Ayer 121/2021 (1): 21-51
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2021
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/121-2021-02
© Santiago de Miguel Salanova
Recibido: 14-12-2018 | Aceptado: 10-05-2019
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

La ciudad como objeto político. Nacimiento y desarrollo de un laboratorio de socialismo municipal en Madrid *

Santiago de Miguel Salanova

Universidad Complutense de Madrid
sdmiguel@ghis.ucm.es

Resumen: Este artículo indaga en las características de la acción municipal socialista en Madrid entre comienzos del siglo xx y la Segunda República. Teniendo en cuenta la relevancia de un contexto histórico marcado por numerosas transformaciones económicas y sociales, se analizarán las propuestas fundamentales de esa formación política para lograr la renovación del Ayuntamiento de Madrid y acompasar la institución a los ritmos evolutivos de la ciudad. De forma específica, este trabajo tendrá en cuenta sus nuevos planteamientos en materia administrativa, sus incursiones en la municipalización de servicios públicos y las estrategias planteadas en términos de planeamiento urbanístico.

Palabras clave: Madrid, Ayuntamiento de Madrid, socialismo, administración, servicios públicos, planeamiento urbano.

Abstract: This article explores the characteristics of municipal socialist policies in Madrid between the beginning of the twentieth century and the Second Republic. By examining a period characterised by numerous economic and social changes, this article analyses the socialists’ fundamental proposals to undertake the renovation of the City Council in order to ensure that this institution responded to the changing rhythms of the city. Specifically, this work assesses the new approaches of the socialists in administrative matters, their incursions into the municipalisation of public services and their proposed urban-planning strategies.

Keywords: Madrid, City Council of Madrid, socialism, administration, public services, urban planning.

Introducción

Entre los días 23 y 27 de septiembre de 1900, se celebró en París el V Congreso Socialista Internacional. En los puntos del orden del día sobresalían cuestiones como la paz internacional, el militarismo, la supresión de los ejércitos permanentes y el colonialismo. Sin embargo, junto a ellos se encontraba otro fundamental para entender la consagración de los partidos obreros europeos a la política local durante el primer tercio del siglo xx. Se trataba del socialismo municipal, aspecto sobre el que se debatía por primera vez en un foro de estas características.

La ponencia sobre esa cuestión corrió a cargo de Émile Vinck, figura axial del Partido Obrero Belga. A su juicio, todos los partidos socialistas debían comprender la importancia de desempeñar un papel activo en los ayuntamientos para emprender reformas en los servicios dependientes de los mismos. Entre los más destacados, Vinck citaba los transportes, alumbrado público, aguas, baños y evacuatorios, lavaderos, abastos, enseñanza, asistencia social y alojamiento obrero 1.

Estas consideraciones marcaban un primer signo de madurez en las reflexiones teóricas que sobre la naturaleza de las organizaciones locales realizaron los partidos obreros europeos en el último cuarto del ochocientos. En un contexto de creciente industrialización, urbanización y degradación de mercados laborales, el municipio pasó a entenderse como el organismo mejor interconectado con las condiciones de vida de las clases populares. En el movimiento obrero se incrementó así el interés de convertir a dicha institución en una escuela política y un medio de reconstrucción social desde el que mejorar la habitabilidad en las ciudades 2.

A lo largo de las últimas décadas, la historiografía internacional ha explorado con cierto detalle esta fase de emergencia de la acción socialista local. Las incursiones más relevantes son las francesas, más prolijas que las referidas a Bélgica pese a la influencia que el socialismo municipal de este país tuvo sobre el primero 3. A través de esos análisis se conocen las diferentes concepciones que sobre la participación política en la vida municipal ofrecieron en Francia figuras como Benoît Malon y Paul Brousse, desde la vertiente posibilista orientada al reformismo social, y Jules Guesde, desde la del marxismo ortodoxo 4. Mientras los dos primeros conceptualizaron los municipios como elementos centrales de la vida social y defendieron su potencialidad para hacer prevalecer la voluntad de las clases populares desde una gestión directa de los servicios públicos, el tercero antepuso a ese objetivo la defensa del ideal revolucionario y la expropiación económica y política de la clase capitalista. Esta confrontación de intereses, constante en los dos últimos decenios del siglo xix, ha sido perfectamente contrastada con el periodo caracterizado por el desarrollo de una política municipal unívoca y movida por el reformismo, tras el proceso de unificación del socialismo francés a partir de 1901 5.

Para el resto del continente europeo destacan acercamientos a países donde las fuerzas hegemónicas de izquierdas asumieron con celeridad la necesidad de una municipalización de servicios de asistencia y utilidad pública en grandes núcleos urbanos. Inglaterra es el ejemplo paradigmático con las actuaciones de la Sociedad Fabiana, las Trade Unions y el laborismo, favorecidas por un contexto de descentralización y mayor autonomía económica y administrativa en los gobiernos locales 6. De Alemania se conoce el repunte que el tránsito del ochocientos al novecientos observó en la elaboración de programas municipales por las federaciones regionales más fuertes de la socialdemocracia, basados en la laicización de la enseñanza, la reforma tributaria y la mejora de la asistencia social 7. Finalmente, para el caso italiano se ha delimitado el paso de una acción de experimentación municipal fragmentada en la primera década del siglo xx a otra de objetivos coordinados orientados a facilitar el advenimiento de una vida municipal moderna a nivel administrativo y económico 8.

Con contadas excepciones 9, la historiografía española no se ha detenido en el análisis de la acción política municipal socialista previa a la Segunda República, a pesar de que muchos de sus innovadores planes para los grandes núcleos urbanos del país de esta época venían perfilándose desde varias décadas atrás. Así ocurrió en Madrid. Desde el triunfo cosechado por Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero y Rafael García Ormaechea en el distrito de Chamberí en las elecciones municipales de noviembre de 1905, el socialismo contó con una representación continuada en el Ayuntamiento, solo interrumpida por las cesuras que marcaron la huelga de agosto de 1917 y la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Hasta cierto punto resultó una presencia minoritaria y con pocas opciones para permeabilizar en un Consistorio que actuaba como entidad subalterna del poder central. Sin embargo, el socialismo fue, en ese periodo, la única fuerza capaz de desarrollar una política coherente con un marco urbano envuelto en una fase de transformación que desbordó a sus autoridades.

