Ayer 121/2021 (1): 53-78
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2021
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/121-2021-03
© Sergio Valero Gómez
Recibido: 14-12-2018 | Aceptado: 10-05-2019
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Reformismo y frustración en el ámbito local valenciano. Un elemento para la radicalización socialista durante la Segunda República *

Sergio Valero Gómez

Universitat de València
sergio.valero@uv.es

Resumen: La radicalización socialista durante la Segunda República ha recabado la atención de buena parte de la historiografía, aunque con una visión más nacional que local. Por ello, este artículo quiere abordar esta última perspectiva y analizar cómo los militantes de las organizaciones locales, en este caso de la provincia de Valencia, aportaron sus experiencias a este proceso impulsados por la frustración de no ver aplicado de manera efectiva el reformismo social, laboral, secularizador y educativo que les convertía en apoyo esencial de la República.

Palabras clave: socialismo, radicalización, Segunda República, frustración, reformismo.

Abstract: The radicalisation of the Socialist Party has been one of the most important topics within the historiography of the Second Republic. However, most scholarship has addressed this problem from a national rather than a local perspective. This article aims to address this shortcoming and to analyse how militants working within local organizations drew lessons from their own experiences. Using the province of Valencia as a case study, the article demonstrates how militants who had been converted into an essential support group for the Republic became frustrated with the lack of success of social and secular reformism with regards to labour and education.

Keywords: Socialism, radicalization, Second Republic, frustration, ­reformism.

A finales de octubre de 1933, la Federación Socialista Valenciana (en adelante, FSV) celebró su segundo congreso. En él, los socialistas valencianos mostraron un cambio de actitud hacia el régimen republicano: apostaron por que el partido tuviera «como base de táctica el método revolucionario y como simple medio la democracia», transformando el esquema anterior basado «en el método evolutivo, encarnado en la máxima fuerza democrática y como apelación o recurso el método revolucionario» 1. Habían comenzado a recorrer la senda de la radicalización.

La radicalización socialista de los años treinta ha recabado la atención de buena parte de la historiografía dedicada a la Segunda República. Ya Edward Malefakis puso de manifiesto que dicho proceso «se inició con anterioridad a la subida de Lerroux al poder» y «partió tanto de los grupos dirigentes del partido como de los simples afiliados» 2. No obstante, la mayor parte de los estudios, como señalara Marta Bizcarrondo 3, han incidido más en el papel de las elites —representadas en particular por Francisco Largo Caballero— y en la derrota en las elecciones de noviembre de 1933 como los puntos clave del cambio socialista 4.

De este modo, la explicación del proceso de gestación de la radicalización —no de sus acciones visibles a partir de 1934— ha unido elites y pérdida del poder 5, dejando en un segundo plano el papel de las bases socialistas, lo cual no significa ocultar su importancia o implicación, pero sí subsumirlas entre otros elementos 6. Si bien los estudios sobre las juventudes socialistas han hecho obvia esta influencia de las bases sobre los cuadros dirigentes 7, los referidos al partido y al sindicato siguen haciendo énfasis en que la ruptura llegó a partir de la pérdida del poder. Incluso, en un intento por dar contenido social a este proceso, la confusión ha ido en aumento, llegando a ver el nacimiento del caballerismo con anterioridad al proceso de radicalización, a pesar de que dicha división en facciones enfrentadas no es visible hasta después de la Revolución de 1934 8.

Con ello, dos procesos interrelacionados pero diferentes —radicalización y caballerismo— quedan combinados, desdibujando el proceso de gestación de ambos. En nuestro caso, el interés queda centrado en el primero de ellos, relacionado con el segundo, pero no indefectiblemente unido. Quienes participaron del desencanto y la frustración respecto a la democracia republicana durante los años 1932-1934, e incluso participaron activamente en los hechos de octubre de ese año, no deben ser unidos directamente a las filas del caballerismo entre 1935 y 1939. Octubre de 1934 no fue un punto de no retorno. Fue el inicio de procesos dentro del PSOE que tuvieron su desarrollo y consecuencia —también para la política general española— en los últimos años de la República en paz y durante la Guerra Civil. Por tanto, el caballerismo no fue el causante de la radicalización. Más bien el proceso de frustración y desencanto causó la ruptura con el régimen republicano, cuya desigual lectura entre los socialistas provocó la aparición del caballerismo.

En esta línea, el objetivo de este artículo será hacer una relectura del proceso de gestación de la radicalización socialista de los años treinta —no de sus efectos— desde la perspectiva de un estudio de caso, el del socialismo de la provincia de Valencia, otorgando un papel fundamental al reformismo social, laboral, educativo y secularizador, a las bases socialistas y al poder local. Porque la radicalización —el proceso de cuestionamiento de todos o algunos de los puntos que caracterizaron el primer bienio republicano y que acabará, en el contexto de 1934, en un camino acelerado hacia la ruptura e incluso la violencia— se produjo como consecuencia de la contradicción entre dos elementos que el socialismo consideraba unidos: democracia y reformismo 9. Cuando los socialistas comprobaron que la democracia no era inseparable de las reformas, su confianza se desplomó 10.

