Ayer 106/2017 (2): 239-264
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2017
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/106-2017-10
© Juan Carlos Jiménez Redondo
Recibido: 28-10-2014 | Aceptado: 27-03-2015
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

La percepción portuguesa de la evolución política española, 1957-1968

Juan Carlos Jiménez Redondo

Universidad CEU San Pablo
jcjimenez.fhum@ceu.es

Resumen: Desde los años sesenta, la evolución interna española comenzó a despertar en el régimen salazarista serias inquietudes por tres razones básicas: por la evolución política que parecía dibujarse, por la aparición de los conflictos nacionalistas periféricos y por la línea de mayor apertura adoptada, especialmente en la política de información, al temerse que pudiera generar en Portugal demandas semejantes. Esta nueva realidad fue considerada por los sectores duros del salazarismo como una desviación de la esencia del régimen español, provocando claros signos de prevención e incluso de rechazo. En este estudio se hace una aproximación a esa evolución política desde la mirada de los representantes diplomáticos portugueses, utilizando para ello una documentación original que pone de manifiesto cómo éstos vieron y percibieron una dictadura que era, al mismo tiempo, sentida como próxima en unos aspectos, pero lejana en muchos otros.

Palabras clave: España, franquismo, imagen exterior, Portugal, salazarismo.

Abstract: In the Sixties, the political evolution of Spain began to generate serious qualms in Portugal under Salazar. Three Spanish developments were particularly worrisome: The apertura of the Spanish dictatorship; the appearance of nationalist conflicts on the periphery, and Franco’s information policy. The Salazarist «bunker» was weary that this new political reality could generate similar demands in Portugal, and posited ways to prevent this from occurring across the border. To such individuals, Spanish developments constituted an unacceptable deviation from an authentic authoritarian path. This article studies this evolution from the point of view of Portuguese diplomatic representatives in Spain. By exploring previously unused documentary evidence, this article demonstrates that the Salazarist elite regarded the Spanish dictatorship as similar to the Portuguese one in a few aspects but very different in many others.

Keywords: Spain, Francoism, image abroad, Portugal, Salazarism.

La especificidad de las visiones recíprocas entre España
y Portugal

La mirada recíproca entre Portugal y España está unida al conflictivo desarrollo de sus respectivos procesos de construcción nacional 1, conformando una forma específica de ver y sentir al vecino peninsular. Por eso la historia de sus relaciones es, a la vez, una sucesión de contagios y negaciones mutuas. Es, en definitiva, el fruto de la acción contradictoriamente centrípeta y centrífuga del iberismo como condicionante básico del vivir peninsular.

El iberismo puede ser definido como la tendencia de carácter político dirigida a integrar a Portugal en un todo peninsular. Tras la unión filipina entre 1580 y 1640, el iberismo asumió en Portugal el significado de peligro español, y solamente durante algunos momentos del siglo xix adquirió un sentido de convergencia. Pero si en España el iberismo remitía al sueño de una comunidad ibérica unitaria, en Portugal fue más bien un proyecto instrumental dentro de las propuestas modernizadoras del nacionalismo, especialmente el de corte liberal y progresista. Por eso se agotó a partir de 1910, cuando se reformuló en términos ultramarinos, africanos y, en cualquier caso, dentro de un marco ya exclusivamente portuguesista 2.

Este histórico antagonismo peninsular 3 encontró una vía de solución a partir de los años veinte del siglo xx, cuando el nacionalismo conservador e incluso reaccionario español aceptó los planteamientos aliancistas del portugués António Sardinha 4. Con todo, aunque este cambio resultó esencial, las resistencias del nacionalismo luso siguieron siendo notables, aunque la implantación del salazarismo y del franquismo las hizo mucho menores 5.

Convergencia autoritaria y nuevo enganche peninsular, 1936-1957

La dictadura de Salazar estuvo conformada por un conglomerado heterogéneo de unas derechas coincidentes en principios como el antiparlamentarismo, el antiliberalismo, el corporativismo, el catolicismo o las demandas de orden y autoridad. Fue un régimen esencialista católico, extremadamente tradicional y elitista que siempre negó la idea de una sociedad abierta, plural y heterogénea capaz de gobernarse a sí y por sí misma 6. El Estado Novo se basó en el liderazgo carismático de un Salazar que había llegado al poder gracias a su supuesta capacidad técnica para solucionar los graves problemas financieros del país. Pero el éxito de su gestión transformó esa dimensión tecnocrática en un reconocimiento de legitimidad política 7, que le permitió afrontar procesos más ambiciosos de concentración del poder y de construcción de un nuevo modelo de Estado. Con todo, aunque su liderazgo siempre tuvo un profundo contenido carismático, también dio a su régimen un potente componente legal-racional, asentado en un marco constitucional híbrido que le permitió desarrollar su dictadura en términos formalmente «ajustados» a la ley 8.

El corporativismo fue el marco teórico y práctico a través del cual se articuló una poderosa intervención económica y social del Estado como estructura de protección de ciertos intereses económicos fundamentales, ligados a la exportación, y de ciertos intereses social y políticamente dominantes, ligados a la agricultura, a las colonias o a la industria 9. A pesar de ello, la densidad represiva del régimen fue subjetivamente alta, dadas las dimensiones del país 10. De hecho, la concepción y la práctica cotidiana de la policía política fueron los factores más caracterizadamente totalitarios de un régimen 11 que experimentó un significativo proceso de fascistización a raíz de la Guerra Civil española. Y lo hizo tanto por su política de ayuda incondicional a los militares levantados el 18 de julio, como por el endurecimiento de la represión política y la creación de cuerpos paramilitares de encuadramiento.