Las actuaciones de la minoría socialista del Ayuntamiento de Madrid cubrieron un amplio espectro de temas. La cuestión de las subsistencias tuvo un protagonismo fundamental en las coyunturas de conflictividad social y económica que siguieron al estallido de la Primera Guerra Mundial. El Consistorio sirvió como foro de denuncia de los altos precios alcanzados por los artículos de primera necesidad, pero también como un espacio desde el que plantear posibles soluciones a la hora de atenuar las crisis 10.

La vivienda representó otro pilar crucial de la actuación socialista municipal en Madrid. Concejales como Mariano García Cortés, Julián Besteiro o Andrés Saborit perfilaron en este escenario iniciativas que tuvieron tres objetivos: imponer criterios de racionalidad en los precios de las habitaciones, establecer pautas de saneamiento residencial, en la línea de lo que se estaba haciendo en otras ciudades europeas, y diseñar modelos de viviendas económicas para las clases menos pudientes 11. Todo ello se puso en conexión con la necesidad de dinamizar el mercado laboral y de ofrecer alternativas de sustento económico a quienes no participaban en él. Así, por ejemplo, la creación de oficinas de paro y colocación laboral fue algo ya proyectado por el socialismo antes de su plasmación práctica durante la Segunda República.

Por último, no puede obviarse la contribución del socialismo madrileño al desarrollo de una política educativa imbuida de un espíritu de reformismo social. Si bien este último fue un apartado en el que el republicanismo ejerció un primer liderazgo significativo con sus propuestas concernientes a la mejora de la enseñanza primaria, los concejales socialistas recogieron el testigo para diseñar un modelo pedagógico moderno con unas metas básicas. Entre ellas no solo se debería destacar la creación de grupos escolares, sino también la apertura de instituciones complementarias para los centros educativos (colonias, cantinas escolares y zonas de recreo y juegos para la infancia) y las iniciativas vinculadas con la mejora de las condiciones de formación y remuneración de los profesionales de la enseñanza 12.

Los socialistas desarrollaron un discurso coherente sobre cómo administrar un espacio urbano en progresiva modernización como Madrid, creando un diálogo fluido entre sus propuestas y las necesidades sociales. Muchas de ellas bebieron de lo que estaban haciendo sus homólogos en otras ciudades europeas. Consistorios socialistas franceses como París o Villeurbanne representaron un modelo a partir del cual plantear la creación de las mencionadas oficinas de paro y colocación laboral 13. Las municipalidades belgas de Bruselas y Anderlecht sirvieron como ejemplo para el desarrollo de instituciones alrededor de la escuela y la educación como las colonias, las cantinas y las zonas de recreo infantil 14. El Ayuntamiento socialista de Milán tuvo a partir de 1914 una gran relevancia a la hora de determinar posibles políticas a ejecutar en la cuestión de las subsistencias, valorando lo allí realizado con las cooperativas de consumo consagradas a la venta de pan barato 15. Y el Consistorio socialdemócrata vienés representó, tras su constitución en 1919, el paradigma sobre cómo acometer la administración local en temáticas como la aplicación de cargas impositivas y la construcción de viviendas colectivas 16. Todos estos casos supusieron modelos con los que reafirmar el objetivo de cambiar la sociedad desde la gestión municipal.

Partiendo de estas valoraciones, el presente trabajo analiza el proyecto de ciudad que los socialistas defendieron para Madrid en el primer tercio del novecientos centrándose en tres puntos. Primero, en la demanda de transformaciones administrativas que permitieran una sincronización entre la gestión municipal ejercida por autoridades y empleados y los cambios experimentados por la sociedad. Segundo, en las propuestas relativas a la municipalización de los servicios públicos existentes antes de su ingreso en el Consistorio. Y por último, en las visiones que ofrecieron sobre la futura organización de un núcleo urbano que en aquellos años se encontraba incorrectamente planificado y segregado en términos macro y micro espaciales.

La búsqueda de una eficiencia administrativa

En las elecciones municipales en las que participó el socialismo madrileño entre 1905 y 1923 prevaleció una visión homogénea respecto a los ayuntamientos. Para sus principales concejales de esta época en la capital (Pablo Iglesias, Francisco Largo Caballero, Mariano García Cortés, Julián Besteiro, Manuel Cordero y Andrés Saborit, entre otros), esas instituciones representaban la célula más relevante de la vida nacional y la base de la organización política del Estado. Sin embargo, chocaban con un muro de resistencia fundamental: el sentido centralista de las instituciones gubernativas.

La defensa de la utilidad práctica de intervención en el Consistorio madrileño por los socialistas debe entenderse sobre la base de tres motivaciones. Primero, por su voluntad de liberarlos de quienes los utilizaban con criterios semifeudales, gestionando en favor de sus intereses personales y políticos. Segundo, por la necesidad de colocar en los cargos a conocedores del vecindario que dieran soluciones eficientes a los problemas de la vida cotidiana. Y tercero, por el hecho de que a los municipios se encomendaban funciones de interés trascendental para un ámbito ya no solo local, sino también nacional.

Los socialistas comprendieron que el municipio no podía seguir gestionándose mediante criterios desacompasados con la vertiginosa evolución que Madrid experimentó hasta la Segunda República 17. Esto explicaría el desarrollo de numerosas propuestas para reconfigurar todos los entramados organizativos del Ayuntamiento, desde la cúpula constituida por alcaldes, tenientes de alcalde y concejales hasta su base formada por empleados y obreros de sus diferentes dependencias.

Los ataques a las alcaldías de Real Orden, es decir, a la capacidad del gobierno para nombrar, por autorización de la Ley Municipal de 1877, a la persona que había de presidir los municipios en poblaciones de importancia, fueron sistemáticos. En palabras de Manuel Cordero, esa resistencia socialista venía determinada por el hecho de que la autoridad de los alcaldes como delegados del gobierno imposibilitaba la estabilidad al frente de la Corporación de una misma persona capaz de desarrollar una política lógica ligada a la evolución urbana 18. Las rotaciones en el cargo, vehiculadas por los cambios políticos del país, impedían una unidad de criterio crucial para sacar adelante planes de reforma y modernización en los servicios municipales.

