Ayer 134 (2) 2024: 321-337
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2024
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/2280
© José Abu-Tarbush
Recibido: 13-02-2024 | Aceptado: 01-03-2024 | Publicado on-line: 21-04-2024
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License
La cuestión de Palestina después de la batalla de Gaza
José Abu-Tarbush
Universidad de La laguna
josabu@ull.edu.es
Resumen: La cuestión de Palestina ha registrado sucesivos ciclos de violencia que, multiplicados en el tiempo debido a su prolongada irresolución, seguirán reproduciéndose mientras no se vea implementada una solución justa y definitiva. El ciclo actual señala un indudable punto de inflexión, de consecuencias todavía imprevisibles e inciertas. La apuesta militarista israelí no contempla ningún horizonte político de resolución, solo el refuerzo más agresivo de la ocupación, con el robustecimiento de las tesis más ultraderechistas, supremacistas y colonialistas, además de la deshumanización del conjunto de la población gazatí como supuesta responsable.
Palabras clave: colonialismo, ocupación, ciclos de violencia, cuestión de Palestina, Israel.
Abstract: The question of Palestine has registered successive cycles of violence that, multiplied over time due to its prolonged irresolution, will foreseeably continue as long as a just and definitive solution is not implemented. The current cycle marks an undoubted turning point, with consequences that are still unpredictable and uncertain. The Israeli militarist bet does not contemplate any political horizon of resolution, only the most aggressive reinforcement of the occupation, with the strengthening of the most far-right, supremacist, and colonialist theses, in addition to the dehumanization of the entire Gazan population as supposedly responsible.
Keywords: colonialism, occupation, cycles of violence, question of Palestine, Israel.
El caso de Palestina constituye un ejemplo de los conflictos de larga duración enquistados en la sociedad internacional, sin aparente o muy difícil solución 1. Si bien, cabe recordar, todos los conflictos son una construcción humana y, en consecuencia, de la misma forma que fueron construidos social y políticamente, también pueden resolverse. Además de las condiciones propiciatorias, un elemento decisivo para concluir estos procesos es la voluntad política de las partes implicadas.
Piedra angular del conflicto árabe-israelí, con sucesivas guerras interestatales (1948-1949, 1956, 1967 y 1973) y fuente de constante tensión e inestabilidad en Oriente Próximo, la cuestión de Palestina pasó de ocupar la centralidad en la agenda política regional a una posición paulatinamente más periférica y secundaria. Relegada a los márgenes de la política regional e internacional durante las dos últimas décadas, ha reaparecido cíclicamente reclamando atención ante su postergada resolución. En estos periodos de crisis adquiere, nuevamente, cierta centralidad en las sociedades árabes (donde pocos asuntos suscitan mayor sensibilidad y unanimidad), vinculándose a otras situaciones regionales de inestabilidad, crisis o conflicto; y rebasando las fronteras del mundo árabe e islámico para ensancharse al espacio societario, político y mediático global.
Además de imprimir su propia huella, cada nuevo episodio de violencia refleja su persistente irresolución y reproducción de los ciclos del conflicto, repetidos incesantemente a lo largo del tiempo, debido a que no se abordan asertiva y resolutivamente sus causas estructurales, cultivando una creciente acumulación del descontento, los agravios y las humillaciones que terminan expresándose en crisis recurrentes. Si bien algunas son encauzadas y desactivadas a tiempo, otras registran una escalada hasta desembocar en estallidos esporádicos de violencia e, incluso, guerras. Por lo general, estas confrontaciones armadas terminan en una tregua, que puede durar desde meses hasta años, en lo que se considera una paz frágil, debido a que siguen sin solucionarse las causas estructurales del conflicto. Solo es cuestión de tiempo que, después de un periodo de calma tensa, se vuelvan a acumular los descontentos, agravios y humillaciones, derivados de la situación de opresión e inherente violencia estructural, hasta vertebrarse en nuevas crisis, estallidos de violencia y guerras en esa incesante reproducción cíclica del conflicto.
Precedido por la Conferencia Internacional de Paz sobre Oriente Medio en Madrid (1991), en medio de un clima optimista en las relaciones internacionales tras el fin de la confrontación bipolar, la desaparición de la Unión Soviética y el aclamado triunfo del liberalismo, se firmaron los denominados Acuerdos de Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington (1993). En contra de las expectativas suscitadas entonces, este proceso pacificador encalló al mostrarse como un modelo negociador deficitario e inadecuado para la resolución del conflicto, debido principalmente a la asimetría de poder entre las partes, la ausencia de un principio rector y la carencia de supervisión, todo ello unido a la mediación internacional parcial y deshonesta de Estados Unidos.
