Ayer 121/2021 (1): 253-283
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2021
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/121-2021-10
© Miguel Martorell Linares
Recibido: 11-04-2018 | Aceptado: 28-06-2018
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Enrique Fuentes Quintana: el falangista que leía a Keynes (1948-1957)

Miguel Martorell Linares

Universidad Nacional de Educación a Distancia
mmartorell@poli.uned.es

Resumen: Enrique Fuentes Quintana fue uno de los economistas españoles más importantes del pasado siglo xx. En los años de su formación fue un ávido lector de John Maynard Keynes, quien influyó de manera notable en los escritos que publicó al comenzar su carrera profesional. Por aquellos años, además, Fuentes Quintana se implicó de forma activa como publicista, desde las páginas del diario Arriba, en la campaña falangista para definir el perfil ideológico e institucional del régimen. Este artículo analiza los escritos que publicó entre los años 1948 y 1957.

Palabras clave: Falange, franquismo, keynesianismo, Estado, siglo xx.

Abstract: Enrique Fuentes Quintana was one of the most important Spanish economists of the last century. In the years of his training, he was an avid reader of John Maynard Keynes. This influence was present in the published writings of the initial years of his professional career. During those years, Fuentes Quintana was an active publicist, from the pages of the newspaper Arriba, in the Falangist campaign to define the ideological and institutional profile of the regime. This article analyzes the writings he published between 1948 and 1957.

Keywords: Falange, Francoism, Keynesianism, State, 20th Century.

Franco y Keynes

El 5 de noviembre de 1953, el diario Arriba encabezó su editorial con un fragmento del discurso que Franco pronunció al tomar posesión como jefe del gobierno del Estado el 1 de octubre de 1936: «El Estado organizará los impuestos de forma que recaigan especialmente sobre quien por su capacidad económica deba soportarlos». La cita daba pie al autor para trazar una parábola cuando menos insólita, pues unía dos puntos tan distintos, tan distantes, que parecían enraizados en dimensiones diferentes. «Esta declaración del Caudillo —rezaba el texto— era de clarividencia portentosa», pues

«precisamente en 1936 toma cuerpo una corriente doctrinal de la ciencia económica que convierte al Estado en el artífice necesario de la vida económica si se pretende alcanzar el máximo bienestar material para los habitantes. Queda así arrumbada la vieja tesis liberal de que la garantía de una mínima intervención del Estado era precisa para que fuese grande la cantidad de bienes y servicios que se ponen a disposición de la comunidad» 1.

La corriente doctrinal hecha carne en 1936 no era otra que el keynesianismo, pues en febrero de 1936 John Maynard Keynes publicó The General Theory of Employment, Interest and Money, médula de su pensamiento económico. Quedaba así hermanada una extraña pareja: Franco, cuyas nociones de economía calificó con acierto Javier Tusell como «cuarteleras», y Keynes, el economista más influyente desde Karl Marx. Resaltar tal paralelismo en el órgano oficial de la Falange era una forma peculiar —y un tanto burda— de vindicar a Keynes, de afirmar que sus ideas no eran incompatibles ni con el partido ni con el régimen 2.

No sabemos quién escribió aquel editorial, pero sí que apareció incluido poco después en el libro Notas sobre política económica española, una obra colectiva, sin editor reconocido, que recopilaba varias tribunas escritas en Arriba por un grupo de jóvenes economistas que constituían —advertía la presentación del libro— un equipo, «una unidad» forjada en el «ánimo político que late detrás de cada ensayo»; «una compacta comunidad», diría Juan Velarde años más tarde. El propio Velarde, director desde febrero de 1953 de la sección económica del diario, ejercía de manera oficial como portavoz del grupo, integrado por Agustín Cotorruelo, Manuel Gutiérrez Barquín, Juan Plaza Prieto, Alfredo Cerrolaza, Carlos Muñoz Linares y Enrique Fuentes Quintana 3.

Eran jóvenes que, año más, año menos, rondaban la treintena. Como equipo, formaban parte del heterogéneo conglomerado que a la altura de los años cincuenta cohabitaba en el seno de la Falange, una compleja amalgama de grupos e individuos que a modo de mínimo común denominador compartían algunos trazos generales de una misma cultura política, pero que no siempre defendían los mismos intereses, ni ambicionaban los mismos objetivos, ni desplegaban las mismas estrategias; que incluso recelaban los unos de los otros y que a lo largo de estos años se enfrentaron entre sí en más de una ocasión. A pesar de las diferencias y de las discrepancias, y aunque actuaran desde diferentes posiciones y persiguieran distintos fines, todos ellos participaron en la batalla que dieron los falangistas por definir el perfil ideológico e institucional del régimen entre 1951, cuando tras años de un relativo ostracismo la Falange regresó a primera línea de la política con la recuperación de la categoría ministerial para su secretaría general, y la crisis de gobierno de 1957 4.

Los jóvenes economistas que constituían aquella «compacta comunidad» eran falangistas que se percibían a sí mismos como joseantonianos, radicales, aunque nunca disidentes ni heterodoxos. Algunos, como Juan Velarde, habían colaborado en las revistas del entorno universitario falangista, como Alférez, La Hora o Alcalá; en tanto que economistas, comenzaron a publicar en revistas también vinculadas al ámbito de la Falange, como De Economía, la revista de la Delegación Nacional de Sindicatos, o la Revista de Economía Política, del Instituto de Estudios Políticos. Sus tribunas en Arriba iban a menudo encabezadas con citas de José Antonio, Ramiro Ledesma o Franco, pero también de Unamuno, y no tenían reparo en ilustrar sus textos con publicaciones del exilio español, como Euzko Deya. Estas últimas referencias les emplazaban en el entorno del sector comprensivo del régimen, integrado en su mayoría por falangistas, que buscaba ampliar su base sumando valores e individuos procedentes del liberalismo y de la izquierda sin que ello implicara el más mínimo atisbo de ruptura o disidencia, y que abogaba en su discurso por la conformación de una conciencia nacional asentada sobre la integración selectiva de vencedores y vencidos. Un sector que chocó de manera frontal con el discurso excluyente, reaccionario, cargado de integrismo católico, esgrimido por otro grupo de intelectuales, muchos de ellos vinculados al Opus Dei, herederos del espíritu de Acción Española 5.

Por encima de todo, eran economistas que esgrimían con orgullo el estatus que les confería su condición de primera generación realmente profesional, formada en la recién creada Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, atalaya desde la cual miraban con displicencia a los amateurs que habían pontificado hasta la fecha, como Higinio París Eguilaz, también falangista y médico transmutado en economista, asesor áulico de Franco durante la autarquía, diana de los dardos de aquellos jóvenes altaneros que coreaban y difundían sus traspiés con cierta guasa. Fuentes Quintana contaría en una ocasión cómo París llevó a cabo una comparación entre precios internacionales en precios-papel y no en precios-oro, «desliz estadístico» que le impidió hallar ninguna correlación. Y Carlos Muñoz Linares, al reseñar uno de sus libros, remató el texto con una frase lapidaria: «Un comentario detallado de los errores que pueden encontrarse es prácticamente imposible, ya que raro es el párrafo que no contiene alguno» 6.

