Ayer 120/2020 (4): 257-282
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2020
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/120-2020-10
© Carme Molinero
Recibido: 13-03-2019 | Aceptado: 22-07-2019
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Empresarios a la búsqueda de partido: las conflictivas relaciones entre la CEOE y el Gobierno de Suárez *

Carme Molinero

Universitat Autònoma de Barcelona/CEDID
carme.Molinero@uab.cat

Resumen: Tras las elecciones de junio de 1977 el escenario político generó inquietud entre la cúpula empresarial en fase de organización. El Gobierno de Adolfo Suárez apostó por políticas reformistas de potencial calado para poner las bases de la salida de la crisis económica y dar estabilidad a la naciente democracia. Los dirigentes representativos de los grandes intereses económicos combatieron algunas de las reformas, rechazando la acción gubernamental en el ámbito económico. Este artículo aborda algunos de los puntos más conflictivos en la relación entre la CEOE y el Gobierno de UCD, así como la intervención directamente política de la organización empresarial que contribuyó a la dimisión de Adolfo Suárez.

Palabras clave: empresarios, CEOE, transición, democracia, UCD.

Abstract: After elections in June of 1977, the political ambiance generated concern among business leaders who, at the time, were organising themselves into a common political interest group. The government of Adolfo Suárez implemented reformist policies intended to establish a foundation from which to overcome the economic crisis and to lend stability to the nascent democracy. Leaders representing large-scale economic interests opposed some of the reforms, rejecting government intervention in the economy. This article addresses some of the most controversial points in the relationship between the CEOE and the UCD government. In addition, it analyses how big business intervened directly in politics, and, by so doing, contributed to the resignation of Adolfo Suárez.

Keywords: business owners, CEOE, transition, democracy, UCD.

El año de 1975 fue el de menor crecimiento económico desde 1960. Las perspectivas empresariales eran muy reducidas, tanto por la crisis económica como por la crisis del régimen y la contestación sociopolítica. Ante la actuación de los dos primeros Gobiernos de la Monarquía, la elite empresarial mantuvo una actitud de prudencia, pero tras las elecciones de junio de 1977 el escenario político generó inquietud entre la cúpula empresarial en fase de organización. El Gobierno de Adolfo Suárez apostó por políticas reformistas de potencial calado para poner las bases para la salida de la crisis económica y dar estabilidad a la democracia no consolidada. Los dirigentes representativos de los grandes intereses económicos combatieron algunas de las reformas, rechazando la acción gubernamental en el ámbito económico. Este artículo intenta fijar, por un lado, algunos de los puntos más conflictivos en la relación entre la CEOE y el Gobierno de UCD en la coyuntura específica y difícil de la transición de la dictadura a la democracia, que exigió la búsqueda de acuerdos, la denominada política de consenso. Inicialmente, en el ámbito social, los sindicatos actuaron con moderación y la asumieron —aunque con diferencias— para no poner en peligro la democracia naciente. No así la CEOE, que priorizó la defensa de su programa liberal. Por otro lado, el artículo hace referencia a la intervención directamente política de la CEOE mientras gobernó la UCD.

Cambio de escenario

A la muerte de Franco, la dicotomía en el seno del empresariado era notable. Un sector muy amplio, crecido al calor de la intensa industrialización de la etapa desarrollista, tenía escasa cultura asociativa, pero los centros de gran poder económico estaban bien estructurados. Se trataba de una elite bien integrada, relacionada frecuentemente por lazos de parentesco y que compartían numerosos consejos de administración; eran los grandes grupos bancarios quienes actuaban como centros de coordinación de intereses empresariales diversos. En aquellos años era habitual referirse a aquel conglomerado con la expresión capital financiero, con la que se hace referencia a la combinación de capital bancario e industrial 1.

No era una situación nueva. Los «siete grandes» bancos privados se constituyeron como un centro de poder económico sin igual en el país durante la primera mitad del siglo xx, adquiriendo grandes paquetes de acciones en las empresas industriales que financiaban, a la vez que establecían su papel dominante dentro del sistema financiero nacional. La banca privada fue considerada como uno de los poderes fácticos durante el franquismo y en la etapa final del régimen los «siete grandes» fueron capaces de frenar reformas imprescindibles pero contrarias a sus privilegios 2. En 1973 la banca controlaba al menos dos terceras partes de las cincuenta mayores empresas industriales del país. En 1977, al margen del sector bancario, de los cincuenta mayores grupos empresariales en España, treinta y tres eran de capital español y diecisiete extranjero. De aquellos, once pertenecían al sector energético, diez al industrial y cuatro a la construcción 3.

Esta conformación permite explicar que los bancos privados acabaran por centralizar las decisiones económicas en ramas industriales tan importantes como la energía eléctrica y nuclear, la química y petroquímica, la siderurgia, el cemento, la papelera, el vidrio, la azucarera e, incluso, los propios monopolios públicos (Campsa, Telefónica, Tabacalera). En realidad, la legislación aprobada por el franquismo otorgaba a la banca una gran capacidad de influencia sobre el conjunto de la economía española a través del control del crédito. El propio INI, eje del sector público, estaba mediado por las complicidades público-privadas a través de las conexiones financieras 4. Por ello, en 1976 Fuentes Quintana consideró imprescindible disminuir la financiación vía Crédito Oficial de «actividades que con justificación dudosa se mantienen a costa del resto de la sociedad española» 5.

Es conveniente poner de relieve el papel de la banca en la década de los setenta porque influyó directamente en la dirección de la CEOE a través de sus empresas participadas 6. La imbricación entre banca y gran industria también determinó que los empresarios tuvieran una considerable presencia numérica en la cúspide de poder 7, pues era significativo el grupo que poseía la triple cualificación de parlamentario, cargo dependiente del Ejecutivo y gran empresario 8.