Esa constatación se produjo, en primer término, en el ámbito local, clave en la puesta en marcha de las reformas aprobadas, y la frustración que supuso fue vivida antes por los miembros de las organizaciones de base, protagonistas de los procesos, exitosos o fallidos, de implementación de dicho reformismo. Por eso, este estudio se asentará sobre las fuentes en las que dichas organizaciones se hicieron visibles, los órganos de expresión del socialismo de la provincia de Valencia, República Social, El Popular y El Socialista.

Reformismo, legalismo y poder local

La importancia del reformismo en el esquema político del socialismo español de los años treinta ha sido resaltada desde hace varias décadas. Ahora bien, la relación directa entre dicho reformismo —o más bien los límites en su aplicación efectiva— y el proceso de radicalización del PSOE, y la interiorización de dichos mecanismos por los cuadros medios y bajos del partido son más difíciles de encontrar 11.

En el primer caso, ya Santos Juliá estableció la fórmula de «la estación de tránsito»: los socialistas consideraban que la República era el paso necesario para llegar a una sociedad sin clases. Pero también sabían que el proceso no sería ni acelerado ni inmediato. Por ello, el reformismo constante se debía aplicar a partir de un «gradualismo reformador», dirigido a la aprobación de mejoras paulatinas de los medios de vida y de trabajo de las clases populares 12. Además, tendría un trasfondo corporativo, de fortalecimiento de la UGT frente a su rival, la CNT, con el objetivo de monopolizar la representación de estos mismos sectores 13. Sobre esta base, socialistas y republicanos de izquierda pusieron en marcha un conjunto de reformas que se plasmaron en las relaciones laborales —con una especial atención al mundo rural—, la mejora de los derechos sociales de los trabajadores, la secularización y la educación 14. Todas ellas, y los intentos de conseguir más, eran el elemento que hacía respetable la República para los socialistas. Sin ellas, afirmaban, «nuestras masas se creerán engañadas y forzosamente derivarán hacia el comunismo» 15. De este modo, la República era el régimen de los socialistas, pero no su objetivo final, y de ahí que, a partir del incumplimiento de sus premisas, se produjera un cambio en buena parte de ellos. Esto se hizo visible, primero y fundamentalmente, en el ámbito local.

Los ayuntamientos fueron un lugar preferencial para la acción política del socialismo europeo del primer tercio del siglo xx, incluido el español 16, y el periodo republicano no fue diferente. Así lo vio el propio PSOE: «Son los municipios los encargados de hacer cumplir todas las leyes sociales» 17. En un momento clave como aquel, desde el Gobierno y en medio, además, de una fuerte crisis laboral, los ayuntamientos eran una plataforma perfecta para aplicar la legislación ya aprobada y, gracias a ello, mantener y conseguir otras instancias de poder. Solo con una fuerte representación en el ámbito local se podría conseguir la «efectividad del régimen en los pueblos» y frenar el entorpecimiento constante a la aplicación de la legislación aprobada 18. A la vez, eso mismo —conseguir el éxito del reformismo— llevaría a un engrandecimiento de las organizaciones —tal y como demostró su fortísimo crecimiento durante los meses centrales y finales de 1931—, que supondría mantener los apoyos que los habían llevado al Gobierno e incluso aumentarlos para seguir avanzando en el proyecto reformista 19.

En todo caso, con mayor o menor crecimiento, con control efectivo o no del poder local, los socialistas se lanzaron a una acción movilizadora en defensa de la aplicación de la obra reformista republicana, base sobre la cual se construiría un futuro plenamente socialista, porque, como señaló Largo Caballero, «la clase trabajadora se consideraría engañada si no se terminara la revolución» 20. En cada escenario, la conflictividad tenía concreciones diferentes: en los lugares con control socialista de la gestión del poder local, el objetivo eran los patronos, y en aquellos donde no se ejercía dicho control, la movilización suponía enfrentamientos también con las autoridades locales, acusadas de inacción o incluso boicot. Uniendo este objetivo común se situaba «la aplicación de la legalidad vigente» 21.

Podrá aducirse que la acción socialista tuvo consecuencias económicas negativas por poner en marcha una legislación social que tendía, en un periodo de crisis agraria, a aumentar los costes laborales y reducir, por tanto, los beneficios 22; que dichas consecuencias incluso afectaban a una parte de aquellos a los que, en principio, se quería beneficiar debido a la inflexibilidad de algunas normas, como la Ley de Términos Municipales; que todo ello provocó la movilización y reorganización de las fuerzas sociales y políticas contrarias a dichas medidas; que, incluso, las abocó al antirrepublicanismo; y que pecó de rigidez ante sus adversarios. Pero todo esto puede ser analizado también como una actuación que hacía cumplir las leyes aprobadas por las Cortes y tendía a defender los intereses de sus votantes y seguidores, incluso donde no se disfrutaba del poder local. Porque, en un principio, no existía entre los socialistas una voluntad de cambio unilateral. Creían que «los pueblos progresan más firme y rápidamente por la vía democrática [...], que mediante los estados de fuerza». Por tanto, sin renunciar a sus objetivos últimos, pero sí rechazando el ejemplo ruso, apostaban por conseguirlo no «por la violenta destrucción de la clase antagónica, sino absorbiéndola gradualmente» 23.

