Ayer 130/2023 (2): 301-325
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2023
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/1180
© Jorge Lafuente del Cano
© Pedro Pablo Ortúñez Goicolea
Recibido: 29-12-2019 | Aceptado: 09-07-2020 | Publicado on-line: 10-01-2022
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

El 1933 altoaragonés: horizontes locales de la «gimnasia revolucionaria»

Assumpta Castillo Cañiz

Università degli Studi di Padova
assum.castillo@gmail.com

Resumen: El artículo propone una relectura en clave local de la llamada «gimnasia revolucionaria» cenetista basada en el análisis de la insurrección de diciembre de 1933. A partir del estudio de caso de algunos enclaves de la parte oriental de la provincia de Huesca, se ofrecen nuevas claves de interpretación en torno a estas tentativas, cuya finalidad podía ser tanto alcanzar beneficios concretos para los afiliados y, en consecuencia, para la organización, como alterar los equilibrios de poder locales y operar una paulatina transformación en el marco de las relaciones comunitarias.

Palabras clave: 1933, Alto Aragón, CNT, gimnasia revolucionaria, estrategia sindical.

Abstract: The article presents a reinterpretation of the CNT’s so-called «revolutionary gymnastics» on a local level. It is based on the analysis of the insurrection of December, 1933. By focusing on a case study taking place in various zones of the eastern part of the province of Huesca, new interpretations are offered. The CNT attempted to achieve concrete benefits for its members and, consequently, for the organization, while also seeking to alter the distribution of local power with the objective of triggering a gradual transformation of community relations.

Keywords: 1933, Alto Aragón, CNT, revolutionary gymnastics, union strategy.

El 20 de octubre de 1933, el Pleno de Regionales de la CNT reunido en Madrid acordó que la consigna de la organización para las elecciones generales de noviembre sería la abstención. Con una derecha fortalecida ganando presencia discursiva, la CNT decía ser consciente de la responsabilidad que contraía con su posicionamiento. Una fracción de la organización tenía muy claro que si triunfaban los derechistas ellos tenían el deber de levantarse. Y sería suficiente con que lo hiciera una de sus Regionales para que las demás la secundaran 1. Tras el primer revés en las elecciones municipales de abril, en noviembre la derecha ganaba en las cuatro circunscripciones aragonesas. Las cifras de abstención de la capital y las de la provincia de Huesca estuvieron entre las más altas del país 2. Fue en el Pleno de Regionales celebrado en Zaragoza después de las elecciones cuando varias delegaciones, y muy particularmente la anfitriona, exigieron que se adoptara de inmediato la solución revolucionaria. A pesar de las posiciones contrarias de otras Regionales, se acordó que si se levantaba la aragonesa las demás harían lo que estuviera a su alcance para apoyarla 3.

El Comité Nacional Revolucionario quedó establecido en Zaragoza. El levantamiento tendría lugar el 8 de diciembre. La consigna para las comarcales de la parte oriental de Huesca era clara: si el tren de las doce no pasaba por Monzón en dirección a Barcelona era seguro que había empezado el movimiento en Zaragoza, porque los compañeros de la capital no lo habrían dejado partir 4. Pero el tren pasó y, contra todo pronóstico, los militantes de varios núcleos del espacio altoaragonés se levantaron, del mismo modo que lo hicieron sus compañeros en diversos puntos de la parte suroriental de la región.

Este trabajo pretende plantear más claves de lectura en torno a los hechos de diciembre de 1933 y en torno a la llamada «gimnasia revolucionaria» en su conjunto. Sin embargo, mi intención no es ofrecer una nueva descripción de los hechos —cometido ya realizado por otros autores— 5, sino recuperar algunos de sus aspectos concretos que, según creo, contribuyen a dilucidar el significado, los objetivos y los eventuales beneficios de un movimiento de estas características desde una perspectiva local. Para ello, abordaré el caso de varios enclaves del extremo oriental de la provincia de Huesca, muy principalmente Barbastro, la ciudad más relevante de la provincia tras la capital, cuya riqueza documental permite un análisis en profundidad del antes y el después del conato revolucionario.

Otras claves hasta llegar a diciembre

Sin duda la Segunda República supuso un momento de apertura de expectativas para amplios sectores de la población. Uno de los frentes más apremiantes en el que las nuevas autoridades intentaron incidir fue el campo de las relaciones sociolaborales. Con Largo Caballero al frente del Ministerio de Trabajo, se emprendió un apretado plan de reformas del que resultaron leyes encaminadas principalmente a obtener mejoras inmediatas para la población trabajadora (leyes de jornada máxima de trabajo, de bases de accidentes de trabajo), a incrementar su capacidad de intervención en la resolución de conflictos (creación y organización de los Jurados Mixtos) y a regular el mercado de trabajo (leyes de contratos de trabajo, de colocación obrera, de términos municipales) 6.

