Ayer 109/2018 (1): 325-348 
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2018
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/109-2018-12
© José-Vidal Pelaz López
© Darío Díez Miguel
Recibido: 28-05-2015 | Aceptado: 22-04-2016
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

El Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo o el eslabón perdido de la Transición*

José-Vidal Pelaz López

Universidad de Valladolid
pelaz@fyl.uva.es

Darío Díez Miguel

Universidad de Valladolid
dario_diez@hotmail.com

Resumen: A lo largo del presente estudio analizaremos las líneas maestras del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982), con particular atención al discurso histórico construido en torno al mismo. En este sentido, valoraremos cómo las propias circunstancias en las que tuvo lugar su mandato y las perspectivas historiográficas más arraigadas en el estudio de la Transición han condicionado, incluso deformado, la visión de Calvo-Sotelo como actor político.

Palabras clave: Leopoldo Calvo-Sotelo, Transición española, UCD, 23-F.

Abstract: This article analyzes the central characteristics of the government of Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982), and the historical discourse it has generated. The specific circumstances of his mandate —together with the more entrenched historiographical perspectives of the Spanish Transition— have conditioned, and even deformed, the vision of Calvo Sotelo as a political actor.

Keywords: Leopoldo Calvo-Sotelo, Spanish Transition, UCD, 23-F.

El fallecimiento de los dos primeros presidentes de la democracia y la abdicación del rey Juan Carlos han puesto de relieve el agotamiento de la generación que tomó las riendas de España en 1975. Esto, unido a la sensación de crisis del modelo de 1978 tan extendida en los últimos tiempos, ha generado una cierta revisión historiográfica —y también social— sobre la Transición española a la democracia.

Mientras que la desaparición de Adolfo Suárez en 2014 ha venido acompañada de notable despliegue editorial y mediático, la de Leopoldo Calvo-Sotelo en 2008 pasó a estos efectos bastante desa­percibida. Una muestra más de lo que ha sido la actitud de la historiografía, y de la sociedad española en general, hacia la breve etapa de gobierno que se extendió desde febrero de 1981 a diciembre de 1982. Sin embargo, según avanza el tiempo, cada vez parece más evidente que el mandato de Calvo-Sotelo posee una personalidad propia, más allá de ese carácter de «interregno» que se le ha querido dar habitualmente. Este «eslabón perdido» de la Transición, como llegó a denominarlo su propio protagonista, merece sin duda, en estos tiempos que corren, un nuevo esfuerzo interpretativo 1. Y no en busca del pecado original de nuestra democracia, la causa de todos nuestros males actuales, sino más bien para comprender mejor los afanes de una generación de españoles que intentaron, con mayor o menor fortuna, básicamente dos cosas: promover la reconciliación nacional, alejando el fantasma de la guerra civil, y dotar a España de un sistema de gobierno democrático parangonable con el del resto de naciones avanzadas del mundo.

Calvo-Sotelo en su contexto

La extraordinaria riqueza bibliográfica existente respecto a la Transición es un síntoma de la indudable atracción que ejerce esta época de nuestra historia. La fascinación por este singular episodio ha generado un complejo correlato historiográfico, partícipe a su vez, de un gran número de reflexiones metahistóricas sobre su naturaleza, desarrollo, puntos fuertes y debilidades. Rafael Quirosa-Cheyrouze contempla dos maneras fundamentales de enfocar el proceso transicional 2. La primera tiende hacia la idealización de este fenómeno sociopolítico, presentando un proyecto modélico en su desarrollo y su conclusión. La segunda insiste en las renuncias que se hubieron de hacer (sobre todo por parte de la izquierda) y en la desmovilización política subsiguiente, poniendo el énfasis en la Transición como origen de los déficits que padece la democracia española en la actualidad. En una, el protagonismo lo tendrían los actores políticos, las elites; en la otra se subraya el —frustrado— papel de los actores sociales 3.

Siguiendo el episodio transicional en términos de historia política, ha sido habitual abordarla distinguiendo entre una «transición política», y otras transiciones, como pueden ser la «institucional» o la «exterior». En esta dinámica, el estudio del papel otorgado a las elites ha monopolizado buena parte del discurso, siendo una auténtica constante de la historiografía española. Sin embargo, el recorrido iniciado por este modelo interpretativo presenta ciertos desequilibrios. El primero, estriba en el desigual tratamiento que han recibido los distintos episodios de la Transición. Es evidente que sus comienzos, y sobre todo el «año mágico» que va desde 1976 a 1977, han focalizado la atención de los estudiosos, mientras que sobre lo ocurrido después el interés ha oscilado notablemente. Incluso se plantean dudas sobre la fecha en la que situar el final del recorrido transicional: 1977 (primeras elecciones democráticas), 1978 (aprobación de la Constitución) o 1982 (elecciones del cambio). El segundo desequilibrio radica en el, asimismo, ­desigual trato recibido por los distintos protagonistas, destacando la atención prestada al rey Juan Carlos y a Adolfo Suárez sobre todos los demás actores.

