Ayer 113/2019 (1): 77-104
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2019
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/113-2019-04
© Eduardo González Calleja
Recibido: 26-04-2016 | Aceptado: 07-09-2017
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

La violencia clerical y anticlerical en el primer bienio republicano en España

Eduardo González Calleja

Universidad Carlos III de Madrid
edgcalle@hum.uc3m.es

Resumen: La complejidad de las culturas clericales y anticlericales españolas de los años treinta tuvo su reflejo en la diversidad de repertorios de acción colectiva, en los que se mezclaron formas de confrontación organizadas con otras más espontáneas. Sin embargo, una buena parte de las violencias anticlericales fueron derivaciones de acciones colectivas sin trasfondo religioso, como golpes de Estado, insurrecciones, motines, huelgas, mítines o manifestaciones. La respuesta clerical consistió en una intensificación de su capacidad  movilizadora, en la que no faltaron llamamientos a la rebeldía armada en contra del régimen republicano.

Palabras clave: anticlericalismo, catolicismo, España, Segunda República, violencia.

Abstract: The complexity of the Spanish clerical and anticlerical cultures in the 1930s was reflected by the diversity of their repertoires of collective action, which combined organized and spontaneous forms of confrontation. However, much anticlerical violence arose from collective action that had nothing to do with religion, such as coups, uprisings, riots, strikes, political rallies or demonstrations. Confronted with this situation, the reaction of the clergy was to intensify their capacity to mobilize important sectors of the populace. Among such actions, it was frequent to hear a call to arms against the Republican regime.

Keywords: anticlericalism, catholicism, Spain, Second Republic, ­violence.

La complejidad de las culturas clericales y anticlericales que tuvieron ocasión de mostrarse en la palestra pública de la España de inicio de los años treinta tiene su reflejo en sus abigarrados repertorios de protesta y de confrontación, en los que convivieron formas de acción organizadas (como las manifestaciones, marchas, mítines, pliegos de firmas o rituales de reivindicación y desagravio) con otras más espontáneas, y por eso menos controlables, como los tumultos, los motines incendiarios o iconoclastas, las agresiones verbales o de hecho a personas y símbolos, las conjuras o diversas modalidades de encuadramiento armado. El intenso voltaje conflictivo que tienen los contenciosos relacionados con la reivindicación o execración pública de símbolos que, como los patrióticos o religiosos, conciernen a valores trascendentes, indivisibles y, por tanto, innegociables, los hacen especialmente proclives a desembocar en actos de violencia colectiva1.

Sin embargo, es preciso relativizar el impacto de la violencia clerical y anticlerical en el periodo que nos ocupa: la polémica religiosa no fue la primera manifestación de disenso que tomó el sendero de la agresión —las violencias por razones políticas o laborales también se manifestaron desde los primeros días del régimen—, ni arrojó un balance aterrador de víctimas (23 muertos de 540 computados en el primer bienio, según nuestros cálculos), ni tampoco era una novedad que hubiese sido incorporada al elenco de los problemas nacionales por la política laicista de la República. Además del protagonismo de las culturas clericales en las contiendas civiles del siglo xix, el anticlericalismo violento ya estuvo presente durante los prolegómenos de la revolución liberal en la masacre de frailes perpetrada en Madrid el 17-18 de julio de 1834, los asesinatos de clérigos en Zaragoza, Murcia y Reus en abril y julio de 1835, la quema de conventos en Barcelona el 25 de julio de ese año y su propagación por Cataluña y el resto de España, que actuaron como detonantes de los procesos de exclaustración forzosa de regulares, supresión de las órdenes religiosas y desamortización abordados por Mendizábal en 1835-1836. A estos precedentes habría que añadir el amplio repertorio de protesta anticlerical desplegado durante el Sexenio, los altercados generados por la política laicizadora de los gobiernos liberales a inicios del siglo xx o los rituales iconoclastas desarrollados durante la «Semana Trágica» barcelonesa de julio 1909. Por lo demás, cuando la República se dispuso a dar la batalla al clericalismo con la ley en la mano, no hacía tanto tiempo que se habían producido otras experiencias laicizadoras traumáticas: a inicios del siglo estalló la «guerra de los inventarios» aneja a la Ley de Separación francesa de 1905, la «guerra religiosa» durante la revolución portuguesa (1910-1911), las iniciativas anticlericales en Rusia desde 1917 o la revuelta cristera en México de 1926-1929. España no era, pues, el primer país en asumir con dramatismo las medidas secularizadoras, pero la evolución de los acontecimientos colocó la cuestión religiosa en el centro de la polémica política. Las retóricas de la intransigencia de los contendientes se alimentaron mutuamente, y se tradujeron en posturas políticas crecientemente radicalizadas: por parte católica, porque las medidas laicizadoras fueron interpretadas como un ataque a la identidad nacional, y generaron actitudes de protesta que fueron de la resistencia pasiva a la abierta rebeldía, mientras que el laicismo integral inserto en las culturas políticas republicanas y obreras derivó en ocasiones en anticlericalismo, clerofobia, eclesiofobia o iconoclastia, en no poca medida como respuesta a la intransigencia de la jerarquía católica y a la beligerancia mostrada por los sectores clericales más irreductibles.

Manuel Delgado Ruiz asegura que, más allá de las explicaciones políticas, económicas o sociales que implican a actores colectivos pretendidamente racionales, se deben estudiar factores inconscientes o implícitos relacionados con la cultura del anticlericalismo en la larga duración2. Porque el anticlericalismo popular no iba dirigido tanto contra la Iglesia como institución como contra su papel de difusora de ritos, concepciones, vivencias, representaciones sociales y símbolos definitorios de una sociedad tradicional3. Los actos anticlericales fueron, en particular, manifestaciones de conflicto relacionadas con la administración simbólica del espacio público, e incidieron en la vida cotidiana, con la limitación de las expresiones externas del culto que implicaban la utilización sacramental del espacio público, como los gravámenes fiscales a rituales como el tañido de campanas, las procesiones o los entierros católicos. La lucha por el dominio del espacio público derivó en agresiones contra l as fiestas religiosas y en la autorización condicionada, ilegalización, supresión o boicot oficial de buen número de ellas. Las violencias más habituales se producían en choques suscitados durante la celebración de estas fiestas, donde la blasfemia se empleaba como provocación, y su manifestación paroxística más característica fue la quema o destrucción de símbolos religiosos (iglesias, ermitas, cruces de piedra, etc.) en dinámicas tumultuarias.

