Ayer 120/2020 (4): 283-308
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2020
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/120-2020-11
© Paola Lo Cascio
Recibido: 10-11-2017 | Aceptado: 24-04-2018
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

El pujolismo entre gestión y cultura política. Unas notas interpretativas (1980-2003)

Paola Lo Cascio

Universitat de Barcelona
paolalocascio@ub.edu

Resumen: Este artículo se propone ofrecer unas notas interpretativas, forzosamente sintéticas, de aquella experiencia política definida comúnmente como pujolismo. Es decir, de la cultura política que fue hegemónica electoralmente en Cataluña entre 1980 y 2003 y que se tradujo en una larga experiencia de gobierno al frente de las instituciones catalanas en el mismo periodo. Para abarcar una temática tan compleja y amplia se abordará el objeto de estudio a través de la selección de dos dinámicas consideradas especialmente significativas: la de la gestión y realización de algunas de las políticas de la Generalitat entre 1980 y 2003 y de la paralela evolución de la cultura política asociada a ellas.

Palabras clave: nacionalismo catalán, cultura política, Jordi Pujol, políticas públicas.

Abstract: This article offers some necessarily synthetic interpretative notes of the political experience commonly defined as pujolism. In other words, it examines the political culture that achieved electoral hegemony in Catalonia between 1980 and 2003 and governed Catalan institutions during this long period of time. In order to cover such a complex and broad subject, the study addresses two dynamics considered particularly significant: the management and implementation of some of the policies of the Generalitat between 1980 and 2003 and the parallel evolution of the political culture associated with them.

Keywords: Catalan nationalism, political culture, Jordi Pujol, public policies.

El pujolismo entre gestión y cultura política. Unas notas interpretativas (1980-2003)

Este artículo se propone ofrecer unas notas interpretativas, forzosamente sintéticas, de aquella experiencia política definida comúnmente como pujolismo, basadas en una lectura periodizada de dos de las dimensiones que caracterizaron el largo mandato del ex-president al frente de las instituciones. Una de ellas vinculada a los aspectos de gestión, tomando como ejemplo algunas de las políticas más significativas para rastrear el proyecto político y cultural planteado por el nacionalismo moderado: las políticas sociales, las políticas de ordenación del territorio, las políticas culturales y lingüísticas, así como los patrones de relación con las instituciones estatales y europeas. Y una segunda, en cambio, más ligada a la evolución y desarrollo de aquella que se llamará en estas páginas la cultura política del pujolismo 1, es decir, el acervo de convicciones y valores que acabaron conformando una parte de la propia cosmovisión —con respecto al quehacer político y también a la propia concepción del país— de un sector durante mucho tiempo hegemónico del catalanismo después del franquismo.

Si se siguen las dos dimensiones de análisis propuestas, al analizar la literatura científica aparece un panorama extremadamente diversificado. Para lo que atañe a la primera dimensión, hay que reseñar que, frente a algunos pocos estudios de conjunto, se puede contar con una amplia literatura dedicada a los diferentes ámbitos de las políticas públicas, procedente tanto de la historiografía como más en general de las ciencias sociales 2.

Para lo que atañe a la segunda dimensión, revisando la literatura aparecen algunas criticidades que vale la pena destacar. En primer lugar el espacio que ha ocupado la figura de Jordi Pujol, en su dimensión biográfico-política 3. Los límites de un planteamiento —casi siempre de procedencia periodística—, todo jugado sobre la dimensión personal del otrora president, ya se apreciaron en el pasado, con alguna notable excepción 4. Y se hicieron evidentes al estallar el llamado «caso Pujol» en 2014: se han multiplicado las contribuciones sobre su figura, pero en gran parte se trata de obras muy deudoras de la curiosidad inmediata de la opinión pública. Por otra parte, también los estudios sobre CDC —y después CiU—, así como sobre el personal político que alimentó su clase dirigente, brindan elementos decisivos para la comprensión, pero tocan de manera tangencial la especialísima relación que hubo entre la hegemonía del nacionalismo moderado y la germinación de un humus político-cultural concreto que fue bastante más allá de las fronteras estrictamente partidistas. Algunas contribuciones desde las ciencias sociales ayudan a una visión más global, con marcos teóricos de mucho interés 5.

Las aportaciones que se han acercado de manera más concreta al objeto de estudio de estas páginas tienen la característica de ser o bien muy tempranas —cuando el concepto de pujolismo no podía ser poca cosa más que una (genial) intuición—, o bien muy recientes pero insertadas en un marco interpretativo que solo ha tenido en cuenta la dimensión «cultural», situándola en un análisis de más largo recorrido 6 o centradas en los momentos anteriores a su llegada al poder 7.

El pujolismo antes del pujolismo

Siempre se ha afirmado que Jordi Pujol ganó las primeras elecciones al Parlament en la primavera de 1980 «por sorpresa», en un contexto político electoral de la Cataluña de la Transición, en la cual las fuerzas de la izquierda —tanto socialista como comunista— se habían revelado hasta aquel momento como claramente hegemónicas. Sin embargo, para entender la situación que lo hizo posible hay que remontarse en el pasado, para ver la manera y el contexto en el cual emergió y se consolidó el liderazgo de Jordi Pujol a lo largo de la última década y media de la dictadura.

