Ayer 109/2018 (1): 169-195 
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2018
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/109-2018-07
© Enrique Martino Martín
Recibido: 09-06-2016 | Aceptado: 05-05-2017
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Corrupción y contrabando: funcionarios españoles y traficantes nigerianos en la economía de Fernando Poo (1936-1968)*

Enrique Martino Martín

Humboldt-Universität zu Berlin
enrique.martino@gmail.com

Resumen: Este artículo estudia el surgimiento de los contrabandistas y traficantes de mano de obra entre Fernando Poo y Nigeria, y su decisivo papel en el desarrollo económico de Fernando Poo durante el primer franquismo. Los detalles de las actividades ilícitas, promovidas por las principales instituciones de la burocracia imperial, nos acercan a una visión analítica del Estado colonial. Un pequeño grupo de altos funcionarios del Gobierno colonial obviaron la distinción entre lo legal y lo ilegal para aliarse con traficantes y contrabandistas, no solo para enriquecerse ellos mismos, sino también para configurar la economía según los intereses de poderosos grupos de colonos finqueros y comerciantes.

Palabras clave: Fernando Poo, Calabar, contrabando, Estado colonial, economía informal.

Abstract: This article studies the rise of canoe-based commodity smugglers and labour traffickers between Nigeria and Fernando Po, and their crucial role in the economic development of the island during early Francoism. By examining the details of these illicit activities, promoted by the main institutions of an imperial bureaucracy, we are able to gain a sharp analytical picture of the colonial state. A small group of senior officials of the colonial Government disregarded the distinction between legal and illegal and allied themselves with traffickers and smugglers. They were interested not only in enriching themselves, but also in reconfiguring the economy in the interests of powerful groups of planters and settler merchants.

Keywords: Fernando Po, Calabar, contraband, colonial state, informal economy.

En 1943, en Fernando Poo, Sebastián Llompart Aulet desveló algunos aspectos de la economía ilegal de traficantes y contrabandistas. En Santa Isabel, la capital de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, en la orilla de Blak-beach, «fondean los cayucos que llegan de Calabar, región muy próxima a Fernando Póo en la Nigeria». Estos cayucos del delta del Cross River podían navegar a vela por alta mar, tenían «diez y ocho a veinte metros de eslora, cada embarcación es un abigarrado almacén, en el que viajan una cincuentena de personas». Llevaban «su vientre repleto de sacos de comida del país, de ñames, de barriles de aceite de palma y de braceros». Los «pasajeros son los braceros»; «cuando el ritmo de su llegada se paraliza, toda la vida económica se aletarga y contrariamente, su aceleración intensifica las actividades». Bracero, en la jerga colonial, significaba mano de obra contratada. En las fincas de cacao de la isla, esta era toda inmigrante, y desde la Guerra Civil Española hasta la década de 1950 la mayoría llegaba ilegalmente en esos cayucos. «El día que entra “escuadra”, a vela y remo, la arena queda oculta por los oscuros cascos, los aparejos, la carga y los negros. Y eso sucede muchos días, pues en un año, 1941, entraron y salieron 2.300 cayucos, y con ellos, entre remeros y pasajeros, mas de 27.000 personas» 1. Esta llegada masiva de braceros no tenía, ni tuvo después, precedentes en la historia de Fernando Poo 2. Entre 1908 y 1936, durante casi todos los años, «los trabajadores del comercio colonial y de las fincas» eran en «casi su totalidad» fang, «procedentes de la Guinea Continental [Río Muni], y de las colonias francesas» 3. Pero a partir de la década de 1930, la mayoría de la población de Fernando Poo fue siempre nigeriana 4. La población se duplicó entre los censos de 1942 y 1960, y de los más de 60.000 residentes en la última fecha, cuatro de cada cinco eran nigerianos, incluyendo a los familiares de braceros y comerciantes 5.

Sebastián Llompart fue delegado de Trabajo (antiguo curador) entre el 1943 y 1962. Vivió y describió un momento económico excepcional y paradójico en el África Occidental: la economía insular, bajo el régimen autárquico franquista, empezó a promover y a depender de redes de traficantes y contrabandistas. Un proceso que se consolidó durante e inmediatamente después de la Guerra Civil Española. Los traficantes nigerianos de la provincia de Calabar eran mayoritariamente efik, a quienes los españoles llamaban calabares, y descendían directamente de las aristocracias comerciales que surgieron como intermediarias en la costa del África occidental siglos atrás. Aunque perdieron su autonomía bajo el colonialismo británico, Fernando Poo les dio la oportunidad de movilizar de nuevo sus cayucos, esta vez como contrabandistas. Al abolirse en Nigeria, a principios del siglo xx, la esclavitud y el comercio interno de esclavos, «que era la fuente principal del poder económico» de estas elites comerciales, «pasaron al contrabando» 6. La ciudad de Calabar era su centro neurálgico. Como decía Alfredo Jones en 1959, poco antes de ser destinado allí como cónsul español 7, «Calabar vive casi del movimiento [del] comercio de los traders con Fernando Poo, que sigue su ritmo ya conocido» 8. El negocio era análogo al del periodo de la trata de esclavos (hasta 1850), cuando los efik exportaban desde Old Calabar un promedio anual de 2.000 personas, mayoritariamente igbos de su hinterland. En Fernando Poo, durante el siglo xx, la gran mayoría de los braceros eran también igbos. A principios del siglo xix, los efik también empezaron a controlar la nueva exportación de aceite de palma producido por los campesinos igbos, mientras seguían importando alcohol, tabaco y armas, entre otras mercancías 9. Al igual que los últimos traficantes de esclavos españoles, que operaron clandestinamente en la costa del África occidental hasta bien entrada la segunda mitad del siglo xix 10, en el siglo xx varios funcionarios coloniales españoles resucitaron, reconfigurada, esta tradición comercial euroafricana.