Sin embargo, no sería fácil alterar las relaciones que hasta la fecha habían mediado entre patronos y obreros y entre aquellos y las propias autoridades, algo que quedó claro en los obstáculos que varias de estas disposiciones encontraron en el plano local. Ejemplo de ello seguía siendo el reiterado incumplimiento de la jornada de ocho horas, que desde su reconocimiento por ley hacía más de una década venía provocando enconados conflictos en algunas poblaciones 7. Con el inicio del nuevo régimen las conminaciones de las autoridades locales ante este tipo de infracciones variaron puntualmente de tono. Con anterioridad, las inspecciones de trabajo se saldaban habitualmente mediante una comunicación del patrono, quien decía respetar en todo la legislación vigente, a lo que los miembros de la Delegación del Trabajo respondían invariablemente con un escueto «conformes» 8. Ahora algunos de estos apercibimientos cobraron un matiz netamente distinto. Así se desprende de comunicaciones como la que el ayuntamiento de la población de Graus dirigió a mediados de mayo de 1931 a uno de los patronos de la localidad, a quien se hacía saber que un peón que trabajaba en una de sus obras había acudido a las dependencias municipales a quejarse de que hacían jornadas de trece a catorce horas diarias. Si persistía en su actitud, se le advertía, «le [podía] costar bastante caro» 9. Dos meses más tarde los términos eran más taxativos. En una nueva carta a otros dos industriales grausinos, el alcalde les hacía saber que si continuaban excediendo la jornada legal lo denunciaría a las autoridades, además de advertirles que les prohibiría el trabajo en la villa 10.

Pero estos primeros ejemplos esperanzadores no podían ocultar una realidad algo más adversa. Solo dos de las leyes proyectadas alcanzaron cierto grado de desarrollo, la de contratos de trabajo y la de jurados mixtos 11. Las muestras de descontento no se hicieron esperar. En otoño, en medio de una aguda crisis de desem­pleo, varios enclaves altoaragoneses registraron diversas invasiones de propiedades y roturaciones arbitrarias 12. Por su parte, los consistorios solían responder a las repetidas crisis con fórmulas poco novedosas. Ya en agosto, y pese a las enormes dificultades presupuestarias, el Ayuntamiento de Graus recurría a la obra pública «en evitación de los conflictos obreros que se avecinaban» 13. En ocasiones, las autoridades locales se mostraron incluso dispuestas, como hizo el Ayuntamiento de Barbastro a finales de abril, a excusar a los empleadores y a justificar, entre otros, que los sueldos de los obreros fueran bajos por el hecho de trabajar estos en distintas actividades. También en Barbastro, la presunta indolencia en el cumplimiento de sus funciones llevó a un nutrido grupo de empleados a pedir la dimisión de varios miembros de la Delegación del Trabajo local en agosto de 1932 14.

El lento avance de las reformas provocaba desafección también entre algunos republicanos convencidos. «Yo eba uno que nestaba to creiu que al entra la Republica la miseria habría fuiu. Que mos darían las terras de los ricos y dinès: ixo mos diban, buscánmos el voto nuestro», se lamentaba el autor de un escrito en el rotativo grausino El Ideal de Aragón en diciembre 15. Este desencanto redundó en una creciente radicalización que fue aprovechada por el sindicalismo de orientación revolucionaria. En el caso del Alto Aragón, y como se colige del tono del escrito aparecido en El Ideal, una de sus principales vías de penetración fue el propio discurso de un republicanismo de matriz radical 16. La CNT, que durante la dictadura había conservado su arraigo principalmente a través de la dinamización cultural y la participación en los sindicatos locales, se vio favorecida por esta coyuntura 17. Los enclaves orientales de la organización cenetista de la zona de Huesca fueron especialmente virulentos en sus reproches a las nuevas autoridades republicanas. Desde las comarcales de Albalate de Cinca y Binéfar se editó un manifiesto que denunciaba cómo «las halagadoras promesas» de quienes eran entonces los flamantes concejales republicanos se habían convertido «en agua de borrajas», convirtiéndose estos en los fieles guardianes de las clases acomodadas 18.