De hecho, el retrato queda aún más claro cuando la historiografía ha asumido la voluntad de boicotear la ley y «escapar de la misma» por parte de los patronos e incluso de las autoridades locales 24. El enconamiento en dicho conflicto entre elementos obstruccionistas y socialistas inflexibles supuso el estallido de todo este entramado de significados para el socialismo. Si la república era reformismo y este no se estaba consumando, era necesario no encastillarse en un mismo esquema fallido a ojos del socialismo. Por ello, gradualismo reformador y legalismo fueron dando paso a otro tipo de actitudes. De hecho, sabían desde un principio cuáles eran los riesgos: «Si vosotros nos cerráis las puertas, entonces nosotros tendremos que decirles que la República no es realmente nuestra República y que no podrá ser su República, sino por medio de la insurrección», señalaba Julián Besteiro en octubre de 1931 25.

Todo este proceso de cambio desde el apoyo al rechazo a la República ha recabado una atención desigual entre la historiografía regional. Si bien es un aspecto que se ha abordado en prácticamente todos los estudios, se trata, en ocasiones, como un fenómeno existente, sin que se llegue a profundizar en sus raíces concretas, en sus implicaciones sociales e incluso en las concreciones regionales y provinciales. Mientras en otros aspectos, como la conflictividad sindical, la fuerza afiliativa o el apoyo electoral, las afirmaciones, razones y cronologías de la historiografía nacional son ratificadas, matizadas o corregidas, en el caso que nos ocupa muchas veces estas se dan por buenas.

La mayor riqueza explicativa la encontramos en los estudios sobre conflictividad y movilización relacionadas con la UGT. Abundan en ellos tanto las razones socioeconómicas como las argumentaciones de tipo político para encontrar sentido a la mayor o menor conflictividad/movilización ugetista en cada territorio 26. Ahora bien, cuando se trata de dar el salto al PSOE y a sus dinámicas de movilización y comportamiento —en este caso concreto referido a la radicalización— se atiende de forma menor a las explicaciones apegadas a las dinámicas concretas, gracias a las cuales podríamos encontrar tendencias generales que nos expliquen con mayor complejidad el proceso de radicalización y nos ayuden quizá a salir de cierta visión dirigista, de arriba abajo, de todo este proceso 27.

Así, por una parte de esta historiografía se ha prestado poca atención a la radicalización y sus porqués 28. Son paradigmáticos los casos aragonés y vasco, donde, cuando aparece, este proceso queda reducido a una cuestión que llega desde arriba 29. Incluso cuando sigue a una activa movilización sindical durante el primer bienio, explicada de forma poliédrica 30, el paso a lo político se reduce a los cambios de gobierno del otoño de 1933 —antes y después de las elecciones—, sin observar si dicha conflictividad y movilizaciones previas estaban asentando entre la militancia ciertas ideas y concepciones que pudieran colaborar a echarlo a andar 31. De este modo, aunque parezca que hay continuidad entre conflictividad y radicalización, no se abunda en ello o en si los factores que influyeron en una cuestión lo hicieron en la otra.

Por su parte, otro conjunto de estudios, con una atención preferencial, aunque no solo, al socialismo andaluz 32, sí ha profundizado en el periodo anterior a la ruptura efectiva de los socialistas con la República a través de una conexión clara entre factores políticos y factores socioeconómicos, aunque ha mantenido la coincidencia entre radicalización y motivación electoral y pérdida del poder. En este caso, se ha resaltado cómo el ejercicio del poder dirigido a aplicar la interpretación más favorable del reformismo social se combinó con el uso de la conflictividad sindical ante la resistencia patronal, convirtiendo el campo andaluz en un polvorín y la pérdida del poder —pues se había ejercido y disfrutado tanto en el ámbito local como en las instancias más bajas de los organismos del Estado— en el factor esencial de la radicalización 33. Ahora bien, con ello se pierde de vista cómo este mismo ejercicio pudo devenir en radicalización a través de un proceso de acumulación de frustraciones, por la ineficacia de ese poder, que se consumó con la salida del Gobierno.

Un tercer conjunto de estudios ha constatado no solo las uniones entre conflictividad sindical y motivaciones políticas, sino también la presión de base existente sin que, además, hubiera mediación del poder político, pues el socialismo, sometido a una elevada competencia, no llegó a disponer de un poder local amplio 34. Las dinámicas de conflictividad provocadas por el incumplimiento de la legislación, sobre todo social y laboral, pero no única y exclusivamente, dieron paso a un «desencanto creciente» hacia la República, de forma que «algunos dirigentes ugetistas se radicalizan desde esas tempranas fechas, contribuyendo a la difusión de tal actitud en el partido» 35. A ello se añaden los factores políticos, como «la colaboración, cada vez mayor, de las autoridades locales y provinciales republicanas» con los incumplimientos de la legislación por parte de los patronos 36, que llevaron a las organizaciones sindicales a defender con su movilización «el cumplimiento de la legalidad» 37.

De este modo, la defensa del reformismo y su aplicación efectiva, desde el ámbito local, desempeñaron un papel fundamental en el cambio de postura del socialismo español, comenzando por sus bases, antes de que se produjera el viraje en los líderes nacionales a partir del verano de 1933. Entre ambos polos, el canal de conexión se asentó en la tradición de la cultura política socialista, sobre todo a partir de tres elementos: la interrelación militancia-dirigencia, a través de los órganos internos y la prensa 38; la preeminencia de la acción política sobre la sindical, es decir, «el Partido orienta políticamente al Sindicato [sic]», y «la trabazón, esto es, la presencia de los mismos dirigentes en posiciones clave de ambas organizaciones» 39.

