Ayer 111/2018 (3): 333-347
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2018
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/111-2018-13
© Jesús Izquierdo Martín
Recibido: 04-05-2017 | Aceptado: 07-09-2017
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Ante el desafío de la memoria: ¿disciplina o pluralismo interpretativo?

Jesús Izquierdo Martín

Universidad Autónoma de Madrid
jesus.izquierdo@uam.es

Resumen: Si por memoria entendemos conocimiento experiencial y emocional del pasado, la memoria no ha emergido en España con la misma fuerza en la esfera pública que en otros lugares, especialmente en Latinoamérica. Sin embargo, desde principios del presente siglo ha ido creciendo al tiempo que desafiaba algunos de los lugares comunes de la historia profesional, obligándola a repensar los límites de la disciplina, repolitizando el ingenuo cientificismo de algunos de sus miembros y desplazando el saber histórico hacia su posible democratización.

Palabras clave: historia, memoria, democratización del conocimiento, repolitización.

Abstract: If we understand memory as the experiential and emotional knowledge of the past, then we must conclude that memory has not appeared with the same strength in the public sphere in Spain as it has in other places, especially in Latin America. Nevertheless, memory has grown steadily since the beginning of the present century, and, by so doing, has penetrated the preserve of professional history. Scholars have been forced to rethink the discipline’s boundaries. The naïve empiricism touted by some practitioners has been «re-politicized», and historical knowledge has moved towards a possible democratization.

Keywords: history, memory, democratization of the knowledge, repoliticization.

«¿Qué les pasa a algunos historiadores españoles para que tengan tanto miedo a la memoria de la gente? ¿Desde cuándo la memoria no sirve para testimoniar la verdad? ¿O acaso en los juicios ya no hacen falta testigos para condenar a alguien? [...] ¿Hemos llegado a tal arrogancia académica que las víctimas tengan que pedir permiso a los historiadores para saber si su sufrimiento fue verdad o simplemente un espejismo?».

(Günter Schwaiger, 2006)

El texto precedente es parte de la respuesta que el cineasta austriaco Günter Schwaiger dio a un historiador por los reproches de este contra el surgimiento de la memoria como forma de conocimiento contraproducente para los valores del consenso establecidos desde la transición a la democracia española1. Palabras como las enunciadas son relevantes para el debate entre historia y memoria, ya no solo por proceder de un miembro de la sociedad civil y, por lo tanto, persona no disciplinada en las convenciones de los historiadores profesionales; ya no solo por haber sido enunciadas por alguien que observa desde el exterior el debate —teóricamente pobre— sobre memoria e historia entre nosotros; lo son, sobre todo, porque acentúan en la altivez tutelar con la que los historiadores a menudo contemplan la memoria, porque, desde la distancia, Schwaiger pone de manifiesto el problema al que se enfrenta un saber de pretensiones disciplinarias: la democratización del conocimiento histórico a través del trabajo cívico de la memoria.

Es cierto que en España la relativa irreflexión sobre los vínculos y efectos entre memoria e historia se ha agravado por la ausencia de judicialización de los casos de genocidio franquista y la reclusión consiguiente del testimonio al ámbito personal o familiar, proceso que en otros lugares ha dado lugar al enriquecimiento teórico y a los trasvases interdisciplinares entre ciudadanos. Por ejemplo, los movimientos sociales de la memoria en Latinoamérica se han destacado por hacer frente con relativa prontitud a dinámicas genocidas que tuvieron lugar en aquel continente durante la segunda mitad del siglo xx y que dejaron importantes traumas en sus poblaciones. A partir de sus transiciones políticas hacia la democracia, distintos movimientos de la sociedad civil alentaron la demanda de justicia y la judicialización de los crímenes perpetrados, especialmente en Argentina, lo que produjo un paulatino acercamiento entre disciplinas diversas —desde la psicología o la antropología a la ciencia jurídica— y los agentes sociales, haciendo que la historiografía confluyera con ellos, introduciéndola además en teorías y herramientas conceptuales vinculadas al testimonio y en la elaboración reflexiva de los traumas padecidos. El recuerdo no se dejó atrapar por la narrativa que crearon las dictaduras y sus defensores —pese a la presencia recurrente de la «teoría de los dos demonios»— y la sociedad civil ocupó un espacio destacado en el manejo de la memoria como mecanismo autónomo de identificación colectiva y, por tanto, de construcción más democrática de la interpretación del pasado2.