Teniendo en cuenta los rasgos descritos, los dirigentes de los grandes grupos bancario/empresariales se mantuvieron atentos a la evolución del escenario político. En el año y medio transcurrido entre la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas, sus actitudes políticas se caracterizaron por la prudencia. Ello no fue obstáculo para que se produjeran iniciativas para financiar a aquellos grupos que se opusieran a la ruptura: «visto el crecimiento de los partidos de izquierdas [...] nosotros, como hombres de finanzas, podemos y debemos aportar ciertos fondos, que constituyan la base material de la ayuda a los posibles partidos capaces de defender con más eficacia los ideales a los que nos consideramos unidos» 9. En ese sentido, el apoyo al Gobierno Arias-Fraga y su proyecto de democracia limitada fue general entre los principales dirigentes empresariales. Así lo expresó José María de Areilza, quien en septiembre de 1976 afirmó en Cambio 16 que los grandes obstáculos a la democratización procedían «del espíritu heredado de la etapa franquista en las instituciones y en el área de los intereses económicos» 10.

En el mes de junio, la situación del Gobierno presidido por Carlos Arias se hizo insostenible dada la propia limitación del proyecto reformista, un proyecto desacreditado interiormente y cada vez más cuestionado desde el exterior respecto a sus reales intenciones democratizadoras últimas 11, por su incapacidad para vencer las resistencias continuistas, por la presión social prodemocrática y por la ineptitud para responder a la movilización con formas distintas a la violencia represiva —como había sido característico del franquismo—. Las elites económicas estaban particularmente inquietas por la inestabilidad política y la conflictividad social. La reforma del régimen se había mostrado inviable y, el 1 de julio, Arias aceptaba presentar la dimisión y abría así la vía a la formación de un nuevo Gobierno. Se trataba de sustituir a los protagonistas y, sobre todo, de ensayar una nueva estrategia política para generar expectativas entre los sectores sociales que habían hecho suya la reivindicación de la democracia.

Adolfo Suárez-CEOE, una relación conflictiva

En el año transcurrido entre su nombramiento y las elecciones de 1977 Adolfo Suárez tuvo muy presente las causas del fracaso del Gobierno anterior y su actuación vino determinada por la voluntad de conseguir los apoyos suficientes para una vía posibilista que, ya irremediablemente, debía desembocar en un sistema democrático —todavía indefinido— y, con él, en la consolidación de la Monarquía, lo que para el Gobierno era una prioridad. Es importante, sin embargo, poner de relieve que muy pronto, aprobada la Ley para la Reforma Política, el presidente del Gobierno se liberó del tutelaje político al que había estado sometido en los últimos meses de 1976 y llegó mucho más lejos de lo que buena parte de los dirigentes institucionales deseaban y de lo que cualquiera hubiera podido pensar, seguramente incluido él mismo.

Al mismo tiempo, a lo largo de 1976 y 1977, en el seno del empresariado creció la inquietud ante las incertidumbres de la nueva etapa. Los empresarios no tenían arraigada una cultura asociativa, entre otras causas porque durante el franquismo habían dispuesto de la estructura verticalista oficial que había resuelto sus problemas fundamentales. Incluso los sectores mejor organizados continuaban divididos, no tanto por diferencias ideológicas como por la voluntad de los distintos núcleos existentes de convertirse en el eje de la patronal futura. En 1976 se pusieron las bases del primer asociacionismo empresarial, pero no fue hasta el 29 de junio de 1977, celebradas ya las primeras elecciones democráticas, cuando se dio a conocer la constitución de la CEOE 12. Su primer presidente fue Carlos Ferrer Salat, quien en 1976 había sido elegido presidente de la patronal catalana Fomento de Trabajo Nacional por las mismas razones que después lo sería de la CEOE: europeísta y lejano a la vida oficial del franquismo, su elección posibilitaba superar los enfrentamientos personales entre otros candidatos.

Celebradas las elecciones, el panorama político quedaba abierto. En 1977, Alianza Popular obtuvo tan solo el 8,8 por 100 de los votos y para UCD los resultados electorales no fueron tan buenos como sus líderes esperaban, al contrario de lo que sucedía con la izquierda y los partidos de las nacionalidades históricas. Este escenario, menos favorable a los programas conservadores de lo esperado, se veía agravado por la relativa indefinición ideológica de Unión de Centro Democrático como partido. La inicial coalición se había creado ante la inminencia de las elecciones en un proceso de aluvión en el que confluyeron principalmente los sectores del Movimiento abiertos al cambio y los integrantes de las filas católicas que habían participado de las estructuras del franquismo, que en los años setenta se presentaban como demócratas-cristianos. Sin embargo, en el rápido proceso final de formación de la UCD se integraron también diversos pequeños grupos al margen del espacio gubernamental, incluidos algunos que habían formado parte de la oposición a la dictadura 13. Ello explica que UCD viviera a lo largo de 1977 y 1978 en un estado de indeterminación permanente, producto de su heterogeneidad interna y de su voluntad de distanciarse tanto del origen franquista de una parte muy destacada de sus cuadros como de Alianza Popular. En realidad, UCD se asentó sobre un conjunto de cuadros que primero, desde el aparato del Estado, ganó unas elecciones y, después, fue conformando su programa y estructurando una organización.