De forma paralela, las repercusiones negativas de las alcaldías supeditadas a los designios del poder central podían contemplarse en la escasa eficiencia de las funciones desempeñadas por los tenientes de alcalde de los diez distritos en que se dividía Madrid. Designados por los alcaldes, debían garantizar un régimen beneficioso en materia de policía urbana, inspeccionar obras y servicios de instrucción pública y beneficencia, y supervisar las condiciones de las viviendas e infraestructuras más básicas. Sin embargo, ya en las primeras concejalías socialistas representadas por Iglesias, Largo Caballero y García Ormaechea entre comienzos de 1906 y finales de 1909 se los definió como figuras que personificaban el caciquismo político. Esto podía contemplarse en épocas electorales, cuando desempeñaban las tareas de coacción necesarias para asegurar en sus distritos los triunfos de las candidaturas ministeriales 19. Este objetivo prevalecía sobre los que tenían por ley y los tres ediles socialistas no dudaron en publicitarlo relacionándolo con los resultados que acarreaba el incumplimiento de los segundos. Su ineficiencia se dejaba ver en las exiguas multas infringidas a comerciantes e industriales que falsificaban y adulteraban artículos de primera necesidad; en sus contadas denuncias a caseros que especulaban con la habitabilidad en condiciones de miseria, y en el nulo cumplimiento de las leyes sociales recientemente aprobadas a nivel nacional (accidentes laborales, descanso dominical, etc.) 20.

Entre 1910 y 1930 hubo proposiciones socialistas que intentaron racionalizar las atribuciones de este cargo. Ya en tiempos de la Conjunción Republicano-Socialista se solicitó una modificación de la Ley Municipal de 1877 que dejara su elección en manos de los concejales del Consistorio e impidiera su permanencia en el puesto durante más de dos años 21. Más tarde, se exigió la incompatibilidad de las tenencias de alcaldía con las profesiones de industrial o comerciante 22. Y finalmente, la comisión del Consistorio que asistió al Congreso Municipalista en octubre de 1930, liderada por Saborit, expresó la necesidad de retribuir a los tenientes de alcalde con funciones permanentes 23. Estas iniciativas tenían objetivos muy concretos. La primera pretendía superar las influencias políticas que a nivel de distrito podían tejerse por la inamovilidad de los cargos. Con la segunda se buscaba facilitar la independencia del puesto con respecto a los intereses particulares que pudieran presentarse en el ramo de subsistencias para garantizar una política de abastos eficiente. Y la tercera proyectaba fomentar la capacitación profesional de los tenientes de alcalde y generar un compromiso real con sus tareas ajustándolas a las necesidades colectivas.

Gráfico 1

Correspondencia de las tenencias de alcaldía de Madrid con los distritos municipales según la división administrativa de 1898

Fuente: Elaboración propia.

El ejercicio de las tenencias de alcaldía por parte de los socialistas durante la etapa en la que el cargo fue elegido por los concejales evidenció los avances que la ciudad podía advertir mediante un riguroso cumplimiento de sus funciones. Así se comprobó cuando Cordero ocupó la del popular distrito de la Inclusa, situado al sur del casco antiguo. Publicó listas de tahoneros que vendían pan falto de peso, de propietarios de vaquerías que expendían leche adulterada, de dueños de fruterías y verdulerías con básculas desniveladas, de caseros que subían indiscriminadamente los alquileres de las habitaciones sin efectuar reformas en las fincas y de vendedores del Rastro que no desinfectaban las ropas que ponían a la venta en segunda mano 24. Paralelamente, elaboró informes con las multas impuestas por estas infracciones e intentó que su fiscalización generase virajes en la permisiva actuación de otros tenientes de alcalde. Sin embargo, la alcaldía nunca dio criterios de unidad a las tareas desempeñadas por los tenientes y defendió su autonomía en la gestión de sus demarcaciones 25.

Gráfico 2

Actividad desarrollada por Manuel Cordero en su primer año en la tenencia de alcaldía del distrito de la Inclusa

Fuente: El Socialista, 21 de octubre de 1921.

De desprestigio adolecieron también las concejalías durante esta etapa. Si los socialistas las ejercieron, no fue tanto porque estuvieran convencidos de la eficiencia que podían tener en un contexto mediatizado por la injerencia gubernamental, sino por abrir caminos hacia la moralización de las costumbres administrativas. Iglesias, Largo Caballero y García Ormaechea fueron también los primeros en denunciar un nepotismo en el ejercicio de un cargo de concejal que daba pábulo a la obtención de credenciales para facilitar concesiones injustificadas de las plazas que quedaban vacantes en los servicios municipales. Al comprobar la forma en que los ediles convertían el erario municipal en una lista civil de partidos políticos, amigos y parientes, apostaron por el desarrollo de una campaña de moralidad en la administración con la que comenzaron a exigirse criterios más rigurosos en la formación del personal 26.

En los años en los que los concejales de la Conjunción Republicano-Socialista ostentaron la minoría mayoritaria en el Consistorio (1910-1912) se siguió la anterior línea 27. Se trató de evitar la intromisión de los ediles en la formación de las plantillas consistoriales defendiéndose criterios de antigüedad en los ascensos, la jubilación obligatoria a los setenta años y oposiciones previas a la entrega de plazas en las dependencias municipales 28. Estas propuestas se combinaron después con otras más específicas, ligadas a la realización de inspecciones en los servicios municipales y en la forma en que sus empleados cumplían con sus objetivos profesionales 29. Cundía aquí el propósito de fijar condiciones de idoneidad para ciertos cargos, como los sobrestantes de la Comisión de Obras, los médicos de la Beneficencia Municipal y de las Casas de Socorro, y los maestros de escuela, designados en ocasiones en función del parentesco que guardaban con los concejales, como denunció Besteiro 30.