En este contexto, el epílogo del proceso, representado por la presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo, ha padecido una relativamente escasa atención por parte de los investigadores, que no han parecido encontrar demasiado atractivo ni el momento ni el personaje 4. La mirada de los historiadores no se ha posado con especial interés en este año y medio, y con frecuencia se ha deslizado sobre estos meses con la mente puesta siempre en problemáticas anteriores o posteriores: el inesperado adiós de Adolfo Suárez, la llegada de Felipe González, el golpe de Estado o la crisis de la UCD.

Los autores que más se han acercado a este periodo de la historia de España han sido Charles Powell y Javier Tusell, quienes han construido una visión en conjunto positiva tanto de la persona como de la obra de Leopoldo Calvo-Sotelo, línea en la que hay que incluir a Carlos Barrera, y que cabe considerar minoritaria 5. En menor medida, David Ruiz, Secundino Serrano, Julio Aróstegui, Santos Juliá o Álvaro Soto Carmona han aportado un punto de vista menos condescendiente, sin detenerse mucho ni en el ejecutivo, ni en su presidente 6. También, y desde una perspectiva más crítica, Paul Preston, Carlos Seco Serrano, Bernat Muniesa o José R. Díaz Gijón han incidido en los factores más polémicos de la época, cuestionando desde distintas vertientes la actuación del Gobierno 7.

Al lado de la propiamente historiográfica otra interesante vía de acercamiento al mandato de Leopoldo Calvo-Sotelo ha tenido lugar desde el campo de la sociología y la politología, aunque, en cualquiera de los casos, el análisis ha seguido siendo circunstancial, más centrado en la historia de UCD que en la tarea de gobierno 8. También desde el mundo del periodismo, la aproximación se ha hecho desde perspectivas frecuentemente transversales e indirectas 9. Buen ejemplo de ello es el tratamiento del personaje en las biografías periodísticas dedicadas a Adolfo Suárez en las que Leopoldo Calvo-Sotelo es reducido al «sucesor» o al «hombre de paja», siempre en términos relacionales y comparativos 10. De tenor similar son las referencias más o menos ocasionales que se pueden espigar en las cada vez más abundantes memorias o relatos de sus contemporáneos 11. Una de las escasas excepciones la constituye la obra de la periodista Victoria Prego, testigo y cronista de la época, que proporciona una completa visión tanto del personaje como de su ejecutoria gubernamental, si bien esta última basada en las propias declaraciones del protagonista 12. No es exagerado afirmar, aunque pueda parecer paradójico, que el estudio más reflexivo (auto-reflexivo en este caso) en torno al Gobierno de Calvo-Sotelo se halla en la producción bibliográfica del propio interesado, en sus declaraciones y en las entrevistas publicadas 13. Sus diversos escritos, en particular sus «memorias» (que rezuman malicia galaica) han sido habitualmente utilizados por los historiadores como fuente, aunque Tusell las tildara de «superficiales e incompletas» 14. En sus textos, el expresidente no se recrea en la autojustificación, tan característica de este tipo de literatura, ni en la autocrítica «tan pasada de moda por la decadencia de los marxismos ortodoxos y el creciente desuso de la confesión» 15, sino que tiende más a presentarse como actor de un drama cuyo control no llegó a tener en ningún momento.

Calvo-Sotelo en su laberinto: el personaje

Como señalan algunos trabajos de reflexión historiográfica sobre el hecho transicional, «la teoría del liderazgo» actualmente es la postura con mayor respaldo académico, social e institucional 16. Se trata de una visión que acentúa la importancia de las personalidades, una perspectiva decisionista y personalista que explica aquellos años en función de «improvisaciones e incertidumbres» 17 en las que la actuación individual es decisiva. En esta dinámica interpretativa se encuadra el significado histórico del ejecutivo de Leopoldo Calvo-Sotelo tal y como es presentado historiográficamente. Su figura parece resistirse de entrada a cualquier clasificación. Para Powell «fue sin duda un político único, o en todo caso sumamente atípico, un hombre reflexivo, profundamente intelectual, que conocía a fondo la historia política de su país y la de su entorno, que quizás tuvo siempre más interés por observar y comprender la realidad que por moldearla» 18.

El peso de sus apellidos se deja sentir de inmediato sobre el personaje: «miembro de una ilustre familia política, servidora de las oligarquías históricas», lo cual parece abocar a una vinculación inevitable con los planteamientos de una derecha rancia 19. David Ruiz resume su carrera hasta 1975 diciendo que «se había identificado en el pasado con el régimen franquista más por sus creencias católicas y fidelidades monárquicas que por sus convicciones falangistas» 20. Tras la muerte de Franco, Carlos Huneeus le sitúa entre los tecnócratas del Gobierno de Arias, mientras que Carlos Barrera le etiqueta dentro del «monarquismo independiente» 21. Tal y como sostiene Powell, su buena relación personal con Adolfo Suárez determinó su futuro político en los años siguientes 22. De esta etapa destaca sobre todo su paso por el Ministerio para las Relaciones con Europa, que conocemos ahora en profundidad gracias a los pormenorizados trabajos de Jorge Lafuente 23. Su ascenso a la vicepresidencia en 1980 fue el último escalón antes de que el poder llegase a sus manos de forma un tanto inesperada a comienzos del año siguiente.