En España el proceso ha seguido una dirección distinta: la historiografía profesional comenzó a abordar públicamente el pasado franquista antes de la aparición del movimiento memorialista y ello ha dejado ciertas huellas en el tipo de acercamiento al pretérito traumático, condicionando las relaciones entre historia y memoria. La historia fue incapaz de desestabilizar el sólido relato creado en la transición y este, a su vez, impidió la judicialización de la memoria, debilitando las transferencias interdisciplinares y el ahondamiento del debate. A diferencia de Latinoamérica, la historiografía comenzó a analizar el franquismo desde fuera del paradigma de los derechos humanos, desde el exterior de su calificación como genocidio y sin su interpretación como régimen productor de trauma. La narración que hacía de la Segunda República el prólogo de una guerra entendida como locura colectiva no fue desestabilizada y, consiguientemente, no se reconoció a sus muertos como víctimas —solo había culpables—, con la consecuente ausencia de intervención jurídica y diálogo entre la historiografía y otras disciplinas apeladas por la memoria experiencial. El testimonio se personalizó y no se vinculó al método indiciario, dejando a la memoria sin el tirón reflexivo que evitara su tutela por parte de una historiografía que pretendía controlar las interpretaciones procedentes de ámbitos no académicos.

Por el contrario, la historiografía democrática ganó reconocimiento social al criticar la interpretación histórica hecha por el franquismo, especialmente la memoria basada en la «legitimidad de la victoria». Desmanteló el viejo relato de sentido metafísico donde la nación aparecía como absoluto vencedor de la anti-España en un supuesto destino histórico de fundamentación católica y esencialismo hispánico. Pero su éxito social fue también producto de su fracaso: no consiguió desestabilizar el relato hegemónico que procedía del tardofranquismo y que, en cierto sentido, heredaría la transición hasta convertirse en memoria oficial durante casi cuarenta años de democracia; una narración que aunaba, por una parte, el relato de la modernización socioeconómica que el régimen dictatorial estableció tras la internacionalización de los mercados desde finales de los años cincuenta, en la que encontraron acomodo las clases medias en un entorno de consumismo, orden político y paz social y que convirtió la dictadura en un supuesto régimen autoritario limitado a prohibir partidos políticos y a defender la confesión católica; y, por la otra, el relato de la normalización política de una democracia, la del 78, que podía aparecer públicamente como consecuencia pacífica de la evolución natural del franquismo.

La narrativa además incorporaba a España en la ideología de la normalización desarrollada en el mundo occidental tras la Segunda Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín, una ideología construida desde el gran relato del progreso y la superación moral del fascismo y comunismo. España llegaba más tarde a aquella historia, pero, tras las tribulaciones del franquismo, se podía considerar vinculada a la trama occidental tras haber aprendido naturalmente a reconciliarse y a quebrar la condena del viejo cainismo. El pasado fue configurado como un lugar extraño que había sido superado; un pretérito ocupado por un nefasto régimen republicano que se imaginaba como una desviación radical-democrática, llena de pasiones ideologizadas, encarnadas en un pueblo desgobernado y violento que, tras haber provocado una guerra «incivil», había merecido la imposición de un sistema autoritario para crear las precondiciones de su salvación3.

