Ayer 118/2020 (2): 165-195
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2020
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/118-2020-07
© César Tcach
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License
Recibido: 10-04-2018 | Aceptado: 11-01-2019

La represión al Partido Comunista en los orígenes del peronismo. Una mirada desde Córdoba

César Tcach

Universidad Nacional de Córdoba. CONICET
cesartcach@gmail.com

Resumen: Este texto se propone explorar el tipo de represión política y su impacto sobre el Partido Comunista a partir del golpe militar de junio de 1943. El enfoque, centrado en la provincia de Córdoba, orienta su interés en el análisis del tipo de represión ejercida, sus actores, modalidades y consecuencias. Desde esta perspectiva, se trata de identificar relaciones de continuidad y cambio tomando en consideración tres planos de análisis: las modificaciones institucionales derivadas del proceso de centralización estatal, su impacto sobre el tejido social construido por el Partido Comunista en las décadas precedentes y su influencia en las relaciones entre peronismo y comunismo.

Palabras clave: represión, peronismo, comunismo, Estado, movimiento obrero.

Abstract: This article explores political repression and its impact on the Communist Party following the military coup of June of 1943. It focuses on the province of Córdoba, and analyses type of repression, actors, manifestations and consequences. From this perspective, we seek to identify relationships of change and continuity by taking into consideration three levels of analysis: institutional changes arising from the process of state centralisation; the impact on the social fabric woven by the Communist Party in the preceding decades; and the influence on the relationship between Peronism and communism.

Keywords: repression, Peronism, communism, repression, state, workers’ Movement.

Este artículo tiene como propósito central ofrecer una reconstrucción historiográfica de la represión al Partido Comunista en los orígenes del peronismo a partir de un enfoque regional centrado en la provincia de Córdoba. La expresión «orígenes del peronismo» remite al periodo que se extiende desde el golpe militar de junio de 1943 hasta el triunfo electoral del coronel Perón en las elecciones de 1946. La carrera política ascendente de Perón durante esa etapa, reflejada en una progresiva concentración de poder, se expresó primero en su titularidad del Departamento Nacional del Trabajo y luego en el ejercicio simultáneo de tres cargos: secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación, hasta el mes de octubre de 1945.

El análisis intenta demostrar —a partir de abundante evidencia empírica proveniente sobre todo del Ministerio del Interior y de archivos provinciales— que ese periodo de construcción de poder político de Perón tuvo en la represión al Partido Comunista y a las asociaciones vinculadas al mismo uno de sus componentes centrales. En función de este interés se estudian sus características en el mundo urbano y rural —en especial en el movimiento obrero y en el plano de la cultura— en correlación con las transformaciones operadas en el aparato represivo del Estado. Se describen modificaciones institucionales y normativas —como la reglamentación de la División de Investigaciones y de la Sección de Orden Social y Político— para demostrar la centralización del proceso represivo en el Poder Ejecutivo Nacional y la institucionalización de organismos de control social y espionaje político.

El hilo conductor que orienta la narración de los acontecimientos descansa en una serie de interrogantes centrales: ¿cuál era el tipo y el alcance de la represión ejercida?, ¿a qué sujetos sociales afectaba?, ¿las prácticas anticomunistas eran mera continuidad de las anteriores al golpe militar? En esta investigación se trata de corroborar que la represión y la disciplina política no eran solo un capítulo más del viejo combate entre la derecha y la izquierda, sino que tras él latía un fenómeno nuevo. La intervención activa de Perón en materia social y en el terreno de las organizaciones sindicales —su empeño en cooptarlas o, en su defecto, desplazarlas a través de la creación de sindicatos paralelos— inauguraba un clivaje inédito que permitía concebir viable el desplazamiento del Partido Comunista en sus bases sociales predilectas. En ese marco, la represión y la disciplina social se resignificaban: tendían un puente de plata cuyo norte distaba de ser la mera reproducción del pasado. Se articulaba, más bien, con la construcción de un nuevo liderazgo político.

En un libro de decisiva influencia en los estudios sobre el peronismo, Juan Carlos Torre advirtió que si bien Perón no compartió la objeción de principio a los comunistas dominante en los círcu­los militares —dado que estaba dispuesto a buscar adhesiones en todas las franjas políticas—, la cerrada intransigencia de los dirigentes obreros comunistas que respondían a sus ofertas con las consignas del Partido Comunista tuvo como consecuencia «la represión más implacable» 1. En sintonía con esta presunción, más recientemente el historiador Hernán Camarero correlacionó la «estrategia de aplastamiento» llevada adelante por Perón con el escaso eco que la cooptación encontró en sus militantes 2. En otros casos, una idea similar es sostenida por investigadores a partir de fuentes orales 3. En el caso de Córdoba, el análisis de las modalidades represivas y coacciones institucionales se asocia a la valoración de su impacto en la desarticulación del entramado social y cultural construido por el Partido Comunista en las décadas precedentes. Como reverso, se insinúan nuevos interrogantes acerca de las huellas de largo plazo que la originaria matriz anticomunista dejó en la cultura política ­peronista.

El último 1 de mayo feliz: el Partido Comunista antes del golpe militar

En contraste con el plano nacional, Córdoba vivió entre 1936-1943 un periodo democrático marcado por la plena vigencia de las libertades públicas. El Día del Trabajador del año 1943 fue el último 1 de mayo feliz para el Partido Comunista. Una multitudinaria manifestación obrera, en la que predominaban comunistas y socialistas, recorrió las calles de la ciudad encabezada por la banda de música del Escuadrón de Seguridad de la policía provincial. La marcha, que se extendió desde la plaza General Paz hasta la plaza Vélez Sarsfield, contó así con el respaldo efectivo del Gobierno de Córdoba. Esta vigencia plena de las libertades públicas era reconocida en el acto por el socialista José Michelón, referente de la Confederación General del Trabajo (en adelante CGT) que lideraba a nivel nacional Pérez Leiros: «En Córdoba —sostuvo— se respira un clima de libertad». Asimismo, el dirigente comunista y de la Federación Universitaria de Córdoba (en adelante FUC) Fernando Nadra contrapuso ese clima que se vivía en Córdoba, «ciudad cuna de la Constitución», con el estado de sitio que, emanado de las autoridades nacionales, tenía vigencia desde hacía más de un año. En ese mismo acto, el dirigente obrero comunista Hugo García habló en nombre de la Unión Obrera Provincial. Al aludir al contexto internacional exaltó el heroísmo de la resistencia al nazismo en Stalingrado: «Es una ciudad como todas, pero en ella cabe el mundo» 4.