La estrategia sindical de la CNT, basada en la acción directa, era abiertamente antagónica a lo emanado de la legislación caballerista. La interpelación a los patronos sin la mediación de ninguna autoridad o persona ajena al conflicto había reportado a la organización la adhesión de un número importante de trabajadores no necesariamente imbuidos por ideologías revolucionarias, sino sobre todo por la eficacia y la protección brindadas por el paraguas de los sindicatos confederales 19. Todo apunta a que las disposiciones del Ministerio de Trabajo, orientadas muy principalmente a favorecer las tácticas del sindicalismo socialista y a fomentar la intervención gubernamental en el ámbito de las relaciones sociolaborales, contribuyeron en buena medida a alejar al anarcosindicalismo de las vías legales de reivindicación 20. Este desplazamiento vino condicionado además por un contexto socioeconómico fuertemente marcado por el impacto de la crisis y los efectos del desem­pleo y por los puntuales fracasos cosechados en el ámbito de la negociación con la patronal, amén de los excesos represivos del régimen republicano frente a la protesta 21.

En su conjunto, todos estos elementos coadyuvaron al fortalecimiento de la tendencia anarquista dentro de la organización confederal en detrimento de la línea sindicalista que desde los inicios de la etapa republicana había prevalecido al frente de la CNT. El desplazamiento de militantes sindicalistas o «trentistas» de la cúpula de la organización redundó finalmente en una traumática escisión en la primavera de 1933. Culminaba así un proceso de radicalización del sindicato confederal, que a partir de inicios de 1932 apostaba abiertamente por la vía insurreccional revolucionaria 22.

De todas formas, es importante señalar que más allá del posicionamiento de la organización, por lo general los sindicatos confederales se atuvieron en gran medida a lo dispuesto por las leyes republicanas para asegurar la pervivencia de sus actividades 23. Una de las más perentorias siguió siendo fijar unas bases de trabajo ventajosas. En Binéfar, por ejemplo, ya desde los inicios de la legislatura republicano-socialista se luchaba por el reconocimiento del sindicato, la jornada de ocho horas y un salario mínimo de siete pesetas dentro de la población y de doce a catorce en los trabajos de siega en el exterior 24. Junto a estas convivían otras reivindicaciones de largo recorrido, como el logro de infraestructuras o la cobertura sanitaria y escolar. Para ello se desplegaron varias estrategias de lucha. Obviamente, en el caso de que las negociaciones no llegaran a buen puerto se optaba por ir a la huelga. El primer paro de la etapa republicana sobre el que queda testimonio en Barbastro, ya en mayo de 1931, fue el realizado por unas obreras medieras, que tuvo una duración de dos días. Las obreras pedían el cumplimiento de la jornada de ocho horas, suprimir los destajos y un jornal mínimo de tres pesetas 25. Dos meses después fue el turno de los obreros de la construcción pertenecientes al Sindicato Único 26. Sin embargo, como se ha visto, esto no era óbice para que los trabajadores interpusieran quejas en órganos locales o superiores. En junio, la Delegación Provincial del Trabajo de Huesca recibía quejas de los empleados de los establecimientos comerciales e industriales de Barbastro, donde presuntamente no se cumplía con la jornada de ocho horas, por lo que se emplazaba a la Delegación Local a poner más celo en su cometido 27.

En su conjunto, la capacidad de incidencia de estas organizaciones fue notable a juzgar por el hecho de que fueran interpeladas por las autoridades locales en ocasión de las frecuentes crisis de trabajo. En Barbastro, el Sindicato Único facilitaba a finales de 1931 listas con nombres de obreros parados y en mayor riesgo de exclusión, del mismo modo que antaño lo habían hecho algunas instituciones benéficas, el médico o el cura 28.

La práctica insurreccional venía a sumarse a este repertorio de lucha, dando cabida a reivindicaciones no solo de carácter económico, sino también frente a determinadas coyunturas políticas. El ciclo de sublevaciones cenetistas se inició en enero de 1932 con el levantamiento del Alto Llobregat 29. La insurrección tuvo eco en varias localidades aragonesas, entre ellas Barbastro o Binéfar. Significativamente, las autoridades estaban ya alertadas de un posible seguimiento de los hechos en algunos de estos enclaves, donde a lo largo del año anterior se habían llevado a cabo huelgas y protestas 30. En Binéfar se detuvo al presidente del sindicato y a un directivo después de que, según relataban algunos rotativos, grupos de obreros se lanzaran a la calle, «invadieran» la central de telégrafos e intentaran cortar las comunicaciones ferroviarias para evitar la llegada de la Guardia Civil. En realidad, el Sindicato Único había convocado una huelga en apoyo de los hechos de Cataluña, tras lo que se detuvo a varios de sus miembros 31. Por los mismos hechos, en Barbastro se había detenido a veintiocho anarquistas por orden gubernativa, anticipándose a lo que pudiera pasar, pero, a pesar de todo, la huelga se celebró y el cierre fue generalizado con la ayuda de piquetes. Las autoridades resolvieron poner en libertad a los presos en previsión de incidentes 32.