Por tanto, la historiografía más atenta al proceso de cambio que vivió el socialismo español durante el periodo 1932-1934 se ha ido consolidando en torno a dos visiones marcadas por la posición política en cada ámbito y las posibilidades que daba de controlar el poder local. Allí donde el socialismo formó parte de la gestión del reformismo, los relatos han centrado su atención, por ello mismo, en la posesión del poder y la posibilidad de perderlo, y donde el socialismo era políticamente más débil, aquella se ha desplazado a las reclamaciones existentes desde fuera y las tensiones en las bases. En ambos casos se constata la vinculación, aunque desde posiciones diferentes, de dos factores que influyeron en la radicalización: la conflictividad sindical y la acción política. En el primer caso, el PSOE pudo llegar a controlar los poderes locales, por lo que utilizó la conflictividad y la movilización como método de rechazo y presión a las resistencias patronales, mientras que, en el segundo, no tenía puestos relevantes en los ayuntamientos y resonó esa misma conflictividad, aunque añadiendo el papel de los alcaldes en el incumplimiento de la legislación reformista.

Será desde estos últimos lugares desde donde comience el proceso de frustración y desencanto ya en 1932, y a ellos se unirán, durante 1933, los primeros escenarios según se vaya concretando el riesgo de perder el poder político. En todos ellos, un factor común: la defensa, aplicación y cumplimiento del corpus reformista en unos ámbitos concretos que también comparten —el local y el provincial—, claves en cómo se fue gestando el desencanto en el PSOE. El Socialista señalaba ya en enero de 1932 que «sin cesar llegan a nuestra redacción lamentos y quejas de gran número de pueblos de España [...]. No se cumplen, como bajo otro régimen, las leyes sociales» 40. Además, Manuel Cordero urgía a que hubiera cambios ante la posibilidad de que «el pueblo obrero lleg[ue] a perder la fe en las instituciones republicanas como medio de alcanzar por procedimientos evolutivos su mejoramiento primero, su redención después» 41.

De este modo, los escenarios contemplados y las explicaciones a que han dado lugar no son incompatibles. Dibujan un panorama plural en el que el socialismo español tuvo que adaptarse a situaciones diversas —mayor o menor fuerza afiliativa, posibilidades de gestión del poder político, relaciones con los diferentes grupos republicanos, escenarios socio-laborales variados—, aunque siempre con el objetivo de poner en marcha un ambicioso reformismo social, laboral, secularizador y educativo como camino preparatorio para la sociedad sin clases.

El caso de la provincia de Valencia: la radicalización en los márgenes del poder

En este contexto, el caso valenciano se sitúa como un ejemplo de socialismo que empezó a mostrar signos de desencanto y ruptura con respecto al régimen republicano desde los márgenes del poder local antes de que se produjera el final de la colaboración gubernamental. Desde finales de 1932 se visualizan, en la prensa socialista, las quejas enviadas desde diferentes localidades cuyo contenido se situaría, a partir de noviembre de 1933, en la base del argumentario a favor de la ruptura. Obviamente, esas reseñas no llegaban al lector de una forma directa, sino que atravesaban el filtro de aquellos que dirigían las publicaciones, haciendo de dichos mensajes una construcción que debe ser analizada. Si bien no pueden llevarnos a concluir que exista una deriva irrefrenable hacia la radicalización, sí muestran, junto a los pasos dados por la organización socialista desde la primavera de 1933, un camino que llevó hacia posicionamientos de mayor firmeza y cambio de posturas, aun cuando en el caso de la provincia de Valencia no significara la ruptura con los socios republicanos de izquierda 42. Así, la pérdida del poder no es la única dinámica que deba ser resaltada, sino que es un elemento más que se añade a un proceso que se asienta sobre dinámicas anteriores.

Situada en un contexto político plural y complejo, la FSV hubo de hacer frente a la competencia de diferentes formaciones. Por un lado, el casi omnipotente republicanismo histórico. Desde el cambio de siglo, el blasquismo había hegemonizado el control de buena parte de los sectores populares, convirtiéndose en el principal rival electoral del socialismo valenciano 43. Igualmente, tenían cierta relevancia, sobre todo en la ciudad de Valencia y en la ribera del Júcar, el Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) y Acción Republicana (AR). Por último, es muy destacada la Derecha Regional Valenciana (DRV), el poderoso partido católico. De este modo, frente a las eficaces y enormes máquinas políticas que eran el blasquismo y el catolicismo político, el socialismo valenciano era una fuerza política discreta. Podía moverse en torno a un 12 por 100 del apoyo electoral; solo consiguió diputados cuando pactó con el republicanismo provincial, y llegó a tener, a finales de 1932, 187 concejales y media docena de alcaldes entre los 2.637 regidores y 264 alcaldes de la provincia 44.