Durante el franquismo, el catalanismo político en el interior del país, después de una fase de resistencia en una situación de represión durísima que se tradujo en unas expresiones siempre vivas pero con características de testimonialidad 8, empezó una fase de reconfiguración y consolidación a partir de los años sesenta. Lo hizo sobre todo en torno a dos polaridades sociales, políticas, culturales 9 e ideológicas distintas que en los años de la transición acabaron confluyendo en torno a algunos objetivos básicos compartidos, y cuya confluencia justamente explica la fuerza de la reivindicación del autogobierno como hecho diferencial de la oposición antifranquista en Cataluña.

A grandes rasgos, se puede decir que la primera polaridad se reconstruyó en torno al movimiento obrero y vecinal y tuvo su traducción política en el PSUC 10 y más adelante —y con características diferentes— en una parte de las muchas familias del socialismo catalán.

Una segunda polaridad ahondaría sus raíces en la experiencia de los grupos católicos. Para muchos de ellos todo empezaría en 1947 con las movilizaciones para la entronización de la Mare de Déu de Montserrat, consolidándose a partir del final de los años cincuenta en torno a unos grupos informales fundamentalmente de extracción burgués 11. Los más importantes fueron el grupo Torras i Bages y, después, el grupo Crist-Catalunya —bajo la influencia cultural de Raimon Galí y del abad Escarré—, por el cual pasaron muchos de los que acabaron siendo dirigentes de formaciones antifranquistas de diferente orientación. En general se trataba de jóvenes muy bien formados —a menudo conocedores de las grandes corrientes de pensamiento internacional, decididamente europeístas— 12, críticos con muchos aspectos de lo que había representado el catalanismo republicano, y que planteaban su oposición a la dictadura en términos casi más éticos que políticos. Entre ellos se encontraba un joven y dinámico Jordi Pujol.

Aquella presencia embrionaria y pre-política experimentaría un salto de calidad con la campaña en contra del director de La Vanguardia Española en 1959, y al año siguiente con los llamados Fets del Palau. Jordi Pujol resultó detenido y juzgado por aquellos hechos y fue en ese momento cuando comenzaría la construcción de su personaje público. Había una operación políticamente consciente en ello 13, en buena medida pensada y ejecutada por el antiguo militante de Unió Democràtica, Josep Benet 14, con dos objetivos: facilitar la aparición de un liderazgo que pudiera conectar con las nuevas generaciones no ancladas en los recuerdos republicanos y proyectar como una de las fuerzas activas del antifranquismo el catalanismo católico de raíz burgués para decantar una parte de aquella misma burguesía hacia posiciones críticas hacia la dictadura y para compensar la hegemonía opositora del movimiento obrero 15.

Efectivamente, el juicio —en el cual Jordi Pujol reivindicó el protagonismo de las nuevas generaciones— se acabó volviendo en contra de las autoridades y acabó de fraguar «el mito Pujol» —son de aquella época las pintadas «Pujol=Catalunya» 16 que aparecieron espontáneamente en diferentes lugares de la geografía catalana—, a la vez que nacía una suerte de pujolismo embrionario, si con ello se quiere entender un líquido pero significativo coágulo de nuevas actitudes de sectores burgueses catalanes incipientemente disconformes con el régimen 17.

Este pujolismo, a lo largo de todos los años sesenta, además de ver la circulación de los primeros textos teóricos del propio dirigente —publicados más tarde y algunos de ellos dedicados a la inmigración, un tanto polémicos— 18, tuvo en particular dos ámbitos de actuación, ambos de carácter pre-político, que conformaron aquella estrategia que se denominó de fer país. Uno se refería a la economía, y su realización más evidente fue la fundación de Banca Catalana 19. Y un segundo ámbito está constituido por las políticas culturales informales, que iba desde la creación de plataformas como Òmnium Cultural a la realización de cursos de catalán, y la creación de centros de estudios —como por ejemplo el Centre d’Informació, Recerca i Promocions (CIRP)— 20, editoriales o publicaciones. Hay que prestar atención al concepto de red: en una situación en la cual todavía no se había dado el salto a la política, el pujolismo se sustanciaba en una amplia vertebración de voluntades, intereses e instrumentos que justamente por sus características pre-políticas en ese momento eran capaces de actuar de interlocutores —con modalidades oscilantes entre la competencia, la colaboración y la influencia mutua—, con un variado abanico de sujetos, algunos de ellos claramente lejanos de la procedencia social e ideológica del catalanismo burgués. Esto en parte puede ayudar a explicar cómo el pujolismo superó desde el principio sus propias bases naturales para devenir en un elemento del panorama del antifranquismo en Cataluña.