La sublevación militar de julio de 1936 permitió a Salazar adoptar una nueva política ibérica ofensiva, dirigida a coadyuvar a la victoria total del ejército de Franco 12. Su consecuencia de fondo fue el enganche de ambos regímenes sobre la base de una solidaridad autoritaria tácita que acabó haciéndose explícita con la firma del Tratado de Amistad y No Agresión de 1939 13. Evidentemente, era una garantía importante pero no definitiva, pues podía quedar sin efecto en una situación de guerra generalizada y con los dos países presumiblemente vinculados a bloques opuestos. Esta divergencia revivió el viejo peligro español, asociado esta vez a la dependencia del gobierno franquista respecto de Italia y Alemania. El momento culminante de esta fase fue la declaración de no beligerancia, momento que Franco intentó aprovechar para imponer una situación tácita de hegemonía en la península basada en la sustitución de la tradicional relación Londres-Lisboa por un nuevo eje político y militar Madrid-Lisboa 14. Sin embargo, Salazar se mostró inflexible, reconduciendo el proyecto hacia la firma de un protocolo adicional que, al rechazar la pretensión española de cooperación militar de los dos países contra la agresión de terceros, simplemente garantizaba el statu quo peninsular 15.

A partir de finales de 1941, ambas dictaduras, especialmente la franquista, acometieron un giro neutralista que les aproximó de nuevo. Aunque el primer paso fue la reunión de febrero de 1942 entre Franco y Salazar, su momento definitivo llegó con la proclamación en diciembre del Bloque Ibérico, una fórmula retórica que, sin embargo, volvió a enganchar a los autoritarismos ibéricos en una estrategia defensiva común frente a las nuevas realidades de la incierta posguerra 16.

Tras la guerra, las relaciones entre Portugal y España entraron en una fase cualitativamente distinta. El problema iberista fue dejando paso a nuevos condicionantes exógenos que incrementaron la cooperación entre dos dictaduras que se percibían a sí mismas como interrelacionadas e interdependientes. Más aún cuando el franquismo fue apartado de ese proceso de reconfiguración del orden posbélico, lo que situó a España en una situación de fuerte dependencia frente a un régimen portugués que podía asumir una proyección internacional mucho mayor y, gracias a ella, ejercer funciones de interlocución y de liderazgo diplomáticos de los autoritarismos ibéricos en su conjunto 17.

Para Salazar, el mantenimiento de Franco era esencial para garantizar la seguridad del país frente a la amenaza soviética, y la de su propio régimen. De hecho, aunque defendió la posibilidad de una restauración monárquica pactada y aceptada por el ejército 18, siempre consideró que cualquier otra fórmula de cambio daría paso a una nueva guerra civil que acabaría extendiéndose a Portugal. Por eso, en su opinión, la única política posible era afirmar a Franco en el poder, insertando a España en el nuevo marco de defensa occidental. Y para ello era imprescindible aceptar un nuevo concepto militar y político: el de la Península Ibérica como unidad estratégica defensiva. Es decir, aceptar que España pasaba de ser el enemigo tradicional del país a aliado imprescindible en la defensa común del mundo occidental. Pero la presión lusa en favor de la incorporación de España a las nuevas estructuras defensivas del mundo occidental fue infructuosa, pues esa inserción solamente la podía realizar el gobierno de Estados Unidos, como efectivamente hizo a través de los pactos bilaterales firmados en 1953, a los que Portugal se sumó en 1956 19.

La reorientación general de las relaciones peninsulares
a partir de 1957

La significativa mejoría en las relaciones políticas, militares y estratégicas animó otras posibilidades de cooperación. Por ejemplo, en el campo de las relaciones económicas y comerciales, que retomaron esa idea del iberismo decimonónico del mercado común ibérico, inscrito ahora en la búsqueda de una respuesta conjunta a la nueva coyuntura de integración económica europea. Pero lo esencial es que esa nueva dinámica de interdependencia y la aceleración del cambio social y cultural que estaba viviendo el mundo desarrollado obligaron a las dictaduras a adoptar planteamientos más pragmáticos, de relativa liberalización, que les permitieran ofrecer a sus ciudadanos mejores condiciones de vida como nueva forma de legitimación de unos regímenes políticamente esclerotizados.

Este proceso de cambio estructural fue difícil en ambos países, pero resultó menos conflictivo y más exitoso en España que en Portugal, donde el salazarismo vivió desde 1958 una aguda y continuada fase de crisis que estuvo a punto de acabar con Salazar. La crisis política, la reactivación de la oposición y, sobre todo, el inicio de las guerras coloniales llevaron al salazarismo a una progresiva cerrazón ideológica, a una hipertrofia nacionalista y a una fuerte concentración de sus intereses internacionales. La cuestión colonial pasó a ser el eje decisivo de toda la acción exterior de la dictadura y el elemento simbólico y discursivo de la supervivencia del propio régimen autoritario 20.

Las guerras africanas distanciaron progresivamente a ambas dictaduras porque el régimen luso pretendió conseguir de España un apoyo total a sus tesis integracionistas, lo que no siempre fue posible. Primero, para no perjudicar la notable mejoría de la posición internacional alcanzada. Segundo, para no caer en contradicciones insalvables respecto de la reivindicación española de la situación colonial de Gibraltar. Y, tercero, para no perjudicar sus relaciones con los países árabes. Sin embargo, el propio Franco ordenó personalmente que España nunca dejara de apoyar al país vecino, tanto en términos políticos como diplomáticos 21. Además, siempre estuvo dispuesto a ayudar discretamente a Portugal en las guerras africanas, por ejemplo en campos como la información y la propaganda, aspectos decisivos para el mantenimiento de la logística de guerra 22.