El Comité Regional negó cualquier vinculación con los hechos. No obstante, a raíz de la represión desplegada tras el movimiento, que comprendió la deportación de más de un centenar de cenetistas, señaló que quizás sí era «preferible, cuando la ocasión [lo deparara] actuar violentamente» 33. Un año después, la nueva intentona de enero de 1933, orquestada en gran medida por el comité de defensa de la Regional catalana, provocó nuevas detenciones gubernativas de militantes cenetistas en las comarcas altoragonesas. Estas detenciones y la clausura de sedes sindicales fueron posibilitadas por la aplicación de la Ley de Defensa de la República aprobada en octubre de 1931. En julio de 1933, casi contemporáneamente a la aprobación de la nueva Ley de Orden Público, el gobernador de Huesca dispuso la clausura de los sindicatos únicos de la provincia y la detención de «elementos extremistas» destacados 34. El día 22, el Sindicato Único de Binéfar fue clausurado «por causa de las coacciones registradas y tumultos producidos por los obreros en huelga» 35. Hubo siete detenciones. Sin embargo, como había ocurrido en Barbastro el año anterior, «un grupo numeroso pidió la libertad, y el alcalde, ante el temor de graves sucesos, accedió a ello». No duró mucho: el gobernador, enterado, ordenó que los libertados fueran nuevamente detenidos. Tres de ellos habían huido a Barbastro, donde fueron también apresados 36. El sindicato de la capital del Somontano fue también clausurado la noche del día 23. Al día siguiente se organizó una manifestación para que los detenidos fueran puestos en libertad, la cual se dirigió hacia la Plaza del Ayuntamiento invitando a cerrar los comercios. También en este caso los presos fueron liberados. Dos días después el ayuntamiento dimitía en pleno.

Sin embargo, las detenciones y las clausuras de los sindicatos cenetistas no parecían obedecer solo al objetivo de «prevenir desórdenes», objeto último de toda detención gubernativa. Esto suponía también desarticular espacios de reivindicación en momentos sensibles del ciclo agrario y productivo. Precisamente, dos meses escasos antes de las detenciones de julio, el consistorio barbastrense había pedido un refuerzo de guardias de seguridad. Entre los motivos que se alegaban para demandar una «vigilancia constante» en la localidad se mencionaba el contingente numeroso de forasteros en demanda de trabajo y la existencia de un Sindicato Único de trabajadores adherido a la CNT cuyo número de asociados era «algo importante» 37. Sea como fuere, y según reconocían años después los cenetistas binefarenses, lo cierto es que estas detenciones cumplieron en parte este objetivo, ya que estos sucesos habían causado en efecto una importante «desmoralización» 38.

Resulta relevante señalar que, con todo, la actividad sindical proseguía e incluso se vigorizaba. 1933 fue un año clave en la negociación de nuevas bases de trabajo. En septiembre se aprobaron las del Jurado Mixto de Trabajo Rural de la Provincia 39. Hacía poco más de medio año que en Huesca habían sido presentadas por el Sindicato Único de la ciudad las bases de trabajo para el ramo de la construcción, que también pueden encontrarse en el archivo de Barbastro. En octubre, también los trabajadores de la carretera de Barbastro a Monzón presentaron unas bases de trabajo a negociar con la empresa concesionaria. De las bases presentadas por los obreros de la carretera se reconocieron varios puntos, pero el delegado de la Compañía se negó a un aumento de jornales y los obreros fueron a la huelga. Dos días después se llegaba a un acuerdo y los obreros se reincorporaban al trabajo 40.

Pero no fue siempre fácil. En ocasiones, los patronos crearon plataformas conjuntas cuyo objetivo era muy principalmente hacer frente común para saltarse la legislación vigente, como hicieron de forma reiterada los comerciantes de Barbastro y denunciaron sus empleados 41. El alcance de estos conflictos no fue menor. En una carta de un obrero alfarero de Barbastro dirigida al consistorio de la ciudad a mediados de 1932, leemos literalmente que este pretendía tomarse la justicia por su mano contra el patrón que lo había despedido si ellos no hacían nada. A decir del obrero, todas las maniobras del amo, quien estaba empleando solo a obreros de fuera de la localidad, tenían que ver con el deseo de saltarse las bases acordadas entre todos los trabajadores de las alfarerías de la ciudad en julio 42. A principios de octubre de 1933, a tan solo dos meses del movimiento insurreccional de diciembre, se celebró en la localidad una asamblea de trabajadores para tratar el tema del paro forzoso. Antes de concluir la reunión, el «ciudadano Soler» planteó presentar ante el ayuntamiento los acuerdos adoptados por los trabajadores. Si el consistorio no los cumplía «[ellos se lavarían] las manos y solo él [sería] responsable de lo que [pudiera ocurrir]» 43. En paralelo continuaban implementándose otras medidas de presión. A mediados de noviembre, el Sindicato Único hacía saber que la sección de panaderos había acordado no gastar harinas de ninguna fábrica donde los obreros no estuvieran sindicados. Las empresas de harinas habían sido convenientemente avisadas y se les daba tiempo para que sus obreros acudieran al Sindicato a adherirse 44.