No son los historiadores los principales productores de este relato: el poder de la producción histórica es demasiado diverso para ser monopolizado por ellos. Pero el encastillamiento y la falta de responsabilidad cívica de muchos profesionales de la historia contribuyeron a que el relato se estabilizara en la sociedad civil. La narración hegemónica de la transición ocluyó la memoria de las luchas antifranquistas que tuvieron lugar desde finales de la década de los años cincuenta y desplazó las memorias de los movimientos y organizaciones sociales que tras la muerte de Franco plantearon otras vías de cambio, de ruptura; memorias que concebían la Segunda República como parte de nuestra tradición democrática, que interpretaban la guerra como conflicto contra el fascismo —reconociendo la violencia del lado republicano—, que consideraban el golpe de Estado del 36 como una agresión cuasi-colonial y que creían que el franquismo había sido un régimen dictatorial —todavía no identificado como genocida— dirigido a erradicar y hacer olvidar las relaciones sociales de los años treinta.

El relato hegemónico se convirtió en el conocimiento desde el cual numerosos españoles construyeron su identidad narrativa, especialmente la generación de los hijos de la guerra que luego capitanearían el barco de la transición. Y cuando fue objeto de crítica académica, dicha crítica habitualmente no fue recibida por públicos abiertos, a veces por su ensimismamiento en el culto al dato y en su desafecto al relato, a la retórica que construye el sentido de lo contado. Alucinada por un cientificismo que reprimía la poética inherente a su propio quehacer, la historiografía en general no ejerció su función desnaturalizadora de la subjetividad esencialista del texto transicional: la identidad de un hombre nuevo y moderno que podía defender al mismo tiempo dictadura y democracia —capítulos de un libro necesario— sin sentir la necesidad de repensar la incompatibilidad entre ambas. Ni el Estado ni la sociedad civil están marcados por otras memorias alternativas y contestatarias. Sigue siendo habitual pensar que las víctimas del genocidio o bien merecen ser olvidadas o bien deben permanecer enterradas en fosas comunes para recordar a los españoles que toda forma de radicalismo —independiente de sus causas y fines— es una amenaza para la sociedad del orden y paz que construimos en la transición, que los muertos no pueden considerarse evocación de luchas utópicas o emancipadoras, sino solo marcas que señalan la amenaza constante de la distopía. La narración transicional ha seguido tejiendo un imaginario en el que los represaliados del franquismo no eran considerados víctimas —si acaso víctimas subsidiarias frente a las dede ETA— cuya dignidad debería ser restituida con la anulación de los juicios sumarísimos y militares, el inicio de causas contra los crímenes cometidos (penalmente ya imposible) y el desarrollo de exhumaciones públicas de fosas comunes en las que el testimonio saliera del ámbito personal, familiar o comunitario.

Ya fuera por un pacto político consciente entre las elites del régimen y los reformistas, ya fuera por un pacto denegativo inconsciente —que consiste en reprimir socialmente la memoria de lo acontecido con el fin de no desestabilizar el presente—, la voz de los represaliados del franquismo se acalló, la demanda social de justicia no se disparó y la memoria experiencial quedó reducida a mero recurso archivístico para el manejo de los historiadores. Pese a todo, el movimiento memorial ya tenía presencia en la transición, si bien se redujo a algunas iniciativas particulares de exhumación de fosas comunes en un ambiente de relativo silencio relacionado con el terror genocida, y se paralizó casi por completo tras el intento de golpe de Estado de 19814. A principios del nuevo siglo y a la sombra de la iniciativa del juez Baltasar Garzón contra el dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, reapareció un nuevo movimiento social encabezado principalmente por los nietos de los represaliados y organizado en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (2000) y en la Asociación Estatal de Foros por la Memoria (2004). Desde entonces, el activismo memorial no ha dejado de estar presente en la sociedad civil, movilizado por la idea de reconocer la dignidad de los represaliados especialmente a partir de su identificación como víctimas, un concepto que, entre otras cosas, permite incorporarlos a causas de derecho internacional penal más allá de lo planteado por la meliflua Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida como la Ley de Memoria Histórica. La reivindicación de la memoria experiencial esgrimida por el movimiento ha saltado a la palestra no solo como artefacto judicial potencialmente probatorio, sino como una forma de conocimiento histórico que, según las asociaciones, no puede quedar bajo la estricta tutela del historiador al ser parte legítima de una dinámica mayor de democratización del saber sobre el pasado.