En el último tramo de la dictadura, cuando en Cataluña los movimientos antifranquistas —y en especial el obrero y el vecinal— 21 consiguieron implicar cada vez a más sectores de la población y cuando se hacía evidente la llegada de una nueva fase, las dinámicas de relación entre el pujolismo difuso y líquido de la década anterior y el resto de opciones antifranquistas, en concreto de la izquierda aunque se mantuvieran algunos espacios de colaboración, viraron inevitablemente hacia la competencia, como se demostró en la difícil relación con la Assemblea de Catalunya 22. En el paso a la política —cuando finalmente en 1974 se fundó CDC, significativamente en Montserrat—, el pujolismo se planteó una actitud de relación con el sistema político en su conjunto (instituciones, partidos, movimientos) que pivotaba sobre dos pilares. El primero, la conciencia de ser un actor político que podía contar con unos cuadros de buena formación y con una red de contactos importantes en los sectores de la burguesía catalana, pero con una escasa fuerza en términos de capacidad de movilización. Y, el segundo, la necesidad de situarse en una buena posición negociadora intentando abarcar el máximo del espectro de los interlocutores. De otra manera no se explicaría la atención dedicada por el mismo Pujol a aparecer como una alternativa consolidada ya en abril de 1975 en ocasión del ciclo de conferencias Les terceres Vies a Europa 23, o bien la insistencia en desplazar el grueso de la actividad de la oposición (y así su legitimidad negociadora) de la Assemblea de Catalunya al recién creado Consell de Forces Polítiques (integrado tan solo por partidos y no por movimientos). Tampoco se explicarían los tempranos contactos con Tarradellas —con el cual siempre tuvo una relación difícil, aunque con posterioridad fuera uno de los consejeros sin cartera de la Generalitat preautonómica— o la participación de Miquel Roca (y no de Pujol) como orador en la primera manifestación legal del 11 de septiembre, en 1976. En la misma línea se tiene que leer la posición tibia con respecto al intento de impugnación que hizo el grueso de la oposición con respecto a la Ley de la Reforma Política, o su determinación en participar en la Comisión de los Nueve, o la negativa en integrarse en la candidatura unitaria de la oposición —la llamada Entesa dels Catalans— al Senado en las elecciones de 1977.

A las puertas del 15-J el pujolismo intentaba diferenciarse del grueso de la oposición catalana sin rescindir el cordón umbilical con ella. La estrategia dio sus frutos: mientras las urnas arrojaban una modesta tercera posición a la candidatura del Pacte Democràtic per Catalunya (que la convertía numéricamente en una —y no la más fuerte— 24 de las voces del catalanismo, pero que había conseguido atraer una parte del socialismo catalán, el de matriz anticomunista y nacionalista, otrora liderado por el recién desaparecido Josep Pallach), Pujol conseguía afianzarse como uno de los negociadores. La presencia de Miquel Roca en la ponencia redactora de la Constitución reforzaría este planteamiento, proyectando la influencia institucional que iba más allá de los límites aritméticos de su presencia parlamentaria. Esta estrategia lo situaba en una posición antifranquista pero centrista (o ecléctica ideológicamente) 25, ofreciéndose a la vez como palanca de una modernización que no pusiera en duda los equilibrios sociales y, desde un punto de vista político-electoral, como dique a la presencia de la izquierda en Cataluña 26.

La maduración completa de la estrategia se daría finalmente entre 1978 y 1979: por un lado, Convergència ligaba sus destinos a una coalición con los demócrata-cristianos de UDC en 1978, reforzando su perfil conservador; por el otro, al año siguiente, ya como coalición CiU, participaba en las elecciones municipales —cosechando resultados importantes en territorio no metropolitano— y, después de las elecciones generales, prestaba sus votos para la investidura del último gabinete de Suárez. En esta coyuntura se puede encontrar una parte de la explicación del éxito del pujolismo en los años posteriores a 1980: mientras consolidaba sus bases procedentes del nacionalismo burgués antifranquista, afianzaba su presencia en los sectores conservadores que muy pronto se encontrarían huérfanos de la propuesta suarista. Fue un proceso en varias etapas, que en 1980 solo empezó, y que se debió no solo a una colocación abstracta diferente en el tablero, sino a una obra de captación de cuadros y dirigentes ucedistas —o, a veces, directamente procedentes del régimen— 27 en el territorio, sobre todo en la demarcación de Tarragona.

El pujolismo político que se presentó a las elecciones de 1980 era una opción que había nacido de la oposición antifranquista aglutinando los sectores de la burguesía catalanista, con perfil propio y proyección institucional por encima de sus modestos resultados electorales, que se había recolocado en el sistema como opción de moderación sin perder una cierta indefinición ideológica. Y que, sin embargo, disponía de un liderazgo claro a la hora de disputar unos comicios que tenían un claro tinte presidencialista.

La primera legislatura: de la victoria por sorpresa a la consolidación. Iniciativa, concertación y cambio de marco

«Hay en Cataluña esta noche dos hombres que no duermen: uno por miedo de no ser president, otro por el miedo de serlo». Esta frase —atribuida a Tarradellas— aludía a Jordi Pujol, que había dirigido una campaña electoral explícitamente presidencialista, utilizando en cierta manera aquella ecuación que había acompañado el comienzo de su andadura política: «Pujol=Catalunya», y a Joan Reventós, candidato socialista, dado por ganador a la luz de los resultados electorales anteriores. Sin embargo, los resultados habían puesto patas arriba las previsiones.