Dentro de esta competencia por el espacio simbólico de uso colectivo, los bailes profanos o las bandas de música se dirigían a contrarrestar los rituales religiosos, los eventos político-religiosos de carácter tradicionalista o los mítines y actos de afirmación católica. Este proyecto antifestivo trataba de reorganizar los ciclos y los episodios de la vida comunitaria en un sentido secularizador4. Muchas violencias coincidieron con festividades significativas del calendario cristiano como la Semana Santa, el Corpus o el Sagrado Corazón, o del calendario laico, como el 14 de abril o el Primero de Mayo. Pero las agresiones físicas a religiosos siguieron siendo excepcionales, salvo en la coyuntura —especial por tantas razones— de octubre de 1934. Las blasfemias, los insultos y las amenazas verbales siguieron siendo las formas más corrientes de expresar el rechazo a la figura de un sacerdote impopular por razones que muchas veces nada tenían que ver con la religión, aunque también se impusieron multas gubernativas a clérigos por manifestarse en público contra la legislación republicana.

Sin embargo, una buena parte de las violencias anticlericales —en especial en las coyunturas conflictivas de agosto de 1932, octubre de 1934 o la primavera de 1936— fueron derivaciones de acciones colectivas sin trasfondo religioso, como golpes de Estado, insurrecciones, motines, huelgas, mítines o manifestaciones, ya que la compleja textura conflictiva de los años treinta era propicia para que las revueltas sociales y políticas adquirieran un sesgo clerófobo5. Es preciso, pues, destacar la contingencia de algunas de estas manifestaciones violentas, y estudiarlas como la desembocadura más o menos espontánea de la tensión ambiente liberada en circunstancias de incertidumbre. Pero otras deben ser interpretadas como un recurso válido dentro del arsenal disruptivo disponible en los contenciosos de orden político que se libraron a todos los niveles, del nacional al vecinal, sobre todo en los primeros momentos del enfrentamiento contra el poder republicano en torno a la definición laicista del régimen.

La quema de conventos como aldabonazo contra la «República barata»

En algunas coyunturas críticas, los tumultos anticlericales fueron precipitados o instrumentalizados con clara intencionalidad política. Este fue el caso de los sucesos de mayo de 1931, que Ucelay y Tavera interpretan como una maniobra de la extrema izquierda contra el proyecto, impulsado por Alcalá-Zamora y Miguel Maura, de afianzamiento de una República moderada6. Tras los incidentes acaecidos ante el Círculo Monárquico Independiente en la mañana del día 10, las masas comenzaron a congregarse ante el Ministerio de la Gobernación, donde estaba reunido el Gabinete, que recibió un pliego de peticiones elaborado por una junta constituida poco tiempo antes en el Ateneo, y que exigía la dimisión de Maura, el encarcelamiento del general Berenguer, la disolución de la Guardia Civil, el desarme de la reacción, la supresión de publicaciones enemigas de la República, la expulsión de las órdenes religiosas y «una actitud más radical del Gobierno que encauce la revolución popular, ya en la calle»7.

A primera hora de la mañana del lunes 11, grupos de extrema izquierda que testigos presenciales como Marcelino Domingo vincu­laban a los sans-culottes y enragés que animaban el supuesto «club revolucionario» radicado en el Ateneo invitaron a los obreros a no acudir al trabajo8. Poco más tarde del mediodía comenzó a ­incendiarse la iglesia de los jesuitas en la calle de la Flor. El éxito de este primer asalto y la pasividad de las fuerzas de orden público —una de las claves en la rápida difusión de la protesta violenta— animaron a los revoltosos a ampliar su radio de acción. Cuando llegó al Consejo de Ministros la noticia del primer incendio, Maura exigió intervenir con energía. A las 16:00 horas se declaró el estado de guerra, pero a las 19:00 horas tuvo lugar el gran incendio del convento de Chamartín de la Rosa. A las 11 de la noche, el Gobierno Provisional otorgó a Maura plenos poderes para restablecer la situación, incluso asumiendo el mando de las fuerzas militares.

Si resultó indudable la incompetencia de las fuerzas de policía, la actitud festiva de los espectadores y la medrosa pasividad de la mayor parte de los católicos, también lo fue la intromisión de la extrema izquierda a través de unas agresiones perfectamente orquestadas. Según el «gielista» Jean Bassanesi, actuaron de diez a quince jóvenes incendiarios por iglesia, muchos de ellos reclutados por el aviador Ramón Franco y procedentes del aeródromo de Getafe. El objetivo de Franco era «prouver que le peuple voulait une révolution plus honda, comme il répétait toujours, une révolution plus profonde, de laquelle il aurait été davantage le maître»9. En carta al secretario de Estado Pacelli de 27 de junio, el cardenal Vidal y Barraquer señalaba que Franco y el mecánico Pablo Rada «provocaron incendios para ver si la chispa prendía. Resultado de ello, vendría la expulsión de las Órdenes religiosas y la revolución social, política y religiosa, tal como pregonan aún hoy día en la prensa y en los mítines»10. La factura tumultuaria de los sucesos, pero también su designio político, la asemejan a los motines y «bullangas» de 1834-1835, que trataron de forzar la vía liberal desbordando insurreccionalmente el régimen del Estatuto Real11.

