Ayer 126/2022 (2): 133–157
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2022
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/810
Josep Escrig Rosa
Recibido: 12-06-2019 | Aceptado: 06-09-2019 | Publicado: 21-04-2022
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Contrarrevolución e independencias en Iberoamérica (1820-1823) *

Josep Escrig Rosa

Universitat de València josep.escrig@uv.es

Resumen: Este trabajo propone un acercamiento novedoso a los procesos de independencia iberoamericanos en los inicios de la década de 1820. Para ello se estudia el papel de la contrarrevolución como promotora de proyectos emancipadores alternativos a los de la revolución y el liberalismo. El arranque del segundo periodo constitucional en España y Portugal propició la reacción de los sectores conservadores de los territorios ultramarinos de dichas monarquías que antes habían identificado sus intereses con los gobiernos peninsulares. El cotejo relacional de los distintos discursos que sirvieron para justificar y legitimar la ruptura en México, Perú y Brasil da cuenta de la circulación de las ideas e imaginarios más allá de los límites estrictamente nacionales a ambas orillas del Atlántico. El retorno reflexivo sobre estas propuestas de independencia, que han sido soslayadas por la historiografía, resulta un paso necesario a la hora de contemplar las respuestas plurales a la crisis imperial desde un enfoque verdaderamente transfronterizo.

Palabras clave: contrarrevolución, independencia, Perú, México, Brasil.

Abstract: This paper proposes a novel approach to processes of Ibero-American independence in the early 1820s. It focusses on the role of the counter-revolution as a promoter of alternative emancipatory projects to revolution and liberalism. The birth of the second constitutional period in Spain and Portugal provoked a reaction in overseas territories among conservative sectors. Various different but interrelated discourses justified and legitimised rupture in Mexico, Peru, and Brazil. Ideas and imaginaries circulated beyond national limits on both sides of the Atlantic. Scholarship has practically ignored these proposals for independence. Reflecting on them is a necessary step in order to contemplate the plural responses to the imperial crisis using a truly cross-border approach.

Keywords: counter-revolution, independence, Peru, Mexico, Brazil.

Introducción

En este trabajo examinamos los procesos emancipadores de Iberoamérica desarrollados entre los años 1820-1823 a partir de un enfoque poco conocido. Nos referimos a las propuestas de independencias contrarrevolucionarias conformadas para evitar la aplicación —total o parcial— de los cambios impulsados tras el inicio del segundo periodo revolucionario en España y Portugal. De manera concreta, se abordan los casos del Perú, México y Brasil, cuyas actas de separación se sancionaron, respectivamente, en julio y septiembre de 1821 y septiembre de 1822. Desde particularidades regionales, políticas y culturales, la proximidad cronológica de esos sucesos permite ponerlos en relación para analizar si respondieron a soluciones parecidas, aunque no en todo equiparables. Ello se enmarca en un contexto de aceleración de la dinámica histórica en la que resulta pertinente preguntarse por el papel que desempeñaron en ciertos imaginarios colectivos viejos referentes como la patria, la religión o la monarquía.

La perspectiva contrarrevolucionaria no ha sido prácticamente adoptada para examinar esa posible vía de ruptura política, motivo por el cual ha pasado desapercibida entre las monografías sobre las independencias. Razones históricas e historiográficas lo explican en parte. Desde el mismo momento en el que se produjo la emancipación, muchos actores y cronistas calificaron las actuaciones insurgentes que dieron origen a las nuevas naciones como revolucionarias. Esta historia patria basada en el sintagma «revolución de independencia» tuvo un enorme éxito y supervivencia debido a las propias circunstancias y sustrato en las que se configuró. Hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo xx para que los paradigmas «atlántico» e «hispánico» insistieran, desde sus especificidades teórico-metodológicas, en el carácter general del fenómeno ocurrido, aproximadamente, entre 1775 y 1825. En ambos casos, el énfasis estaba puesto en el liberalismo y la revolución como promotores de las transformaciones. Con avances significativos, este ha sido el enfoque que ha permanecido en aquellos que han continuado investigando el periodo. Los bicentenarios que tuvieron lugar entre 2008 y 2012 contribuyeron a una eclosión de publicaciones sobre el particular, pero, como ha señalado algún especialista, muy pocas han sido las nuevas propuestas interpretativas 1.