Dos elementos sobresalían de manera clara: una menor participación (que se repetiría en el caso de las autonómicas el futuro) y un significativo movimiento del electorado hacia posiciones moderadas o conservadoras que acabarían otorgando cuarenta y tres diputados a la formación pujolista por delante de los dos grandes partidos de izquierda (el PSC con treinta y tres y el PSUC con veinticinco). Entre las razones que ayudan a explicar estos cambios cabe mencionar la reticencia de una parte del electorado metropolitano (fundamentalmente socialista) a participar en unas elecciones catalanas y, en cambio, la movilización de un electorado moderado, ayudado por unas organizaciones patronales que intervinieron en la campaña.

Cuadro resumen de resultados electorales Parlament de Catalunya, 1980-2003

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Parlament de Catalunya: www.parlament.cat.

* En todas las circunscripciones el PSC se presentó junto a la plataforma Ciutadans pel Canvi, en las de Tarragona, Lleida y Girona también con ICV.

En 1980 el pujolismo había cuajado en sectores significativos de la sociedad catalana a la vez como propuesta genuinamente nacionalista y como el instrumento útil para frenar el avance de las izquierdas. La extraña mayoría con la cual gobernaría —ERC y UCD— lo confirmaba: por un lado, la dimensión nacionalista 28; por otro, la conservadora y moderada. Así se dotaba de una centralidad que aprovecharía de manera espectacular los años de la primera legislatura para consolidarse y transmutarse en hegemonía, sobre la base de dos principios que guiaron el gobierno de Pujol en sus primeros cuatro años de existencia: la concertación con las otras fuerzas políticas 29, y, al mismo tiempo, la capacidad de mantener siempre la iniciativa.

Por lo que se refiere a la acción de gobierno, un ejemplo especialmente válido y transcendente de concertación es el representado por la gestión del largo trámite que llevó a la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística a Catalunya en 1983 30. Cabe decir que la regulación de los usos lingüísticos no solo fue una de las prioridades claras del nuevo gabinete, sino que era una reivindicación extremadamente mayoritaria en el espectro político catalán, la pieza considerada clave en la reconstrucción de los propios cimientos del autogobierno. Seguramente el elemento de más fricción entre los diferentes grupos políticos fue representado por la regulación de los usos lingüísticos en la educación: frente a un gobierno nacionalista (respaldado por ERC y UCD) que planteaba la construcción de una doble red escolar —una en catalán y otra en castellano—, los partidos de la izquierda catalana se mantuvieron firmes en la defensa de una única red, en catalán, que alejara el fantasma de la consolidación de comunidades separadas por lengua. Frente al bloqueo, el gobierno decidió desestimar su propuesta y abrazar la de la izquierda, para lograr ensanchar el perímetro del consenso: al final, la ley se aprobó sin ningún voto en contra. Lejos de representar un elemento de debilidad, cuanto había sucedido acabó por fortalecer al ejecutivo que —aunque fuera dejando de lado sus postulados iniciales— había sido capaz de tejer un consenso extremadamente amplio sobre un tema considerado clave por la ciudadanía. Buena prueba de ello es la capitalización política que supo hacer: hoy en día muy pocos recuerdan que el modelo lingüístico-escolar catalán no fue propiciado por el gobierno Pujol, sino que este se añadió e hizo suya una propuesta que procedía de las izquierdas catalanas.

También hay que mencionar la construcción de los medios de comunicación autonómicos: la ley de la CCRTV 31 resultó aprobada por unanimidad, pero fue resultado de un trámite en el cual el ejecutivo siempre llevó la batuta y se completó con una acción ejecutiva que concretó de manera muy acelerada el modelo de radio y televisión querido por el gobierno nacionalista, empezando a emitir la radio y la televisión autonómicas catalanas en 1982 y en 1983 respectivamente (la televisión de manera todavía a-legal). Tal determinación no se debió solo al interés de disponer de medios afines en vista de las elecciones de 1984, ni a la voluntad de poner en marcha una herramienta formidable de normalización lingüística. El proyecto de TV3, confiado al experiodista de El País Alfons Quintà y controlado por el mismo Pujol muy de cerca, tenía el objetivo de crear una televisión equiparable a cualquier otra televisión estatal del entorno, por enfoque, calidad y cantidad de programas, incluso por recursos invertidos 32. En definitiva, una televisión «normal» que, en el momento en que quería proyectar una cosmovisión codificada como nacional, fuera capaz de competir por una audiencia no necesariamente motivada por razones lingüísticas.