La misma indefinición del partido caracterizaba a Adolfo Suárez; los datos disponibles permiten situarlo en la vía central del Movimiento, aunque su carácter adaptativo y buen talante le habían ayudado siempre en su larga trayectoria política 14. Es constatable, sin embargo, la rápida evolución que había experimentado desde que ocupó la presidencia del Gobierno, un tiempo en el que su visión de las necesidades políticas se fue distanciando de la propia de los sectores estrictamente conservadores. Josep Melià, que trabajó codo con codo con el presidente, tomó de George Clemenceau la definición de dos personajes opuestos para comparar las aptitudes de Suárez y Fraga: «Poincaré lo sabe todo y no entiende nada; Brian no sabe nada y lo entiende todo» 15. La identificación de Poincaré con Fraga y de Brian con Suárez decía mucho de la capacidad de este para adaptar sus posiciones a lo que consideraba las necesidades del momento.

El 4 de julio se conoció la composición del Consejo de Ministros, que tendría tres vicepresidencias. La segunda, para Asuntos Económicos, la ocuparía Enrique Fuentes Quintana, quien también se encargaría de la cartera de Economía. Este era un nuevo Ministerio que venía a representar la unidad de dirección de la política económica y financiera bajo los criterios de su titular, que estaban bastante alejados de otros ministros del gabinete. Así, Alberto Oliart ocupó la cartera de Industria y Energía y Joaquín Garrigues Walker, la de Obras Públicas y Urbanismo. Ambos representaban en el Gobierno el ala más liberal y vinculada a los sectores económicos.

Dada su trayectoria vital y política, Suárez conectó mucho mejor con los sectores de UCD identificados como socialdemócratas, e incluso con los planteamientos de ese tipo presentes en la oposición, que con las propuestas de los sectores liberales o demócrata-cristianos presentes en el Gobierno. Posiblemente se debía a las gotas del discurso anticapitalista que conservaba del Movimiento y que tanto irritaban a los dirigentes empresariales 16. Por otra parte, Suárez era consciente del menosprecio social que provocaba en la elite económico-política, ya que no formaba parte de la burguesía con poder económico ni del alto funcionariado del Estado al que se daba por supuesta la capacidad. Él, sin embargo, se afirmó en la prevalencia que le otorgaba su estatus institucional, que los detentadores tradicionales del poder debían respetar.

Así, Suárez mostraba frecuente coincidencia con los planteamientos del denominado sector socialdemócrata del Gobierno. Francisco Fernández Ordóñez 17, ministro de Hacienda, consideraba que era imprescindible «estabilizar la democracia rompiendo el bloque de la derecha autoritaria y abriendo el paso a una Constitución pactada por primera vez en nuestra historia» 18. Adolfo Suárez venía a coincidir en la necesidad de llegar a amplios acuerdos para la estabilización democrática.

Si en un plano general la estrategia para consolidar la democracia pasaba por la aprobación de una Constitución, en el plano socioeconómico la prioridad era hacer frente a la crisis económica evitando una conflictividad social aguda. Ya se ha dicho que la pieza clave de la política económica gubernamental fue Enrique Fuentes Quintana. Este tenía claramente perfiladas las medidas que valoraba imprescindibles y, ya el 8 de julio, hizo una alocución televisiva que indicaba la prioridad que las medidas contra la crisis tendrían en el programa gubernamental. En este sentido señaló que si no se resolvía «con decisión nuestros problemas económicos, no solo se verá amenazado el futuro de nuestro bienestar material, sino que quedaran expuestas a graves riesgos las propias instituciones democráticas» 19. Enrique Fuentes Quintana también fue explícito al considerar que «las soluciones necesarias no podían imponerse en la democracia que acabábamos de ganar, cuyo periodo constituyente obligaba a buscar una forma distinta que incorporase a todas las fuerzas políticas de la sociedad para afrontar esos graves males» 20. Con ello estaba indicando la voluntad de alcanzar acuerdos con la izquierda.

Desde el primer momento, la relación entre el vicepresidente económico del Gobierno y los dirigentes económicos no fue fácil. La prioridad de la cúpula empresarial era conseguir el reconocimiento gubernamental, lo que se veía dificultado por el estado embrionario de la organización y la manifestación de actitudes hostiles hacia las políticas gubernamentales 21. En septiembre, en los prolegómenos de los Pactos de la Moncloa, Enrique Fuentes había pedido apoyo a los empresarios para las reformas económicas que implicaban una política de rentas, pero, también, tenían un componente fiscal y financiero, «pues era preciso evitar a todo trance una polarización de fuerzas políticas encontradas que hubiese resultado insoportable para construir una democracia» 22. Pero la CEOE mostró un rechazo radical, ya que consideraba que se aprobaba un programa que entraba en contradicción con sus intereses.

Por otra parte, las tensiones en torno al sistema financiero venían de lejos. Este fue objeto de preocupación prioritaria para el vicepresidente de Economía y ya en 1975, en la quinta edición de las Reuniones Costa Brava organizadas por el Círculo de Economía —en la que intervinieron Enrique Fuentes Quintana y Francisco Fernández Ordóñez—, puso de relieve que la Hacienda Pública continuaba sin resolver el grave problema de la malformación del sistema tributario; la estructura de los impuestos era profundamente injusta, además de compleja y, sobre todo, aquellos que debían hacer una aportación más sustanciosa evadían buena parte de su potencial aportación. Era necesario, por tanto, diseñar un nuevo sistema fiscal sustentado en la imposición directa por encima de la indirecta 23; también era imprescindible dotar al sistema de instrumentos como la tipificación de delito fiscal, la supresión del secreto bancario y la reforma de la administración tributaria 24.