En realidad, esta colaboración militar se inscribía en un marco más general de colaboración defensiva entre las dictaduras. Cooperación que, tras la relajación de la bipolaridad rígida, asumió, como ya sucediera en los años de la Guerra Civil, la defensa coordinada de las dictaduras frente a una nueva oposición que comenzaba a recuperar un evidente protagonismo y a adquirir, en algunos casos, una cierta dimensión ibérica 23. En definitiva, a partir de 1957 la posición de poder relativo entre ambos países volvió a invertirse, esta vez en favor de España. La cooperación continuó en los terrenos militar y defensivo, aunque la divergencia de sus posiciones en materia colonial y el caso Delgado fueron generando un creciente distanciamiento 24. Pero lo fundamental es que esa inversión de papeles internacionales, el creciente aislamiento internacional de la dictadu­ra y las limitaciones en el desarrollo del país interiorizaron en el salazarismo una comparación negativa en relación con una España que crecía más, que elevaba sus nieles de vida y cuya posición internacional había mejorado sustancialmente; en definitiva, que parecía enfrentarse mejor a las demandas de esa nueva sociedad modernizada de los años sesenta.

La mirada portuguesa de la nueva España del desarrollismo

A mediados de los años cincuenta, el régimen franquista vivió un complejo proceso de crisis, perceptible en varios niveles fundamentales: económico, social, político e institucional. Así lo advirtió el embajador luso cuando acertadamente señalaba que, aunque el momento «no es infelizmente brillante, debo añadir que mantengo que el Generalísimo, disponiendo de fuerza militar y contando con el valor del miedo general a las explosiones sangrientas, continuará manteniéndose señor de los destinos políticos del país y que con tiempo, la recuperación económica y financiera se dará, porque no existen dudas de que el desarrollo constituirá la base de sus resultados» 25. La crisis obligó a Franco a introducir cambios decisivos en su régimen, que modificaron significativamente el carácter de régimen «cuartelario» que la dictadura había tenido hasta entonces. Si bien el franquismo olvidó con rapidez las propuestas semiautárquicas anteriores, debido sobre todo a los frutos que esta nueva línea proporcionó, en la otra dictadura ibérica la percepción dominante era que Franco había abdicado en este campo, como también lo había hecho en el tema de la descolonización, de los principios fundamentales en los que se había sustentado el régimen hasta entonces.

Esta evolución hizo que dentro del régimen luso se fuera abriendo camino la idea de que sólo ellos conservaban intactos los idearios que le habían visto nacer, mientras que la España franquista se iba diluyendo en una especie de gobierno burocrático que había perdido su base ideológica y doctrinal. Así lo expresó Salazar en una entrevista concedida al periódico lisboeta Diário de Notícias, donde afirmó que Portugal jamás tomaría el camino seguido por España, para no pagar con la «descaracterización» el precio del progreso derivado del nuevo modelo socioeconómico adoptado 26.

Evidentemente, los diplomáticos portugueses eran conscientes del potencial transformador que España estaba experimentando. Y no sólo en términos económicos, sino también políticos, pues el embajador José Nossolini consideraba que el régimen franquista se estaba dividiendo cada vez más en dos corrientes políticas frente a los problemas del futuro: una, la del Movimiento, que «pretende mantener la situación conquistada y el deber y el derecho de tener que proteger los evangelios de la Revolución»; y, otra, una corriente que todavía creía en formación, de orientación católica, y que «alguno de sus integrantes define como oposición leal y cooperadora», y que, en su opinión, pretendía «forzar las murallas del Movimiento por lo menos para darle una estructura para hacer por lo menos que el Movimiento contenga la representación de varios partidos» 27.

En realidad, lo que los portugueses observaban era lo que creían que era el inicio de un proceso de descomposición de las bases sociales y políticas del franquismo, con unas nuevas facciones adscritas al Opus Dei que pugnaban por dirigir la dictadura, y unos sectores monárquicos que seguían muy divididos en torno a la conveniencia o no de romper con Franco. En este último caso, resultan llamativos los comentarios del embajador realizados en 1959 a propósito de una comida de monárquicos celebrada en el Hotel Menfis. Aunque señalaba que el número de comensales fue limitado (76) y el único militar presente fue el general Tello, «separado del Ejército por un Tribunal de Honor», apuntaba «la contradicción entre las tesis de Pemán y las de Satrústegui». Desde su óptica, mientras Pemán no era favorable a la subida inmediata de don Juan al trono, «sino que Franco deje consolidado el futuro del Reino, o sea, la sucesión, todavía en vida y posiblemente la instauración de una monarquía diferente de la que el actual régimen encarna», pues recelaba cada vez más de la organización sindical, «tal vez antimonárquica pero cuyo falangismo también admite dudas», Satrústegui «puso el problema de la legitimidad del poder de Franco». El embajador creía que la opinión de Pemán era mayoritaria «y aprobada en principio por D. Juan». Sin embargo, la posición de Satrústegui se «considera contraproducente para los fines que se proponen visto que acabó de dar a los elementos antifranquistas pretextos para su propaganda en el extranjero». Pero lo que creía verdaderamente importante es que «estos acontecimientos evidencian una desunión entre los monárquicos y denotan una cierta falta de sentido político que no puede dejarlos de perjudicar, en el momento justo en el que ellos se quejan de un debilitamiento en la popularidad de la monarquía» 28.

El cambio de gobierno de julio de 1962 fue visto por los representantes portugueses como la confirmación del aumento de la influencia del Opus Dei en detrimento, sobre todo, de Falange 29, sólo compensada por la consolidación del componente militar del régimen gracias a la elevación de Muñoz Grandes a la vicepresidencia del gobierno 30. Suponía, además, el retroceso del Movimiento en favor de la monarquía, aunque, según el nuevo embajador Pinto Coelho, las relaciones entre Franco y don Juan habían llegado a un alto grado de tensión por la oposición de este último a jurar los Principios Fundamentales del Movimiento y su negativa a reconocer en éstos la fuente de su legitimidad. En cuanto a la idea de ver en don Juan Carlos un pretendiente más dócil, la opinión del embajador era que parecía haber fracasado, al estar éste firmemente decidido a no aceptar para sí la corona que no querían dar a su padre. Franco, concluía Pinto Coelho, veía la monarquía como la solución teórica para la continuidad del régimen, pero en la práctica «sabe que la restauración hecha en la persona del conde de Barcelona probablemente traería el regreso de las instituciones de tipo democrático y parlamentario, inconciliables con la esencia del mismo régimen».