A partir de 1920, los socialistas buscaron ya definitivamente la profesionalización a gran escala del cuerpo administrativo. De manera progresiva, avanzaron hacia la redacción de un proyecto que configurase un escalafón uniforme para todos los empleados y obreros municipales y un reglamento específico que aquilatara sus derechos y deberes. En los meses previos a la dictadura de Primo de Rivera, Saborit trabajó intensamente en esta línea, exponiendo en plenos municipales y mítines la necesidad de acometer estos trabajos para depurar la administración municipal 31.

Los propósitos socialistas en ese escenario llegaron a su cénit a comienzos de 1931. Se pusieron entonces en discusión las bases generales de la reorganización de servicios municipales redactadas por el propio Saborit. Su proyecto tenía cuatro objetivos centrales. Primero, encomendar los cargos de cada dependencia municipal a quienes mostraran las condiciones más adecuadas para producir un mayor rendimiento laboral mediante pruebas de aptitud. Segundo, ceder el control de cada dependencia a una jefatura especializada que asumiera las responsabilidades en su funcionamiento y organización interna. Tercero, establecer un sistema de remuneración homogéneo para todas las dependencias sobre la base de un haber inicial, aumentado por cuatrienios. Y por último, fijar criterios en la duración de la jornada laboral y en la obtención de las plazas que vacaran entre obreros y personal subalterno (orden de antigüedad) 32.

Los socialistas entendieron así que uno de los grandes obstáculos para el progreso de Madrid residía en la forma en que estructuraba su personal. Hasta el advenimiento de la Segunda República, los debates en las sesiones municipales sobre esta cuestión siempre fueron planteados como una lucha en la que los campos quedaban deslindados entre quienes postulaban por el mantenimiento del nepotismo y quienes pretendían higienizar la burocracia municipal.

Pan, luz y tranvías. La lucha socialista por la municipalización de servicios

La evolución del socialismo en las instituciones locales madrileñas estuvo ligada a una idea muy específica sobre las funciones que el municipio debía asumir en un contexto de expansión urbana. En un intento por conciliar los intereses y derechos individuales y colectivos, tendió puentes de diálogo con los ensayos de municipalización de servicios públicos visibles en diferentes países europeos y Estados Unidos 33. En algunas de sus principales ciudades ya era norma general que los ayuntamientos fueran dueños de sus destinos en la gestión de los servicios más básicos (transportes; agua, gas y electricidad; abastos; limpiezas; etc.). Seguían estos núcleos urbanos el ejemplo de Joseph Chamberlain en Birmingham, basado en la creencia de que las instituciones locales debían servir de la mejor manera posible a los intereses públicos oponiéndose a las nociones de autosuficiencia individual predominantes hasta entonces 34.

En el caso de Madrid, los socialistas estudiaron en profundidad el funcionamiento de sus servicios públicos desde su ingreso en el Consistorio. Como en el resto de España, predominaba en ellos un sistema de otorgamiento a empresas privadas mediante concesiones 35. Frente a esta política, pulieron sus argumentos para defender su municipalización. A su juicio, esa fórmula se traducía en la obtención de tres ventajas. Primero, conduciría a una elevación de los recursos de los ayuntamientos y a un saneamiento de sus presupuestos. En segundo término, despertaría un mayor interés social por los asuntos públicos y aumentaría el sentido de responsabilidad de los funcionarios con el gobierno local. Y finalmente, favorecería el abaratamiento de los servicios concediéndolos en mejores condiciones a la población y cerrando las fuentes de corrupción visibles en las grandes empresas privadas que los administraban.

La defensa socialista de la municipalización la podemos ver, en primer término, en materia de abastos, con las industrias carnicera y panadera como principales esferas de actuación. Con respecto a la primera, se apoyaron las propuestas de la alcaldía en 1912 para una municipalización total que exigía la compra de reses en los diferentes centros productores de España y del extranjero y la centralización de todas las operaciones a las que diera lugar el negocio desde el matadero municipal 36. La confluencia de intereses entre los concejales socialistas y el alcalde en esta línea venía determinada por las denuncias que los primeros venían realizando sobre el progresivo encarecimiento de las carnes, consecuencia de los privilegios que acumulaban tratantes y abastecedores en el negocio, y de los procedimientos de corrupción existentes en su entrada en Madrid 37. Estos últimos eran deudores de los mataderos clandestinos situados en los pueblos que circundaban la capital, donde se sacrificaban centenares de reses posteriormente introducidas en el término municipal de manera fraudulenta y antihigiénica 38.

En lo que respecta al pan, el aumento injustificado de su precio en épocas puntuales y los abusos que cometían los gremios en su expedición llevó a los socialistas a mostrarse incisivos en la presentación de iniciativas durante la etapa analizada. Solicitaron primero la creación de cooperativas, economatos y tahonas reguladoras municipales, en las que se vendiera el artículo a precios más bajos 39. A su juicio, el Consistorio debía eximir a estos centros del pago de tributos municipales y concederles préstamos con intereses módicos a cambio de exigirles la venta del pan a precios correlacionados con la cotización de las harinas en el mercado. Los conflictos que se desarrollaron en este escenario entre 1914 y 1923, estudiados por Sánchez Pérez 40, llevaron a entender como única salida para contrarrestar la influencia de los tahoneros la municipalización total del pan, haciéndose el Ayuntamiento con los medios de producción y cambio, y determinando la clausura de los establecimientos de la industria que incumplieran las ordenanzas municipales 41.

En segundo lugar, el socialismo madrileño postuló en esta época por la municipalización de los tranvías. Como señaló Saborit en junio de 1930, el principal objetivo en este escenario era conseguir el rendimiento de un servicio provechoso para el vecindario, la mejora de las condiciones en las que trabajaba el personal de las líneas, la extensión de la red a barrios populares y la utilización de los beneficios obtenidos por la municipalización para descargar de ciertos impuestos a los contribuyentes 42.