Pero la concertación y la iniciativa caracterizaron también la evolución de la cultura política del pujolismo entre 1980 y 1984. En época de hegemonía cultural de las izquierdas, el pujolismo rechazó siempre identificarse como opción conservadora. Por otra parte, la capacidad de iniciativa delante de unas coyunturas decisivas marcó la diferencia. La rápida respuesta frente al intento de golpe de Estado de 1981, así como de la pérdida de autonomía del socialismo catalán ante el PSOE a raíz de la LOAPA y el naufragio del PSUC a partir de su V Congreso en 1981, dejaron mucho espacio a una CiU que lo supo aprovechar: mientras aceptaba una hegemonía izquierdista en el área metropolitana de Barcelona y se afianzaba en lo que los catalanes llaman el rerepaís —las zonas no urbanas en donde CiU tocaba porcentajes de por encima del 70 por 100—, se convertía en el actor decisivo del sistema autonómico catalán. Lo hacía de la mano de un líder carismático, capaz de plantear una identificación entre su propuesta política —e incluso, de manera más que controvertida como en el caso del afer Banca Catalana, su propia persona— y las instituciones catalanas. El pujolismo cada vez más se consolidaba en el imaginario de sectores mayoritarios de la sociedad catalana como corriente central del autogobierno, de la autonomía, en definitiva, de Cataluña.

Los años de la plenitud (1984-1995)

Es difícil reseñar las características principales de un tan largo y denso lapso de tiempo. Sin embargo, habría que considerarlo un solo ciclo político: el de la consolidación, plenitud y desarrollo máximo de la hegemonía pujolista.

Desde un punto de vista de la gestión gubernamental, la clara ventaja parlamentaria no implicó automáticamente que los gabinetes presididos por Pujol rechazaran el diálogo con las fuerzas políticas de la oposición, pero sí que plantearon siempre la posible colaboración desde una posición de fuerza.

Los ejemplos son muchos, algunos especialmente significativos. En el caso del modelo sanitario, las líneas de actuación se concretaron en la construcción de un sistema de prestación pública, pero de provisión mixta, en el cual el instrumento de la concertación tuvo un papel destacado. La opción respondió a diferentes factores, algunos prácticos (la falta endémica de estructuras sanitarias públicas) y otros fruto de una opción clara en pos de una limitación de la presencia de lo público, aunque CiU supo atraer en diferentes etapas a los partidos de la izquierda 33. En buena parte el consenso con estas fuerzas se había construido en estos temas fuera del aula del Parlament, en los consorcios sanitarios que la Generalitat había creado junto a diferentes municipios, la mayoría de ellos gobernados por la izquierda 34.

En el caso de las políticas educativas, la actuación mediadora que habían desarrollado los parlamentarios nacionalistas en las Cortes en el agrio debate de la LODE entre 1984 y 1985 35 había dado como resultado unas «reservas autonómicas» que habían posibilitado el desarrollo de políticas autónomas centradas en dos prioridades: la construcción de una escuela catalana en lengua y contenidos y el mantenimiento de un equilibrio entre escuela pública y concertada 36. Sin embargo, la característica principal del modelo acabaría siendo la precariedad de la garantía del acceso en igualdad de condiciones. No solo por las «trampas» en el uso del sistema que el propio Pujol reconocería que se habían producido 37, sino porque este siempre dependió de una decisión reglamentaria del ejecutivo 38.

El ejemplo paradigmático, en cambio, de la capacidad de imponer un modelo sin buscar espacio de consenso en caso de discrepancia con la oposición es representado sin duda por la ordenación territorial interna. Entre 1986 y 1987 se aprobaron las cuatro leyes fundamentales en este ámbito 39, sin contar en ningún momento con la participación de la oposición. El modelo resultante menoscababa el hecho metropolitano —feudo de las izquierdas—, en favor de una sobrerrepresentación de las zonas rurales a través de la construcción de los entes comarcales.

En la aprobación del modelo territorial se revelaba toda una visión del país que reposaba en una valorización del conjunto del territorio. Esto no significaba minusvalorar el papel de las ciudades —y en concreto de las áreas metropolitanas—, pero sí descartar que tuvieran que tener una centralidad en la vertebración de las estructuras de poderes y de los imaginarios —y, por consiguiente a las identidades— a ellos asociados 40. Frente a una cosmovisión metropolitana que en esos mismos años se afirmaba de la mano de la Barcelona olímpica, el pujolismo oponía una visión integral de Cataluña, que hacía convivir un perfil ligado a la modernidad, a la prosperidad económica y a su destacado europeísmo, con elementos más propios de un nacionalismo clásico como la lengua, la cultura, el apego al territorio y a las tradiciones 41. En este marco se tiene que insertar el extremo dinamismo pujolista en el movimiento regionalista europeo, así como las múltiples actividades de promoción y networking internacionales. Según el razonamiento pujolista, Cataluña era —poco importaba si la burocracia europea se obstinaba a comprimirla en la categoría de «región»— un país de Europa. Quizás no tenía todas las competencias de un Estado, pero gozaba tanto a nivel interno (una lengua, un modelo de políticas sociales propios, un sistema de medios...), como a nivel externo (presencia en foros internacionales, un referente institucional visible y bien conectado) de muchas de las prerrogativas de las que disponen los Estados. Y, sin duda, disponía de herramientas que permitían dibujar un horizonte interpretado como nacional, como mínimo para unos sectores consistentes de la ciudadanía. Para el resto (los que seguirían votando a la oposición o los que simplemente no votaban en elecciones autonómicas), el horizonte nacional proyectado era asertivo pero capaz de convivir con otros; a veces sobreponiéndose, a veces simplemente separándose, sin que ello entrañara un conflicto apreciable 42.