Para el embajador, Franco seguía sin tener intención de proceder a una verdadera liberalización del régimen, sino que pretendía una mera actualización de sus objetivos y una vivificación de sus procesos. Sin embargo, el hecho que consideraba dominante, tanto a nivel político como económico, era que la evolución de Europa estaba haciendo que en España, «un país tanto tiempo cerrado sobre sí mismo», la primera de las realidades por considerar tendiera a ser justamente la realidad exterior, colocada frente a la eventualidad de tener que armonizar sus propias estructuras económicas, sociales y políticas con las de Europa en una acomodación realmente difícil. De todo ello derivaba la idea de que España comenzara a acusar los efectos de un vasto fenómeno de aculturación. En todo caso, concluía Pinto Coelho, Franco seguía contando con el apoyo absoluto del ejército, reforzado entonces por el aumento de prestigio popular derivado del progreso económico, por lo que sus únicos enemigos eran los provenientes del proceso integrador europeo, que podían decidirse por un fuerte apoyo externo a las fuerzas políticas del interior, pero que contaban siempre con un elemento esencial de disuasión: el recuerdo de la Guerra Civil, que pensaba seguía siendo el principal factor de disuasión a cualquier alternativa no pacífica al régimen 31.

Abierta en el interior del régimen la interrogante sobre la sucesión de Franco, las demandas de institucionalización fueron insistentes, sucediéndose los proyectos sin que Franco acabara por decidirse por alguno de ellos. Este impasse dio origen a varios rumores recogidos por las fuentes portuguesas, algunos de ellos verdaderamente llamativos. Es el caso de un informe realizado por la PIDE en el que afirmaba que, «según fuente generalmente digna de crédito», el gobierno español estaba estudiando «un sensacional plan de instauración de la llamada democracia social en su país», y para obtener el apoyo de Pablo VI, «lo que parece tener garantizado de antemano», había nombrado embajador en el Vaticano a Antonio Garrigues. Finalmente, apuntaba cómo la embajada de España en Lisboa estaría también en contacto con altas personalidades políticas y financieras portuguesas en el sentido de que reformas idénticas fueran eventualmente instauradas en Portugal, a fin de situar a ambos países en una actitud semejante en relación con «las corrientes políticas contemporáneas» 32.

Igualmente, en febrero de 1965, la embajada recogió nuevos rumores que circulaban en varios círculos políticos españoles en torno a la posibilidad de que Franco fuera a permitir la formación de partidos moderados para que intervinieran en la vida política del país. En concreto hablaba de que el gobierno estaba preparando la formación de dos grandes partidos: uno cristiano-demócrata, dirigido por los exministros Joaquín Ruiz Giménez y Alberto Martín Artajo; y un partido socialista dirigido por Enrique Tierno Galván 33. Pero, evidentemente, no eran más que rumores desmentidos por completo con la presentación del proyecto de Ley Orgánica del Estado. Resulta también curioso que el director general del Ministerio de Negocios Extranjeros, haciéndose eco de informes de su embajador en Madrid, comentara que distintas personalidades políticas (Dionisio Ridruejo, Gil Robles, Mariano Aguilar Rubio, Tierno Galván, Alfonso Sastre o Mariano Robles) habían pedido que se les concedieran ciertas facilidades de propaganda para la campaña electoral anterior al referéndum de aprobación de la ley orgánica: «Piden alargar plazo concedido para el referéndum, aumentar el número de interventores y que éstos sea escogidos por sorteo; y ampliación por tres días más plazo eventual impugnación; alargamiento referéndum a los españoles resientes en el extranjero; concesión facilidades en televisión, radio y prensa y autorización del gobierno para celebrar conferencias y coloquios». Según relata el director general del Ministerio, el embajador recalcaba que «las llamadas oposiciones españolas adoptarían tácticas semejantes a las utilizadas por sus congéneres portugueses, solicitando la concesión de facilidades que saben ya de antemano son imposibles de concederse, a fin de poder alimentar cierto descontento y después justificar mejor la derrota que ya se considera inevitable» 34.

Sometida a referéndum, la ley fue aprobada el 14 de diciembre por casi absoluta, y sospechosa, unanimidad del cuerpo electoral. La ley introducía el principio de representación familiar en las Cortes en un simulacro de representación popular y, aunque reconocía la existencia de distintos pareceres sobre las cuestiones políticas, siempre dentro del Movimiento, no contemplaba en modo alguno la existencia de partidos políticos. La ley aumentaba las competencias de las Cortes, aunque sin otorgarles ningún papel fiscalizador del ejecutivo, y separaba las funciones de jefe del Estado y de jefe de gobierno, aunque seguía otorgando al primero una prevalencia casi absoluta. Finalmente, confirmaba que la monarquía sería la forma política que sucedería a Franco, pero sin especificar nada acerca de la persona que sería nombrada como sucesor. Para los medios portugueses, la ley era una manifestación indiscutible de la habilidad política de Franco, sobre todo por la forma en que introducía la solución monárquica.

Según el embajador luso, existía desde 1947 en todas las capas sociopolíticas indiferencia e incluso hostilidad o aversión a la idea monárquica, «por eso no tengo duda en afirmar que si la cuestión monárquica fuera puesta en votación popular no sería fácil prever el resultado». Por ello, continuaba, al incluir la constitución en reino dentro de la ley, y tener que ser votada en conjunto, Franco se había asegurado su aprobación. E incluso señalaba cómo dejaba abierta la posibilidad de que don Juan fuera nombrado rey de España. Por eso creía que la ley había causado gran sensación entre los monárquicos, pues el texto reforzaba la estructura monárquica hereditaria del Estado, «apartando prácticamente el peligro de una inmediata solución de regencia que, tal y como está la Ley de Sucesión, sería solución posible y muy del agrado, hasta como mal menor, de ciertos sectores fieles a la regencia de Franco, pero amonárquicos o antimonárquicos. En efecto, con la nueva ley la regencia queda relegada para un plano decididamente secundario y meramente subsidiario que no se puede considerar una verdadera alternativa».