Ahora bien, esa debilidad externa no se correspondía con su fortaleza afiliativa. En los años treinta se fueron consolidando zonas tradicionalmente socialistas, como la ciudad de Valencia y las diferentes agrociudades vinculadas a la exportación (Alzira, Gandía, Xàtiva o Requena, entre otras), y a ellas se fueron añadiendo diferentes focos, económicamente muy heterogéneos, situados en los hinterland de dichos núcleos urbanos. En diciembre de 1931, cuando se constituyó la federación provincial, tenía 3.190 afiliados, mientras que, en octubre de 1932, la cifra se situaba en 3.009. La FSV era la octava con más militantes de España, solo por detrás de las grandes federaciones del centro-sur (Badajoz, Jaén, Madrid, Huelva, Córdoba, Toledo y Murcia) y por delante de federaciones históricamente fuertes que durante esos años aportaron más diputados que los socialistas valencianos, como Vizcaya, Asturias, Alicante, Albacete, Cáceres o Granada 45. De hecho, a pesar de la pujanza de otras organizaciones provinciales, como Alicante, Albacete o Murcia, durante todo el periodo, el representante de Levante en el Comité Nacional del PSOE fue un dirigente de la FSV.

En todo caso, el crecimiento siempre se vio limitado por la fuerza del republicanismo en sus diferentes variantes 46, por lo que el socialismo provincial se embarcó en una acción política que contrarrestara a sus principales rivales —blasquismo y anarquismo—, sobre todo en el ámbito local, desde donde comenzaron a llegar las reclamaciones en torno al incumplimiento de las leyes. Ya a mediados de 1932, desde los órganos socialistas se detectó que los incumplimientos estaban ocasionando una respuesta que los dirigentes provinciales se veían incapaces de frenar, manifestando el «cansancio de aconsejar calma y más calma a cuantos obreros vienen a contarnos sus cuitas». En todo ello siempre aparecía la responsabilidad de los alcaldes, «que no saben o no quieren cumplir con su deber», lo cual provocaba que «los trabajadores van perdiendo su fe en el régimen republicano», pues no entendían «que ahora pasa lo de antes» 47.

A partir de la segunda mitad de ese año se fueron haciendo presentes los mensajes críticos hacia incumplidores, colaboradores del incumplimiento y autoridades encargadas de corregir dichas actitudes bajo dos principios: la vigilancia y acción, señalando, como se hacía desde Paiporta, «si ustedes no hacen nada de lo que prometieron al pueblo antes de las elecciones, ¿cómo vamos a callar nosotros?» 48, y el principio de legalidad: «Todo ciudadano que vive en un país civilizado tiene la obligación de respetar las leyes de la República y no boicotearla tan descaradamente» 49.

Aunque los patronos y el clero eran de los principales incumplidores 50, las autoridades municipales, encargadas de vigilar la ejecución de la legislación social, laboral, secularizadora y educativa, y de castigar los comportamientos contrarios a ella, se convirtieron en el blanco prioritario de los socialistas, pues entendían que su connivencia o inacción eran inaceptables. Así sucedió en el caso del Puerto de Sagunto, donde se denunció el volteo de campanas y se avisó al alcalde de que «tiene su mayor culpa», pues debía encargarse de «hacer cumplir las leyes de la República». Por esta razón, desde Fortaleny señalaban: «¿No sabéis que aquí aún se hacen los entierros lo mismo que cuando la monarquía; que nuestro cementerio aún tiene la cruz puesta?». El mensaje era, como desde Villalonga, que «no ha sido la República la que ha sembrado estos males», sino que eran otros los que provocaban que la República no «llegue hasta estos» 51.

La decepción que esto causaba empezó a visualizarse ya a principios de 1933. Desde Alfara de Algimia se preguntaban si «ha venido la República», pues no «se cumplen ni se conocen las leyes de la República» 52. Y así también lo señalaba el representante del distrito de Enguera en el Pleno de la FSV, Juan Lluch, para quien «las leyes aprobadas por los padres de la patria son un mito» y lo ejemplificaba con los casos de los alcaldes de Quesa, Bolbaite, Sellent y Anna. Por ello concluía: «La clase obrera y campesina ha sido defraudada por la república que bonitamente se da en llamar de trabajadores», cuyos defensores «decepcionados se retiran a sus casas» 53. Mientras, desde Villalonga, se transmitía la imagen de que nada parecía haber cambiado desde el 14 de abril de 1931, pues mandaban «los mismos perros con distintos collares» 54.

Este panorama aún convivía con referencias de apoyo a la estrategia seguida: «Sus reivindicaciones se han de defender con la ley», se afirmaba desde Cullera. Y desde Buñol se apostaba por el intervencionismo estatal como vía para continuar consiguiendo mejoras, a la vez que se celebraban acuerdos y resoluciones de conflictos que resultaban beneficiosos para los intereses socialistas, como había sucedido en el Puerto de Sagunto o en Faura 55. Incluso desde Albalat de la Ribera, el secretario de su agrupación socialista mostraba su «fervor» hacia «la obra de la República» 56, y el mensaje de los líderes provinciales, como Pedro García 57, insistía en lo positiva que había sido la intervención socialista «en los organismos creados para hacer cumplir la nueva Legislación Social [sic]» 58, con lo que se mostraban dos imágenes bien diferentes.