Desde la jerarquía de responsabilidad de las partes, Israel, como potencia militar ocupante, con notoria supremacía estratégica y ostentación del poder regional, utilizó el proceso de Oslo para salir de su aislamiento diplomático, neutralizar las críticas y ampliar sus relaciones exteriores en la esfera internacional, la diplomacia pública y las redes mediáticas, al mismo tiempo que sobre el terreno impuso sus criterios de ocupación colonial, con una política de hechos consumados que erosionó paulatinamente las bases de este proceso hasta vaciarlo de contenido y propiciar su fracaso. Con la frustración de los Acuerdos de Oslo se truncaba también la posibilidad de un mini-Estado palestino.
Pese a que dichos acuerdos favorecían a Israel, la elite política israelí se ha mostrado contraria a un Estado palestino. Solo acepta una entidad subestatal, dependiente y subordinada a sus intereses territoriales, estratégicos y de seguridad, que asuma la administración civil de la población ocupada sin soberanía alguna sobre el territorio. Sin posibilitar la opción de los dos Estados ni, en contrapartida, otorgar derechos de ciudadanía a la población bajo ocupación militar desde 1967, la realidad existente entre el río Jordán y el mar Mediterráneo es la de un solo Estado con una población cercana a los quince millones, dividida en tres castas: los israelíes judíos, que gozan de todos los derechos; los palestinos de 1948 con ciudadanía israelí, que solo poseen algunos derechos; y los palestinos de los territorios ocupados en 1967, excluidos de cualquier tipo de derecho. Esta situación de discriminación y segregación ha derivado en un Estado de apartheid, como denuncian numerosas organizaciones de derechos humanos, incluidas algunas israelíes.
Unido a la adopción de medidas unilaterales (desconexión 2 de Gaza en 2005 y creciente colonización de Cisjordania y Jerusalén Este), Israel se limitó a gestionar el conflicto con la expectativa de que podía minimizar y asumir sus costes (protestas, violencia y erosión de su imagen exterior), al tiempo que maximizaba y rentabilizaba sus beneficios (expansión colonial, control territorial, recursos, mercado y fronteras). Desde estas coordenadas, los responsables gubernamentales y militares israelíes implementaron la idea de marginar y ningunear la cuestión de Palestina. Lejos de constituir una prioridad en sus preocupaciones estratégicas, la relegaron a un lugar muy periférico, contribuyendo muy decisivamente a ahondar la división del movimiento nacional palestino (de por sí debilitado y dividido) mediante el sabotaje de las tentativas de gobierno de unidad nacional entre Fatah y Hamás, junto con la fragmentación del territorio palestino y su población entre Gaza y Cisjordania 3.
En esta dinámica, la agenda estratégica israelí desplazó el énfasis desde los desafíos internos a los externos, pese a que desde 1973 no se registraba ninguna confrontación árabe-israelí. La magnificación de la amenaza iraní respondía no tanto a la retórica antisionista de Teherán (destinada a granjearse el apoyo de las sociedades del entorno y desacreditar a los regímenes rivales), como a su programa nuclear, que desafiaba una de las principales líneas rojas de la política de seguridad israelí de impedir que cualquier Estado de la región alcanzara su paridad estratégica (léase nuclear). Desde una concepción populista de la seguridad, Netanyahu ha presentado a Irán como una amenaza existencial para Israel a modo de estratagema para mantenerse en el poder y justificar la política exterior israelí en la región 4.
Paralelamente, las revueltas antiautoritarias árabes (2010-2011) y su consiguiente represión configuraron un clima regional de generalizada inestabilidad, crisis y conflictividad, que relegó a un segundo plano la cuestión de Palestina. Israel observaba con recelo que los potenciales cambios políticos transformaran a los regímenes autoritarios árabes y alteraran los alineamientos regionales (que Egipto denunciara los Acuerdos de Camp David de 1978). Esta coyuntura contribuyó a forjar una alianza entre algunos Estados del Golfo e Israel. Sus intereses estratégicos convergían en, primero, evitar la potencial democratización de la región, percibida como una amenaza existencial tanto por la elite política israelí como por las elites autoritarias árabes; segundo, contener el creciente empoderamiento de Irán, percibido como un desafío al tradicional equilibrio de poder regional; y, tercero, cubrir el vacío que dejaba el gradual repliegue estratégico estadounidense en la región, interpretado como un abandono de sus tradicionales aliados árabes.