Las críticas a los abusos cometidos por la empresa privada encargada de la gestión del servicio se amparaban en la impunidad con que actuó aprovechando la aquiescencia del Consistorio y perjudicando a los habitantes en un contexto que imponía problemas de movilidad cada vez más sugerentes entre el espacio residencial y el laboral. Para los concejales socialistas, el usufructo completo de las líneas establecido por el Consistorio con la Compañía de Tranvías en el último cuarto del siglo xix había permitido a esta utilizar las calles como feudo propio y fijar tarifas inasumibles para las clases populares 43. Justo antes de la Gran Guerra defendieron la unificación de tarifas al precio de diez céntimos (sin atender las compensaciones que la empresa solicitaba, basadas en la prórroga de la concesión de un servicio que revertía en favor del Ayuntamiento en 1927) y un rescate de las líneas por parte del municipio, negociando previamente con la empresa, tasando aquellas en su justo valor y apropiándoselas después para explotarlas en su provecho 44. Estas exigencias se amparaban en otras experiencias de municipalización de tranvías en Inglaterra (que disponía de 195 explotaciones municipalizadas), Suiza (con un servicio gestionado por los ayuntamientos de Berna, Ginebra, Lucerna, Lugano y Zúrich) y Alemania 45.

Los socialistas reforzaron estas demandas de municipalización atendiendo a las deficiencias que la Empresa Madrileña de Tranvías evidenció en el cubrimiento del servicio, en especial cuando Saborit asumió el cargo de delegado de Tranvías en 1920. Sus investigaciones revelaron que la autoridad municipal no era lo suficientemente reconocida por la compañía, lo que permitía a esta esquivar inspecciones en sus cocheras, fijar cuadros de horarios de manera unilateral, disminuir el servicio ordinario en días de fiestas y espectáculos públicos, mantener desatendida la provisión de acumuladores de energía y no abonar las multas que se le imponían 46. En definitiva, la empresa incumplía los contratos de explotación pactados con el Ayuntamiento sin imponer las mejoras necesarias en el servicio 47.

En los prolegómenos de la Segunda República, una de las principales responsabilidades que los socialistas exigieron a los Consistorios del periodo dictatorial fue la de haber dejado pasar la oportunidad de lograr la reversión de las primeras líneas de tranvías en favor del Ayuntamiento sin haber intentado la municipalización total incautándose del resto de la red, bien mediante su justo precio, bien abordando la mencionada política como ensayo en las concesiones que expiraban en septiembre de 1927 (líneas Atocha-Quevedo, Sol-Progreso y Sol-San Francisco) y octubre de 1928 (Sol-Cuatro Caminos). Saborit censuró el convenio firmado por el Consistorio con la Sociedad Madrileña de Tranvías en 1926, por el que el primero, poco confiado en la posibilidad de lograr una gestión independiente del servicio, decidió prorrogar las concesiones hasta 1976 48. A juicio del concejal, se hipotecaba así la libertad de movimientos del municipio para resolver los problemas cada vez más apremiantes del transporte urbano 49. Para aquel entonces, la solución que el socialismo entendía como más favorable en este escenario se basaba en la creación de una sociedad capitalista dominada por la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Madrid y los ayuntamientos de sus pueblos limítrofes que unificara la dirección de todos los medios de transporte 50.

Por último, uno de los servicios públicos donde los socialistas clamaron con más fuerza por la municipalización fue el del alumbrado público, escenario en el que se produjeron fuertes tensiones con la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas encargada de su explotación 51. La oposición que el socialismo mostró ante ella se justificaba no solo por la precariedad con que lo desempeñaba, las altas tarifas que imponía al municipio y particulares, y los obstáculos que generaba sobre las emergentes empresas eléctricas al disponer del monopolio del subsuelo. También se entendía sobre la base de unos antecedentes contractuales entre aquella y el Consistorio tildados de inaceptables para los intereses colectivos 52.

En 1864 el Ayuntamiento de Madrid concedió a la compañía el privilegio exclusivo del servicio por un periodo de cincuenta años, durante el cual establecería y conservaría cañerías para la conducción del gas en todas las vías públicas. En el contrato se estipulaba que al término del concierto el municipio controlaría el tendido de la cañería y la fábrica de la empresa, esta por la mitad de su valor 53. Sin embargo, ese pacto dio un giro radical en 1898. En aquel momento, el alumbrado eléctrico ganaba terreno al de gas de manera progresiva. La empresa dedicada al segundo servicio comprendió que la creciente utilización del nuevo fluido le obligaría a abaratar los precios, algo a lo que se avino en la cantidad de dos céntimos/metro cúbico. Sin embargo, en compensación por la rebaja introducida esquivó la reversión prevista en 1914. Así, se dispuso que a la terminación del contrato podría disponer libremente de la fábrica, cañerías y todo el material de producción y explotación. Y más aún, durante ese tiempo mantendría el monopolio del subsuelo, afrontando como único gravamen municipal un canon de 10.000 pesetas anuales 54.

Por otro lado, el contrato de 1898 determinaba que desde el momento de su finalización, programada para el 21 de junio de 1914, el Ayuntamiento tendría la libertad de adjudicar el servicio de alumbrado por cualquier clase de fluido a la empresa que tuviera por conveniente. Los debates administrativos sobre esta cuestión se intensificaron dos años antes del vencimiento de esa fecha. Las opciones que se barajaron en la Comisión de Luz del Consistorio para el desarrollo del servicio desde ese momento fueron dos 55. Un sector del pleno municipal apostó por reclamar del poder central los medios necesarios para afrontar la municipalización. El otro defendió la necesidad de confeccionar un pliego de bases para la apertura de un concurso de alumbrado completamente libre. Una solución que no solo posibilitaba la participación de la Compañía Madrileña de Alumbrado y Calefacción por Gas, sino que le facilitaba de nuevo el control del servicio.

