Ayer 130/2023 (2): 79-105
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2023
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/1269
© Andrés Hoyo Aparicio
Recibido: 14-10-2019 | Aceptado: 09-07-2020 | Publicado on-line: 10-04-2023
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Los promotores
de las sociedades de crédito en la etapa de pluralidad de emisión, 1844-1874 *

Andrés Hoyo Aparicio

Universidad de Cantabria/SANFI
hoyoa@unican.es

Resumen: El artículo centra la atención en conocer quiénes fueron y cuál fue la principal ocupación de los promotores de las sociedades de crédito que se fundaron en las décadas centrales del siglo xix, primordial modo de averiguar la procedencia del capital que se invirtió en este tipo de establecimientos que impulsó la Ley de Sociedades de Crédito de enero de 1856. Se concluye que, en el sector bancario que se conformó a mediados del siglo xix, los comerciantes-capitalistas, en mayor número, coincidieron con propietarios, fabricantes y, en mucha menor proporción, con personas que ejercían profesiones liberales. Todos ellos se involucraron en las mismas inversiones financieras, lo que les identificó como colectivo y como precursores de la elite financiera española.

Palabras clave: sociedades de crédito, comerciantes-capitalistas, finanzas, España, siglo xix.

Abstract: The article focuses on researching the identities and the principal occupations of the founders of the credit societies that emerged during the central decades of the nineteenth century pursuant to the Law of Credit Societies of January, 1856. By taking this approach, it is possible to uncover the original source of the capital of these societies. As the banking sector took shape in the mid-nineteenth century, the majority of such people were merchants-capitalists, large property owners, and industrialists. Also present, albeit to a lesser extent, were liberal professionals. Together, they undertook similar financial investments, and, and as a result, came to be regarded as a single group. They were the forerunners of a Spanish financial elite.

Keywords: credit companies, merchant-capitalists, finance, Spain, nineteenth-century.

En España, donde mejor se reflejó el ideal de progreso sansimoniano fue en el contenido y desarrollo de la intensa actividad legislativa que se emprendió durante el Bienio Progresista (1854-1856), y que dejó una fuerte huella en la vida social y económica del país. El nuevo horizonte al que orientar los esfuerzos quedó prontamente perfilado en un caudal normativo que pretendía propiciar una sostenida expansión económica sustentada en una fe inquebrantable en el progreso sin límite, en los efectos positivos de la industrialización y en el libre comercio como fuente de progreso moral y social. Las líneas de acción más importantes fueron la reanudación de la obra desamortizadora, la extensión de la red ferroviaria y el apoyo a un conjunto de propuestas reformistas destinadas a mejorar los efectos de la política fiscal y arancelaria que los gobiernos de los moderados habían fijado desde 1845 1.

Por el lado de las finanzas, lo que se pretendió fue superar, en expresión de Gabriel Tortella, el «aparato ortopédico antiexpansivo» que las leyes del Gobierno de Narváez-Bravo Murillo habían montado tras la crisis de 1847-1848, y que mantuvieron el sistema bancario en un estado prácticamente embrionario hasta por lo menos 1855 2. En el ánimo de los nuevos legisladores dominó la intención de procurar una más ordenada función movilizadora del ahorro dentro del sistema bancario para la promoción de las grandes empresas de servicios públicos e industriales. Este propósito quedó materializado en dos importantes leyes aprobadas en enero de 1856: la Ley de Bancos de Emisión y la Ley de Sociedades de Crédito. La primera autorizaba la creación de bancos de emisión en los lugares en que se pidiera, a razón de uno por plaza comercial, dando prioridad a la iniciativa privada. La segunda ley instauraba nuevas reglas para la fundación sin límites de sociedades con amplias facultades financieras, sin capacidad para emitir billetes, aunque sí obligaciones a muy corto plazo, y sin el compromiso de establecer ningún tipo de coeficiente legal, ni un volumen de reservas mínimo.

Todo lo referente a las razones que llevaron a impulsar estas dos leyes, el debate parlamentario que suscitaron y los efectos inmediatos que significaron en cuanto a mejoras en la provisión de liquidez, asignación de recursos, dotación de medios de pago y expansión de la oferta monetaria nos son bien conocidos gracias a los fundamentales trabajos seminales de Nicolás Sánchez-Albornoz, Gabriel Tortella y Pedro Tedde 3. En estos momentos, disponemos de un detallado conocimiento de cómo fue el desempeño tanto de los bancos emisores 4 como de las sociedades de crédito 5. Ahora bien, esta mayor comprensión no ha alcanzado por igual a todo lo que tiene que ver con la prosopografía y la etopeya de los principales promotores de cada una de las sociedades bancarias que se fundaron con arreglo a la citada legislación de los progresistas que permita, por ejemplo, conocer cuáles fueron los ámbitos ocupacionales con capacidad para generar el ahorro suficiente con el que fundar este tipo de establecimientos, o cuál fue el perfil socioprofesional más atraído hacia este modelo de negocio y que fue caracterizando cada accionariado.

En este sentido, poco se ha avanzado desde que a finales de la década de 1960 Sánchez-Albornoz se preguntara «¿cómo se acumularon, pues, fuera de Madrid y de Barcelona, los 328 millones de reales que se invirtieron en la constitución de estos establecimientos?». Como aportación ofreció, en notas a pie de página, un listado de los fundadores de los bancos y de las sociedades de crédito. Consciente de que «asociar apellidos con tipos de capital sin contar con buenas biografías o documentos más precisos no deja de ser empresa arriesgada», ofreció, más que conclusiones, «impresiones que podrán convertirse en otras tantas líneas de indagación» 6. La principal era que el grueso del capital invertido procedió de la actividad comercial, sobre todo del ahorro acumulado en el comercio con Ultramar.