Al incluir en el libro Notas sobre política económica el editorial «El Congreso de la Falange y la distribución de la renta», que establecía el nexo entre Franco y Keynes y que encabeza este artículo, el grupo lo hizo suyo. Al fin y al cabo, el texto abordaba una de sus preocupaciones centrales: las políticas de redistribución de la renta, una inquietud que vertebraría la carrera de Enrique Fuentes Quintana (Carrión de los Condes, 1924-Madrid, 2007). Puede que Fuentes participara en la redacción de aquel editorial o puede que no, pero sin duda fue uno de los autores del evento que dio sentido a su título: el enunciado del séptimo punto de las bases de acción pública del I Congreso Nacional de la Falange de 1953, que reclamaba la redistribución de la renta mediante una reforma progresiva del sistema tributario. Una propuesta de resonancias keynesianas en el sentido más amplio que tiene este último adjetivo y que remite a una reformulación del capitalismo que sustituía el viejo laissez-faire por una regulación ordenada de las fuerzas económicas. En última instancia, como observó hace ya años Luis Ángel Rojo, la gran aportación de Keynes consistió en ampliar el papel del Estado en unas economías cada vez más complejas, sin renunciar al mercado como mecanismo básico de asignación de recursos 7.

El estudio de la obra temprana de Enrique Fuentes Quintana y de los otros falangistas que con él integraban este grupo de jóvenes economistas en los años cincuenta permite conocer mejor la pluralidad de voces que convergían en esa gran coalición de grupos con afinidades más o menos firmes y notables disparidades que fue la Falange durante aquella década. Contribuye también a profundizar en la crisis del modelo autárquico, un periodo durante el cual se fueron pergeñando distintas alternativas para salir del marasmo en el que acabó sumida la economía española. La fuerza que adquirió el Opus Dei tras la crisis de gobierno de 1957, el control de los grandes ministerios económicos por parte de sus integrantes y el liderazgo ejercido en el diseño del Plan de Estabilización de 1959 han tendido a eclipsar las propuestas económicas procedentes de otros ámbitos del régimen, que disentían en algunos puntos de las soluciones finalmente adoptadas y convergían en otros. Que Fuentes Quintana y otros falangistas se integraran en los equipos que gestionaron la política económica tras la estabilización también revela que en la etapa abierta en 1957 falangistas y tecnócratas no fueron dos bloques estrictamente blindados y monolíticos.

Asimismo, el análisis de los años iniciales en la carrera de Fuentes Quintana, miembro de la primera promoción de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, permite una aproximación a la etapa de consolidación de la economía como disciplina académica en España y al peso creciente de los economistas profesionales en el proceso de toma de decisiones políticas. Por otra parte, ayuda a comprobar cómo, a pesar de la imagen prevaleciente de aislamiento y a pesar de que la política económica española en estos años seguía un rumbo opuesto al adoptado en Europa occidental y Norteamérica, la comunidad de los economistas profesionales estaba perfectamente al corriente de las grandes discusiones económicas que sacudían el mundo, tanto desde una perspectiva académica como política, y participaba del debate sobre el papel del Estado en el desarrollo económico que sacudía a las Naciones Unidas y sus organismos asociados, que alentaba los planes de reconstrucción de posguerra e inspiraba el programa político de los partidos socialdemócratas —y parte de los democristianos— europeos o americanos. Por último, el análisis de los textos que publicó Enrique Fuentes Quintana en los años que oscilan entre la finalización de sus estudios y la crisis de gobierno de 1957 contribuye a comprender mejor la trayectoria global de uno de los economistas españoles más importantes del pasado siglo.

Fuentes Quintana era un conspicuo lector de Keynes. Su primera tesis doctoral, defendida en 1948, versó sobre la adecuación de la Teoría General a España. Fue, sin embargo, un lector crítico: compartía muchas de sus tesis, pero aceptaba que quizá no fueran todas aplicables al país pobre y subdesarrollado en el que iniciaba su carrera profesional al empezar la década de los cincuenta. Las siguientes páginas tratan sobre la influencia de Keynes en sus años de formación y primeras lides. Un primer apartado explica de manera somera la influencia de Keynes en el entorno económico y político español de la época. El segundo versa sobre cómo percibía Fuentes la obra de Keynes. El tercero aborda el diagnóstico crítico sobre la economía española que en 1952 llevaron a cabo Enrique Fuentes Quintana y Juan Plaza Prieto desde las páginas de la Revista de Economía Política. El cuarto y el quinto tratan de sintetizar las soluciones que entre finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta propuso Fuentes Quintana en su amplia obra dispersa —compuesta por ar­tículos académicos y tribunas de prensa— para abordar los principales problemas que presentaba la economía española 8.

Keynes está en el aire

Enrique Fuentes Quintana comenzó los estudios de Derecho en la Universidad Central, en el curso 1942-1943. Cuando al año siguiente se inauguró la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas emprendió también los de Economía, simultaneando ambas carreras. Parafraseando un éxito musical de los años setenta del siglo pasado, por entonces Keynes estaba en el aire: era omnipresente para los estudiantes de la joven facultad. De entrada, porque brindó el marco teórico del análisis macroeconómico que aprendían en las aulas, pero, sobre todo, porque las democracias occidentales habían asumido sus propuestas, incorporadas al recetario de las Naciones Unidas, y la historia de la economía desde 1936 —observó Fuentes en 1951— podía reducirse a las polémicas entre sus detractores y sus defensores, que desde cualquier rincón del mundo exploraban las diferentes sendas que había abierto 9.

El aislamiento español de aquellos años no impidió que nuestros economistas debatieran también sobre Keynes. A riesgo de simplificar por la abundancia de matices intermedios, podían distinguirse al menos tres posturas. Los defensores de la autarquía, enemigos feroces del liberalismo, partidarios de una economía aislada y dirigida, percibían su obra como una disidencia del tronco liberal que en cierto modo ratificaba sus tesis. Incluso podía ser autárquico «sin sospecharlo acaso», razonaba en 1941 Antonio de Miguel, exhibiendo como prueba un escrito en el cual Keynes sugería que «una mayor proporción de autosuficiencia y de aislamiento económico de los países pueden servir mejor que nada a la verdadera causa de la paz». Más refractario era Higinio París Eguilaz, quien consideraba a Keynes y a Friedrich Hayek igual de liberales. Sin embargo, en 1942, en su obra Un nuevo orden económico, el galeno enumeró los objetivos básicos de la política económica en el mundo posliberal que percibía en ciernes tras la segura victoria del nazismo: atenuar «al máximo los movimientos coyunturales», suprimir el paro forzoso y elevar «el nivel general de vida»; temas centrales del corpus keynesiano 10.

