye 1937-1939 se eleva a entre 65 y 77 familias campesinas. En Jaén, a cada familia campesina asentada le hubieran correspondido 7 hectáreas, tanto en periodo de paz como de guerra, y unos salarios medios de entre 5 y 7 pesetas/jornal, mientras que en Badajoz esos parámetros eran más elevados, unas 11 hectáreas por familia y 11 pesetas/jornal 13. En el caso de Córdoba, se esperaban asentar 1.248 campesinos, a los que les hubiera correspondido unas 7 hectáreas de media. La rentabilidad para la única finca de la que se aportan datos al respecto era muy baja, de 23 pesetas/hectárea, y los salarios medios de los asentados serían de 6 pesetas/jornal 14.

Para 1934 se cuenta con cuatro planes de explotación en aplicación de la RA en la provincia de Jaén. En el primero, y de acuerdo con unos claros planteamientos productivistas, se trata el caso del olivar de la finca El Rincón, cuyas 53 hectáreas se extendían por el municipio de Baeza y la entidad menor de El Mármol, perteneciente al municipio de Rus. Se recomendaba fumigar con cianhídrico para tratar las plagas de Lyothrips oleae y Bacterium savastanoi. Para ello se debería solicitar ayuda al servicio agronómico provincial, ya que en la provincia de Jaén no existían sociedades ni entidades privadas que se dedicasen al tratamiento contra las plagas del campo ni en la delegación del IRA funcionaba de momento ese servicio. Además, el servicio agronómico daba toda clase de facilidades a los agricultores, suministrándoles, al menos hasta entonces, equipos, aparatos y material de fumigación y pulverización. El agricultor solo tenía que proporcionar la mano de obra necesaria, que suponía en este caso contratar seis trabajadores por un jornal de 6,25 pesetas, es decir, 37,50 pesetas diarias. Una cantidad que se consideraba asumible, ya que incluyendo el transporte supondría un total de 1.490 pesetas, cifra además que se podría pagar en cinco años que, calculando al 5 por 100 de interés, representaba una cantidad de 275 pesetas al año. Esta se amortizaría de sobra con los beneficios del quinquenio consecuente, lo que consideraban, por tanto, sumamente rentable. Complementariamente, se recomendaba el abonado de los olivares, que, junto a las adecuadas labores correspondientes, permitirían una recuperación del árbol. Algo imprescindible, dado el mal cultivo que se le había dado en años anteriores. La rentabilidad del olivar de secano en El Mármol era de 124 pesetas/hectárea, en Baeza de 105 y en el caso del olivar de monte en ambos municipios caía hasta las 82 pesetas/hectárea. Estas cifras estaban por debajo de la renta catastral media de 595 pesetas en Baeza y de 372 en El Mármol (Rus) 15. El número de asentados sería de veinte campesinos.

Los planes de explotación de las fincas Mingolázaro y El Palomar, situadas en Porcuna, son muy parecidos. Utilizamos el primero de ellos. En el mismo se critica el sistema tradicional de cultivo llevado por el anterior propietario «a uso y costumbre de buen labrador», que lo explota a dos hojas de cereal y barbecho, sembrando una mínima cantidad de tierra, como, por otra parte, se asegura que era todavía costumbre en la campiña jiennense. Ahora bien, en el plan de explotación del IRA se proponía intensificar dicha explotación para que se invirtiesen en ella una mayor cantidad de mano de obra, al mismo tiempo que aumentase el rendimiento de la tierra. Cosa que se podría conseguir con el solo hecho de sembrar la mitad del barbecho. Es decir, utilizando la alternativa de año y vez con el barbecho —mitad blanco, mitad sembrado— y cereal. En la parte del barbecho sembrado se cultivaría la mitad con una leguminosa de invierno, un tercio con una leguminosa de primavera y un sexto con una planta de verano. De esta forma, y de acuerdo con la cantidad de barbecho que se sembraría, debería estar la superficie ocupada por estas plantas en una alternativa 3:2:1. Las plantas que se proponían eran las habas, como leguminosas de invierno; los garbanzos, para primavera, y los melones, como planta de verano. También se recomendaba que cada tres años el barbecho sembrado ocupase la tierra donde estuvo antes el barbecho blanco, y dentro de esta rotación, que las habas ocupasen el terreno donde estuvieron los melones y garbanzos. El reparto de estos cultivos se justifica en el plan de aplicación por los efectos que cada una de las plantas causaban sobre el barbecho. Las habas tenían una rápida salida al mercado, lo que impedía hacer las labores de barbecho en la época oportuna. Además, se debía tener en cuenta el descenso de su producción por la plaga del Orabanche Granata. Eso justificaba la necesidad de utilizar una semilla de maduración temprana, para que los ataques de este parásito fuesen los mínimos, pues aparecía con los primeros calores que coincidían con la floración en las variedades corrientes. Los garbanzos permitirían ejecutar la labor de alzar y binar en el tiempo adecuado para que el barbecho aprovechase las lluvias, aunque tenía el inconveniente de ser una planta que empobrecía el suelo y, además, sus raíces tenían menos bacterias nitrificadoras. Por último, los melones, dada la época de su cultivo, facilitarían todas las labores de barbecho y, a su vez, impedirían el crecimiento de malas hierbas; el problema estaba en que su esmerado cultivo tenía el inconveniente de extraer grandes cantidades de agua del terreno a causa de su rápido ciclo vegetativo y las exigencias de esta planta. Pero las dificultades expuestas para los cultivos propuestos se solucionaban en gran medida si se aplicaba un abonado racional. Este tenía la virtud de enriquecer el suelo para que el cereal que venía después tuviese una producción normal en relación con el tipo de terreno donde se plantaba, y desde luego se conseguía el fin principal que se proponían los agrónomos del IRA, invertir en el factor trabajo y que fuese remunerado con las ga­nancias obtenidas de los productos de la tierra. En cambio, respecto al cultivo del olivar en esta finca, se aseguraba que poco podía hacerse para mejorar sus posibilidades económicas. Únicamente con un cultivo esmerado y un abonado racional se podía perfeccionar su explo­tación. En secano, la rentabilidad del olivar era de 94 pesetas/hectárea, la del trigo 55, las habas 46, los garbanzos 67 y los melones 138 pesetas/hectárea. Cantidades también inferiores a la renta catastral media de 234 pesetas en Porcuna 16. No se concretan propuestas de asentamientos.