Este proceso se formalizó cerca de una década después de la oleada de protestas. Impulsados por la administración Trump (2017-2021), los Acuerdos de Abraham (2020) normalizaban las relaciones entre algunos Estados árabes (Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Sudán y Marruecos) e Israel, con las correspondientes compensaciones y perspectivas de ampliación a otros importantes Estados de la región (Arabia Saudí). Sin ningún tipo de presión, concesión ni compromiso, Tel Aviv obtenía ganancias prácticamente equivalentes a las ofrecidas por la Iniciativa Árabe de Paz (2002), que proponía el establecimiento de relaciones plenas de los Estados árabes con Israel y su consiguiente integración regional a cambio de la retirada israelí de los territorios ocupados en 1967 (Gaza, Cisjordania y el Golán) y la aceptación de un Estado palestino con capital en Jerusalén Este. Dichos acuerdos buscaban concluir oficialmente el conflicto árabe-israelí. Pero su principal objetivo era marginar, aislar e, incluso, eliminar la cuestión de Palestina mediante la normalización de las relaciones de los Estados árabes con Israel.
Israel interpretaba que tenía luz verde para mantener indefinidamente su ocupación colonial. En su intervención ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2023, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, celebró la nueva alianza árabe-israelí con la ampliación de esas relaciones a los nuevos Estados árabes, además de las sostenidas con Egipto (1980) y Jordania (1994); y anunció un acuerdo similar e inminente con Arabia Saudí, que alentaría a otros Estados árabes a incorporarse a esta dinámica. Consideraba que la ausencia de un acuerdo de paz con los palestinos no debería ser un obstáculo para la normalización de las relaciones entre los Estados árabes e Israel. Al fin y al cabo, concluía, los palestinos solo representaban el 2 por 100 del mundo árabe y no se les debía otorgar el veto sobre el 98 por 100 restante. Finalmente, anunciaba un «nuevo Oriente Medio», mostrando un mapa regional en el que todo el territorio de la Palestina histórica (1948), incluido el ocupado en 1967, aparecía bajo soberanía israelí.
La ilusión israelí de que se podía sortear e invisibilizar la cuestión de Palestina con la mera gestión del conflicto y la creciente normalización de sus relaciones con los Estados árabes, sin pagar ningún peaje a cambio, terminó desmoronándose el 7 de octubre de 2023 (7-O). El propio secretario general de la ONU, António Guterres, reconocía (después de condenarlos) que «los ataques de Hamás no se han producido en el vacío», explicitando el sometimiento a «cincuenta y seis años de ocupación asfixiante».
El responsable de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, el diplomático William Burns, había advertido meses antes que la tensión en la zona se equiparaba a la de la «Segunda Intifada» (2000-2005) 5. Desde 2022 se observaba un incremento de la violencia, que continuó su escalada a lo largo de 2023. Junto con la ejercida por las fuerzas de ocupación, se sumaba crecientemente la de los colonos que actuaban como paramilitares al lado o bajo la protección del ejército, con talas de árboles, destrucción de cultivos, asesinatos y masacres (como la sufrida por el pueblo cisjordano de Huwara en marzo de 2023). Su endurecimiento no era ajeno a la política de ocupación, ni al gobierno de coalición formado por Netanyahu en diciembre de 2022, en el que líderes del movimiento de colonos detentaban carteras ministeriales. Sin olvidar las reacciones de la resistencia palestina, algunas individuales y espontáneas, junto con otras colectivas y organizadas en pequeños grupos (como La Guarida del León), operantes en la región de Nablus y Yenín. En suma, el aumento de la tensión vaticinaba que cualquier incidente, intencionado o no, podía provocar un nuevo ciclo de violencia.
La emergencia de organizaciones como Hamás y la Yihad Islámica Palestina es resultado de la ocupación militar israelí, no su causa; y el auge protagonizado por Hamás aparece asociado al frustrado proceso de paz, principalmente 6. Esta comprensión del contexto histórico no impide interrogarse acerca de su acción intencional. ¿Qué cálculo estratégico realizaron, junto con otros grupos menores operativos en Gaza, para incursionarse en el territorio israelí, conociendo la abismal superioridad de fuerzas y la consabida política de represalias israelíes? La respuesta, que de momento se puede avanzar, carece de los elementos necesarios y definitivos para fundamentarla con una explicación convincente de esa toma de decisiones. Atendiendo algunas tendencias, declaraciones de responsables políticos y análisis, solo cabe conjeturar algunos supuestos hipotéticos y provisionales a la espera de su confirmación o refutación en el futuro.