Poco importa que las disparatadas propuestas de París y los autárquicos para alcanzar aquellos objetivos se hallaran en las antípodas de Keynes: aunque la música fuera distinta, que algún verso resonara a su obra alimentó el argumentario de los economistas más liberales del régimen, como Germán Bernácer y Luis Olariaga, que ya antes de la Guerra Civil habían mostrado sus discrepancias con el economista inglés. La desconfianza de Bernácer hacia «Keynes y sus secuaces», tal y como calificó al maestro y a sus seguidores en un artículo publicado en la revista mexicana El trimestre económico, se acentuó en la posguerra, en un contexto de máxima intervención del Estado en la economía: tenía a los defensores de la autarquía por discípulos suyos, aunque débiles y algo castizos. Es cierto, no obstante, que aún era mayor su recelo hacia los keynesianos, a quienes percibía como más radicales y mucho menos liberales que el propio Keynes; creía que sus propuestas conducirían al caos monetario y remplazarían la inversión privada por la pública, camino abocado «al capitalismo de Estado, es decir, a un régimen parecido al comunismo ruso». Al igual que Bernácer, Luis Olariaga consideraba su obra «estatalista» en demasía y temía que una excesiva inversión pública disparara los precios, miedo —por otra parte— comprensible en España, donde habían crecido a un ritmo anual del 14 por 100 entre 1941 y 1951. Fuentes Quintana recordaría con el tiempo cómo Olariaga advertía a sus alumnos en la Facultad de Económicas de que Keynes era «muy peligroso para los aprendices de economistas» 11.

Entre ambos extremos figuraban los más afines al economista británico, como Manuel de Torres, su principal introductor en la universidad española. Torres, escribiría Fuentes muchos años después, asentaba sus clases de teoría monetaria y macroeconomía sobre una síntesis del pensamiento de Keynes, de una parte, y Knut Wicksell y sus discípulos, que integraban la Escuela de Estocolmo, de otra. Consideraba Fuentes que en Torres era keynesiana incluso la actitud, la preocupación por la política económica más allá de las disquisiciones teóricas, la percepción de la economía no solo como una disciplina académica, sino como un instrumento para cambiar el país: «nos interesó y nos apasionó por los problemas que planteaba la realidad económica española», y en eso era «netamente keynesiano». Muy crítico con el caos reglamentista de la autarquía, Torres compartía con Keynes la convicción de que el Estado debía intervenir de forma ordenada en la economía para activar el crecimiento y propiciar una redistribución más justa de la renta, sin que ello significara menoscabo para la iniciativa privada. También Joan Sardá combinaba las críticas al intervencionismo irracional autárquico con el respeto hacia Keynes, cuyo corpus hermanaba con otras corrientes económicas en boga, como la economía social de mercado defendida por la escuela conservadora ordoliberal, surgida en Alemania en los años treinta como respuesta a la crisis económica y al nazismo, y cuyos postulados difundió en la España de los años cuarenta Heinrich von Stackelberg 12.

Que los académicos disertaran sobre Keynes en foros universitarios y profesionales no significa que los jerarcas de la dictadura gustaran de sus tesis. Al fin y al cabo, era un intelectual liberal de la pérfida Albión, cuyas teorías habían nacido en los años más convulsos del siglo e iban siendo asumidas por la izquierda europea. Enrique Fuentes Quintana constató este rechazo en 1951: «La Teoría General —dado el marco revolucionario en que inicialmente aparece— se adscribe siempre por una asociación de ideas perdonable —mas no justificada— a medidas extremas, quizá demasiado avanzadas, que pueden corroer las bases más firmes del sistema económico. No hay tal» 13.

En efecto, aunque el Gobierno español estudiaba con detenimiento desde 1943 el Plan Keynes para estabilizar la economía de posguerra, más de un franquista recalcitrante consideraba perturbador el nombre de Keynes, asociado a la intervención del Estado en la redistribución de la riqueza. Fuentes Quintana y sus compañeros de Arriba tendrían ocasión de comprobarlo en 1954, cuando un ministro observó que su propuesta de reforma de la Contribución General sobre la Renta remitía a la orientación progresista del tributo durante «la nefasta República» 14.

Pero el rechazo de la vieja guardia no arredró a aquel grupo de economistas jóvenes, licenciados a finales de los años cuarenta, que —escribiría años más tarde Manuel Varela Parrache— permanecían al tanto de los grandes debates internacionales en un tiempo en que la hibridación de la obra de Keynes con las experiencias laboristas en Gran Bretaña y la influencia de otras corrientes económicas en expansión, como las teorías sobre el desarrollo, hacían que la economía hubiera dejado de ser percibida como una ciencia aséptica, descriptiva, para convertirse en una herramienta que debía transformar la sociedad persiguiendo el bienestar de los ciudadanos. Pues bienestar era otra palabra por entonces en boga. «El bienestar material de un país depende de la cuantía de los bienes y servicios de que disfrutan sus ciudadanos», escribiría Fuentes Quintana en una ocasión; bienestar que requería «la acción concertada del Estado y la actividad particular» 15.

Por otra parte, desde los años de entreguerras se había ido transformando de forma radical el pensamiento económico y redefiniendo el papel que el Estado debía desempeñar en la economía. «La guerra ha convertido en ortodoxo lo que antes parecía herético», glosó la revista Nueva Economía Nacional en la necrológica que en 1946 dedicó a Keynes, «el más destacado y original maestro de su tiempo». Periódicos como ABC elogiaban al laborista Clement Attlee cuando afirmaba en el Parlamento británico que mientras durara la guerra el Estado debía ejercer su dominio «sobre todas las personas, ricas y pobres, patronos y obreros, y sobre todas las propiedades» 16. Y los alumnos de la primera promoción de Políticas y Económicas pudieron comprobar de primera mano cuán atractiva podía llegar a resultar la impronta estatalista del laborismo cuando en 1946 William Beveridge, teórico del sistema del bienestar británico, fue autorizado a viajar a España y a explicar en la nueva facultad su obra, que entroncaba con la vertiente más social del keynesianismo y que una revista económica española definió como «un plan para el bienestar nacional de las personas o comunidades que no son enteramente capaces de procurárselo por sí mismos» 17.

El lector crítico de Keynes

Nada tiene de extraño, por tanto, que en aquel contexto Enrique Fuentes Quintana centrara sus esfuerzos en comprobar si el corpus keynesiano podía sacar del marasmo a la economía española. Ese sería el objetivo de su primera tesis, defendida en la Facultad de Derecho en 1948 y dirigida por el profesor José María Zumalacárregui. Leería en 1956 la segunda —sobre microeconomía—, ya en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, con tutela de Manuel de Torres. Aquella tesis sobre Keynes no fue una iniciativa aislada, respondía a un interés coral. En 1951 otros dos economistas del grupo, Juan Velarde y Carlos Muñoz Linares, coordinaron un monográfico de la revista sindical De Economía titulado «La posible aplicación a la política económica española de la Teoría general de Keynes». Escribieron allí Emilio de Figueroa, Carlos Fernández Arias, Juan Velarde y Manuel Varela Parrache. Fuentes Quintana participó también con dos artículos. En 1955, otro miembro del grupo, Agustín Cotorruelo, ahondando en las relaciones entre desarrollo económico y política social, se amparaba en Keynes para defender una «distribución más igualitaria de la renta» 18.