Una de las tareas pendientes consiste en incorporar a este proceso histórico las manifestaciones contrarrevolucionarias, atendiendo a su capacidad para formular también proyectos independentistas y novedosos en el emergente escenario de la política y de lo político que siguió a la descomposición de las monarquías ibéricas 2. Sabemos que durante los años veinte del Ochocientos en Iberoamérica acabaron imponiéndose los planteamientos liberales, adaptándose a las peculiaridades de los distintos territorios. En muchos aspectos, la proclamación de las independencias iría acompañada de una transformación revolucionaria de la cultura política de México, Perú y Brasil 3. Sin embargo, si nos situamos en los tres primeros años de la década el panorama se muestra menos nítido. Entonces el Atlántico no solo se convirtió en el espacio de la revolución, atendiendo a la praxis política de las Cortes de Madrid y de Lisboa. Desde el mismo momento en que esta hizo su reaparición tuvo que bregar con las fuerzas opositoras al cambio. A primera vista puede parecer que la situación no se diferenció mucho del enfrentamiento entre liberalismo y antiliberalismo que tuvo lugar en la península durante esos momentos. Sin embargo, para aquellos que se sentían amenazados por el nuevo contexto, un mismo síntoma, el de la transformación revolucionaria, daría lugar a diagnósticos y prescripciones diferentes en los territorios iberoamericanos. De la oposición inicial a que entraran en vigor las constituciones y los decretos de las asambleas, algunos miembros de los sectores conservadores dieron un paso decisivo y más drástico al plantear la ruptura como único medio para librarse de las cargas liberales o, al menos, de sus aspectos más avanzados. Si con anterioridad habían identificado sus intereses con los de los gobiernos peninsulares, ahora estaban convencidos de que esos mismos eran sus enemigos. El camino hacia la independencia que antes fue esgrimido por los movimientos insurgentes pasaría a ser abanderado por una parte de aquellos que se les habían opuesto. El tiempo de las reformas daba síntomas de agotamiento mientras que un escenario que privilegiaba la participación colectiva de los individuos se imponía.

A partir de ese momento, la quiebra de los vínculos previos se presentaba como la posibilidad de afianzar, bajo presupuestos renovados, lo que supuso teóricamente el tiempo de la «restauración» monárquica en 1814. Se trataba de una construcción ideológica en la que también se pueden observar los estrechos lazos entre religión e identidad contrarrevolucionaria 4. El agotamiento de los viejos marcos dio lugar a que los materiales tradicionales se combinaran con nuevas ideas a la hora de proyectarse hacia el futuro más inmediato, aunque no sin dificultades. Analizar los temores, anhelos y expectativas de estas intenciones transgresoras resulta necesario para entender la relación recíproca de la dialéctica revolución-reacción en el área euroamericana y las alternativas que se formularon a los proyectos liberales. Atender a su capacidad de incidencia sobre estos contribuiría a conocer mejor el desarrollo y evolución de los mismos, tanto entre las opciones autonomistas de las Cortes como tras las independencias. La mirada sobre estas experiencias debe ser de ida y vuelta entre ambos hemisferios, trascendiendo los límites estrictamente fronterizos y prestando especial atención a los casos de transferencia y contaminación político-cultural.

Las siguientes páginas se centran en los diversos componentes que sirvieron para preparar y justificar en términos contrarrevolucionarios las independencias en los tres espacios apuntados. Primero examinamos el desafío que supuso la llegada de noticias sobre los acontecimientos peninsulares, las medidas preventivas planteadas y los diagnósticos que realizaron del estado en que se encontraba el viejo continente. A continuación, atendemos a las propuestas para salvaguardar los plenos poderes de los reyes en dichos territorios, así como la conveniencia de que afincaran allí sus tronos. Las cuestiones religiosas ocupan el tercer lugar, dando cuenta de su potencial movilizador ante la imagen de una Europa desgarrada por la impiedad. La participación activa de los eclesiásticos en la elaboración de ese discurso los llevó a reivindicar un trato privilegiado para la Iglesia que entraría en conflicto con las nuevas realidades políticas. Estos dos aspectos impactaron especialmente en Perú y Nueva España, mientras que el referente a la monarquía tuvo un peso mayor en este segundo virreinato y Brasil. El trabajo se cierra con unas consideraciones generales a partir de las evidencias estudiadas sobre las posibilidades que ofrece continuar avanzando en este campo de trabajo.

Estamos ante un problema complejo que adoptó diferentes matices según el territorio en el que nos situemos. La independencia fue uno de los distintos desenlaces posibles del proceso. La separación política entendida en términos contrarrevolucionarios compartió en disputa el escenario histórico con otras alternativas de autonomía o de ruptura. La renovación que se ha producido en Europa durante los últimos años en los estudios sobre la contrarrevolución ha incorporado tímidamente el tema iberoamericano. Cuando se ha realizado dicho esfuerzo, el panorama se presenta demasiado atomizado por países para dar pie a una interpretación más general. Es hora de empezar a suplir este silencio historiográfico.

Funestos presentimientos y patrias en peligro

En su primera proclama, Rafael de Riego se dirigió también a los habitantes del ultramar español para instigar a los insurgentes a que depusieran las armas. La Constitución de 1812, declaraba, era suficiente «para apaciguar a nuestros hermanos de América» 5. Existía, como vemos, el convencimiento de que las demandas de los independentistas quedarían amortiguadas con la sola noticia de haberse restablecido el régimen liberal. En este sentido, Fernando VII aseguró que los que andaban «extraviados de la senda del bien» por fin tenían aquello que hasta el momento habían buscado a costa de sangrientas guerras 6. En un momento inicial las miras sobre el continente americano estaban puestas en sofocar los núcleos sublevados que todavía quedaban activos. Desde luego, no se supo prever que la reacción al nuevo contexto iba a venir también, paradójicamente, por parte de aquellos que hasta el momento habían hecho frente a las tentativas insurgentes y sus planes de independencia.