Como en otras experiencias de psicosis de masas, como la grande peur del verano de 1789 en Francia, los sucesos de Madrid tuvieron un inmediato eco en las provincias, y afectaron sobre todo a los núcleos urbanos de Andalucía y Levante. En la noche del día 11 se convocó en Sevilla una manifestación en protesta por los sucesos del día anterior en Madrid. En la plaza del Duque, dos monárquicos dispararon sobre una multitud que, exasperada, asaltó el palacio arzobispal e incendió parcialmente el colegio de jesuitas de la plaza de Villasis, la capilla de San José de la calle Jovellanos y la iglesia del Buen Suceso12. El día 12 se repitieron los incendios en otros conventos, y los desmanes se extendieron a Lora del Río, Coria del Río, Alcalá de Guadaira, Carmona, Utrera, San Nicolás del Puerto y San Juan de Aznalfarache. En todos estos casos hubo una provocación monárquica previa que excitó los ánimos sin que la fuerza pública fuera capaz de hacer frente a los grupos incendiarios, por lo que del 13 al 16 fue mantenido el estado de guerra13. En Málaga, el factor desencadenante de la quema de conventos también fue la llegada en la tarde del día 11 de los rumores de enfrentamientos en Madrid entre monárquicos y republicanos. Las concentraciones multitudinarias derivaron en el incendio de un total de 27 establecimientos religiosos, en un orden harto significativo:

«Jesuits, Bishop’s Palace, Augustinians, Newspaper Office, Church of Saint Domingo (Whose priest had been notoriously active in pro-monarchist propaganda); the shop, then those churches first which harboured the vast set-pieces or tableaux carried in the street-procession of Holy-week, in regard to which there were ugly rumours even last year owing to the resentment of the unemployed, entitled no official relief, at the municipal subsidy (believed to approach £1000) given to this medieval travesty of Christianity and carnival».

Al cónsul británico le sorprendía tanto la pasividad de la gente como la cobardía y la falta de civismo de los católicos, que no acudieron en defensa de sus iglesias. Consideraba que el movimiento no representaba sino una espontánea efervescencia de los elementos políticamente conscientes del pueblo, que reaccionaron contra la respetabilidad convencional14. Como en Sevilla, hubo saqueos y profanaciones de iglesias en Alozaina, Ardales, Pizarra, Fuengirola, Churriana, Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Campanillas, Verdiales, Rincón de la Victoria, La Cala del Moral y Comares. La junta de autoridades decidió declarar el estado de guerra, que se mantuvo hasta el 6 de junio15. En Córdoba solo hubo un intento de incendio del convento de carmelitas de San Cayetano, que fue evitado en la noche del 12 al 13 de mayo por la Guardia Civil, con el saldo de cuatro muertos.

En Cádiz, republicanos y socialistas organizaron una manifestación el 11 de mayo para protestar contra la provocación monárquica, pero no pudieron impedir que esa noche la muchedumbre asaltase el convento de Santo Domingo y otros establecimientos. A las tres de la madrugada del martes 12, la junta de autoridades declaró el estado de guerra, pero los sucesos más graves tuvieron lugar desde las 18:00 horas de esa jornada hasta bien entrado el día 13. Los alborotadores también asaltaron conventos en Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera, Algeciras, La Línea, San Roque y Jerez, donde los incendios comenzaron el día 13 sin provocación previa ni excitaciones procedentes de la CNT. En Granada, tras los asaltos perpetrados el 11 y el 12, el general González Carrasco decretó el estado de guerra y decidió el envío de tropas a la calle. En Atarfe, los vecinos atacaron un coche que creían era de un grupo de incendiarios, causando cinco muertos y varios heridos16.

En Alicante, las manifestaciones anticlericales se iniciaron el día 11. Al intentarse el asalto de la Casa de los Salesianos, la Guardia Civil hizo fuego, matando a un joven de diecisiete años. El general Riquelme ordenó la retirada de la Benemérita y entonces se asaltó el establecimiento, donde un sacerdote fue agredido y nueve asaltantes resultaron heridos. A partir de las 17:00 horas y hasta la madrugada, la ira anticlerical se cebó sobre una larga lista de edificios. En la mañana del día 12 se proclamó el estado de guerra y se detuvo a una decena de personas17. En Alcoy se quemó la Casa Abadía y el día 14 se declaró el estado de guerra. El martes 12 ardieron otros edificios religiosos en Alicante (Elda, Campello y Orihuela) y Valencia, aunque en la capital levantina el líder del PURA (Partido de Unión Republicana Autonomista), Sigfrido Blasco, su correligionario el presidente la diputación Juan Calot Sanz y la Guardia Cívica republicana impidieron el asalto a varias iglesias18. También se asaltaron e incendiaron conventos en Murcia, Cartagena y Yecla. El 13 de mayo, la quema de conventos perdió espontaneidad y fueron los elementos más militantes los que trataron de extenderla a otros lugares y localidades secundarias, pero el movimiento se fue extinguiendo por la proclamación del estado de guerra en las provincias afectadas19.

La oleada de violencia anticlerical de mayo de 1931, que arrojó un balance de una decena de muertos (sobre todo entre los revoltosos) y más de un centenar de establecimientos religiosos dañados en distinto grado, mostró una abigarrada tipología, que fue desde las exclaustraciones voluntarias o forzosas (como en 1820 o 1834-1835), a los asaltos, saqueos, profanaciones diversas (sacrilegios con la sagrada forma, quema de imágenes, extracción de cálices, copones y ornamentos sagrados, y violentación de cementerios y sepulturas), incendios parciales, destrucciones totales de edificios y mobiliario, y ocupaciones o incautaciones de centros religiosos por las autoridades municipales. La diversidad de los motivos desencadenantes de estos hechos violentos impide hablar de un complot de alcance estatal, aunque sí de la instrumentalización de la inquietud popular por parte de algunos grupos minoritarios de extrema izquierda, que capitalizaron el malestar subyacente a las situaciones caracterizadas por la fluidez política.

La línea interpretativa más actual tiende a minusvalorar —quizá en exceso— el componente político de la protesta y a favorecer una explicación a tiempo largo que incide en la larga gestación de las subculturas anticlericales. Sin embargo, las causas parecen mucho más complejas, ya que, además de la secular violencia subyacente al anticlericalismo popular, incidieron circunstancias propias de la coyuntura política: el ambiente de tensión en las relaciones entre Iglesia y Estado provocado por la pastoral del cardenal primado Segura, los incidentes promovidos por los monárquicos en Madrid, la violencia preconizada por la extrema izquierda (en concreto, el club «jacobino» del Ateneo) y la debilidad del Gobierno, que, por temor a provocar un baño de sangre en el periodo preconstituyente, actuó de forma tardía y dubitativa.