Recientemente, Yolanda Blasco ha retomado esta línea de investigación que emprendiera Sánchez-Albornoz. Con este propósito ha puesto el foco de atención en los individuos que conformaron las juntas de gobierno de los bancos de emisión en el periodo 1844-1874. Cuestiones tales como qué ocupación prioritaria tenían sus directivos, cuál era su formación, si pertenecían a la elite política local, si intervinieron en la política nacional, si eran nuevos ricos o se habían enriquecido durante el Antiguo Régimen han constituido las preguntas-guía de su investigación. Con más información de la que pudo disponer Sánchez-Albornoz, la conclusión a la que ha llegado no difiere mucho de la «impresión» que ya adelantara este historiador:

«El capital que conformó [los bancos emisores] provino de la agricultura y el comercio fundamentalmente. En algunas localidades el capital indiano tuvo mucha importancia. En otras, sobre todo en los bancos situados en el interior septentrional, el capital agrario tuvo una gran relevancia. [...] La mayor parte de los miembros de los consejos de administración de los bancos provinciales a mediados el siglo xix se definieron como comerciantes. Ellos fueron quienes impulsaron la constitución de estas entidades, fundamentalmente porque requerían para sus negocios medios de pago» 7.

Contribuir a completar este dibujo, todavía inacabado, que emprendiera Sánchez-Albornoz es el objetivo de las siguientes páginas. Con este propósito, y con las mismas preguntas que se ha planteado Yolanda Blasco, me propongo fijar la atención en los promotores de los establecimientos que conformaron ese otro lado del sistema bancario que en las décadas centrales del siglo xix representaron las sociedades de crédito. La evolución de la estructura financiera que, en su conjunto, proyectaron estas sociedades sugiere que había en muchas plazas comerciales del país una nada despreciable reserva de ahorro invertible, capaz de ser movilizada a tipos de interés razonables por medio de intermediarios financieros organizados. Estas instituciones de crédito contribuyeron a que capitales que se habían mantenido largo tiempo atesorados se canalizasen hacia la inversión productiva y se financiaran, así, infraestructuras de las que disfrutaron las generaciones futuras.

El interés está, por tanto, en indagar en la biografía de estos inversores. Con este enfoque, lo que se pretende es contribuir, primero, a proporcionar información que permita seguir investigando en el universo mental y en el mundo material de los llamados hombres de negocios que desempeñaron el grueso de su actividad durante el liberalismo isabelino; en segundo lugar, a facilitar itinerarios de análisis con vistas a ir desvelando, dentro de ese selecto grupo económico rector, el contraste entre las ideas y los comportamientos privados; y, en tercer lugar, ayudar a delimitar los criterios bajo los que estos hombres de negocios actuaron dentro del variado marco de interacciones en que se desenvolvía lo público y lo privado, en donde la coincidencia de intereses se traducía en forma de redes cohesionadas por razones de parentesco, amistad y lealtad, por las que se transmitían bienes, servicios, información y afecto, y que favorecían la unicidad de intereses por encima de las particulares filiaciones a partidos políticos aparentemente diferenciados. En definitiva, se aboga por un análisis más flexible y pluridimensional de las elites de la España liberal, en las que las lealtades personales, los grupos de parentesco, amistad y clientela resultan esenciales para explicar el funcionamiento de todo tipo de instituciones y la imposición de normas.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. Tras esta introducción, se presentan los resultados de la investigación centrada en conocer quiénes fueron y a qué actividad preferente se dedicaron los promotores de las 36 sociedades de crédito que se fundaron con arreglo a la Ley de Sociedades de Crédito de 1856, y que en 1865, año de máxima expansión, totalizaban un capital desembolsado de 1.153 millones de reales, esto es, tres veces y media más de lo que llegó a representar la banca de emisión a finales de ese mismo año, equivalente al 4,6 por 100 del Producto Interior Bruto. El estudio se cierra con unas conclusiones que fijan la atención en las partes clave del trabajo.

La procedencia del capital

El historiador británico Lawrence Stone dejó escrito que el método de aproximación histórica basado en la prosopografía proporciona sus mejores resultados cuando se cumplen las siguientes tres condiciones; la primera, que debe ser aplicado a un grupo claramente definido y no excesivamente numeroso; la segunda, que debe enmarcarse en un periodo cronológico igualmente definido y limitado, con fuentes accesibles de tipo variado y complementario; y, la tercera, que el análisis debe sustentarse dentro de una perspectiva destinada a resolver un problema específico 8. Planteadas las razones y especificados los objetivos en el capítulo introductorio, el estudio de quiénes fueron los impulsores de estas sociedades de crédito que se fundaron con arreglo a Ley de enero de 1856 abarca un grupo de 427 promotores. Sus nombres y apellidos proceden del listado de fundadores que en notas a pie de página ofreció Sánchez-Albornoz en las publicaciones antes citadas, que recogió de la información que proporcionan las sucesivas Reales Órdenes que autorizaban a la creación de cada establecimiento publicadas en la Gaceta de Madrid. Especial empeño se ha puesto en lograr identificar cuál fue la ocupación prioritaria de estos inversores en el momento de participar en la creación de cada una de estas sociedades.