Todo ello lleva también a hacer una reflexión en torno al cómo se planteó la relación con las instituciones estatales. Dentro del marco compartido de identificación de CiU como legítima representación en Madrid de los intereses catalanes, a lo largo del tiempo se confrontaron en la federación nacionalista dos tendencias: una más proclive a corresponsabilizarse de las políticas estatales, y otra más orientada a una implicación más puntual, siempre condicionada a la situación política catalana. Durante tiempo —la etapa transitiva, la época de las mayorías absolutas socialistas— pudieron convivir de manera sustancialmente armónica, ya que, pese a las diferencias, la traducción operativa de las dos visiones convergía desde un punto de vista estratégico. La tendencia colaborativa, representada por Miquel Roca, tuvo su eclosión 1986, cuando este impulsó la construcción del PRD y su (definitivamente desastrosa) participación en las elecciones legislativas de ese año. En esa coyuntura fue significativa la actitud de Pujol: no entorpeció la iniciativa, pero nunca invirtió políticamente en ella. Los resultados de aquellos comicios parecieron dar la razón al president de la Generalitat: mientras el PRD en el conjunto de España no conseguía elegir ni un representante, aquellas elecciones a Cortes para CiU en Cataluña significaron su mejor marca desde siempre: dieciocho diputados.

La definitiva colisión entre las dos líneas se verificaría en 1993, cuando Felipe González —en minoría— planteó la entrada de los nacionalistas catalanes en un gobierno de coalición. Roca, partidario de dar el paso, fue ampliamente derrotado en el consejo nacional del partido. No se trató de un debate más: significó la definitiva renuncia del pujolismo a corresponsabilizarse plenamente de los asuntos de la política española.

La cuestión no es baladí en la definición de la cultura política del pujolismo en el momento de su máxima hegemonía. Por una razón ideológica: marcaba una discontinuidad importante con las culturas políticas del catalanismo hegemónicas en el pasado. Tanto la Lliga en la Restauración como ERC durante la República habían participado activamente en los gobiernos estatales, asumiendo querer tener un proyecto para Cataluña, pero también —quizás más difuso, pero presente— uno para España. Y por una razón «funcional»: en los años noventa se podía dar ya por completado su proyecto institucional, encarnado en una autonomía dotada de atributos diferenciales claros, además de una dimensión simbólica y cultural harto poderosa.

En su apogeo, la Cataluña pujolista es una suerte de casi-Estado que convive (de manera más o menos conflictiva) con otros niveles de gobierno y otros referentes simbólicos. Defiende de manera fuerte sus prerrogativas, pero nunca aspira a la consecución de más margen de actuación política. Quizás este último elemento esté a la base de su éxito en la fase de la consolidación del autogobierno derivado del complejo institucional de 1978, pero también de sus límites. El desgaste y acentuación en sentido conservador del proyecto pujolista y la combinación de su renuncia a un planteamiento institucional más amplio con la llegada al gobierno en 1996 de un Partido Popular decidido a «cerrar» el modelo autonómico hicieron estallar todas sus contradicciones.

Una parábola descendiente: de la pérdida de la mayoría absoluta a la sucesión (1995-2003)

La entrada en la «parábola descendente» del pujolismo tuvo su epifanía con la pérdida de la mayoría absoluta de CiU en noviembre de 1995. Sin embargo, las raíces del cambio de fase deberían colocarse un poco antes de esa fecha.

En la dimensión de la gestión, algunos pródromos de un cierto agotamiento se pueden rastrear fácilmente en la posición de subalternidad que demostró con relación al debate sobre la corresponsabilidad fiscal (la cesión del llamado «tramo autonómico» del IRPF). Se habló de un «pago» que hizo el último gobierno González al apoyo de los diputados nacionalistas catalanes, pero la propuesta en realidad procedía del PSC. El pujolismo, en definitiva, solo se sumó 43, demostrando haber perdido la iniciativa en una cuestión clave para el autogobierno como era la fiscalidad. Pero en general se puede hablar de una progresiva pérdida de iniciativa política, limitándose al «perfeccionamiento» de un modelo ya establecido, a menudo en sentido explícitamente conservador.

Esta pérdida de centralidad —que implicó una cierta minoración de la capacidad del pujolismo de ser una corriente política catch-all, con ambición de exclusividad— afectaría también su política de alianzas. El pacto del Majestic en 1996 —que había despertado ciertos recelos en el interior de la propia Convergència, superados gracias a la implicación directa de Pujol— 44 significó una clara visualización del tránsito marcado hacia posiciones conservadoras y reveló un cambio de paradigma en la propia percepción de la función de CiU. En el pacto se detallaría toda una serie de previsiones en materias que (aun teniendo mayoría absoluta) CiU había mantenido hasta el momento en la esfera de la política unitaria, como la financiación o la reivindicación de cesión de competencias: de ser cuestiones «de país» pasaban a ser cuestiones partidistas. Más allá de la efectividad del pacto (muchas de sus cláusulas nunca se llegaron a cumplir), ese cambio dejaría espacio para que otros paradigmas de mejora del autogobierno se afirmaran paulatinamente. El embrión del consenso en favor de una reforma del Estatut por las fuerzas que darían vida al tripartito empezó a fraguarse en este momento 45.