Según un colono de la Fernando Poo de los años cuarenta, lo que favoreció el florecimiento de esta «nueva etapa» tan «prometedora» era principalmente «el espíritu de empresa de los comerciantes [calabares] y la demanda de ciertas mercancías que solo ellos podían proporcionar», refiriéndose a los dueños de los cayucos, traficantes de personas y contrabandistas 11. Estos, en colaboración con un exclusivo grupo de funcionarios españoles, y con la mayoría de los finqueros (terratenientes) y comerciantes de la isla, organizaron «el sistema de contrabando más grande de Nigeria y de hecho de toda África Occidental» 12. Fueron Sebastián Llompart, y su hermano Miguel, el jefe de Policía, quienes mantuvieron a flote la economía de Fernando Poo al insertarla en las redes clandestinas del golfo de Biafra. Sus actividades ilícitas estaban, no obstante, fuertemente vinculadas a los poderes políticos y económicos de la colonia. Desde el inicio, la Administración franquista en Fernando Poo desplegó sus redes de corrupción desenfrenada, de modo similar a otras colonias africanas 13.

El problema bracero en Fernando Poo

«Hay aquí el problema de braceros. Se dice que “faltan braceros” y esta es la mayor y casi única preocupación de los finqueros agrícolas» 14. «De escasez de brazos se quejaban en la colonia antes de 1909, cuando ya se contaba con 5.000 contratados; de falta de brazos nos lamentamos hoy, con 27.000», decía Sebastián Llompart en 1945 15. «Es evidente que la disponibilidad del factor trabajo es el primer problema en el tiempo, pero también lo es que las normas de trabajo [de la Organización International de Trabajo] son moda ginebrina con exceso de barroquismo, a veces hasta tal punto que desarmonizan y hasta quiebran las líneas naturales, simples y bellas de la vida colonial». La descalificación del Derecho del trabajo como una «moda ginebrina», y la obsesión «de coloniales privados y gobernadores dirigid[a] casi exclusivamente a la obtención de braceros», creó una práctica donde los africanos fueron considerados un mero «factor de producción» 16. «Solo se atiende al aspecto económico del problema. El indígena es un instrumento de trabajo, casi una cosa accesoria de la propiedad» 17.

España había ido al golfo de Guinea a buscar esclavos 18. De hecho, se puede decir que el plan confeccionado por la primera expedición colonizadora enviada a Fernando Poo a finales del siglo xviii no se realizó hasta las décadas de 1930 y 1940. El comandante de aquella primera expedición de 1778, José Varela, apuntó que desde esta isla «se va a la Costa con seguridad y en muy poco tiempo; mediante lo qual no seria dificil entablar en ella un comercio seguido, y obligar a los habitantes á que vinieren á Fernando Pó a vender sus esclavos en las grandes Canoas ó Piraguas de que usan» 19. En 1930 el presidente de la Cámara Agrícola, el lobby de los grandes finqueros de la isla, empezó a recibir «por parte de elementos de aquella Colonia inglesa» unos «ofrecimientos concretos de entrega de braceros, pero parece ser que este ofrecimiento tiene por origen el planteamiento de un negocio en que el material sería el hombre, cosa que, nos consta, en ningún momento consentirá el Gobierno inglés» 20. Pero los finqueros y administradores en Fernando Poo parecían tener un pie en otro siglo, e hicieron algo más que consentir. Pese al idealista discurso sobre la misión civilizadora, la misión que se autoimpusieron los funcionarios españoles era de explotación o fomento. Con los conceptos de «colonia y economía» no se expresaban dos conceptos «sino solo uno», decían dos, y casi los únicos dos, pensadores coloniales franquistas serios 21.