Existen versiones contrapuestas sobre este hecho. Testimonios como el de Juan Luis Cebrián sostienen que desde finales de 1980 Calvo-Sotelo pensaba en ocupar la presidencia y que comenzó a actuar con ese fin 24. Javier Tusell, por el contrario, afirma que «ni ambicionaba el puesto de Suárez, ni se mostró beligerante con él» 25. El protagonista desde luego desmiente cualquier tipo de ambición personal ni de conspiración 26. Diversos autores ven la designación de Calvo-Sotelo como una elección en negativo. Álvaro Soto lo valora como «una pesada carga para el partido», mientras que Paul Preston afirma que «obedecía simplemente a que era el candidato que provocaba menos antipatía» 27. Por el contrario, otros valoran como su principal mérito precisamente su posición marginal dentro de las luchas internas de UCD. Carlos Seco subraya «la relativa independencia en la que se había mantenido», mientras David Ruiz destaca igualmente el hecho de que nadie, dentro del partido, se opusiese a su designación. Juan Francisco Fuentes estima que era «el sucesor natural» y que Suárez le había mantenido al margen de las «trifulcas partidarias» porque hacía ya tiempo que pensaba en él como «solución de recambio». Carlos Barrera concluye que los dos factores que jugaron decisivamente a su favor fueron: su no pertenencia a ninguna de las familias ucedistas y «su escaso afán de protagonismo político» 28.

También ha habido cierto debate acerca del posible papel decisivo que la empresa y el mundo de las finanzas desempeñaron en la designación de Calvo-Sotelo. A esta teoría se abonaban buena parte de los analistas políticos de los años ochenta y autores como David Ruiz o Seco Serrano se hacen eco de ella, basándose en los antecedentes del candidato como gestor tanto en la empresa pública como en la privada, lo que le convertía en idóneo dada la gravísima situación económica por la que pasaba España en aquellos momentos. Por contra, Soto Carmona cuestiona esta interpretación e incluso afirma que las discrepancias entre el ejecutivo y la CEOE alcanzaron su punto más alto en este periodo debido a la presencia de socialdemócratas en el área económica 29.

Por otro lado, la presencia física y mediática de Leopoldo Calvo-Sotelo ha constituido otro estímulo para las interpretaciones negativas. Por ejemplo, Muniesa valora antitéticamente su figura respecto de la de Suárez: «tecnócrata y gestor de rostro aburrido y verbo parco y estadístico» 30. Barrera, más proclive al ejecutivo centrista, habla de un carácter «frío y gris». Preston y Seco Serrano esbozan la silueta de un hombre «taciturno», con «una imagen sombría». Soto Carmona le atribuye «escasa capacidad de liderazgo» 31. Sus asesores eran conscientes de esta limitación y desde el principio se diseñó una estrategia para mejorar su imagen, que no dio los frutos apetecidos 32.

La presidencia de Calvo-Sotelo, en suma, aparece condicionada desde el principio por una serie de pecados originales de los que no puede escapar. Empezando por sus apellidos, y siguiendo por su presunta cercanía a la patronal, las circunstancias de su elección (candidato por conspiración o por eliminación), su falta de ratificación por las urnas o su carencia de carisma mediático. Si a esto se añade luego la sombra del 23-F se pueden comprender las dos principales características que se atribuyen a su mandato: debilidad y derechización. La primera, que tanto eco tuvo en su época, habría tenido su manifestación en múltiples frentes: debilidad ante los sectores involucionistas, ante los sindicatos, en materia económica, debilidad interna de UCD o incluso cesiones ante las presiones de la prensa 33. La segunda se deriva del presunto giro conservador del ejecutivo sobre todo en materia autonómica, en el control de RTVE o en el asunto de la OTAN 34.

La obra de gobierno y la alargada sombra del 23-F

El ejecutivo de Calvo-Sotelo ha sido tildado en ocasiones de «interregno» 35, alusión cuyo origen reside en los comentarios políticos de El País 36. En este sentido, la etapa de este presidente no-electo en una democracia parlamentaria se interpreta como un momento anómalo, de indefinición y de crisis. Las circunstancias de su llegada al poder y el deterioro creciente de la UCD son los argumentos principales sobre los que se sostiene esta postura que, en última instancia, alude a la noción de «democracia vigilada», por mucho que Calvo-Sotelo intentara, sin éxito, darle la vuelta acuñando el concepto alternativo de «democracia vigilante» 37. Estas referencias, múltiples y variadas, presentan la mayor parte de las iniciativas gubernamentales envueltas en un clima político turbio y enrarecido, «un cúmulo de rumores y movimientos que debilitaron su precaria jefatura» 38. Para unos, el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo solo pudo limitarse a desarrollar una política apaciguadora, especialmente en relación con el estamento militar. Para otros, sin embargo, uno de los principales méritos del ejecutivo fue el «retorno del consenso», que se habría plasmado sobre todo en el intento de reconducción del proceso autonómico 39. Ambas visiones en todo caso nos remiten de nuevo a una imagen de debilidad y condicionamiento.