La política monetaria también recibía contestación empresarial, porque si bien se alababa como instrumento antiinflacionista, al mismo tiempo, se afirmaba que tendría graves consecuencias para la financiación de las empresas. Los Pactos de la Moncloa 25 se firmaron en octubre y, de inmediato, la CEOE mostró el rechazo público a su contenido. En relación con la política monetaria, Ferrer Salat denunció su carácter restrictivo y advirtió que los recortes crediticios solo conducirían a la suspensión de pagos y a los expedientes de crisis. Por su parte, Luis Olarra pronosticó el cierre de muchas fábricas y el aumento del número de parados. El que había sido dirigente verticalista y entonces senador real pintaba un panorama dantesco de una quiebra universal y en cadena desde los grandes bancos a las empresas del INI. Ya entonces se denunció que los empresarios se situaban «en el terreno de lo imposible cuando denuncian, sin soluciones alternativas viables, la actual política monetaria, blandiendo la amenaza de las quiebras empresariales y el paro obrero. [...] El grave problema del paro no debe ser un espantapájaros que las empresas arruinadas manejen para seguir recurriendo al presupuesto del Estado o a las arcas del Banco de España, como si fuera una inmensa ubre que debe alimentar todo tipo de incompetencias» 26.

Dada la centralidad de la reforma financiera, Enrique Fuentes Quintana se reunió con el «sanedrín» de la gran banca para exponer el contenido de las medidas aprobadas en el primer Consejo de Ministros de julio. Más tarde, Fuentes recordó aquella comida con «amargura», pues no hubo más comentarios a su exposición que los lacónicos de advertir los peligros que la misma suponía y su inoportunidad. El ministro se convenció de la oposición de los banqueros a las reformas, exceptuados José Ángel Sánchez Asiaín y Rafael Termes. Dada la trascendencia de las actitudes dominantes en el sector financiero, Fuentes Quintana se esforzó y consiguió que en noviembre de 1977 Termes se convirtiera en el presidente de la patronal bancaria Asociación Española de Banca 27.

Así, el rechazo de la CEOE a los Pactos de la Moncloa comportó un enfrentamiento radical con el Gobierno 28. La patronal, sin embargo, no tenía la fuerza organizativa imprescindible para convertirse en grupo de presión política como pretendía, por lo que decidió pasar a la ofensiva y para ello utilizó las herramientas propias del movimiento obrero: presencia en el espacio público para agrupar a los empresarios y obtener interlocución con el Gobierno. Desde el mes de noviembre y hasta febrero de 1978, la CEOE organizó grandes concentraciones de «Afirmación empresarial», la primera en Barcelona y la última en Madrid, donde se llegó a calificar el proyecto de reforma fiscal de «terrorismo de Estado» 29.

Como es sabido, los resultados económicos anti-inflacionistas perseguidos por las reformas se consiguieron rápidamente, dada la contundente dosis estabilizadora. No así otras medidas, lo que el mismo Enrique Fuentes atribuyó a que «las reformas que diseñé en los Pactos de la Moncloa no han hecho otra cosa que levantar sonoras carcajadas en la derecha española, parapetada como de costumbre en sus privilegios y en su poder económico y [...] político». El comentario aparece en la carta a Ramón Boixareu, consejero comercial de la embajada en Nueva York, en la que Fuentes afirma que «produce una gran pena que en el momento en que las clases rectoras tenían que haber dado el empuje definitivo en favor de la democracia, estén suspirando por un golpe militar» 30.

La amargura del comentario se produjo meses después de que Enrique Fuentes Quintana abandonara sus cargos en el Gobierno. Entre los factores que intervinieron en la dimisión destacaban los ataques contra la política de Fuentes desde diversos sectores de UCD —en especial del asesor José Ramón Lasúen—, que criticaban ácidamente la figura del vicepresidente en artículos de prensa y declaraciones públicas. Asimismo, el escaso apoyo que a aquellas alturas tenía de algunos miembros del gabinete. El detonante fue que, como vicepresidente, había aceptado la coherencia de nacionalizar la red de alta tensión que hubiera abaratado la transmisión de la energía, y algunos ministros se opusieron a ella, blandiendo documentos con el membrete de UNESA, la patronal del sector eléctrico 31. De la misma manera, habían desempeñado un importante papel las protestas de banqueros y empresarios respecto de la aplicación del programa económico 32.

La dimisión obligó a una remodelación del Gobierno, del que también salió Manuel Jiménez de Parga, quien había levantado las iras empresariales con la Ley de Acción Sindical en la Empresa, que las organizaciones sindicales habían reclamado al considerarla como el equivalente a una constitución para el ámbito laboral. Su sustituto, Rafael Calvo Ortega, mantuvo el proyecto de ley, aunque la CEOE consiguió frenarlo tras múltiples declaraciones y la publicación de un manifiesto en el que se declaraba que la ley impediría «crear, dirigir y desarrollar nuestras empresas en un adecuado marco de libre iniciativa» 33. Paralelamente, dirigentes empresariales utilizaron la ausencia de inversiones como una muestra de rechazo a la política económica gubernamental; Ernest Lluch, entre otros, denunció la «huelga bancaria» como uno de los factores de la agudización de la crisis económica en España 34. La CEOE también se movilizó para reclamar que la Constitución estableciera «sin posibles confusiones ni interpretaciones contradictorias, que el sistema económico español será el de economía de mercado» 35. Ello no estuvo en cuestión, aunque la Constitución recogió distintos artículos que podían reservar un papel al Estado en la actividad económica para asegurar una más justa distribución de la renta 36.

La intervención política para la unificación de la derecha

El nombramiento de Fernando Abril para sustituir a Fuentes Quintana como vicepresidente segundo y ministro de Economía alimentó las expectativas de la CEOE, igual que, formalmente, se reforzaban las posiciones empresariales en el Ministerio de Industria con Agustín Rodríguez Sahagún, procedente de la misma CEOE. Fernando Abril estableció excelentes relaciones con la organización patronal, a la que reconoció como interlocutor privilegiado. Pero que las relaciones mejoraran no significaba que ­desaparecieran las tensiones con el Gobierno, porque la patronal cuestionaba muchas de las políticas gubernamentales, que calificaba de socialdemócratas.