Como han señalado los sociólogos holandeses Van Leeuwen y Maas, especialistas en movilidad social, las ocupaciones son la forma más directa y sencilla con la que identificar el ejercicio de una actividad económica 9. Ahora bien, en el análisis histórico, lograr este tipo de información y, lo que es más importante, conocer el grado de identificación de cada sujeto con cada categoría profesional, o la manera en que esta penetra y es comprendida en los sectores sociales implicados, no está exento de algunas dificultades que deben ser tenidas en cuenta. Por un lado, muchos de los términos utilizados surgen del aséptico empeño de los funcionarios de la Administración por acotar grupos profesionales por razones diversas como son, por ejemplo, los de delimitación del cuerpo electoral o los de clasificación por motivos fiscales; por otro lado, las definiciones profesionales no son categorías objetivas, sino que sus significados están sujetos a variaciones en función de cambios en el contexto social. Como indica Miguel Artola Blanco, apoyándose en Maurizio Gribaudi y Alain Blum, las profesiones son categorías construidas socialmente fruto de la interacción entre diversos agentes 10.

Entre los hombres de negocios que coincidieron en la fundación de las sociedades de crédito fue muy frecuente el desempeño de diversas ocupaciones y la participación simultánea en la promoción de actividades empresariales pertenecientes a distintos sectores de la economía. Ante esta realidad es fundamental el esfuerzo por tratar de identificar aquella ocupación prioritaria que permitió, en cada caso, un ahorro de capital suficiente que luego dirigieron hacia otras actividades económicas, entre ellas, a las financieras y, en particular, a la fundación de sociedades de crédito. Este ejercicio ha requerido, indudablemente, un notable trabajo de rastreo de historia local y regional, en parte allanado por la proliferación en los últimos años de publicaciones de compendios de biografías de personajes locales que fueron relevantes de la vida social, económica, política y cultural. En este sentido, han sido fundamentales los trabajos biográficos que ha ido promoviendo LID Editorial, y que han dado lugar a la colección Los cien empresarios..., como también parecidos proyectos editoriales que se han impulsado desde ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos, que han querido ofrecer, con rigor, la biografía de sus alcaldes, diputados y parlamentarios.

A la hora de conocer cuál fue la principal ocupación de los promotores de las sociedades de crédito, primordial modo de averiguar la procedencia del capital que se invirtió en este tipo de establecimientos, se ha optado por las siguientes categorías que figuran en el anexo que se inserta al final de este texto. Se identifica como «banquero» a aquel inversor que, por lo general, dio sus primeros pasos en el comercio al por mayor, comprando, vendiendo y desempeñando todas las funciones comerciales básicas. Con el tiempo, fue simultaneando esta actividad con la prestación de servicios de pago con sus clientes. A medida que en el conjunto del sector fue aumentando la escala de las transacciones y su naturaleza se hizo más compleja se fue imponiendo una mayor especialización en las tareas, una mayor complejidad en la contabilidad de cada negocio y una creciente necesidad de capital adelantado. Algunos de estos comerciantes terminaron aplicándose en exclusiva en la gestión de los más habituales mecanismos de financiación de los flujos mercantiles, atendiendo a la demanda de crédito a corto plazo y facilitando el desplazamiento de la liquidez entre los distintos puntos de compra y de venta. Los más perspicaces en estas funciones de intermediación empezaron a aceptar y a gestionar depósitos y a atender requerimientos de crédito a mayores plazos. Un banquero, por tanto, es aquel que hace del dinero su principal mercancía, y que en su función de poner en contacto, por un lado, a ahorradores con demandadores de capital, y, por otro, procurar una colocación adecuada a los recursos propios y ajenos de los que dispone, trata de obtener un beneficio tanto para él como para sus clientes.

Lo habitual fue simultanear estas prácticas de intermediación financiera con la actividad comercial, apoyándose para ello en una extensa red de corresponsales que a través de la realización de los saldos acreedores con sus representantes en distintos lugares lograban materializar con bastante inmediatez la disposición de liquidez en plazas distintas a la que tenían adscrita su actividad. En las ciudades portuarias, los navieros y consignatarios de buques eran los que disponían de una mayor capacidad de interconexión con aquellos otros puertos que conformaban los centros de actividad comercial preferente de sus respectivas plazas, y también con aquellas otras del interior que les surtían de productos o recibían sus mercancías. En atención a esta mayor ventaja comparativa, de entre este sector profesional, fueron apareciendo personas jurídicas con ocupaciones que compaginaban la práctica comercial con tareas orientadas también a la prestación de servicios financieros. En el vocabulario económico de la época fue frecuente el identificar a aquellos que simultaneaban todas estas actividades de ­intermediación comercial y financiera con el término «comerciantes capitalistas».

En el Diccionario General del Comercio, de la Industria y de las Profesiones, que con periodicidad anual se empezó a publicar a partir de 1861, se presentaba una clasificación por gremios que resulta de enorme utilidad para el propósito que aquí se persigue. La categoría «banqueros», antes de mostrar por orden alfabético a los inscritos, remitía directamente al lector a que consultara la clasificación establecida bajo el término «comerciante capitalista». Ya sea figurando dentro de una u otra categoría, en el caso particular de cada inscrito, cuando se disponía de información, se adjuntaba el desempeño de otras ocupaciones tales como las de naviero, consignatario, comisionista, exportador, importador, especulador, almacenista de géneros, etc.

Bajo la expresión «fabricante» se identifica a aquella persona que emprendía cualquier actividad productiva, que organizaba y dirigía la producción, y que invertía para ello capital propio o prestado, sufriendo las pérdidas o reportando las ganancias que hubiera. Tal término fue de uso muy extendido, mucho más que el de «empresario». Este último, en el lenguaje de la época que nos ocupa, quedó preferentemente circunscrito para referirse a la persona que asumía, a través de una contrata, un determinado servicio público 11. Muchos de estos fabricantes también se ocuparon de distribuir y comercializar el producto. En estos casos, los que así actuaban han quedado recogidos dentro de la categoría ­«fabricante-comerciante».