La campaña para las elecciones generales de noviembre fue agitada. La CNT tuvo especial eco en los actos. En Barbastro, miembros del sindicato irrumpieron en un mitin en el que intervenía el ministro radicalsocialista Marcelino Domingo, quien fue boicoteado y tuvo que marchar escoltado por las fuerzas de seguridad 45. El también radicalsocialista Félix Gordón Ordás tomó buena nota después de lo ocurrido a Domingo y pactó previamente con la CNT barbastrense que sus militantes pudieran intervenir tras su discurso. Estos hicieron «una feroz crítica del régimen republicano que abrasaba vivos a campesinos en Casas Viejas y deportaba obreros revolucionarios a Bata». Finalmente, aprovechando la oportunidad y el auditorio pidieron la abstención y repitieron la consigna: «frente a las urnas, la revolución social» 46. Un caso casi idéntico ocurrió en otra población de notable arraigo cenetista, ­Alcampell. También durante un mitin de los radicalsocialistas, varios cenetistas que se encontraban en el local tomaron la palabra. Uno de ellos expuso, entre otros, que los políticos de izquierdas solo habían hecho concesiones a los reaccionarios, que no se había cumplido la reforma agraria, que no se había disuelto la Guardia Civil, y no solo eso, sino que se había creado la Guardia de Asalto, se había decretado la Ley de vagos y maleantes y se había aplicado repetidamente la Ley de Fugas. Los cenetistas no daban crédito a «que un representante del Partido Radical Socialista [tuviera] el tupé de ocuparse de la libertad» 47.

No era un hecho fortuito que varios de los incidentes registrados tuvieran lugar en actos de las facciones radicalsocialistas. La coincidencia de zonas de arraigo del sindicalismo de corte radical y de voto radicalsocialista lleva a pensar que en esas salas se encontraba también una parte de la clientela política de los primeros 48. Esto y que lo dicho por los cenetistas sonaba a profundo reproche. Junto a estas intervenciones sorpresivas, los pasquines de «Pueblo no votes» y los «mítines antielectorales» o «mítines de afirmación antipolítica y sindical» completaron la campaña de la CNT en estas localidades 49.

Con o sin tren

Hay varios elementos que conviene subrayar en relación con el movimiento de diciembre de 1933 en el espacio altoaragonés. El primero de ellos es el perfil de quienes lo instigaron o lo secundaron. A menudo se atribuye la praxis del insurreccionalismo cenetista al militante de acción, cuyo máximo exponente sería el joven faísta, también en ciudades del entorno rural 50. En cambio, en algunas de las localidades donde se puede recuperar la edad de los detenidos inmediatamente tras los altercados el perfil es algo más complejo. En Peralta de la Sal, donde fueron detenidas alrededor de veinte personas, la media de edad era de treinta y cuatro años, desde un joven de dieciocho hasta dos hombres por encima de los sesenta 51. También por lo que respecta al perfil socioprofesional de los primeros detenidos el resultado es algo más variado. En Barbastro, por ejemplo, los cuatro detenidos durante el día 8 eran todos jornaleros, incluido el que fue abatido por la guardia civil. Sin embargo, al día siguiente los detenidos fueron un comerciante y un marmolista, arrestos engrosados por otro jornalero y un propietario. Finalmente, en varios enclaves, como en el caso de Barbastro o Alcampell, hubo mujeres presas 52. Sí podemos en cambio identificar un nivel de implicación distinto entre quienes participaron en los hechos. La existencia de un «núcleo duro» que llevaba la iniciativa podía incluso suponer que el grueso de simpatizantes ligados a la organización no estuviese enterado de todos aquellos asuntos que, por su naturaleza, implicaban un mayor grado de secretismo. A decir de uno de los militantes barbastrenses, dos de ellos, Leopoldo y Alejandro Castán, «aun siendo de la organización nada sabían de las bombas». Al ver pasar a sus compañeros huyendo de la Guardia Civil se unieron al grupo. El primero resultó muerto y el segundo herido 53. De todas formas, sigue siendo importante destacar que en cualquier caso estos eventuales «hombres de acción» eran a su vez activos miembros del sindicato comprometidos con las luchas cotidianas de la organización.