El crecimiento de la influencia del Partido Comunista en el movimiento obrero fue visto con alarma por la tradicionalista Iglesia católica de Córdoba. Desde la segunda mitad de los años treinta, su expansión se asociaba al contexto internacional derivado de la Guerra Civil Española. Así, un editorial del diario que expresaba las posiciones del arzobispo comparaba la actitud del radicalismo local con la de los republicanos españoles y argumentaba:

«Tampoco los gobernantes de la España republicana han sido marxistas. Ni Alcalá Zamora ni Azaña lo son. Sin embargo, pactaron con el marxismo y permitieron el desarrollo de las extremas izquierdas [...] Y ha sido necesario que el Ejército, desesperadamente heroico, hiciera el máximo sacrificio [...] en procura de ahogar en sangre la hidra moscovita injertada en el pueblo español. No estamos lejos de seguir la misma suerte que la ensangrentada España. Vivimos los momentos preliminares de la revolución» 5.

En efecto, la retórica clerical conservadora apelaba al ejemplo español como mecanismo de legitimación, política preventiva y operación didáctica: «En Córdoba se están formando ya milicias rojas, comunistas, como las que en España se han arrojado contra el Ejército» 6. Cabe recordar que en noviembre de 1935, el Partido Radical había ganado las elecciones en Córdoba con el apoyo electoral del Partido Comunista. Su caudal de votos, pequeño pero decisivo, permitió a Amadeo Sabattini imponerse por una ajustada diferencia a su rival José Aguirre Cámara, perteneciente al conservador Partido Demócrata. En las elecciones de marzo de 1940, el esquema se repitió: el binomio radical liderado por Santiago del Castillo y Arturo Illia (candidatos a gobernador y vicegobernador respectivamente) se impuso a la fórmula de sus opositores, contando también con el respaldo del voto comunista. En ambas ocasiones, las motivaciones del Partido Comunista cordobés fueron parecidas, aunque no idénticas: si, por una parte, desde el séptimo congreso de la Komitern celebrado en 1935 la línea directriz residía en alentar políticas de alianza con partidos democráticos vincu­lados a sectores medios o burgueses en la lucha internacional contra el fascismo, el radicalismo cordobés en el Gobierno demostró luego ser consecuente con el disfrute de amplias libertades públicas tanto en el plano político como sindical 7. El contraste entre Córdoba (donde la derecha protestaba por las libertades que disfrutaban los comunistas) y el resto del país, marcado por el dominio conservador y una fuerte represión política, era subrayado por el Partido Comunista. Su Comité Central destacaba que el pueblo de Córdoba «supo arrebatar a la reacción esta Provincia, transformándola en el principal punto de apoyo para la lucha del pueblo argentino», y que tenía por delante —en relación con las siguientes elecciones a gobernador— la enorme responsabilidad de «asegurar, en marzo de 1940, un gobierno que continúe su obra progresista» 8.

A la sombra del golpe militar y la disolución de la Komintern: relojería de la represión

En mayo de 1943, muchos comunistas argentinos se enteraron a través de Radio Moscú en lengua castellana sobre la decisión de Stalin que ordenaba disolver la III Internacional. Sus comentaristas explicaron que la disolución obedecía a la necesidad de fortalecer «la coalición antihitlerista, a fin de lograr la rápida derrota del enemigo más cruel que tienen los obreros: el nazismo alemán y sus aliados vasallos» 9. Sin duda, la medida podía ser interpretada como una caricia a las burguesías de distintos países con el fin de disipar sus temores en la lucha común contra el fascismo. Empero, la medida distó de apaciguar los temores de los militares que habían tomado el poder en Argentina el 4 de junio de 1943 10. Al asumir el poder la Junta Provisional de Gobierno (integrada por los generales Pedro Ramírez, Arturo Rawson y Edelmiro Farrell), el comunicado firmado por Rawson, como jefe del movimiento militar, advertía que el comunismo amenazaba «asentar sus reales en un país pletórico de posibilidades por ausencia de previsiones sociales» 11. Al día siguiente fueron detenidos los primeros militantes comunistas en Córdoba y dos semanas más tarde se clausuraron todas sus sedes y lugares de reunión 12.

El nuevo Gobierno nacional clausuró las sedes del Partido Comunista y su periódico La Hora solo pudo publicar dos números con posterioridad al golpe: su local fue saqueado y clausurado por la policíaca Sección Especial contra el Comunismo y sus principales redactores fueron detenidos. En esas circunstancias, el Partido Comunista denunció al Gobierno, al que calificó de reaccionario, y llamó a la formación de un Gobierno de unidad de los partidos democráticos. El 7 de junio, la asunción como presidente del general Ramírez abrió nuevas expectativas en virtud de sus promesas de tono democrático y republicano. Pero las ilusiones duraron menos de lo que tardó en llegar el invierno. Como reconoce la historia oficial del Partido Comunista:

«Las promesas de Ramírez no pasaron de ser tales, pues bajo la presión del sector más acentuadamente fascista del GOU fue realizando los objetivos que estos últimos se habían propuesto realizar al dar el golpe de Estado; y cuando quiso resistir esa presión —como sucedió en enero de 1944 al romper relaciones con las potencias del Eje— fue desplazado violentamente del poder por la combinación Farrell-Perón» 13.

La represión anticomunista fue centralizada por el ministro del Interior, general Alberto Gilbert. En el marco de la neutralidad adoptada por Argentina en la Segunda Guerra Mundial, el 1 de julio de 1943 envió un telegrama a todos los interventores federales en las distintas provincias para poder eliminar a las asociaciones aliadófilas. El argumento esgrimido era la infiltración de elementos comunistas portadores de una «prédica disolvente». En este sentido, se recordaba que la Corte Suprema de Justicia había declarado ilegal al comunismo, «no solo cuando él se presenta públicamente como tal, sino cuando en forma indirecta y disimulada trata de llevar a la práctica sus fines esenciales, adaptándose a las circunstancias de lugar, de tiempo y de ambiente» 14. Por consiguiente, ordenaba clausurar tanto sus locales como los de otras asociaciones, cualquiera que fuese su forma, ante el propósito de que se camuflase la difusión de la ideología comunista y su obra contraria a la «argentinidad». Por cierto, el gobernador, general Alfredo Córdoba, respondió que en la provincia se cumplían con rigor sus disposiciones 15. En una nota posterior fechada el 18 de agosto de 1943 le aseguró: «A medida que se efectúen detenciones de comunistas en esta provincia se le informará de modo inmediato» 16. Fueron prohibidas las asociaciones antifascistas como el Colegio Libre de Cultura Popular, Acción Argentina, Junta de la Victoria, Comisión Sanitaria Argentina de Ayuda a las Democracias, Confederación Democrática Argentina de Solidaridad y Ayuda a los Pueblos Libres 17. Una de las dos centrales obreras, la CGT (véase cuadro 1, núm. 2), fue incluida en el catálogo de las aliadófilas y comunizantes. Su ilegalización era funcional a los esfuerzos de Perón por captar sectores sindicales no comunistas fuertes en la denominada CGT (véase cuadro 1, núm. 1).