Puede dar la impresión de que el periodo de gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo no posee a Leopoldo Calvo-Sotelo como protagonista. No existe una mirada singular sobre su papel histórico. En principio porque no hay hasta la fecha ninguna monografía que lo aborde con detenimiento, pero también porque, como hemos subrayado, en las obras sobre la España actual e incluso en las centradas en la Transición, el recorrido se hace con prisa, con la mente puesta en la nueva fase, mucho más sugerente, que arranca con el histórico triunfo socialista de 1982.

Aunque las principales líneas programáticas del nuevo presidente habían sido enunciadas previamente al 23-F, en los programas políticos de UCD y asumidas en su discurso de investidura como plenas convicciones personales, Calvo-Sotelo hubo de defender sus propuestas dentro de un marco político totalmente inesperado, siendo este hecho el que condicionó toda su ejecutoria posterior, negándole originalidad e identidad propia. Por ello, sus actos son estudiados fundamentalmente desde una perspectiva reactiva, buscando causas no siempre confesables, es decir, bajo sospecha, y dentro de un contexto general de crisis política. Resulta como si el campo semántico, en términos de Georges Lakoff, de todo aquello que tuviese relación con los Gobiernos de 1981-1982 remitiese invariablemente al golpe de Estado o en su defecto a la desintegración del grupo centrista. En su excelente ensayo novelado sobre la intentona golpista Anatomía de un Instante, Javier Cercas comenta: «nada —el ANE, la LOAPA, la OTAN— ocurrió porque el golpe triunfase, sino porque fracasó y porque su fracaso convulsionó el país y pareció cambiarlo de cuajo [...] pero sin el golpe esa convulsión no se hubiera producido, ni ese cambio, o no como se produjo» 40.

La primera actuación relevante del nuevo Gobierno fueron los pactos autonómicos firmados entre UCD y el PSOE en julio de 1981 y concretados en la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA). Se pretendía poner el punto y final al marco legal sobre el que articular definitivamente el desarrollo autonómico. Si algunos han querido ver en esta ley un intento realista para racionalizar y armonizar la construcción de un Estado que, tras los episodios de Andalucía o Galicia, había tomado una senda incierta 41, muchos otros, desde una perspectiva progresista o cercana al nacionalismo vasco y catalán, lo han percibido como un intento por apaciguar el enconado ambiente de los cuarteles 42. Sin embargo, nadie pone en entredicho su estrecha relación con el golpe de Estado: «tampoco el nuevo gobierno se desentenderá de actuar sobre otras esferas de la administración asociadas al supuesto desasosiego de los estamentos militares, como era la nueva organización del Estado» 43. El motor de ambas visiones es la reacción —entendida como reafirmación o cesión— de Leopoldo Calvo-Sotelo al alegato de los golpistas en favor de la unidad de España.

El siguiente episodio de envergadura fue, precisamente, el juicio del 23-F, prolongación en buena medida de las posturas vistas con anterioridad. Nuevamente, muchas voces han hablado de concesiones y debilidades por parte del Gobierno, plegado a lo que se ha conocido como «pacto del capó», esquivo en la investigación de la trama civil y excesivamente benevolente en el número de encausados 44. Otros, sin embargo, han querido ver en este proceso un punto y aparte en la historia española que anunciaba el fin del intervencionismo militar. Así, la retransmisión pública de los juicios y el recurso ante el Tribunal Supremo de la sentencia de la justicia militar ha llevado a situar en 1982 el final de la «transición militar» 45. La inefable actitud de los encausados «provocó tal catarsis colectiva entre sus compañeros [...] que los inmunizó contra cualquier futura veleidad intervencionista» 46.

Al margen del malestar político e institucional, el país seguía padeciendo las consecuencias de las crisis económicas de los años setenta. Algunos señalan que «1982, fue probablemente el peor año económico desde la II GM» 47. La reacción del Gobierno, en este caso acompañado por los agentes sociales, se plasmó en el retorno de la concertación 48, pero también en el retraso de la necesaria reconversión económica 49. Este cambio de actitud, cuyo objetivo inmediato era buscar la paz social, fue tildado por muchos, a derecha e izquierda, como el «pacto del temor» 50, introduciendo de nuevo una apenas velada referencia al peligro involucionista.