La locución «propietario» es, ciertamente, poco precisa. En un sentido extenso puede referirse a toda persona que es dueña de una industria o de una explotación minera, o, también, que dispone de un amplio patrimonio rustico y/o urbanizable, o que acumula elevadas cantidades de Deuda Pública, así como otros activos de renta fija interior o exterior. En este texto, la acepción «propietario» se reduce a identificar a los grandes propietarios de suelo rural y/o urbano, junto con los rentistas de fortuna nobiliaria.

Por último, se ha acotado bajo la categoría «profesionales» un amplio abanico de ocupaciones que desarrollaron su actividad en el ámbito de la administración pública o que se pueden integrar dentro de lo que habitualmente se denominan profesiones liberales: abogado, notario, ingeniero, arquitecto, director o gerente de empresa, editor, médico, farmacéutico, coleccionista de arte, etc.

Los resultados de la investigación están ordenados en el anexo final. De su atenta lectura, se pueden resaltar las siguientes observaciones. En primer lugar, los datos de conjunto confirman que es en la actividad comercial donde hay que buscar la acumulación de capital que luego se dirigió, entre otros sectores y de manera preferente, a las actividades financieras. Esta conexión que va del comercio a la actividad financiera no debe interpretarse como una especificidad española, pues fue lo habitual en los países europeos que primero se industrializaron, también entre los que siguieron la estela de estos, así como lo característico en la historia contemporánea temprana de los Estados Unidos y de las nuevas repúblicas latinoamericanas 12.

Los comerciantes-capitalistas conformaron el grupo inversor más numeroso, seguido a mayor distancia por el de los propietarios y el de los banqueros. Pero el elemento que aglutinó por igual a unos y a otros, y esta es la segunda observación que destacar, fue la inversión financiera. En estos años centrales del siglo xix se fueron conformando y consolidando en las principales plazas comerciales del país grupos de burgueses contagiados de un romántico ideal de progreso, en los que el prestigio venía ya determinado por el éxito alcanzado en los negocios individualmente emprendidos. De procedencia diversa, aunque mayoritariamente comercial, cada uno de estos grupos se fueron aglutinando, cohesionando y articulando al involucrase en las mismas inversiones financieras, desde donde emprendieron la planificación y ejecución de obras públicas que consideraron indispensables para su progreso material. Fue el apego a este tipo de iniciativas financieras lo que les identificó como colectivo.

Ahora bien, como ya apuntaba Sánchez-Albornoz, y esta constituye la tercera observación de conjunto que se puede hacer, las diferencias de estructura económica entre las distintas plazas, y entre las ubicadas en la costa y en el interior, explican algunas disimilitudes que se perciben en la procedencia del ahorro cuando se lleva a cabo un ejercicio de comparación entre unas y otras sociedades de crédito.

Para empezar, hay que decir que Madrid constituyó un caso aparte. La capital del país acogió el mayor número de sociedades de crédito. En su conjunto, allí se concentró y se gestionó más de la mitad del capital total que se llegó a desembolsar. Asimismo, Madrid fue la plaza preferida por la inversión extranjera, sobre todo y de manera preponderante, por el capital francés. De las aportaciones foráneas acumuladas entre 1820 y 1871, más de dos terceras partes fueron suscritas por inversores franceses con picos que superaban el 80 por 100 en el periodo comprendido entre 1866 y 1871 13. Los genuinos protagonistas del modelo de inversión galo fueron los hermanos Pereire, los Prost-Guilhou y los Rothschild: los primeros, con su Sociedad General de Crédito Mobiliario Español; los segundos, con su Compañía General de Crédito; y los terceros, con la Sociedad Española Mercantil e Industrial. Estas tres sociedades fueron los mayores establecimientos privados del panorama empresarial español en los años centrales del siglo xix y las plataformas de negocio perfectas desde las que el capital francés pudo penetrar con fuerza en sectores como la minería, los ferrocarriles y los servicios públicos urbanos. La razón de localizar estas empresas financieras en Madrid fue la cercanía al poder ejecutivo y legislativo, donde dominaban las relaciones de patronazgo y clientela, y donde las adhesiones se lograban y mantenían mediante un intercambio de favores a través de redes de relaciones clientelares que conformaban el entramado político del partido gobernante 14. Para estos inversores extranjeros fue fundamental ganarse la confianza de los líderes que se expresaban en las Cortes y en sus propios medios de prensa y que eran capaces de movilizar lealtades en amplias circunscripciones del territorio nacional. El listado de promotores y miembros pertenecientes a los consejos de administración de cada una de estas sociedades impulsadas por el capital francés da buena cuenta de la red de relaciones de las que se valieron para poder ejercer influencias con el fin de obtener favores, lograr que se aprobaran leyes hechas a medida y proteger sus inversiones hispanas 15.

Tras estas tres grandes sociedades, fundadas a finales de enero de 1856, se crearon en Madrid ocho más tiempo después. Los promotores de todas ellas ejercieron parecidas prácticas clientelares. La Compañía General de Crédito, Banco de Madrid y Londres (1864), que llegó a desembolsar 5,7 millones de reales, representó un tímido intento de penetración del capital británico. Entre los promotores españoles de esta sociedad, predominó la presencia de propietarios y de personalidades que habían servido en el Ejército, pero cuyos ingresos provenían ya de la acumulación de un patrimonio en propiedades y/o títulos de renta fija y variable. El resto de las sociedades constituidas fueron atraídas por la promoción de obra pública y por el negocio inmobiliario, vigorizado por las desamortizaciones y por el aumento demográfico.