En un telegrama dirigido al gobernador de Córdoba el 14 de julio de 1943, el general Gilbert legitimaba la amplitud de la represión ejercida contra los comunistas en función de la táctica por ellos empleada; se verían afectadas, de acuerdo con un informe policial, siglas de asociaciones y publicaciones que llevaran en adelante como anexo la palabra «democráticos» a efectos de inducir a confusión: era «la nueva forma de actuación del mencionado partido» 18. El 10 de agosto de 1943, el general Alfredo Córdoba, interventor federal en la provincia, suministró al ministro del Interior la nómina de detenidos en la jefatura de policía: de los treinta y ocho detenidos, doce militaban en la ciudad capital, seis en la serrana localidad de Alta Gracia y veinte en ciudades pequeñas del interior, vinculadas a las actividades rurales y comerciales relacionadas sobre todo con la producción de cereales 19. De la información que se desprende de las fichas policiales correspondientes a cada uno de los presos llaman la atención los argumentos esgrimidos para las detenciones, como la antigüedad de las fechas de los delitos que se les imputaban, dado que en muchos casos se remontaban a la décadas del veinte o del treinta. Entre los motivos principales figuraban haberse suscrito a la prensa partidaria, estar incluido en un petitorio a un juez federal solicitando la legalización del Partido Comunista o participar de alguna asociación de solidaridad con la España republicana 20. A tenor de lo descrito es posible colegir tanto la liviandad de los motivos como la amplitud geográfica del ojo represor, que incluía tanto la ciudad como el campo, aspecto que su vez revela la amplia base territorial y social del Partido Comunista.

Desde el punto de vista de la arquitectura institucional, la represión tenía un carácter centralizado. Las instrucciones emanadas de la presidencia de la nación eran comunicadas por el Ministerio del Interior a los interventores federales en cada provincia, en muchos casos a través de telegramas. La policía de la capital (Buenos Aires) operó, en un principio, como instancia de concentración de información; a partir del Decreto de fundación de la Policía Federal Argentina el 24 de diciembre de 1943, esas funciones fueron asumidas de forma progresiva por el nuevo organismo, quien extendió sus redes a través de delegaciones en todas las provincias. Asimismo, en las diversas policías del interior del país se inició un proceso de institucionalización de sus organismos de espionaje político. En el caso de Córdoba, en 1945 se reglamentó la División de Investigaciones (cuya jurisdicción se extendía a toda la provincia) y, en su seno, la Sección de Orden Social y Político. De acuerdo con la nueva normativa, entendía en cuestiones relativas a «organización y propósitos de los partidos políticos, llevando prontuarios con anotaciones que por su carácter se consideren reservados»; le correspondía, asimismo, «la observación de elementos sectarios, conflictos entre patronos y obreros, y movimientos que realiza la llamada clase trabajadora» 21. Se articulaba en seis mesas de acuerdo con lo indicado en el siguiente cuadro.

Cuadro I

Sección de Orden Social y Político de la policía de Córdoba (1945)

Fuente: diario Córdoba, 10 de mayo de 1945, y Ministerio del Interior, vol. 27, folios 5, 6 y 7 (1945).

El acompañamiento normativo de las tareas de control social y político fue una constante que estaba en consonancia con los hábitos burocráticos del poder militar. Así, el Edicto de Seguridad y Reuniones Públicas, de noviembre de 1943, estipulaba penas de catorce a veinticinco días de arresto —no redimibles a cambio de una multa— por distribuir panfletos, pegar carteles o simplemente poseerlos 22. Sin embargo, las arbitrariedades policiales en el ejercicio del control social distaron de ser aisladas. En 1945, con motivo de la detención de obreros en la localidad de Alta Gracia, un telegrama suscrito por la Alianza Democrática Argentina y dirigido al Ministerio de Gobierno describía como un procedimiento habitual lo siguiente:

«Es práctica policial detenerlos sin denuncia concreta, no interrogarlos e incomunicarlos sin término y liberarlos, dado que la inconsistencia de los pretextos no da lugar a la formación de sumarios. La odiosa práctica en contra de ciudadanos sin antecedentes policiales, hombres de trabajo, determina un estado de intranquilidad general. Es un hecho más de arbitrariedad que denunciamos ante el señor ministro y la opinión pública» 23.

Empero, la detención de personas por periodos bastante más largos fue fundamentada por el artículo 23 de la Constitución nacional, que daba amplios poderes al presidente en virtud de la aplicación del estado de sitio: le otorgaba facultades para detener personas, arrestarlas y trasladarlas de un punto a otro del país, así como a expulsarlas del territorio nacional.

Bibliotecas, libros, diarios y revistas en la mira de la censura

En consonancia con el proceso de centralización política y de reorganización del aparato represivo del Estado se procuró eliminar a la prensa comunista. Una nota enviada por el jefe de policía de la capital, el coronel Emilio Ramírez, al ministro del Interior con fecha 7 de septiembre de 1943 informó de que «el Partido Comunista, al verse impedido de tener un órgano de prensa a raíz de las clausuras de sus diarios La Hora, Orientación y Avanzada, y encontrando serios inconvenientes en llenar sus finalidades con el semanario ilegal Unidad Nacional [...] se vio precisado a sacar un nuevo periódico: Prédica». El informe policial detallaba que la preocupación del Partido Comunista era encontrar una persona que se hiciera cargo de la dirección del mismo, prestándose para ello el exdiputado nacional del Partido Radical, Aníbal Arbeletche, quien estaba de acuerdo con la política de unidad frentista impulsada por los comunistas; como administrador del diario se puso a un músico, Manuel Arcos, y se incluyó también a Eugenio Gallina y a Julio Longhi como propietarios. Como corolario, se detuvo al staff y se clausuró la nueva aventura periodística del Partido Comunista 24.

La prensa comunista fue atacada con particular empeño, pero no fue la única afectada. La ampliación del control social se extendió a sectores liberal democráticos. En esta misma época se detuvo a José W. Agusti, director de Noticias Gráficas, y se lo puso a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (en adelante PEN); se suspendió el diario La Voz del Interior 25 y se clausuró el periódico de la localidad de Cruz del Eje, La Idea, a raíz de una nota condenatoria de un golpe militar ocurrido trece años antes, en septiembre de 1930. De hecho, los militares golpistas de 1943 se consideraban herederos de los que en 1930 habían derribado al presidente electo Hipólito Yrigoyen 26. Ello contribuyó a disimular sus rasgos novedosos tras el manto de la continuidad con el pasado autoritario.

