Ayer 134 (2) 2024: 169-193
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2024
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/2203
© José María Fernández Palacios
Recibido: 10-01-2022 | Aceptado: 26-07-2022 | Publicado on-line: 08-04-2024
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

La crisis de las islas Carolinas de 1885 analizada desde Filipinas *

José María Fernández Palacios

Universidad Complutense de Madrid
Instituto de Historia, CSIC
josemarf@ucm.es

Resumen: Los orígenes de la crisis con Alemania pueden rastrearse en la complicación internacional de un problema específicamente hispano-filipino, el del control sobre los sultanatos malayo-mahometanos del sur del archipiélago. Sin embargo, las islas Carolinas y Palaos eran también territorios ultraperiféricos y de importancia marginal vistos desde Manila. Fue la reacción nacionalista en la península la que empujó al gobierno a una defensa diplomática arriesgada de los derechos sobre aquellas tierras. Paralelamente, en Manila las leyes especiales canalizaron la reacción patriótica hacia una iniciativa popular que evitó la escalada de tensiones con los germanos y que, al menos por el momento, alejó cualquier riesgo de crítica a la autoridad que pusiese en riesgo el statu quo vigente en Filipinas.

Palabras clave: crisis de las islas Carolinas, Filipinas, imperialismo, discurso historicista y nacionalista, iniciativas patrióticas.

Abstract: The origins of the crisis with Germany can be traced to a specifically Spanish-Philippine problem that became complicated and, as a result, acquired international dimensions. This was namely the control over the Malayo-Mahomedan sultanates in the south of the archipelago. For the Spanish government in Manila, the Caroline Islands and Palau were only marginally important territories located on the outermost periphery of Spanish possessions. However, the nationalist reaction on the Peninsula pushed the government into a risky diplomatic defence of its rights over these lands. At the same time, in Manila, the special laws channelled the patriotic reaction into a popular initiative that prevented the escalation of tensions with the Germans and, at least for a time, removed any risk of criticism of authority that might jeopardize the status quo in the Philippines.

Keywords: Caroline Islands Crisis, Philippines, imperialism, historicist and nationalist discourse, patriotic initiatives.

Introducción

La crisis hispano-germana de 1885 se ha estudiado desde múltiples enfoques. Desde el punto de vista diplomático se ha señalado como un indicio de hasta dónde estaban dispuestos a llegar los gobiernos españoles para defender el statu quo de las posesiones ultramarinas. La reacción nacionalista que generaron las noticias acerca de unos archipiélagos hasta entonces casi desconocidos para la mayoría de los españoles llevó al gobierno canovista a endurecer su postura negociadora hasta el punto de plantearse una ruptura de relaciones con Alemania, aun cuando la guerra que seguiría estuviera inevitablemente perdida 1.

Conocemos también muchos de los detalles de la gestión llevada a cabo por el gobierno superior de Filipinas respecto de la crisis de las islas Carolinas y su proceso de colonización posterior 2. A lo que apenas se ha prestado atención ha sido al análisis de la conformación, gestión y transcendencia pública de aquel conflicto desde la perspectiva de las propias islas Filipinas, el territorio español más cercano a los archipiélagos en litigio. Así, en las siguientes páginas vamos, por un lado, a insertar el conflicto dentro de la trayectoria observada desde el gobierno de Manila con respecto a la intensificación de las tensiones imperialistas en el Sudeste Asiático y, por otro, en el ámbito del paralelo asentamiento de un discurso historicista y nacionalista de evocaciones imperiales, similar al desarrollado en la España europea, y que explica la fuerte reacción pública que el conflicto conoció en la península.

Una retórica imperial para unos objetivos conservacionistas: discursos y políticas ante el nuevo imperialismo decimonónico

Durante las primeras décadas de la Monarquía isabelina España fijó como prioridades de su política exterior tanto la supervivencia del régimen liberal, como el respeto del statu quo ultramarino 3. Las islas Filipinas comenzaron así a consolidarse como una entidad autónoma, si bien es un proceso que hunde sus raíces en el reformismo borbónico del reinado de Carlos III, tanto en el imaginario español como de cara a su tratamiento administrativo. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad del siglo, coincidiendo con el fracaso en la «Guerra del Pacífico» (1862-1867) y con el aumento de las actividades occidentales en Oceanía, cuando el Pacífico comenzó a tomar para España una nueva dimensión, independiente de su antigua concepción como retaguardia de los intereses españoles en América. Fue entonces cuando comenzó a desarrollarse una atención creciente por las islas Marinas (ocupadas de manera efectiva desde 1668), multiplicándose, dentro de su escasez, los estudios sobre esos dominios y registrándose, incluso, algún ejemplo de autores que abogaban por incluir entre esos territorios de la «Oceanía española» a las todavía no ocupadas islas Carolinas 4.