Por lo general, la resistencia anticolonial adopta pautas que pueden antojarse irracionales ante la considerable asimetría de fuerzas. Pero posee su propia lógica, como evitar la confrontación directa y abierta, proclamar su victoria cuando no ha sido eliminada por una fuerza notablemente superior, o distinguir entre el poder potencial (recursos) que posee la potencia colonial y su traducción sobre el terreno como poder real (influencia). Pese a la inferioridad de fuerzas y el alto precio pagado, Argelia y Vietnam son ejemplos que alentaron numerosas luchas de liberación nacional, mostrando la tenaz resiliencia de la resistencia nacionalista, que, en ocasiones, ha resultado desmoralizante para las fuerzas coloniales. Hamás y otros movimientos de la resistencia palestina participan de esta lógica. Aunque cabe interrogarse si la violencia anticolonial empleada en situaciones de colonialismo clásico puede resultar contraproducente en las de colonialismo de asentamiento, como el israelí 7, por contribuir más a cohesionar la sociedad colonial que a dividirla o resquebrajarla.
En la acción que lideró el 7-O, todo indica que un sector (militar y político) de Hamás se impuso sobre la mayoría de su dirección política (que desconocía esa decisión); y que se adentró en el territorio israelí con un objetivo inicialmente más limitado (secuestro de militares para canjear por prisioneros palestinos) del que luego implementó (asesinato y secuestro también de civiles). En su cálculo estratégico, esperaba una respuesta más contenida de Israel, con la expectativa de abrir negociaciones indirectas (por mediación de terceros) para el canje de prisioneros, como en el pasado. Estas previsiones, de ser ciertas, fueron rebasadas por el desenlace de la operación y la reacción israelí. Aunque Hamás reclama haber resituado la cuestión de Palestina en el centro de la agenda regional e, incluso, internacional, esto no garantiza su resolución, tampoco que esta coyuntura se mantenga en el tiempo. Sobre todo, no hay que olvidar su alto coste humano, material y político. Pese a que, en diciembre de 2023, un 72 por 100 (82 por 100 en Cisjordania y 57 por 100 en Gaza) consideraba correcta la decisión de Hamás, llama la atención que su desaprobación (22 por 100) rebasara el triple en Gaza (37 por 100) que en Cisjordania (12 por 100) 8.
Como respuesta, Israel declaró el estado de guerra, el ejército recuperó el control territorial, la coalición gubernamental se amplió con nuevos partidos y se formó un gabinete de guerra. Se proyectó una imagen de unidad y fortaleza que quería cerrar la etapa de vulnerabilidad de los meses anteriores, cuando hubo continuas y multitudinarias protestas contra la propuesta gubernamental de reforma judicial 9. En enero de 2024, el Tribunal Supremo rechazó la propuesta de reforma judicial. Los atentados del 7-O han acabado cohesionando momentáneamente estas fracturas. El frente interno quedó relegado (previsiblemente hasta concluir la guerra), si bien han persistido tres importantes líneas críticas en torno a, en primer lugar, la rendición de cuentas por los fallos de seguridad, que apunta principalmente a la política de Netanyahu; en segundo lugar, la gestión del rescate de los rehenes, en la que han primado las consideraciones militares y políticas de la coalición gubernamental por encima de las humanitarias de las familias; y, por último, las exigencias de dimisión de Netanyahu, con la convocatoria de nuevas elecciones, fruto del descontento social y la polarización política e ideológica.
Con tres causas judiciales pendientes y su popularidad resentida, Netanyahu tiene un panorama político y personal complicado, después de gobernar de manera prácticamente ininterrumpida desde 2009 hasta 2021 y, luego, desde 2022. Aunque todavía cuenta con un apoyo electoral nada despreciable, los sondeos de opinión recogen su tendencia a la baja ante eventuales elecciones y otorgan un mayor respaldo al líder del partido de unidad nacional, Benny Gantz. Algunas críticas, extendidas a otros miembros del gabinete, destacan la prolongación de la guerra con objeto de obtener réditos para sortear su situación política y personal.
Ante un ataque sin precedentes, que ha señalado un indudable punto de inflexión en sus setenta y cinco años de historia, Israel magnificó la opción militar, sin vislumbrar ningún horizonte político, salvo reforzar la misma ocupación militar que ha llevado a esta situación. Además de restituir su dañada imagen de invulnerabilidad y capacidad disuasoria ante la potencial regionalización del conflicto y advertir a otros actores, como Hezbolá (convertir Beirut y el sur del Líbano en Gaza) e Irán (acusado de prestar apoyo logístico a Hamás y la Yihad), el objetivo militar era acabar con Hamás y liberar a los rehenes.