Al mismo tiempo señalaba que la ley dispersaba los poderes que hasta ahora habían estado concentrados y personalizados en Franco, «y digo a propósito en Franco, porque esos poderes casi absolutos le fueron conferidos no al jefe del Estado (entidad abstracta), sino al mismo Franco (entidad concreta), Caudillo de España ascendido a jefe del Estado». Aunque acertadamente apuntaba que la ley no alteraba radicalmente el poder personal de Franco, que, «al continuar gozando de enorme prestigio, por suerte reforzado o menos condicionado, por haber finalmente arrojado luz sobre el camino a seguir», continuaría ejerciendo efectivamente el poder. Sólo señalaba como reacción negativa la producida por la exclusión de los partidos políticos, que a su juicio, había constituido una de las más fuertes decepciones de los diversos sectores políticos españoles, «incluso de algunos que siempre habían apoyado al Caudillo y al régimen» 35.

La extendida conflictividad social existente en España y la posición crítica de los sectores intelectuales eran percibidas con indudable alarma en un régimen que sufría problemas muy similares. Ya en 1960 el embajador había advertido a su gobierno de la preocupación existente dentro del régimen español por el apartamiento progresivo de los intelectuales anteriormente próximos al régimen. Alejamiento atribuido a la incomprensión de las altas esferas sobre la función de los intelectuales en la sociedad moderna, y hasta al poco cuidado de «algunos ministros que habían perdido la confianza de los funcionarios cuya colaboración pasó a ser meramente pasiva». Continuaba señalando que en las «generaciones jóvenes se nota un aumento del prestigio de algunas personalidades que fueron apartadas por sus enemigos oficiales», por lo que se comentaba en determinados círculos «que en los organismos sindicales obligatorios existen estados embrionarios y clandestinamente núcleos de distintas tendencias subversivas y que en caso de alteración del actual equilibrio social en dinamismo revolucionario subversivo difícilmente podría ser contenido por las autoridades establecidas». Advertía, sin embargo, que «naturalmente las esferas responsables parecen contar sobre todo con la eficiencia de los órganos represivos que, no obstante, en el caso de profundas conmociones puede resultar inoperante». De todos modos, concluía, «encuentro que dirigentes y beneficiarios del régimen parecen conformarse con el clásico dicho español de aquí no pasa nada. En esos mismos círculos se desconfía del excesivo conformismo general y preferirían que los graves problemas del reajuste económico y de la evolución futura del régimen fueran discutidos y preparados dentro de límites adecuados» 36.

Estos gérmenes de rearticulación de la oposición política al franquismo que apuntaban las informaciones diplomáticas portuguesas tuvieron un punto culminante en la reunión celebrada en 1962 en Múnich por representantes de buena parte de los círculos de oposición del interior y el exilio, a excepción del Partido Comunista. La reacción del gobierno franquista fue especialmente dura, aunque la embajada lusa consideraba que «no habría habido por parte católica y monárquica presentes en la reunión intención de hostilizar al régimen de la forma en que fue noticiado. No habría habido realmente ningún pacto o acuerdo con elementos izquierdistas del exilio». Por eso el embajador se mostraba desconcertado por la actitud del gobierno español y, sobre todo, por la suspensión del derecho a fijar residencia que «parece haber sorprendido completamente a individualidades que fueron a Múnich». «Gil Robles llegó a desembarcar en Barajas, donde fue detenido y le fue puesta la alternativa entre el exilio o el destierro (en Canarias o en la Guinea española). Optó, como Castiella me dijo 37, por el exilio». La interpretación del embajador era que la reunión había sido ampliamente explotada por algunos sectores del régimen, sobre todo por Falange, en detrimento del «Conde de Barcelona y Acción Católica». «En medios católicos se dice que el aprovechamiento propagandístico visaría por parte de personas y grupos interesados en no perder sus posiciones, y en atrasar remodelación ministerial que parece ser inminente y en la cual caería Solís (Movimiento) Sanz Orrio (Trabajo) Arias Salgado (Información y Turismo) y los ministros militares. De cualquier forma las autoridades parecen haber querido aprovechar la oportunidad para compensar la sacudida producida por las recientes huelgas» 38.

La respuesta a la reunión de Múnich no acabó con una oposición cada vez más activa en distintos ámbitos como, por ejemplo, la Universidad. Aunque, en esta ocasión, la reflexión de la embajada era menos comprometida, como se puede observar en los comentarios realizados acerca de las protestas estudiantiles de 1968 en la Universidad de Madrid, pues, a juicio de las fuentes portuguesas, «no existen dudas acerca de la influencia comunista en la agitación estudiantil de Madrid y de otros centros universitarios españoles» 39. Según un informe de la PIDE sobre las protestas, «llevado el tema al Consejo de Ministros», estalló el choque entre Camilo Alonso Vega, con el apoyo de los ministros militares, y Lora Tamayo, que a su vez contó con el apoyo de muchos catedráticos, «que según parece defendió que la policía solamente debía intervenir a solicitud de los rectores o del ministro de Educación». La PIDE señalaba que, tras este enfrentamiento, «el Generalísimo tomó posición. Y al día siguiente lo que es corriente oír en los mentideros de Madrid, el General Camilo Alonso habría ido al Ministerio de Educación a exigir explicaciones al ministro Lora Tamayo. En el transcurso de la discusión, muy violenta, el ministro de la Gobernación habría dado una bofetada a su colega de Educación». Éste, inmediatamente, habría pedido al Generalísimo su dimisión, abandonando España en dirección a Italia «bajo el pretexto de que en su calidad de presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas tenía que asistir a una reunión científica». Lora Tamayo fue sustituido por Luis Villar Palasí, aunque «todo el mundo universitario tomó una posición contraria al general Camilo Alonso (a quien llaman el Camulo). La situación es considerada grave, políticamente hablando, habiendo los Altos Mandos reunido y dado su apoyo al Ministro de la Gobernación, de una forma ostensible, lo que revistió también una declaración de apoyo a la política del Generalísimo». El informe concluía señalando que «medios bien informados comunican que el OPUS DEI reforzó su posición en las Universidades, pero adoptó una política de expectativa frente a los Mandos» 40.