Por otra parte, Abril, cuya trayectoria política estaba vinculada al presidente del Gobierno 37, se convirtió en su coraza ante el cuestionamiento de otros dirigentes de la UCD, en particular desde la primavera de 1979, cuando los diversos grupos que habían confluido en UCD tomaron protagonismo. Pasada la coyuntura excepcional de debate constitucional, los barones manifestaron su insatisfacción y reclamaron mayor poder. La situación era compleja por las paradojas que caracterizaban a UCD. Así, si bien el grupo parlamentario reflejaba el equilibrio entre las distintas corrientes del partido, eso no ocurría en el ámbito local y provincial, donde los cuadros eran leales mayoritariamente al presidente. Por otro lado, en el nuevo Gobierno, los barones tenían escasa presencia 38. Fue en este marco cuando empezó el cuestionamiento explícito del presidente. En particular, el sector democristiano, bien financiado por la Fundación Konrad Adenauer a través de la Fundación Humanismo y Democracia 39, se convirtió en ariete contra Suárez. Los sectores demócrata-cristianos consideraban que el peso que tenían las personalidades socialdemócratas dentro de UCD no correspondía a su influencia dentro del espacio electoral que ocupaba el partido. En concreto denunciaban su dominio en el ámbito de la política económica: los Ministerios de Economía y Comercio, el Banco de España, el INI, buena parte del Ministerio de Hacienda y la legislación de Derecho privado que emanaba del Ministerio de Justicia. El rechazo de poderes fácticos tan importantes como la banca y las organizaciones empresariales —más la Iglesia— encontró en esas corrientes internas de UCD apoyo, un apoyo que se convirtió en mutuo. De la misma manera, en la percepción de crisis política que se extendió a lo largo de 1979, tuvieron un papel decisivo los medios de comunicación y la CEOE. Esta lo negaba, aunque en la misma argumentación quedaba explícito que se había convertido en una de las organizaciones más críticas con el Ejecutivo: «¿realmente este Gobierno es un Gobierno con una definición ideológica nítida?». Según sus dirigentes, la CEOE solo trataba de «convencer de llevar a cabo una política económica coherente» 40, es decir, alejada de las políticas socialdemócratas.

Pero Adolfo Suárez tenía claramente marcados los objetivos de su Gobierno. El 9 de febrero de 1979, en una reunión con destacados periodistas madrileños, el presidente del Gobierno afirmó que «no consentiré que nos mezclemos con la derecha ni que se identifique derecha con centro [...] Antes de hacer un pacto con la derecha preferiría ir a unas elecciones anticipadas» 41. Aunque tras las elecciones de 1979 desaparecieron las políticas «de consenso», Suárez quería imprimir a su actuación un sello de «centro», alejado de las propuestas conservadoras que le reclamaban la organización empresarial junto con los sectores democristianos y liberales. Los dirigentes de la UCD en los que se apoyaba Suárez argumentaban, además, que el sector crítico del partido se equivocaba, pues su electorado no cuestionaba las políticas gubernamentales.

Ciertamente, el perfil ideológico de su electorado era difuso y el programa de UCD conectó con amplias franjas de la población española que querían orden, estabilidad y democracia, posiblemente en este orden. Lo mismo se podría decir en relación con la distancia entre los empresarios y los dirigentes de la CEOE, pues mientras esta hostigaba al Gobierno, la base empresarial no tenía actitudes tan críticas. En las elecciones de 1979 el voto mayoritario de los empresarios se dirigió a UCD, aunque la proporción de empresarios que votaban a Alianza Popular —25 por 100— era muy superior al porcentaje que ese partido obtuvo en el conjunto de la población. En las nacionalidades históricas el voto era más fragmentado, pues ambos partidos competían con las formaciones nacionalistas de centro-derecha. Convergència i Unió captó el 43 por 100 del voto de los empresarios catalanes, mientras que el PNV consiguió el 58 poe 100 de los empresarios vascos 42.

Contrariamente, los máximos dirigentes centristas tenían perfiles ideológicos marcados: demócratas-cristianos, liberales, socialdemócratas. Se unieron en UCD sin diluirse en ella. Como Joaquín Garrigues afirmó en la Ejecutiva de UCD del 13 de octubre de 1979: «todos los que estamos aquí querríamos sentarnos en el sillón de Adolfo Suárez, aunque solo yo soy capaz de decirlo en voz alta» 43. En ese marco, la batalla por el poder se hizo asfixiante hasta poner en tela de juicio el liderazgo de Adolfo Suárez.

Se ha señalado que el cuarto poder fue crucial en el acoso a Suárez 44. Cambio 16, de gran ascendencia entonces, favoreció decisivamente al presidente del Gobierno antes de las elecciones de 1977, pero después, progresivamente, fue hostigándolo con mayor intensidad. José Oneto, director del semanario, reconoció la «cruzada» contra Suárez, a la que se sumaron otros medios «debido a la influencia que entonces la revista ejercía sobre ellos» 45. También los grandes nombres de la economía española participaban en círculos en los que se buscaba intervenir sobre la marcha política 46. El CESID elaboró distintos informes sobre las conspiraciones en marcha. Para redactar el informe conocido como «Golpe de timón», de enero de 1978, Juan María de Peñaranda se reunió varias veces con Juan Miguel Villar Mir, Alfonso Escámez, Luis Valls Taberner, Max Mazin, Jaime Carvajal Urquijo, Federico Silva o Luis María de Ansón 47. Es decir, con representantes de la banca y de la gran empresa del momento. En octubre, como en ocasiones anteriores, José Ramón Lasuén, junto con los banqueros José Ignacio García Lomas y Luis Valls Taberner se reunieron con miembros del CESID para hacer llegar al organismo encargado del espionaje que «Suárez había perdido el norte; no paraba de ceder ante la izquierda y de llevarnos de cabeza al federalismo» 48. No hay duda de que los dirigentes de la CEOE participaron en esos cenáculos pseudocorporativos para reforzar los sectores contrarios a las políticas de Suárez, como han señalado algunos destacados dirigentes 49.