Aunque muchas crónicas caracterizan la participación de elementos populares de escasa conciencia política y social en las manifestaciones de violencia anticlerical, existía un designio político que iba más allá de la venganza contra la omnipresencia de lo sagrado en la esfera social o contra la presunta maldad y depravación de la institución clerical. Fue una movilización casi espontánea de masas enormemente heterogéneas en su composición, gestada por la percepción de un clericalismo que se consideraba asfixiante, atizada por el miedo a una contrarrevolución monárquica y animada por la impaciencia y el optimismo revolucionarios de las masas. Es significativo que su despliegue geográfico recorriese buena parte del arco mediterráneo que había sido el escenario de la rebelión cantonal durante el verano de 1873.

La consecuencia más inmediata de los sucesos fue que el Gobierno radicalizó la política laicista, crispando la convivencia con los católicos, en especial con motivo de festividades religiosas. Por ejemplo, el 18 de mayo se produjo en Fuensaldaña (Valladolid) la muerte de dos izquierdistas durante la celebración de una procesión, y el 12 de junio el alcalde republicano de Quel (Logroño) resultó muerto en un incidente con clericales tras prohibir el tradicional canto de los serenos de «las diez, alabado sea Dios». El 1 de julio, la violencia tuvo un repentino rebrote en La Coruña, cuando, tras un mitin de la Federación Local Obrera donde se criticó la reanudación del culto tras la quema de conventos, se apedrearon los edificios de jesuitas y maristas, y se prendió fuego a un convento vacío de capuchinos, lo que generó varios enfrentamientos con la policía con secuela de trece heridos y un muerto20.

Los sucesos, que aún hoy permanecen en la memoria colectiva como la «quema de conventos», frustraron el afianzamiento de una República moderada que fuera aceptable dentro de la herencia del constitucionalismo. El proyecto político de la Derecha Liberal Republicana quedó herido de muerte, y también se limitaron las posibilidades de desarrollo de un partido monárquico que liderara las fuerzas conservadoras. La primera irrupción agresiva de las masas en la calle no fue solo un golpe irreparable para la imagen de autoridad que pretendía forjarse el naciente régimen, liquidando, como se recuerda habitualmente, la «luna de miel» entre República y ciudadanía, sino que también precipitó la decisión, adoptada por buena parte de las fuerzas monárquicas, de escoger la senda de la rebeldía.

La respuesta clerical, algo más que una acción defensiva

Los sucesos de mayo permitieron a Acción Nacional remontar el vuelo sobre los agravios infligidos a la comunidad de creyentes, ya que la crispación generada por la quema de conventos catapultó la cuestión religiosa al primer plano del debate político. En adelante, el banderín de enganche de la derecha mayoritaria no sería la preservación del principio monárquico, sino la defensa del catolicismo como identidad aglutinante de un común proyecto contrarrevolucionario. Este renovado impulso movilizador, que retomaba todos los tópicos de la «defensa social» del Sexenio y del periodo 1930-1931, se alimentó de los incidentes que envenenaron las relaciones entre el Gobierno Provisional y la jerarquía católica en los meses previos a la puesta en marcha de la legislación laica.

La oleada incendiaria de mayo de 1931 reactivó los comportamientos defensivos de la comunidad católica, pero es preciso reconocer que los enfrentamientos tuvieron más que ver con la acritud de los debates parlamentarios que se estaban planteando en torno a la cuestión religiosa que con el recuerdo de la quema de los conventos. Aunque el grueso de la campaña patrocinada por Acción Nacional y otros sectores católicos se canalizó a través de peticiones, actos religiosos y manifestaciones pacíficas de protesta, en el entorno del clericalismo más integrista se planteó la posibilidad de una acción militante, inspirada en las movilizaciones protagonizadas a inicios de siglo por las ligas católicas y el paramilitarismo carlista contra la política laicista de los gobiernos liberales. En concreto, el jaimismo aspiró a liderar una vasta amalgama contrarrevolucionaria que reivindicara un proyecto reaccionario que podía instalarse por vía insurreccional.

La anecdótica organización por el presbítero tradicionalista Vicente Torres Espejo de unas «milicias de Cristo» que se alzasen contra las «huestes de Lucifer» defendiendo arma en mano los lugares del culto no fue solo la versión española de las luchas religiosas que motivaron en México la aparición de la rebeldía cristera o en Brasil los sucesos de Canudos de 1896-1898, mezcla de movimientos militaristas y mesiánicos en espera del «reinado terrenal de Cristo»; fue el prolegómeno de un proceso de movilización de los grupos ultracatólicos, como evidenciaba la proliferación de retenes armados en los conventos de Madrid, la región vasconavarra, Cataluña o Andalucía entre el verano y el otoño de 193121.

Estas actividades coincidieron con los primeros alijos de armas y con los contactos mantenidos por los carlistas con el general alfonsino Luis Orgaz en junio, cuando los requetés navarros se negaron a secundar un pronunciamiento militar, aunque el Comité alfonsino tomó nota de la buena disposición del «Comité de Acción» jaimista a iniciar conversaciones22. La conspiración carlista autónoma comenzó el 14 de junio durante una reunión celebrada en Leiza, en la que se acordó constituir grupos armados que dieran réplica a las posibles violencias anticlericales23. Poco después se celebró en Azpeitia una nueva asamblea donde se decidió la reorganización del Requeté para impulsar un eventual movimiento insurreccional contra las reformas laicas que el Gobierno pretendía introducir.

Como en 1904-1906, la conjunción de los problemas foral y religioso, con el añadido del malestar militar, provocó en el país vasconavarro un serio conflicto, cuyo tenso desarrollo abrió la posibilidad de un desenlace violento de carácter contrarrevolucionario. El 27 de junio, el cardenal Vidal i Barraquer comentaba al secretario de Estado Pacelli: «Se dice que por el Norte de España, donde la gente conserva más viva la fe y es muy amante de sus tradiciones, los vecinos se están armando, y se les unen jefes y oficiales del Ejército, disgustados con las reformas del Ministro de la Guerra, y que hasta cuentan con simpatías y promesas de alguna nación vecina»24. Fue el momento de las «apariciones» marianas en Ezquioga, cuyas apocalípticas visiones de guerra civil pretendieron alentar un milenarismo popular de corte contrarrevolucionario que tomó cuestión parlamentaria al suponerse un hito más en la trama conspirativa que las derechas tejían en el Norte25.