Respecto a las relaciones internacionales españolas, no es exagerado afirmar que durante el Gobierno de Leopoldo Calvo-­Sotelo vivieron un momento de singular intensidad; se iban a definir con claridad las líneas de la llamada «transición exterior», en un proceso que iba a finalizar en 1986 o 1988 dependiendo de los autores 51. La adhesión a la OTAN y el relanzamiento de las negociaciones con la CEE significaron la puesta en marcha de una política marcadamente europeísta y pro-occidental, y, en consecuencia, el fin de una tradición de aislamiento o singularidad prolongada, en cierto modo, por los Gobiernos de Adolfo Suárez 52, en lo que se denominó «síndrome del estrecho de Ormuz» 53. Si el objetivo de la CEE fue ampliamente compartido en los principales círculos mediáticos y políticos, no fue el caso de la adhesión a la Alianza Atlántica 54.

La integración de España en la estructura de seguridad y defensa occidental en noviembre de 1981 ha sido objeto de una fuerte polémica por parte de los investigadores. En buena medida, las divergencias sociales y políticas que surgieron en su momento en torno a la OTAN se han trasladado al debate historiográfico. De nuevo la sombra del 23-F. Las posturas más críticas insisten en hablar de «política de apaciguamiento» 55 y de cesión a las presiones militares para otorgar al ejército un papel más relevante en la dirección de la política internacional en el contexto fuertemente ideologizado de la Guerra Fría. Aun aquellos que ven la integración en la Alianza como una medida necesaria, asumen que su tramitación despertó múltiples reticencias en la sociedad, rompió un «acuerdo tácito» con el PSOE y se hizo «de forma precipitada e inoportuna» 56.

En el caso de las negociaciones con Europa, se imprimió un nuevo impulso 57 desbloqueándose seis de los capítulos del paquete negociador. Un paso que, sin embargo, ha quedado relegado a un segundo plano por tratarse de cuestiones excesivamente técnicas y porque sería el Gobierno del PSOE el que capitalizaría a todos los efectos la culminación del proceso de integración. Además, la premisa habitualmente sostenida de que el objetivo de la OTAN era una condición sine qua non para el desbloqueo de las relaciones con Europa redirige una vez más el centro de atención, indirectamente, hacia el 23-F 58.

Finalmente, el trágico suceso del aceite de colza causó un tremendo impacto en la sociedad española y provocó un hundimiento de la imagen del ejecutivo. La nefasta gestión del Gobierno 59 y los lamentables cruces de acusaciones entre el PSOE y UCD contribuyeron a aumentar las dimensiones mediáticas del escándalo 60.

Las palabras más elogiosas hacia Calvo-Sotelo se reservan habitualmente para valorar su salida del Gobierno. El traspaso de poderes a los socialistas se califica de «ejemplar» 61 o de «modélico» 62. Se insiste, parece que incluso con cierta sorpresa, en la «alternancia pacífica de poder a manos de la izquierda» 63 y en la «completa normalidad» 64 del proceso remarcándose que «la transmisión de poderes se realizó [...] en un ambiente de cordialidad. La alternancia vino a subrayar la vigencia de las reglas del juego democrático» 65. Así pues, la transferencia de poder de 1982 habría terminado por contribuir, paradójicamente, a velar el balance global de la etapa de Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, que quedaba encorsetado entre los dos líderes más carismáticos de la historia de España en la segunda mitad del siglo xx: Adolfo Suárez que había llevado a cabo la Transición y Felipe González responsable de la definitiva normalización del país 66.

La crisis del partido y la alargada sombra de Suárez

La etapa presidencial de Leopoldo Calvo-Sotelo fue paralela al ocaso acelerado del partido centrista que, tras una múltiple fragmentación, acabó finalmente extinguiéndose después de las elecciones de 1982. Javier Tusell afirma que ambos procesos se influyeron tanto «que no se entienden el uno sin el otro» 67. Es esta otra de las grandes cuestiones que se plantea la historiografía sobre el periodo: ¿cuál fue el papel del presidente en la crisis del partido?, ¿cuál fue el papel del partido en la crisis del Gobierno?, ¿qué relación hay entre el ejecutivo de Calvo-Sotelo y la aceleración de los acontecimientos? 68

Parece haber coincidencia en que Leopoldo Calvo-Sotelo no era hombre de partido, y que tan solo buscaba en este los apoyos parlamentarios imprescindibles que sustentaran la acción de gobierno, pero también hay consenso en que este planteamiento pronto se reveló como ilusorio. Calvo-Sotelo recurrió en varias ocasiones a la imagen de Suárez como el clavillo que mantenía unidas las varillas del abanico que era UCD 69. En realidad, a la metáfora habría que añadirle un corolario: era Suárez desde el Gobierno el que mantenía unido a un partido creado desde arriba precisamente para dar soporte y continuidad a una labor ya iniciada por el presidente antes de las primeras elecciones democráticas. Una vez con Suárez fuera de la Moncloa, si su sucesor no asumía ese papel cohesionador, tanto el partido como el Gobierno centrista corrían serio peligro.