Ahora bien, el protagonismo político más destacado y rupturista de la CEOE se produjo entre 1980 y 1982 vinculado a las elecciones autonómicas, intentando llenar lo que se creía un hueco político 50. La primera experiencia directa fue la catalana, en 1980. La ya catalanizada organización Foment del Treball Nacional hizo todo lo que estuvo en su mano y de forma transparente, «con las banderas desplegadas», para evitar la formación de un Gobierno de izquierdas que «habría puesto en peligro la economía del país». Más de setenta actos, protagonizados fundamentalmente por Carlos Ferrer Salat y Alfredo Molinas —al tiempo dirigente de FTN y CEOE—, movilizaron los empresarios del conjunto de Cataluña. Una campaña en la que la organización patronal gestionó centenares de millones de pesetas, una parte de los cuales llegó desde Madrid 51.

El éxito en Cataluña reconformó el escenario de la actuación empresarial, para lo que la CEOE dispuso de notables recursos económicos. Pudieron contratar a la empresa SOFEMASA para realizar encuestas previas para «adaptarse al terreno de juego». Contaron con Pedro Arriola, que mostró pericia para «nadar a caballo» entre las empresas y los políticos afines, y, también, con «una pléyade de viejos amigos de la Organización Sindical» 52. Con esas herramientas los empresarios gallegos hicieron una intensa campaña bajo el eslogan «Queremos que se sepa que no somos neutrales» 53. La participación más directa, intensa y controvertida se produjo más tarde, en 1982 en Andalucía, donde, animados por los éxitos obtenidos en Cataluña y Galicia, desplegaron una campaña de una radical agresividad: de una manzana surgía un gusano con una hoz y un martillo, representativo del marxismo 54.

Volviendo a 1980, al tiempo en que la CEOE se implicaba políticamente, la UCD se debilitaba, lo cual no dejaba de provocar nerviosismo en la patronal ante el previsible reforzamiento socialista. Tras la sucesión de reveses políticos —referéndum sobre la iniciativa autonómica en Andalucía, las elecciones vascas y catalanas—, la figura de Adolfo Suárez se vio definitivamente debilitada en el mes de mayo de 1980, cuando el PSOE presentó una moción de censura que, si bien no prosperó, erosionó la figura del presidente del Gobierno. Aunque en la crisis interna de UCD intervinieron factores diversos, y los ideológicos —como las divergencias sobre la Ley de Divorcio— o la protección de los intereses de la Iglesia eran importantes, el factor decisivo era la voluntad de los sectores conservadores del partido de forzar una gran coalición UCD-AP, que, desde su punto de vista, resolvería los demás problemas. En esa apuesta, la CEOE y la banca desempeñaron un papel importante.

En particular, la CEOE empezó a mover sus hilos para preparar el «después» de Suárez: si, por un lado, trató de mejorar su relación con el sector más moderado del PSOE; por otro, alentó a Fraga a forzar un entendimiento con el sector más conservador de UCD. En marzo, Carlos Ferrer Salat y José Antonio Segurado prepararon la operación «gran mayoría» 55. Y continuó la presión sobre el Gobierno; en ese marco, José Antonio Segurado afirmó: «Que el Gobierno gobierne; que opte, que elija, que ofrezca un programa económico a medio y largo plazo. Es hora de pedir resultados, no coartadas. [...] . Estamos seguros de que si se nos piden sacrificios y se nos ilusiona, la respuesta será conscientemente generosa. Si no se hace, que a nadie extrañe que el empresariado diga: “no es esta, no es esta la democracia que cabía esperar”» 56.

La creciente contestación interna en UCD alcanzó un punto culminante el 7 de julio de 1980, cuando el presidente se reunió con la Comisión Permanente del partido. En la reunión se planteó la sustitución de Adolfo Suárez, a quien la mayoría de dirigentes ucedistas acusaban de concentrar demasiado poder 57. En ese mismo mes, Suárez concedió una entrevista en la que reconoció sentirse desengañado y solo. El contenido de la entrevista era tan duro que sus asesores decidieron, no sin discusión, que no debía publicarse «porque el presidente no puede ser tan sincero» 58. Efectivamente, la deslegitimación de Adolfo Suárez era notable y las especulaciones sobre los instrumentos para lograr su dimisión acaparaban la atención del «Madrid político».

Después del verano, Suárez decidió dar mayor protagonismo a los temas económicos, aunque, en aquel momento, no estaba dispuesto a sucumbir a las presiones que recibía, entre ellas a las restricciones de financiación a las que le sometían sus patrocinadores: los bancos habían decidido no seguir financiando de forma opaca a la UCD, obligándole a avalar los créditos 59. También se produjo una amplia remodelación gubernamental. La salida de Abril Martorell del Gobierno no evitó una mayor articulación de un sector «crítico», que organizó un movimiento sintetizado en el «Manifiesto de los 200» que contó con financiación de la CEOE, además de importante cobertura mediática 60.