Es fácil percibir en los trabajos que escribió Fuentes Quintana en esta época la fascinación por Keynes, «el economista más destacado del siglo». La Teoría General —apuntaba el joven profesor, adscrito a la cátedra de Zumalacárregui desde 1948— era una obra «sensacional», de «prosa vivaz» y estilo «elegante y desenfadado»; «la gran transformación de la ciencia económica, a partir de los últimos años, se debe a la aparición del sistema keynesiano». Keynes, argumentaba Fuentes, había sentado las bases teóricas sobre las que se asentaba el análisis económico moderno; había situado el pleno empleo en el centro del pensamiento económico, redefinido la función del Estado en una economía liberal y sostenido la necesidad de redistribuir la renta mediante la política fiscal 19.

Tamaña admiración, sin embargo, no impedía que fuera un lector crítico. De entrada, le gustaba recordar que su obra no salía de la nada, que recorría un camino abierto antes por otros. En la genealogía de Keynes ocupaba un puesto de honor Knut Wicksell, «punto de arranque» de la moderna política fiscal, quien ya a finales del siglo xix defendió que el Estado debía intervenir si la iniciativa privada no podía sostener la actividad económica, rompiendo así el paradigma del «equilibrio presupuestario» como fin último de la política monetaria y fiscal. Y antes de la Teoría General, la Escuela de Estocolmo desarrolló las «ideas derivadas del común tronco wickselliano». Gunnar Myrdal, por ejemplo, definió en 1934 las bases de la política fiscal anticíclica: el Estado debía impulsar la economía en épocas depresivas y replegarse en fases de expansión para eludir un excesivo endeudamiento 20.

Fuentes también dudaba del carácter «general» de la Teoría General. Lo era desde una perspectiva macro, pues consideraba todos los factores implicados en la actividad económica. Pero no podía ser una teoría de aplicación universal, pues tal cosa no existía: cada país requería una política económica específica en cada momento y lo que unas veces resultaba oportuno no lo era otras. De ahí que la Teoría General no fuera antítesis de la teoría económica clásica: eran paralelas, ofrecían «soluciones aplicables a situaciones distintas en las que los remedios han de ser diferentes», apuntaba en un ejercicio de eclecticismo positivo. El aumento de la inversión pública deseable en una coyuntura podía elevar en otra los precios haciendo «prohibitiva tal solución»; riesgo que, en un panorama inflacionario como el español, asustaba a cualquier economista racional 21.

La Teoría General, observaba Fuentes, surgió como reacción a un problema específico: la crisis de los años treinta y su corolario, el paro. Pensando en países desarrollados sumidos en una fase depresiva, con recursos económicos suficientes, pero temporalmente desequilibrados, Keynes propuso que el Estado redistribuyera dichos recursos mediante la política fiscal. Pero en economías subdesarrolladas como la española la receta keynesiana resultaba insuficiente, pues el paro no era fruto de una depresión coyuntural y no podía combatirse mediante la mera reasignación de recursos. España era rehén de un círculo vicioso: la baja renta nacional impedía la inversión en los bienes de equipo necesarios para expandir la producción y —al tiempo— la escasa inversión paralizaba el crecimiento de la renta nacional; como consecuencia, el desempleo era crónico, estructural y no temporal. El círculo solo se podía romper desde el exterior, con ayuda internacional.

Keynes, por tanto, no ofrecía una respuesta definitiva a los problemas de un país subdesarrollado, pero sus ideas formaban parte de la solución, pues permitían avanzar en el buen camino. «La teoría keynesiana debe ser aplicada en la medida en que el sistema lo necesite», escribió Fuentes. Aunque los recursos nacionales fueran escasos, «la creación de demanda efectiva, a la que compete generar la explotación de la capacidad, debe llevarse a cabo con medidas netamente keynesianas». Pero Fuentes iba más allá de Keynes y seguía la traza a los teóricos del desarrollo en boga tras la guerra mundial como Ragnar Nurkse o Paul Rosenstein-Rodan, quienes argumentaban que el Estado debía captar el capital ocioso mediante los tributos con el fin de impulsar el desarrollo económico a través de una política planificada de inversiones. Tampoco ocultaba su querencia hacia las tesis que definía como «hiperkeynesianas» de Alvin Hansen, quien —citaba Fuentes— sostuvo que los sistemas económicos debían gravitar «en torno a la acción del Estado como único remedio para huir del fantasma del paro». A la postre, Nurkse, Rosenstein-Rodan o Hansen bebían de la línea abierta por Wicksell y desarrollada por Keynes, y aquella «confluencia de pensamiento —apuntó Fuentes— forma el arsenal de instrumentos de la política económica vigente» 22.

Prietas las filas. O cómo hacer un diagnóstico crudo de la realidad económica española sin caer en la desafección

Pero antes de definir qué políticas requería la economía española era preciso realizar un diagnóstico sobre su situación. Y a ello dedicaron en 1952 Enrique Fuentes Quintana y Juan Plaza Prieto un artículo publicado en la Revista de Economía Política titulado «Perspectivas de la economía española (1940-1953)». Era un texto extraño. Constaba de una larga parte expositiva y de un apéndice de veinte páginas con opiniones de economistas y periodistas extranjeros sobre España. Escrito cuando aún coleaba el aislamiento internacional, la primera parte defendía el régimen franquista con ardor guerrero y asumía las tesis oficiales sobre la evolución de la economía española, alternadas con algún comentario crítico. Jóvenes falangistas formados bajo la dictadura, dispuestos a hacer carrera en la administración y quizá a desempeñar un papel relevante en la política, los autores no podían sustraerse al cierre de filas que un Franco aún repudiado por las democracias exigía a sus fieles. Eran «radicales, sin ser heterodoxos», escribiría Juan Velarde en un retrato del grupo 23.

Así pues, el texto pretendía —advertía la introducción— combatir las «exposiciones tendenciosas, apoyadas en falsas informaciones mal interpretadas, para constituir argumentos en contra de la política económica que ha regido los destinos de España» desde 1936. Cierto es que en 1951 la renta nacional era un 20 por 100 menor que en 1935, pero no cabía responsabilizar a quienes gobernaron tras la contienda. Todo era fruto de una terrible terna: la destrucción que provocó la «guerra de liberación», las «desfavorables condiciones meteorológicas» y «la injusta y dolorosa etapa que nuestras relaciones con el exterior han tenido durante los años 1940-1950». La situación económica, sin ser boyante, era preferible a «la dolorosa experiencia en los años de la etapa republicana»: los agricultores «jamás habían soñado» tal desarrollo y la producción industrial crecía de manera espectacular gracias al Instituto Nacional de Industria, «la más formidable creación del régimen». El panorama mejoraría si acabase el aislamiento internacional, pero no al precio de renunciar «a una paz y una seguridad que nuestro régimen ampara y que no admite valor en cambio» 24.