Las autoridades políticas de los tres espacios en que se centra este trabajo recibieron las noticias sobre la sublevación de Riego con extremada suspicacia. En Nueva España y Perú, cuando se conocieron los hechos, los virreyes Juan Ruiz de Apodaca y Joaquín de la Pezuela trataron de silenciarlos y evitar así la reposición de la legislación gaditana hasta la llegada de las órdenes oficiales. Por su parte, en Brasil, donde residía la familia Real desde 1808, se temía que la chispa insurreccional acabara prendiendo en Portugal, como finalmente ocurrió el 24 de agosto en Oporto 7. Todos compartían unas inquietudes similares. Para Apodaca, hacer extensible el sistema liberal en América resultaba «cuando menos muy peligroso» 8. Le apoyaba en esta opinión el arzobispo de México, quien confesaría que los acontecimientos de Andalucía le causaron «un funesto presentimiento», pues deducía «como una consecuencia natural, la pérdida de Nueva España para la madre patria si se reponía el régimen constitucional» 9. En el sur del continente, Pezuela solo dispuso que se jurara la Carta gaditana una semana después de que José de San Martín desembarcara en Pisco, el 8 de septiembre, decretando el cese de la autoridad española. Más adelante aseguró que en el acto de proclamación «no se oyó un ¡Viva! ni la menor demostración de alegría» 10. El miedo cundió también entre sus vecinos más cercanos. Según declaró el hombre de confianza del rey João VI, Tomás Antônio de Vilanova Portugal —a la sazón ministro de Estado de los Asuntos de Brasil, de los Asuntos Extranjeros y de la Guerra—, la Constitución de 1812 era «monstruosa» y fruto de los jacobinos españoles 11. Más lejos llegó todavía el monarca en sus imputaciones. Como informó el enviado diplomático de Reino Unido, directamente los acusaba de tratar de establecer una república en ambos países 12.

Todas estas impresiones participaban de la idea de que la península se encontraba enferma desde el punto de vista político y moral. Para la cosmogonía contrarrevolucionaria, el Setecientos había sido el momento en que empezó a extenderse desde Francia la epidemia de la falsa filosofía. Esta corrompió el suelo hispano y luso con la ocupación napoleónica, extendiéndose de la mano de afrancesados y liberales. En ultramar, a partir de 1820 dicho imaginario cobró una fuerza inusitada ante los posibles efectos —reales o ficticios— de la revolución liberal, a pesar de que se obstaculizara la aplicación de las resoluciones emanadas de las Cortes. Rumores y avisos contribuyeron a convertir las noticias que llegaban en una realidad amenazante que muy pronto activó los ánimos de todos aquellos que se sentían interpelados por las transformaciones.

El supuesto de que las «madres patria» estaban amenazadas se insertaba en una visión más amplia en la que el sur de Europa se percibía corrompido por los efectos de la revolución. Siguiendo las pistas del jesuita Agustín Barruel, en esa difusión de las nuevas doctrinas interpretaron que las logias masónicas habían actuado como un hilo conductor eficaz que resultaba menester cortar cuanto antes. Un autodenominado «médico de la patria» novohispano se preguntaba por la dolencia «temerosa y pútrida» que había contagiado a España. Encontraba que la respuesta estaba en la falta de respeto al Trono y el Altar, pues los filósofos modernos eran los dolientes «avanzados» o «acancerados» que estaban envenenando al conjunto del país desde hacía treinta años 13. Por este motivo el arzobispo de Lima denunciaba los planes de todos aquellos a los que definía como «patronos del materialismo», «declamadores de los derechos de la razón», «apóstoles de la impiedad» o «febricitantes». Observaba que, de una forma extraordinariamente similar a lo que ocurrió en Francia, en la península se estaba dando la espalda a sus antiguos fundamentos, con el riesgo de que ello comportara una disolución absoluta de los marcos de referencia tradicionales 14. Incluso en un lugar tan recóndito como la sierra de Piura, al norte de la capital peruana, a comienzos de septiembre de 1820 un párroco anotó que «de día en día se va aumentando el ruido constitucional». «Creo —añadía— que, si yo hubiera sido el monarca de las españas, primero que firmar la Constitución, hubiera dicho lo que el último general de los jesuitas: aut simus, ut sumus, aut non simus [o seamos como somos, o no seamos]» 15. Estos peligros no pasaban desapercibidos para Vilanova Portugal, quien veía que la perversa «secta» que «trabaja por la desorganización general» amenazaba la tranquilidad pública. Su erradicación solo sería posible mediante una alianza general, pues el problema afectaba al conjunto de Occidente:

«El objeto es de una naturaleza trascendente y de recíproco interés de todos los soberanos y gobiernos legítimos, y por sí mismo exige esfuerzos unánimes y combinados de todos, porque en semejante caso no se trata de la defensa particular del honor de uno u otro Estado, sino de que la situación general se encuentra seriamente amenazada» 16.