Sin embargo, Juan Lluch volvió a incidir, en marzo de 1933, en que «para nada sirve que el pueblo republicano y socialista [...] sea respetuoso de la legalidad» y en que, de continuar la cosas como iban, «se nos llevará a la revolución del proletariado», pues «o los monárquicos acaban con nosotros o nosotros tendremos que acabar con ellos» 59, ya que los incumplimientos seguían produciéndose: desde Algimia de Alfara se señalaba que «las autoridades locales no hacen cumplir las leyes de la República»; desde Alfara de Algimia se insistía en que el único deseo socialista era «que se cumplan las leyes de la República», y desde Riola, en que «sin que tengamos en el municipio mayoría de concejales socialistas no se cumplen las leyes sociales». Lo mismo ocurrió en Chella y Mas del Olmo, donde se preguntaban si el alcalde estaba al tanto —«si concedió el oportuno permiso para esos actos»— de lo que ocurría con los enterramientos, pues se producían «con cruz alzada y salmodias en la carrera», en un cementerio donde se había erigido «una tremenda cruz». Y también desde Faura, donde tras tres semanas sin maestro reclamaban al alcalde que atendiera esta situación, pues si «tuviera interés por los que hoy son pequeños no tendría el pueblo sin escuela y sin maestro» 60.

Ante esta situación, y en el contexto de las elecciones municipales parciales de abril de 1933 y del obstruccionismo parlamentario de la oposición conservadora 61, la dirigencia provincial, fiel al mensaje tradicional, insistió en que su táctica de colaboración era circunstancial y que «mañana podemos adjudicarnos otra». Por ello se demandaba que el camino reformista de la República no se cortara, sino que «continuara su trayectoria inicial», permitiendo «que en su seno vayanse incuavando [sic] nuevas formas económicas» que «den margen para que las aspiraciones proletarias inmediatas se plasmen en realidad» 62. En ese momento no estaban «todavía agotados los recursos de lucha», por lo que la consigna era «resistir». Por tanto, concluía Fernando Llovera, director de República Social, «defender la democracia es nuestra consigna de hoy» y llamaba a expresar la «protesta de una forma correcta y legal», pues no solo forma parte de la democracia el funcionamiento del Parlamento, sino que «el pueblo alienta a las puertas de él» 63.

Coincidió dicho mensaje, además, con toda una serie de acuerdos laborales que llevaban tiempo enquistados: la firma de las bases de trabajo en Algimia de Alfara o en Albalat de la Ribera y la consecución del turno riguroso en Alcudia de Carlet 64. Pero de nuevo las quejas volvieron a aparecer: desde Bocairent se clamaba por saber: «¿Cuándo se crean las escuelas que le hacen falta al pueblo para que los hijos de los obreros adquieran la cultura necesaria?», y desde Alcántara del Júcar se insistía en que era el propio ayuntamiento el que «empie[za] a hacer campaña contra [estas] disposiciones» laborales, como las bolsas de trabajo 65.

Entonces llegó la crisis de gobierno de junio de 1933 y el tono comenzó a subir. El 9 de junio República Social insistía en el cumplimiento de las leyes, pero se daban pasos hacia una retórica antes no presente: no se consentiría «un gobierno Melquiades-Lerroux-Maura, porque, aparte de no cumplir ninguna de las leyes constitucionales, [...] antes una guerra civil que el fascismo», se decía desde Bunyol 66. El mensaje mayoritario, en todo caso, era el de reclamar una vuelta a las que, entendían, eran las esencias de la República: volver «a la revolución», «al principio de la proclamación de la República». A pesar de que ello solo parecía un apoyo explícito al Gobierno, también dejaba entrever que aquello que se había aprobado no se había llegado a consumar. Por ello se demandaba poner «nuevamente en marcha el motor de la Revolución». Si el Gobierno no había cambiado, las leyes no se habían modificado y la oposición no había conseguido derrotar las iniciativas gubernamentales, ¿qué se debía poner en marcha nuevamente? La iniciativa de avance y, sobre todo, un progreso «sin consideración para los enemigos ni blandenguerías». Y si el Gobierno se veía incapaz, «en este caso la Revolución seguirán haciéndola solo los trabajadores» 67.

Continuaba, por tanto, la fidelidad al proyecto inicial de colaboración socialista con base en la aplicación de un reformismo audaz efectivamente aplicado. Pero se multiplicaron los mensajes de ir más allá si eso no funcionaba. Había posiciones que apostaban por «estar dispuestos para cuando el carromato del parlamentarismo no pueda seguir adelante». Sobre la base de ser la minoría parlamentaria más numerosa, se apostaba por que, si había una nueva crisis, el socialismo debía cumplir su «deber revolucionario» y hacerse cargo del gobierno, pero no «parlamentariamente», pues no se reconocían «ni laboristas ni socialdemócratas» 68. Algo se estaba moviendo si desde la prensa oficial se hacían estos llamamientos.

Y se fueron haciendo cada vez más presentes. A finales de julio, República Social abría con un artículo de Máximo Navarrete en el que se fijaban las posiciones que serían preponderantes entre las juventudes socialistas y la parte más desencantada del partido: la colaboración debía llegar a su fin para volver a «su labor de orientación de sus masas». Ahora bien, como esto no iba a pasar debido a las decisiones de la dirección nacional, reclamaban entonces «una mayor significación y eficacia revolucionaria» 69.