Los problemas catalán y vasco

La mayor preocupación de la embajada portuguesa en Madrid provenía de la consideración de los problemas nacionalistas en Cataluña y el País Vasco. Ya en 1965 recogía la preocupación existente en el gobierno español, pues tanto en el País Vasco como en Navarra y Cataluña venían produciéndose «a un ritmo cada vez mayor» tendencias separatistas: «fueron descubiertas numerosas publicaciones en vasco incitando a la población recusar hablar en castellano y contribuir con dinero para el movimiento “Vasconia Libre”. Han aparecido con frecuencia lo que estas autoridades consideran alarmantes slogans separatistas por las calles, paredes y muros de toda Guipúzcoa, Navarra y Bilbao» 41.

Los movimientos catalanista y vasco presentaban, a juicio del embajador luso, evidentes diferencias, pues mientras el catalán se manifestaba predominantemente en los sectores intelectuales y cultos, el vasco se presentaba, «por lo menos a los ojos de un observador no iniciado», como eminentemente popular. También observaba cómo el catalanismo se manifestaba, «hasta los límites de lo que les era material y legalmente posible», de forma abierta y ostensible, mientras que el separatismo vasco era preferentemente clandestino, «no sin dejar de recurrir a veces a la violencia». Según su opinión, los dos nacionalismos, hablando en términos prácticos, eran más sentimientos que propiamente movimientos, teniendo en común, además de la implícita animadversión «a Madrid, a Castilla», el frecuente apoyo en el clero oriundo de las respectivas ­regiones. Pero también en ese terreno encontraba apreciables diferencias, pues si en Cataluña era patrimonio sobre todo de las órdenes cultas como la «celebérrima Abadía de Monserrat y los Capuchinos de Barcelona», en Vizcaya eran normalmente los párrocos quienes más se significaban en este sentido. Por eso eran relativamente frecuentes las detenciones de sacerdotes vascos incriminados por sus alocuciones o por escritos, e incluso por encabezar manifestaciones separatistas 42.

Refiriéndose en concreto al movimiento vasco, señalaba que la reaparición de la conciencia separatista en Guipúzcoa y Vizcaya, silenciada desde el fin de la Guerra Civil, se había producido fundamentalmente por razones económicas, aunque el primer factor de resentimiento hacia el franquismo vino «al quitarles los conciertos económicos», lo que no fue sólo un «duro golpe para el amor propio vasco, sino también en cierto modo un hándicap para el futuro desarrollo económico de la región». Aunque reconocía que los vascos habían sido desde siempre un pueblo con un arraigado sentimiento regionalista, ese resentimiento latente hacia el franquismo no había tenido nunca oportunidad de expresión política de importancia, porque las circunstancias políticas internas de España no habían sido las adecuadas para permitir esa expresión. A partir de 1961 el boom económico español, «siendo Vizcaya y Guipúzcoa de las provincias más desarrolladas», tendió si no a anular, sí a atenuar ese resentimiento. Pero la recesión económica que surgió a partir de 1966, y que tuvo serias repercusiones en ambas provincias, vino a alterar esa situación.

Ello se sumaba, en su opinión, a la liberalización política, que «ofrecía por primera vez en muchos años la posibilidad de dar libre expresión a desacuerdos y reivindicaciones latentes desde hace mucho tiempo». Todo este clima se traducía, a ojos del embajador, en la agitación social de las masas trabajadoras, abiertamente apoyadas por los sectores más jóvenes del clero, en las críticas dirigidas a los medios empresariales locales y a la política económica del gobierno y, en fin, a los actos de terrorismo de ETA, «una organización subversiva que actúa a partir de las bases establecidas en Francia». Aquí introducía el embajador una matización importante al considerar que no se podía aceptar «sin las mayores reservas» el equívoco que tendía a confundir a ETA con el antiguo PNV, «que apenas tienen en común ser organizaciones regionales». Según este análisis, el equívoco había sido en cierto modo alimentado por las propias autoridades, «poco deseosas de reconocer abiertamente el carácter antigubernamental del terrorismo». Pero, continuaba, no había que olvidar que el PNV había sido siempre desde su fundación a mediados del siglo xix una fuerza esencialmente conservadora y antiliberal, siendo su único trazo revolucionario el separatismo, mientras que la ideología de ETA era marxista, «aunque sea difícil precisar si de obediencia soviética o maoísta». Además, aunque consideraba muy posible que ambas fuerzas tuvieran responsabilidades en «la creación de la presente agitación... Que ellos actúan en común no puede aceptarse en vista del foso ideológico que las separa y del que es expresión el hecho de que los propios líderes del PNV, exiliados en París, estén amenazados de muerte por la ETA». En cualquier caso, y para finalizar, seguía insistiendo en que lo más sorprendente era la, a su juicio, insólita actitud del clero, «tornándose habitual que los sacerdotes aprovechen las misas para hacer ataques abiertos a la política del gobierno y en muchos casos casi abierta apología de la rebelión» 43.