El olivar de sierra de la finca Cristalinas, situado en el municipio de Santisteban del Puerto, es el tercer plan que he seleccionado. Tenía un sistema tradicional de cultivo «a uso y costumbre de buen labrador», puesto que se le daban todas las labores corrientes del cultivo. La única mejora que se propuso fue aumentar la aportación de abono natural y mineral a base de superfosfato, sulfato amónico y cloruro potásico. Esto suponía una inversión de 8.766 pesetas, incluidos jornales y transporte, aunque se consideró que era susceptible de una mejora en su aprovechamiento simplemente utilizando yuntas propias para aprovechar la gran cantidad de abono natural que producirían, algo que se consideraba muy necesario por el tipo de suelo. La explicación reside en que tenía externalizadas la contratación de yuntas para el arado de las tierras, porque era antieconómico tenerlas en propiedad al no tener otras labores la mitad del año aproximadamente. Pero se proponía que debían permanecer en la finca en las épocas de la labor para aprovechar la materia orgánica que producían en el abonado del olivar, complementando ese abonado natural con el mineral. En caso de que así se hiciera la rentabilidad esperada era de 91 pesetas/hectárea, que estaría por debajo de la renta catastral media de 453 pesetas en Santisteban del Puerto 17. También se aportaba información sobre una almazara de aceite dentro de la finca Cristalinas, sobre la que se calculaba que, trabajando a tres turnos y una molienda diaria de 6.000 kilos de aceituna, podría tener un coste de producción de 4,98 pesetas/quintal, y teniendo en cuenta que en la campaña de 1934-1935 se obtuvo un precio de 144 pesetas/quintal de aceite en la provincia de Jaén 18, la rentabilidad alcanzada podía ser de 139 pesetas/quintal. En conjunto se proponían 121 asentados.

Por último, en 1934 se elaboró otro plan de explotación para el caso de un aprovechamiento de monte bajo espartizal situado en el cortijo de Ninches del municipio de Baeza. En el mismo se señalaba que hasta entonces se había practicado un método tradicional de aprovechamiento en el que simplemente se recogía el producto totalmente a mano, sin hacer escardas ni otras labores de saneamiento, entre agosto y diciembre de cada año. Por tanto, se proponía una explotación más cuidadosa, practicando escardas y quemas de regeneración, con lo cual se esperaba aumentar el rendimiento en un 25 por 100. La rentabilidad que se podía conseguir era de 2 pesetas/hectárea. Para toda la finca, y no solo para la explotación de espartizal, se recomendaban 53 asentamientos de campesinos.

Para 1935 se contempla el plan referido a las tierras de sierra y monte bajo de segunda y tercera clase de la finca Las Ardosas y Sierra de Oro, situada en Santisteban del Puerto. Lo interesante del mismo es que se aprecia una clara preocupación ecológica y de protección medioambiental. De hecho, no se proponía ninguna mejora susceptible de ser aplicada. Solamente se criticaba que era excesivamente elevada la cantidad de 10.000 pesetas anuales que se pagaban por el aprovechamiento para pasto de 750 cabezas de ganado cabrío y 200 de lanar. En cuanto al monte bajo, se consideraba que no merecía la pena su explotación, dado el escaso rendimiento que se obtendría del mismo y los perjuicios medioambientales que se hubieran provocado debido al incremento de la erosión. La rentabilidad era de 12 pesetas/hectárea. No se pedían asentamientos.

En 1936 se cuenta con dos interesantes y completos informes. El primero sobre la finca La Laguna, donde se explotaban olivares de regadío y secano, y cereales de secano con la rotación de año y vez, que se extendían por los municipios de Mancha Real, Begíjar y Baeza. Respecto a la explotación olivarera se afirmaba que admitía pocas mejoras. Pero se proponían algunas para obtener un mayor rendimiento económico del árbol, como eran efectuar los trabajos culturales en las épocas más oportunas, una poda racional guiando el árbol a un ensanchamiento de su copa, realizar un mejor aclareo de las ramas para que se aireasen y recibiesen los rayos solares facilitando su desarrollo vegetativo, la renovación de la madera y la limpieza de sus cañas, y el equilibrio de suelo y vuelo. Los principales defectos detectados eran que la recolección de aceituna se efectuaba con retraso, es decir, fuera de la época en que, de acuerdo con las exigencias de cultivo y las normas de buen labrador, se debería realizar. Sin embargo, eso contrastaba con que se efectuase a ordeño, por lo poco frecuente que era en la provincia de Jaén, y que resultaba ser muy cuidadosa y menos agresiva para el olivo. También se veía como positivo que las labores de cultivo se realizasen inmediatamente después de la recogida. La tardanza en la recolección se atribuía a la escasez de ganado de labor en la finca. Por tanto, en el plan de aplicación se proponía un aumento del ganado dedicado a la labor de alzar en la época más correcta, que se consideraba antes de la segunda quincena de abril, para aprovechar el buen tempero de la tierra; inmediatamente a continuación se deberían dar dos vueltas de arado, cava y bina de pies, complementando dichas labores con gradeos durante el verano. Respecto a las tierras de labor —como se recomendaba en los demás planes de aplicación que estamos viendo—, se proponían como mejoras el incremento de las rotaciones sembrando parte de los barbechos, efectuándolos con sumo cuidado, abonando racionalmente las tierras de año y vez, y cultivando al tercio las estacas para procurar un rápido crecimiento de estas. Esto último permitiría acelerar su crecimiento para que entrasen en producción lo antes posible en beneficio del futuro asentado. Las rentabilidades que se esperaban conseguir en los principales cultivos eran: en el olivar de riego entre un mínimo de 196 y un máximo de 224 pesetas/hectárea; en el de secano, entre 75 y 111; en el trigo, entre 187 y 225, aunque los excedentes de explotación eran mucho mayores si se trataba de huertas, donde se alcanzaban las 540 pesetas/hectárea. Todos ellos por debajo de la renta catastral media que era de 299 pesetas en Mancha Real, de 214 en Begíjar y de 595 en Baeza 19. Se propusieron un total de 317 asentamientos.