Para los concejales socialistas la convocatoria del concurso libre en 1912 era un error. Dos años era un margen insuficiente para favorecer el levantamiento de nuevas fábricas por parte de concursantes que tampoco tendrían la posibilidad de tender los cerca de 400 kilómetros de conductos que necesitaba Madrid 56. En estas circunstancias, se orientaron a la defensa de una experiencia municipalista en el servicio del alumbrado público favoreciendo el eléctrico sobre el de gas. Su plan tenía una doble vertiente. Por un lado, solicitar un aval del Estado que diera facilidades para el empréstito de diez millones de pesetas que se requería para la municipalización del servicio. Por otro, establecer un convenio con el Canal de Isabel II para aprovechar su fuerza hidráulica y montar una fábrica eléctrica que diera luz a veinte céntimos/kilovatio, esto es, cuatro menos que la compañía del gas 57. Aunque los socialistas organizaron una notable campaña para informar de estos objetivos al vecindario mediante conferencias y mítines de barriada, triunfó finalmente la opción del concurso. Como se vaticinó, la Compañía de Alumbrado y Calefacción por Gas fue la única capaz de lograr la concesión 58.

El socialismo madrileño seguiría desarrollando campañas significativas contra las empresas privadas durante todo el periodo de la Restauración. En ellas figuraron desde las dedicadas a la provisión de energía eléctrica, atendiéndose a los abusos que cometían con el vecindario al exigir cuotas fijas mínimas independientes del nivel de consumo de los contadores particulares 59, hasta las vinculadas al servicio de enterramientos, denunciadas por el abandono observado en la desinfección de sus materiales y por los exorbitantes precios impuestos a los familiares de los fallecidos 60. Sin embargo, el camino de la municipalización chocó con el raquitismo económico del Consistorio. Las compañías privadas fueron las únicas que tenían condiciones financieras y técnicas para hacerse cargo de la explotación de los principales servicios urbanos, circunstancia que aprovechaban para concederlos en condiciones no pocas veces onerosas.

La demanda de una nueva ciudad

La intervención socialista en la Corporación municipal madrileña coincidió con una etapa de gran crecimiento poblacional. Las estrategias que se habían desarrollado hasta principios del novecientos para asimilar ese incremento, visible desde mediados del siglo xix, quedaron superadas por realidades que escaparon a cualquier signo de ordenación racional 61. Así, el espacio interior de Madrid se consolidó como una zona ambivalente donde confluían barrios modernos adaptados a las lógicas inherentes a las grandes metrópolis europeas con otros populares atrasados en condiciones sanitarias 62. El Ensanche, subdividido en tres áreas de expansión desde su creación en 1860 (norte, este y sur), había sido capaz de sostener el crecimiento poblacional durante casi medio siglo, pero comenzó a presentar desniveles significativos en ritmos de construcción y precios de viviendas desde la Primera Guerra Mundial 63. Finalmente, la zona que más desarrollo mostró durante esos años fue la que se caracterizó por una urbanización marginal. Se trataba del Extrarradio, un espacio allende las fronteras del Ensanche que absorbió buena parte del incremento poblacional de la urbe en el primer tercio del siglo xx 64.

Las actuaciones de los concejales socialistas relacionadas con el desarrollo urbanístico de Madrid siempre se ajustaron a este esquema tripartito. El interior fue un entorno no excesivamente tratado en las sesiones municipales en las que participaron, en especial si se compara con los debates que generaron el Ensanche y el Extrarradio. Sin embargo, hay dos líneas conductuales que podrían rescatarse en este apartado. Primero, una oposición frontal a todos los proyectos carentes de utilidad pública. Y segundo, la constante demanda de mejoras para los barrios populares del sur.

En el primer escenario existió mayor unidad de acción. Se pudo comprobar en el rechazo sistemático de planes que suponían meros ensanches de calles principales o que no respondían a las necesidades de nuevas viviendas. De hecho, solo el proyecto de la Gran Vía fue defendido sin ambages, por la relevancia que se le atribuyó en el contexto de crisis laboral de la Primera Guerra Mundial y años posteriores. A priori, su urbanización representaba una solución para los dos acuciantes problemas del Madrid de esa época. Primero, la paralización de la industria de la construcción residencial como consecuencia del aumento del precio de los materiales y de la mano de obra. Y segundo, la progresiva elevación del paro forzoso 65. Estas visiones cambiaron al apreciarse la negativa contribución de la avenida a la intensificación de la carestía de la vivienda a comienzos de la década de los veinte, al no ser reemplazadas las antiguas construcciones por otras nuevas de índole residencial 66.

Gráfico 3

Distribución de espacios urbanos por zonas residenciales en Madrid

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al Ensanche, afloraron críticas relativas al modo de realizarse su urbanización desde su aprobación en 1860. Besteiro y García Cortés juzgaron que el gran error en este escenario residió en la no adquisición inmediata por parte del Ayuntamiento de todos los terrenos de la zona necesarios para una íntegra construcción de sus calles 67. Los incrementos naturales de riqueza que la urbanización y la construcción generaron en ellas a posteriori hubieran quedado así en beneficio de la colectividad y no en manos de capitalistas que mediante el acaparamiento de los solares dieron rienda suelta a la codicia. De la posibilidad de haber contado con un entorno poblado de viviendas sanas y económicas, Madrid pasó a contar con otro que, a juicio de los socialistas, estaba mal construido e inacabado en 1930 68.

Las deficiencias presentadas en la urbanización del Ensanche y el agio reinante en sus procesos de expropiación fueron cruciales en el incremento del precio de las viviendas y de los solares de nueva construcción. Como consecuencia de ello, la ciudad terminó saltando sus límites para crecer en un espacio periférico situado entre el foso del propio Ensanche y los márgenes del término municipal, conocido como Extrarradio. La temprana y anárquica construcción de viviendas en esta zona llevó a la creación de un plan de urbanización que planteaba la división de su superficie en polígonos y una ordenación en términos de alineaciones y rasantes para las nuevas vías proyectadas 69. Los socialistas defendieron a ultranza el proyecto y abogaron por su puesta en marcha sobre la base de una de las soluciones económicas que su ideólogo, el ingeniero Pedro Núñez Granés, propuso en su memoria descriptiva: la municipalización total de los terrenos de la zona conservándolos el Consistorio a perpetuidad 70. Para Besteiro y García Cortés, esta era la única forma de lograr un abaratamiento de los solares en un contexto de carestía de la vivienda. Este pensamiento les llevó a solicitar la consignación de amplias partidas presupuestarias por parte del Consistorio para atender esta necesidad y a exigir, sin éxito, que se acudiera al Gobierno para conseguir la promulgación de una ley específica que condujera a la urbanización agilizando las obras y los procesos de expropiación 71.