En el ámbito de la cultura política, el comienzo del ocaso de la etapa dorada del pujolismo fue quizás aún más profundo. Entre 1995 y 1999, la producción teórica de Jordi Pujol se centró en la valoración positiva de las ya dos décadas pasadas desde la Transición y en una genérica reivindicación de mejora del autogobierno. Sin embargo, seguía el rechazo a un cambio estatutario e aún más un cambio constitucional. Todo se derivaría de la capacidad de CiU de influenciar la gobernabilidad estatal y del control de las instituciones de la Generalitat: unas modalidades de acción que menoscababan la dimensión institucional en favor de la partidista.

Así, el pujolismo, a finales de los noventa, después de cinco años de relativas dificultades había empezado su ocaso por tres razones de peso. En primer lugar, por haber minusvalorado el hecho de que los dos pilares que habían marcado su hegemonía —su fortaleza en Barcelona y su indispensabilidad en Madrid— se habían debilitado irremediablemente. En segundo lugar, por la aparición de una alternativa electoral y política solvente encarnada por Pasqual Maragall, que había anunciado su candidatura. Y, por último, porque, aunque fuera a su pesar, con sesenta y nueve años el dirigente indiscutido empezaba a pensar en su sucesión.

Las elecciones de 1999 fueron un aviso importante: una victoria amarga para el pujolismo, posible solo gracias a las características del sistema electoral. CiU había quedado por delante en número de escaños, pero la candidatura de Pasqual Maragall había ganado en votos, y era el verdadero vencedor moral de aquella convocatoria.

Esos resultados influyeron en la decisión de Pujol de acelerar los trámites para su sucesión. Interpretó que el tiempo que había conquistado en las urnas —un último mandato— debía ser empleado para asegurar la continuidad del modelo de gestión construido en las décadas anteriores y para dejar un liderazgo al frente de su partido capaz de mantener una cierta hegemonía de su espacio político.

Para ello consideró que la condición indispensable era dotar a la legislatura del máximo de estabilidad posible, costara lo que costara. De esta forma se explica la enorme lentitud con la cual se dispuso a trabar los pactos parlamentarios que garantizarían su investidura. Con cincuenta y seis escaños, tenía por delante dos opciones bien distintas: una posible innovación como la que representaría la de un pacto con ERC —que le pedían con fuerza una parte influyente de los intelectuales nacionalistas— 46, o bien la repetición de un pacto con el PP. Simplemente cogió tiempo hasta las elecciones generales de la primavera de 2000.

Tanto fue así que se puede decir que la última legislatura de Pujol fue extremadamente pobre en términos de iniciativa política. Con una oposición parlamentaria cada vez más activa, dejó que se constituyera una comisión de expertos para el estudio del sistema de organización territorial, presidida por Miquel Roca 47, que entregó su informe al final de 2000. Documento completo, técnica y políticamente sólido, podía ser compartido por una amplia mayoría parlamentaria. Por su potencial alterador de los equilibrios territoriales favorables a CiU, sin embargo, se guardó rápidamente en un cajón.

Y con la mayoría absoluta del PP se acabaría la capacidad de influir en la política estatal, y se volvía a abrir el melón de las alianzas en Barcelona 48. Al final, y a pesar de algún que otro malestar interno 49, Pujol haría lo que siempre había hecho, es decir, decidir en plena autonomía: rechazaba la colaboración con ERC y optaba —comprometiéndose a no tocar el estatuto— por un pacto con el PP que garantizaba tranquilidad para concretar la sucesión.

En este marco se afirmaría finalmente un grupo dirigente nacionalista joven —los nietos—, de orientación claramente liberal, formados más en las tareas de gobierno que en la militancia de partido: Quico Homs, Germà Gordó, David Madí, Quim Forn y Lluís Corominas, todos avalados por Felip Puig y cuyo centro neurálgico de conexión era Oriol Pujol Ferrusola, que muchos indicaban como el verdadero sucesor en el medio plazo. En la cúspide del grupo, ungido como conseller en cap, Artur Mas, un dirigente cuya legitimidad se derivaba de haber desarrollado su carrera política (empezada en el Ayuntamiento de Barcelona en 1987) lejos de las distintas familias del partido. La sucesión se había llevado a termino dentro de los cauces tradicionales del pujolismo, en la medida en que no hubo apenas debate orgánico o ideológico. El objetivo fundamental era asegurar el legado de una experiencia de gobierno que ya, después de veintitrés años, había adquirido caracteres de «naturalidad» en el marco político catalán. Quizás sea por ello por lo que, al volver CiU a ganar las elecciones autonómicas de 2003 pero sin conseguir trabar una mayoría parlamentaria capaz de garantizar su investidura, no solo Mas, sino todo el grupo dirigente de CiU vivió ese hecho como una especie de calamidad natural 50.