El segundo informe correspondiente a 1936 se refiere a la finca de cereal Los Estados, situada en el municipio de Santo Tomé, donde se afirmaba que las transformaciones a aplicar deberían ser muy importantes para obtener un óptimo de explotación. En este sentido, se recomendaba abandonar su especialización eminentemente cerealista y transformarla en una explotación agropecuaria. En ella se explotarían directamente sus productos o bien se transformarían dentro de una industria agroalimentaria. Para lo cual se proponía como cultivo principal las plantas industriales y forrajes. Además, habrían de efectuarse obras para edificar albergues para el ganado y locales para las industrias, y reclamar derechos de uso de agua —como recurso de uso común— suficiente para un riego constante. En caso de que no se pudiese conseguir esa explotación modelo, la única alternativa era continuar el aprovechamiento como hasta ese momento, buscando los beneficios en el mejor sistema de cultivo y esmero en las labores. Por tanto, al ser la tierra rica en nutrientes, se proponía someterla a un cultivo intensivo dentro del sistema cereal. Al disponer de una parte de riego constante y eventual, la alternativa que se utilizaba en aquella comarca era el cultivo constante de las tierras, en detrimento, lógicamente, de los barbechos. Estos se efectuarían solo cuando las plantas de cultivo lo requiriesen, por lo que se sugería introducir gran cantidad de algunas especies de primavera, sembrando siempre los barbechos con leguminosas para intentar no empobrecer el suelo. Todo ello acompañado de cuidadas escardas para eliminar las malas hierbas. Respecto a la tierra de peor calidad, se mantendría el sistema cereal de año y vez, procurando cumplir estrictamente las prácticas locales, ya que la calidad del suelo no permitía una mayor producción. En este aspecto, se indicaban unas rotaciones de cultivos que facilitasen un mejor aprovechamiento de las aguas, reduciendo sus tablares por medio de una mayor aproximación de regueras longitudinales para que, tanto en la época en que se disponía de agua como en los años de sequía, se pudiese garantizar una cierta humedad de la tierra para el crecimiento vegetativo de la planta, al facilitar su nutrición. Como innovación, para el aprovechamiento de las rastrojeras, de los barbechos y la transformación, en parte, de las semillas, así como la producción de estiércoles, se proponía la introducción en régimen de cría de 200 cabezas de ovejas de vientre y 7 de cerdas de cría. También se recomendaba el sistema mixto de estabulación y pastoreo, como medio de aprovechamiento más económico del ganado, y la venta de corderos en septiembre. Por la venta del ganado se esperaba obtener 15.200 pesetas. Las rentabilidades del trigo iban desde un mínimo de 244 pesetas/hectárea en secano hasta un máximo de 365 en regadío, aunque en este último caso el producto que más beneficios dejaba era el maíz con 402 pesetas/hectárea. También todos ellos por debajo de la renta catastral media, que era de 558 pesetas en Santo Tomé 20. Se proponía el asentamiento de 59 campesinos.

Teorías sobre bienes comunes e instituciones de acción colectiva como marco teórico de la Reforma Agraria redistributiva de la Segunda República y la colectivizadora en la Guerra Civil

¿En la aspiración a la colectivización agraria pudieron influir las costumbres del uso colectivo de las tierras comunales en España? Sobre ellas había una tradición de estudios que iban desde Rafael Altamira hasta Joaquín Costa, que ahora parece revitalizarse con el análisis de la problemática del comunal en España 21. Sabemos de la existencia de su tradición y antecedentes desde la crisis del Antiguo Régimen y la revolución liberal y de los planteamientos anarquistas ante la RA y la defensa del comunalismo 22. Por otra parte, otros autores consideran que es necesario plantear un nuevo debate, porque las aspiraciones a un nuevo reparto de las tierras para su explotación en régimen individual o colectivo no respondían al recuerdo de cómo se hizo la reforma agraria liberal del siglo xix 23. Ahora bien, la experiencia de la RA, tanto en tiempos de paz como durante la Guerra Civil española, se puede considerar un antecedente histórico que refuerza los planteamientos sobre el gobierno de los bienes comunes y las instituciones de acción colectiva 24, lo cual resulta especialmente interesante para tratar de entender el comportamiento de las personas que participaron en las colectivizaciones agrarias, aunque de acuerdo con Robledo la cuestión está abierta 25.

En las colectivizaciones, implícitamente, sus participantes consideraron la tierra, el bosque, el ganado, el agua y las semillas como Recursos de Uso Común (en adelante, RUC), en el sentido que entiende Ostrom 26; es decir, como «un sistema de recursos naturales o creados por el hombre, lo suficientemente grande como para volver costoso (aunque no imposible) excluir a beneficiarios potenciales». Ante esa constatación, es necesario resolver el principal problema que se plantea a un grupo que se encuentra en una situación de interdependencia, como los colectivistas, para organizarse y gobernarse a sí mismos, obtener beneficios conjuntos ininterrumpidos y evitar o impedir la tentación del oportunismo 27. De hecho, si se genera una interdependencia entre los actores participantes, se verán más motivados a actuar colectivamente, pues de lo contrario los beneficios serían menores que si lo hicieran de manera individual. Aunque no sería inevitable que en una comunidad rural durante la Guerra Civil se crease una colectividad agraria, como, en efecto, no ocurrió en más casos que lo contrario. Así pues, se podría encontrar la explicación para aquellas situaciones donde los usufructuarios (colectivistas) crearon, aplicaron y supervisaron sus propias reglas para controlar los RUC, que en las colectivizaciones rurales durante la Guerra Civil fueron fundamentalmente tierra, ganado, agua y semillas. Sin las circunstancias bélicas que las terminaron desmantelando al finalizar estas en 1939, hubieran podido sobrevivir de haber cumplido los principios que caracterizan a dichas instituciones 28. Porque, en definitiva, del análisis de la autoorganización y autogestión de los RUC se deduce que puede existir una forma colectiva de uso y explotación sostenibles. Las formas de explotación comunal pueden proporcionar mecanismos de autogobierno que garantizan la equidad en el acceso y un control democrático que pueden proporcionar protección al mismo tiempo que potenciar el uso del recurso compartido e impedir la sobreexplotación de los recursos naturales 29. Pero también es necesario destacar que la ausencia de propiedad individual no implica libre acceso ni falta de regulación, ya que los bienes comunes pueden ser administrados de forma efectiva cuando no son considerados «tierra de nadie» y se cuenta con un grupo de interesados que interactúan para mantener la rentabilidad sostenible a largo plazo de esos bienes. En realidad, las ideas de Ostrom y su escuela superan los análisis convencionales que transitan entre lo propio y lo ajeno, lo estatal y lo privado, lo de todos y lo de nadie. Por lo mismo, demuestran que la comprensión de los bienes comunes está en estrecha relación con los conceptos que se manejan de Estado y de las relaciones de poder y posesión en las que se participe 30.

Las colectivizaciones agrarias de la Guerra Civil, entendidas como acciones colectivas proactivas, sin duda tuvieron un coste para los que participaron en ellas de acuerdo con las teorías de la lógica de la acción colectiva 31, pero también un beneficio 32. En este sentido, es necesario tener en cuenta que, durante el primer tercio del siglo xx, los líderes católicos, alarmados por la tendencia a la colectivización que veían en la socialdemocracia, desarrollaron movimientos sociales y políticos competidores, adoptando como modelo las cooperativas y las sociedades de socorro mutuo que en el siglo xix, precisamente, habían inventado los socialdemócratas. Y en la misma línea, formaron partidos confesionales 33. El resultado fue la gestación de un amplio sector de economía social que perdura hasta hoy, y que ha gozado de una gran importancia en los casos andaluz y levantino 34, lo que las enlaza con la dinámica de la contienda política 35.