Ello se producía en unos momentos en los que, además, el archipiélago filipino se veía sometido a una presión creciente ante la intensificación de los intereses imperialistas en el Sudeste Asiático y el mar de la China. Era un contexto en el que adquirían también su pleno sentido las tradicionalmente subestimadas como quijotescas campañas exteriores de la Unión Liberal, unas acciones crecientemente conectadas con el deseo de los gobiernos españoles de mostrar a nivel internacional su capacidad para operar en América y Asia; esto es, en las regiones donde se encontraban sus principales intereses ultramarinos 5.

Sin embargo, a nivel interno, la acción que tuvo mayor transcendencia sobre la opinión pública española se produjo en el Mediterráneo. La «Guerra de África» (1859-1860) supuso, tras años de inactividad internacional y querellas internas, un nuevo auge nacionalista vinculado a la idea de la naturaleza de España como una «nación imperial». Empleada por el gobierno como un mecanismo de reforzamiento interno, concitó un gran apoyo popular y aglutinó el respaldo de casi todo el espectro político, desde los carlistas a los liberales progresistas. Desde entonces, la conservación de las Provincias de Ultramar adquirió una reforzada dimensión ideológica al contemplarse, a través de un discurso historicista de distintas sensibilidades, la continuidad entre el pasado, el presente y el futuro de España asociado a la idea de su labor «civilizadora» e imperial 6.

Estas retóricas habían llegado también a Filipinas, donde sus elites hispanizadas y el discurso oficial, desarrollado en todo tipo de actos públicos y transmitido por la prensa, compartían estos postulados 7. Allí, más que en cualquier región peninsular, era fundamental para las elites sociales y funcionariales mostrar el prestigio de España para cimentar el propio ante el resto de la población insular. Quizá fuera el granadino Francisco de Paula Entrala quien mejor expuso estas ideas en una obra compuesta, precisamente, para defender la labor histórica de las elites españolas del archipiélago: «Somos los mismos con que contó el adelantado Miguel López de Legaspi: los mismos que vencieron á Limaong y á sus secuaces; los mismos que se agruparon alrededor de Anda y Salazar en fecha memorable, y los mismos que en todas ocasiones han sostenido, brazo á brazo, la dignidad y el buen nombre de la patria» 8.

Sin embargo, si en algún lugar era débil la posición española para hacer valer sus derechos tradicionales, era en Asia-Pacífico. Estas limitaciones ante el nuevo contexto internacional se vieron reflejadas en los relativamente discretos resultados obtenidos del proceso de apertura forzada de China al comercio internacional a raíz del Tratado de Nanking (1842) 9. No obstante, si bien es cierto que España no pudo imponer al imperio Quing un tratado desigual similar al signado con otras potencias, ello no puede ocultarnos tanto la existencia de importantes intereses económicos españoles e hispano-filipinos en China, como el nada desdeñable esfuerzo realizado por defenderlos mediante la creación de una red de consulados y viceconsulados en el Celeste Imperio 10.

En ese sentido, España mostró su capacidad de adaptación, recurriendo al nombramiento como vicecónsules de nacionales de otros países con más medios financieros y diplomáticos, para garantizarse la mayor implantación e influencia posible. En definitiva, supo aprovechar el clima de colaboración internacional de las décadas centrales del siglo en relación con el proceso de expansión de los intereses occidentales en el mar de la China. Un contexto que era patente en las propias islas Filipinas donde la mayor parte de la inversión y el comercio estaba en manos extranjeras y de las elites económicas insulares, con una intervención muy limitada de los capitales metropolitanos hasta la época de la Restauración 11. En el último tercio del siglo xix la rivalidad imperialista se intensificó en el Sudeste Asiático como consecuencia del tránsito de los intereses comerciales a los inversores generando, además de la competencia por territorios, una escalada proteccionista 12.

Hasta entonces la colaboración y la búsqueda de prestigio internacional protagonizaron la participación española en los contenciosos de la región; todo ello, además, con una indudable importancia política de cara a la estabilidad interna de la sociedad hispano-filipina. La interconexión de estas cuestiones quedó reflejada, por ejemplo, en la evolución de la opinión pública insular con relación a la expedición franco-española a Cochinchina (1858-1863) 13. Una campaña acogida con entusiasmo, pero que se tornó en desilusión ante la constatación de la subordinación a los intereses franceses:

«Las personas ilustradas y sensatas, porque veían en ella no solo un pensamiento religioso sino el político de estar nuestra influencia allí donde ondease nuestra bandera, y el económico de dejar abierto a nuestras transacciones un imperio rico y fértil, cuyo mercado debía ser Manila, según la posición geográfica de ambos países: el pueblo ignorante y sencillo, porque teniendo el indígena una aversión instintiva de raza a los chinos, se cumplía llevando la guerra a un país que consideraban poblado por la misma especie, la satisfacción de su antiguo odio, acrecentado hoy con la noticia de la sangre derramada de nuestros mártires misioneros. Mas es necesario decir a V.E. la verdad: de ese primer entusiasmo solo quedan el vivo y natural deseo del triunfo de nuestras armas, pero ha menguado en el sentimiento público bastante, la esperanza de los grandes fines políticos y económicos, que en un principio abrigaran» 14.