El «solo factor que entorpece el desarrollo económico de Fernando Poo es como venimos repitiendo la falta de mano de obra». Sobre esta «falta de brazos» «tienen noticias los habitantes de los distritos citados de Nigeria», decía Alfredo Jones en 1938 hablando de su colaboración con varios reclutadores en Calabar. «Acaso el Gobierno de Nigeria no vea con simpatía que agentes de Fernando Poo faciliten el viaje a la Isla [...] aduciendo que tiene caracteres de “slave trade” (comercio de esclavos)». Fue en gran parte gracias a Alfredo Jones que el «gran número de individuos procedentes» de Nigeria empezó a llegar «a Fernando Poo no obstante las dificultades con que tropiezan para salir de su país». Hablaba sobre estos braceros —muchos de ellos, casi la mayoría, secuestrados, engañados o extorsionados— como de una especie de aventureros que cruzaban «sobre frágiles piraguas las millas que les separa de Fernando Poo, desafiando el peligro de naufragar y ser devorados por el sin número de tiburones que abundan en dichas aguas, con el fin de redimirse de la penuria que sufren en su país». No por nada decía Alfredo Jones que «estos braceros, a su llegada a Fernando Poo, son recibidos con gran contento, encontrando trabajo desde el momento mismo del arribo» 22. El trabajo era obligatorio, la desocupación ilegal. Desde 1906, «por el Reglamento de Trabajo se dispuso su obligatoriedad para todos los que no tuviesen una ocupación u oficio conocido» 23. Estas normativas, «pretendidamente protectoras de los derechos del bracero, en realidad convertían el trabajo asalariado en trabajo forzado» 24. El infame artículo 24 del Reglamento fue aplicado con todo rigor por los franquistas. Los «contratos» eran obligatorios, duraban un mínimo de dos años y eran prácticamente irrevocables. Y además se pagaba muy poco, entre 30 y 50 pesetas al mes, lo que les costaba a los colonos dos pollos o dos botellas de aceite de oliva. Si no se firmaba un contrato al llegar a la isla, la alternativa era ir a la cárcel, sometido al trabajo forzado en las brigadas disciplinarias. La Guinea Española revivió un orden laboral común en el siglo xix, donde no operaba la lógica del libre contrato, aunque se simulase. A principios del siglo xx se había desplegado en Fernando Poo una combinación de contratos, reglamentos y sanciones penales que ya se había generalizado y luego revocado en el siglo anterior en las colonias esclavistas y posesclavistas de Cuba y Puerto Rico, entre «vagos y maleantes», «negros libres» e inmigrantes asiáticos 25.

Memba, uno de los braceros, narraba el procedimiento típico de la recluta: encontrándose en una ciudad costera del Camerún inglés fue «interpelado por el llamado King Ndumbe quien le preguntó si tenía trabajo, a lo cual contestó que no trabajaba en ningún sitio. King Ndumbe le propuso que fuese a trabajar con él a Kumbo [en Camerún] en trabajos de pesca y que le pagase 10 chellines mensuales, lo cual fue aceptado por Memba». Navegando en el cayuco, Memba preguntó a King Ndume «que a donde los llevaba, que aquel no era el rumbo que les había prometido, Ndumbe contestó callate y que si producían más protestas hará que la lancha se fuera a pique y morirán todos». El curador David Carrillo (1926-1931 y 1940-1943) gestionó su contrato forzoso 26. Un espía inglés en la isla decía en 1942 que «en lo que respecta a los cayucos, los españoles han sido un tanto sarcásticos, ya que Gran Bretaña, tan democrática, ha dejado que un sistema de este tipo exista en sus colonias» 27. Pero las operaciones de estos reclutadores no hubieran sido posibles sin el citado Reglamento de Trabajo indígena. Como explicaban dos reclusos en una petición de 1937, «los infraescritos se encuentran actualmente en la cárcel pública, durante 6 meses, por un mínimo arresto que le fueron impuesto por carencia del trabajo. Y los que suscriben deseando que les pongan libertad, pero los encargados de dichos cargos no les permiten salir a no ser que sean reclutados como los demás» 28.

Que la mayoría de los braceros lo era a la fuerza se revela en el siguiente incidente de 1940: el rumor de que un barco de la Armada británica estaba esperando en el puerto de Santa Isabel para «repatriar a todos los súbditos británicos en la isla» dio «lugar a que estos se precipitasen hacia el muelle, cargados con sus equipajes, a que se llenase la Plaza de España de grupos de estos individuos que habían abandonado su trabajo y que procedían no solo de la propia capital, sino también de todas las fincas» de los alrededores. Cundió «la alarma entre los agricultores creyendo iban a quedarse sin sus braceros», ya que «los naturales de Nigeria representan más del noventa por ciento de la totalidad de los braceros de esta Isla». La Guardia Colonial intervino rápida y violentamente, logrando que todos se reintegrasen a sus plantaciones 29. Los curadores afirmaban que su «misión» era impedir que los braceros «sean esclavizados de ninguna forma» 30. Oficialmente «la Curaduría Colonial tiene por misión registrar en sus libros los trabajadores que se contraten» y «vigilar el trabajo para que no se maltrate a los trabajadores indígenas, y finalmente es el tribunal arbitral para los pleitos nacidos de la interpretación de las leyes del trabajo. Pero todo esto es poesía hábilmente escrita en el papel. Nada de todo esto ocurre en la Colonia» 31.

El tráfico de personas

El segundo gobernador general nombrado por los franquistas fue Juan Fontán y Lobé. Arribó a Santa Isabel en noviembre de 1937 y nos dejó sus primeras impresiones: «Al llegar a la Colonia nos encontramos con un sistema de reclutadores, pagados por los agricultores, que traían, no siempre de un modo voluntario, a los braceros». Fontán sabía que «el medio de trasporte, para ­burlar la vigilancia de las autoridades de Nigeria, eran cayucos, en los cuales, con frecuencia se ahogan indígenas». Confesaba que «la abrumadora escasez de bracero en la Isla, nos impidió oponernos abiertamente a este sistema» 32. No es que no se opusiera, sino que el nuevo régimen facilitó las condiciones que permitían el tráfico clandestino, que operaba con un alto grado de intervención oficial. Los gobernantes coloniales franquistas sabían que estaban aludiendo al espectro de la trata de esclavos, pero no quisieron describirlo explícitamente. Fontán se negaba a «detallar los inconvenientes del sistema de reclutadores», pero sí afirmaba que «es inmoral», «ilegal en su funcionamiento, e inhumano en su desarrollo». Pero las víctimas reales eran para él los finqueros, pues —insistía— las altas comisiones que se pagaban a los reclutadores eran algo «expoliatorio para el agricultor» 33. Fontán presidió como gobernador (1937-1942) los años claves de la consolidación del tráfico. Le premiaron con la Dirección General de Marruecos y Colonias en Madrid.