A aquellas alturas, el desmoronamiento de UCD parecía imparable y llegó a ser grave la incapacidad del presidente del Gobierno para gestionar las relaciones con su propio partido, con el Parlamento y con los medios de comunicación. En aquel marco, la actitud de Adolfo Suárez cambió y a finales de año consideró la posibilidad de no dar la batalla. En particular en los últimos meses de 1980 y al comienzo de 1981, el objetivo de conversaciones, propuestas y planes, con grados muy diversos de elaboración y con partícipes también distintos, era apartar a Suárez del Gobierno y formar un gabinete que, para Manuel Fraga, debía representar a la «mayoría natural» conservadora que consideraba que existía en el Parlamento y en el país, en tanto que para otros, siguiendo una línea ya formulada con anterioridad, debía tener más el carácter de un Gobierno de «salvación nacional» 61.

Por su parte, la intervención política de la CEOE continuaba constante. En enero de 1981, cuando se convocó el congreso de UCD, José Antonio Segurado declaró que «si el señor Suárez se presenta a la reelección, los empresarios no seremos neutrales» 62. En cualquier caso, los diversos actores conservadores coincidían en que, ante los principales problemas del país, debían adoptarse políticas distintas y, en esos meses, circularon entre dirigentes políticos, empresariales y de medios de comunicación —y llegaron al palacio de la Zarzuela— diversos informes cuyo objetivo era fundamentar una posible actuación política del rey de dudosa constitucionalidad 63.

La tensión entre el rey y Suárez, creciente en los últimos meses, alcanzó un nivel máximo en enero de 1981. El presidente del Gobierno y el monarca se reunieron en diversas ocasiones y la información disponible apunta a que este se hizo eco del panorama crítico que le transmitían sus interlocutores, por lo que Suárez percibió claramente que no tenía el apoyo del jefe del Estado. El 26 de enero de 1981, Adolfo Suárez comunicó a sus colaboradores más próximos su decisión de dimitir como presidente del Gobierno y la renuncia a presentarse a la presidencia del partido. Al día siguiente, le transmitió a Juan Carlos I su decisión de dimitir. Un párrafo del mensaje televisado anunciándola —«no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la Historia de España»— dio pie durante años a la especulación de que quiso evitar un inminente golpe de Estado, algo que desmintió reiteradamente 64.

La presión sobre una UCD en desmoronamiento

Leopoldo Calvo Sotelo sustituyó a Adolfo Suárez. Era la persona que despertaba menos desconfianza entre los sectores contrarios a este y todos le reconocían la capacidad para asumir una sucesión tan compleja. También el mundo empresarial respiró con su designación, no en vano había dirigido empresas públicas y sido procurador en Cortes por la vía sindical empresarial 65. Pero ello no evitó los recelos, dado que el nuevo presidente explicitó que las políticas impulsadas por UCD en los cuatro años anteriores eran las adecuadas y no consideraba conveniente impulsar las políticas liberales que le reclamaba los grupos económicos y la derecha política. Para Calvo Sotelo, que conocía bien al empresariado del que formó parte desde 1954, su actuación era ambigua desde el momento «que pide libertad cuando es fuerte, o cuando generaliza, y pide intervención cuando es débil o cuando habla de su caso» 66. Eso mismo había ocurrido en relación con la integración europea, ante la que los dirigentes empresariales adoptaron una actitud obstruccionista con la voluntad de defender sus intereses inmediatos, no siempre acordes con la defensa de una economía de mercado 67.

Con todo, la CEOE intentó evitar que la UCD se acabara de derrumbar, pues, aunque confiaba en las informaciones de la Fundación Ebert sobre la moderación del PSOE una vez llegara al Gobierno 68, la incertidumbre no desaparecía. Calvo Sotelo no dejó de señalar más tarde que las líneas generales de la política económica socialista en sus primeros años fueron las mismas que orientaron la política económica de UCD, aplicadas con la eficacia que daba la mayoría absoluta 69. Ciertamente, las políticas económicas de la UCD no podían ser consideradas de izquierdas, pero, en el escenario neoliberal que se estaba conformando a nivel internacional, la CEOE, con la radicalidad que comporta una organización no consolidada y ante un panorama político tampoco bien definido, actuó como un partido de patrones en busca de un Gobierno propicio y jugó distintas partidas para conseguirlo.

Continuando con la estrategia habitual, la CEOE quiso condicionar el programa de Calvo Sotelo desde el primer momento y el 18 de febrero, cuando este se disponía a pronunciar su discurso de investidura, la organización publicó una nota «en la que se hacían por anticipado advertencias y críticas a mi discurso no pronunciado y a mi gobierno non nato, sin esperar siquiera a conocerlos, y desde una posición increíblemente ciega para los graves problemas de la transición política y de la crisis mundial» 70. Ciertamente, en su declaración la CEOE exigía «el compromiso permanente de orientar todas sus actuaciones y decisiones para conseguir alentar el ahorro y la inversión privada dirigida a la defensa de las empresas». Y concluía que la colaboración de la CEOE con el Gobierno solo sería posible «si existe suficiente garantía de que pueden atenderse con eficacia y energía las preocupaciones y los problemas expuestos» 71.

Cuando en septiembre de 1981 se celebró la Asamblea General de la CEOE para renovar su dirección, Ferrer Salat realizó un duro discurso de marcado matiz político, centrándose sobre todo en la situación del partido en el Gobierno:

«Resulta preocupante la actual situación del partido del Gobierno y su futuro. Y me atrevo a asegurar que resulta de mayor preocupación para muchísimos empresarios españoles que, con sus familiares y su indudable influencia social, consiguieron nutrir el elevado electorado que le concedió la victoria en las urnas en dos ocasiones. Si sus líderes, y la indudable responsabilidad del presidente del Gobierno, no consiguen superar la ilógica concepción del centro como una mezcla de ideologías dispares y a veces contrapuestas, con reminiscencias de nuestro pasado reciente, prevemos una inevitable y próxima derrota electoral entre el hastío del electorado. Lo mismo sucederá si el centro no deja de constituir una mera actitud táctica y ambigua en la que el aspecto predominante lo establece una exigua proporción de militantes o dirigentes que defienden el principio de ningún enemigo a la izquierda y se empeñan en ocupar una tras otra, las posiciones socialistas o comunistas, condenando sistemáticamente como reaccionarios a los que persiguen aplicar el programa expuesto a los electores, o se allanan ante cualquier pretensión de la izquierda» 72.