Gráfico 4

Licencias de construcción expedidas por el Ayuntamiento de Madrid (1911-1920)

Fuente: Mariano García Cortés: Diversas medidas para paliar los efectos de las crisis de la vivienda y de trabajo en Madrid. Proposición presentada al Excmo. Ayuntamiento el 10 de enero de 1922, Madrid, Imprenta Municipal, 1922, p. 4.

El progresivo conocimiento de estos tres espacios estimuló la defensa de unos criterios de homogeneidad en la distribución de sus servicios e infraestructuras. Nunca se perdió de vista el grado de segregación que la ciudad presentaba en este apartado y sus negativas repercusiones sanitarias 72. Las visitas de inspección de los concejales socialistas a los barrios de los distritos en los que presentaban sus candidaturas electorales fueron fundamentales para constatar ese problema. Con ellas mostraron a la opinión pública que lo que se votaba en las urnas tenía consecuencias en el desarrollo de su vida cotidiana. Valorando esta correlación, no resulta casual que la población de los barrios peor acondicionados advirtiera en esta época una conducta crucial: la transmisión a los concejales socialistas de información relativa a los problemas encontrados en sus espacios residenciales. Un proceso en el que también intervinieron las células oficiales que el socialismo diseminó por toda la ciudad, como los centros y círculos obreros que integraban a sus bases sociales a nivel de barrio o distrito.

Mediante la inspección oficial y las redes de comunicación abiertas con comunidades muy localizadas de habitantes pudieron plantearse iniciativas concretas en escenarios como la pavimentación de las vías públicas. Mariano García Cortés, elegido en los comicios municipales de noviembre de 1911 por el distrito del Hospital, en el sur del casco antiguo, fue quien lideró inicialmente propuestas concernientes a tal necesidad en los barrios populares de esa demarcación. Solicitó al Consistorio créditos para el asfaltado de sus calles menos higienizadas 73. Algo similar podría decirse del abastecimiento de aguas. Los socialistas transmitieron en los plenos municipales denuncias de inquilinos relativas a carencias para el consumo y los retretes e inodoros de sus viviendas 74. Más tarde, las combinaban con reivindicaciones de transformaciones a gran escala en la red distributiva de aguas, determinadas por análisis técnicos que evidenciaban necesidades urgentes. Entre ellas, la instalación de fuentes públicas, nuevas tuberías y bocas de riego, y la imposición de normativas de depuración para las aguas que llegaban a ciertos espacios 75.

En lo que respecta a los servicios de alcantarillado y limpiezas, la combinación de información oficial y extraoficial resultó clave para solicitar órdenes municipales generales de saneamiento en el primer ramo y reorganización en el segundo. Los principales problemas en estos escenarios residían en la gran cantidad de pozos negros que presentaban ciertas zonas y en un sistema de tratamiento de basuras prácticamente inexistente en los barrios más apartados del centro 76. Durante la Restauración no se realizaron actuaciones destacadas en estos ámbitos, a pesar de su urgencia y de las iniciativas socialistas presentadas para la apertura de fosas sépticas, la extensión del alcantarillado y el incremento de personal y materiales en el ramo de limpiezas 77. Saborit tendría de nuevo una contribución clave en este apartado gracias a sus trabajos en la Comisión Especial para el Tratamiento de Basuras, la cual adoptó un régimen mixto de fermentación e incineración para las mismas a comienzos de 1931 78.

La importancia que tuvo la actuación conjunta de los concejales, del vecindario y de los centros socialistas a nivel de barrio o distrito en estos apartados se puede ver en un ejemplo concreto. Se trata del barrio de Cuatro Caminos, situado al norte de Madrid en los límites del Ensanche y caracterizado por su espectacular crecimiento poblacional en el primer tercio del siglo xx. Durante los años en los que el socialismo tuvo mayor representatividad en el Consistorio, entre 1920 y 1923, se fijaron para este espacio planes de mejoras que atenuaran su grado de abandono. Consistieron en la instalación del alumbrado eléctrico de ciertas calles para mejorar las condiciones de seguridad de los habitantes, en el empedramiento de las vías que tuvieran edificaciones con salida a la calle de Bravo Murillo, en la colocación de aceras, en el arreglo de las rasantes de calles con grandes pendientes, en la construcción de vertederos de pozos negros y en la creación de un colector de aguas que mejorase su abastecimiento a nivel residencial. La cúpula de la Agrupación Socialista Madrileña conocía bien esta zona por la movilización política desarrollada en ella desde principios del novecientos. Sin embargo, las proposiciones que realizaron para su acondicionamiento se vieron facilitadas por la información que recibían, bien por cartas en las que el vecindario presentaba sus reclamaciones, bien por informes de una comisión formada en el Centro Socialista del barrio para estas tareas 79.

La atención que el socialismo dedicó a las anteriores cuestiones, teniendo en cuenta la división presentada por la ciudad, estuvo compenetrada con actuaciones más genéricas sobre el problema de la vivienda. En un primer momento se desarrolló una actividad de fiscalización. Se imponían como grandes necesidades la elaboración de un registro sanitario de casas 80, la denuncia oficial del hacinamiento de las casas del sur del casco antiguo 81 y la desaparición de las chozas de ciertas zonas de los ensanches norte y sur 82. Sin embargo, con posterioridad llegarían iniciativas concretas para desarrollar procedimientos de eficiencia en la aplicación de la Ley de Casas Baratas de 1921 83.