Bajo el Gobierno de Fontán, David Carrillo, curador en 1940, estableció comisiones o «estipendios» de una o dos libras y 150 pesetas para incentivar a los reclutadores. «Esta modalidad hace que las divisas vayan efectivamente a manos de los que importan brazos de la vecina Costa, habiéndose fomentado con ello la recluta y aumentado grandemente la llegada de estos». Durante más de una década, a partir de 1937, llegaron entre 400 y 1.200 nuevos braceros al mes en cayucos, siempre «acompañados por un reclutador que recibe un pago para cada hombre sano registrado en la oficina del Curador». Los recién llegados eran primero vacunados contra la tripanosomiasis y recibían el correspondiente certificado, único documento requerido para la inmigración 34. Lo que menos le preocupaba al régimen durante el proceso de «contratación» era la firma del contrato. Esta consistía en una huella del dedo pulgar del bracero, al que no se le traducía el contenido de lo que firmaba ni se le permitía rehusar. Al Estado solo le interesaba generar una serie de documentos de identificación y registro más o menos fiables, porque «la admisión de trabajadores indocumentados por parte de patronos un tanto desaprensivos, da origen a que permanezcan ocultos los braceros fugados [...] siempre con burla de las disposiciones laborales, de Policía Gubernativa y sobre todo de Sanidad» 35.

Sebastián Llompart ya estaba al frente de la Delegación de Trabajo a finales de 1943 y hablaba públicamente de la mano de obra nigeriana que «llegaba a fuerza de remo, libérrimamente, para confiarse a la generosidad de nuestra colonización» 36. Sabía que mentía: la única razón por la que llegaban los pasajeros de los cayucos era que su misma Delegación pagaba a los reclutadores entre 300 y 1.000 pesetas por cabeza, añadidas a la cantidad extraoficial que estos habían negociado individualmente con los finqueros. Como decía Fontán, «aquí han aminorado el problema bracero rascándose el bolsillo los interesados» 37. Los mismos braceros veían esta transacción como una continuación de las subastas de los mercados de esclavos. Como explicaba uno de ellos a las autoridades de su país: «Ellos siempre venden a un hombre por dos años y a eso lo llaman firmar» 38. No es casualidad que la comisión que cobraban los reclutadores coincidiera con el precio de un esclavo en Calabar en 1901, cuando los británicos abolieron la esclavitud en Nigeria 39. Un cuñado de Alfredo Jones, el abogado George Dove-Edwin, criollo de Calabar, visitó la isla en 1936 y dijo que ahí «los reclutadores son considerados como un necessary evil». Su cuñado Alfredo, por ejemplo, había tenido que pagar unas 6.000 pesetas o «180£ a uno de estos reclutadores para un grupo de 25 trabajadores» 40.

En 1939 Fontán propuso a las autoridades coloniales británicas de Nigeria un tratado laboral, pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial suspendió las negociaciones. Durante esos años, desde el balcón de su oficina, junto al palacio del gobernador y la catedral, el vicecónsul británico veía cómo los «obreros nigerianos» recién desembarcados y contratados marchaban hacia las fincas «obligándoles a hacer el saludo fascista» 41. Los gobernantes españoles en la isla actuaban como si la deseada victoria del Eje fuera a permitir la expansión de la colonia, incluyendo el sureste de Nigeria, de donde venían todos los braceros 42. Firmado en 1942, el conocido tratado laboral entró en vigor en mayo siguiente, pero solo una minoría de braceros se trajo sujetándose a sus disposiciones: entre 1.200 y 4.000 braceros al año en los años cuarenta, bastante menos que los que entraban ilegalmente en cayucos. No fue hasta finales de la década siguiente cuando se alcanzó la cuota del tratado, entre 10.000 y 15.000 braceros anuales, demandados por los finqueros en la isla y por las compañías madereras en Río Muni 43. Hasta entonces las autoridades coloniales españolas seguían «alentado abiertamente la recluta ilegal». En el Consulado británico en Santa Isabel se consideraba a los funcionarios franquistas «corruptos, venales e ineficientes». Las cartas de protesta del vicecónsul a las autoridades españolas no recibían respuesta, y cuando se entrevistó con el gobernador Mariano Alonso en 1943, este le contestó a sus preguntas sobre la recluta ilegal: «Sí, sí, sí, e inmediatamente cambió el tema de conversación». Según el vicecónsul, en la isla «solo un 30 por 100 de la población española era de verdad pro-franquista», y la mayoría de los «colonos españoles son decentes y racionales» y tenían «la esperanza de que los británicos tomaran la isla», principalmente para «aclarar el desorden [mess] que es Fernando Poo» y su cuestión bracera 44.