La Sociedad Española General de Crédito, que inició sus operaciones en diciembre de 1863, surgió impulsada por el director gerente del Banco Hipotecario Español y de Crédito, Ángel de Ordoñez y Pujol, en compañía de los propietarios Baltasar Gemme y el duque de Berwick y de Alba, así como del empresario minero Ceferino Avecilla y del abogado, periodista e historiador Mariano Pérez Luzarón. La Sociedad Central Española de Crédito, creada en mayo de 1864, nació fruto de la confluencia de intereses entre los comerciantes-capitalistas José Campo y Carlos Calderón. El negocio inmobiliario y la obra pública fue también el campo de inversión de la Sociedad de Crédito y Fomento, Banco Madrid, que se estableció en julio de 1863. Su origen estuvo en la convergencia de utilidades en una escala mayor de la Compañía Unión Industrial, que administraba la sociedad colectiva de comercio Ruiz Ahumada y Compañía a cuyo frente estaba Cayetano Ruiz de Ahumada, y el Banco de Economías, que dirigía el abogado del Colegio de Madrid, Diego Montaut y Dutriz. En la Sociedad Española de Crédito Comercial, fundada a finales de julio de 1864, se fusionaron los intereses de la compañía comanditaria de banca y comercio Uhagón Hermanos, dedicada a facilitar medios de pago al comercio colonial, y con sucursales en Barcelona, Sevilla, Santander, La Habana, Santo Domingo y Puerto Rico, con los de la familia Ruiz e Ibarra, grandes propietarios de suelo urbano. En esta sociedad de crédito, dedicada preferentemente al servicio de recaudación de contribuciones, su cartera se llenó de Deuda Pública, obligaciones del Estado para la subvención de ferrocarriles, bonos del Tesoro y obligaciones hipotecarias destinadas a costear el nuevo Barrio de Salamanca en Madrid.

Parecido interés inmobiliario estuvo detrás de la Compañía General de Créditos, Depósitos y Fomento (1864), de la Compañía General de Crédito Ibérico (1863), que impulsó el banquero Manuel Gómez, y de la Compañía Internacional de Crédito (1865), que contó con la experiencia de los comerciantes-capitalistas, muy avezados en las finanzas, Jaime Girona y Luis Villanueva, y con la de Amalio Ayllon Usero, director general de las aseguradoras La Indemnizadora y Montepío Universal y de la sociedad El Cambio Internacional, dedicada a facilitar la inversión en actividades agrícolas e industriales. En este último establecimiento coincidió, como socio, con el duque de Rivas, Cirilo Álvarez, Antonio Cánovas del Catillo y Ramón de Campoamor, todos ellos, a su vez, socios fundadores de la Compañía Internacional de Crédito.

En todas estas sociedades de crédito madrileñas citadas, la presencia de políticos bien relacionados y de propietarios fue muy destacada, así como la de inversores que ejercían distintas profesiones liberales 16.

El Crédito Mobiliario Español, al poco de echar a andar, a través de los socios y representantes de esta sociedad en España, los banqueros José Joaquín de Osma y Enrique O’Shea, anunció un plan para abrir bancos de emisión en Bilbao, Santander, Valencia y otras capitales de provincia como forma de captar suficientes recursos con los que financiar sus objetivos de inversión en todo el país. Esta solicitud, sin duda, planteó un serio contratiempo para las aspiraciones de los hombres de negocios que ejercían sus actividades en estas plazas codiciadas por el capital francés. La oposición a este plan de expansión no se hizo esperar. Tal como dejó escrito Ramón Santillán, rememorando ese momento, «la Sociedad de Crédito Mobiliario no encontró en las localidades en las que se propuso establecer Bancos el concurso que necesitaba: nadie se prestó a tomar las acciones que para estos establecimientos debían emitirse; y por consiguiente, se vio en la necesidad de renunciar a las concesiones que se le habían otorgado» 17. Lo relevante es que este episodio constata que en las localidades afectadas existían cohesionados grupos de inversores que querían controlar y gestionar sus propios hinterland de negocio.

Barcelona fue una de las que se opuso con fuerza. Después de Madrid, fue también donde más capital de este tipo de sociedades se llegó a desembolsar y la que ofreció en su evolución un mercado crediticio menos concentrado y más acostumbrado a desenvolverse dentro de una mayor concurrencia competitiva. Impulsar la obra pública y la dotación de servidos urbanos, así como la expansión inmobiliaria fueron las principales áreas de negocio de dichas entidades, aunque también llevaron a cabo actividades más propias de banca comercial. A diferencia de Madrid, en estas sociedades catalanas confluyeron de manera muy preponderante el ahorro de comerciantes-capitalistas, fabricantes y fabricantes-comerciantes.

La de mayor capital desembolsado fue la Sociedad de Crédito Mobiliario Barcelonés, fundada en junio de 1856. El 77 por 100 de los socios concesionarios se podían incluir en la categoría de comerciantes-capitalistas: Carsi, Fontanellas, Comas, Castell, Coll, Taltabull, Serra, Bosch, Acuña, Gironés, Aballí, Rahola, Miret, Morón, Fornell, Martorell, Ramaña; todos ellos en sociedad con los fabricantes Agustín Vilaró (textil) y Ramón Romaní (papel) y el abogado Pedro Soler. En la Sociedad Catalana General de Crédito, creada dos meses antes, la asiduidad de comerciantes-capitalistas y fabricantes fue más equilibrada. Entre los primeros se contó con la presencia de José Manuel Lopetegui, Manuel de Compte y Jose Vidal y Rivas; entre los fabricantes, con la de Miguel Clave, Isidro Pons, Juan Klein, Ramón Bonaplata y José Jover.