Y hasta ahí llegaba la defensa numantina, pues el artículo daba un giro radical en el apéndice con el que concluía: apoyados en opiniones de analistas internacionales que consideraban «objetivas y bien documentadas», agarrados al subterfugio de que no eran ellos, sino otros, quienes vertían aquellas impresiones, Fuentes y Plaza desplegaban el duro diagnóstico profesional que correspondía a un buen economista y componían un cuadro del país ajeno a todo tópico triunfal. España era «la economía más primitiva del occidente europeo». La población vivía «en el límite de la subsistencia». El poder adquisitivo se había reducido a la mitad en relación con el periodo 1922-1936. La extensión del trabajo entre niños y ancianos evidenciaba la baja renta familiar. El país disponía de «tan pocos recursos económicos que una mala cosecha» trastornaba «su nivel de vida y su situación general». Las políticas económicas, erráticas y compartimentadas, impedían que España se adaptara a «una economía mundial estimulada desde hace años por la rapidez de la circulación y la multiplicación de los intercambios». El crecimiento de la población, el envejecimiento de los medios de producción y la falta de capital derivada del aislamiento estrangulaban la economía 25.

La agricultura, anclada en técnicas medievales, era improductiva. Obsesionado con la producción industrial, el Estado había olvidado el campo: solo un 1 por 100 del presupuesto de 1950 se destinó a mejoras agrícolas. Aun así, el equipamiento industrial requería una renovación radical y hacía falta un suministro fluido de materias primas. La formación de trabajadores y técnicos cualificados ocupaba un puesto «insignificante en relación con otros estudios como los de Derecho o Filosofía». La inflación incontrolada mermaba el nivel de vida de los trabajadores: desde la guerra los salarios se habían multiplicado por cuatro y los precios por ocho, sobre todo en los alimentos que copaban el presupuesto «de las gentes modestas». La economía requería una inyección urgente de capital. Existían «enormes cantidades» de dinero ocioso que debían destinarse a tareas productivas: los campesinos, cuyos beneficios habían aumentado de forma notable, ocultaban el dinero en lugar de depositarlo en los bancos y «el dilatado mercado negro» había creado enormes bolsas de riqueza oculta. Las políticas tributarias debían contribuir a que aflorara ese caudal. Aun así, las reservas nacionales resultaban parcas: era preciso abrir la economía al exterior, pues las «restricciones al capital extranjero» frenaban «el desarrollo». Quizá la ayuda americana, atisbada en el horizonte, redujera este estrangulamiento.

Muchas ideas apuntadas en el apéndice reaparecerían en los textos de Fuentes a lo largo de estos años, pero nunca expresadas con tanta contundencia como en estas páginas, amparadas en la opinión de otros. En cualquier caso, la crónica componía un diagnóstico amargo y realista del país. Era deber de los economistas desarrollar un plan de acción que afrontara tal cúmulo de problemas.

«Panfletos lanzados al viento»: un programa económico para España

«Con frecuencia Keynes había pedido “panfletos lanzados al viento” y no tratados que no tuvieran consecuencias prácticas», escribió Fuentes Quintana en 1950. Una cita que repetiría estos años en algún otro texto. Ciertamente, recordaría después Luis Ángel Rojo, Keynes utilizó todos los medios a su alcance para defender sus ideas: panfletos, discursos, conferencias, memorandos, libros, artículos... Quizá por ello aquel grupo de jóvenes economistas de Falange que por entonces daban sus primeros pasos en la universidad u opositaban como técnicos en la administración —Fuentes obtuvo su plaza de técnico comercial del Estado en 1951, adscrito al Ministerio de Comercio—, amén de sus artículos académicos en revistas de economía especializadas, decidió publicar entre 1953 y 1957 una larga serie de tribunas sobre política económica en el diario Arriba. Eran textos cortos, como requería el género, algunos escritos con afán polémico, siempre didácticos, que ofrecían breves pinceladas sobre la situación de la economía española y las posibles soluciones para su mejora. Una lectura atenta de las aportaciones de Fuentes al diario —combinada con algunos otros textos que escribió en la época— permite entrever un programa de acción para la economía española 26.

Fuentes consideraba crítica la situación. La población crecía a un ritmo más lento que antes de la Guerra Civil, pero a paso firme, en un contexto de marasmo económico. Como el sistema productivo no podía absorber la creciente mano de obra, el desempleo estructural iba creciendo y solo había dos vías para zanjar el estrangulamiento: alentar la emigración o incrementar las inversiones. O «la población busca al capital —lo que supone la emigración— o el capital busca al trabajo», escribió en 1953. Pero apenas había en España el capital necesario para reactivar la actividad económica, y de donde no había no se podía sacar. «¿Cómo elevar la renta nacional con tan escasos medios de producción? ¿Y cómo aumentar nuestros medios de producción con tan baja renta nacional?», se preguntaba. Era lo que Ragnar Knurse había definido como el «círculo vicioso de la pobreza» 27.

El país debía abrirse al exterior, recurrir a los préstamos internacionales, «única vía capaz de restaurar en la proporción debida el déficit del equipo-capital de España». En este sentido —estimaba Fuentes—, la ayuda americana sería de importancia crucial. Y al reivindicar la apertura cuestionaba —de facto— la política autárquica. «El aislamiento es incapaz de promover el desarrollo», escribió citando a Nurkse. No obstante, Fuentes solía ser cauto en sus críticas, casi siempre asépticas y veladas; una censura abierta podía ocasionar represalias, como ocurrió a finales de la década cuando el diario Arriba arremetió contra Manuel de Torres —mentor del grupo— por cuestionar la coordinación entre los ministerios económicos 28.

La crítica, sin embargo, estaba presente en el reiterado llamamiento a «una acción coordinada» del Estado sobre la economía, que dejaba entrever que ocurría precisamente lo contrario. O cuando exigía la supresión de las trabas administrativas que entorpecían el comercio exterior y encarecían los precios, como las cuentas combinadas, los cambios y las operaciones especiales o el sostenimiento de un elevado valor irreal para la moneda. A veces la irritación le impulsaba a usar calificativos más acerados y tildar de «enervante» la caótica proliferación de medidas proteccionistas. Pero que creyera obligado revisar la política autárquica no significa que abogara por el libre comercio, sino por establecer un orden racional en los intercambios. El Estado debía planificar las corrientes del tráfico. Había que «importar o morir», pero no importar para consumir, sino para producir: materias primas para la industria y la construcción, fertilizantes o maquinaria agrícola e industrial... Una producción mayor y más eficaz reduciría el desempleo y permitiría «la estabilización de los precios», expresión que aparecía repetida en su obra como un mantra 29.