Sabemos que la idea de una intervención de la Santa Alianza sobre la península se maduró desde muy pronto entre João VI y Fernando VII, a pesar de la cautela que se solicitaba desde Reino Unido 17. Sin embargo, mientras se esperaba esta injerencia, en la otra orilla del océano se entendió que preservar Iberoamérica de las corrientes revolucionarias requería aplicar medidas contundentes que trascendieran políticas particulares sobre uno u otro aspecto. Se trataba de frenar la difusión de ideas, percibidas mucho más nocivas que las armas. A modo de cordón sanitario, Vilanova Portugal dispuso la necesidad de contar con pasaporte para entrar en el reino con el objetivo de controlar la circulación de personas y opiniones, algo que pronto resultaría inevitable 18. También se preocupó de que la prensa oficial encubriera la trepidante crisis de legitimidad. Los acontecimientos de Oporto se tildaron el 9 de noviembre de «tumultos efímeros» y los siguientes días no se volvió sobre el asunto 19. Otras medidas de contención estuvieron sobre la mesa allí donde los virreyes acabaron acatando el nuevo orden, incluso aunque no fuera en todas sus implicaciones. Si el arzobispo de Lima tomó la iniciativa en la vigilancia de las publicaciones ante la abolición del Tribunal de la Inquisición, desde Nueva España se llegaría a plantear la necesidad de ocupar los escaños parlamentarios con diputados poco afines al ideario liberal. El objetivo consistía en propiciar la moderación de las Cortes o, llegado el momento, su cese. El ejemplo de las estrategias electorales seguidas por los serviles en 1814 había mostrado que la Asamblea era una plataforma política trascendental que debía aprovecharse para forzar la involución 20. Incluso hubo quienes se negaron a aceptar la supresión de los jesuitas en América alegando que la infrarrepresentación de diputados de dicho continente no se correspondía con una población exponencialmente mayor que la peninsular y adicta a los ignacianos 21.

La radiografía del momento que realizaron los casos comentados arroja un diagnóstico claro. España y Portugal estaban atravesando un trance cuya solución no parecía temprana. La necesidad de evitar que este afectara irreversiblemente a la orilla americana llevó a que antiguas lealtades políticas encontraran poco a poco en nuevas soluciones una alternativa plausible. El horizonte independentista que hasta el momento habían esgrimido los insurgentes se presentó para algunos contrarrevolucionarios como una oportunidad que, conducida desde el orden y al amparo de las fuentes de legitimidad tradicionales, ofrecía una salida factible a la crisis. A esta toma de iniciativa contribuyó el inmovilismo de los virreyes Apodaca y Pezuela, quienes no estuvieron dispuestos a dar un paso tan radical, a pesar de su poco apego al sistema. Para aquellos que sí lo hicieron, el cambio de perspectiva, desde luego, no resultó sencillo ni implicaba una absoluta retrogradación temporal. La reivindicación del pasado colonial y la herencia peninsular que los intelectuales realistas habían realizado hasta el momento pasaría ahora a convertirse en una crítica a ese legado. La proyección retrospectiva de los reproches que se realizaban a las políticas revolucionarias arrojaba como resultado el diseño de un panorama inédito. Ello precisaba de análisis certeros sobre la supuesta situación de las monarquías y la religión a la hora de convencer a la opinión pública.

El tiempo de las monarquías americanas

Los dos espacios iberoamericanos que se independizaron bajo la denominación imperial y la fórmula monárquica fueron México y Brasil. A pesar de la ausencia de referencias e imaginarios compartidos que arrojan las fuentes, muchos de los problemas y desafíos respecto de la Corona fueron abordados por los actores históricos desde planteamientos similares que deben ponerse en relación. La Constitución gaditana resultó un referente en los dos procesos revolucionarios de la península. Esta diseñó un marco político-legal en el que el rey pasaba a insertarse en las estructuras del Estado como un elemento más. Para los reaccionarios, ese Código no solo había coartado las prerrogativas regias, sino que trataba de establecer un sistema republicano. Aunque intencionadamente exagerada, no era una apreciación del todo incorrecta. La supremacía del nuevo sujeto soberano permitía incluso la posibilidad de modificar las leyes fundamentales que concernían a la forma de gobierno o a la religión del país 22.

En España, durante estos años fue la primera vez en la que iban a convivir las Cortes con el rey, la legitimidad revolucionaria con la histórica o tradicional. En esa coexistencia forzosa muy pronto se evidenciaron las desavenencias. A medida que los diputados empezaron a legislar, Fernando VII mostraría una actitud más beligerante 23. Mientras, en la orilla brasileña, desde el mismo momento en el que se conocieron los altercados de Oporto, el ministro Vilanova Portugal instó a que João VI reforzara su posición con una declaración contundente. En esta debía asentar que «las Cortes son ilegales» para que «ellas no digan a los pueblos que tienen autoridad de darle leyes al Trono». La Asamblea, aseguraba, necesitaba de la potestad regia a la hora de «representar todo lo que es bueno» y para sancionar «lo que no sea contrario a las costumbres y leyes del reino». Una posible solución pasaba por enviar a su hijo don Pedro para controlar la situación, siempre y cuando este no aceptase las exigencias constitucionalistas y trabajara por mantener en toda su integridad la autoridad real 24. Inspirados por la Carta gaditana, los liberales de ambos países estaban tratando de restringir más el campo de acción de dichos reyes. ¿Cómo actuar ante lo que se interpretaba como un «secuestro» de sus voluntades?