La búsqueda obsesiva del control social se extendió al conjunto de actividades culturales. Fue clausurado el Teatro Infantil dirigido por Bernardo Lasanski y se creó la Sección de Espectáculos Públicos en el marco de la Oficina de Informaciones y Prensa. Este nuevo organismo definió como objetivos controlar «la orientación moral, social y política de los espectáculos públicos», así como informar acerca de los contenidos vertidos en «mítines» y «reuniones culturales» 27. El 17 de noviembre de 1944 se prohibieron por decreto las obras teatrales que fueran «ofensivas a la moral y las buenas costumbres» o que afectasen a personas y entidades que por su «jerarquía» debían respetarse.

La circulación de libros fue objeto de un estricto control. La Dirección General de Bibliotecas de la provincia licitaba semestralmente para comprar libros y luego distribuirlos entre las bibliotecas subvencionadas, libros cuyos listados eran solicitados por las distintas bibliotecas. Por Decreto del 14 de noviembre de 1944 se anuló la licitación porque se habían incluido en los pedidos «obras que son consideradas inmorales, obscenas, subversivas, etc.», circunstancia que se habría comprobado a través de «los secuestros de libros llevados a cabo en varias de dichas instituciones» 28. Los ejemplos se multiplican, extendiéndose al mundo rural y centros urbanos más pequeños; así, dado que la biblioteca pública municipal de la localidad de Leones incluía libros comunistas, se separó a toda su comisión directiva 29. En la también pequeña ciudad de Cosquín, la biblioteca del militante comunista Jacobo Lerner fue purgada con minuciosidad. Según el informe policial, el listado de libros de su biblioteca ocupaba 224 páginas mecanografiadas, de las cuales se consideraban comunistas a los libros incluidos entre las páginas 9 y 24. Se aclaraba que los de las páginas 222 a 224 debían ser devueltos a Lerner porque a sus autores «no puede atribuírseles un propósito sedicioso» 30.

El memorándum «Comunismo en Córdoba»

La presidencia de la nación hizo llegar el 13 de septiembre de 1943 al ministro del Interior, general Alberto Gilbert, un memorándum de la División de Investigaciones de la Policía sobre las actividades del comunismo en Córdoba: «De acuerdo con las informaciones obtenidas de militantes de esa provincia [...] la acción de la policía de la Intervención es eficaz [...]. Los principales dirigentes se hallan detenidos». El documento especificaba que «si bien las detenciones efectuadas constituyen un éxito, la permanencia de los detenidos en las cárceles locales es contraproducente y representa un peligro. Su estadía en ellas motiva que se movilicen elementos intelectuales y proletarios en las campañas de ayuda, o sea, el sistema del antiguo Socorro Rojo Internacional. Por otra parte, por tratarse de figuras conocidas y de gran arraigo en la lucha partidaria, hacen que los elementos políticos de todos los sectores se adhieran a las campañas revolucionarias que se realizan solapadamente con fines de constituir la Unidad Nacional de Fuerzas “aliadófilas”, comunistas y comunizantes». Como consecuencia de este diagnóstico, la propuesta de la División de Investigaciones de la Policía era drástica: «Por lo expuesto, creemos necesario que se alejen de ese radio de acción, mandándolos también a los territorios del Sud, a los siguientes detenidos [...]. Esta medida, además de ejemplarizadora, motivaría hasta cierto punto el decaimiento partidario y evitaría que se siga fomentando la acción ya mencionada de ayuda» 31.

Como puede apreciarse, los detenidos generaban un amplio arco de solidaridades que trascendía al Partido Comunista, concitando también la simpatía de los diversos sectores liberal-democráticos identificados con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La solución hallada frente a este problema fue aislar a los presos de su medio social, enviándolos a las frías y lejanas tierras del sur del país. En rigor, la política de confinamientos de comunistas no era nueva; reflejaba, más bien, una política de continuidad con el periodo conservador. Ya en febrero de 1943 el presidente Castillo había ordenado por decreto que se procediese a la detención e internamiento en La Pampa del máximo dirigente del Partido Comunista Victorio Codovila, «en razón de su incesante actividad perturbadora en el orden gremial y político internacional». Tras el golpe militar de junio de ese año fue trasladado a la Cárcel Nacional de Río Gallegos en el extremo meridional del país 32.

El memorándum «Comunismo en Córdoba» solicitaba el confinamiento de catorce personas, cuyos perfiles dibujados en las fichas confeccionadas por la División de Investigaciones de la Policía reflejaban las dos principales preocupaciones del aparato represivo: el movimiento obrero y el factor internacional. Se incluían obreros gráficos, de la construcción y empleados de comercio. También se pedía el internamiento de José María García, quien militaba entre los productores de maní y girasol y era integrante del Secretariado Nacional del Campesinado. Se prestaba atención a dos judíos que integraban la dirección partidaria en el orden provincial, Sajario Feldman (que pasó de ser secretario de la Federación Juvenil Comunista a integrante del Comité Provincial) y, en especial, Mauricio Gelman, cuyo nombre clandestino era «Conti»: «dirigente de la mayor importancia partidaria por haber ocupado durante más de diez años puestos directivos». Militaba en «sociedades de fomento que están organizadas en la Federación de Centros Vecinales» y estaba «vinculado a los comunistas de la Fábrica Nacional de Aviones». Gelman, quien se desempeñaba también como gerente de una cooperativa de carniceros, había sido confinado en Usuhaia durante la dictadura de Uriburu en 1931 y puesto en libertad al año siguiente. Su ficha indicaba, además, que era uno de los responsables del periódico Bandera Roja 33. La nómina incluía a otras tres personas de condición judía: Isaac Blat (empleado de comercio), Carlos Péres (obrero de la construcción) y Jacobo Mazer (integrante del Centro de Empleados de Comercio y tesorero del Comité Israelita de Ayuda a los Países Aliados). Es decir, más de una tercera parte (cinco sobre catorce) tenían ese origen, una proporción muy alta con respecto al conjunto de la población cordobesa. Este fenómeno se relacionaba tanto con la presencia de un sector de la migración judía proveniente de Rusia y Europa Oriental —portadora de los ideales socialistas— que fundó en 1913 la Biblioteca Juvenil Israelita, como quizá al excesivo celo que su presencia generaba en la mirada de policías y militares, cuya cultura política estaba permeabilizada por un patrioterismo de parroquia fortalecido por el nacionalismo antiliberal expandido en los años treinta.