Se iba consolidando así una línea de evolución en la que se vinculaban aspectos nacionales con locales: las reclamaciones en el ámbito local se habían podido ir refrenando gracias a la seguridad que daba disfrutar del poder nacional, por lo que la presión se fue canalizando en forma de reclamaciones y peticiones. Pero cuando esta seguridad se quebró, la alternativa fue acelerar la marcha para no perder definitivamente los apoyos de unos sectores que ya se detectaban desencantados. Si a la no aplicación efectiva de la legislación se sumaba la salida de los órganos de gobierno, la dispersión de apoyos sería enorme. Había que endurecer las exigencias y mostrarse cada vez más inflexibles, asentando las reclamaciones, como ya se venía haciendo, en el cumplimiento de la legislación. Así se transmitió desde Algimia de Alfara en junio de 1933: esperaban que el nuevo Gobierno hiciera «cumplir todas cuantas leyes hay decretadas en bien de la clase explotada», ya que, hasta ese momento, habían sido «demasiado tolerantes, democráticos y sinceros con los contrarios» 70.

Por tanto, no solo los incumplimientos tenían consecuencias en forma de conflictividad, sino que la combinación de incumplimientos, pasividad del poder local e incapacidad de los poderes provinciales había derivado también en una situación de creciente decepción. De hecho, las muestras de descontento y desilusión continuaron llegando en las reseñas enviadas desde diferentes localidades. A finales de junio de 1933, desde Turís se afirmaba que «creyendo mejorar con la República, hemos salido engañados» 71. Incluso se llegó a ni quisiera reclamar el cumplimiento de la ley, como desde Algimia de Alfara en julio de 1933, pues cuando acudían a ella «vemos sorprendidos que no hay nada concreto, y se nos quita en parte la ilusión», generando entre los sectores populares «una gran indiferencia y un gran desespero». Por eso, señalaban desde Alfara de Algimia, «es preciso que se haga la revolución obrera», pues «el Gobierno ha promulgado muchas leyes pero no se cumplen» 72.

Esta situación era diferente allá donde el socialismo sí ejercía el gobierno local, como en Chera, donde podían presumir de éxitos de gestión: «Con nuestra gloriosa táctica hemos salido triunfantes» 73. Por eso, el objetivo debía ser la organización y control de los órganos de poder. Pero los incumplimientos estaban a la orden del día, tal y como seguía mostrando República Social: por ejemplo, en Alfara de Algimia, donde el alcalde permitía que se incumpliera el orden establecido en las bolsas de trabajo; en Xeraco, desde donde llegaban críticas hacia su alcalde por dejar «que la clase patronal no respete las bases de trabajo y [...] que la bolsa sea atropellada», o en Alcudia de Carlet, donde denunciaban que si el turno riguroso no se cumplía, «el culpable es el alcalde». A ello se añadiría la inacción en el campo secularizador, como en Bocairent, donde, tras su entrada en el ayuntamiento como consecuencia de las elecciones municipales parciales de abril de 1933, los concejales socialistas retiraron la imagen de Cristo Rey de la sala de sesiones del consistorio, afirmando que «en lo sucesivo, seremos nosotros quienes os haremos cumplir la legislación [...], pues la República no tiene religión oficial» 74.

En este contexto, tras el discurso de Largo Caballero en la Escuela Socialista de Verano del PSOE y las elecciones al Tribunal de Garantías Constitucionales, volvieron a resurgir algunos de los argumentos críticos contra el régimen, como desde Chella: «Democracia, sí, impuesta por los proletarios y no por la burguesía que se sirve de ella para seguir explotando a los trabajadores» 75. Y entonces llegó la salida del Gobierno, explicada por los dirigentes provinciales como una consecuencia de los errores cometidos: los «empachos de legalismo, de tolerancia mal entendida y peor agradecida» 76. Ahora ya no se combinaban las quejas que procedían del ámbito local con estrategias confiadas en el esquema tradicional. La dirección provincial se sumaba a aquellos que no descartaban caminos alternativos al parlamentario, ya que «un pueblo no debe confiar a unas Cortes la ejecutoria de una revolución», pues era «mucha experiencia la que nos trae esos últimos tiempos» 77.

Esta experiencia, además, se había transmitido desde la base de las organizaciones hasta la elite, conocedora de estas situaciones desde los primeros momentos. Ya lo denunciaron los delegados de los distritos de Alzira y Xàtiva en la reunión del Pleno de la FSV del 26 de junio de 1932, donde expresaron sus quejas por el incumplimiento de las leyes en el ámbito local debido, en buena medida, a las «maniobras de los alcaldes para burlar la ley» y «el auxilio» que prestan a aquellos que quieren incumplirla 78. Además, se demandaba la firme intervención de dichas instancias: a finales de 1932, en Quesa, esperaban que se produjera una «intervención enérgica antes que la justicia popular [...] tenga que restablecer un orden perturbado» 79; desde Rafelcofer se solicitaba que actuaran ante la pasividad del alcalde para que no «sean burladas las leyes de la República» y «se dé al traste con la tranquilidad del pueblo», y desde Macastre se preguntaban: «¿Qué le parece al señor gobernador cómo se interpretan y obedecen sus órdenes?» 80. E incluso llegaban al «organismo dirigente del gobierno» para que sustituyera la «blandura» por la exigencia en el cumplimiento de las leyes 81: «Una democracia, para que ella sea efectiva, deben las autoridades impedir estas bajas maniobras» 82, llegó a afirmar Juan Lluch.