La influencia de los movimientos memorialistas de países como Argentina o incluso Guatemala fue crucial en el surgimiento de la labor de la memoria en España. Y esta, a su vez, ha influido en su historiografía; así parece avalarlo la incorporación del concepto «memoria histórica» en nuestro mercado editorial a partir del impulso del movimiento memorial. Teniendo en cuenta un indicador como la base de datos Dialnet, en la década de 1990-1999 se produjeron 292 documentos que incorporaran en su título el concepto y en el decenio siguiente habían ascendido a 1.704; por su parte, en la década actual, sin considerar todavía el año 2017, las investigaciones rubricadas con dicho concepto ascendían a 1.203. Este ascenso vertiginoso es todavía más patente si consideramos que en las décadas de 1970 y 1980 apenas se habían publicado 5 y 50 investigaciones, respectivamente. El movimiento memorial, cuando ha emergido en España, lo ha hecho con fuerza, desafiante, acusador de los silencios de la sociedad civil y del Estado, denunciante de una historiografía la mayoría de las veces poco interesada en las experiencias democráticas derrotadas o indiferente al relato oficial. Y en cierto sentido, su deseo de desestabilizar la «buena memoria», la identidad narrativa procedente del desarrollismo franquista y de la normalización de la transición, ha sido crucial en el despertar de títulos historiográficos que, sin embargo, no acaban de entrar en el desafío cívico-pluralista y teórico-reflexivo que plantea el propio movimiento5.

Porque el movimiento pugna en la esfera pública no solo desde la exigencia de mayor pluralismo ciudadano en la interpretación del pasado, sino también a partir de la defensa de las posibilidades epistemológicas del trabajo de la memoria, consideradas como autónomas de la propia historia. El movimiento esgrime su voluntad de terminar con la memoria oficial, con el tipo de recuerdo hegemónico y excluyente que arrincona otras posibilidades de contar el pasado y de narrarlo además a contrapelo de un relato en el que apenas aparecen víctimas, ni siquiera, podríamos agregar, las que acabaron vencidas en una transición que se llevó por delante otras posibilidades de construir la democracia sobre bases distintas a las del régimen del 78. Este tipo de activismo está, por consiguiente, vinculado al movimiento del 15M por cuanto ambos defienden las utopías alternativas del pasado y la lógica de la desestabilización del relato que las excluye, si bien el segundo lleva más allá la crítica del régimen del 78 como dispositivo que cercena el potencial cívico, ­establece una democracia de protocolo, profesionaliza la política, establece una partidocracia excluyente y desata la gestión mediática de la vida pública con sus efectos sobre el consumismo ­desaforado y el ensimismamiento individualista.

Lo que el movimiento memorial promueve es la creación de políticas de la memoria que incentiven distintas posibilidades de narrar el pasado, en las que puedan entrar ciudadanos no profesionales de la historia y en las que quepan aquellas alternativas que se construyen desde el testimonio de las víctimas, de los vencidos, de los derrotados, de los activistas... de quienes han quedado fuera de la narración oficial o de la historia profesional más condescendiente con ella. Pero hay también en el movimiento una reivindicación por escapar del poshistoricismo que enarboló el relato normalizador, modernizador y moralizador de la ineludible asimilación de España a la historia universal; y, sobre todo, una pugna abierta por volver a politizar el pasado, por hacerlo escapar del imaginario cientificista de la historia profesional que pretendía hablar del ayer desde la atalaya del «ningún lugar» y que esgrimía un positivismo dogmático supuestamente ajeno al enjuiciamiento del pasado y a otras disciplinas que pudieran contaminar la mirada idílica del anticuario aséptico.