Calvo Sotelo reconoce que fue un error no asumir la presidencia del partido a la vez que la del Gobierno, pero que lo hizo pensando en que el mejor cartel electoral sería el dimitido Suárez 70. Esto a su vez ha alimentado todo tipo de especulaciones acerca de un posible regreso de este al estilo del protagonizado por González en el Congreso del PSOE de 1979 71. Esta indefinición de inicio marcaría las relaciones de Calvo-Sotelo con UCD hasta el final. Pronto se vio que ese planteamiento bicéfalo no tenía recorrido, porque las exigencias de Suárez eran ya inaceptables para los barones. Eso colocó a Calvo-Sotelo en una difícil situación que no supo ni pudo solventar. Su actitud fue vacilante y contradictoria: tras las elecciones gallegas decidía asumir el control de UCD, pero después de la nueva debacle de Andalucía, comprobado que su decisión no se traducía en mejora electoral, daba marcha atrás 72. Estos vaivenes agudizaron probablemente la imagen de decadencia del partido y abonaron las críticas sobre la pasividad del presidente, de las que se hacen eco tanto Hopkin como Huneeus. Sin embargo, este último autor señala también los límites que el partido impuso al presidente. Cuando en septiembre de 1981 Calvo-Sotelo plantea una apertura de UCD a personalidades independientes, se topa con la oposición de Abril Martorell y de Arias Salgado, quienes le recuerdan que, a diferencia de Suárez, él «había llegado a la cúspide del poder ejecutivo por una decisión del partido, lo cual le obligaba a estar subordinado a este» 73.

Esta zozobra contrasta con la firmeza que Calvo-Sotelo manifestó en relación con los cantos de sirena de la llamada «mayoría natural». Su clara negativa a participar en esta operación junto con Fraga pone de relieve su compromiso con la opción nítidamente centrista que representaba UCD, y, por otra parte, contradice en cierta medida las acusaciones constantes de «debilidad» y «derechización». Es evidente que, sobre todo tras la salida de los socialdemócratas de Fernández Ordóñez, lo más fácil para el ejecutivo habría sido propiciar una alianza de centro-derecha. Si no se hizo fue porque el presidente pensaba que tal decisión desnaturalizaba el sentido histórico de la operación de transición que había encarnado UCD. Tampoco hay consenso entre los estudiosos sobre las posibles consecuencias electorales que ello hubiera podido tener. Mientras Tusell y Powell coinciden con Calvo-Sotelo en que la llamada mayoría natural «no era ni lo uno ni lo otro», Alonso Castrillo sostiene que el rechazo a la alianza con AP quizás sea «el mayor reproche que se le puede hacer a la UCD». Para Calvo-Sotelo, que dedica todo un capítulo de su Memoria viva a esta cuestión, no había «mayoría, natural o artificial, ni un milímetro más a la derecha de UCD» 74.

Al hilo de este asunto se plantea la relación entre UCD y la patronal CEOE, cuyo apoyo explícito a AP en las elecciones gallegas y andaluzas supuso un grave quebranto para los centristas. La disyuntiva historiográfica se mueve en torno a dos posturas: mientras que Hunneus sostiene que fue un mero acelerador de una crisis interna ya existente, Hopkin plantea que la actitud de la CEOE desincentivó la opción de mantener una fuerza centrista intentando reestructurar el partido. Tusell, por su parte, consideraba muy desa­fortunada la injerencia política de los empresarios y su papel en la crisis del centrismo 75.

El principal objetivo político de Calvo-Sotelo consistió en sacar adelante su programa de investidura con el que se sentía moralmente comprometido. Sin embargo, más bien antes que después, la fragilidad del partido terminaría por afectar a la gestión de gobierno, haciéndola inviable. Los males venían de lejos, pero Hopkin apunta que el punto de inflexión fue la «desastrosa situación en que deja al partido el Congreso de Palma» 76. Diversos autores señalan cómo los debates internos dentro de UCD —«el feroz canibalismo» de que habla Emilio Attard— 77 sobre proyectos de ley tales como la Ley de Autonomía Universitaria o el proyecto de regulación de la televisión privada «dejaron en evidencia la extrema fragilidad y la desunión de un grupo parlamentario que se autodestruía» 78. Pero el desencadenante de la crisis final fue, según juicio bastante extendido, la aprobación de la Ley del Divorcio, que planteó un conflicto ideológico cuando hasta entonces las tensiones habían sido solo por la distribución del poder 79. La dimisión de Fernández Ordóñez, ya convertido según Powell, en «apóstol del laicismo progresista» 80, condujo a la primera crisis del ejecutivo y a la constitución del segundo de los cinco Gobiernos que tuvo Calvo-Sotelo en apenas dos años. Significativamente, el presidente se mantuvo al margen de esta batalla, aunque luego se jactara de la aprobación de la ley 81.