En un caso, el monarca absoluto se encontraba en América y los revolucionarios solicitaban que se trasladara de inmediato a Lisboa como rey constitucional. En otro, se trataba de un soberano forzosamente obligado a aceptar esa posición que no compartía. Los puntos de partida eran distintos, pero la solución que se iba a plantear resulta sorprendentemente coincidente. Desde Nueva España y Brasil, los apologistas de la monarquía tradicional interpretaron que los reinos peninsulares no solo suponían una amenaza para las coronas de Fernando VII y João VI, sino que, además, eran países de segunda fila en el nuevo concierto europeo. Por el contrario, el potencial y extensión de los territorios americanos junto a la fidelidad de sus habitantes los convertía en espacios idóneos para gobernar sin tantas ataduras. La encrucijada se saldaba a favor de una solución que pasaba necesariamente por consolidar o establecer los tronos en el continente que trataban de preservar del contagio europeo. En el caso del monarca español, que era el que debería trasladarse, el escenario no se presentaba nuevo ni inverosímil. A principios de 1808, ante la incertidumbre que provocó el avance de las tropas napoleónicas, Manuel Godoy previó la posibilidad de que la corte cruzara el Atlántico, como habían hecho los Braganza rumbo a Brasil. De hecho, existieron planes de rescate durante su cautiverio en Valençay con destino a Nueva España 25. En el contexto que se abrió a partir de 1820, esta hipótesis del desplazamiento regio cobró mayor fuerza hasta manifestaciones como la siguiente.

Entre la documentación incautada al virrey novohispano supuestamente se halló una carta secreta que le había enviado Fernando VII a finales de ese año anunciándole su voluntad de abandonar la península para asentarse como monarca absoluto en México 26. Esta misiva, más allá de los debates que suscitó sobre su autenticidad 27, debe tenerse en cuenta porque estuvo en circulación, llegando al público y generando efectos. Además, en el momento en el que aparece fechada —24 de diciembre—, el rey pasaba por una situación compleja, hecho que reforzaba entre los receptores del mensaje esa posible voluntad de abandonar España: hacía poco que había firmado contra su voluntad el Decreto de reforma de regulares, se resistió a abandonar El Escorial para asistir al acto de clausura de las Cortes y se le acusó de preparar un nuevo golpe de Estado.

Con este panorama, no sorprende que el monarca lamentara en dicha carta que su nombre resultase «odioso» a una buena parte de los españoles que, «ingratos, desagradecidos y traidores, solo quieren y aprecian el gobierno constitucional y que su rey apoye providencias y leyes opuestas a nuestra sagrada religión». Estaba sufriendo una ardua «prisión» contra la que no podía rebelarse sin esperar un final trágico como el de Luis XVI. Se trataba de una simple marioneta obligada a aceptar el mandato de las Cortes e imposibilitada para «usar libremente de la autoridad real». Su sufrimiento solo podía paliarse con la acción libertadora de los buenos vasallos, por eso encargaba a Juan Ruiz de Apodaca que promoviera la separación de ambos reinos, evitando con ello dar continuidad en Nueva España al orden legal vigente. En el ínterin, trataría de escaparse de incógnito y presentarse en su nuevo reino. Todo debía realizarse «con el mayor sigilo», evitando el «derramamiento de sangre» y anteponiendo la salvaguarda de la religión, «que se haya en esta desgraciada época tan ultrajada».

Estos argumentos estuvieron muy presentes en los debates del momento en que se consumó la independencia mexicana. El militar que acabaría liderando el movimiento, Agustín de Iturbide, trató de atraerse al virrey insistiéndole en que Fernando VII no rechazaría la oportunidad de viajar a un territorio donde se le dejaría en el goce «de muchas preeminencias justas y razonables de que ha sido despojado [por la Constitución]» 28. Consideraba imposible que el rey hubiera aceptado sin coacción un Código que en todo le restringía. De hecho, su amigo Antonio Joaquín Pérez —obispo de Puebla y antiguo diputado firmante del Manifiesto de los Persas— aseguraba que en España los enemigos del Trono «continuamente trabajan en desocuparlo, dando sucesor al incauto y amable Fernando». Por lo tanto, nada podía resultarle de más agrado que el cambio «de un reino erizado de peligros, por un Imperio cual debe ser el Mexicano, cimentado en el amor y sostenido por la lealtad más pura y más acendrada» 29. Atendiendo a estas premisas, la independencia fue sancionada bajo el sistema monárquico, aunque al final la corona imperial no recayó en el soberano español. El 18 de mayo de 1822, Iturbide ascendería al trono a través de un golpe de Estado con el apoyo de ciertos militares, eclesiásticos y, según se insistió interesadamente, el componente popular 30. Como reconoció a finales del año anterior el «médico de la patria», al que nos hemos referido antes, solo aquel que les había «liberado» estaba en condiciones de completar la restauración del orden perdido 31. Sin embargo, la deriva castrense y autoritaria del emperador muy pronto le llevó a enfrentarse con aquellos que habían contribuido a su ascenso, incluso algunos religiosos que no vieron mejorar su situación 32. Antes de que se cumpliera un año de su mandato se vio obligado a abdicar y exiliarse.

