Núm. 19 (2025)
Informes sectoriales

Empleo público

Alfonso Esteban Miguel
Profesor Ayudante Doctor Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Autónoma de Madrid

Publicado 2026-09-11

Palabras clave

  • empleo público local,
  • contratación temporal en las Administraciones públicas,
  • selección

Los autores mantienen los derechos de autor en la publicación y sólo autorizan a la editorial Marcial Pons los derechos no exclusivos de la publicación y distribución de los artículos

Cómo citar

Resumen

El año 2025 ha vuelto a situar el empleo público en el centro del debate jurídico, tanto por la intensidad de la litigiosidad como por la relevancia de los pronunciamientos dictados por los tribunales nacionales y europeos. La jurisprudencia más reciente ha incidido de manera decisiva en la interpretación de cuestiones estructurales que siguen condicionando la ordenación del empleo público local, tales como la contratación temporal y sus irregularidades, la estabilidad en el empleo, los procesos selectivos, el régimen retributivo, la negociación colectiva o la delimitación competencial entre los órdenes jurisdiccionales. Este informe tiene por objeto ofrecer una exposición sistemática y crítica de las resoluciones más significativas del último año, atendiendo no solo a su contenido inmediato, sino también a su proyección práctica sobre la gestión del personal al servicio de las Administraciones públicas. Como en informes anteriores, el análisis no se limita exclusivamente a resoluciones referidas al empleo público local en sentido estricto, sino que incorpora también pronunciamientos dictados en relación con otras Administraciones y entidades del sector público cuya doctrina resulta directamente trasladable o especialmente influyente en el ámbito local. La finalidad sigue siendo, por tanto, ofrecer una visión de conjunto de los principales problemas jurídicos que hoy plantea el empleo público, combinando la perspectiva doctrinal con la dimensión práctica de la jurisprudencia reciente. En este sentido, el informe pretende servir como instrumento útil para identificar las tendencias jurisprudenciales más relevantes del año y para valorar hasta qué punto estas contribuyen a reforzar —o, en su caso, a tensionar— los principios de legalidad, igualdad, mérito y capacidad, así como las garantías laborales de quienes prestan servicios en el sector público.

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