Estas apreciaciones del gobernador Fernando Norzagaray y Escudero (1857-1860) se producían en fecha tan temprana como febrero de 1859. Desde entonces podemos observar tanto una oposición creciente a la continuación de la participación española en la guerra por parte de las autoridades manileñas, como una paralela desaparición del asunto de las páginas de los diarios y del ámbito del discurso público hispano-filipino 15. El silencio impuesto entonces por la censura constituye, a nuestro juicio, un claro precedente de la escasa presencia de la crisis de las islas Carolinas en la prensa manileña de 1885 16.

Las raíces de ese conflicto internacional, no obstante, se encontraron ligadas a la problemática relativa a la consolidación del control efectivo por parte de España sobre los sultanatos malayo-mahometanos del sur de Filipinas. Esta causa concitaba el apoyo unánime de toda la población hispano-filipina y, asimismo, fue considerada la gran prioridad estratégica de los gobernadores españoles en Manila, sobre todo a raíz de su progresiva complicación diplomática durante el siglo xix.

Antecedentes filipinos para una crisis hispano-germana

La cuestión venía enquistándose desde hacía siglos, constituyéndose las acciones piráticas desarrolladas desde aquellos territorios en una fuente de desprestigio del gobierno español ante las poblaciones indígenas cristianizadas que las sufrían. Ya en la primera mitad del siglo xix, tanto Francia, como Gran Bretaña y Alemania habían aprovechado la situación para, por un lado, llegar a acuerdos con los aristócratas joloanos desconociendo cualquier derecho español sobre aquellos territorios y, por otro, interponer quejas diplomáticas ante Madrid y Manila reclamando los daños sufridos por sus súbditos como consecuencia de la piratería. Ante estas circunstancias, y aprovechando la estabilidad que siguió a la consolidación del reinado isabelino, fueron despachadas desde Manila dos grandes expediciones militares que, dirigidas en persona por los gobernadores Narciso de Clavería y Zaldúa ­(1844-1849) en 1848 y Antonio Urbiztondo y Eguía (1850-1853) en 1851, supusieron un renovado esfuerzo por ir consolidando el control español más allá de las frecuentes operaciones punitivas contra la actividad pirática 17.

Estos esfuerzos eran parte de una estrategia de colonización tradicional que, procedente de la experiencia americana del siglo xvi, implicaba también la presencia de religiosos misioneros a fin de ir estableciendo paulatinamente la vida urbana y, con ella, las estructuras administrativas en aquellos territorios donde, todavía a mediados del siglo xix, la soberanía hispana era meramente de pretensión 18. En este contexto se produjo, en 1852, la reintroducción de la Compañía de Jesús en el archipiélago. Una década después, en 1862, la orden fundaba la misión de Tamontaca en una posición clave para controlar el acceso al Río Grande de Mindanao, precisamente la región donde se concentraba la mayor resistencia musulmana a la consolidación del control español 19.

Mientras estos avances se producían en Mindanao, donde ya en 1860 se había erigido un gobierno político-militar, el universo de ínsulas, más meridionales, ligadas al Sultanato de Joló continuaban sometidas a una creciente presión internacional. Aquí puede observarse nuevamente una significativa tendencia de las autoridades manileñas por concentrar los escasos medios disponibles en ir asegurando el dominio español sobre la propia isla de Joló y Palawan, zonas cercanas a los centros de poder de Bisayas y Mindanao, siendo mucho más remisas a implicarse en acciones en áreas más alejadas como el norte de Borneo. Así, en 1862 el gobierno superior de Filipinas rechazó el ofrecimiento de los «mandarines de Sandacán» de reconocer su vasallaje a Isabel II bajo el argumento de las «graves complicaciones» internacionales que ello podría generar. Por su parte, el gobierno central en Madrid, temiendo análogas dificultades, se limitó a tratar de reunir documentos históricos con que defender diplomáticamente los tradicionales derechos españoles a aquellos territorios más periféricos, comenzando a mencionarse ya, desde finales de la década de 1860, también las islas Carolinas 20.

Estos esfuerzos metropolitanos, en todo caso, tuvieron una influencia muy limitada ante la progresiva imposición internacional de la doctrina de la ocupación efectiva. La presión se intensificó a partir de 1873, coincidiendo tanto con la inestabilidad política en la península, como con una renovada capacidad de acción autónoma de los aristócratas joloanos a consecuencia de la drástica disminución de efectivos españoles en aquellas islas del sur a raíz del Motín de Cavite de enero de 1872 21. Las señales de alarma se sucedieron desde entonces llegando el sultán de Joló a solicitar ayuda al káiser alemán para, a cambio de la cesión de algunas islas, terminar con el protectorado español sobre su reino. Si bien Alemania no aceptó el ofrecimiento, este le posibilitó reforzar la defensa de los intereses particulares de sus súbditos en función de los postulados de la ocupación efectiva, los cuales venían siendo defendidos intensamente por Gran Bretaña a fin de consolidar los derechos obtenidos de los sultanes joloanos sobre el norte de Borneo 22.