En el contexto en que se producían estos debates, Vilanova Portugal obtuvo el beneplácito de João VI para que se difundiera un opúsculo en el que se postulaba la permanencia de los Braganza en Río de Janeiro y el abandono de Portugal 33. Estos contaban allí con una base inquebrantable frente a las amenazas que barrían el suelo europeo: «la sed, en una palabra, de las revoluciones que devoran los habitantes del viejo mundo civilizado, no tiene, se diga lo que se diga, hasta ahora una verdadera penetración en Brasil». Frente a Lisboa, centro de los «hacedores de constituciones», solo en ese reino se podía conservar una dignidad «donde el poder real existe en toda su plenitud», es decir, con un carácter absoluto. Los ejemplos de Luis XVI y Fernando VII mostraban que los tronos del viejo continente peligraban con unas constituciones que solo buscaban subordinarlos. Por el contrario, Iberoamérica se presentaba como el espacio guardián de sus derechos históricos. El destino del mundo ya no iba a decidirse desde «cualquier rincón ignorado de la vieja Europa». El Atlántico era el espacio donde, a partir de entonces, se dirimirían los conflictos entre la revolución y sus contrarios: «el campo de batalla, la arena donde las naciones deben descender ahora para librar sus guerras, es el vasto océano» 34.

El estallido de focos revolucionarios en Brasil a partir de enero de 1821 hizo resquebrajar el argumento sostenido por los reaccionarios de que dicho territorio podría mantenerse al margen de las transformaciones. A partir de este momento los acontecimientos se sucedieron con rapidez ante el avance de los militares portugueses partidarios de adoptar transitoriamente el marco de la Constitución gaditana. En marzo, João VI comunicó su decisión de retornar a Lisboa y dejar en calidad de príncipe regente a su sucesor. Ello acabaría dando lugar a un desenlace bastante diferente del que al principio se barajó en la corte por parte de los más recalcitrantes, como estamos viendo. En septiembre de 1822, don Pedro anunció que Brasil era un Estado autónomo, en el que él acabaría asumiendo el cargo de emperador a finales de ese año. A pesar de los cambios que poco a poco se introdujeron, este justificó la emancipación asegurando que su padre se encontraba «positivamente preso» por parte de las Cortes lisboetas. A estas las consideraba «despóticas» y las definía como «facciosas, horrorosas, maquiavélicas, desorganizadoras, hediondas y pestíferas». Los decretos de ese club de «carbonarios y asesinos» luso-españoles eran inaplicables en Brasil 35.

A la luz de lo expuesto no resulta una casualidad que Río de Janeiro se convirtiera en la escala que realizaron prácticamente todos los peninsulares expulsados del Perú en su retorno a Europa, esperando que Lima fuera reconquistada a San Martín, quien había entrado en la capital en julio de 1821 36. No nos detendremos en sus propuestas monárquicas porque son sobradamente conocidas y siempre pasaron por el establecimiento de un sistema liberal 37. Sin embargo, en lo que nos incumbe en este apartado, el caso peruano ofrece unas peculiaridades que deben mencionarse, pues una parte del antiguo virreinato continuó bajo el dominio español hasta la decisiva derrota en la pampa de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Antes, Pezuela fue sustituido por el militar José de la Serna tras el pronunciamiento de Aznapuquio en enero de 1821. Con el avance de las tropas sanmartinianas, el nuevo virrey decidió replegarse en el Cuzco, donde su autoridad iba a ser puesta en entredicho desde finales de 1823 por el militar Pedro Antonio Olañeta. Cuando este tuvo noticias de la nueva abolición del régimen liberal en España imputó a los militares constitucionales y al propio virrey el haber derramado «la impiedad, un desenfrenado libertinaje, el odio al rey, la depresión, el total trastorno del orden y la más torpe arbitrariedad». Todo ello era una muestra fehaciente de «los caracteres de su decantado liberalismo» 38. A partir de entonces, Olañeta acusó a de La Serna de ocultar el cese del periodo constitucional con el fin de proclamar una independencia que le convirtiera en emperador del alto Perú. Solo él, por tanto, garantizaba la unidad del Trono y el Altar para Fernando VII, el soberano absoluto y legítimo del virreinato 39.

Religión y segunda independencia

Es sabido que la Guerra contra la Convención (1793-1795) y la de Independencia (1808-1814) fueron presentadas por los contrarrevolucionarios como una cruzada contra los impíos franceses. Los mensajes apocalípticos y la ansiedad que provocaba un eventual triunfo del ateísmo sirvieron para movilizar a la población en ambos hemisferios 40. Este resorte no iba a desaprovecharse en los años siguientes. La defensa de la religión tuvo una especial resonancia en la justificación de las independencias de México y Perú, donde se compartieron argumentos y publicaciones 41. Las reformas eclesiásticas auspiciadas por la política regalista de las Cortes de Madrid propiciaron reacciones contundentes en ambos virreinatos, especialmente las relativas a los jesuitas, la Inquisición, la modificación del fuero y todas aquellas tocantes tanto a la reorganización administrativa como a las propiedades materiales y pecuniarias. En este sentido, la emancipación fue vista por algunos como una oportunidad para librarse de dicha intromisión en el ámbito de la Iglesia.