No era la primera vez que se amenazaba con reducir las fuerzas de Hamás, sin lograr ese objetivo en intervenciones militares anteriores (2008-2009, 2012, 2014 y 2021). El propio Netanyahu reconocía su valor instrumental para retroalimentar la división política, territorial y demográfica palestina; y evitar un Estado palestino. Hamás era considerado un activo y la Autoridad Palestina un peligro por su apuesta pragmática, de negociación política y diplomática, integrada en organizaciones e instituciones internacionales, y demandante del reconocimiento internacional (146 Estados hasta la fecha) del Estado palestino con la inclusión del realizado por España, Irlanda y Noruega el 28 de mayo de 2024. De aquí su política de fortalecer indirectamente a Hamás y debilitar a la Autoridad Palestina.
Pese a su indudable poder para reducir la capacidad militar y gubernamental de Hamás, más incierto es que logre su eliminación definitiva. Además de una organización de resistencia armada, Hamás también es un movimiento sociopolítico, de carácter nacionalista (anticolonial) e ideología islamista 10. Incluso en el hipotético caso de que fuera eliminado y persistiera la ocupación militar, sería cuestión de tiempo que surgiera un movimiento similar. Tampoco parece que la liberación de los rehenes se consiga solo militarmente. De momento, el grueso de los liberados ha sido fruto de un acuerdo puntual entre Israel y Hamás.
Este militarismo se ha acompañado de fuertes dosis de revanchismo, como manifestaban las declaraciones de sus principales responsables políticos y militares. Yoav Galant, ministro de Defensa, deshumanizó a los palestinos calificándolos como «animales humanos»; Isaac Herzog, presidente del Estado, responsabilizó a toda la población de Gaza de las acciones de Hamás; y Benjamin Netanyahu, primer ministro, amenazó con convertir Gaza en ruinas. Esta manifiesta intencionalidad, de actuar con todo el poder e infligir el mayor daño, ha sido secundada por acciones contundentes. Israel aisló Gaza por completo con el corte de todos los suministros esenciales (agua, electricidad, combustible, medicamentos y alimentos); vetó el acceso de la prensa internacional y la ayuda humanitaria (de la que depende el 80 por 100 de la población), e interrumpió intermitentemente las comunicaciones telefónicas y telemáticas.
En apenas unos 365 kilómetros cuadrados, con una población cercana a los 2,3 millones, toda Gaza se convirtió en un objetivo militar, sin distinguir entre población combatiente y no combatiente (según Herzog, «toda una nación era responsable»). Se ordenó la evacuación de la zona norte (1,1 millón de personas), sin habilitar medios de transporte, protección humanitaria ni infraestructuras para trasladar y acoger semejante población. El desplazamiento no garantizaba la seguridad. Algunos convoyes fueron atacados, igual que las zonas del sur a donde se ordenó a la población que se dirigiera. Ningún lugar es seguro en Gaza, como confirman los bombardeos indiscriminados de civiles, hospitales, escuelas, universidades, bibliotecas, mezquitas, iglesias, panaderías, viviendas, centros de trabajo, culturales y comunitarios, junto con sus paupérrimas infraestructuras.
La ONU anunció una devastación humanitaria, agravada por la escasez de recursos básicos (agua potable, alimentos y medicinas, principalmente) y su agotamiento sin reposición equivalente. Pese a la situación de emergencia, Israel no ha permitido la entrada fluida de la ayuda humanitaria, solo a cuentagotas, muy limitada e insuficiente. Incluso asesinó a siete trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen que, dirigida por el chef español José Andrés, suspendió su labor humanitaria en Gaza. Utiliza el hambre y la sed como armas de guerra (400.000 personas podrían morir de hambre, según la ONU), al igual que los bombardeos indiscriminados sobre la población, bienes e instituciones civiles. Este ensañamiento con la población civil, blanco sistemático de sus ataques y culpabilizada de las acciones de la resistencia en Gaza, no es nuevo. En Cisjordania se contabilizan hasta el 24 de mayo más de 500 palestinos asesinados por el ejército y los colonos, 4.950 heridos, más de 8.800 detenidos y varias comunidades forzadas al desplazamiento. Además de infligir un coste muy alto para presionar a los movimientos de resistencia, Israel busca que la sociedad palestina asuma la condición de perdedora y renuncie a sus derechos, propiciando su politicidio, proceso definido por el sociólogo israelí Baruch Kimmerling como «una amplia gama de actividades sociales, políticas y militares cuyo objetivo es destruir la existencia nacional y política de toda una comunidad de personas y, de este modo, negarles la posibilidad de autodeterminación» 11.
Ninguna de estas acciones ha sido ajena al respaldo internacional brindado a Israel desde el primer momento, escenificado en el desfile de altos mandatarios occidentales por Tel Aviv tras el 7-O; además del suministro y despliegue militar (de dos grupos de portaaviones estadounidenses al Mediterráneo oriental y al Mar Rojo, al que se sumó la marina británica, y un submarino con capacidad nuclear). Todos expresaron que Israel tenía derecho a defenderse y que su respuesta se ajustaría al Derecho internacional humanitario. Se ignoraba deliberadamente la trayectoria israelí de incumplimiento y violación de esas normas internacionales y las limitaciones que impone el IV Convenio de Ginebra de 1949 a una potencia militar ocupante.