El tratado con Nigeria prohibía expresamente la recluta ilegal, y aunque la «connivencia de las autoridades laborales españolas en esta materia constituye una violación» del mismo, Llompart se disculpaba «diciendo que los que llegaban en cayucos son nativos de territorio francés», aunque «sabía perfectamente que han venido de Nigeria» 45. En 1944 el «tráfico de la recluta ilegal estaba siendo controlado en su totalidad por 3 personas con la plena connivencia de los funcionarios de la alta autoridad». Miguel Llompart como jefe de Policía, «recibía 1.000 pesetas por cada cayuco» que llegaba, y su hermano Sebastián un soborno de 50 pesetas «por cada contrato sellado, que aparentaba que los nuevos reclutas eran recontratados» y no nuevos braceros traídos clandestinamente desde Nigeria 46. Estas falsificaciones eran necesarias para simular una suspensión de la recluta ilegal, aireando papeles y estadísticas falsificadas ante el Consulado británico. La Cámara Agrícola estaba involucrada en la recluta ilegal desde el principio. Todavía en 1953 su presidente, Luis Gras de Arriaga, fue multado por contratar a cinco braceros secuestrados. «El dueño de un cayuco le trajo cinco hombres diciéndoles que iba a llevarlos a un lugar en Nigeria donde podían obtener trabajo. A su llegada aquí, se los vendió a don Luis Gras», quien «sobornó a un empleado en la Delegación de Trabajo española, y así fue capaz de contratarlos». Un escribano de Curaduría, Zacarías Barriaga, recibía sobornos de hasta 3.000 pesetas, más del doble de su salario mensual de funcionario, «para suprimir quejas de los braceros y para seguir con la contratación de menores que son demasiado jóvenes para trabajar en las plantaciones». El vicecónsul Bradley opinaba así de los funcionarios franquistas involucrados en la recluta ilegal: «De hecho, se puede decir con verdad de algunos de ellos que su objetivo al venir aquí es enteramente mercenario, y que están dispuestos a llegar a cualquier extremo para lograrlo» 47.

Curaduría no tenía ningún interés en desarticular la red de finqueros y reclutadores. Sus funcionarios se dejaban sobornar o aumentaban sus recaudaciones mediante pequeñas multas 48. Muchos reclutadores fueron multados con «sanciones de 100 pesetas por bracero», cuando «a espalda de esta Delegación» los patronos les abonaban «un sobreprecio de 100, 200 y aun más pesetas por bracero», algo que pasaba siempre pero se denunciaba poco. Aun así, Curaduría recaudaba unas 10.000 pesetas al mes. Por ejemplo, solo al reclutador Okon Edet Okon le sacaron 1.500 pesetas en noviembre de 1940, aunque siguió yendo regularmente a la isla con sus tres cayucos 49. Los reclutadores ilegales obtenían «tantos beneficios con las falsificaciones, contrabandos, etc., que pagan la multa y siguen en libertad para continuar sus infracciones». La infracción era vender personas a un precio más alto que el oficialmente permitido 50.

Solo bajo el gobernador Faustino Ruiz González (1949-1962) se fue poco a poco suprimiendo la recluta ilegal. Hasta 1950 «las llegadas clandestinas de braceros nigerianos por medio de cayucos eran de tal envergadura que llegó un momento en que intervinieron las autoridades inglesas». Estas comenzaron a prometer «toda clase de facilidades para la importación de mano de obra» mediante el tratado. Expandieron, por ejemplo, la zona donde se permitía operar a los reclutadores legales y aumentaron el cupo anual de braceros. A cambio, Ruiz empezó a imponer multas más prohibitivas a los traficantes y a sus propios subordinados; «así es que dichas llegadas clandestinas que en un momento dado llenaron el hueco que dejaban las arribadas oficiales, cesaron completamente» 51. Pero como inicialmente el número de braceros que llegaba legalmente estaba estancado, Faustino Ruiz advirtió al gobernador de Lagos que, «llegado el caso, nosotros tendríamos los braceros por cualquier medio», pues su misión «era velar por la riqueza y por la economía de la Guinea Española» 52.

Ruiz aludía al pacto implícito entre su Gobierno y los finqueros. Como insistía Gras de Arriaga, el presidente de la Cámara: «Recluta ilegal: Es desde luego lamentable pero [la] escasez de braceros hace muy difícil impedir de un modo absoluto que algún agricultor no trate de un modo particular de solucionar su agobiante problema de mano de obra» 53. Mediante su alianza con los traficantes de Calabar, los españoles lograron de la colonia vecina una impresionante dejación de su soberanía. Los británicos acabaron encargando la recluta legal en Nigeria a los responsables españoles del tráfico ilegal. Si durante la década de 1940 la recluta mediante el tratado fue organizada por la compañía inglesa John Holt, en 1951 Nigeria permitió que el mismo policía Miguel Llompart y Alfredo Jones se establecieran en Calabar como directores de una nueva Agencia de Contratación Anglo-Española, que operaba como sucursal de la Cámara Agrícola 54. Con ambos en Nigeria, y con la única fuente de braceros bajo su control, los hermanos Llompart se convirtieron en el nodo principal de la economía colonial: preparaban y ratificaban las tablas de distribución de braceros y así decidían quién recibía trabajadores y quién no, qué finqueros se arruinaban o se enriquecían. Eran conscientes de su poder, y así se fueron eliminando durante la época franquista a los finqueros fernandinos, portugueses y alemanes, y se consolidaron los grandes plantadores españoles vinculados al régimen. Un guineano que lo conoció recordaba a Sebastián Llompart como todopoderoso y «prepotente», el «verdadero gobernador» 55.