Fabricantes y comerciantes-capitalistas también confluyeron en muy elevado número en la Sociedad de Crédito Mercantil (1863) y en la Compañía General de Crédito El Comercio (1865). La primera, dedicada al descuento comercial, a la financiación de la red ferroviaria y a la especulación inmobiliaria, fue promovida por Antonio López, futuro marqués de Comillas, y Manuel Girona, a los que siguieron conocidos fabricantes como Tomás Coma, José Ferrer y Vidal, José Güell y Ferrer, Jerónimo Juncadella, Fernando Puig o José Monteis, además de comerciantes-capitalistas, entre los que se encontraban armadores y cosignatarios de buques como José Canela y Reventós, Andrés Anglada, José Amell y Bou o Ramón Comas y Salitre. La sociedad El Comercio, muy centrada en actividades de banca comercial y en operaciones inmobiliarias, fue auspiciada por un grupo muy cohesionado de comerciantes-capitalistas en el que figuraba Mariano Casi, armadores y consignatarios como Miguel Martorell y Peña o Juan Jover Serra, y fabricantes como Celedonio Ascacíbar, muy vinculados todos ellos al antes citado Manuel Girona, uno de los principales impulsores, también, del Banco de Barcelona 18.

El eje comercial formado en un extremo por las comarcas castellanas productoras de cereal y, en el otro, por las Antillas españolas, destino preferente de las harinas castellanas y ofertante de géneros coloniales, conformó una potente «región económica» que se vertebró a través del puerto de Santander 19. En el lado peninsular, Valladolid y Santander fueron las plazas que albergaron las principales compañías desde las que articularon toda la actividad, no dudando, cuando llegó la oportunidad, en potenciar el tránsito en este eje con una línea de ferrocarril, que comprometió en su construcción un elevadísimo porcentaje de recursos por parte de las sociedades de crédito que se fueron fundando. En Valladolid, la Sociedad de Crédito Castellano (1862), La Unión Castellana (1863) y la Sociedad General de Crédito Industrial, Agrícola y Mercantil (1864); y en Santander, la Sociedad de Crédito Cántabro (1861) y La Unión Mercantil (1862). En las de Valladolid, confluyeron los «harineros», dedicados a la producción y comercialización de este derivado del trigo, y en las de Santander, los comerciantes-capitalistas 20.

En Valencia, de las cuatro sociedades de crédito que se fundaron, la Valenciana de Crédito y Fomento (1859) fue la de mayor peso. En ella concurrieron destacados propietarios enriquecidos en las postrimerías del Antiguo Régimen, gracias a la renta agraria, y comerciantes dedicados a la exportación e importación de frutos y otros negocios asociados, tales como el giro y los préstamos hipotecarios. Adscritos en su mayoría a la corriente moderada del régimen liberal y agrupados en torno a la Sociedad de Amigos del País, la figura del comerciante y banquero José Campo era quien les daba cohesión. En cambio, en la Sociedad de Crédito Valenciano (1858), fundada bajo la dirección del industrial, naviero y comerciante Gaspar Dotres, fueron los fabricantes-comerciantes sederos, con un talante más librecambista que los socios concesionarios de la Valenciana de Crédito y Fomento, los que adquirieron una mayor presencia. Ambas sociedades mantuvieron una dura pugna por hacerse tanto con la concesión de los ramales de ferrocarril que conectarían Madrid con el Mediterráneo valenciano, como con la de las obras de mejora y ampliación del puerto de Valencia, indispensables para la reconversión económica de un territorio que por entonces sufría el languidecimiento de la industria sedera. Con un peso mucho menor, y principalmente dedicados a las actividades de banca comercial, comerciantes-capitalistas fueron los que estuvieron detrás de la fundación de la Caja Mercantil de Valencia (1864) y de la Sociedad de Crédito Mercantil de Valencia (1864). En la primera, José Caruana, José Gabriel Miranda y Esteban Boix aportaron sus particulares experiencias de giro y banca; en la segunda, la presencia de comerciantes mayoristas fue absoluta 21.

En Bilbao, el espíritu asociativo que se reflejó tanto en la fundación del Banco de Bilbao (1857) como en la Sociedad de Crédito Vasco (1861) y en la Compañía General Bilbaína de Crédito (1862) estuvo muy ligado al dinámico carácter mercantil de esta plaza, en unos años en los que ya se estaban llevando a cabo las primeras inversiones industriales de entidad, y en un momento en que se entendió prioritario llevar a buen término el símbolo romántico del ideal de progreso que representó el trazado de ferrocarril entre Tudela y Bilbao. En todas estas iniciativas y otras muchas relacionadas con la minería, el transporte marítimo, la construcción mecánica o el ocio participaron los más relevantes comerciantes-capitalistas de la ciudad 22.

En Andalucía se llegaron a desembolsar 21,8 millones de reales en este tipo de sociedades. Lo relevante aquí fue la estrecha conexión que se estableció entre todas ellas en las que coincidieron muchos socios que también participaron en los bancos emisores articulando financieramente el territorio con la apertura de sucursales, y aceptándose el papel moneda (obligaciones a muy corto plazo) que unas y otras sociedades crediticias emitían.

En Cádiz, la Compañía Gaditana de Crédito (1861), la de mayor peso, que impulsó el banquero, naviero y consignatario Agustín de la Viesca, reunió a propietarios (conde de Casa Brunet), fabricantes (Juan Valverde), comerciantes al por mayor (Agustín Blázquez, Antonio Álvarez, Antonio Revello, Juan de Lavalle, Juan Ducan) y comerciantes-capitalistas especializados en el negocio de banca (Antonio Gargollo, José de Arbazuza, Miguel Guilloto, Manuel Marzan). Por su lado, la Sociedad de Crédito Comercial de Cádiz, fundada en noviembre de 1860 a partir de la casa de banca Conte y Cía., a cuyo frente estaba Francisco Augusto Conte, congregó a comerciantes que simultaneaban esta actividad con el transporte marítimo y el negocio de banca y giro: Juan González Peredo, Francisco Oneto, Antonio Sicre, Juan de Dios, Manuel Francisco Paul Picardo.