En noviembre de 2023, Emmanuel Macron organizó una conferencia humanitaria sobre Gaza en París, cuando lo más urgente era frenar los devastadores bombardeos israelíes. Esta incoherencia política se extendió al conjunto de los Estados de la Unión Europea, renuentes a emplear los instrumentos de presión (diplomáticos, políticos, militares, económicos y comerciales) para contener la ofensiva israelí, exigir el alto el fuego, respetar el derecho humanitario, permitir la entrada de ayuda humanitaria y promover una solución política. Los desacuerdos en Bruselas cuestionan el recorrido de iniciativas de paz como la presentada en enero de 2024 por Josep Borrell, su alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Se requiere algo más que propuestas bienintencionadas para su impacto efectivo en la región.
Desde que estallara esta crisis, Estados Unidos ha vetado por tres veces consecutivas las propuestas de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigían el alto el fuego en Gaza, salvo en la votación del 25 de marzo, en la que se abstuvo, pero sin considerarla vinculante y, por tanto, sin efectos prácticos sobre el terreno. Este continuado e incondicional apoyo (diplomático, político, militar y económico) explica la inmunidad israelí, su endurecimiento en la política mundial y el mantenimiento de su respuesta militarista. Una vez más, Washington ha mostrado en esta guerra ser más un socio estratégico de Israel que un mediador con credibilidad e imparcialidad. Paralelamente, la región carece de contrapesos eficientes al poder de influencia estadounidense para avanzar en una salida alternativa, debido a los diferentes alineamientos estratégicos de sus Estados, dependencia externa y debilidad o falta de voluntad política. A su vez, las grandes potencias, enredadas en su propia rivalidad, tampoco muestran mayor determinación y consenso que los lugares comunes, sin coherencia entre sus pronunciamientos o adhesiones en los foros e instituciones internacionales y su política exterior que, en la práctica, solo contribuye a mantener el statu quo.
Ninguna masacre justifica otra. Menos aun cuando se muestra más abrumadora y deliberadamente letal, con toda la potencia de fuego de una potencia militar como la israelí contra una población civil vulnerable e indefensa. Si la encabezada por Hamás fue calificada de terrorista y acusada de crímenes de guerra, la perpetrada por Israel supera ampliamente cualquier otra operación de castigo colectivo anterior, como expone el altísimo número de víctimas (más de 36.000 muertos, que supera el 1 por 100 de la población, la mayoría niños y mujeres, con familias enteras exterminadas, unido a unos 10.000 desaparecidos bajos los escombros y más de 80.000 heridos y mutilados); el desplazamiento forzado de 1,9 millones de personas, de las que 1,5 millones permanecían hacinadas en unos sesenta kilómetros en Rafah, sometidas al hambre y la sed; y la enorme devastación material (destrucción o daño de más del 70 por 100 de las viviendas residenciales, con barrios enteros arrasados, junto con numerosas instituciones e infraestructuras, desde escuelas, universidades, hospitales, etc.); todo ello unido a su intensidad (una de las más destructivas y letales de la historia reciente, con bombardeos semejantes a los de la Segunda Guerra Mundial), y duración imprevisible (Netanyahu prevé un año).
La amenaza de una invasión terrestre de Rafah se hizo realidad con la entrada de tropas israelíes en esta ciudad el pasado 7 de mayo, la toma del control del paso fronterizo de Gaza con Egipto y el consecuente bloqueo nuevamente de la entrada de ayuda humanitaria. Todo ello precedido por una llamada a la evacuación de la población a «zonas seguras», cuando ha quedado constatado que desde la ofensiva israelí ninguna parte de la Franja de Gaza es segura; y pusieron de relieve los fuertes y continuados bombardeos que precedieron a esta nueva invasión. Sin olvidar que, dos días antes, Israel había ordenado el cierre de Al Jazeera. No quería testigos incómodos de sus crímenes de guerra.