Contrabando de mercancías

La sinergia entre el tráfico de personas y el contrabando de mercancías que se cargaban en los cayucos de vuelta a Nigeria era muy clara. «Para cada uno de estos hombres algún finquero ha pagado una cantidad entre 1.500 y 3.000» y «los reclutadores ilegales meten estas grandes cantidades de pesetas directamente en brandy» 56. Los reclutadores tenían que convertir sus ganancias en mercancías, porque la peseta no era aceptada fuera de la isla. Durante los primeros años del periodo franquista a los braceros foráneos se les dejó de pagar parte de su sueldo en libras, porque el Banco Exterior de España enviaba muy pocas divisas a la colonia. Aunque los capitanes de vapores españoles las traían también desde un banco en Lagos, pese a que los británicos procuraban obstaculizarlo porque sabían que las libras iban directamente a los reclutadores 57. Los braceros que acababan su contrato empezaron a tener que llevarse «mercancías españolas, sardinas en conserva principalmente, que vendidas en su país les permitían reducir sus ahorros a moneda inglesa» 58. Muchos volvían a Nigeria «sin un duro, solo con algunas latas de sardinas» o «alguna botella de brandy o de perfume». Los braceros, efectivamente, estaban siendo pagados con tabaco, hojas de afeitar, mantas, sujetadores, cubiertos y otros productos. Pero con muchos de ellos no era rentable regresar en los vapores, «por perder así mucho de su valor en impuestos [de aduana] cuando llegan a Nigeria». Por ello, el contrabando en cayucos empezó a acompañar a los braceros que regresaban. Los «braceros mismos eran en gran medida responsables por el comercio de contrabando que se está llevando a cabo» 59. Bastantes se establecieron como contrabandistas después de uno o varios contratos en la isla.

Tras la depresión mundial de 1929, el Estado colonial británico «subió los impuestos a productos bastantes populares en la provincia de Calabar, como, por ejemplo, el alcohol y el tabaco». Pero no aumentó la recaudación pues, para el caso del tabaco, su importación por las compañías británicas se redujo en Nigeria en casi dos tercios a finales de la década de 1930, debido en gran parte a los contrabandistas que iban a Fernando Poo. Durante la Segunda Guerra Mundial, las redes de contrabando ya «habían asumido proporciones monstruosas» 60. Un colono español recuerda «la compra de tabaco que hacían los llamados calabares en tiendas como Carretero». «He visto a veces a un calabar sacar debajo de su clote [tela de vestido] miles de pesetas, y llevarse encima de la cabeza dos cajas de madera llenas de cartones de tabaco» 61. Esta escena se repetía incesantemente. En los años cincuenta había más de cien factorías españolas en Santa Isabel, y casi todas surtían a los contrabandistas nigerianos 62. Desde Fernando Poo empezó a llegar a Nigeria una «desconcertante variedad» de «vinos baratos españoles», y sobre todo el brandy, «la reina de las exportaciones».

En 1950 Fernando Poo importó de la metrópoli unas 720.000 botellas de brandy. Sabemos dónde se consumieron la gran mayoría: «el brandy de contrabando se puede comprar fácil y abiertamente no solo en el sureste de Nigeria, sino tan lejos como en Lagos». En 1950 se «introducían más de 700.000 botellas de brandy» en Nigeria con un valor al por mayor de más de 120.000 libras o unos diez millones de pesetas 63. Cada cayuco, de los entre 50 y 300 que hacían regularmente el viaje entre las dos colonias, solía cargar de 200 a 2.000 botellas de «brandy español, más otras tantas de ginebra y otros artículos como relojes que son más baratos ahí que aquí en Nigeria» 64. Viendo una foto de los cayucos nigerianos fondeados en Santa Isabel, un excolono comenta, recordando la factoría de su familia: «Todos sabían a lo que se dedicaban». «Ahí están, los cayucos contrabandistas [...] Debajo de sus tambuchos de nipa, estibaban las botellas de ricos caldos de Jerez» 65. El contrabando se incrementó notablemente en los años cincuenta y sesenta. «La ginebra española, la gran cantidad de tabaco, joyería y otros artículos de uso femenino, constituyen una colosal cantidad de artículos de contrabando que continúan pasando entre Fernando Poo y Nigeria». En un solo día de 1965 la Marina nigeriana llegó a destruir en Calabar «artículos de contrabando confiscados entre los que figuraban bebidas españolas de varias clases, perfumes y tabaco, por valor de más de 20.000 libras» o cuatro millones de pesetas. Pero ese mismo año solo se arrestaron y condenaron en Nigeria a treinta y ocho acusados de contrabando, cuando eran miles los involucrados, ya que cada cayuco tenía por lo menos ocho remeros 66.