En ese contexto, la situación en que se encontraban las islas Palaos tomó cierta relevancia internacional en 1875. Alemania y Gran Bretaña se concertaron para negarle a España el derecho, reclamado por el cónsul hispano en Hong-Kong, a imponer tasas aduaneras al comercio desarrollado en aquellas islas, aprovechando también para extender tal negativa al archipiélago de Joló 23. Ante esta nueva complicación diplomática y habiéndose consumado ya la Restauración, volvió a organizarse en Manila una gran expedición militar contra Joló. Esta tuvo lugar en febrero de 1876 bajo el liderazgo del gobernador José Malcampo y Monge (1874-1877). En aquella ocasión el exitoso desembarco fue seguido de los inicios de la ocupación efectiva, con el establecimiento de la misión jesuítica de la isla (1876) y la creación del gobierno político-militar de Joló 24.

Desde el punto de vista internacional la expedición de Malcampo puso las bases de una dinámica que explica tanto el estallido, como la resolución de la crisis de las islas Carolinas de 1885. En este sentido, si bien Cánovas del Castillo presentó la operación como un rotundo éxito que permitió reducir el contencioso de Joló a una mera cuestión de libertad comercial, lo cierto es que la firma del Protocolo de 11 de marzo de 1877 supuso no solo concesiones comerciales y de plantación a los súbditos alemanes y británicos, sino también el reconocimiento implícito de la necesidad de llevar a cabo una ocupación efectiva para poder ejercer soberanía 25.

Pese a estas peligrosas consecuencias internacionales, a nivel interno filipino la victoria de 1876 sirvió para reconstruir el prestigio del gobierno español. En palabras del gobernador Malcampo: «La acertada resolución de este asunto es una de las muy vivas y sentidas aspiraciones de todos los elementos de Filipinas, incluidas las de los que aquí nos son menos afectos» y, por ello, el triunfo alcanzado había servido para reforzar «la idea que todavía conserva el país de que somos valerosos y podemos algo en el mundo» 26.

Frente a esta preocupación prioritaria por Joló, los archipiélagos de Carolinas y Palaos continuaron teniendo en Manila un interés relativamente marginal en los años siguientes. Aunque frecuentados por marinos españoles desde el siglo xvi, el desembarco en aquellas islas de agentes de diversas compañías internacionales, en la segunda mitad del siglo xix, se produjo sin que España hubiera adelantado nada en su colonización. Sin embargo, la histórica vinculación española con dichas islas llevó a varios de esos comerciantes particulares a demandar en Manila el establecimiento de una administración que regulara las relaciones entre los distintos actores presentes en ellas. Estos requerimientos solo fueron atendidos cuando en 1884 se vieron acompañados de la advertencia de que, en caso de persistir la inacción española, se buscaría la protección de otra potencia, lo que vino a coincidir con la extensión por Madrid del rumor, finalmente desmentido, de que los Estados Unidos pretendían reclamar aquellos territorios.

Fue por entonces cuando se asentó la idea de la importancia de ejercer un domino efectivo sobre las islas Carolinas, no solo por sus potencialidades económicas, sino también, y eso es clave, para contener el expansionismo de otras potencias y, por ende, para garantizar la seguridad del propio archipiélago filipino 27. Así, el gobernador Joaquín Jovellar (1883-1885) solicitó y obtuvo el visto bueno de Madrid para enviar a Carolinas y Palaos el crucero Velasco a fin de reunir información para el establecimiento de la presencia española en ambos archipiélagos. A su regreso, se iniciaron en Filipinas los preparativos para la colonización de la isla de Yap; no obstante, el relevo de Jovellar retrasó las labores hasta que el nuevo gobernador, Emilito Terrero y Perinat (1885-1888), retomó la cuestión ya en junio de 1885 28.

Terrero hizo su entrada pública en Manila el 4 de abril de 1885 y tan solo cinco días después se embarcó en una visita de inspección a las principales islas del sur malayo-mahometano. Terrero había recibido la orden del Ministerio de Ultramar de considerar una prioridad el progreso del control efectivo sobre aquellas poblaciones de cara, sobre todo, a evitar nuevas reclamaciones internacionales 29. Ninguna instrucción igualmente apremiante recibió, sin embargo, respecto al proyecto de Yap.

Lo cierto es que para entonces España se había visto obligada a firmar un nuevo Protocolo (3 de marzo de 1885) con Gran Bretaña y Alemania, crecientemente alarmadas ante la relativa rapidez con que España estaba siendo capaz, esta vez sí, de establecer un control efectivo sobre Joló. Por dicho acuerdo la Corona española renunciaba a cualquier pretensión sobre la costa norte de Borneo y, a cambio, veía reconocida a nivel internacional su soberanía de iure sobre el archipiélago de Joló. Sin embargo, la reserva del espacio joloano fue concedida a costa no solo de la ratificación de los derechos comerciales previamente otorgados a los súbditos de ambas potencias, sino también del compromiso de no obligar a ningún comerciante extranjero a tocar en puntos dominados ya por España, aceptando por tanto que buena parte del comercio y la navegación en la zona escapasen a su control.