Israel ha sido acusado de violar el Derecho internacional humanitario y de cometer crímenes de guerra, de lesa humanidad e, incluso, de genocidio. Bajo la acusación de violar la Convención para el Delito y Prevención del Genocidio (1948), Sudáfrica ha demandado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en diciembre de 2023, solicitando medidas cautelares (suspensión de toda operación militar y entrada urgente de ayuda humanitaria). Sin exigir el alto el fuego, la Corte se pronunció (26 de enero de 2024), pidiendo a Israel la adopción de medidas necesarias para impedir un genocidio y la entrada de ayuda humanitaria. El 24 de mayo se volvió a manifestar, ordenando a Israel que detuviera inmediatamente su ofensiva sobre Rafah. A su vez, días antes, el 20 de mayo, la fiscalía del Tribunal Penal Internacional dictó órdenes de detención tanto de los dirigentes israelíes (del primer ministro Netanyahu y del ministro de Defensa Gallant) como de Hamás (Yahya Sinwar, jefe de Hamás en Gaza; Mohammad Diab al-Masri, comandante de las Brigadas Al Qassam, e Ismael Haniya, jefe del buró político de Hamás).
La iniciativa sudafricana ha sido secundada por otros Estados del sur global; y suscitado numerosos apoyos de organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales e importantes segmentos de la ciudadanía o sociedad civil global que, a su vez, ha protagonizado multitudinarias manifestaciones de protesta en diferentes ciudades del mundo, pese a las descalificaciones, restricciones y amenazas de represión de las que han sido objeto, incluso en países democráticos. Entre los numerosos y más recientes ejemplos, cabe destacar las acampadas contra el genocidio en los campus universitarios estadounidenses, con réplicas en algunos complejos universitarios europeos; además del desmantelamiento represivo, en unos casos (Estados Unidos), y preventivo, en otros (Alemania, Francia y Países Bajos), antes de que se establecieran.
Este prolongado conflicto, de asentamiento y ocupación colonial, no comenzó el 7-O, ni tampoco concluirá cuando termine la campaña militar israelí sobre Gaza. Carente de solución militar, su resolución política sigue postergándose deliberadamente. La incapacidad de las partes para salir de esta encrucijada parece obvia ante su considerable asimetría de poder, la connivencia internacional y la ausencia de voluntad política de la potencia militar ocupante. Lejos de acabar definitivamente con esta situación, su apuesta es mantener, normalizar y legitimar la ocupación colonial, mientras que el pueblo ocupado y sus organizaciones tratan de revertirlo, ya sea mediante la vía política y diplomática o bien la de la resistencia armada. En ambos casos, el resultado ha sido igualmente frustrante hasta la fecha.
Unido a su enquistamiento, la prolongada irresolución de la cuestión de Palestina ha dado sobradas muestras de ramificación y conexión con otros problemas candentes en Oriente Próximo y Medio (además de su instrumentalización por diferentes actores), que rebasan las repercusiones regionales para cobrarse también consecuencias internacionales (sabotajes a la ruta comercial por el Mar Rojo, ataques a bases estadounidenses y respuesta militar de Washington y sus aliados). Los repetidos intentos para su marginación y ninguneo se han mostrado falaces. Nada indica que Israel vaya a cambiar significativamente su perspectiva. Por el contrario, en la restitución de su imagen de invulnerabilidad y capacidad disuasoria, impuso una dimensión fuertemente militarista sin ninguna perspectiva política de solución pacífica del conflicto.
Paralelamente, la temida regionalización del conflicto sigue sin descartarse. Si bien hasta el momento el intercambio de fuego entre Hezbolá e Israel se ha mantenido por debajo del umbral de la guerra, nada garantiza que no pueda rebasarse y adentrase en una escalada mayor. A lo que se suma la creciente tensión regional registrada entre Israel e Irán tras el bombardeo de una legación diplomática iraní en Damasco el pasado 1 de abril de 2024. La consiguiente represalia iraní sentó un precedente al atacar directamente a Israel por primera vez, mediante el lanzamiento de una combinación de más de 300 drones y misiles (de crucero y balísticos) contras instalaciones militares israelíes, que fueron interceptados en su inmensa mayoría tanto por las defensas antiaéreas israelíes (Cúpula de Hierro) como por otros actores internacionales (Estados Unidos, Reino Unido y Francia) y regionales (Jordania). Cinco días después, en la madrugada del 19 de abril, Israel atacó una base militar iraní en la ciudad de Isfahán, sede también de su programa nuclear. Más allá de las amenazas mutuas vertidas, esta política de represalias se ha mantenido contenida hasta el momento, sin causar daños humanos y materiales significativos. Pero introduce nuevas líneas rojas, elevando el tono de la confrontación larvada que protagonizan ambos actores desde hace décadas al explicitar su capacidad de atacar directamente al otro. De momento se ha producido cierta contención y desescalada, sin garantías de recrudecimiento en el futuro por la enorme complejidad de la situación y los vasos comunicantes existentes.