El sentimiento de persecución religiosa suscitó una oleada de hostilidad en el seno de la extrema derecha vas­conavarra, que comenzó a lanzar llamamientos de rebeldía en contra de la República. La convocatoria de un mitin católico en Pamplona el 14 de junio de 1931 fue respondida por los anarquistas locales con la colocación de una bomba y con enfrentamientos tras el acto y durante el viaje de vuelta de los asistentes por Castejón, Villafranca y Tudela26. A medida que el conflicto entre la minoría vas­conavarra y el Gobierno se fue haciendo más agudo, un sector del PNV se fue aproximando a los postulados insurreccionales de los alfonsinos y carlistas, fomentando un particular proceso de paramilitarización entre sus mendigoizales (montañeros), que fueron transformándose de excursionistas a grupos de choque dirigidos de forma preferente contra los socialistas. La Gaceta del Norte soñaba el 11 de julio con una «Cruzada de Reconquista» de España, y al día siguiente, durante la celebración en Guernica de un acto de despedida de la minoría vasconavarra camino de las Cortes Constituyentes, el canónigo Antonio Pildain afirmó que el País Vasco era la Irlanda de Occidente, y el joven dirigente nacionalista José Antonio Aguirre «nuestro O’Connell que nos levanta»27.

Fue en agosto cuando la agitación en el país vasconavarro alcanzó su punto álgido. El deterioro de la situación obligó a una actuación enérgica del Gobierno, sobre todo cuando se supo de las conversaciones mantenidas a fines de mes en Deva entre Aguirre y el general Orgaz, quien aseguró que el líder jeltzale le reiteró la solicitud de cuadros de oficiales que entrenasen a sus milicias, y que en ningún momento habló en sentido nacionalista28. Por el contrario, Aguirre recordó que había hablado a título estrictamente personal y desde un punto de vista más político que militar, exigiendo un programa netamente nacionalista y antimonárquico, de modo que Orgaz comprendió que «para contar con el País Vasco para cualquier clase de movimiento había que prestarle tales garantías, que ellos no podían ser capaces de ofrecer»29.

La inserción el 18 de agosto en La Gaceta del Norte de un artículo incendiario donde José María Urquijo llamaba al alzamiento de los católicos vascos colmó la paciencia del Gobierno: Maura se comprometió a trasladar de Navarra a la Guardia Civil, que repu­taba «toda carlista», mientras que Azaña ordenó que el Estado Mayor Central estudiase un plan de campaña para las divisiones quinta, sexta y séptima y para las dos medias brigadas de montaña, con el objeto de ocupar militarmente Navarra. El día 20, Azaña habló en Consejo de Ministros de impulsar «una política enérgica, que haga temible a la República»30. Esa misma noche se procedió a la incautación de armas de las fábricas de Guernica, Éibar y Placencia, y a la suspensión de varios diarios monárquicos, católicos y nacionalistas de Bilbao, San Sebastián y Pamplona. Se decretó también la detención de destacadas figuras, como el in­tegrista Juan de Olazábal y el católico José María Urquijo. La conspiración volvió a recibir un duro golpe cuando, a fines de agosto, la Dirección General de Seguridad dispuso la detención en Madrid de varios civiles, militares y religiosos que consideraba implicados en la conjura, entre ellos José Antonio Primo de Rivera y José María Méndez Vigo, sorprendido en la iglesia de la Concepción cuando se reunía de madrugada con la excusa de defenderla en caso de un ataque clerófobo. A inicios de septiembre, ocho batallones de montaña fueron enviados en maniobras de intimidación hacia Navarra, a pesar de que Azaña asegurase que en España no existían más par­tidas que las del mus31.

En realidad, ya era demasiado tarde para intentar una insurrección, tras la desarticulación de parte de la trama complotista y su debilitamiento por la negativa de los nacionalistas y las difíciles relaciones entre alfonsinos y tradicionalis­tas. El 23 de septiembre, el director general de seguridad, Ángel Galarza, ordenó a los agentes de Vigilancia y Seguridad que detuvieran a todos los que profirieran vivas a Cristo Rey y otros similares que dieran motivo a incidentes32. El grito, nacido en el seno del integrismo español y convertido en devoción contrarrevolucionaria alentada por los jesuitas a partir de los años veinte, se había trasladado a los cristeros mexicanos como consigna de exaltación de la primacía de la autoridad de Dios y de la Iglesia en el orden moral y político frente al laicismo republicano33.

La campaña revisionista de la derecha católica y el «complot contra la República»

Las airadas manifestaciones de los parlamentarios católicos de las diversas tendencias durante los debates mantenidos sobre el contenido del artículo 24 de la Constitución confirmaron el estado de inquietud en que estaba sumida la región vasca. Fernando de los Ríos advirtió el 8 de octubre que «España tiene su Ulster en la región vasconavarra», y esta amenaza potencial parecía confirmarse en las crispadas invectivas de sus diputados34. Joaquín Beúnza declaró el 10 de octubre que «nuestra defensa llegará allí donde llegue la agresión [...]. Yo tengo la seguridad de que los católicos hemos de vencer si planteáis la lucha en ese terreno [...]. Si nace la persecución, nos refugiaremos en nuestras montañas, y allí pediremos consejo a nuestra desesperación y a la dignidad de hombres libres contra la tiranía»35. La aprobación de los artículos 3 (aconfesionalidad el Estado), 26 (fin del apoyo estatal a las asociaciones e instituciones religiosas, disolución y nacionalización de los bienes de la Compañía de Jesús y sometimiento de las demás órdenes a una normativa reguladora de sus actividades: la posterior Ley de Congregaciones Religiosas, promulgada en 1933) y 27 (libertad de conciencia) del texto constitucional desencadenó una importante oleada de manifestaciones contrarias al espíritu recogido en cada uno de ellos. La campaña de mítines, concentraciones masivas y actos públicos puesta en marcha por la derecha católica y agrarista contra la Constitución, considerada por esta última como un instrumento secularizador empleado por las izquierdas para quebrantar los principios del catolicismo más hondamente enraizados en el sentimiento nacional, se sumó a la retirada del Parlamento escenificada por los representantes de la minoría agraria y vasco-navarra, no sin que antes Lamamié de Clairac amenazara con la confrontación contra la «república sectaria»36 y el canónigo Antonio Pildain fulminara a la mayoría republicana con una amenaza explícita que parecía entresacada de los vetustos tratados sobre resistencia a la tiranía que habían vuelto a ponerse de moda en medios clericales: «ante una ley injusta nos caben tres posiciones: la resistencia pasiva, la activa legal y la resisten­cia armada»37.