En Sevilla, la Sociedad de Crédito Comercial de Sevilla se creó en abril de 1862 a partir de la casa de banca Manuel Le Roy y Cía., congregando a otros banqueros particulares como Fernando Rodríguez Rivas, Gonzalo Segovia, y a un selecto número de comerciantes al por mayor. En Córdoba, los antes citados Gonzalo Segovia, Juan González Peredo, Francisco Oneto, Antonio Sicre, Manuel Francisco Paul Picardo y José Maria Conte promovieron, junto con los comerciantes-banqueros locales Joaquín de la Torre, Pedro López Morales, Juan Pablo Lasanta y Manuel Vélez Rubín, la Sociedad de Crédito Comercial y Agrícola (1864). Esta entidad atrajo, también, el ahorro de propietarios como Luis de la Cuadra, el conde de Gavia, Antonio Ariza o el marqués de Miraflores. En Jerez de la Frontera, la Sociedad de Crédito Comercial de Jerez (1862) se creó a partir de la casa de banca que Enrique de Guernica gestionaba bajo la razón social Sánchez Guernica y Cía. Fue el establecimiento crediticio de los principales cosecheros, bodegueros y exportadores de vino de la zona: Patricio Garvey, Antonio Sánchez Romate, Miguel de Giles, Ventura Misa, José Bertemati y Jerónimo Angulo 23.

La Sociedad de Crédito y Fomento del Alto Aragón (1861), ubicada en la ciudad de Huesca, llegó a desembolsar 2,7 millones de reales. Combinó actividades de banca comercial con la inversión en obra pública. Para estos fines juntó el ahorro de propietarios y comerciantes de la capital y de la provincia. Se encontraban, entre los primeros, Antonio Anaya, Faustino Pérez, Pablo Pérez, Juan Escuer, Manuel Villanova y Feliciano Tolosana (propietarios), así como Antonio Orús, Gregorio Campaña y Martín Ordás (comerciantes). Entre los socios concesionarios de la provincia estaban Vicente Fusté, comerciante de Barbastro, Juan Gastón, propietario de Jaca, Francisco Bernad, comerciante de Fraga, Rafael Cebrián, propietario de Chimillas, y Agustín Bizcarra, propietario de Selgua 24.

Pamplona, en las décadas centrales del siglo xix, acotó un periodo de cierta euforia creadora de sociedades mercantiles, en las que propietarios y comerciantes, que habían sido los mayores adquirientes de bienes desamortizados, fueron los principales promotores. Esta mayor profusión de iniciativas contribuyó a abrir el abanico de servicios financieros, y con ello a que algunos relevantes comerciantes locales fueran alternando el tránsito comercial de géneros con una creciente especialización en actividades de intermediación financiera. Unos de estos fue Cesario Castilla, que logró aglutinar el ahorro de propietarios y comerciantes mayoristas para la fundación de la sociedad Crédito Navarro (1864) 25.

La implantación en noviembre de 1863 de la Sociedad de Crédito y Fomento de Vigo estuvo estrechamente vinculada a la construcción de la línea de ferrocarril con Orense. El banquero Rafael Bertrán de Lis, ligado a la casa de banca madrileña Bertrán de Lis Hermanos, fue quien encabezó esta iniciativa societaria que contó también con la colaboración de los comerciantes Pedro Gil y Ramón Aranaz y Clavero. Bertrán de Lis era, a su vez, socio fundador de la Compañía de Ferrocarriles de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo; Pedro Gil y Ramón Aranaz estaban en su Consejo de Administración. El director gerente de la empresa ferroviaria, Rafael Ravena, también fue concesionario en la sociedad de crédito 26.

Finalmente, de todas las sociedades de crédito que se fundaron con arreglo a la ley de enero de 1856, la Sociedad de Crédito Leonés, constituida en julio de 1864, fue la más pequeña. Su actividad se circunscribió, por lo general, al descuento de letras y pagarés. No obstante, su mayor apuesta consistió en la participación en la contrata que debía construir una carretera entre Sahagún y Ribadesella, haciéndose cargo de la ejecución de su tramo más complicado: el paso de montaña del Pontón. El principal promotor de este establecimiento fue el banquero Felipe Fernández Llamazares y González, que había adquirido experiencia en la casa de banca Viuda de Salinas y Sobrino. Para este propósito fue capaz de atraer el ahorro de destacados propietarios locales: Isidro Llamazares García, Sebastián Díez Miranda, Dámaso Merino Villarino, Sotero Rico y López, Ricardo Mora Varona, y del farmacéutico Eusebio Campo y Rodríguez 27.

Conclusiones

En el mundo de la banca, según Landes, «cuentan los lazos», por lo relevantes que eran «familia, continuidad, buenos matrimonios y sucesión dinástica»; un mundo en el que el apellido era «garantía de experiencia, honor, perspicacia en los negocios y confianza» 28. La mayoría de los que conforman el grupo de 427 promotores de las sociedades de crédito estudiadas guardaban en sus respectivas plazas estrechos vínculos de familiaridad y sobre todo de «amistad instrumental», indispensables en unas economías locales donde las actividades generadoras de ingresos se realizaban preferentemente a través de «empresas familiares», donde el capital y el crédito se seguían obteniendo de manera relevante a partir de fuentes personales y donde los grupos rectores consolidaban su posición fundamentalmente a través de la gestión municipal 29. Cuando por impulso de la legislación del Bienio Progresista se acometieron los grandes proyectos de obra pública y de servicios urbanos, estas empresas familiares se aunaron bajo formas jurídicas de responsabilidad limitada.