El movimiento memorialista promueve así una matriz epistemológica que no le condene a la tutela de la historia profesional. Si la disciplina de la historia convoca al pretérito desde el presente, la actividad de la memoria es producto de la irrupción del pasado en el hoy. La memoria histórica tiene la cualidad de hacerse presente a partir del testimonio de quien ha experimentado lo acontecido. Más que conocimiento aprendido, es experiencia adquirida por la propia vivencia que se vierte inintencionalmente en la conciencia o en el inconsciente. Ahora bien, la memoria se articula, se puede verbalizar dándole sentidos dentro de comunidades interpretativas siempre que el testimonio no haya quedado completamente traumatizado en el inconsciente en forma de compulsión. Este es el asunto central del debate, pues mientras que la historia profesional se arroga la autoridad para archivizar dichos testimonios para luego emplearlos en sus relatos como si se tratara de una fuente documental adicional cuya maleabilidad puede controlar a través de su comparación, contextualización, comprensión y explicación, el trabajo de la memoria reivindica la capacidad del testimonio para enunciar verdad y para trasmitirla incluso a quien no ha experimentado la vivencia, esto es, los portadores de la postmemoria.

Los trabajadores de la memoria defienden que el testimonio es verdad sobre el ayer. Por ello, rebaten el cliché que la historia a menudo asigna a la memoria según el cual esta es un «objeto» maleable y no confiable debido a los cambios de identidad del sujeto que experimenta y que le hacen modificar la estructura de la narrativa. No les falta razón: la figuración del recuerdo es en principio más dúctil. Ahora bien, la historia no deja de ser una disciplina interpretativa que emplea el documento escrito —interpretaciones de la realidad, por cierto— o el testimonio narrado sobre los hechos para elaborar figuraciones poéticas que se vierten en un relato que también está posicionado y que muda de acuerdo con la situación subjetiva del observador6. Por mucho que la academia pretenda escapar de las condiciones de producción de un texto histórico, su verdad es tan dependiente de la interpretación como lo es la verdad de la memoria, aunque sus puntos de arranque sean diferentes.

Los trabajadores de la memoria aducen además que ellos también emplean el método indiciario que utiliza la historiografía: puede que el testimonio sea la base de sus enunciados pero también lo son las distintas fuentes documentales que el historiador emplea porque, en cierto sentido, son herederos del método clásico de la historiografía. Lo paradójico es que el método indiciario es una herramienta tan posicionada como los enunciados, por lo que es plausible afirmar que los sistemas de verificación están siempre en consonancia con una comunidad de observadores que, cuando menos, deberían declarar qué posiciones de partida les constituyen antes de atender al objeto de su comprensión (del pasado) y su explicación (en el presente).

Ahora bien, hay algunos fundamentos que el trabajo de la memoria y la historia no comparten. No solo es la diferencia fenomenológica según la cual, con respecto al pasado, la historia convoca y la memoria recibe. Es también una cuestión de juegos de lenguaje distintos que generan comunidades retóricas diferentes en las que los enunciados respectivos cobran sentido autorreferencialmente. Si la comunidad de historiadores está obligada a presentar documentos cuando quiera que se los soliciten con el fin de avalar sus formulaciones, la memoria tiene como principio de garantía de veracidad el dolor de quien testimonia. En ambos casos, la veracidad depende de la comunidad de lectores u oyentes del relato narrado, de manera que la diferencia entre historia y memoria no sería estrictamente epistemológica, sino lúdica, esto es, estaría basada en el juego de lenguaje empleado por cada una de ellas. Indudablemente hay trasvases entre la una y la otra en cuanto que la historia emplea el archivo testimonial y la memoria utiliza en método indiciario, unos trasvases que se dejan entrever en el concepto «memoria histórica», en el sentido de que es un concepto que remite al deseo de la memoria de salir de lo estrictamente local y concreto, como al afán de la historia de penetrar en el terreno de la memoria como una historia del recuerdo de las experiencias que cada grupo social comparte en un momento dado y que configura sus formas de estar en el mundo y de crear un horizonte de expectativas.