Esta fue la solución que terminaría consolidándose meses después para poner fin a la crisis hispano-germana, conflicto que estalló el día 11 de agosto de 1885 cuando se comunicó oficialmente al gobierno español la intención alemana de establecer un protectorado sobre las islas Carolinas «salvo los derechos bien fundados de tercero» 30. Casi paralelamente, en Manila, el gobernador Terrero había ultimado los preparativos para iniciar la colonización despachando, los días 8 y 10 de agosto, respectivamente, los vapores Manila y San Quintín rumbo a Yap.

Madrid y Manila en el punto álgido de la crisis: agosto-septiembre de 1885

Las noticias acerca del contencioso tuvieron amplia repercusión en la opinión pública española. Si bien es cierto que esta era aún muy desconocedora respecto de los archipiélagos en litigio 31, creemos que la magnitud de la reacción tuvo que ver con la cuestión ya analizada de la amplia ideologización (al menos en sus sectores medios e ilustrados) que vinculaba la conservación de los territorios ultramarinos con la esencia de España como una «nación imperial». Las primeras manifestaciones se produjeron ya los días 12 y 13 de agosto, y la intensidad de la indignación pública fue creciendo espoleada por el discurso nacionalista de la prensa opositora liberal, el cual acabó contagiando a los diarios conservadores partidarios del gobierno 32. Así, cuando el día 23 de agosto salieron a las calles de Madrid 50.000 personas, se había extendido la opinión de que se debía defender la soberanía hispana a todo trance, aunque ello implicase hostilidades 33.

La presión creciente sobre el gabinete canovista, así como la renovada conciencia de la importancia de las Carolinas para la seguridad de las islas Filipinas, se aprecian en la evolución de las órdenes despachadas a Manila durante aquel mes de agosto. En el primer telegrama, cursado el día 13, Madrid ordenaba a Terrero no acceder a la retirada de Yap salvo orden expresa o ante fuerza irresistible ejercida por los alemanes y, en ese sentido, se le prevenía también de la posibilidad de que estos trataran de realizar alguna acción sobre el archipiélago filipino. Terrero consideró entonces que su principal deber era organizar la defensa de Filipinas por lo que, en relación con las islas Carolinas, se limitó a preparar el envío a Yap del vapor Velasco. Este debía transmitir a los expedicionarios las órdenes recibidas, pero también advertirles de que, ante la escasez de medios existentes, no podrían esperar de Manila el envío de refuerzos considerables. Por este motivo les hacía saber, además, la extrema importancia de evitar un conflicto, lo que reiteró Terrero al ministro de Ultramar, si bien ello no impidió que, todavía antes de concluir el mes, le fueran remitidas desde Madrid sendas órdenes para que despachase nuevos navíos a tomar posesión de las islas Palaos 34.

Durante todo aquel mes de agosto, sin embargo, no encontramos referencia alguna a la crisis en el principal periódico de la Filipinas de entonces, el Diario de Manila 35. Tampoco hubo noticias en los meses previos y en relación con los preparativos que precedieron al despacho de los vapores Manila y San Quintín en agosto, ni sobre la salida de aquellos buques del puerto de Manila. Finalmente, también silencio cuando, el 3 de septiembre, retornó a la capital filipina el San Quintín dando cuenta del denominado «incidente de Yap» 36, lo que contrastaba claramente con la inmediatez con que dichas noticias se difundieron por Madrid, donde, ya el 4 de septiembre, se produjo una nueva manifestación nacionalista en que la excitación belicista llevó la crisis a su punto álgido 37.

Desde el inicio del contencioso el embajador español en Berlín, Francisco Merry y Colom, conde de Benomar, había explorado la posibilidad de un acuerdo sobre la base de los anteriores convenios relativos a Joló. Las perspectivas fueron pronto prometedoras y el día 31 de agosto el Ejecutivo alemán abría la puerta a una solución pacífica que pasara por un arbitraje internacional. Con esta favorable perspectiva y aupado por la calle, el gobierno español preparó un memorándum en el que insistía ya decididamente en el reconocimiento de su soberanía. El memorándum fue entregado el 10 de septiembre y, aunque los derechos históricos expresados por España fueron rechazados por Alemania, esta volvió a mostrarse favorable a una solución amistosa proponiendo ya, el día 21, el arbitraje del papa León XIII 38.