Los casi cien cayucos que iban mensualmente a la isla desde Nigeria durante la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial contribuyeron a superar «los principales problemas de la colonia»: «comida, trabajo y gasolina» 67. Durante estos años, los vapores españoles con suministros de la metrópoli iban muy irregularmente. Hasta los colonos se alimentaban principalmente con comida nigeriana. En 1944 los «contrabandistas» importaron mensualmente casi 1.000 toneladas de ñames y «garri» o harina de yuca, y entre 200 y 300 toneladas de aceite de palma, cantidades que aumentaron los precios en el sureste de Nigeria hasta provocar hambrunas y disturbios en varias ciudades 68. En la Guinea española, cuando no se usaba gasolina importada ilegalmente desde Nigeria, se empleaba aceite de palma nigeriano para sustituir al gasoil en generadores eléctricos y todo tipo de motores. Incluso se reexportaba a España para la industria jabonera 69. Los británicos habían declarado delictiva la exportación independiente de aceite de palma, para asegurar su monopolio a compañías como la United Africa Company (hoy Unilever).

Los británicos sabían que «las autoridades españolas no hacen nada para impedir este contrabando, e incluso algunas se benefician de él». Era Miguel Llompart, «el jefe de policía quien encabezaba bajo cuerda una organización de contrabando». La cúpula de esta banda incluía al dueño de una factoría de Santa Isabel, Rafael Peñate Castro, y a varios miembros de la Junta de Abastos y de la Junta de Importación y Exportación. Esta banda organizaba directamente el intercambio de «aceite de palma, garri, textiles, etc., por brandy, escopetas, etc.» Lo que más impresionaba a los funcionarios británicos era que «en el lado español la totalidad del tráfico es tratado de forma organizada y oficial. Los cayucos hasta pagan tasas portuarias en Santa Isabel». A su «llegada al puerto los contrabandistas son recibidos por funcionarios de la Junta de Abastos que compran los cargamentos y organizan su distribución» 70.

El control del contrabando estaba en manos policiales. Quien comerciaba por su cuenta con los contrabandistas lo solía pagar caro. A un «desafortunado portugués, gerente de una finca, quien compró tres sacos de maíz a los traficantes de los cayucos..., le confiscaron los bienes y le impusieron una multa de 10.000 pesetas» 71. La banda dominaba también a los contrabandistas. Rafael Peñate, por ejemplo, «el mayor traficante de aquí», denunció a unos cayucos a la policía «porque no le traían su especialidad: aceite de palma», y ordenó que fuesen confiscados y sus dueños deportados, quedándose él las embarcaciones 72. A quienes no estaban vinculados con la banda de Llompart, la Guardia Colonial les confiscaba «géneros de contrabando traídos de Calabar en cayucos». En una ocasión, por ejemplo, se confiscaron al fernandino Eduardo Barleycorn y a unos dueños de cayucos varias toneladas de palmiste y casi una tonelada de aceite de palma, subastadas luego en 26.000 pesetas, de las que el 10 por 100 correspondía a la policía 73.

A los contrabandistas que eran «VIP of the canoe trade» se les daban toda clase de facilidades. Este era el caso del igbo Isaac Mbaka, «especialista en contrabandear caucho» que luego se reexportaba a España con gran margen de beneficio; o el de Asuquo Ikoro, cuya mujer, Atim Ekang, «siempre prepara las cajas de coñac y brandy, guardándolas en su casa» de Santa Isabel «para que estén listas para embarcar cuando llegue el cayuco [del marido]» 74. La banda de funcionarios españoles también procuraba la financiación de los contrabandistas de confianza. Joaquín Robles, presidente de la Junta de Abastos, le dijo abiertamente al vicecónsul Robertson que acababa de preparar un permiso para «sacar desde Santa Isabel doscientas cajas de coñac en cayucos», pero como los «contrabandistas no tenían el suficiente dinero», un tal Sampayo, que trabajaba como distribuidor para la Junta, les «dio 13.000 pesetas de garantía a los propietarios» de una factoría española 75. Joaquín Robles era «conocido por sus tendencias falangistas y simpatías antibritánicas» 76. Muchas veces los pasajeros de los cayucos, futuros braceros, traían también ñames para vender en la isla, pero Robles ordenaba su confiscación en la aduana a cambio de «una nota de crédito por 2 pesetas el ñame, y estos se venden luego en el mercado oficial a 8 pesetas, dándoles a los funcionarios responsables un considerable lucro, nada merecido» 77.

El vicecónsul Robertson habló sobre estas redes con el gobernador Bonelli, quien «tenía una perspectiva un tanto peculiar en lo que se refiere a la legalidad del contrabando. El control de este tipo de tráfico, dice, debería ser responsabilidad de los países que se ven afectados perjudicialmente». «Como en Gibraltar» —añadía Bonelli— donde «España hacía todo lo posible para tratar de detener a los contrabandistas» amparados por las autoridades inglesas 78. «A España le gusta sostener que Gibraltar es un nido de piratas y de contrabandistas bajo dominio británico» 79. Bonelli (1944-1949) y los demás gobernadores franquistas explicaban que, en justa simetría, su política era «tolerar» a los cayucos «tripulados por nigerianos, [que] hacen viajes clandestinos entre esta Colonia y aquella». «Y digo clandestinos, pero tolerados, porque» estos traían braceros y «aceite de palma o garí, y se llevan coñac; y como estos productos interesan, y como los braceros también interesan, aunque los viajes son de suyo clandestinos, las parejas de la Guardia Colonial de vigilancia por la costa no tienen instrucciones severas respecto a estos cayucos».

