Published 2026-09-11
Keywords
- ordenación territorial y urbanística,
- asignación de usos,
- licencias urbanísticas,
- gestión urbanística,
- disciplina urbanística
Copyright (c) 2026 Sofía Simou
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors retain copyright in the published paper and only license to the publisher a non-exclusive right to first publication and distribution of the published work
How to Cite
Abstract
El objeto del presente informe es la exposición sistemática de las novedades jurisprudenciales, doctrinales y normativas más relevantes que se han producido en materia de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio durante el año 2025. El año 2025 ha supuesto un punto de inflexión en el ordenamiento urbanístico y habitacional español. La tradicional potestad de planeamiento de las entidades locales y las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en dichas materias se han visto sometidas a una triple tensión: en primer lugar, la consolidación constitucional de los límites al derecho de propiedad privada en beneficio del derecho social a la vivienda; en segundo lugar, la irrupción de una regulación climática y de resiliencia ante catástrofes naturales que redefine el concepto tradicional de «suelo apto para urbanizar»; y, por último, una decidida y unánime corriente hacia la simplificación administrativa a través del uso generalizado de declaraciones responsables, entidades colaboradoras y la introducción incipiente de sistemas de inteligencia artificial en la gestión procesal. Del análisis cruzado de la normativa del año 2025 (epígrafe 2 del presente informe) se extraen cuatro vectores normativos claros: a) la sustitución de licencias por mecanismos de colaboración privada y declaraciones responsables con generalización de las Entidades Colaboradoras Urbanísticas —en adelante, ECU— (Canarias) y reformas de simplificación estructural (Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia); b) la intervención en el suelo para la regulación de vivienda asequible y del uso turístico mediante el traspaso de competencias y zonificación estricta de las Viviendas de Uso Turístico —en adelante, VUT— (Canarias, Cantabria, País Vasco) o reservas coactivas de suelo residencial (Andalucía, Cataluña, Baleares); c) el urbanismo de excepción frente a crisis climáticas o catástrofes naturales mediante la adaptación de normas exprés como la figura del Plan Especial de Reconstrucción en la Comunidad Valenciana tras la DANA de 2024, y d) la inseguridad jurídica por la constate aparición de conflictos de competencias evidenciado por la impugnación total ante el Tribunal Constitucional de la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos de las Islas Baleares.
[Extracto de la introducción]