Otro elemento que destacar es que la violencia contra las personas no fue una característica preponderante pese al dominio de los insurrectos durante varias horas 54. En Alcampell resultó muerto un empleado municipal, quien a su vez había abatido a tiros al secretario del sindicato de la CNT. Según algunos rotativos se trataba de un recaudador, el único funcionario que intentó hacer frente al intento de los revolucionarios de apoderarse del ayuntamiento. Intentando huir y encerrado en su casa, se suicidó por miedo a un linchamiento 55. Otra versión nos la ofrece Antonio Torres, quien afirma que «los fascistas tenían un guardaespaldas que había sido somatén en Barcelona. Tras matar al secretario, el “pueblo” lo persiguió, mujeres y niños incluidos, chillando “On està lo Burot? Mateu lo Burot!”». Encerrado en un corral y rodeado, se disparó un tiro cuando los sitiadores pretendían rociarlo con gasolina y quemarlo 56. En Calasanz se personaron cenetistas de otras poblaciones, quienes se unieron a un nutrido grupo del pueblo. Estos se dirigieron a la fonda para requisar las armas de caza de un grupo de industriales. Luego colocaron un artefacto en la entrada de la casa rectoral y posteriormente hirieron de gravedad a Jaime Sesé, de Casa Plana, quien murió dos días después 57. En Peralta requisaron la pistola a dos notables, uno de ellos Vicente Piniés, el exministro monárquico conservador, y atacaron el cuartel hiriendo al cabo comandante de la plaza. En Barbastro, donde la Guardia Civil sorprendió a algunos militantes cuando se dirigían a un depósito de armas y explosivos cerca de la ciudad, la persecución acabó con un muerto entre las filas insurrectas y otro entre las del cuerpo 58.

Otro aspecto importante es el de la represión tras los hechos. El previsible desmantelamiento organizativo comportó que varios sindicatos permanecieran cerrados hasta febrero de 1936, algunos incluso por más tiempo, como el de la población de Esplús, y eso pese a no haber sido un foco relevante del movimiento 59. Sin embargo, es importante subrayar que todo esto acarreó una suerte de estado de excepción que se alargó por dos años. Fueron numerosas las comunicaciones que desde Gobernación Civil se mandaron a las alcaldías para interesarse por la conducta de varios individuos que fueron detenidos por orden gubernativa poco después de los hechos, sin saber exactamente si estuvieron implicados en ellos o no. Durante los años 1934 y 1935 fueron detenidos y encarcelados nuevamente y de forma intermitente varios de los que habían participado en las insurrecciones, especialmente durante las épocas de cosecha 60. Por otra parte, esta excepcionalidad posibilitó también que la Guardia Civil pudiera perseguir a personas por razones no directamente vinculadas a los hechos de 1933, por ejemplo, por publicación clandestina 61.

En julio de 1934, el alcalde de Barbastro expuso al Ministerio de Gobernación la necesidad de aumentar nuevamente las fuerzas disponibles en la ciudad con veinticinco guardias de seguridad que, además, en caso preciso, podrían acudir a varios pueblos de la comarca. Los sucesos del pasado diciembre lo aconsejaban 62. Lo ocurrido en octubre de 1934, a pesar de tener nula repercusión en Aragón, redundó en un refuerzo de los mecanismos represivos, además de provocar el conocido cese y relevo de cargos políticos. Meses más tarde, coincidiendo con el primer aniversario del conato subversivo de diciembre, la Comandancia Militar de Huesca comunicaba a la de Barbastro la importancia de realizar una recogida de armas, por lo que se estimaba conveniente realizar «marchas o excursiones a diferentes pueblos, sobre todo a los señalados como desafectos» 63. El día 5 de marzo de 1935 se levantaba el estado de guerra en la provincia 64. No obstante, esto no fue óbice para que a finales de agosto agentes de la autoridad local pidieran al consistorio la concesión de un arma de fuego por creerlo de vital necesidad 65. La estrecha vigilancia sobre determinadas personas continuó. Las autoridades contaron para ello con la colaboración de algunos individuos, como atestigua el caso del cartero de Binéfar, cuya actividad habría facilitado a la Guardia Civil «estar al corriente de los planes y movimientos» de los exdirigentes del sindicato de la CNT entre 1934 y 1936 66. Aún a finales de 1935, Gobernación Civil de Huesca desaconsejaba el levantamiento de las clausuras de los sindicatos e incluso que los edificios se devolvieran a sus propietarios, como sucedió con el de Binéfar, cerrado por orden gubernativa ya desde octubre de 1933 67.