En 1949 Bonelli protestó enérgicamente al gobernador de Nigeria cuando una lancha de la Marina nigeriana, persiguiendo a unos cayucos contrabandistas, llegó hasta Punta Europa, cerca de Santa Isabel, y seis marineros nigerianos «uniformados y armados con fusil» se echaron a la «persecución de los ocho tripulantes del cayuco de ETEM mientras otros rompían a machetazos los palos de las velas». Este incidente, decía Bonelli, «constituye un acto odioso y descarado de violación de territorio», acto «que no quiero calificar porque no hay palabras suficientemente duras para ello». Bonelli fanfarroneaba afirmando que su Guardia Colonial dispondría «de una lancha rápida y armada» para «repeler violentamente cualquier acto similar de la vigilancia inglesa». Pero no la tenía. Bonelli consideraba que su amparo a los contrabandistas golpeaba el poder imperial británico y el «derecho internacional», consistente —según él— en «la ley del más fuerte, y nosotros no lo somos». Decía sentir «una íntima satisfacción cada vez que los ingleses bajan un escalón —como van bajando— en su importancia como Nación» 80.

Además del afán de lucro, como vemos, había también móviles políticos entre los involucrados en las redes de contrabando. Pero no podemos tomarnos muy en serio estas justificaciones, porque desde 1960 las autoridades coloniales españolas mantuvieron su actitud, ya no contra la poderosa Gran Bretaña, sino contra la débil Nigeria independiente. En 1962, en el Parlamento de Lagos, el ministro de Hacienda, Okotie-Eboh, anunció la adquisición de «hidroaviones para combatir el contrabando», pero añadió que el «contrabando que se viene practicando desde hace tantísimo tiempo entre aquella isla y Nigeria» era «difícil de extirpar», porque «las autoridades de allí se beneficiaban con estos negocios contrabandistas» 81. También era difícil de extirpar porque los contrabandistas estaban siendo armados por los españoles, a quienes compraban también «pistolas, revólveres y municiones» 82. Como decía un nuevo jefe de policía de Santa Isabel, «utilizan esas armas porque al llegar a Nigeria y por entrar clandestinamente» necesitaban «defenderse de la oposición que encuentran» 83. Ya en 1950 «armas obtenidas de Fernando Po» se habían vendido a un grupo de unos mil exsoldados nigerianos que se sublevaron en Umuahia, cerca de Calabar 84.

En la novela de un escritor nigeriano, un contrabandista llamado Akambu viajaba a Santa Isabel en los años sesenta para comprar «cajas de Don Pedro Domecq, zapatos, camisas, machetes y otros productos variados». Sorprendido por la Marina nigeriana en la costa de su país, Akambu no duda en sacar una metralleta y «responder al fuego» 85. Pero no es mera ficción. En un encuentro en septiembre de 1962 entre «un cayuco con cargamento de Santa Isabel» y «una lancha de vigilancia nigeriana», los tripulantes de la canoa dejaron que se «acercarse la lancha con el fin de inspeccionar el cayuco», y «cuando estaba a tiro abrieron fuego, según se dice, de arma automática» 86.

Conclusión

Desde los convulsos años de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial agricultores, comerciantes y autoridades de Fernando Poo se convirtieron en una espina clavada en la espalda de Nigeria, reavivando las viejas tensiones entre el Imperio Británico y lo que quedaba del Atlántico Ibérico, que desde finales del siglo xviii tuvieron como eje principal los desacuerdos sobre cómo abolir o transformar la esclavitud y mantener a la par la recluta de mano de obra forzada en los territorios coloniales 87. Desde Nigeria, los británicos veían Fernando Poo casi en los mismos términos en que vieron el «comercio clandestino de esclavos» a mediados del siglo xix y las nuevas modalidades de trabajo forzado impuesto sobrelos esclavos «emancipados» en Cuba. Siempre figuraban en estas visiones la corrupción y el sentimiento antiabolicionista de sus capitanes generales, así como detalles escandalosos de las complejas redes constituidas por poderosos finqueros y comerciantes 88.

El sargento Muyiwa, un policía nigeriano que estuvo en 1936 en la isla investigando secretamente el surgimiento del nuevo tráfico, lamentaba en su informe que habían «pasado ya cien años desde el momento que España en Cuba y todos sus otros territorios había supuestamente pledged their honour with the view to eradicating completely this rancorous and obnoxious traffic», referiéndose al segundo tratado de 1835 entre España y el Reino Unido para la abolición del tráfico de esclavos. Este tratado solo se cumplió en la década de 1860, justo cuando comenzó la colonización española de Fernando Poo. Pero Muyiwa pensaba que «el español nunca acabará con la esclavitud» 89. Aún se sigue recordando en Nigeria y en Guinea Ecuatorial la recluta y el trabajo forzado de la Guinea franquista como una modalidad de esclavismo, pese a sus diferencias formales con la esclavitud decimonónica. Habría que seguir investigando la causa de que ningún poder colonial se opuso seriamente a la lógica semiesclavista del contrato bracero, que fingía y negaba los principios del trabajo asalariado puramente libre. Pero tenemos que considerar que este solo se impuso en la Europa capitalista a finales del siglo xix, y en la mayoría de las colonias africanas solo comenzó a abrirse paso durante el periodo de entreguerras 90. Sin embargo, en algunas pocas colonias el trabajo forzado asalariado se mantuvo, como se sigue manteniendo y adaptando en varios países y sectores de la economía capitalista mundial 91.