Aquellos que adoptaron posturas contrarrevolucionarias en esa coyuntura interpretaron que el arraigo que durante tres siglos había tenido en dichos virreinatos la religión peligraba con el avance de los enemigos del Altar. Si antes se había insistido en el papel de España como portadora del catolicismo a América, ahora se produciría una relectura del proceso. Efectivamente, los conquistadores llevaron esa semilla, pero su germinación y florecimiento fue el resultado de nativos, criollos y europeos americanizados 42. De esta forma, se estaba propiciando la ruptura de los vínculos al remarcar que la religión en el Nuevo Mundo no estaba necesariamente ligada a las prácticas políticas de la Madre Patria, pues esta no contribuyó en el pasado tan decisivamente al enraizamiento de la fe. Esta desvinculación se veía potenciada en la representación de un viejo continente asolado por los sacrilegios. En año nuevo de 1821, un fraile novohispano expuso a su auditorio un retrato aterrador sobre la situación en que se encontraba la Iglesia: «Los furiosos huracanes que soplan del Aquilón y medio-día de Europa, han levantado la tempestad más deshecha que acaso habrás sufrido en toda tu travesía penosa y dilatada» 43. Los fenómenos atmosféricos eran una metáfora de la más rabiosa actualidad política.

La ruptura con la metrópoli se presentaba para una parte de los eclesiásticos como el triunfo sobre un Congreso que había pasado de protector a legislador de la Iglesia. El carácter católico de la nación española que recogía la Carta gaditana la ponía hasta cierto punto a salvo de los ataques en esta ocasión concreta. No ocurría lo mismo con los diputados reformistas, a quienes se les acusaba de entrometerse en asuntos eclesiológicos que no les incumbían. La reedición de publicaciones antiilustradas y reaccionarias aparecidas originariamente en Europa a la que se asiste en este periodo permitía englobar las invectivas dentro de un campo de actuación que trascendía las barreras fronterizas. Resultaron frecuentes las menciones a Barruel, Claude-François Nonnotte, Nicolas-Sylvestre Bergier, Luis Mozzi, Fernando de Cevallos, Rafael de Vélez o Francisco Alvarado 44. A través de sus obras no solo se trataba de mostrar la eterna lucha contra las herejías de todos los tiempos. Ellas servían también para reclamar la no injerencia de los poderes civiles sobre la religión y su Iglesia. Esta antigua reivindicación iba a continuar en los decenios siguientes a la proclamación de las independencias, haciéndose perceptible sobre todo en los debates en torno al ejercicio del patronato 45. La cuestión reviste su importancia porque aquello que los eclesiásticos irán madurando a medida que se incrementen las presiones interventoras fue la noción de una segunda emancipación, la de la Iglesia respecto del poder secular. Este ideal de autonomía estaba ya vinculado al acto de ruptura política con España, pues se entendía que comportaba necesariamente desprenderse del lastre regalista. Ello explica tanto el optimismo con el que muchos eclesiásticos saludaron la separación como el rápido desencanto al que asistieron cuando inmediatamente comprobaron que la lucha por su particular «libertad» e «independencia» estaba lejos de clausurarse 46.

El argumento de que los decretos secularizadores de las Cortes habían provocado la pérdida de la América hispana trató incluso de exponérsele a la opinión pública peninsular para activar su reacción contra el régimen liberal. En un Manifiesto, que al final no llegó a la imprenta, se les explicaba que el retorno de los fueros y propiedades a los eclesiásticos que estipulaba el plan de independencia de Agustín de Iturbide era una señal convincente de que la separación no solo había resultado necesaria, sino que era extraordinariamente beneficiosa. Los verdaderos patriotas españoles debían tomar ejemplo de los novohispanos y alzarse contra el Gobierno que impedía a Fernando VII mostrar su fidelidad a la Iglesia a través del Santo Oficio 47. Esta justificación de la ruptura contó en el momento con un enorme peso en los virreinatos, tal y como puede observarse en un extracto de la Gaceta limeña aparecido en la ciudad de México:

«He aquí el catolicismo en que ha venido a parar esta nación perjura ante la Constitución misma en que sancionó como base fundamental el ser católica, apostólica, romana. ¡Gracias a Dios que no pertenecemos ya a semejante nación! La religión va a refugiarse como en un piadoso asilo en nuestros países. Esto solo bastaría para justificar la independencia que proclamamos hoy, y a cuya perpetuidad nos sacrificaremos mañana, con el juramento más solemne en las aras del Dios eterno, de quien reconocemos haberla recibido» 48.

En otro periódico peruano se recogería una noticia aparecida en Santiago de Chile en la que se daba a conocer un proyecto de concordato con la Santa Sede para la reforma de clero. Aunque se tratara de una «mera teoría», se aseguraba que sus ideas eran compartidas por los diputados peninsulares, mostrando el distinto carácter de ambos países: «compárese [la conducta religiosa] con la que tiene España, desde los momentos en que proclama su libertad; y decídase cuál de los dos pueblos merece el nombre de piadoso y adicto a su religión; y cuál el de innovador y destructor de la religión de sus mayores» 49. Sobre la base de ese horizonte, el exinsurgente José de San Martín habló del inicio de un «verdadero siglo de oro» para toda América 50, en el cual incluso se reactualizó una vieja profecía en la que se planteaba el traslado del papa al santuario mexicano de la Virgen de Guadalupe ante una Europa atizada por el Dragón del Apocalipsis, transmutado en revolución 51.