El toque de clarín de la campaña revisionista lo dio un llamamiento de El Debate a todos los católicos «a defenderse a sí mismos y al mismo tiempo defender, por todos los medios y con todos los recursos, la amenazada existencia de España»38. Como recuerda Gil Robles, la campaña, basada en la convocatoria de grandes concentraciones, tenía como finalidad: «Primera: exteriorizar vigorosamente la protesta contra la política sectaria. Segunda: dar a las derechas, por medio de grandes concentraciones de masas, la conciencia perdida de su propia fuerza. Tercera: acostumbrarlas a enfrentarse con la violencia izquierdista y a luchar cuanto fuera necesario por la posesión de la calle. Cuarta: difundir un ideario y hacer prosélitos mediante la exposición de la doctrina»39. La Iglesia patrocinó una poderosa movilización en demanda de sus derechos, fomentando con sus recursos retóricos (esencialismo de la lucha, soberanía absoluta de la Iglesia, superioridad de sus cualidades morales, designación beligerante del enemigo) el victimismo, el maniqueísmo entre creyentes y no creyentes y elevando al rango de categoría cualquier enfrentamiento institucional con la República. Como recordaba Gil Robles en el cenit de su carrera política: los «hombres de buena voluntad» emprendieron en 1931 «una cruzada para penetrar paulatinamente en el alcázar de sus enemigos para alejarlos de sus posiciones»40.

La defensa de la religión dio significado ideológico a otras frustraciones colectivas, como la debilidad parlamentaria de la derecha, movilizando y politizando a su clientela potencial, que quedó fijada como «comunidad emocional» gracias a la adscripción a una identidad tan arraigada como era el catolicismo. El problema era que, como el mismo Gil Robles recordaría en sus años de ostracismo, con esta mística combatiente que la política católica estimuló instituyendo una división fundamental de la sociedad española entre creyentes agredidos y no creyentes agresores, la cuestión religiosa se convirtió en «bandera de combate, agudizando hasta el paroxismo el choque de las dos Españas»41. En la derecha confesional, la preocupación por la propia identidad religiosa prevaleció sobre la preocupación por la ampliación de los derechos cívicos propia del laicismo, que fue contemplada como un recorte de los propios derechos.

La campaña revisionista se desplegó a lo largo del verano y el otoño de 1931 a través de un elenco variado de protestas como las cartas y telegramas al Gobierno y las Cortes, la recogida de firmas, las campañas de prensa, los congresos, asambleas y reuniones para la constitución de asociaciones y partidos locales, la convocatoria de actos de protesta por las medidas de laicización de la enseñanza, la suspensión de los propios rituales, como la Semana Santa sevillana de 1932 (por el temor a una agresión, y a pesar de las garantías ofrecidas por las autoridades), y gestos, en ocasiones tumultuarios, de reposición de emblemas o símbolos religiosos en la calle o en la escuela, asalto a casas consistoriales, manifestaciones y enfrentamientos con la policía y sus adversarios con motivo de las manifestaciones externas de culto que eran respondidas con contramanifestaciones, boicots violentos, huelgas o amotinamientos ante la salida o el regreso de las congregaciones o las celebraciones rituales, como las procesiones católicas o los entierros civiles42. Se produjo una intensa politización de los rituales religiosos: las procesiones se convirtieron en manifestaciones, las peregrinaciones en marchas y los sermones dominicales en mítines43.

El cenit de la campaña revisionista fue la concentración celebrada en Palencia el 8 de noviembre. Gil Robles instigó contra la educación laica y habló de «legítima defensa», y el diputado Beúnza arengó a las 26.000 personas presentes en el acto: «Estamos gobernados por unos cuantos masones. Y yo digo que contra ellos todos los medios, los legales y los ilegales, son lícitos»44. El retorno a Burgos de medio millar de enardecidos participantes derivó en enfrentamientos en la estación con grupos sindicalistas que provocaron tres heridos y varios detenidos. La intervención de la policía y el ejército provocó la muerte accidental de una mujer y heridas a dieciséis personas45. En Bilbao, El Liberal daba noticia de las octavillas lanzadas en esa ciudad que incitaban a «no obedecer las disposiciones dictadas contra la Iglesia por los poderes constituidos [...] sino a prepararse para la lucha que será terrible. La fecha ya está fijada y está próxima. Ese día, habrá que bajar a la calle para vencer o morir»46. La llegada de un tren especial de clericales procedentes del mitin de Palencia provocó una nueva tragedia: un radical-socialista entró en una taberna y disparó contra varios jóvenes abertzales, matando a uno y dejando una docena de heridos47.

En vista de que la situación no se distendía, del 10 al 17 de noviembre se practicaron numerosas detenciones en el marco de la ­desarticulación de un supuesto «complot contra la República» que tuvo mucho de advertencia gubernamental a los adversarios políticos: en Madrid fue detenida una veintena de personas entre militares y policías retirados, frailes, curas y tres aristócratas, entre ellos José Antonio Primo de Rivera48. Se descubrió un arsenal y un centro de adiestramiento en la iglesia de la Concepción en la calle Núñez de Balboa, donde un grupo de feligreses (entre ellos los jóvenes tradicionalistas implicados en el reventamiento de la obra de Ramón Pérez de Ayala, A. M. D. G., el 6 de noviembre en el teatro Lope de Vega) se estaba adiestrando con la excusa de defender el templo de asaltos similares a los del 11 de mayo49. El complot tenía ramificaciones en Valencia, San Sebastián y Bilbao, donde entre otros fueron detenidos el jaimista Esteban Bilbao y el propagandista monárquico Fernando María Castiella, implicado en un caso de contrabando de armas por San Juan de Luz, sede del «comité insurreccional» alfonsino50.