Pero los anteriores fundamentos teóricos aplicados a la formación de las colectivizaciones rurales durante la Guerra Civil pueden complementarse con una explicación basada en la lógica de la ­acción colectiva. Desde el punto de vista de la teoría clásica de la acción colectiva de Olson, las colectivizaciones rurales significaron una confrontación entre familias campesinas parcelistas y colectivistas. Dependiendo del número de trabajadores sin tierras o jornaleros tanto como de la cantidad de campesinos con tierras en usufructo (arrendatarios, aparceros o medianos y pequeños propietarios pobres o muy pobres), explicaría las variaciones en la dimensión alcanzada por las colectivizaciones agrarias en la retaguardia republicana durante su esplendor en 1936-1937. Si las familias campesinas colectivistas que deseaban formar una colectividad rural tenían éxito, conseguían beneficios públicos y privados, así como fuertes lazos con los que se autoidentificaban como individuos y como grupo 36. Por su parte, los campesinos parcelistas deseaban evitar que se colectivizasen todas las tierras cultivables o útiles, al preferir seguir trabajando su explotación familiar con sus propios recursos sin ­compartirlos.

Pero tanto las familias campesinas colectivistas como las individualistas se comprometieron en la acción colectiva. Las primeras dentro de los sindicatos de UGT-CNT, ocupando las tierras y trabajándolas en grandes, medianas o pequeñas colectividades rurales. Las segundas respondieron resistiéndose a integrarse en las nuevas colectividades o creando asociaciones propias: cooperativas de base múltiple, sus propias pequeñas colectividades al margen de los sindicatos. El beneficio para una familia campesina colectivista o para otra parcelista individualista de alcanzar su resultado preferido tuvo características tanto públicas como privadas 37. El beneficio público no se vio afectado por el número de miembros en el grupo, pero el beneficio privado se distribuyó uniformemente entre todos los miembros del grupo. Es decir, cuando las familias partidarias de la colectivización formaron una gran colectividad, lograron garantizarse el trabajo, la seguridad y la captación de rentas del mercado de trabajo en forma de un mayor salario. El beneficio proporcionado por la colectivización tuvo características tanto públicas como privadas. La seguridad en el trabajo fue un beneficio público porque todos los miembros de la colectividad rural lo tienen asegurado al margen de su número. Un salario más elevado fue un beneficio privado porque las rentas laborales eran limitadas y debieron dividirse entre los socios de la colectividad. Del mismo modo, cuando las familias campesinas parcelistas se impusieron y frenaron la colectivización recibieron un beneficio que fue público (la comercialización a través del mercado o del estraperlo) y privado, por las mayores ganancias. Pero los beneficios de participar en la acción colectiva tuvieron un coste no necesariamente monetario, como fue el coste del conflicto con el otro grupo, que formó parte del coste del esfuerzo, que se mide por el esfuerzo que eligen las familias parcelistas y las colectivistas para maximizar su beneficio neto, que es el beneficio conseguido, menos el coste monetario de incorporarse a la acción colectiva, menos el coste del esfuerzo de intervenir en la acción colectiva.

En resumen, el movimiento colectivista agrario en la Guerra Civil se puede interpretar como una gran movilización nacional en la que los campesinos sin tierras se integraron en las colectivizaciones rurales y muchos pequeños campesinos, pero no todos, lucharon contra su formación por los sindicatos, para seguir trabajando sus parcelas de tierra con ayuda de sus familias. La teoría de la acción colectiva considera que el movimiento colectivizador estuvo integrado por trabajadores individuales sin tierras y con tierras, que decidieron qué cantidad de su propio esfuerzo entregaban al comprometerse en la mejora de las perspectivas de futuro de sus familias y de otros trabajadores de su misma comunidad campesina. Los campesinos parcelarios individualistas también decidieron movilizarse para resistirse al proceso colectivizador y, en caso de contar con trabajadores asalariados, evitar que se sindicalizasen y entrasen en masa en las colectivizaciones. Pero en su toma de decisiones, colectivistas e individualistas sopesaron los costes y beneficios de su esfuerzo. Existió una relación entre la probabilidad de la acción colectiva y el tamaño del grupo, cuando hubo un coste fijo para la acción colectiva y el beneficio resultó tanto público como privado.

La Reforma Agraria revolucionaria y colectivista (1936-1939)

Hasta bien entrada la Guerra Civil se dispone de información, aunque mucho más fragmentaria que en los planes de aplicación de la RA vistos anteriormente para 1936-1938, precisamente respecto de la finca de Los Estados de Santo Tomé 38, que fue una colectividad mixta UGT-CNT. Antes de la guerra, exactamente en mayo de 1936, el IRA se la entregó a la organización de la FTT-UGT «La Emancipación». En el acto oficial se decidió el sistema de explotación a seguir. Se organizó una reunión con la mayoría del censo de campesinos del pueblo (en ese momento 1.053 campesinos, de los que resultaron elegidos 260), a la que asistieron Antonio Rueda Muñiz, ingeniero jefe del IRA en Jaén, y José María de Castro Maroto, como secretario de la Junta Provincial Agraria. Rueda explicó las dos posibilidades de llevar la explotación: una mediante el sistema parcelario y otra el colectivo, pero aconsejó que, dado el espíritu que animaba a las organizaciones campesinas, el sistema colectivo era el que se debía adoptar. Por unanimidad se acordó labrar la finca colectivamente. Inmediatamente recibieron del IRA una trilladora y una segadora mecánicas, cuatro arados brabants grandes y doce pequeños, que se valoraron en 25.000 pesetas. También se compraron siete pares de mulas por valor de 13.020 pesetas. Y recibieron en metálico, para anticipos de los salarios de los campesinos, otras 25.000 pesetas. En la cosecha de 1936 se recogieron 1.339 quintales de trigo, 326 de cebada, 100 de habas, 64 de escaña y 13 de centeno. Unos meses después del estallido de la guerra, en septiembre se encontraron con gran cantidad de fincas expropiadas, las cuales decidieron labrar en grupo único anexionándolas a la de la comunidad, en la que se integraron los afiliados a UGT y CNT, y eligieron un consejo administrativo con vocales de ambos sindicatos. El objetivo era claramente productivista: conseguir realizar un máximo esfuerzo para obtener el mayor rendimiento de la labranza de la tierra. En ese momento se integraban en la colectividad agraria unas 800 familias, posiblemente porque se incorporaron muchos pequeños campesinos aparceros, arrendatarios y propietarios. Se pidió al IRA en Jaén 10.000 pesetas para la compra de granos y en noviembre pudieron comprar en pueblos vecinos garbanzos, trigo y habas para siembra. En la «sementera» se sembró cuanto fue «racional» y posible para abastecer de alimentos a la colectividad y al pueblo de Santo Tomé. Solo tuvieron que importar entre 4.000 y 5.000 kilos de trigo extranjero para finalizar el año agrícola. Gracias a ello durante todo 1936 pudieron mantener a un precio de 45 céntimos el kilo de pan (el alimento básico y fundamental), hasta que el Gobierno elevó el precio del trigo. También se entregaron algunos de sus excedentes a pueblos vecinos de la zona, como a Villacarrillo 2.592 kilos de trigo, 1.296 a Iznatoraf y 605 a Mogón. Esto permitió a dichas localidades cercanas vender su pan al mismo precio que se consumía en Santo Tomé, lo cual demuestra que se habían cambiado los criterios de mercado por los de solidaridad y el bien común. En esta misma línea, la colectividad había enviado tres camiones de subsistencias a Madrid, seis al frente de Córdoba y tres a Jaén, volviendo los camiones con cargamento diverso destinado a los refugiados alojados en la Sierra de Segura. Y todo este esfuerzo se había realizado sin poder contar con unos 700 hombres jóvenes que se encontraban en el frente.