De nuevo, podemos relacionar estas precauciones con otras preocupaciones que afectaban a las autoridades locales. Tras la insurrección, la ciudadanía no cejó en sus amenazas ante las posibles consecuencias de su precaria situación. En un escrito de febrero de 1934, solo dos meses después del conato revolucionario, más de un millar de barbastrenses exigían una rebaja del precio del pan, a lo que añadían que ello debía hacerse «en evitación de incidentes...» 68. En septiembre, un artículo aparecido en el rotativo católico El Cruzado Aragonés lamentaba amargamente que Barbastro había dejado de ser «la ciudad religiosa y patriarcal» que fuera en otro tiempo. En lo tocante al orden social, los criados y jornaleros ya no veían «al amo de antes»; «los de abajo [acechaban] los movimientos de los de arriba [...] [había] cesado la buena conciudadanía entre los vecinos» 69. En diciembre, el nuevo alcalde de Barbastro expresaba su inquietud por el «verdadero conflicto» que se avecinaba a causa de la crisis de trabajo. En otras comunicaciones se ocupaba de otros dos asuntos urgentes: el restablecimiento de la cárcel de Partido y la mencionada petición de una dotación especial de guardias 70.

Así las cosas, la campaña electoral que empezó en diciembre de 1935 fue de nuevo apasionada. El incremento de la participación fue esta vez muy notable en toda la región. El voto de la izquierda creció en Huesca, muy especialmente en los lugares donde en los pasados comicios se había registrado un mayor abstencionismo 71. De todas formas, y pese a unos resultados muy igualados, tanto en Barbastro como en otras ciudades, caso de Graus, ganó la CEDA, no así en Binéfar o Monzón. Pero de nuevo la política local iba al abrigo de la general. La victoria del Frente Popular (FP) provocó un nuevo relevo de concejales, reponiendo los que en octubre de 1934 habían sido depuestos por orden gubernativa. Significativamente, la primera disposición de los de Barbastro fue conceder una subvención a los represaliados de 1933, siendo los primeros beneficiarios la viuda y los huérfanos del jornalero cenetista muerto. No por nada la cuestión de los presos políticos había sido el principal caballo de batalla de los frentepopulistas durante la campaña 72.

La actuación de las facciones locales del FP introduce otro elemento de análisis interesante. La tendencia tanto de la Diputación Provincial como del Ayuntamiento de la capital transcurrió entre la prudencia y la contención, siempre en función de una estricta observancia de la Constitución de 1931. Sin embargo, la del centenar de comités locales del FP que surgieron en diferentes municipios de la provincia, en particular los de aquellos que habían sido escenario de los hechos de diciembre de 1933, fue algo más acelerada, apostando por acciones más inmediatas para revertir la regresión que había supuesto el bienio de derechas para muchas de las leyes anteriormente proyectadas 73. Estas divergencias en el ritmo y la actuación de organismos provinciales y locales debemos relacionarla también con una mayor capacidad de incidencia de otros grupos en el plano local.

El caso de Barbastro resulta esclarecedor en este sentido. Ya a finales de marzo de 1936, el Sindicato Único de la población volvía a la carga y dirigía una comunicación al ayuntamiento exponiendo los acuerdos de una asamblea general extraordinaria celebrada por la organización: exigían gestionar la bolsa de trabajo local 74. El 22 de abril, en otra comunicación a «los hombres que el pueblo votó como defensores y representantes suyos en el concejo», el Sindicato ofrecía una batería de propuestas para intentar paliar el paro obrero en la población. En la carta se decía literalmente que su petición debía ser «estudiada seriamente y puestas en práctica las soluciones que [se indicaban]» 75. Dichas soluciones eran las que se habían tomado en la asamblea de octubre de 1933, donde el ciudadano Soler había advertido que ellos se lavaban las manos si el consistorio no atendía sus propuestas.

Un mes después, en mayo de 1936, el Sindicato Único denunciaba que los republicanos y socialistas habían «paseado la miseria del pueblo como bandera para conseguir, luego, sus enchufes» 76. Al día siguiente quedaba convocado un paro y una manifestación. Los integrantes del comité de huelga se comprometían a comportarse «con todos los requisitos de la ley». Sin embargo, añadían que «si la indiferencia de las autoridades [les obligaba], dentro de un breve periodo [irían] a un nuevo paro admitiendo los derivados que [pudiera] tener» 77. Tres días después, se citaba a los patronos y obreros del ramo de la construcción en las dependencias municipales con el objeto de discutir las bases de trabajo presentadas por el Sindicato ante la presencia de un delegado provincial. También estas bases habían sido aprobadas tres años atrás, en marzo de 1933, por los obreros en huelga del Sindicato Único y patronos de la ciudad de Huesca 78.

¿Un tour de force local?

Una primera valoración de los hechos de 1933 arroja un panorama muy negativo para los artífices de la insurrección. Esto fue señalado incluso por la propia organización. «Sus consecuencias no pudieron ser más desfavorables para la CNT» sentenciaba rotundamente una memoria presentada por el Comité Nacional confederal al congreso celebrado en Zaragoza en mayo de 1936 79. Evidentemente, los hechos levantaron las amargas críticas de los treintistas, quienes señalaron que aquello había sido un nuevo «movimiento de pequeños grupos, de guerrilleros». También varios militantes faístas cuestionaron la escasa preparación y la poca efectividad de las diversas intentonas insurreccionales 80.