Entre tanto, en Manila, septiembre transcurrió entre el desconocimiento público y los preparativos defensivos de las autoridades, una tensión que se incrementó cuando el cónsul alemán hizo saber a Terrero que el comandante del Iltis tenía previsto hacer escala en Manila y que, según costumbre diplomática, pretendía ser recibido por él como máxima autoridad del archipiélago. Ante esta situación, Terrero telegrafió angustiosamente al Ministerio de Ultramar solicitando instrucciones. Ello sucedía el mismo día en que la embajada alemana era asaltada en Madrid. En ese ambiente crispado, se le ordenó que no entrase en contacto con ningún funcionario alemán y, desde luego, que se negase a recibir notificación oficial alguna relativa a Carolinas y Palaos. No obstante, tres días después, el Ministerio informaba a Terrero de haberse recibido explicaciones diplomáticas satisfactorias sobre lo ocurrido en Yap, ordenándosele que, para mantener las favorables perspectivas de negociación, evitase toda manifestación de hostilidad hacia Alemania 39, aunque manteniendo la máxima alerta de forma reservada. Terrero siguió escrupulosamente esta política, con una entrevista cortés con el comandante del Iltis y la toma de disposiciones para que un buque español permaneciese siempre en Yap a la espera de la resolución diplomática del contencioso, además del envío de contingentes de tropas a islas del sur del propio archipiélago filipino todavía no ocupadas de forma permanente 40.

Historicismo nacionalista e iniciativa patriótica: la crisis entrevista por la opinión pública manileña

Fue solo entonces, con la resolución diplomática aparentemente encarrilada, cuando el asunto comenzó a aparecer en el Diario de Manila que, el 8 de octubre, daba noticia de las manifestaciones en la península. Al respecto comentaba que, si bien las leyes especiales impedían que se reprodujesen en Manila similares demostraciones públicas, se hacía necesario dar cauce a la expresión de los análogos sentimientos patrióticos de la sociedad hispano-filipina. A tal fin, proponía imitar las iniciativas desarrolladas en distintas ciudades españolas para adquirir, mediante suscripción popular, buques de guerra para ser donados a la Armada 41.

El fenómeno se venía produciendo en toda España y de él participaron, además de la prensa, distintas entidades asociativas, como la Sociedad Económica de Sevilla o el Centro Mercantil e Industrial de Valladolid, por citar solo algunos ejemplos. Sin embargo, casi todas ellas fracasaron; todas pretendieron realizar una contribución exclusiva y, por ello, casi ninguna consiguió reunir los fondos suficientes 42. Sin embargo, en Manila, la empresa patriótica adquirió pronto una dimensión amplia, recaudando una cantidad suficiente para la construcción de un navío.

En Filipinas este tipo de iniciativas habían venido produciéndose a lo largo del siglo con los más variados motivos. Aquel mismo año de 1885 las páginas del Diario de Manila habían servido para alentar una campaña en solidaridad con los afectados por los terremotos acaecidos en las provincias de Granada y Málaga en la Navidad de 1884. Aquella empresa, sostenida entre febrero y diciembre de 1885, arrojó la notable cantidad de 55.306 pesos 43; esto es, adoptando la conversión un peso cinco pesetas, más de la mitad de la suma con que las provincias de Ultramar contribuyeron a la suscripción nacional 44. Ese rotundo éxito estuvo basado en buena parte en el apoyo que la iniciativa recibió del gobierno superior de Filipinas. Este respaldo oficial no solo proporcionaba infraestructura y apoyo logístico, en íntima colaboración con la iglesia filipina, la verdadera institución que llegaba hasta todos los rincones de la geografía insular, sino que también aseguraba ciertas cantidades al retener un día de sueldo a todos los empleados del Estado, «sin perjuicio de aquellas [cantidades] que deseen contribuir particularmente». Asimismo, también la publicación de las contribuciones en el diario oficial, la Gaceta de Manila, aunque presentada como una medida de transparencia, no dejaba de imponer presión social sobre aquellos que no se encontrasen representados en tales recuentos (también reproducidos en las páginas de la prensa privada) 45.

Sin embargo, en el contexto de la crisis de las islas Carolinas pronto quedó claro que no podría contarse con el tradicional respaldo oficial. Pese a ello, apenas dos días después de haberse propuesto la iniciativa ya se habían reunido 3.190 pesos 46. Al día siguiente, durante la celebración de la procesión de La Naval de aquel año, el domingo día 11, el contencioso estuvo por primera vez presente en el discurso público, si bien no oficial, con motivo de la conmemoración histórico-religiosa anual de las milagrosas victorias logradas en 1642 frente a los holandeses. Entonces como ahora, en 1885, afirmaban los medios eclesiásticos insulares, la Providencia protegería a las armas católicas en caso de que la tensión diplomática degenerase en un enfrentamiento bélico 47. Del mismo modo, cuando el 17 de octubre tuvo lugar la ceremonia del solemne traslado de los restos del antiguo gobernador Simón de Anda y Salazar (1770-1776) 48, la ocasión se convirtió en un momento privilegiado para que, a través de la oración fúnebre pronunciada por Manuel Clemente y López del Campo, chantre de la catedral, la sociedad hispano-filipina mostrara su adhesión a los derechos de España en las islas Carolinas 49.