En la colectividad se cumplieron gran parte de las características que propone Ostrom para controlar el uso de los recursos de uso común que se han visto antes. El trabajo se había organizado nombrando muleros a los más expertos. De hecho, era un trabajo especializado muy bien pagado. También se habían creado brigadas de veinticinco a treinta personas bajo la coordinación de un delegado responsable y con las mismas atribuciones que los muleros encargados. Después, en las asambleas semanales, la Comisión hacía públicas las denuncias formuladas por dichos delegados. Normalmente, se trataba de los típicos casos de free-rider, de incumplimientos de las labores asignadas, falta de interés o bajo rendimiento, retrasos injustificados al incorporarse al trabajo, etc. La asamblea, por mayoría, decidía si imponía una multa al responsable. La multa nunca era superior a 10 pesetas —el valor del jornal diario, que era también el sueldo de los soldados en el frente— y se destinaba a fines benéficos, como, por ejemplo, el sostenimiento del hospital o para ayudar a los evacuados. Una especie de embrión de Estado de ­bienestar. Asimismo, se llevaba una contabilidad donde se anotaba para cada familia colectivista las peonadas que había trabajado y las cantidades percibidas en concepto de anticipos. Los gastos y compras efectuadas por el consejo administrativo estaban respaldados por la factura correspondiente firmada por el perceptor y archivada, que se anotaba en un libro diario y posteriormente en el libro mayor llevado al efecto. También se utilizaba un libro de contabilidad de los anticipos recibidos del IRA y otro de la estadística de la producción global de cada clase de cultivos.

Los proyectos de mejoras que se planteaban eran la preparación de 2.000 vigas de madera para la edificación de viviendas obreras, la construcción de un grupo escolar para la educación de los hijos de los colectivistas, la compra de un tractor, la adquisición de un motor más potente para la extracción de aguas del Guadalquivir para poner en regadío más de 300 hectáreas y la creación de una granja avícola con dos incubadoras y una vaqueriza con diez vacas de leche. La única mejora de las rentabilidades de la colectivización agraria de la finca Los Estados respecto al plan de 1936 elaborado por el ingeniero agrónomo para la etapa de paz anterior se consiguió en la producción de trigo. En el periodo de guerra de 1936-1938 se alcanzó un excedente de explotación de 463 pesetas/hectárea, con el que se superaron los anteriores tanto para secano como regadío, aunque seguía siendo inferior a la renta catastral media de 558 pesetas en Santo Tomé 39. Pero, a cambio, se desplomaron los rendimientos de la cebada, habas, escaña y centeno, que, en estos tres últimos casos, incluso fueron negativos.

En la RA colectivizadora tanto los salarios como las hectáreas por familia se incrementaron en el conjunto de la España republicana, ya que las colectividades dispusieron de un promedio de 19 hectáreas por familia y unos salarios de 10 pesetas/jornal, aunque en la colectividad de Santo Tomé (cuadro 1), los excedentes se redujeron a 83 pesetas/hectárea, y a las 260 familias que participaron inicialmente les correspondían de media 2 hectáreas en 1936-1938, pero esa cantidad se había elevado a 4,4 hectáreas cuando en 1939 terminaron siendo 120 familias colectivistas 40. Pero lo sorprendente es que en el acta de devolución se hizo constar que el propietario, José María Pellón Villavicencio, «cede en arrendamiento la finca de su propiedad, por el plazo y condiciones legales vigentes a los anteriormente ocupantes de la finca. Este arrendamiento se constituye en régimen colectivo», una vez recibida su devolución del INC (Instituto Nacional de Colonización, que sustituyó al extinto IRA). Posteriormente, a finales de 1945 quedaban 108 familias campesinas como colonos de la finca Estados de Santo Tomé 41. La finca mantuvo la explotación en arrendamiento colectivo al menos hasta 1950, en que incluso hay una foto con los colonos posando 42.

En este último aspecto, según la información disponible, en la provincia de Jaén se tramitaron 28.576 solicitudes para la devolución a sus propietarios de los bienes agrícolas recuperados (fundamentalmente tierras) tras la Guerra Civil, de las cuales 28.314 fueron favorables (el 99 por 100) y resultaron beneficiarios unos 9.968 agricultores. En el conjunto de las provincias que estuvieron en la zona republicana durante toda o parte de la guerra se presentaron 90.371 solicitudes favorables, el 96 por 100 del total y, aproximadamente, salieron beneficiarios unos 270.000 agricultores 43. Es muy posible que a gran parte de ellos les hubiesen colectivizado sus tierras durante la Guerra Civil, pero obviamente no a todos, ya que otras muchas fincas expropiadas se trabajaron en régimen parcelario individual, incorporándolas a las que ya tenían los pequeños campesinos que se hicieron cargo de ellas.

Por tanto, es evidente que, tras los limitados resultados conseguidos por la RA democrática y redistributiva hasta 1936, con el estallido de la Guerra Civil la colectivización revolucionaria de las tierras se configuró como la aplicación de la RA en la práctica y, por tanto, como indican Carmona y Simpson: «Debe reconocerse, sin embargo, que la reforma agraria española sí conoció un éxito inesperado a partir del inicio de la Guerra Civil, con masivas redistribuciones de tierra» 44. Las colectivizaciones agrarias en Jaén, que son de las mejor conocidas, representaron la realización de la alternativa sindical para solucionar los problemas de desempleo y bajos salarios que había planteados. Supusieron la culminación del ciclo «tradicional» o «clásico» de los movimientos sindicales y el final del tipo de conflictividad igualmente «tradicional» que se había venido dando no solo en Andalucía, sino en España y en Europa 45. Esa alternativa se materializa durante la Guerra Civil en la imposición de un modelo de austeridad y contrario a la ostentación y al disfrute de las riquezas, en un orden moral presidido por el igualitarismo y la solidaridad de clase, por el derecho a una subsistencia digna basada en el trabajo de la tierra que pasaba a manos de quienes la trabajaban realmente y que, por tanto, estarían interesados en conservarla y cuidarla con el mayor esmero para sostener su equilibrio ecológico. Es decir, que no se agotase por su sobreexplotación y que les permitiese vivir dignamente en sus lugares de origen, sin necesidad de recurrir a la emigración económica temporal o definitiva, como finalmente ocurrió a partir de los años cincuenta y sesenta del siglo xx.