En efecto, si analizamos los hechos solo bajo el prisma de la revolución que se espera que se extienda a todo el territorio estatal podemos tildar los planes de los anarquistas de excesivamente optimistas y el resultado de sonoro fracaso. Y esto muy a pesar del mayor nivel de preparación de diciembre de 1933 respecto a los episodios anteriores. Si en cambio concedemos a sus protagonistas una mínima competencia dentro de las lógicas de la propia praxis sindical —siempre teniendo en cuenta que entre sus instigadores y partícipes había también militantes y afiliados que respondían básicamente a este perfil— quizás podemos sumar otros significados a estos hechos. Es cierto que si el movimiento triunfaba solo en poblaciones medias y pequeñas se podía prever que la represión sería fulminante. Pero el tren procedente de Zaragoza pasó, y sin embargo en varios enclaves oscenses se secundó el movimiento. Esto quizás nos puede llevar a pensar que la revolución de diciembre de 1933 tenía también un horizonte local, o bien que adquirió entonces un horizonte sobre todo local.

Hay varias razones para interpretarlo de este modo. Resulta evidente que la impronta local de estos movimientos fue en parte una consecuencia lógica de las propias carencias en la preparación de la insurrección, de la actuación de las fuerzas policiales e incluso de la propia dinámica de la organización confederal, seriamente marcada por los problemas para vertebrarse a mayor escala. De todas formas, e incluso admitiendo dudas razonables acerca de un carácter más o menos deliberado de estas metas locales, un primer elemento para valorar los hechos en este sentido es la virtual ausencia de violencia. Si tenemos en cuenta las reiteradas amenazas vertidas con anterioridad conminando a las autoridades locales a cumplir con su deber para con la población trabajadora (amenazas que como se ha mencionado no se detuvieron tras los hechos), podemos hablar de una violencia —o una invocación de esta— de perfil más «negociador» que efectivo o, por supuesto, letal. Resulta por lo demás atractiva la idea de que, con el corte de comunicaciones, los insurrectos procedieron a «aislar a las autoridades locales» 81. Posteriormente, no pocas de ellas fueron además acusadas, empezando por el caso destacado de Zaragoza, de pasividad o connivencia ante la actividad de los insurrectos 82.

En segundo lugar, llama igualmente la atención el carácter de la represión desplegada con posterioridad, asegurando no solo el castigo de quienes habían participado en la insurrección, sino también la desactivación de focos de protesta coincidiendo con una coyuntura económica marcada muy principalmente por los efectos del desempleo y por una postura abiertamente defensiva de la patronal 83.

En tercer lugar, resulta relevante destacar que, a juzgar por las primeras detenciones efectuadas, el perfil de los instigadores y de los y las participantes en los hechos no responde exclusivamente al de una minoría «de acción», sino que reviste un carácter más heterogéneo. También que, incluso en el caso de esta minoría, se trataba de todos modos de militantes implicados en la marcha de los asuntos sindicales y comunitarios.

En cuarto lugar, y en línea con la idea de una eventual «violencia negociadora», no parece casual que en 1936 los cenetistas se convirtieran en un interlocutor directo de los poderes locales y en un condicionante de su línea de gobierno. Tampoco que se reemprendieran algunas de las medidas que los cenetistas habían propuesto años atrás. Resulta desde luego significativo que quienes hacía algo más de dos años habían capitaneado una insurrección, y en algunos casos habían conseguido derogar durante un breve tiempo el orden constitucional, reclamaran ahora atribuciones en la gestión de los asuntos comunitarios. También que volvieran a evocar las posibles consecuencias de una negativa a sus aspiraciones. Sumado a esto, es interesante subrayar que, si bien en el transcurso del bienio que siguió a la insurrección la organización perdió un volumen importante de militantes, los niveles de afiliación de 1936 no guardaban gran diferencia con los conseguidos con anterioridad. Luego estos mejorarían de forma muy sustancial tras el triunfo del FP, cuando en poblaciones como Barbastro se llegó a la altura del verano de 1936 a una cifra de más de 440 militantes 84.

Todo ello parece indicar que una lectura distinta y a ras de suelo de este nuevo episodio de «gimnasia revolucionaria» coloca algunas de sus manifestaciones dentro del marco de oportunidades abierto a raíz del proceso democratizador republicano más que en intentar «sustituir mediante sucesivas insurrecciones el sistema democrático por el comunismo libertario». En cualquier caso, una oposición neta entre el planteamiento revolucionario anarquista y «la lucha estrechamente sindical» quizás resulte en ocasiones poco explicativa 85.