Sobre el día después prevalece la incertidumbre. Washington ha propuesto transferir la administración civil de Gaza a la Autoridad Palestina «revitalizada». La renuncia del gobierno palestino presidido por Mohamed Shtaye el pasado febrero y el consiguiente nombramiento en marzo de Muhamad Mustafa como primer ministro parecen apuntar en esa dirección. Esta propuesta ha sido rechaza por Netanyahu, quien, el 22 de febrero, desveló su plan después de cuatro meses y medio de campaña militar. Con contornos muy vagos, propuso la administración civil de líderes comunitarios o funcionarios locales sin vínculos con Hamás; la desradicalización de las instituciones religiosas, educativas y civiles de Gaza, y su desmilitarización. Además de asumir Israel la seguridad en términos similares a los que practica en Cisjordania, reservándose incursionar militar, puntual y periódicamente, unido al control de la frontera con Egipto, Netanyahu rechaza la presencia de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y un Estado palestino. En síntesis, solo ofrece más ocupación militar y, si cabe, en términos aún más drásticos, sin visibilizar ningún final a esta anómala situación.
Ante la gravedad de los acontecimientos y el indescriptible sufrimiento humano, llama la atención que Washington y Bruselas hayan redescubierto la opción de los dos Estados, resucitándola como si carecieran de corresponsabilidad en su fracaso. Unido a su apoyo sistemático a Israel, durante las tres últimas décadas, desde los Acuerdos de Oslo, han limitado su papel al de la retórica política y diplomática, sin adoptar ninguna medida de presión efectiva para deponer el comportamiento expansionista y colonial israelí, destinado deliberadamente a frustrar la implementación de esa opción. Por el contrario, Washington vetó el pasado 18 de abril la admisión de Palestina como Estado miembro de pleno derecho en la ONU, al mismo tiempo que ese mismo mes aprobaba una importante ayuda económica a Israel de unos 25.500 millones de dólares. Posteriormente, en compensación, el 10 de mayo la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que otorgaba mayores derechos a Palestina como Estado observador no miembro en la ONU, con objeto de preparar el terreno a su admisión en el futuro. En el actual contexto, y ante los previsibles cambios políticos en Estados Unidos y la Unión Europea, se antoja más una maniobra de distracción que creíble, que desplaza el foco de atención de su corresponsabilidad al día después y a la solución de los dos Estados. Al no vincular ese compromiso con acciones firmes, Israel continuará su ocupación y sistema de apartheid sin grandes costes políticos internacionales.
1 Isaías Barreñada: «Los conflictos de larga duración no resueltos, un desafío para la comunidad internacional. Los casos de Israel-Palestina y de Marruecos-Sáhara Occidental», en Paloma González del Miño (dir.): El sistema internacional en el siglo xxi. Dinámicas, actores y relaciones internacionales, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2020, pp. 409-430.
2 Israel no se retiró de Gaza, solo replegó su ejército, que acordonó y, luego, bloqueó esta estrecha franja desde 2007, que permanece ocupada según el Derecho internacional.
3 Menachem Klein: «Israeli arrogance thwarted a Palestinian political path. October 7 revealed the cost», +972Magazine, 28 de noviembre de 2023, https://www.972mag.com/hamas-fatah-elections-israel-arrogance/ (consultado 15 de diciembre de 2023).
4 Jonathan G. Leslie: Fear and Insecurity. Israel and the Iran Threat Narrative, Oxford, Oxford University Press, 2023.
5 Jacob Magid: «CIA director: Current Israeli-Palestinian tensions resemble Second Intifada», Times of Israel, 7 de febrero de 2023, https://www.timesofisrael.com/cia-director-current-israeli-palestinian-tensions-resemble-second-intifada/ (consultado 13 de enero de 2024).
6 Como vaticinaba Khalil Shikaki: «Peace Now or Hamas Later», Foreign Affairs, 77(4) (1998), pp. 29-43.
7 Jorge Ramos Tolosa: «¿Por qué Palestina-Israel es una cuestión de colonialismo de asentamiento?», Ayer, 124 (2021), pp. 135-161.
8 Palestinian Center for Policy and Survey Research, 13 de diciembre de 2023, https://pcpsr.org/en/node/963 (consultado 20 de diciembre de 2023).
9 La reforma otorgaba al poder legislativo y, por extensión, al ejecutivo un mayor control sobre el poder judicial (selección de jueces, qué leyes puede aprobar el Tribunal Supremo e, incluso, anulación de sus decisiones).
10 Carmen López Alonso: Hamás. De la marcha hacia el poder al vuelo de Ícaro, 2.ª ed. actualizada, Madrid, Los Libros de La Catarata, 2024.
11 Baruch Kimmerling: Politicidio, Madrid, Foca, 2004, p. 6.