Había que captar recursos del exterior, pero también del interior, aunque fueran escasos. Y ello requería la reforma del sistema tributario. Aquí Fuentes asumía de nuevo las propuestas de Ragnar Knurse y otros teóricos del desarrollo y se mostraba partidario del «ahorro fiscal forzoso» a través de los impuestos, con el fin de dotar al Estado de los recursos suficientes para expandir el gasto público y aumentar la inversión en capital fijo: construir infraestructuras y extender la red de transportes; impulsar la modernización de una agricultura apenas mecanizada y la renovación de los equipamientos obsoletos de la industria; aumentar el parque de viviendas, que debía albergar a una población creciente; dotar al Estado de servicios que mejoraran «el nivel de vida de las clases más necesitadas»... La presión fiscal requerida para estos fines debía recaer sobre el único grupo social del país con capacidad para ahorrar: «las clases acomodadas, base y sostén del mercado de capitales», enriquecidas en la posguerra por la elevación de precios y la especulación «de la que se ha abusado», escribía Fuentes, pues la inflación había fulminado la débil capacidad de ahorro —y la adquisitiva— de las clases medias y trabajadoras 30.

La política fiscal debía redistribuir la renta; impedir que el capital acumulado por quienes poseían más recursos se destinara a gastos suntuarios, al lujo, pues «el ajuste del consumo español a patrones internacionales se está verificando con una rapidez alarmante en ciertas clases sociales», observaba Fuentes. Ese era el espíritu que impregnaba la séptima base de acción política del I Congreso Nacional de Falange, en cuya redacción participaron los jóvenes economistas de Arriba y que propugnó la «redistribución de la renta nacional» mediante «la reforma del sistema tributario», disminuyendo los impuestos sobre el consumo y aumentando los que gravaban la renta y la sucesión. También era el eje central de la batalla política en torno a la reforma de la Contribución sobre la Renta que Fuentes, Velarde y César García Albiñana, al lado de Manuel de Torres, libraron frente a los partidarios de una reducción aún mayor de la presión fiscal sobre quienes poseían mayores rentas. La batalla la ganaron los jóvenes falangistas en una victoria pírrica, pues, una vez convertido en ley el proyecto que ellos diseñaron y defendieron, el propio Gobierno desvirtuó su aplicación 31.

La redistribución de la renta mediante la política tributaria constituía para Fuentes Quintana un imperativo ético. El sistema impositivo español era regresivo, ejercía una presión mayor sobre las rentas más bajas por el excesivo peso de los impuestos sobre el consumo. Casi veinte años después de acabada la guerra, Fuentes creía que la verdadera paz dependía de un mayor grado de consenso social. «Sin justicia tributaria no hay paz social», escribió en estos años. Los tributos indirectos sobre el consumo, predominantes en el conjunto de impuestos, igualaban a los contribuyentes con independencia de sus ingresos y por ello repercutían sobre todo en las «clases modestas» y medias, que soportaban «con su menor bienestar los gastos del Estado». Pero, además, el sistema tributario era una «herencia arcaica» que precisaba una jubilación forzosa; una construcción «ruinosa» y «vergonzante»; un caos prolijo, suma incoherente de normas «amazacotadas» que hacían de cada tributo una compleja e inextricable maraña 32.

Amén de regresivo e injusto, el sistema tributario era insuficiente: no generaba recursos bastantes para un Estado pequeño, como el franquista, y mucho menos para el modelo de Estado al que aspiraba Fuentes, que debía asumir las nuevas funciones demandadas por la sociedad. La escasez de ingresos, además, disparaba la inflación, pues obligaba a utilizar arbitrios extraordinarios como la deuda pública, que aumentaban la masa monetaria. Si la imposición sobre el consumo era excesiva, la directa estaba caduca: la Contribución General sobre la Renta, establecida en 1932, había sido prácticamente desmantelada tras la guerra, y el resto de los tributos directos, creados en el siglo xix cuando la economía y la sociedad del país eran radicalmente distintos, respondían al modelo caduco de impuestos sobre el producto, cuyo rendimiento siempre iba por debajo del crecimiento económico. Además, la administración tributaria era incompetente y la inspección fiscal, nula. Manuel de Torres calculaba que la evasión había ascendido del 40 al 75 por 100 entre 1942 y 1953. La cultura del fraude campaba a sus anchas. «El contribuyente español —escribía Fuentes— necesita, desgraciadamente, para tributar —siquiera por atrición— de un infierno fiscal que el sistema de inspección debe crear para mantener en vigilia su tentada alma, tan propicia al pecado de la defraudación» 33.

El Estado ha de satisfacer las necesidades humanas

Los beneficios de la apertura al exterior o de la reforma tributaria, sin embargo, podían ser estériles si persistía uno de los males que aquejaba la economía española: el peso de los monopolios en los sectores estratégicos. Las grandes industrias funcionaban en régimen de monopolio u oligopolio, situación iniciada en el siglo xix cuando los aranceles proteccionistas propiciaron que pocas empresas se repartieran mercados estratégicos como los del carbón, la electricidad o la siderurgia. Pero los monopolios también se daban en la agricultura y a ellos se asociaba la banca desde el sector servicios: «Los grupos monopolísticos de la agricultura y de la industria están estrechamente asociados unos a otros y, además, han conseguido asociar a sus empresas a miembros de la antigua aristocracia terrateniente. El complejo banqueros-industriales-terratenientes es el segundo en potencia en España» 34.

La inquietud por el alto grado monopolístico de la economía española se convirtió en una obsesión para el grupo de jóvenes economistas que escribían en Arriba. Al margen de la observación directa de la realidad, esta preocupación bien pudiera guardar relación con la influencia de Heinrich von Stackelberg, vinculado entre 1943 y 1946 al Instituto de Estudios Políticos, que dedicó buena parte de su obra al estudio de los oligopolios y la cartelización. En sus artículos para el diario, casi todos denunciaron en una u otra ocasión la existencia de un pacto oligárquico de intereses entre banqueros, industriales y latifundistas. Una convicción que Juan Velarde transmitiría más adelante a sus discípulos José Luis García Delgado, Santiago Roldán y Juan Muñoz, quienes hibridarían esta idea con las tesis gramscianas del bloque de poder desarrolladas por Tuñón de Lara para explicar el desarrollo del capitalismo en España en el primer tercio del siglo xx 35.