Una segunda cuestión relacionada con temas internacionales develaba al aparato represivo del Estado; me estoy refiriendo a los efectos de la Guerra Civil Española en Argentina. Así, la recomendación de confinar a Ángel Ortelli se fundamentaba en los siguientes términos: era «un individuo sanguinario» que estuvo en las Brigadas Internacionales en España en 1937, dirigía el trabajo de los refugiados españoles en Córdoba, pertenecía al gremio de obreros de la construcción y era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Sobre el doctor Luis Sánchez, otro de los nominados, se decía que fue presidente del CAPE (Comité de Ayuda al Pueblo Español) y tuvo «destacada actuación en el Comité Coordinador de Ayuda a los Países Aliados». Sobre la doctora Alcira de la Peña se informaba de que también debía ser confinada al sur del país, dado que era una exintegrante del Comité Ejecutivo de Socorro Rojo Internacional, y se detallaba, asimismo, que su militancia era «en la localidad de Cosquín, entre médicos, enfermeros y personal de hospital». La nómina incluía también a dos estudiantes a los que se les adjudicaba formar parte de las células del Partido Comunista en los barrios Alberdi y San Martín 34.

El memorándum comenzó a aplicarse el 12 de octubre de 1943, cuando se intentó trasladar a Buenos Aires a once detenidos comunistas. La presencia de amigos, familiares y militantes en la estación del ferrocarril dio lugar a escenas de protesta e indignación que no fueron reprimidas por los guardias del lugar, por lo cual, unos meses después, fue dado de baja un cabo de policía acusado de «excesiva pasividad» 35.

El caso Cristolfo: un «simple activista» entre ladrillos, amor y espionaje policial

A tenor de lo expuesto cabe preguntarse en torno a la selectividad de la represión. Si bien es fácil colegir que esta se centró en los niveles dirigentes del Partido Comunista y en sus cuadros intermedios, sería erróneo suponer que no afectaba a su militancia de base, aunque en algunos casos se evidencia una actitud menos severa. El caso del obrero ladrillero Tomás Cristolfo es ilustrativo al respecto. Se había casado con Blanca Luna el 10 de julio de 1943, pero antes del primer mes de matrimonio, el día 9 de agosto, fue detenido por la policía, atribuyéndosele ideas comunistas. Pocas semanas después fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En estas circunstancias, su esposa tomó una decisión poco usual: escribirle una carta al ministro del Interior, el general Alberto Gilbert. Frustrada su luna de miel, le cuenta en su condición de «esposa afligida» que está viviendo «una terrible pesadilla». Describe a su marido como «un hombre de bien, dedicado a su trabajo y a sus nobles deseos de lograr, con su actividad, mejores condiciones de trabajo para él y para sus compañeros». Le describe, además, que ella vivía de su salario y que por su ausencia se veía obligada a vivir de «colectas que sus compañeros realizan para ayudarme». La nota de Blanca Luna iba acompañada por un informe del jefe de la Sección de Orden Social y Político de la División de Investigaciones de la policía cordobesa, Oscar H. Martorell:

«Es militante del gremio de obreros ladrilleros, rama del sindicato de la Construcción [...] elemento comunista de vieja actuación. Su acción se ha desarrollado siempre en el terreno sindical y siempre dentro de nuestra provincia [...] ha cursado en nuestras escuelas hasta segundo grado. Sin embargo, por sí mismo, se ha capacitado algo más, en base a lecturas. No obstante, su cultura es elemental, y sobre todo, sindical».

Si bien ha participado en «organizaciones ayudistas» sospechosas de ser colaterales del Partido Comunista

«no se ha destacado como elemento de acción ni capacidad, ya que su grado de cultura no se lo permite. En realidad, Cristolfo no ha pasado del simple activista, nunca llegó a puestos de responsabilidad del Partido Comunista. Sus vinculaciones están dentro del gremio que actúa y es secretario general [...] trabaja como simple jornalero, no es elemento peligroso [...]. Su actividad en el futuro puede ser objeto de control por parte de esta Sección, sin dificultades» 36.

Como puede apreciarse, el informe del segundo jefe de los espías (después de Federico Piana, responsable máximo de la Sección de Orden Social y Político) enfatizaba que su activismo nunca había trascendido los límites del gremio y los geográficos de la provincia. Era caracterizado como un «simple activista» y un «simple jornalero» que no había logrado terminar la escuela primaria; le reconocía cierto carácter autodidacta —«por sí mismo, se ha capacitado más»— y registraba que había participado en asociaciones de ayuda a la España republicana o a los países aliados, pero constataba que pese a ello nunca había alcanzado puestos jerárquicos en el interior del partido. El informe concluía con una frase sugestiva: podría ser espiado con facilidad en caso de quedar en libertad. En consonancia con esa conclusión, el ministro del Interior dispuso poner término a su detención y, de acuerdo con la secuencia burocrática centralizada que era de rigor, informó al ministro del Gobierno provincial, quien a su vez notificó al director de la Cárcel de Encausados acerca de la puesta en libertad de Cristolfo 37. El esfuerzo de Blanca Luna y la benevolencia de Oscar Martorell habían dado sus frutos.

Persecución y delación en las localidades rurales y pequeñas ciudades del interior provincial

En agosto de 1943 se habían producido diez detenciones de militantes comunistas en Marcos Juárez, cinco en San Francisco, tres en Leones y dos en Laboulaye 38. En torno a la primavera, la represión se profundizó. El decreto 1500 de 16 de septiembre dispuso la disolución del Sindicato de Oficios Varios de la localidad de Leones y se puso a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional) a su secretario general, Pastor Zárate, y a León Ponce por haber «facilitado» y sido «vehículo» de la «difusión de doctrinas comunistas». Al primero se le reprochaba, en concreto, haber usado «el ascendiente que le daba sobre los obreros el cargo que ocupaba en el sindicato» 39. También hubo detenidos en la ciudad de Bell Ville y en los pequeños pueblos de Ballesteros, Viamonte y Benjamín Gould. A la hora de las detenciones se tenía muy en cuenta la influencia que los militantes podían ejercer sobre sus compañeros de trabajo. En Monte Buey se detuvo a Andrés Gauna y Luis Incico «propagandistas activos de la ideología comunista», no obstante pretender aparecer «como realizando solamente actividades gremiales». En Marcos Juárez se detuvo a Santos Correa y Pascual Piccardi, quienes fomentaron huelgas y ejercieron «preponderante influencia en el campo obrero» 40.

El decreto 2789 del gobernador cordobés sobre actividades comunistas en Río Cuarto de noviembre de 1943 —de carácter reservado y escrito en lápiz en el original— dispuso la detención de cuatro personas, entre ellas José Cagneta, a quien se le atribuía tener «un marcado ascendiente sobre el elemento obrero» y haber suministrado el dinero para la adquisición de papel a efectos de imprimir panfletos. Como puede apreciarse, el factor de la influencia en el campo sindical constituía un clivaje central en la determinación de la selectividad de la represión 41.