La disciplina, sin embargo, sigue arrogándose la autoridad para tutelar a la memoria aduciendo poseer los procesos de control y verificación sobre el ayer que no están disponibles para la memoria. Cierto es: la historia tiene posibilidades de enfocar con una mirada más reflexiva los vínculos entre pasado, presente y futuro. A su disposición se encuentran recursos procedentes de la teoría crítica que permiten construir un metadiscurso sobre los entramados epistemológicos, ontológicos y sociales que condicionan sus enunciados. No se trata de que englobe los enunciados de la memoria en discursos más amplios que aúnen distintos testimonios y los contrasten con fuentes y datos de otras procedencias, pues es una actividad que también desarrolla el trabajo de la memoria. Más bien consiste en la capacidad reflexiva sobre su propia temporalidad a la hora de hacer narrativas cambiantes y sobre su disposición para crear memoria social.

Otra cosa es que esta capacidad potencial de la disciplina sea utilizada habitualmente por el historiador profesional. Así sería si la disciplina estableciera sus protocolos de verificación a partir de un metarrelato centrado en la crítica reflexiva. Y, en este sentido, no son demasiados los historiadores que aborden su quehacer desde alguna filosofía. Lo que ocurre, más bien, es que la disciplina se configura a partir de un conjunto convencional de criterios que solo resultan naturales por cuanto permiten a sus miembros reconocerse como descubridores de Verdad con mayúscula. Sus miembros creen encontrar la verdad —y no construirla— con protocolos que ante todo operan socialmente, manteniendo la disciplina del grupo. Se enarbola la crítica factual o de las fuentes y se olvida la ética de la sospecha sobre el carácter construido del propio hecho y del archivo; se esgrime el relato como elemento secundario del quehacer histórico y se oculta la narración como elemento consustancial de la creación de sentido; se ataca la retórica como desviación del enunciado en favor de la lógica de la búsqueda; y finalmente se esgrime el carácter temporal de la observación mientras se oculta la historicidad del propio observador.

Ciertamente hay historiadores en España con recursos reflexivos muy comparables a los que distintos colegas emplean en otros espacios intelectuales. Recordemos aquí los trabajos, por ejemplo, de Paloma Aguilar, Julio Aróstegui o Pedro Ruíz Torres. Y la revista Ayer ha incorporado en estos años un número no despreciable de historiadores dispuestos a repensar los vínculos entre historia y memoria. No hay más que hacer mención al artículo sensible con el desafío de la memoria de Josefina Cuesta Bustillo (1998); a la defensa de perspectivismo político del pasado de Gonzalo Pasamar Azuría (2003); al difícil equilibro entre historia y memoria de Ignacio Peiró Martín (2004); a la reivindicación del saber científico y objetivista de la historia de Juan Sisinio Pérez Garzón (2012); o al vínculo entre memoria y pasado traumático de Javier Rodrigo (2012)7. Pero por razones que podríamos remitir a la configuración de la disciplina historiográfica en España, afectada por el erial intelectual del franquismo y por la disminución del pensamiento teórico tras la crisis de las ideologías y la teoría social en un mundo crecientemente neoliberal, el neopositivismo aparece siempre amenazante con su soberbia empirista y factual.

Si la reflexión intelectual dominara en la historia profesional puede que comenzáramos a pensar que la historia no es la única garante de la memoria de un grupo social. Que es posible que la recopilación archivística de los testimonios facilite la elaboración de relatos más analíticos, más comprensivos y más explicativos del pasado, pero que este tipo de narraciones no eliminan la validez inmediata de la memoria experiencial en la narración. Una memoria que puede estar cargada de impurezas subjetivas o que tenga un registro más puntual que el de la historia ahora bien: ¿es que el trabajo de la historia no está, como hemos señalado, marcado por posiciones epistemológicas, metodológicas, ideológicas y prácticas que llevan a interpretar un documento de manera diversa y generalmente desde las bases del poder dominante en un contexto determinado?8