Los monopolios, escribían Fuentes Quintana y Plaza Prieto, actuaban el amparo del Estado «con un fin puramente privado cual es el desarrollo de beneficios, estancando, cómoda y lucrativamente, el nivel de producción». Actitud legal pero inmoral, pues «los beneficios alcanzados en los mercados monopolísticos son tan abusivos y delictivos como los que se efectúan por fraude y contrabando». Además, al eliminar la competencia establecían los precios a su antojo y el encarecimiento de productos básicos elevaba las necesidades de capital y disparaba la inflación. La banca financiaba a las grandes empresas monopolísticas y poseía relaciones vitales con ellas. «Poca ha sido la acción desarrollada por nuestra banca para encauzar el ahorro agrario hacia procesos rentables», censuró Fuentes Quintana por entonces; habrá de cortarse de raíz «cualquier intento especulativo de nuestra banca», insistió, pensando en las remesas de capital que llegarían con la ayuda americana. Era preciso crear una Comisión de Encuesta, una organización estatal antitrust, iniciativa que —trataba de calmar Fuentes a los jerarcas franquistas más reaccionarios— no era ni «socialista» ni «demagógica», pues existían precedentes en muchos países liberales 36.

La condena de los monopolios dejaba entrever un notable recelo hacia la intervención de la empresa privada en áreas esenciales para el desarrollo nacional: el oligopolio en el sector eléctrico, por ejemplo, no se resolvería liberalizando el mercado, sino nacionalizando la industria. Era un recelo hacia la empresa privada y una querencia hacia el Estado que Fuentes Quintana y Velarde entroncaban de manera deliberada con el pensamiento falangista al encabezar uno de sus artículos en Arriba con un texto de Ramiro Ledesma denunciando a «la minoría de españoles, agazapada en la gran propiedad territorial, en los bancos y en los negocios industriales», que había obtenido grandes provechos «explotando la debilidad nacional». Y es que el Estado ejercía un claro liderazgo en el modelo económico que ambicionaban los economistas del grupo de Arriba. Juan Plaza Prieto lo explicó con claridad en uno de sus artículos del diario: «Si la iniciativa privada española sigue mostrándose reacia a invertir y además se dirige a sectores no completamente aconsejables desde el punto de vista económico-social, es indudable que el papel del gobierno como inversionista deberá ser cada vez más amplio».

En dos textos escritos en 1951, Fuentes Quintana estableció a este respecto un peculiar silogismo que permitía hermanar la economía social de mercado que defendió Heinrich von Stackelberg en sus últimos años con las corrientes más estatalistas del poskeynesianismo: Stackelberg había escrito que «el fin de la actividad económica es y sigue siendo, desde los primeros tiempos, satisfacer las necesidades humanas», apuntó en uno; el Estado persigue «un fin específico: la satisfacción de las necesidades individuales y consolidadas de la colectividad», consignó en otro. De donde se colegía que el Estado y la actividad económica buscaban un mismo fin y nada se oponía, por tanto, a que el primero participara activamente en la segunda. El Estado, escribió Fuentes por estos años, debía regular las transacciones comerciales, imponer patrones de consumo, impedir la creación de carteles y oligopolios, decidir en qué era prioritario invertir para impulsar el desarrollo... «España tiene aún que anteponer la inversión pública a la privada», rezaba uno de los editoriales publicados por Arriba en estos años e incluido en las Notas sobre política económica. Cabe intuir en él la pluma de Fuentes, quien por las mismas fechas, citando el Gray Report de 1950, anotaba que «la inversión privada no puede esperarse que resuelva el problema del desarrollo». Y España, mediados los años cincuenta, era un país subdesarrollado 37.

Al defender la prevalencia estatal, Fuentes entroncaba con el rumbo que seguía la economía mundial en los años cincuenta del pasado siglo, un ánimo que empapaba los informes elaborados por las Naciones Unidas y sus organismos asociados, los planes de reconstrucción de posguerra, el programa político de los partidos socialdemócratas —y parte de los democristianos— europeos o las teorías sobre el desarrollo por entonces en boga. Pero en ese papel rector asignado al Estado, en la subordinación de la empresa privada a los objetivos que aquel macara, también influía el entorno falangista en el que se formó políticamente, pues la Falange asignaba una función primordial al Estado como rector de la vida nacional. Ese fue el trasfondo teórico en el que creció como economista el voraz lector de Keynes que fue Enrique Fuentes Quintana. Cierto es que, como Fuentes había escrito, Keynes tuvo claros predecesores desde finales del siglo xix; también que asignó al Estado un peso menor que muchos de sus seguidores. Pero no lo es menos que su obra actuó como catalizador de ideas dispersas y consolidó un modo de entender la economía capitalista que ya no confiaba en la libre correlación de fuerzas en el mercado, sino en el control y dirección de la actividad económica, papel conferido al Estado.

A modo de conclusión: «La teoría keynesiana debe ser aplicada en la medida en que el sistema lo necesite»

«Nuestra admiración por Keynes no fue una servidumbre con la que hipotecar las soluciones válidas para la economía española», observó Enrique Fuentes Quintana en 1983 al recordar el número monográfico que en 1951 publicó la revista De Economía sobre «la posible aplicación a la política económica española de la Teoría General de Keynes», del cual fue uno de los autores. Fuentes escribía estas líneas tras las sucesivas crisis del petróleo de los años setenta, que pusieron fin al modelo de crecimiento iniciado al acabar la Segunda Guerra Mundial y que asentaron un panorama económico caracterizado por la combinación de inflación y estancamiento, con un aumento desbocado del desempleo. Este contexto le obligó a preguntarse en otro artículo de la época «si la visión keynesiana de la política económica no habrá envejecido bajo el peso implacable del tiempo y si hoy necesitamos una contemplación diferente de los problemas económicos frente a los que estamos situados» 38.

Didáctico como solía ser habitualmente, en un momento en el que creía necesario alertar contra el riesgo implícito en algunas de las políticas vinculadas a las prácticas keynesianas desplegadas en la segunda mitad del siglo xx, al mirar hacia atrás en 1983 Fuentes realzó todo aquello que treinta años atrás lo separaba de Keynes. Y, en efecto, cuando en la posguerra pensaba en un plan de acción para la economía española, que aún se ahogaba en la autarquía, comprendió que carecía de sentido una aplicación estricta de sus ideas. De entrada, asumiendo los razonamientos de Luis Olariaga, Fuentes tenía claro al comenzar la segunda mitad del siglo xx que una lectura errónea de Keynes podía inducir a pensar que bastaba con expandir la demanda mediante una política monetaria o presupuestaria laxa, cuyas consecuencias serían devastadoras en un contexto económico como el español, notablemente inflacionario.

Por otra parte, observó entonces Fuentes, Keynes había escrito su Teoría General analizando un problema específico: la crisis de los años treinta y el desempleo que generó. Pensaba en países desarrollados, cuyas economías atravesaban una fase de desequilibrio pero contaban con recursos económicos suficientes, y el eje de su propuesta consistía en arbitrar los medios para que el Estado redistribuyera dichos recursos. No obstante, en economías subdesarrolladas como la española tal receta era insuficiente, pues los recursos eran escasos y el desempleo estructural y no temporal. La renta nacional, enteca, impedía invertir en los bienes de equipo necesarios para aumentar la producción y la escasa inversión bloqueaba el crecimiento de la renta nacional, círculo vicioso que solo podía romperse del todo abriendo la economía y permitiendo la entrada de capital exterior. La clave estaba en la apertura a los mercados internacionales y, en este sentido, los escritos de Fuentes Quintana constituyeron un manifiesto —técnico— contra la autarquía.