Al amparo de la legislación de excepción, el Consejo de Ministros impuso el 13 de noviembre la clausura de publicaciones, centros y asociaciones que pudiesen incitar a «actos de agresión a la República», y la suspensión de reuniones y manifestaciones de carácter político, social y religioso, en especial los mítines revisionistas, que con el pretexto de pedir la revisión del artículo 24, atacaban a la República y protagonizaban choques sangrientos como los de Burgos del domingo anterior. Desde inicios de 1932, la radicalización de los actos religiosos, trasmutados en actos de hostilidad política contra la legislación laicista que se estaba implementando, dio lugar a una oleada de sanciones gubernativas y a nuevos enfrentamientos. Según Gil Robles, a lo largo de ese año se suspendieron 162 asambleas y 280 mítines de Acción Nacional, se clausuraron temporalmente 320 delegaciones locales del partido y se impusieron más de 3.000 multas51. Sean ciertos o no estos datos, la represión estimuló relativamente la progresión de un partido que desde finales de 1931 se venía expandiendo gracias al apoyo de la jerarquía eclesiástica y a la capacidad de sus líderes para instrumentalizar la cuestión religiosa. La operación de agitación y propaganda fue un éxito indudable, ya que Acción Nacional se forjó una sólida imagen de organización de masas que englobaba desde el integrismo al republicanismo conservador.

El rebrote ocasional de la violencia anticlerical hasta el final del bienio

La cascada de medidas laicizadoras emitidas hasta fines de 1931 (Decretos de 9 de julio sobre secularización de cementerios, convertido en Ley el 19 de enero de 1932; Decreto de 20 de agosto declarando suspendida la facultad de venta, transferencia e hipoteca de los bienes muebles, inmuebles y derechos reales de la Iglesia y otras instituciones y casas religiosas; Decreto de 3 de noviembre sobre divorcio, y Ley de 10 de diciembre que prohibía la enajenación de obras del patrimonio histórico-artístico) no hizo sino aumentar los recelos de la Iglesia. Una vez votada la Constitución, la adopción de la legislación complementaria en materia religiosa dio lugar a numerosos incidentes. Las medidas aprobadas en favor de la escuela laica provocaron una intensa movilización de los católicos, con las consiguientes multas, detenciones y encarcelamientos. En muchos pueblos se produjeron altercados entre los padres de familia y las autoridades locales, movilizaciones de Acción Católica y restricción voluntaria o forzosa de actos religiosos. Los acuerdos de cariz anticlerical adoptados por numerosos ayuntamientos, dirigidos a gravar las procesiones públicas, exigir la autorización del alcalde para la celebración de entierros católicos, retirar imágenes de las fachadas y símbolos religiosos en los establecimientos públicos, rebautizar calles, incautarse de edificios religiosos o restringir el toque de campanas buscaron secularizar el paisaje urbano, pero, debido a su resonancia emocional, estas actuaciones no estuvieron exentas de violencia.

Entre los numerosos incidentes provocados en Navarra por elementos clericales a lo largo de 1932 e inicios de 1933 destacó la algarada que estalló el 10 de febrero de 1932 en Tudela por la retirada de crucifijos de las escuelas52. El 22 de octubre de 1931, el consistorio republicano de Almonte (Huelva) acordó retirar del salón de sesiones las imágenes del Corazón de Jesús y de la Virgen del Rocío, lo que provocó en la mañana del 28 de febrero de 1932 un violento motín inducido por los caciques de la localidad, que al día siguiente llevaron a la Virgen desde su ermita, mientras que afluían a la localidad caravanas de coches desde Sevilla y Huelva para participar en la algarada. El asunto acabó el 15 de marzo con la imposición de multas gubernativas a los siete principales agitadores53. En Alhendín (Granada), en el transcurso de una procesión organizada a inicios de mayo de 1932, se interpretó la Marcha Real y se dieron gritos contra la República. Concluida la procesión, los asistentes se dirigieron a la escuela para reponer el crucifijo y romper el cuadro alegórico de la República, maltratando al maestro y a quienes osaron defenderle, y expulsándole a pedradas del pueblo. La Guardia Civil se inhibió en este suceso y más tarde los jueces absolvieron a los responsables54.

El riesgo de enfrentamiento entre clericales y anticlericales se incrementó en la primavera siguiente al acercarse la celebración de las procesiones de Semana Santa. En Sevilla, temiendo una agresión, y a pesar de las garantías ofrecidas por las autoridades, más de cuarenta cofradías no participaron en la festividad, popularizando la expresión de «Sevilla la mártir» frente a la «roja». La única cofradía que salió fue apedreada, y el 7 de abril se quemó la iglesia de San Julián55. La celebración de actos religiosos fue el detonante de varios hechos luctuosos: el 24 de marzo de 1932, tras la airada protesta de parte del vecindario contra la prohibición de un entierro católico en Massamagrell (Valencia), el hermano del alcalde acuchilló mortalmente a un militante de la Derecha Regional Valenciana (DRV)56. El 17 de abril, un altercado callejero en la calle Estafeta de Pamplona, provocado al parecer por insultos a un sacerdote, degeneró en un tiroteo donde murieron dos socialistas y un jaimista57. El 13 de octubre, en Cogollos de la Vega (Granada), un confuso tiroteo de agrarios con comunistas desencadenado durante le procesión del Santísimo acabó con la muerte de una mujer y heridas al párroco local y al de Maracena, además de a otras cuatro personas58.

Los sucesos más graves acaecieron en Bilbao el 17 de enero de 1932, cuando un mitin tradicionalista contra las leyes laicas que congregó a unas 10.000 personas acabó a tiros con un balance de tres anticlericales muertos. Según el anuncio apostólico, los tiros partieron de los tradicionalistas, que «si appostano ed trincerarono dietro difese, e senz’altro incominciarono il bersaglio, sparando a poca distanza e a colpo sicuro contro i dismostranti, con tale sicurezza che ad ogni colpo vi era una vittima, e con tanta fredezza che ad un infelice che ferito, cadde seduto nel suolo, tirarono un alto colpo per finirlo, e lo lasciarono morto»59.