La alocución del padre Clemente comenzó haciendo un repaso de algunos de los españoles ilustres con que distintas regiones habían contribuido a las «páginas imperecederas de la historia». En esa nómina debía incluirse Anda y Salazar, «modelo de lo que serían todos los españoles si por acaso se turbara la paz». Si bien el religioso realizó también una concesión a la política de prudencia oficial considerando que una ruptura de hostilidades era poco probable al vivirse en una era en que la guerra ya no era patrimonio de reyes y familias, sino de los pueblos y que estos «marchan de común acuerdo a la fraternidad universal», su discurso concluía incidiendo en el compromiso de la sociedad filipina con la integridad del territorio nacional. Particularmente, como miembro del clero, expresaba su seguridad en que «las órdenes religiosas y predicadores de la fe en estas apartadas regiones, con el crucifijo en la mano, marcharán a la cabeza de las huestes patrióticas» constituyéndose el arzobispo de Manila en «un nuevo don Rodrigo en las Navas de Tolosa» 50.

En aquellos momentos el metropolitano era el dominico fray Pedro Payo y Piñeiro (1875-1889), un venerable anciano cuya figura poco tenía que ver con la del clérigo guerrero medieval Rodrigo Jiménez de Rada con el que pretendió comparársele, pero que iba a tener un papel muy significado en la canalización de la iniciativa patriótica puesta en marcha días atrás. Ya en julio, cuando el gobernador Terrero se esforzaba por encontrar los medios necesarios para financiar la expedición que debía iniciar la colonización de Yap, el prestigio del prelado había logrado movilizar importantes donaciones de todo tipo de efectos con destino a los indígenas carolinos 51. Ahora, en octubre, y ante la forzada inhibición oficial, su figura volvió a ser reclamada, a iniciativa de la Real Sociedad de Amigos del País de Filipinas, para presidir la junta encargada de la recogida de fondos.

Aceptado el encargo, la primera alocución pública del arzobispo al respecto se produjo con ocasión de la citada ceremonia de traslación de los restos de Anda y Salazar. En aquel momento anunció que el futuro buque sería bautizado como Filipinas en testimonio «de la lealtad y acrisolado españolismo» de los habitantes de un archipiélago «tan reconocido a los inmensos sacrificios que trescientos años há viene haciendo España en favor suyo» 52. A través de su dirección, la maquinaria de la Iglesia insular coadyuvó notablemente al éxito de la recogida de fondos. Nuevamente se registraron importantes donativos entre particulares, muchos de ellos de empleados públicos, pero esta vez sin obligatoriedad alguna 53. Asimismo, volvieron a organizarse espectáculos a beneficio de la iniciativa, contribuyendo la prensa a su publicidad y a la loa de sus patrocinadores 54. Finalmente, para marzo del año siguiente se había reunido la astronómica cifra de 134.221 pesos 55, cantidad con la que pudo encargarse a la compañía HongKong Wampoa Dock la construcción de una cañonera de primera clase 56.

Para entonces, la crisis que había dado origen a la iniciativa había sido resuelta diplomáticamente. El 22 de octubre de 1885, el papa León XIII había dado a conocer una propuesta que recogía los planteamientos que habían venido manejando los diplomáticos españoles, pero evitando a Alemania aceptarlos mediante una negociación bilateral. La proposición incluía el reconocimiento de la soberanía española sobre las islas Carolinas y Palaos, pero también la obligación del gobierno español de hacerla efectiva. Del mismo modo, recogía los anteriores ofrecimientos realizados por España a Alemania: plena libertad de comercio, navegación y pesca, derecho a establecer una estación naval y depósito de carbón y, finalmente, iguales derechos para los súbditos alemanes que los que disfrutaran los españoles en relación con la fundación de plantaciones y establecimientos agrícolas. Esta proposición pontificia fue la base sobre la que ambas naciones signaron el protocolo definitivo el 17 de diciembre de 1885 57.

Conclusiones

Si bien el discurso oficial en las islas Filipinas bebía de las mismas retóricas historicistas y nacionalistas que identificaban a España como una «nación imperial», esos discursos poseían mayor fuerza entre las elites manileñas, que las convirtieron en el argumentario preferente en que justificar su posición privilegiada en el seno de la sociedad insular. Sin embargo, fue también en Manila donde las autoridades fueron más conscientes de las limitaciones que se oponían en la realidad a estos discursos y, por ello, siempre se mostraron cautelosas respecto de la implicación española en los crecientes conflictos generados por la rivalidad internacional en el Sudeste Asiático y el Pacífico.

La gran excepción fue la cuestión relativa al sultanato de Joló. Pese a no haber podido ser conquistados en el siglo xvi, los territorios malayo-mahometanos al sur de las islas Bisayas fueron considerados siempre una parte integrante de Filipinas, de modo que la lucha por erradicar la piratería y, en última instancia, por someterlos fue una causa enormemente popular entre toda la población cristianizada e hispanizada. Por ello su progresiva complicación internacional fue contemplada, también en Madrid, como un ataque directo al objetivo de la conservación de los territorios que ya se poseían.