Un balance y algunos apuntes para el debate

Queda por hacer un balance provisional y apuntar algunas cuestiones para un posible debate. En el catálogo de los elementos de gestión —y, más en general, de innovación institucional—, el legado del pujolismo es sumamente consistente: los aspectos centrales de ello no han sido cuestionados por la permanencia en el gobierno durante dos legislaturas de coaliciones catalanistas y de izquierdas. El «modelo catalán» construido durante más de dos décadas (que contó en ámbitos importantes con la participación del conjunto de las fuerzas políticas catalanas) es sin duda un modelo con perfil propio, que goza de unas fortalezas indiscutibles (sobre todo en ámbito cultural y lingüístico, en donde el consenso ha seguido siendo muy amplio); algunas debilidades debidas en especial a los sistemas territoriales y educativos —el primero por su impugnabilidad, el segundo por no saber asegurar la reducción de las desigualdades—, y un cierto grado de dependencia de las mayorías políticas, como en el caso del sistema sanitario, cuya decantación hacia un modelo clásico de servicio público o de privatización ha evolucionado según el color político del gobierno en el cargo 51.

Por lo que se refiere al legado en términos de cultura política, cabe destacar el mantenimiento de la dependencia de un liderazgo fuerte (a pesar de los límites de Mas) y de un reivindicado eclecticismo ideológico que a la hora de la verdad se ha deslizado a lo largo del tiempo, asentándose en posiciones claramente conservadoras. Por otra parte, otros tres elementos parecen dignos de ser mencionados.

En primer lugar, el pujolismo legaba un nacionalismo conservador mayoritario para el cual la dimensión partidaria era solo una, y no la más importante, forma de su desarrollo. A pesar de la importancia que CDC tuvo en el control del territorio y en la organización de la militancia, en la vida del partido a lo largo de su existencia nunca se vivieron debates estratégicos relevantes, ni el partido fue el vector a través del cual se construyeron los liderazgos más importantes, siendo siempre la autoridad del mismo Pujol el elemento de más peso. Esta debilidad marcaría la dificultad evidente con la cual CDC enfrentó las dinámicas de renovación.

En segundo lugar, el pujolismo codificó y practicó una relación en cierta manera distante con respecto a la política estatal, a pesar de los tópicos sobre su participación en la gobernabilidad en Madrid. Se han recordado las diferentes circunstancias. Pero con una constante: Pujol nunca quiso plantearse la participación en un gobierno de coalición. Elemento que representa una innovación profunda del pujolismo en tanto que corriente central del nacionalismo catalán. Y hay que preguntarse por sus razones y también por sus consecuencias. Pesó la formación del propio Pujol, que desde siempre consideró negativamente la experiencia de la Segunda República, quería quedarse lejos del patriotismo republicano de la ERC y a la vez lejos de cualquier posible identificación con la figura de Francesc Cambó. En más de una ocasión, el mismo expresidente de la Generalitat evocó en cambio como referente a Enric Prat de la Riba 52, el primero y más importante dirigente político del catalanismo que adoptó la idea de construir «estructuras de estado», plasmadas en la Mancomunitat de Catalunya 53. En cierta manera, pues, Pujol explotó al máximo las posibilidades ofrecidas por el sistema autonómico de la Constitución de 1978, con el objetivo de dotar las instituciones catalanas de perfil propio, administrativa y simbólicamente. Una visión fundamentada en dos pilares bien reconocibles: la defensa de la identidad, la cultura y la lengua catalanas y, a la vez, la originalidad y modernidad de las políticas adoptadas. El paradigma de todo ello podría ser representado por el proyecto de los medios de comunicación autonómicos en tanto que síntesis de una afirmación cultural e identitaria inequívoca, a la vez que de experiencia de innovación 54. El resultado de este planteamiento ha sido una experiencia política capaz de ejercer lo que ha sido definido con acierto como un catalanismo banal 55, siguiendo las sugestiones introducidas por Billig en el caso de los Estados 56.

Queda por preguntarse —y con ello, evidentemente, dejar abierto el debate— a cerca de la evolución que ha experimentado la cultura política del pujolismo, ahora claramente situada en la apuesta independentista. Desde la politología se han formulado algunas hipótesis sugerentes, cruzando la experiencia frustrada de la reforma estatutaria y la presión de un entorno más decantado hacia posiciones rupturistas 57. Sin embargo, a ellos parecen tener que añadirse algunos elementos más, que van de los efectos «populizadores» 58 de la crisis económica a la necesidad de la competencia política y electoral con una fuerza independentista como ERC en el ámbito del nacionalismo, a la efectividad del «catalanismo banal» y su repercusión sobre la propia formación y a la óptica de las nuevas generaciones, tanto en términos de dirigentes o de cuadros como, en definitiva, de los electores, y no solo de los del espacio convergente.

Sea como fuera, después de las declaraciones de 2014, a cualquier evolución de la cultura política del pujolismo, en sus términos partidistas o bien difusos en el conjunto de la cultura política del nacionalismo catalán, le resulta imposible llamarse con su nombre justamente por la ruptura de la legitimidad que había presidido el nacimiento de esa corriente política, construida en torno a la contraposición a la corrupción del régimen franquista 59. Aunque quizás se dé la paradoja que, aún sin mencionarlo, el pujolismo, en cierta forma esté ahora más vivo que nunca.