Tras la sangría de tránsfugas a derecha (PDP) e izquierda (PAD) de UCD, «la estocada final» fue la fundación por parte de Suárez de un nuevo proyecto centrista alternativo 82. Calvo-Sotelo se vio obligado a convocar elecciones porque literalmente desconocía con cuántos parlamentarios podría contar su ejecutivo cuando se abrieran las Cortes a la vuelta del verano de 1982 83.

El papel de Calvo-Sotelo en la crisis y extinción de UCD no parece, a juicio de los historiadores, haber sido decisivo. Las referencias a esta cuestión suelen consistir en alusiones a intentos vanos, tardíos o erróneos de reconducir la situación. Sus actos se interpretan la mayor parte de las veces no como maniobras para salvar el partido sino de ralentizar su sangría de tal modo que pudiera alargar su mandato y conseguir la aprobación de los asuntos pendientes 84. Se habla más de impotencia que de pasividad. Por el contrario, resulta evidente para la mayoría el papel fundamental que los problemas internos de la formación centrista tuvieron en el abrupto final del Gobierno de Calvo-Sotelo.

Calvo-Sotelo en perspectiva

La presidencia de Leopoldo Calvo-Sotelo constituyó el último capítulo de la Transición. Su mandato estuvo fuertemente condicionado por tres factores ajenos a su propia voluntad. En primer lugar, su gobierno fue la consecuencia inmediata de la dimisión de Suárez, episodio que traía aparejada una profunda crisis de la UCD y significaba el ejercicio de un liderazgo no ratificado en las urnas. En segundo lugar, el intento de golpe de Estado producido en la votación de su investidura iba a alterar radicalmente el marco político y social del país en los meses venideros. Finalmente, la previsible victoria del PSOE en las siguientes elecciones generales generó un estado de ánimo volcado hacia el futuro y huidizo de un presente sometido a demasiadas tensiones. Este conjunto de circunstancias, ya percibidas entonces por la opinión pública, ha influido luego en el veredicto de los historiadores a la hora de interpretar el gobierno de Calvo-Sotelo como una nave desarbolada a merced de la marea de los acontecimientos o a presentarlo como testigo de un torrente de sucesos que escapaban a su control.

Sin embargo, un análisis más sosegado de la breve etapa de Calvo-Sotelo puede contribuir a arrojar nueva luz sobre la Transición y también sobre la naturaleza de la organización política que lideró (no en exclusiva, pero sí desde el poder) ese cambio. Su gobierno, en efecto, heredó una tarea iniciada en 1977 por la UCD de Adolfo Suárez, que pretendía en lo sustancial proporcionar a las clases medias de cultura conservadora un instrumento adecuado para encontrar la salida a la dictadura sin que ello pusiese en riesgo el marco social y económico vigente. En este sentido es interesante resaltar el papel del propio Calvo-Sotelo como coordinador de la primera campaña electoral concebida más como una campaña de Gobierno (y de Estado) que de partido. No obstante, a partir de la aprobación de la Constitución y, sobre todo, desde las elecciones de 1979, comenzaron a verse con claridad signos de agotamiento y contradicciones en UCD que tuvieron que ver tanto con la crisis del liderazgo de Suárez, como con las propias limitaciones del proyecto que encarnaba. El «centro» había sido concebido desde el poder por las elites reformistas del régimen anterior unidas a los elementos moderados del antifranquismo como un espacio político que permitiera superar la división entre las dos Españas. Ese planteamiento, válido para la primera fase de la Transición, no lo era tanto una vez puestas las bases del nuevo sistema, que parecía demandar la articulación de una opción más nítidamente liberal-conservadora (en la línea de lo que solicitaba Fraga), que hiciera frente al cada vez más amenazador Partido Socialista.

Tras la dimisión de Suárez, la política de Leopoldo Calvo-­Sotelo fue la de intentar continuar la obra centrista, pero a la vez introduciendo algunas rectificaciones o incluso innovaciones sobre lo hecho hasta entonces. Es esta doble faceta de su tarea de gobierno la que nos proporciona la verdadera dimensión de la aportación de Calvo-Sotelo a la historia de UCD y de la Transición.

Su vocación continuista se plasmará sobre todo en su rechazo constante a participar en el proyecto de la llamada «mayoría natural». La negativa a aceptar los postulados de Manuel Fraga relativos a la creación de una confluencia de centro-derecha pone de relieve el casi heroico intento del presidente por mantener las señas de identidad del centrismo, a pesar de las insistentes acusaciones de «derechización» de que fue objeto, en medio de un proceso acelerado de descomposición del partido centrista acentuado, no lo olvidemos, tras la defección del propio Suárez en el verano de 1982. Los resultados electorales no parecieron avalar precisamente las tesis del presidente. Las derrotas de Galicia, primero, y Andalucía, después (tras la rocambolesca aventura del referéndum), anticiparon la debacle de 1982, un hundimiento sin paliativos y prácticamente sin comparación en el entorno europeo. En el declive electoral del centrismo probablemente tuvieron mucho que ver las disputas internas de UCD, pero también la percepción por parte del electorado de que el momento del «centro» había pasado. Así lo corroborarían los resultados del CDS de Suárez.