Las sociedades de crédito fueron los establecimientos que mayor ahorro atrajeron. En su promoción y constitución fueron los comerciantes-capitalistas, seguidos a mayor distancia por el de los propietarios y el de los banqueros, quienes conformaron el conjunto inversor más numeroso. Esta preponderante categoría ocupacional la componían comerciantes-banqueros, navieros, consignatarios, comerciantes al por mayor, comisionistas, almacenistas, quienes con frecuencia simultaneaban y desempeñaban todas estas tareas bajo una misma firma o casa comercial. Por tanto, es en el resultado de esta variada actividad comercial en donde hay que buscar la acumulación de capital que luego se dirigió, entre otros sectores, también al de la banca. En el sector bancario que se conformó a mediados del siglo xix los comerciantes-capitalistas coincidieron con propietarios, fabricantes y, en mucha menor proporción, con personas que ejercían profesiones liberales. Todos ellos terminaron involucrándose en las mismas inversiones financieras, lo que les identificó como colectivo y como precursores de la elite financiera española.

Anexo 1
Las sociedades de crédito en España, 1856-1874. Principal ocupación de los socios concesionarios

Plaza comercial	Sociedad de crédito	Núm. socios	Categorías ocupacionales
			Banquero	Comerciante-capitalista (*)	Fabricante-comerciante	Fabricante	Propietario	Profesionales					Sin datos
								Abogado	Editor-escritor	Alto funcionario	Militar	Otras Profesiones (**)
Madrid	Sociedad General de Crédito Mobiliario Español	17	17
Madrid	Compañía General de Crédito en España	23	17				4					1	1
Madrid	Sociedad Española Mercantil e Industrial	17	3	13			1
Madrid	Sociedad Española General de Crédito	5		1			2	2
Madrid	Sociedad Central Española de Crédito	5		3			2
Madrid	Sociedad de Crédito y Fomento. Banco Madrid	15		1			2	2	1		4	1	4
Madrid	Sociedad Española de Crédito Comercial	6		4			2
Madrid	Compañía General de Créditos, Depósitos y Fomento	8		1			5				1		1
Madrid	Compañía General de Crédito Ibérico	9	1				3			2	1	1	1
Madrid	Compañía General de Crédito. Banco de Madrid y Londres	15					6			1	5	2	1
Madrid	Compañía Internacional de Crédito	12		2			4	2	2		1	1
Sociedades de Crédito en Madrid		132	38	25			31	6	3	3	12	6	8
Barcelona	Sociedad de Crédito Mobiliario Barcelonés	22		17		2		1					2
Barcelona	Sociedad Catalana General de Crédito	10		3	2	3			1	1
Barcelona	Sociedad de Crédito Mercantil	25		17	1	4						3
Barcelona	Compañía General de Crédito El Comercio	5		4		1
Sociedades de Crédito en Barcelona (***)		62		41	3	10		1	1	1		3	2
Valladolid	Sociedad Crédito Castellano	12		10									2
Valladolid	La Unión Castellana	13		11									2
Valladolid	Sociedad General de Crédito Industrial, Agrícola y Mercantil	15	2	10								3
Sociedades de Crédito en Valladolid		40	2	31								3	4
Valencia	Sociedad Valenciana de Crédito y Fomento	10		7	2		1
Valencia	Sociedad de Crédito Valenciano	13		9	4
Valencia	Caja Mercantil de Valencia	9		8				1
Valencia	Sociedad de Crédito Mercantil de Valencia	12		10									2
Sociedades de Crédito en Valencia		44		34	6		1	1					2
Santander	Sociedad de Crédito Cántabro	11		11
Santander	La Unión Mercantil	13		12			1
Sociedades de Crédito en Santander		24		23			1
Bilbao	Compañía General Bilbaína de Crédito	10		10
Bilbao	Sociedad de Crédito Vasco	13		9		1							3
Sociedades de Crédito en Bilbao		23		19		1							3
Cádiz	Compañía Gaditana de Crédito	15	3	7		1	1					3
Cádiz	Sociedad de Crédito Comercial de Cádiz	9		9
Sociedades de Crédito en Cádiz		24	3	16		1	1					3
Sevilla	Sociedad de Crédito Comercial de Sevilla	9		9
Córdoba	Sociedad de Crédito Comercial y Agrícola de Córdoba	18	2	12			4
Jerez de la Frontera	Sociedad de Crédito Comercial de Jerez	10	1	1	5		2	1
Huesca	Sociedad de Crédito y Fomento del Alto Aragón	14		5			9
Pamplona	Sociedad de Crédito Navarro	16		10			4	2
Vigo	Sociedad de Crédito y Fomento de Vigo	4	1	2								1
León	Sociedad de Crédito Leonés	7	1				5					1
Sociedades de crédito en España		427	48	228	14	12	58	11	4	4	12	17	19

(*) Comerciante-banquero, comerciante al por mayor, naviero, consignatario de buques, comisionista, almacenista de géneros.
(**) Notario, ingeniero, arquitecto, director o gerente de empresa, agente de bolsa, promotor fiscal, corredor de comercio, diplomático, político, médico, farmacéutico, coleccionista de arte.
(***) No se dispone de información de la Sociedad de Crédito y Fomento de Barcelona (1864-1868) y de la Sociedad Unión Comercial (1856-1858), ambas fundadas en Barcelona.
Fuente: véanse notas 17, 19, 21-28.

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