La nueva posición de la Iglesia

En una carta enviada por Salazar al embajador español, quedaba bien claro la percepción de los viejos dictadores ante el nuevo rumbo que estaba adoptando la Iglesia y lo incomprensible para ellos de esta posición. En esa misiva, Salazar señalaba que «se tiene la impresión de que la Península Ibérica continua firme en sus posiciones doctrinales y políticas, pero otras naciones van un poco a la deriva». En concreto, el viejo dictador portugués mantenía que «me parece que no podemos contentarnos solamente con que la jerarquía esté siempre en una posición justa. La jerarquía, o sea, la propia Iglesia, no se levantará contra un Estado Católico como España, ni siquiera contra un Estado neutro como Portugal pero que trabaja dentro del pensamiento católico y en buen entendimiento con la Iglesia». El problema para Salazar no era, por tanto, la vieja jerarquía de la Iglesia católica, sino «las organizaciones que trabajan a látere y en el terreno político o social no merecen siempre la misma confianza». Y aquí surge la permanente desconfianza que siempre tuvo hacia los partidos democratacristianos, y en especial lo que estaba ocurriendo en Italia, donde la democracia cristiana y el partido comunista avanzaban cada vez más hacia una convergencia de gobierno. Las palabras de Salazar eran bien elocuentes: «lo que vemos en muchos países con la democracia cristiana permite concluir que puede converger con los comunistas en el terreno de las reivindicaciones y mejoras materiales, y en esta competición se perciben deslices que si no comprometen directamente a la Iglesia, crean dificultades. Y éstas no siempre la Jerarquía las puede resolver. Veo grandes semejanzas entre lo que pasa en España y lo que pasa en Portugal en este campo» 44.

Esta posición doctrinal de Salazar fue evidentemente ratificada por su embajador en Madrid. Por eso, en 1962 advertía que una parte del clero, concretamente la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), era «el más decidido e importante apoyo al movimiento huelguístico». En su opinión, el PCE había intentado aprovecharse del mismo, pero, en realidad, no había tenido papel alguno ni en su eclosión, ni mucho menos en su éxito. Desde su punto de vista, los conflictos obreros habían sido, «en la práctica, reales conflictos salariales, reclamaciones que son consideradas unánimemente como justas». Según sus informaciones, no era posible «decir con seguridad el significado de las huelgas en el cuadro general de la transición por la que este país atraviesa actualmente. Las Fuerzas de Seguridad observaron las órdenes de prudencia y calma que les fueron dadas. Las masas trabajadoras protestaron con una disciplina y compostura que impresionaron a los observadores de algunas misiones acreditadas». Y, a pesar del precio pagado en forma de detenciones, destierros y pérdidas de antigüedad, «el movimiento huelguístico triunfó y triunfó contra la legalidad. Lo curioso es comprobar la simultánea inoperancia tanto del PCE como de la organización sindical. El PCE no consiguió ni dominar ni siquiera inspirar el movimiento huelguístico, la segunda es generalmente considerada como que ha sido puesto en choque por la HOAC». Lo más llamativo de toda la argumentación es la conclusión final ofrecida por el embajador, pues, en su opinión, «en el fondo, el problema es el de la distribución de la riqueza nacional, ya que España continua siendo el país de Europa occidental donde las diferencias de clases son más acentuadas. La Iglesia no quiere comprometerse con una autoridad no siempre impecable, ni perder las simpatías de una masa popular casi siempre justificada en sus deseos de mejora económica. A nivel internacional las huelgas habrán servido para reforzar la conocida oposición a la entrada de España a la CEE» 45.

La prevención ante la Ley de Prensa de 1966

Uno de los principales resultados del aperturismo franquista fue la Ley de Prensa de 1966 defendida por Fraga Iribarne, una ley que causó viva reacción en los medios portugueses, que consideraron que podría acarrear demandas semejantes en Portugal, o propiciar la inclusión en la prensa española de noticias contrarias a la política portuguesa 46. A pesar de las grandes restricciones todavía presentes, la ley permitió que apareciera una nueva forma de analizar la política portuguesa mucho más crítica, especialmente sobre la política ultramarina, aunque también sobre la situación de miseria económica existente en el país o la emigración clandestina. Esas críticas fueron aumentando hasta alcanzar al propio régimen político, causando evidente preocupación en los medios diplomáticos lusos acreditados en España, que incluso llegaron a apuntar la posibilidad de que tal campaña —así lo calificaba el embajador— pudiera ser interpretada tanto interna como internacionalmente como un cambio en la orientación política tradicional mantenida por el gobierno español hacia su país.

A pesar de considerarla muy generalizada, resaltaban especialmente la existencia de dos medios contrarios a la política portuguesa: el grupo de Cuadernos para el Diálogo y al periodista Rafael Calvo Serer, autor de diversos artículos en el periódico Madrid. En cuanto a la «sistemática posición de Cuadernos para el Diálogo puede explicarse por dos razones: por ser católicos-progresistas es natural que tengan ligazones personales con los paralelos de ahí y por ser muy influenciada por algunos de los profesores de la Universidad de Madrid hace pocos años dimitidos por encabezar la insubordinación estudiantil (Aranguren, Aguilar Navarro, etc.), mezquinos y resentidos es natural que quieran crear dificultades al gobierno español y especialmente deteriorar las relaciones entre los dos gobiernos». En cuanto a la actitud de Calvo Serer, la consideraban distinta al ser «un incansable batallador de la democracia, en la que cree sinceramente y con la que sueña día y noche. Pero aun siendo cultísimo, muy inteligente, documentado, viajado, es, a mi ver, en extremo ingenuo y, peor que eso, un obstinado casi fanático». Sea como fuera, concluía Pinto Coelho en este informe en el que el ministro anotaba al margen que «tenía mucho interés e importancia», era evidente que «estamos atravesando un momento difícil frente a esta prensa» 47.

No era una preocupación nueva. Dos años antes, el encargado del servicio de información de la embajada en Madrid, había propuesto: «que no obstante el notable esfuerzo hecho por la Agencia Oficial de Noticias de Portugal (ANI) se aumentara considerablemente el porcentaje de noticias y crónicas debidamente adaptadas al medio español, que aumentaran los elementos escritos, fotográficos o filmados de propaganda económica, política, social o cultural, que se asegurara la venta de periódicos portugueses en toda España y que los periódicos, las emisoras y televisión portuguesas y las agencias informativas portuguesas mantuvieran corresponsales permanentes en España» 48. Para paliar en lo posible esa situación, el embajador proponía que la censura portuguesa fuera más condescendiente a la hora de dejar pasar artículos críticos hacia la situación interna española, y que los periódicos lusos insertaran réplicas a las publicaciones españolas, ya que, aunque no servirían para hacerlas llegar a la opinión pública española, dado su absoluto desconocimiento de esa prensa, sí despertarían en la embajada española la necesaria reacción para frenar «estos verdaderos desmanes».