Posiblemente, la dimensión real de la Reforma Agraria revolucionaria que continuó aplicándose en la zona republicana durante la Guerra Civil nunca se conocerá con exactitud, pero los datos acreditados permiten tener una aproximación bastante completa tanto de la dimensión redistributiva como de la colectivizadora. Se sabe que se pudieron incorporar a las nuevas colectividades rurales entre un mínimo de 800.000 y un máximo de millón y medio de personas. Esas cifras hubieran absorbido el desempleo, mayoritariamente agrario, que en 1936 alcanzaba unos 674.161 parados. También hubieran supuesto entre un mínimo del 9 y un máximo del 17 por 100 de la población activa 46. No obstante, siguió siendo mucho más importante el régimen de explotación parcelario individual. El 79 por 100 de la superficie cultivada en 1937, unos once millones de hectáreas que estaban en territorio republicano, no se habían colectivizado en 1938; es decir, que la mayoría de las tierras continuaron siendo cultivadas por campesinos en régimen familiar. Teniendo en cuenta solo las provincias controladas por el gobierno republicano en 1938, el total de familias campesinas que habían recibido tierras hasta ese año, según fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura, representaban un 78 por 100 de los que hubieran sido asentados en 1934, una cifra muy superior al 28 por 100 que lo fueron realmente entre febrero y julio de 1936 respecto a los potencialmente asentables de 1934. Pero por los datos, evidentemente incompletos, con que contaba el Ministerio en 1938, sabemos que de los campesinos que hasta ese año recibieron las nuevas fincas expropiadas, el 28 por 100 ya contaban con tierras por ser aparceros, arrendatarios o propietarios, mientras que el 47 por 100 eran familias de campesinos sin tierras o jornaleros, pero que no estaban integrados en las colectivizaciones rurales. Evidentemente, había un 25 por 100 restante de familias campesinas que, aunque habían recibido tierras, Agricultura desconocía si ya tenían alguna parcela o no. Lo que sí es seguro es que, una vez terminada la guerra, se devolvieron tierras a unos 270.000 agricultores, que las habían tenido ocupadas o incautadas en su totalidad o solo en parte en la zona republicana, entre los que obviamente se encontrarían pequeños, medianos y grandes propietarios agrícolas. Fue la otra cara de la Reforma Agraria revolucionaria 47.

Conclusiones

La experiencia de la Reforma Agraria, tanto en tiempos de paz como durante la Guerra Civil española, se puede considerar un antecedente histórico que refuerza los planteamientos sobre el gobierno de los bienes comunes y las instituciones de acción colectiva. Esto resulta especialmente interesante para tratar de entender el comportamiento de las personas que participaron en las colectivizaciones agrarias, fuesen cuales fuesen sus razones, para cuya interpretación creo que es muy útil la teoría de la acción colectiva, aunque con las matizaciones correspondientes en relación con el interés público y privado que las terminaban motivando.

En los planes de aplicación de la Reforma Agraria de la provincia de Jaén se aprecia como principal objetivo el realizar todas las labores racionalmente posibles, para dar el máximo de trabajo a las familias campesinas beneficiarias de los asentamientos programados, así como una remuneración del trabajo aceptable, al menos para cubrir los gastos de una familia campesina. Pero, a pesar de tratar de conseguir el máximo rendimiento de las tierras cultivadas, las rentabilidades previstas eran moderadas. En el ejemplo estudiado sobre la colectividad Los Estados de Santo Tomé (Jaén), dichas rentabilidades solo se superaron para el trigo, pero cayeron en otros cultivos, aunque en estos últimos casos hay que tener en cuenta el entorno bélico en el que se estaban desenvolviendo.

La colectivización de las tierras se configuró como la aplicación de la Reforma Agraria en la práctica durante casi tres años más. Sin duda, de no haber estallado una guerra se hubiera seguido aplicando la RA democrática y redistributiva que estaba en marcha, aunque con mayor lentitud y una dimensión menor que la que se dio con la RA revolucionaria y colectivizadora en la zona republicana.


* Una primera versión fue presentada en la sesión plenaria del VI Seminario Anual de Historia Agraria, La Casa Encendida, Madrid, 14 de diciembre de 2018. Quiero agradecer los comentarios recibidos que han permitido mejorar el trabajo, aunque sus resultados son de la exclusiva responsabilidad del autor.

** http://orcid.org/0000-0002-3238-1755. Agradezco las indicaciones de las evaluaciones anónimas realizadas por la revista Ayer, que han permitido mejorar el trabajo, del que soy el único responsable.

1 Juan Carmona y James Simpson: «Organización y funcionamiento de los asentamientos de la Reforma Agraria: la comunidad de campesinos de La Pulgosa en Badajoz, 1933-1941», Revista de Estudios Extremeños, 71 (2015), pp. 105-128; James Simpson y Juan Carmona: «Too many workers or not enough land? The experience of land reform in Spain during the 1930s», Historia Agraria, 72 (2017), pp. 37-68, y Antonio López Ontiveros y Rafael Mata: Propiedad de la tierra y reforma agraria en Córdoba (1932-1936), Córdoba, Universidad de Córdoba, 1993.

2 Un análisis actualizado sobre la actitud del PCE ante la cuestión agraria durante la Guerra Civil en María Candelaria Fuentes Navarro: El Partido Comunista de España y la democratización del mundo rural andaluz, tesis doctoral, Universidad de Granada, 2012, pp. 92-101.

3 En el sentido dado por Aleksandr Vasílievich Chayanov: La organización de la unidad económica campesina, Buenos Aires, Nueva Visión, 1974.

4 Sergio Riesco: La reforma agraria y los orígenes de la Guerra Civil. Cuestión yuntera y radicalización patronal en la provincia de Cáceres (1931-1940), Madrid, Biblioteca Nueva, 2006; José Luis Martín (dir.): Documentos sobre la Reforma Agraria en los archivos del IRYDA, Madrid, UNED, 1996; Ricardo Robledo: «Introducción y estudio. Colonización y reforma agraria en la España contemporánea. El archivo del Instituto de Reforma Agraria, 1907-1940», en José Luis Martín (dir.): Documentos sobre la Reforma Agraria en los archivos del IRYDA, Madrid, UNED, 1996, pp. 7-41; Antonio López Ontiveros y Rafael Mata: Propiedad de la tierra..., y James Simpson y Juan Carmona: «Too many workers...».