El gobernador civil clausuró el convento de las Reparadoras (desde donde se decía que se había disparado) y endosó una multa de 10.000 pesetas a las Damas del Sagrado Corazón que habían convocado el acto en protesta por los rumores de derribo del monumento homónimo60. El movimiento anarquista de enero de 1932 en Valencia o Zaragoza también desplegó violencias anticlericales como el incendio de iglesias y archivos parroquiales61. Aunque en las insurrecciones libertarias la quema de símbolos religiosos era un hecho habitual, los revolucionarios mostraron una indiferencia casi total hacia los representantes de la Iglesia, con la excepción de la localidad valenciana de Sollana, donde un sacerdote resultó herido en un tiroteo que tuvo lugar durante la rebelión de enero de 193262. Se intentaron quemar tres iglesias y un convento en Sevilla, se incendiaron dos parroquias en Aznalcóllar y Gerena, y hubo acciones similares en varios pueblos de Aragón con derribo y destrucción de cruces, hornacinas y símbolos de las cofradías, o petardos en iglesias63.

Como en otras coyunturas de crisis marcadas por la incertidumbre, la alta tensión política generada por el golpe de 10 de agosto de 1932 acabó desembocando en manifestaciones de violencia en la diócesis hispalense, con tentativas de incendio de cuatro iglesias de la capital y ataques en Real de la Jara, Aznalcóllar, Sanlúcar la Mayor, Marchena y Aznalcázar. En varios pueblos, los párrocos sufrieron molestias, y en otros fueron prohibidas las conducciones de cadáveres al cementerio con rito religioso64. En Granada, tras ser tiroteada una manifestación de júbilo por el fracaso del golpe en la que murieron dos obreros cenetistas y cinco resultaron heridos, los sindicatos decretaron una huelga pacífica en la que grupos incontrolados perpetraron incendios en el convento de la Divina Infantita y la Casa del Estudiante Católico. En la noche del 11 al 12 se volvieron a reproducir los incidentes en el Albaycín, donde ardieron varios establecimientos antes de que la autoridad gubernativa movilizase a la Guardia Civil y al ejército65. En Écija se quemó la iglesia de San Gil y el convento de los capuchinos en octubre de 1932, y en noviembre se intentó asaltar el convento de carmelitas descalzos66. De nuevo hubo manifestaciones de violencia iconoclasta durante el levantamiento anarquista de enero de 1933 (incendio de la iglesia parroquial del pueblo sevillano de Real de la Jara) y la ulterior huelga general de protesta por las deportaciones convocada por la CNT en mayo, en cuyo transcurso se colocaron explosivos en el exterior de la iglesia del Carmen y el convento de las calatravas de Burgos.

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La cuestión religiosa fue, sin duda, el gran obstáculo que se encontraron los gobiernos del primer bienio para concitar la adhesión necesaria para la realización de su programa reformista. Marcelino Domingo recuerda que «las pastorales del cardenal Segura, la rebeldía del obispo de Vitoria, el anuncio reiterado de los alzamiento en el Norte de España, la actitud airada, insolente, en el Parlamento, de la minoría vasco-navarra, los discursos retadores de Gil Robles, revelación todo ello de una posición de guerra frente a la República, hicieron imposible la fórmula de paz [...] la fórmula de paz no la aprobaron las Constituyentes porque la Iglesia se había situado ya en disposición de guerra contra la República»67.

La Iglesia orquestó una eficaz movilización defensiva, y desde noviembre de 1933 apostó por la franca recuperación del terreno perdido por la política laicizadora el primer bienio, animando una densa red social basada en entidades como la Confederación de Padres de Familia, la Confederación de Estudiantes Católicos, Acción Católica, los sindicatos católicos o la prensa afín. El modo de contestación más eficaz fue la aparición de la alternativa política que representó la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), antidemocrática, contrarrevolucionaria e intransigentemente confesional. Todo parece indicar que el «ataque» constitucional a la Iglesia hizo más daño a la República que a aquella, y fue contraproducente porque desató la reacción masiva de los católicos, fue ineficaz en sus métodos y poco realista en sus plazos temporales68. El propio Azaña reconoció, casi como epitafio a su proyecto reformista:

«Cada vez que repaso los anales del Parlamento constituyente y quiero discurrir dónde se jugó el porvenir de la política republicana y dónde se atravesó la cuestión capital que ha servido para torcer el rumbo de la política, mi pensamiento y mi memoria van, inexorablemente, a la Ley de Congregaciones Religiosas, al artículo 26 de la Constitución, a la política laica, a la neutralidad de la escuela, a todo lo que se ha derivado de bienes, esperanzas y rigores de justicia del principio asentado en la Constitución de la República, contra lo cual se han desarrollado todas las maniobras visibles e invisibles que han sido capaces de suscitar una reacción contra nosotros para ver si nos hacían naufragar y, por último, confesémoslo, nos han hecho naufragar y hemos naufragado»69.

La violencia clerical y anticlerical no había sido sino una manifestación ocasional de esa movilización de los creyentes que había cambiado por completo el panorama político del país en solo dos años. Ciertamente los enfrentamientos no fueron intensos ni continuados, como lo fueron en la Francia revolucionaria o el México sumido en la revuelta «cristera», pero su impacto emocional sobre el proceso de organización política de las fuerzas sociales clericales tampoco debe ser minusvalorado.

A pesar del triunfo conservador en las elecciones de noviembre de 1933, las agresiones contra la Iglesia católica reaparecieron durante la insurrección libertaria de diciembre (incendio de la iglesia de San Luis en Granada)70, la huelga general campesina de junio de 1934 (nuevos incendios en Granada y en los municipios riojanos de Calahorra y Río Leza) y sobre todo durante la Revolución de Octubre, donde por vez primera los religiosos fueron víctimas de una represión mortal e indiscriminada71. Merece la pena observar que cuando la violencia revolucionaria y contrarrevolucionaria alcanzó fuerte intensidad, la clerofobia derivó en clericidio: a la altura de octubre de 1934 o a partir de julio de 1936 ya no se atacaron solo los bienes muebles, inmuebles o simbólicos de la Iglesia, sino que se ejercitó de forma preferente la violencia contra las personas. Una explosión de brutalidad que marcó una nueva frontera —y un nuevo desafío interpretativo— en ese fenómeno colectivo definido por tan amplios umbrales de incertidumbre que es la violencia anticlerical.