Es decir, que el patrón de patronos anunciaba la movilización beligerante de los empresarios contra la UCD al considerar que no defendía suficientemente los intereses empresariales y la versión por ellos postulada de la economía de mercado.

La UCD no podía dejar de reaccionar a una intervención tan dura y señaló que la patronal «quiere forzar un nuevo mapa político» 73. Sin embargo, desde el Gobierno se intentó impedir la ruptura. Días después, Agustín Rodríguez Sahagún, como presidente de la UCD, se reunió con los presidentes de la gran banca, aunque el encuentro se presentó como uno más de los habituales almuerzos de los financieros con importantes dirigentes políticos. Rodríguez Sahagún pulsó la opinión de los banqueros de cara a la futura financiación de UCD en las elecciones generales, encontrándose con duras críticas, agudizadas por el enojo de que no fuera Leopoldo Calvo Sotelo el interlocutor; no obtuvo el apoyo que pretendía 74. La CEOE y la banca no estaban dispuestas a favorecer otra opción que la unificación de la derecha.

El desencuentro se había convertido en total. En las elecciones de octubre de 1982, distintos empresarios con cargos en la CEOE participaron en la coalición formada en torno de Alianza Popular. José Antonio Segurado fue muy activo desde la presidencia de la CEIM. A punto de celebrarse las elecciones congregó a insignes representantes del mundo industrial y financiero, entre ellos presidentes de grandes bancos, y solicitó el voto útil, que no era otro que el de Manuel Fraga 75.

* * *

Tras las elecciones de 1977, los dirigentes de buena parte de las fuerzas políticas estuvieron dispuestos a buscar las fórmulas que permitieran dotar de bases sólidas a la naciente democracia, lo cual exigía aprobar una Constitución aceptada por la mayoría del país, pero también hacer frente a la crisis económica que tenía en España rasgos específicos agudizados por la ausencia de políticas anticrisis en los años precedentes. Era urgente, además, resolver los problemas económicos evitando al mismo tiempo una conflictividad social aguda. Los dirigentes de las fuerzas sindicales se aprestaron a ello —arrostrando las críticas de los sectores que ponían de relieve las consecuencias negativas de la política de rentas para los trabajadores—, contrariamente, la actitud de las fuerzas económicas fue mucho más ambigua.

Los recelos caracterizaron la relación institucional entre la CEOE y el Gobierno. Inicialmente, las propias personalidades de Enrique Fuentes Quintana, del ministro de Trabajo Jiménez de Parga o, incluso, la de Adolfo Suárez, poco proclives a priorizar los intereses empresariales, no favorecieron el entendimiento. En ese marco, en un principio el Gobierno no trató a la CEOE como un interlocutor privilegiado, en lo que también influyó el estado incipiente de la organización empresarial y los vínculos con Alianza Popular de algunos de sus más insignes representantes. Así, mientras se ponían las bases para la negociación de los Pactos de la Moncloa, la CEOE no consiguió que sus planteamientos aparecieran como puntos de partida de las negociaciones.

Con los mítines de «Afirmación empresarial», la CEOE pretendió que las políticas económicas del Gobierno se ajustaran en lo fundamental a sus intereses prescindiendo de los costes sociales de la crisis económica, en particular para los trabajadores, y de la necesidad de dotar de legitimidad social al Estado democrático, para lo que era imprescindible evitar una alta conflictividad. La CEOE pretendía que la UCD, como partido en el Gobierno, defendiera un programa liberal y adoptara una actitud de combate en relación con los planteamientos de la izquierda. Los dirigentes de la CEOE reiteraron hasta la saciedad los mismos lemas: que la UCD había ganado las elecciones con los votos de la derecha y gobernaba como un partido de izquierda. Las críticas continuadas no impidieron que la CEOE actuara como intermediaria en la financiación de UCD con dinero procedente sobre todo de la banca, las eléctricas y las constructoras 76.

La presión continuada sobre el Gobierno, aun consiguiendo resultados, no estuvo a la altura de las expectativas y dirigentes de la CEOE participaron activamente en las operaciones dirigidas a cambiar el rumbo de la UCD con la confluencia de esta en una «gran derecha» con Alianza Popular. En ese escenario y tras un tenso proceso, Adolfo Suárez se vio forzado a presentar la dimisión, que no evitó la desconfianza hacia la UCD, por lo que la CEOE quiso condicionar el programa de Calvo Sotelo, desde una posición «ciega para los graves problemas de la transición política» en palabras del candidato a la presidencia del Gobierno. Solo el intento de golpe de estado de febrero de 1981 hizo que en el discurso público patronal afirmar la democracia se convirtiera en una prioridad.

El panorama político cambió significativamente desde entonces. En la izquierda se desató la crisis comunista. En la derecha, la UCD se rompió definitivamente. Con la dilución de UCD ­desapareció la acción política directa que la CEOE había desarrollado desde la instauración de la democracia. La mayoría absoluta socialista en 1982, con una Alianza Popular todavía incapaz de presentarse como alternativa, llevó al empresariado —con los poderes económicos a la cabeza— a considerar que le convenía más «amansar y civilizar a la grey socialista que enfrentarse con ella» 77.