Al comenzar los años cincuenta, otro elemento distanciaba a Enrique Fuentes Quintana de Keynes: Fuentes asignaba un papel preponderante al Estado en la actividad económica. En aquellos años comulgaba con el dirigismo que inspiraba la economía global tras la guerra, presente en los informes de Naciones Unidas, en los planes de reconstrucción posbélicos, en las teorías sobre el desarrollo, en el programa político de la socialdemocracia y que incluso asumió la derecha gubernamental en Europa o Estados Unidos. Dirigismo también patente en el entorno falangista en el que se curtió, que otorgaba una posición primordial al Estado como rector de la vida nacional. Fuentes era por entonces más estatalista que Keynes, aunque la compulsión dirigista de estos años se atenuaría con el paso del tiempo. No se limitaba a propugnar una intervención estatal en la economía que reservara al mercado su función básica como mecanismo esencial de asignación de recursos; creía que el Estado debía asumir el papel rector por encima de la iniciativa privada, relegada a un segundo plano. Y esto debía ser así porque el Estado, cuya misión esencial era satisfacer «las necesidades individuales y consolidadas de la colectividad», constituía la máxima expresión de la nación y del conjunto de la ciudadanía 39.

El Estado debía dirigir, sobre todo, aquellos ámbitos necesarios para impulsar el desarrollo nacional, pues este debía de ser el objetivo esencial de la política económica española: tenía que imponer patrones de consumo, decidir en qué era prioritario invertir, regular las transacciones comerciales y, desde luego, impedir la creación de carteles y oligopolios. Sus escritos de esta época dejaban entrever un notable recelo hacia la empresa privada, sobre todo hacia los bancos y los grandes trusts. Correspondía al Estado ejercer un férreo control sobre la banca y los sectores estratégicos para el desarrollo en el ámbito de la industria o la energía. Llegaría a abogar en estos años, incluso, por la nacionalización de la industria eléctrica para evitar que fuera controlada por un puñado de empresas cuyos intereses resultaran contrarios a los del Estado y, por ende, de la nación.

Así pues, Fuentes Quintana no seguía al pie de la letra los dictados de Keynes. Pero al igual que otros muchos economistas españoles de la época estaba embebido de teoría keynesiana y la influencia del maestro inglés sobre su pensamiento era patente. Fuentes creía que la economía aplicada requería el ejercicio de un eclecticismo positivo, que la realidad —variable en función del tiempo y del espacio— no podía abordarse desde la abstracción de un único corpus teórico cerrado y por eso algunas de sus propuestas sí estaban directa e indirectamente empapadas de apuntes keynesianos. Indirectamente, porque —como el propio Fuentes reconocía— Paul Rosenstein-Rodan o Ragnar Nurkse, los teóricos del desarrollo a los que citaba como referentes, bebían de la obra de Keynes; al igual que Alvin Hansen, otro economista al que recurría con frecuencia. Directamente, porque si los problemas de la economía española no se podían resolver apelando solo al corpus keynesiano, algunas de sus propuestas formaban parte de la solución. La inversión exterior era necesaria, sí, pero también había que captar recursos del interior. «La creación de demanda efectiva, a la que compete generar la explotación de la capacidad, debe llevarse a cabo con medidas netamente keynesianas», escribió Fuentes en 1951 40.

Medidas como la redistribución de la renta a través de la reforma del sistema tributario fueron uno de los ejes que articuló su carrera. No en vano, el segundo artículo que publicó, en 1949, ya era un profundo análisis del sistema tributario español al hilo del libro de Gabriel de Usera, Legislación de Hacienda Española. Fuentes volvería en numerosas ocasiones sobre este tema en la primera mitad de los años cincuenta tanto en textos académicos como en las tribunas de Arriba e integraría, junto a Juan Velarde y César Albiñana García Quintana, el equipo que dirigió Manuel de Torres y que impulsó la reforma de la Contribución sobre la Renta aprobada por las Cortes el 16 de diciembre de 1954, boicoteada por el propio Gobierno que la promovió. Fuentes, no obstante, seguiría dedicando sus esfuerzos —desde la academia y desde las instituciones— a transformar el sistema tributario español 41.

En febrero de 1958, los economistas que, capitaneados por Juan Velarde, integraban el grupo de Arriba abandonaron el diario. El detonante fue un artículo de Fuentes Quintana elogiando una conferencia de Manuel de Torres muy crítica con la descoordinación de la política económica. Poco después, el diario arremetió contra Torres haciendo una referencia explícita al texto de Fuentes y los miembros del grupo que aún colaboraban en el periódico dejaron de hacerlo. Aquella aventura política se saldó con una retahíla de fracasos: el fracaso de la reforma de la contribución sobre la renta que habían impulsado en 1954; el fracaso de la ofensiva falangista para definir el perfil ideológico e institucional del régimen, consumado en la crisis de gobierno de 1957, y un tercer fracaso al constatar que Falange se acomodaba dócilmente a la nueva situación, renunciando para siempre al tantas veces preterido programa económico y social joseantoniano. «La acción de Falange fue desviada por los intereses oligárquicos enquistados en sus cuadros operativos», escribiría a este respecto César Albiñana en 1969; la Falange sepultó «bajo un tumulto de pesadas losas de granito retórico» el proyecto de José Antonio sobre «la reforma fiscal, la estatificación de la banca y la reforma agraria», lamentó Velarde dos años antes 42.

Tras la fallida aventura de Arriba, Enrique Fuentes Quintana se retiró del primer plano de la política. No obstante, en los siguientes años no dejaría de perseguir desde la universidad y desde la Administración algunos de los objetivos económicos que había trazado en la primera etapa de su carrera. Después de la crisis de gobierno de 1957, asumió la jefatura del Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio y la dirección de la revista Información Comercial Española, que dependía de aquella institución. Desde allí siguió defendiendo la apertura de la economía española al exterior y tuvo un notable protagonismo en el diseño e implementación del Plan de Estabilización de 1959, en cuyo esquema fue patente la influencia de la teoría keynesiana. Abandonó aquel puesto en 1970 para dirigir el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, donde repitió la fórmula que tan bien había funcionado en Comercio, combinando la dirección del centro y la de su revista Hacienda Pública Española, que se convirtió en un laboratorio de ideas para la reforma del sistema tributario. Desde el Instituto de Reformas Fiscales, fue uno de los artífices de la reforma fiscal de la democracia, cuyos primeros pasos promovería desde la vicepresidencia para asuntos económicos del gobierno Suárez, cargo al que accedió en 1977 y abandonó al año siguiente. Pero esa ya es otra historia 43.

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