5 Cuestiones que venían de tiempo atrás. Véase Rebeca Ramírez: «La Asociación de Ingenieros Agrónomos en los últimos años del siglo xix y primeras décadas del siglo xx», XI Congreso de Historia Agraria, SEHA, p. 19, disponible en http://seha.info/2_2005_sesiones.asp (consulta: marzo de 2019).

6 Antonio Florencio: Ingenieros agrónomos, cambio institucional e innovación tecnológica de la agricultura andaluza contemporánea, Sevilla, Junta de Andalucía, 2004, p. 147.

7 Juan Pan-Montojo: «El Ministerio de Agricultura entre 1900 y 1931», en Ricardo Robledo (coord.): Historia del Ministerio de Agricultura, 1900-2008. Política agraria y pesquera de España, Madrid, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, pp. 23-81, esp. p. 72. Véase también en íd.: Apostolado, profesión y tecnología: una historia de los ingenieros agrónomos en España, Madrid, B&H, 2005.

8 Jordi Planas: «El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y la organización de los intereses agrarios (1880-1936)», Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 217 (2008), pp. 27-38.

9 Juan Pan-Montojo: «De la agronomía a la ingeniería agronómica: la reforma de la agricultura y la sociedad rural españolas, 1855-1931», Areas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 26 (2007), pp. 75-93, esp. p. 90.

10 Había terminado la carrera en 1930. Véase ABC (Madrid), 17 de enero de 1931, y Agricultura. Revista agropecuaria, 63 (1934), p. 192.

11 Escalafón del cuerpo de Ingenieros Agrónomos cerrado en abril de 1943. Véase BOE, 1 de julio de 1943, suplemento. Con toda seguridad sería investigado al finalizar la guerra, pero no parece que tuviera mayores problemas, aunque sí se ralentizó su carrera. Hasta 1959 no llegó de nuevo a ingeniero jefe en la jefatura agronómica de Pontevedra, donde se jubilaría. Véase BOE, 14 de febrero de 1959; ABC (Sevilla), 29 de agosto de 1969, y ABC (Madrid), 2 de octubre de 1975.

12 James Simpson y Juan Carmona: «Too many workers...», p. 53.

13 Ibid., pp. 53 y 57.

14 Antonio López Ontiveros y Rafael Mata: Propiedad de la tierra..., pp. 103, 154 y 196.

15 Pascual Carrión: Los latifundios en España. Su importancia. Origen. Consecuencias y solución, Barcelona, Ariel, 1975, pp. 203 y 206.

16 Ibid., p. 205.

17 Ibid., p. 206.

18 Estadística de la producción olivarera. Año 1934-1935, p. 289. Pero según este supuesto, al año siguiente la rentabilidad caería en un 18 por 100 debido al descenso del precio del aceite jiennense. Véase Estadística de la producción olivarera. Año 1935-1936, p. 363.

19 Pascual Carrión: Los latifundios..., pp. 203 y 205.

20 Ibid., p. 204.

21 Rafael Altamira: Historia de la propiedad comunal, Madrid, J. López Camacho Impresor, 1890; Joaquín Costa: Colectivismo agrario en España. Obras completas, vol. 5, Madrid, Biblioteca Costa, 1915; Francisco J. Beltrán, Iñaki Iriarte y José Miguel Lana: «Communal hopes and land reform in rural Spain, 1931-1936», en Old and New Worlds: the Global Challenges. International Conference, V Encontro Rural RePort - XV Congreso de Historia Agraria de la SHEA, Lisbon, 27-30 January 2016, pp. 2-14, y Francisco J. Beltrán: «En torno al comunal en España: una agenda de investigación llena de retos y promesas», DT-SEHA, 1804 (2018), pp. 1-21. Respecto a la justificación ideológica de las colectivizaciones durante la Guerra Civil y los antecedentes ideológicos del pensamiento colectivizador anarcosindicalista, véase Anastasio Ovejero: Autogestión para tiempos de crisis. Utilidad de las colectividades libertarias, Madrid, Biblioteca Nueva, 2017.

22 Véase en José A. Serrano: «La defensa del comunal y de los usos colectivos, León (1800-1936): ¿una “economía moral”?», Historia Agraria, 37 (2005), pp. 431-463; José Miguel Lana: «“Mejorar la suerte del proletariado”. Cuestión social y repartos comunales (Navarra, 1868)», Ayer, 112 (2018), pp. 99-127; Antonio Ortega: «La desarticulación de la propiedad comunal en España, siglos xviii-xx: una aproximación multicausal y socioambiental a la historia de los montes públicos», Ayer, 42 (2001), pp. 191-211; íd.: La tragedia de los cerramientos. Desarticulación de la comunalidad en la provincia de Granada, Valencia, UNED, 2002; Vicent Sanz: Propiedad y desposesión campesina. La Bailía de Morella en la crisis del régimen señorial, Valencia, UNED, 2000, y Luis Carlos Navarro: Una riqueza inmensa casi abandonada. Los comunales y la revolución liberal en la alta Andalucía, Granada, Universidades de Granada y Almería, 2002. Sobre el interés que suscitaba el cultivo colectivo de la tierra, véanse Juan Carmona y James Simpson: «Los contratos de cesión de tierra en Extremadura en el primer tercio del siglo xx», Historia Agraria, 63 (2014), pp. 203-206; íd.: «Organización y funcionamiento...», pp. 117-125; íd.: «Capacidad del Estado, democracia y política en la Segunda República (1931-1936). El fracaso de la reforma agraria en España», Universidad Carlos III, WP 17-02 (2017), pp. 9-10, 20-22; Sergio Riesco: «Los bienes comunales entre dos reformas (1808-1936)», en Germán Carrillo y Justo Cuño (coords.): Historia agraria y políticas agrarias en España y América Latina desde el siglo xix hasta nuestros días, Madrid, Ministerio de Agricultura, 2017, pp. 295-318, y Juan Pan-Montojo: «La revolución liberal y las transformaciones de la agricultura española», Areas. Revista Internacional de Ciencias Sociales, 37 (2018), pp. 29-43, esp. pp. 32-34.

23 Rosa Congost y Ricard García Orallo: «¿Qué liberaron las medidas liberales? La circulación de la tierra en la España del siglo xix», Historia Agraria, 74 (2018), pp. 67-102, esp. p. 88.