El Gobierno se esmeró, asimismo, por evitar la existencia de empleados públicos afiliados o simpatizantes del Partido Comunista. El Decreto de Instrucciones a los Comisionados Municipales, dirigido a todos los rincones del territorio provincial, especificaba: «Cuidarán que el personal de la administración municipal no ejerza actividades comunistas o antinacionales y las reprimirán [...] comunicándolas a la policía» 42. La identificación de comunistas en el Estado se extendió a todos los niveles de la Administración Pública 43.

En este periodo, el ejercicio de la delación fue estimulado por las autoridades de Gobierno. En ocasiones, eran el cura del pueblo o el director de un colegio. Así, en noviembre de 1943, el cura de la parroquia de Marcos Juárez, José Echevarría González, hizo una denuncia por «actividades subversivas» que el Ministerio de Gobierno desestimó, pero en su resolución aclaraba que era «necesario intensificar la tarea de vigilancia y observación previa de las actividades subversivas a fin de que, cuando estas se manifiesten de modo ostensible, se cuente con antecedentes e informaciones indispensables para proceder a una eficaz represión» 44. En otra ocasión fue el cura párroco de la localidad Isla San Antonio (departamento Tulumba), Luis Martínez Echenique, quien hizo una denuncia contra vecinos del lugar que se mofaban en sus conversaciones de la iglesia del lugar, a la que llamaban con sorna «el Caserón de las Brujas» 45.

En verdad, la expansión del nacionalismo católico integrista en la comunidad de sacerdotes favoreció las delaciones. Sin Miedo y sin Tacha, la publicación mecanografiada de la parroquia de San Roque de Quilino, expresaba una visión bélica de la política, conspirativa y maniquea, propicia al ejercicio del espionaje y la delación. Desde su mirada, las logias habían decretado «la guerra a Cristo», el diario del arzobispado Los Principios reflejaba en su falta de firmeza «judaica malicia» y quienes se oponían a la enseñanza religiosa en los colegios públicos eran considerados evangelistas, periodistas, «apóstatas del catolicismo» y «tránsfugas comprados por el oro protestante judío». Para satisfacción de los inquisidores de parroquia, el Gobierno militar impuso la enseñanza religiosa obligatoria a fines de 1943 y las autoridades provinciales prohibieron los colegios mixtos 46.

De la legitimidad concedida a la participación de civiles en la represión política da cuenta la denuncia efectuada por el rector del Colegio Nacional de Villa María, Roberto Díaz, quien solicitó la intervención del Tercer Batallón del Regimiento 13 de Infantería para reprimir a los estudiantes secundarios en huelga. El detonante de la solicitud al jefe de esa unidad, teniente coronel Antonio Deimundo, fue que los adolescentes —al no ser atendidos por el rector— le desinflaron las neumáticos de su automóvil, estacionado en la puerta del colegio 47.

Conviene a mi argumentación añadir otros ejemplos ilustrativos: el doctor Miguel Baeza, comisionado municipal de Camino Aldao (una muy pequeña localidad del interior provincial), acusó a Erlindo López de comunista porque en el acto patrio conmemorativo del 25 de mayo de 1810 usó de la palabra como orador, en carácter de secretario de la Biblioteca Popular, y «atacó a los gobiernos de facto» añadiendo que «los pueblos libres no admiten tiranos». El delator dice en su nota: «pude darme cuenta que se trataba de un extremista-comunista». En realidad, la enemistad de Baeza con López venía de largo, puesto que este había criticado una colecta de la cooperadora policial de esa localidad 48. La lucha contra el comunismo era excusa y realidad, tenía componentes veraces e imaginarios. Así, el jefe político del departamento de Marcos Juárez, Luis Ortiz Pujato, calificaba a Leones (una localidad de la cuenca cerealera meridional) como un pueblo «comunizante» 49. Al amparo del miedo, en los pequeños pueblos rurales era común el recelo hacia las operadoras que mediaban en las comunicaciones telefónicas, razón por la cual en ocasiones se elegían lenguas o dialectos de origen para dialogar.

Sin duda, el clima de delación y vigilancia tenía su correlato en el reconocimiento institucional en los diversos planos de la vida social. Las alambradas erigidas desde el poder político sobre el derecho de reunión eran el correlato de la resolución ministerial del 28 de junio de 1943 que explicitaba los límites del otro: «El derecho de asociación consagrado por la constitución nacional está condicionado a la persecución de un fin útil en el sentido moral y legal». En este sentido se consideraba muy importante prestar atención a quienes «en forma indirecta o disimulada» podrían llevar adelante una obra contraria a la «argentinidad» 50.

Disciplina social e imaginación contestataria

En efecto, el clima de delación y vigilancia tenía su correlato en el reconocimiento institucional en los diversos planos de la vida social. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, cualquier signo explícito de solidaridad con los aliados era motivo de sanción. Así, el médico Agustín Caeiro —vinculado al catolicismo liberal y con el transcurrir de los años figura estelar de un prestigioso linaje de médicos argentinos— fue dejado cesante como director del Dispensario Antituberculoso Central por haber firmado un manifiesto de solidaridad con los países en lucha contra el fascismo. Los fundamentos de la sanción tenían un halo totalitario: había cometido una «grave indisciplina inadmisible» 51. Por el mismo motivo fueron declarados cesantes numerosos docentes universitarios, lo que dio lugar a una huelga de largo aliento 52. En consonancia con esta línea de acción gubernamental se clausuró el Colegio Libre de Cultura Popular, dirigido por Juan Zanetti, quien, según sus defensores, durante diez años «sembró generosamente cultura y profesión, especialmente entre la gente humilde» 53.

La disciplina alcanzó a la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas Dr. José Figueroa Alcorta, cuyo reglamento especificaba como funciones concretas de su director: «Vigilar constantemente el comportamiento dentro de la escuela de profesores, alumnos y empleados» 54. La obsesión por la vigilancia condujo a la restricción del derecho de reunión. Así, para autorizar el congreso de cooperativas de electricidad se debió informar con anterioridad al jefe de la Sección Orden Social y Político, Federico Piana, y al titular de Investigaciones, Oscar Martorell, sobre el temario de la reunión 55.

A la férrea disciplina social se opusieron ingeniosas formas de comunicación política. Con motivo de las prolongadas protestas estudiantiles de 1943, el interventor federal Manuel Augusto Ferrer informó a través de un telegrama al ministro del Interior, general Perlinger, sobre la detención de tres personas: lanzaron un globo con los colores patrios y la inscripción «Dictadura No. Viva la Huelga» en el acto del Día del Reservista del Ejército Argentino. Los jóvenes quedaron presos a disposición del presidente de la nación 56.