Por su parte, el arzobispo de Lima explicó a Pío VII que los regulares apoyaron la emancipación de su territorio ante el miedo a que se aplicaran los decretos que afectaban a sus bienes y prerrogativas. Ese fue el «verdadero origen» para que «clamasen contra el gobierno de la península» y «animasen a las gentes a que admitiesen con placer la entrada en Lima del general San Martín». Él mismo firmó el acta de independencia y reconoció haber pactado con dicho militar la sujeción al nuevo orden político porque este, a su vez, se había comprometido a proteger la religión y observar «lo que infaliblemente está prevenido por la Iglesia» 52. Sin embargo, el prelado tampoco consiguió asegurar para la institución la continuidad de su estatus económico-social privilegiado. Desde muy pronto tuvo que hacer frente a las evidentes pretensiones de injerencia del poder político sobre el ámbito eclesiástico 53. Las políticas antiespañolas que aplicó el ministro Bernardo Monteagudo le expulsaron del Perú en calidad de emigrado. A finales de 1821 llegaría a Río de Janeiro, donde, antes de continuar el viaje a la península, tuvo tiempo para insistir, una vez más, en que el «libertador» quebró el pacto de no injerencia en asuntos religiosos 54.

Ahora bien, todo ello no fue óbice para que el protectorado sanmartiniano esgrimiera la defensa del catolicismo como arma discursiva para desacreditar al liberalismo peninsular a través de argumentos netamente ultramontanos 55. Una vez más, se puso en evidencia que la flexibilidad de los discursos religiosos servía para sustentar proyectos de naturaleza distinta. En el caso que nos ocupa, la estrecha relación entre catolicismo y contrarrevolución motivó la intervención de los individuos en la esfera público-política. Años más tarde, un fraile mexicano recordaría a sus feligreses que «la independencia de la América tiene conexiones misteriosas con la suerte de la Iglesia» 56. Ambas estaban ligadas de tal forma que sus destinos no se podían disociar para explicar las circunstancias que llevaron a un hito tan trascendental como fue el del surgimiento de los Estados-nación modernos.

Conclusiones

En conjunto, los casos examinados son complejos y no se agotan en los temas que aquí hemos seleccionado. A partir de las evidencias comentadas, resulta oportuno identificar unos planes de independencias contrarrevolucionarias que, desde motivaciones distintas y sin una coordinación aparente, actuaron como eventuales cortafuegos a las transformaciones que se trataban de imponer desde los dos países europeos donde se había iniciado el segundo periodo constitucional. Se trata de contemplar la manera en que unos sustratos ideológicos similares inciden en la especificidad de cada territorio dando como resultado propuestas no necesariamente coincidentes, pero que permiten apreciar elementos comunes. La dialéctica contrarrevolucionaria iberoamericana debe encuadrarse tanto en la praxis política de los territorios que venían experimentando la aplicación del constitucionalismo gaditano como en sus oposiciones europeas. La progresiva consolidación de Estados-nación liberales en el primer tercio del Ochocientos no debe empañar el estudio de esas otras alternativas que hemos consignado, perfilándose sobre un falso panorama emancipador exclusivamente revolucionario. Asimismo, tampoco debe obviarse la capacidad por parte de los nuevos gobiernos para utilizar argumentos provenientes del discurso reaccionario a la hora de deslegitimar las prácticas políticas de las asambleas peninsulares.

El replanteamiento de los procesos de independencia que proponemos debe integrar a la contrarrevolución en la gran transformación que se asiste en el mundo iberoamericano desde la crisis de 1808 y, especialmente, a partir del ciclo que se reabre en 1820. La capacidad inventiva de sus proyectos de emancipación no puede analizarse al margen del reto que supuso la revolución y de su incidencia en la Europa de las potencias legitimistas 57. Esta perspectiva es precisa para descifrar las estrategias simbólicas y los códigos de interpretación con que se manejaron los protagonistas. El foco de atención se dirigió a nociones como la agresión de la patria perpetrada por los revolucionarios, la defensa de la monarquía como elemento integrador y la conservación del catolicismo y sus ministros con sus antiguos privilegios. A pesar del carácter tradicional de estas proposiciones, se produjo un giro en el relato que durante trescientos años sustentó los vínculos entre ambos continentes. Las razones de los levantamientos emancipadores estaban en la falta de respeto a las costumbres mostrado por las Cortes española y portuguesa. Esta supuesta felonía abocó a una situación nueva que acabaría resultando tan transgresora con el pasado como las propias políticas liberales. Preservar Iberoamérica de la revolución precisaba romper con lo que hasta el momento se habían identificado. Sin embargo, a pesar de sus convicciones iniciales, poco a poco fueron percibiendo el carácter utópico de la empresa.

La contrarrevolución mostró una capacidad para internacionalizar las ideas en los primeros momentos de la contemporaneidad sobre la que no se ha insistido lo suficiente. Tampoco se ha precisado con exactitud el peso de determinadas reivindicaciones de sus abanderados en la configuración de los nuevos países. Aunque queda mucho por hacer, con nuestro acercamiento hemos querido mostrar que a través de la circulación de ideas, imaginarios y construcciones culturales y políticas —aunque no exclusivamente— se diseñaron escenarios de significados compartidos y en permanente reelaboración, donde las experiencias locales o regionales de las dos orillas del océano se entrecruzaron con interpretaciones de mayor alcance a la hora de afrontar un paso tan importante como fue el de romper con las metrópolis. Todo ello nos coloca delante de un importante desafío que tiene en el horizonte de los bicentenarios peninsulares e iberoamericanos abiertos a partir de 2020 una nueva oportunidad para profundizar en la investigación y el debate.