24 Elinor Ostrom: El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva, México, FCE, 2000 (2.ª ed. en español, 2011), y Francisco J. Beltrán: «En torno al comunal...», pp. 3-21.

25 A lo que este artículo espera contribuir. Véase en Ricardo Robledo y Teresa Gallo: «El ojo del administrador: política económica de una aristocracia en la Segunda República», Ayer, 73 (2009), pp. 161-194; Ricardo Robledo: «Nuevas y viejas cuestiones en la historia agraria española», Ayer, 47 (2002), pp. 261-275; íd.: «Mercado de trabajo y violencia institucional en el campo sevillano: las Bombas de mayo (1931-1932)», Historia Social, 92 (2017), pp. 23-45, y Ricardo Robledo y Ángel Luis González: «Tierra, trabajo y reforma agraria en la Segunda República española (1931-1936): algunas consideraciones críticas», Historia Agraria, 72 (2017), pp. 7-36.

26 Elinor Ostrom: El gobierno de los bienes..., p. 77.

27 Se trata del problema analizado en el dilema del free-rider. Véase ibid., pp. 77-80. Sin embargo, como demuestra Jean Tirole: La economía del bien común, Barcelona, Taurus, 2017, pp. 125-127, en relación con el otro dilema del prisionero complementario del anterior, no todo individuo elige una estrategia oportunista.

28 Las características en Elinor Ostrom: El gobierno de los bienes..., pp. 291-335, a partir del estudio de tres casos, entre los que se incluían las huertas de regadío en España, las posesiones comunales en Suiza y los regadíos en Filipinas.

29 Ibid., p. 44.

30 Juan Pan-Montojo: «Introducción. Poderes privados y recursos públicos. Redes sociales, grupos de interés y políticas económicas, 1844-1975», Ayer, 66 (2007), pp. 11-26; íd.: «La Asociación de Agricultores de España y la clase política, 1881-1942», Ayer, 66 (2007), pp. 85-115; Lucía Prieto: «Los comités frentepopulistas: otra visión de la retaguardia republicana», Ayer, 102 (2016), pp. 171-195, y Carlos Barciela, María Inmaculada López y Joaquín Melgarejo: «La intervención del Estado en la agricultura durante el siglo xx», Ayer, 21 (1996), pp. 51-96.

31 Mancur Olson: La lógica de la acción colectiva, México, Limusa, 1992.

32 En el sentido que le da Albert O. Hirschman: Interés privado y acción pública, México, FCE, 1986.

33 Sindey Tarrow: El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 242, y Miguel Alonso Ibarra: «Guerra Civil española y contrarrevolución. El fascismo europeo bajo el signo de la santa cruz», Ayer, 109 (2018), pp. 269-295.

34 Antonio Miguel Bernal: «De la “Historia Social” a la “Economía Social”: el cooperativismo en Andalucía», Anuario de investigaciones de los miembros de la asociación de profesores de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía, Hespérides, 5 (1997), pp. 9-40; Alejandro Martínez: «Cooperativismo y economía del bien común», Boletín de la Asociación Internacional de Derecho Cooperativo, 47 (2013), pp. 185-198; Samuel Garrido: Treballar en comú. El cooperativisme agrari a Espanya (1900-1936), València, Alfons el Magnànim, 1996; Eva Fernández y James Simpson: «Producer cooperatives, institutional change, and politics in the wine industry, 1880-1980», Economic History Review, 70 (2017), pp. 122-142; James Simpson y Juan Carmona: «Explaining the presence and absence of Spanish farm cooperatives before 1936: a political economy approach», Universidad Carlos III, WP 17-09 (2017), pp. 4-33, y Francisco J. Medina, María Dolores Añón, Alfonso Díez y José Miguel Lana: «Local constraints and knowledge transfer in the formation and development of cooperatives: Catalonia, 1860-1939», DT-AEHE, 1808 (2018).

35 Véase en Sindey Tarrow El poder en movimiento..., y en Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly: Dinámica de la contienda política, Barcelona, Hacer, 2005. Para el caso español, véanse Walther L. Bernecker: «“Acción directa” y violencia en el anarquismo español», Ayer, 13 (1994), pp. 147-188; Hugo García: «La historiografía de la Guerra Civil en el nuevo siglo», Ayer, 62 (2006), pp. 285-305, y Guillem Puig: «Reflexiones para el análisis de las colectividades agrarias durante la Guerra Civil», en Pilar Folguera et al. (eds.): Pensar con la historia desde el siglo xxi. Actas del XII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Madrid, UAM, 2015, pp. 4469-4484.

36 Ludolfo Paramio: «Teorías de la decisión racional y de la acción colectiva», Sociológica, 30, 57 (2005), pp. 13-34, esp. pp. 24-32.

37 Albert O. Hirschman: Interés privado...

38 Al parecer, no se le cambió el nombre, pese al conocido anticlericalismo de los sindicatos de izquierdas. Véase Colectivismo (Valencia), l de mayo de 1938.

39 Pascual Carrión: Los latifundios..., p. 204.

40 Acta de devolución de la finca «Estado de Santo Tomé» de 4 de noviembre de 1940, Archivo IRA, carpeta 23/9.

41 Carlos Barciela: «Aproximación a los elementos básicos para una historia financiera del Instituto Nacional de Colonización», en José Manuel Mangas y Carlos Barciela: Políticas administrativa y económica de la colonización agraria, Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas-Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990, pp. 227-448, esp. p. 268.

42 José Manuel Mangas: «La política de colonización agrícola del franquismo (1936-1977)», en José Manuel Mangas y Carlos Barciela: Políticas administrativa y económica de la colonización agraria, Madrid, Ministerio para las Administraciones Públicas-Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990, pp. 224-225.

43 Ibid., p. 46.

44 Juan Carmona y James Simpson: «Capacidad del Estado, democracia...», p. 2.

45 José Álvarez Junco y Manuel Pérez Ledesma: «Historia del movimiento obrero: ¿una segunda ruptura?», Revista de Occidente, 12 (1982), pp. 19-41, y Luis Garrido: «Nuevos estudios sobre la historia de la conflictividad laboral en Andalucía (1750-1982)», Alcores. Revista de historia contemporánea, 14 (2012), pp. 193-221.

46 Anuario estadístico de España, 1936, p. 88, y Salustiano del Campo: La población de España, París, CICRED, 1975, p. 84.

47 La información detallada y desglosada por provincias, que por problemas de espacio no se puede reproducir aquí, en Luis Garrido: «La Reforma Agraria “democrática” (1932-1936) y la alternativa de una Reforma Agraria “revolucionaria” en la práctica: las colectivizaciones rurales (1936-1939)», VI Seminario anual de historia agraria: Madrid, 14 de diciembre de 2018, pp. 28-37.