Desde el punto de vista internacional, este conflicto puso las bases tanto para el estallido, como para la resolución, finalmente pacífica, de la crisis hispano-germana de 1885 obligando a España a aceptar la realidad de que tan solo la ocupación efectiva podía garantizar el respeto a su soberanía. Por otra parte, a nivel interno filipino, las grandes victorias logradas en aquel teatro de operaciones sirvieron para reforzar el discurso nacionalista y promocionar el prestigio de España y sus administradores entre la población insular, reputación que era fundamental para asegurar la continuación de una forma de gobierno con ausencia de representación y a través de leyes especiales. En 1885 estas leyes fueron empleadas para censurar las noticias sobre el contencioso hispano-alemán. Solo cuando el gobierno manileño había realizado todos los preparativos posibles y había recibido noticia de que las negociaciones en Europa parecían adquirir un carácter favorable, la cuestión apareció en la prensa, constituyéndose en una nueva ocasión para promover tanto el prestigio de las autoridades, en este caso religiosas, como los discursos historicistas que apelaban a la unidad del archipiélago con la España europea.

Precisamente por ello obtuvo tanto éxito, a diferencia de la mayoría de las empresas análogas desarrolladas en la península, la iniciativa patriótica del cañonero Filipinas. Por eso también los problemas surgidos durante su construcción representaron un peligro potencial que podría abrir la puerta al cuestionamiento de la autoridad española en las islas, motivo por el cual dicho asunto desapareció también de las páginas de la prensa.

Una vez concluida su construcción, el barco fue rechazado al considerar los facultativos de la Armada que no reunía los requisitos técnicos imprescindibles 58. Comenzaron entonces a correr rumores por Manila que achacaban el fracaso al representante del arzobispo en Hong-Kong, el cual se habría puesto de acuerdo con los responsables del astillero (del que también se decía que poseían acciones los dominicos) para aumentar las dimensiones del buque y, consecuentemente también, su precio. El gobernador Terrero fue pronto consciente de la peligrosidad política que encerraba el escándalo y, por ello, no dudó en solicitar explicaciones al arzobispo:

«En vista de todo ello y habida cuenta de la transcendental importancia del asunto, de los prestigios que en él se interesan, del deber de dar satisfacción al país que por espontáneo y patriótico impulso y en previsión de conflictos internacionales que el patriotismo y la altísima sabiduría de nuestro inolvidable Monarca supo evitar, y de la ineludible obligación que mi cargo me impone de inspeccionar y de dar de todo ello cuenta al Gobierno de S.M., considero de ineludible necesidad y urgencia que la Comisión que V.E.I. tan dignamente preside me manifieste el resultado de todas sus gestiones, el estado en que el asunto se halla y cuantos datos y antecedentes se relacionen con él» 59.

La cuestión amargó, según él mismo expresó en más de una ocasión, los últimos años de vida de fray Pedro Payo que debió iniciar un litigio con la compañía constructora 60. Aunque las reclamaciones de responsabilidades llevadas a cabo por Terrero se produjeron durante los meses finales de su mandato cuando, ya con un gobierno de signo liberal en la península, su política reformista le había generado la oposición creciente de las órdenes religiosas, su preocupación por la merma del prestigio de la autoridad y, por extensión, de España que el asunto podía generar fue compartida por su sucesor en el cargo 61. De este modo, al fallecimiento del arzobispo Payo, el gobernador Valeriano Weyler (1888-1891) pretendió hacerse cargo del litigio; sin embargo, fue desautorizado por el Consejo de Ministros que consideró que la causa era de naturaleza privada 62.

Con todo, el recuerdo de la desilusión generada por el Filipinas permaneció en la memoria colectiva y se constituyó en un elemento en que cimentar la crítica a la forma de ejercer el gobierno en las islas por parte de España, particularmente a la inmensa delegación de funciones que continuaba realizándose en las órdenes religiosas. Al respecto, son enormemente significativas las alusiones que José Rizal hizo al asunto en el inicio de su novela El Filibusterismo, la cual comienza con la comparación de la situación del archipiélago con las dificultades que experimentaba un vapor al remontar trabajosamente las aguas del manileño río Pasig:

«Y ¡si el dichoso vapor era genuinamente filipino! Con un poquito de buena voluntad hasta se le podía tomar por la nave del Estado, construida bajo la inspección de Reverendas e Ilustrísimas personas [...] Y, si el parecido con la nave del Estado no es completo aun, véase la disposición de los pasajeros. Bajo-cubierta asoman rostros morenos y cabezas negras, tipos de indios, chinos y mestizos, apiñados entre mercancías y baúles, mientras allá arriba, sobre-cubierta y bajo un toldo que les protege del sol, están sentados en cómodos sillones algunos pasajeros vestidos a la europea, frailes y empleados, fumándose sendos puros, contemplando el paisaje, sin apercibirse al parecer de los esfuerzos del capitán y marineros para salvar las dificultades del río» 63.

Un desprestigio y crítica potenciales que explican los esfuerzos de las autoridades insulares por limitar el impacto del conflicto de las islas Carolinas entre la opinión pública hispano-filipina, tan cercana geográficamente al teatro de operaciones, mientras que, sin embargo, las remotas islas puestas en litigio desataban las pasiones nacionalistas en la lejana península.