En paralelo, como ya hemos visto, las noticias continuaron llegando, a través del Pleno, a la superioridad del partido. En su reunión de abril de 1933 se trató de nuevo el descontento en las organizaciones locales ante la situación existente y los delegados de los distritos mostraron «el profundo disgusto y la excitación de la clase obrera» 83. Y en la siguiente reunión plenaria celebrada en agosto de ese año insistieron en aquello que estaba en la base de toda esta problemática: junto a las organizaciones provinciales de AR y PRRS habían firmado un pacto «para la renovación de la política valenciana en sentido moralizador, izquierdista y anticaciquil, procurando el cumplimiento estricto de las leyes de la República» 84.

El último momento en el que se hizo visible el traslado de ese malestar fue en el II Congreso de la FSV, entre el 29 y 30 de octubre 85, cuando se volvió a solicitar el cumplimiento de la legislación social y se aprobó que fueran destituidos los alcaldes que no lo hicieran. Además, los militantes valencianos, como hemos podido ver al principio de este texto, mostraron un cambio de actitud hacia el régimen, influidos por las frustraciones causadas ante los incumplimientos aquí reseñados.

No obstante, en este momento ya se había producido el Comité Nacional del PSOE de septiembre de 1933 y, por tanto, la influencia directa de las bases se veía mediatizada, a la vez que complementada, por un cambio que también se había producido en la elite, receptora de las frustraciones de aquellas. Tras la salida del Gobierno, se hizo visible el descontento de los militantes «porque ha matado muchas esperanzas la República». Era necesario que la dirección se dirigiera al partido para darle «una tonificación de optimismo y de fe en sí mismo». Junto al sindicato, el partido defendería «sin desmayo el cumplimiento de la legislación social» y no permitiría «el menor retroceso en las conquistas alcanzadas». Además, tras un intercambio de opiniones entre Prieto y varios vocales regionales, portadores muchos de ellos de la «gran desilusión en los pueblos por el régimen actual», se llegó al acuerdo de remarcar la voluntad del PSOE «de defender la República contra toda agresión reaccionaria y su convicción de la necesidad de conquistar el poder político como medio indispensable para implantar el socialismo» 86.

Comenzaba entonces un viraje también en la elite que no haría más que confirmarse a partir de las elecciones del 19 de noviembre. Y lo hacía sabiendo la frustración y el desencanto que había venido creciendo entre las bases.

Conclusiones

En el proceso que llevó a la ruptura de los socialistas con el régimen republicano, consumada a finales de 1933 y concretada en 1934, «operaron un sinfín de factores» 87. Por eso, su análisis debe integrar necesariamente a las organizaciones locales. Como este artículo ha querido mostrar a partir del caso del socialismo valenciano, la radicalización se asentó en momentos anteriores al otoño de 1933, cuando las bases socialistas comenzaron a mostrar su descontento con la deriva del régimen tras comprobar cómo las acciones políticas y sindicales no desbloqueaban el incumplimiento del corpus reformista implementado entre 1931 y 1932.

Las resistencias de los patronos a cumplir con la legislación aprobada y la inacción para evitar los incumplimientos por parte de los alcaldes contrarios a dicho reformismo llevaron a la frustración y la desafección de los socialistas con respecto al proyecto republicano. Por supuesto, esta deriva no es unívoca en todo el país, como tampoco las situaciones políticas, económicas, sociales y, en el caso del socialismo, afiliativas y movilizadoras. Pero sí podemos cuestionar que el viraje socialista arrancara a partir de la pérdida del poder, para empezar a afirmar que las bases de este proceso pueden quedar situadas en la segunda mitad de 1932, sobre todo en aquellos lugares en los que el socialismo tenía una presencia limitada en los poderes locales.

La decepción derivada de la no consumación de una legislación que efectivamente transformaba la vida de los ciudadanos abocó a una parte de la militancia a reclamar, primero, una mayor atención por parte de sus propios líderes, muchos de ellos en ámbitos de gobierno, para después comenzar a desengancharse de una política que se enredaba en jeribeques infructuosos.

Todo ello se fue extendiendo y agravando según pasaba el año 1933, y se hizo aún más visible cuando se constató que el control socialista de ciertas instancias de poder llegaba a su fin. En ese momento, la dirigencia provincial y nacional, muchas veces más preocupada en contrarrestar el desencanto, abandonó su papel de muro de contención y acabó por soltar amarras. Los principios y valores difundidos por las organizaciones socialistas habían calado. Era, en este sentido, un triunfo del arraigo de la cultura política socialista y llegó a situar a estas elites en una situación complicada, al tener que conjugar, durante buena parte de 1933, el discurso habitual desde el comienzo del régimen con las reclamaciones por las bases de una mayor contundencia en las actuaciones. Hasta que ambas partes confluyeron a partir del otoño de 1933.

Eran muchas las ansias, muchas las esperanzas. Una auténtica utopía esperar cambios tan rápidos en tan poco tiempo. Es un aprendizaje entender que la democracia también supone frustraciones, pero, al mismo tiempo, las frustraciones causan aprendizajes que conllevan cambios de rumbo 88. De ahí que los militantes socialistas reclamaran un viraje que pusiera en práctica los principios aprendidos y aprehendidos desde principios de siglo: la compatibilidad de los objetivos maximalistas revolucionarios con las prácticas reformistas asentadas sobre el municipalismo, la participación en las instituciones y el principio de legalidad. Su contradicción con la deriva de la praxis política durante el régimen republicano —un contexto de dura competencia política y rápida y profunda democratización— supuso que el proceso de desencanto y desafección fuera también rápido.