Antes de la dictadura, la intervención de la minoría socialista tuvo notable relevancia a la hora de lograr que desde el Consistorio se consignara un crédito de ocho millones de pesetas para la construcción de viviendas baratas 84. Esa línea se retomaría con el restablecimiento de los consistorios previos a la etapa de Primo de Rivera en febrero de 1930. Saborit solicitó entonces la ejecución de una operación financiera de cincuenta millones de pesetas pactada con el Instituto Nacional de Previsión o con entidades bancarias. Con esa cantidad como base, se planteó un concurso libre de adquisición de terrenos municipales para proceder a su urbanización, dotándolos de agua, luz, alcantarillado, escuelas y un servicio de transporte urbano. El concejal pretendía desarrollar con ello proyectos de construcción de barriadas modestas, cómodas e higiénicas para sacarlos a subasta, constituyéndose después un Patronato Municipal que administrara las rentas y organizara los servicios con criterio cooperativo 85. Una de las propuestas más interesantes, materializada en la Segunda República, fue la construcción de casas muy baratas (702 viviendas con cuatro habitaciones) en el barrio de Usera 86.

Al mismo tiempo que los socialistas perfilaban sus planes de casas baratas diversificaban sus miras con respecto al modelo de ordenación a adoptar en la ciudad. A la altura de 1930, los problemas urbanos habían rebasado con creces los límites del término municipal y se diluían hacia los enclaves más próximos de la provincia. Esto les llevó a esbozar lo que definiríamos como el germen de un plan regional que planteaba anexionar a Madrid aquellos municipios limítrofes que habían experimentado un mayor crecimiento poblacional en decenios anteriores. En el Consistorio, Saborit solicitó la convocatoria de reuniones con los alcaldes de dichos pueblos para comprobar si era posible llegar a una fórmula económica de fusión beneficiosa para todas las partes. El objetivo primordial era colocar a aquellos núcleos poblacionales en posiciones de una higiene y salubridad de la que carecían entonces en sus mínimas expresiones 87.

La alcaldía coincidió en lo primordial con la iniciativa socialista. No dudó en corroborar el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid no podía desentenderse como hasta entonces de los problemas de sus pueblos limítrofes en policía urbana, limpiezas, servicios, infraestructuras e inspecciones sanitarias. Los habitantes de los municipios colindantes también se mostraron conformes con la anexión. Los integrantes de la Sociedad de Vecinos de la Colonia del Pinar de la Paloma del pueblo de Fuencarral enviaron cartas a la minoría socialista municipal denunciando el estado de sus calles y viviendas, con carencias significativas de agua, luz, caminos y escuelas. Otros vecindarios, como los de Vicálvaro y Vallecas, celebraron mítines donde consignaron las ventajas que una política de esas características tendría para los obreros y los pequeños propietarios que tenían que desplazarse a Madrid a trabajar cada mañana 88. Sin embargo, la opción de un Gran Madrid fue descartada por los problemas que podía ocasionar al municipio en términos económicos.

Gráfico 5

Término municipal de Madrid y áreas colindantes en 1930

Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de España del Instituto Geográfico Catastral y de Estadística (1932), hoja 559, Madrid (edición de la Guerra Civil Española), escala 1:50.000

Conclusiones

Durante la Restauración, el socialismo elaboró iniciativas conducentes a la configuración de un nuevo modelo de ciudad para Madrid. Si bien algunas culminarían en proyectos oficiales durante la Segunda República, lo cierto es que fue en aquellos años cuando se pusieron las bases teóricas para una organización administrativa más racional, para un plan de ordenación urbana relacionado con la evolución demográfica de los barrios de la urbe y la movilidad laboral de sus habitantes, y para la preparación de ensayos específicos en la municipalización de los servicios públicos. Se desarrolló así una concepción del Ayuntamiento como un laboratorio de vida social y económica en el cual debían plantearse medidas concretas que sirvieran para acompasar las autoridades que lo gestionaban con una población que afrontaba necesidades cada vez más extensas.

El socialismo madrileño perfiló un concepto claro de lo que debía representar la vida municipal moderna atendiendo a los problemas consustanciales a ella. Los plenos del Consistorio sirvieron como un foro desde el que denunciar el régimen local de la Restauración estimulando el compromiso del vecindario con los problemas comunales más básicos. La solución de estos últimos pasaba inicialmente por el desarrollo de una política de fiscalización en la administración municipal que dejase sus entresijos a la vista de los ciudadanos. La censura de la injerencia gubernativa en el Consistorio no fue vacía de contenidos y se rigió por demostraciones probadas de las repercusiones negativas que la carencia de una autonomía municipal tenía en los intereses primarios de la sociedad.

La autonomía demandada por los socialistas para el Ayuntamiento encajaba con la convicción de que un gobierno local eficiente, orientado al espíritu público y dirigido a la comunidad sin distinciones podía crear inmensos beneficios para el progreso de la ciudad. Los análisis que se realizaron sobre el funcionamiento de los servicios públicos tal y como quedaron establecidos decenios atrás, esto es, sobre la base del sostenimiento económico garantizado por grandes o medianas empresas, llevaron a apostar por la vía de la municipalización. Se hizo en detrimento de la decimonónica concepción del Estado liberal, según la cual los organismos locales debían quedar al margen de cualquier intervención en actividades de carácter económico e industrial, sujetas a la iniciativa privada. Para los socialistas, esas compañías no solo se habían mostrado incapaces de adaptarse a los procesos de transformación social y económica de Madrid. Más aún, obstaculizaban su evolución por la impunidad con que actuaban, regidas por objetivos desmarcados de los intereses del vecindario que contaban con el plácet de un Consistorio maniatado por sus debilidades económicas. El crecimiento urbano había creado disfunciones evidentes en el ejercicio de los cometidos de estas compañías y esto exigía una ampliación de la esfera de actuación del municipio, por entenderse a este como verdadero conocedor de las necesidades colectivas.

Para los socialistas ese crecimiento demográfico también exigía nuevas formas de pensar la ciudad que estuvieran en consonancia con las transformaciones que esta advirtió en el primer tercio del novecientos. Junto a las medidas de intervencionismo social y económico que se plantearon en esa época existieron otras específicamente relacionadas con los problemas que se deducían de la ausencia de una ordenación racional a gran escala en términos de expansión urbana y del mantenimiento de notables brechas a nivel de barrio en infraestructuras.