En 1944 un almacenero fue acusado de introducir «panfletos subversivos» entre los papeles de diarios que envolvían los productos alimenticios que vendía. En palabras del informe policial, «uno de los medios más comúnmente empleados por parte de grupos sectarios es precisamente introducir en medio de las hojas de periódico, panfletos, volantes o circulares» 57. Ese mismo año, el estudiante José Risky fue detenido por la policía en momentos en que introducía «en buzones familiares volantes de carácter subversivo» sobre la huelga en la Universidad Nacional de Córdoba. De nuevo el castigo fue ejemplar: quedó detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En este punto conviene precisar que se aplicaba el artículo 23 de la Constitución argentina que decía que, en caso de conmoción interna o ataque exterior, quedaban en suspenso las garantías constitucionales y, por consiguiente, el presidente podía ordenar el arresto de personas y su traslado de uno a otro punto del país 58.

Ofensiva contra la izquierda obrera

Desde un principio, el coronel Perón, secretario de Trabajo y Previsión del Gobierno militar, se esmeró en socavar la influencia del Partido Comunista en los sindicatos merced a una práctica política que combinó la represión con negociaciones, proximidad física a los trabajadores, concesión de beneficios materiales y su reconocimiento en el plano simbólico como sujeto social portador de derechos en el marco de una relación asimétrica entre su liderazgo y las bases sociales a las que reclamaba su apoyo. El prerrequisito del encuentro entre Perón y el sindicalismo era la unanimidad de su adhesión al Gobierno. Dos ejemplos son didácticamente ilustrativos. El Centro de Empleados de Comercio de Bell Ville presentó sus estatutos en agosto de 1944, pero al mes siguiente se vio obligado a cambiarlos para incluir un artículo en el que se declaraban «solidarios con los principios que sustentan la revolución del 4 de junio» 59. En 1945, el Ministerio de Gobierno promovía como modelo de estatuto sindical el del gremio de estibadores de la localidad de Marcos Juárez, que en su artículo 3 excluía «todo postulado o ideología» contrarios a la nacionalidad y en el 21 prohibía ser integrante de su comisión directiva a quienes tuviesen antecedentes policiales. Se trataba de hacer crecer la agremiación, pero sobre «bases firmemente controladas por el Estado» 60.

Cuando las direcciones gremiales en manos de la izquierda no cedían a las presiones gubernamentales se creaban sindicatos paralelos y se los legitimaba políticamente concediéndoles la facultad de negociar los convenios colectivos de trabajo. Así pasó en Córdoba con los gremios de comercio, construcción y transporte automotor, entre otros. La liquidación de los antiguos sindicatos era también física. Así, el rural sindicato de Oficios Varios, de la localidad de Leones, fue disuelto por el Poder Ejecutivo Provincial en julio de 1944; sus muebles y herramientas fueron incautados 61. Al mismo tiempo, los márgenes de libertad de acción gremial fueron mutilados. Así, por ejemplo, la Federación Obrera Gráfica Cordobesa, para poder realizar un acto público en marzo de 1945, debía pedir permiso anticipando por escrito el temario del mismo —y, por ende, el contenido sintético de los discursos de los oradores— a la temible Sección de Orden Social y Político de la policía 62.

Aunque de modo infructuoso, la resistencia de la dirigencia obrera de izquierdas se hizo sentir. En mayo de 1945 el Centro de Empleados de Comercio pidió la «reapertura de los sindicatos clausurados» y en agosto los afiliados de la Unión Ferroviaria de Cruz del Eje expresaban en un comunicado: «Los trabajadores ferroviarios ni aceptamos ser dirigidos ni nos desentendemos de los problemas institucionales [...] no necesitamos el auxilio de tutores» 63. Para el 1 de mayo de 1945, el Comité Intersindical —que nucleaba a gremios orientados por el Partido Comunista— organizó un acto público, desafiando las prohibiciones, bajo la consigna «La defensa de la legislación obrera es tarea de los propios trabajadores», la de lucha por un salario móvil, la vuelta a la normalidad constitucional y la «efectiva alianza con los países que luchan contra la dic­tadura nazi» 64.

En este contexto, la discriminación ideológica en el empleo estatal continuó a la orden del día. La Asociación de Maestros de la provincia de Córdoba denunció que la suspensión del Estatuto del Maestro y del decreto reglamentario de ingreso a la docencia facilitó nombramientos y ascensos que se reclutaban «casi en su totalidad» con adherentes a organizaciones confesionales, excluyéndose a «maestros tenidos por liberales y democráticos». Condenó, asimismo, la intromisión de sacerdotes en la vida escolar 65. El combate contra el comunismo y el desprecio por el liberalismo en sus sentido político-cultural dibujaban los vértices en que peronismo y clericalismo encontraban su ángulo de intersección.

Represión policial-militar en el ocaso de la guerra y triunfo electoral de Perón

El decreto 536/45, de 15 de enero de 1945, de Represión de Delitos contra la Seguridad del Estado, castigaba con penas de hasta cinco años de prisión preconizar doctrinas comunistas y hasta de tres años de prisión a quienes incitaran a huelgas en «reparticiones nacionales, provinciales o municipales, o en empresas semioficiales o particulares que tengan a su cargo servicios públicos» 66. La participación de los militares en la represión de la militancia comunista involucraba a la Gendarmería, cuerpo creado en 1938 con la misión de vigilar las fronteras. En respuesta a una nota del «Comisionado Investigador de Actividades Comunistas», comandante de Gendarmería Miguel Fernández Cristobo, el jefe de policía de Córdoba informó que se mantenía un «fichaje organizado y actualizado por el sistema de prontuario y carpetas», y que, además, se coordinaba con las policías de Santa Fe, Rosario, La Plata y Capital Federal el intercambio de antecedentes mediante «el sistema policial de fichas de canje» 67.