A su juicio, lo ideal sería «poder disponer aquí pagando de un grupo más o menos numeroso de periodistas o escritores con audiencia en los periódicos que respondieran por nosotros», aunque lo juzgaba inviable dado lo exiguo de los presupuestos que manejaban. Además proponía otras medidas, ya sugeridas por el encargado de los servicios de información de la embajada en 1966, tales como: asegurar la venta de periódicos portugueses por toda España para ayudar a neutralizar la acción diluyente de la prensa extranjera en este país; que los periódicos, emisoras, agencias informativas y televisión portuguesas mantuvieran en España corresponsales permanentes para completar el trabajo del agente oficial «inhibido de llevar a cabo determinadas tareas incompatibles con sus funciones más también para responder en sus crónicas a todos los ataques y errores de interpretación que eventualmente sufra la política portuguesa y siempre y cuando se aconseje la neutralidad o la expectativa del mismo agente oficial»; aumentar las visitas a ultramar de periodistas españoles, principalmente de aquellos que «constituyen cuidados y que más ignorantes se han mostrado de la realidad portuguesa», y, en general, aumentar todas las iniciativas de interés para la «expresión lusiada en la Península». En definitiva, reivindicaba la necesidad urgente de procurar superar la gran laguna de «nuestra falta de presencia cultural en España, porque esa presencia se torna absolutamente imprescindible por motivos de toda orden» 49.

A partir de 1967-1968, la línea de liberalización emprendida hasta entonces comenzó a perder fuerza de forma progresiva, lo que reflejaba la creciente tensión interna desatada entre los sectores más inmovilistas y los aperturistas. Este enfrentamiento propició varios rumores, entre ellos el de la posibilidad de un golpe de Estado, que el embajador negaba de forma rotunda. En su opinión, esos rumores apuntaban en dos direcciones «absurdas». La primera, que Franco iba a disolver el Consejo Nacional del Movimiento y hasta probablemente las Cortes, y, la segunda, que se había concluido un acuerdo entre Muñoz Grandes y García Valiño con el fin de forzar a Franco a tomar determinadas medidas: «Según los rumores, estos dos generales estarían detenidos o por lo menos con los teléfonos cortados e impedidos de salir de su domicilio». Como afirmaba el embajador, «la primera versión no resistió dos días. La segunda duró algo más. Me encontré a Muñoz Grandes en dos recepciones y las relaciones entre Grandes y Valiño están lejos de ser cordiales existiendo entre ellos muchos puntos de divergencia» 50.

Sin embargo, todas estas percepciones cambiaron significativamente cuando el viejo dictador portugués tuvo un accidente que, tras casi cuarenta años, le apartó definitivamente del poder. Con la llegada al poder del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Marcello Caetano, en noviembre de 1968, el Ministerio español de Asuntos Exteriores preparó varios informes que resumían el discurrir de las relaciones peninsulares desde la Guerra Civil, la evolución de las percepciones mutuas y su situación en ese momento. Su conclusión era evidente: tras cuarenta años la convergencia ibérica estaba presidida por varias fricciones y cierta desconfianza 51. Aunque seguramente era una interpretación parcial, también en Portugal existía una idea muy parecida, de ahí que uno de los principales objetivos del nuevo presidente del Consejo fuera recuperar y dinamizar esas adormecidas relaciones.

Conclusiones

Las visiones de los diplomáticos portugueses sobre la evolución política del franquismo reflejan dos dimensiones esenciales. La primera es la propia de dos países vecinos cuyas relaciones han estado definidas históricamente por un soterrado antagonismo, de acuerdo con el carácter conflictivo de sus respectivos procesos de construcción nacional. Desde esta perspectiva, son visibles un conjunto de estereotipos y visiones fundado en esa percepción histórica de España como antagonista, de recelo hacia un país con una fuerte propensión a abrigar tendencias anexionistas. Bien es verdad que la mirada del salazarismo es diferente a la de épocas anteriores. Y lo es porque en la mayor parte de la elite política del régimen se había instalado una cierta confianza ante un régimen español mayoritariamente partidario de los postulados aliancistas, y con el que colaboraban abiertamente en aspectos tan fundamentales como la seguridad interna y externa de ambos países o el mantenimiento de las guerras africanas.

La segunda dimensión básica alude a la complejidad de las visiones recíprocas entre regímenes autoritarios de muy similar naturaleza. Indudablemente, la empatía ideológica fue esencial a la hora de establecer una mirada recíproca más benévola y confiada. Pero, al mismo tiempo, esa política de enganche autoritario despertaba indudable temor recíproco acerca del compromiso autoritario que mantenían ambos regímenes. El Portugal de Salazar, envuelto en los años sesenta en una guerra de imposible solución militar, tensionado por esa pulsión nacionalista hacia posiciones políticas e ideológicas duras, confrontado a una oposición interna y externa cada vez más fuerte, y con unos niveles de desarrollo todavía escasos en comparación con sus vecinos europeos, percibió más que nunca que cualquier cambio político en España no dejaría de afectarles seriamente. Era la versión portuguesa de esa idea siempre defendida por el general Franco de que su nación y la de Salazar eran como dos hermanos siameses que se necesitaban recíprocamente para sobrevivir, pues estaba convencido de que si uno de los dos regímenes caía, arrastraría irremediablemente al otro. Evidentemente, el principal temor de la elite política salazarista no era la desaparición inmediata del franquismo, sino que el proceso de liberalización español extendiera a Portugal demandas semejantes que pudieran desestabilizar ese ritmo lento de evolución tan del agrado de Salazar.