Pero el gobierno de Calvo-Sotelo también fue rectificador, e incluso innovador, en algunas materias en las que Suárez había apostado por cierta ambigüedad y en otras cuestiones sobrevenidas. Entre las primeras parece ineludible una nueva interpretación que permita valorar en toda su dimensión la LOAPA, la incorporación a la OTAN o la Ley del Divorcio. Entre las segundas habría que destacar sobre todo su firmeza en el juicio a los responsables del golpismo. A todo ello habría que sumar además ciertas novedades también en la lucha antiterrorista, la concertación social o el impulso europeísta (un tema muy cercano al nuevo presidente). Resulta hasta cierto punto sorprendente constatar cómo el discurso sobre la Transición tiende a relativizar el desarrollo de algunas de estas medidas, que de uno u otro modo han sido componentes determinantes —y, en cierto modo, fundacionales— de la democracia española, ignorando o menospreciando al actor político que las impulsó.

La LOAPA, con todos sus defectos y limitaciones, no vino a coartar, como se ha visto bien a las claras desde entonces, el desarrollo del Estado autonómico en perjuicio de los nacionalistas, sino a intentar cerrar de alguna manera un modelo solamente apuntado en la Constitución, diseñado más bien como una mera «hoja de ruta». La Ley del Divorcio, que en numerosas ocasiones únicamente se valora como el acelerador de la crisis interna de UCD, significó también una auténtica revolución social en el país. El cambio de rumbo pro-occidental en la política internacional que introdujo Calvo-­Sotelo ha sido la constante que ha marcado las relaciones exteriores españolas hasta la actualidad y fue aceptado por los socialistas poco después. La entrada en la Alianza Atlántica, además estabilizó la situación en el ejército español, implantando el modelo de control civil sobre los militares, tan arraigado entre nuestros nuevos aliados. El acuerdo con los sindicatos sobre el empleo continuó y profundizó el sentido de los Pactos de la Moncloa, permitiendo asentar el «diálogo social» como una útil herramienta de gobierno. La implicación del presidente en la lucha contra el terrorismo, impulsando la reinserción de los etarras que abandonaran las armas (disolución de ETA Político-Militar), contribuyó a superar un momento de enorme dificultad en el contexto de los llamados años de plomo. La decisión de recurrir la sentencia militar del 23-F supuso, en fin, la consagración definitiva del poder civil sobre el militar en España.

Por otra parte, es evidente también que hubo errores en este periodo y que los españoles percibieron al de Calvo-Sotelo como un Gobierno progresivamente debilitado, sobre todo por las querellas internas dentro del partido, hábilmente jaleadas por la oposición y repetidas hasta la saciedad por la prensa. Asuntos tan graves como el de la colza, fracasos como las fallidas leyes de autonomía universitaria o de televisión privada o el constante martilleo del terrorismo contribuyeron sin duda a su debilitamiento.

En definitiva, las actuaciones de Leopoldo Calvo-Sotelo y su Gobierno son síntomas de la profunda determinación democrática del ejecutivo y no únicamente, como se da a entender con asiduidad, testimonio de su debilidad. Muestran también una decidida intención de culminar la obra de UCD, pero a la vez, la voluntad de modificar o reorientar algunos aspectos clave de la política desarrollada desde 1977. Aunque la hora del centrismo en efecto parecía estar pasando, algunas de las decisiones tomadas entonces ayudaron de manera muy importante al asentamiento de la democracia en España.

En los últimos tiempos, algunos trabajos están intentando aportar nuevos datos e interpretaciones sobre su etapa de Gobierno. Por ejemplo, se ha planteado la cuestión de las relaciones de Calvo-­Sotelo con la prensa, su perfil político e intelectual, su inequívoca vocación europeísta, su política autonómica o su papel en el traspaso de poderes de 1982, auténtico final pactado de la Transición española a la democracia. No obstante, queda mucho por hacer. La misma figura de Calvo-Sotelo parece necesitada de una biografía que nos ofrezca una perspectiva más amplia, también del papel que desempeñó en la Transición desde el primer Gobierno de la Monarquía, con particular atención a la dimensión europea de su tarea, a la de organizador de UCD y a sus diversas responsabilidades en el área económica del Gobierno en años particularmente críticos.

El propio Calvo-Sotelo esbozaba con un deje de melancolía un balance de su mandato: «No es cierto que se consolidara la Monarquía Parlamentaria por el triunfo socialista [...] más bien es lo contrario, es decir, que el triunfo socialista fue posible porque estaba ya consolidada la democracia cuando se convocaron las elecciones» 85.