El 3 de mayo al atardecer, el júbilo colmó las calles del centro cordobés. Miles de personas se hicieron presentes entre la plaza San Martín y el Cabildo de la ciudad para exteriorizar su alegría por la caída de Berlín: el ocaso del nazismo anticipaba —se creía— el fin de la dictadura en Argentina. Al concluir el acto, empero, una amplia y brutal represión se cernió sobre sus participantes. El Comité Intersindical la describió en estos términos: «Que a raíz de los acontecimientos europeos —caída de Berlín y victoria aliada— se produjeron en nuestra ciudad los festejos expontáneos [sic], con los que el pueblo testimonió su regocijo». Sin embargo, fue aprovechada «para encarcelar a dirigentes obreros, políticos, estudiantes e intelectuales». Asimismo, la Federación Obrera Gráfica denunció la detención de su secretario general, Carlos J. Celiz 68. Por su parte, los estudiantes agrupados en la FUA (Federación Universitaria Argentina) denunciaron: «Que sorprendentemente [...] cuando hombres, mujeres y niños se aprestaban a llevar a la intimidad de sus hogares la alegría colectiva [...] fueron vandálicamente atropellados y apaleados por fuerzas policiales». Entre los detenidos se encontraba Gregorio Bermann, referente intelectual del movimiento estudiantil de la reforma de 1918, candidato a gobernador en 1931 y médico voluntario en la Guerra Civil Española 69. Numerosos recursos de habeas corpus fueron presentados ante el juez Barraco Mármol en aras de la libertad de los detenidos por los abogados Carlos Fernández Ordóñez y Juan Laguinge. Asimismo, se responsabilizó de la práctica de torturas a los policías Juan Ángel Roca y Federico Piana 70.

Pero el camino hacia las elecciones estaba abierto. Para los comicios de febrero de 1946 el Partido Comunista cordobés pudo presentar sus propios candidatos a gobernador y vicegobernador: los obreros Miguel Contreras (ex secretario general de la Federación Obrera Provincial y fundador del partido) y José B. Manzanelli (militante del sindicato de hospitales y sanatorios, y voluntario en las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil Española). Tres exdetenidos, el obrero gráfico Carlos Celiz, el expresidente del Comité de Ayuda al Pueblo Español (CAPE) Luis Sánchez y el militante del gremio de comercio Isaac Blatt (figura que bien ilustra el papel destacado de los judíos comunistas), fueron postulados entre los candidatos a diputados. Entre las mujeres comunistas fue notable la participación de Rosa Parodi de Silverstein. El acto de cierre de campaña contó como orador central con Orestes Ghioldi, quien estableció un paralelismo entre peronismo y nazismo 71.

Contrariando el diagnóstico de Ghioldi, tras el triunfo electoral de Perón los comunistas no fueron proscritos —para disgusto de la Iglesia Católica— pudiendo actuar dentro de la legalidad, lo que revelaba un tipo de anticomunismo más pragmático que dogmático. Esto no fue óbice, por cierto, para que la represión encontrase en ellos su blanco predilecto. Así, de los 360 militantes que pasaron por la Cárcel de Encausados de Córdoba entre junio y agosto de 1950, la inmensa mayoría eran militantes del Partido Comunista 72.

Reflexiones finales

En septiembre de 1945, el Comité Central del Partido Comunista de Córdoba hacía un balance del periodo iniciado con el golpe militar de junio de 1943: evocaba a los «miles de miembros de nuestro partido que han pasado meses y hasta más de dos años en las cárceles, los centenares de afiliados que sufrieron las brutales torturas [...] la persecución implacable» 73. La «estrategia de aplastamiento» —en términos de Camarero— ensayada por Perón se correlacionaba con un dato duro de su experiencia con los dirigentes sindicales comunistas: estos se negaban a ser cooptados. Esta renuencia, que hizo posible su supervivencia política, se nutría de un fuerte sentido de pertenencia forjado al calor del combate antifascista, la solidaridad con la España republicana, las luchas obreras y la solidaridad con la Unión Soviética, imaginada como puerto de redención y patria del socialismo 74.

El tipo de represión ejercido sobre el Partido Comunista fue amplio y difuso. Afectó a sus dirigentes, pero no excluyó a militantes de base; se orientó a desarticular sus direcciones orgánicas, pero también a las asociaciones de tipo cultural o de signo antifascista en las que participaban sus integrantes. Tuvo como blanco su prensa partidaria, pero alcanzó publicaciones más laxas de organismos colaterales. La creación de la Policía Federal o la reglamentación de la División de Investigaciones y de la Sección de Orden Social y Político estaban en sintonía con la idea de un enemigo interno que se identificaba con el comunismo. Como hemos visto, si hubo un criterio de selectividad en las detenciones de militantes comunistas, ese fue el de tener influencia en los sindicatos y reconocimiento en sus lugares de trabajo. A diferencia de la represión de las décadas precedentes, no se trataba de defender a los patrones, sino de eliminar a los competidores de los funcionarios gubernamentales en el área laboral, orientados por la prédica de Perón. En este punto, la dimensión represiva del periodo analizado se diferenciaba tanto de la presente en los albores de la Primera Guerra Mundial como de la implementada por las dictaduras de los años setenta del siglo xx a partir de la doctrina de la seguridad nacional 75.

El tipo de anticomunismo que legitimaba la represión tomaba elementos de tradiciones previas, pero no se reconocía plenamente en ninguna de ellas. Si para la tradición nacional católica profesar ideas comunistas era antiargentino y «una nueva forma de criminalidad», dado que la sustancia del delito se hallaba en su doctrina, para el peronismo en ciernes la verdadera herejía residía en disputar su control del movimiento obrero y los sectores populares. No obstante, el anticomunismo ejercido tras el golpe militar de 1943 dejó huellas de larga duración en la cultura política peronista, dado que, en función de cada coyuntura histórica, recuperaba o no elementos de tradiciones anticomunistas pretéritas. Así, en 1949 el gobernador de Perón en Córdoba, Ignacio San Martín, sostenía:

«El enemigo no descansa y no descuida oportunidad para infiltrarse y producir desorden; el enemigo proviene [...] de esos partidos extranjeros, administrados, dirigidos, comandados y pagados desde el extranjero (aplausos). Ese Partido Comunista o ese Partido Socialista marxista tienen en este momento la misión principal de infiltrarse en nuestras filas para introducir la desorganización [...]. Contra esas cabecillas, agitadores profesionales pagados por el extranjero, tienen que reaccionar ustedes, la masa misma» 76.

Adjetivaba con términos caros a una mirada bélica de la política —infiltrados, enemigos y extranjeros— la actitud que se debía tener frente a los marxistas. Y contra ellos debía reaccionar no solo el Estado, sino «la masa misma». Esta temática fue recuperada dos décadas después por la derecha peronista. Si bien este filón de pensamiento —la apelación a las delaciones y a la acción colectiva contra las fuerzas de izquierda— puede ser interpretado como tributario de la movilización fascista de la década del treinta, distó de ser una constante en la cultura política peronista. Tampoco se tradujo en la ilegalización del Partido Comunista durante el Gobierno de Perón. Pero contribuyó a legitimar las sospechas entre los comunistas acerca del parentesco entre peronismo y fascismo, en un periodo histórico marcado por la ampliación de la ciudadanía social. De este modo, represión y errores en el diagnóstico político se conjugaron para favorecer su declive.