La historia genera memoria —y conocimiento—, una memoria que puede pertenecer a los vencidos y traumatizados de un conflicto o a los subalternos; pero generalmente se despliega como relato del vencedor o el colonizador. Por eso en la disputa por llenar de significado el concepto memoria histórica, los historiadores, más allá de la protesta que supone calificar el término como un oxímoron, reivindican el término como concepto que convierte la memoria en un asunto de la historia por cuanto la disciplina «controla», al remitirla al archivo, la memoria experiencial que gana en objetividad y en alcance, siempre que sea el profesional el que establezca los mecanismos de veracidad. Por el contrario, los defensores del trabajo de la memoria reclaman el concepto para señalar que el testimonio de la experiencia tiene una validez excepcional como historia pública, no solo para traer al presente recuerdos del pasado que han quedado en el olvido oficial o han sido desplazados por las narraciones historiográficas, sino sobre todo para exigir la presencia pública de lo que la historia profesional suele obviar debido a su retórica cientificista y supuestamente distanciada de la politización del saber: el uso político y judicial del testimonio como forma de reivindicar la dignidad, la reparación y la justicia con aquellos que sufrieron alguna manifestación de violencia9.

Hay que considerar que la memoria experiencial no siempre acaba convertida en testimonio verbalizado ni en un relato sobre el ayer porque, para empezar, si es memoria de un determinado genocidio, el trauma producido no siempre acaba recordado en una narración con sentido. Y es que ni los historiadores ni quienes apuestan por el testimonio como relato principal —y no inicial— de la narración histórica están bien perpetrados para elaborar los efectos del trauma evitando el acting-out, la repetición por compulsión en la esfera de lo inconsciente10. La historia profesional no es un reducto donde el profesional se separe del resto de los saberes, despolitice el relato y, como si se tratara de un anticuario, nos cuente la historia tal cual fue. Los historiadores también habitan un universo contaminado de violencia, silencio, compulsión, represión cultural, en fin, trauma; no es tan fácil escapar de la pecera hermenéutica desde la cual se vive en el mundo.

La ebullición de los movimientos por la memoria histórica fue un desafío ante la ausencia —en términos generales— de un relato histórico que hablara de justicia ante el pasado traumático español, de dignificación de sus víctimas no reconocidas como tales, de elaboración de los procesos de victimización, y de reconocimiento por parte de los historiadores de las posibilidades ciudadanas para crear pasado desde sus propias experiencias, ya fuera en el seno de sus familias, ya fuera en el lugar de sus comunidades. Ese fue el principal desafío que la memoria lanzó a los profesionales. Lástima, sin embargo, que en la mayoría de los casos la historiografía haya reaccionado ante este desafío con la soberbia de quien cree encontrarse amparado en su autoridad por una disciplinada objetividad desde la cual tutelar la producción cívica del pasado.

Puede que este texto parezca impulsado por un binarismo donde la memoria se presenta como conocimiento destacable frente a una historia obsoleta. Ahora bien, no ha sido el pensamiento binario —tan propio de nuestra modernidad— el que lo ha articulado salvo quizá por razones expositivas, por destacar los límites de una profesión que podría ser más democrática y compartir con el resto de los ciudadanos la construcción de narrativas, ofreciendo reflexiones, herramientas, conceptos y no solo relatos cerrados. Es una forma de entrar a pensar en la complejidad filosófica que supone hermanar el halo de autoridad de la modernidad cientificista y el pluralismo interpretativo de sociedades más escépticas y relativistas. A no ser que se quiera combatir el desafío democrático de la sociedad civil con el autoritarismo de una comunidad disciplinada, despreciando las formas de conocimiento del otro, el desafío debería despertar espíritu crítico y dialógico. Se trata de asumir el relato propio no como narrativa superior sino como un texto entre otros, con orígenes y efectos distintos, sin pretender tutelar la memoria tras considerarla exclusivamente como testimonio-documento de la historia.

Quizás sea tarde para la memoria traumática de este país, cuando ya no es posible juzgar penalmente a los perpetradores de tanto dolor. Ahora bien, hay una manera con la que dignificar a las víctimas y a sus herederos: reconsiderar sus relatos no como material para la manufactura exclusiva del historiador, sino como artefactos para la construcción autónoma de la identidad personal y colectiva de ciudadanos para quienes la memoria fue isla única entre tanto horror franquista.

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