Ayer 109/2018 (1): 235-267 
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2018
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/109-2018-09
© Santiago de Miguel Salanova
Recibido: 01-08-2016 | Aceptado: 22-09-2016
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Los republicanos del Ayuntamiento de Madrid en las elecciones a Cortes de 1893*

Santiago de Miguel Salanova

Université Paris IV-Sorbonne
demiguelsalanova@gmail.com

Resumen: Este trabajo analiza un periodo específico de la evolución política de Madrid entre 1890 y 1893. Diezmados por la censura desde comienzos de la Restauración, los republicanos madrileños aprovecharon la recuperación del voto libre en la primera de esas fechas para reactivar sus plataformas de movilización política y recuperar la concordia entre sus facciones. La concatenación de estos elementos inauguró una etapa dorada en la que el republicanismo se convirtió en una alternativa real a los partidos dinásticos en las elecciones legislativas y en una seria amenaza para los mismos en las instancias municipales, donde ejercieron una intensa actividad de fiscalización.

Palabras clave: Ayuntamiento de Madrid, corrupción administrativa, sufragio universal, prácticas electorales, movilización política.

Abstract: This article focuses on the political history of Madrid between 1890 and 1893. Decimated by censorship since the beginning of the Restoration, Madrid republicans seized the recovery of independent vote in 1890 to relaunch their methods of political mobilization and to recover unity among factions. These circumstances led to a golden age in which republicanism became a real alternative to liberal monarchism in legislative elections and posed a serious threat in municipal settings, where it engaged in an intense activity of control.

Keywords: City Council of Madrid, administrative corruption, universal suffrage, electoral practices, political mobilization.

Introducción

A principios de la última década del siglo xix, Madrid asistió al nacimiento de una acción municipal consagrada a las necesidades de una ciudad envuelta en unas transformaciones no contempladas por los partidos del turno desde comienzos del periodo de la Restauración. El republicanismo, espoleado por una renovada actitud de concordia entre sus facciones, comprendió entonces la importancia que una institución como el Ayuntamiento de Madrid tenía en el planteamiento de actuaciones que significasen progreso y bienestar para una urbe atrasada con respecto a otras ciudades europeas. Su papel fue clave para lograr que dicha entidad asumiera la función que debía corresponderle: servir como un medio capaz de estimular la reconstrucción social de un núcleo urbano con múltiples deficiencias operativas.

Hasta ese momento, el consistorio madrileño percutió en un modelo definido por las prácticas clientelares, el nepotismo y las negligencias cometidas por alcaldes y concejales en sus gestiones 1. Constituía una institución desacorde con los cambios que experimentaba la ciudad, escenificados en un imparable crecimiento poblacional, un recrudecimiento de las condiciones de vida de la clase obrera y una expansión de sus límites territoriales que revelaban la insuficiencia del proyecto de Ensanche de Carlos María de Castro aprobado en 1860. El Ayuntamiento, responsable de dotar a la población de los servicios e infraestructuras más básicos, de mantener instituciones benéficas, de garantizar el orden público, de inspeccionar la calidad de los alimentos y de regular sus precios, incrementó sus obligaciones hasta límites que agotaron sus recursos económicos. Sin embargo, junto a esa situación deficitaria cundió una sensación de arbitrariedad en el tratamiento de los asuntos locales explicada por las influencias políticas que se creaban en su seno y los negativos resultados que tenían sobre los intereses sociales y económicos del vecindario. Entre 1884 y 1890 la prensa sacó a la luz los fraudes y deficiencias administrativas cometidos en su interior, visibles en la ausencia de formalidades legales en la elaboración de padrones de habitantes y censos electorales (falsificados para impedir que el resultado de los comicios correspondiese, aun mínimamente, con las aspiraciones reales del electorado), en la situación de abandono de servicios básicos para la población, en las concesiones injustificadas de plazas y destinos y en la ejecución de pagos ilegales por parte de concejales. También se podían advertir la insuficiencia en que quedaban las políticas de higiene y los abusos registrados en la administración de un impuesto de consumos que gravaba artículos básicos para los habitantes de menor poder adquisitivo.

Uno de los objetivos fundamentales de este artículo es reflejar cómo la reactivación del sufragio universal masculino el 26 de junio de 1890 abrió una nueva etapa política municipal en Madrid con respecto a la situación heredada. No hay que perder de vista que esa normativa sacó del olvido a miles de trabajadores asalariados que no cumplían con los requisitos contributivos y académicos impuestos por la Ley Electoral de 1878 para ejercer el sufragio. Hasta entonces, la posibilidad de votar aumentaba o disminuía en función de las características socioeconómicas de los diez distritos que conformaban una ciudad inserta en un imparable proceso de segregación socio-espacial. Los distritos de Centro, Buenavista, Congreso, Audiencia y Palacio contaron con una mayor nómina de electores y elegibles hasta 1890. Eran los espacios que disponían de más servicios e infraestructuras y de mejores opciones residenciales, con barrios más salubres y tasas de mortalidad más bajas. Allí se situaban los principales centros laborales y administrativos, lo que favorecía la concentración de grupos sociales con una capacidad adquisitiva lo suficientemente alta como para abonar los elevados alquileres mensuales de un notable porcentaje de sus viviendas (profesionales liberales, propietarios y rentistas, grandes comerciantes e industriales, empleados de cuello blanco). Los distritos de Universidad y Hospicio presentaban una situación diferente. Combinaban barrios situados en el casco antiguo con alquileres más elevados y barrios ubicados en el Ensanche y en el extrarradio donde predominaban la infravivienda y la concentración de trabajadores inmigrantes poco cualificados. Finalmente, Hospital, Latina e Inclusa eran distritos situados en la parte meridional del casco antiguo que aglutinaban el mayor porcentaje de los conocidos como barrios bajos de Madrid 2. Las características de su paisaje residencial, en el que tomaban un protagonismo notable las corralas, daban pábulo a niveles muy altos de densidad poblacional, lo que no favorecía unas buenas condiciones sanitarias. Sus bajos alquileres estimulaban la concentración de elementos pertenecientes a las llamadas clases populares (pequeños artesanos y comerciantes, jornaleros y obreros de la construcción).

Gráfico 1
División administrativa de Madrid por distritos

Los republicanos eran quienes más posibilidades tenían de sacar rédito de la ampliación de las bases del cuerpo electoral que supuso la reactivación del sufragio universal masculino. Tras un periodo inicial en el que sus estructuras se vieron censuradas, lo que condujo a una inevitable debilidad, habían comenzado a reactivar sus bases sociales tras la apertura sagastina de 1881 3. Desde ese momento fundaron periódicos y abrieron casinos, ateneos y espacios asociativos 4. Paulatinamente se amplificó su movilización política y social, dando lugar a un cierto optimismo que creció con el acta de diputado lograda por Francisco Pi y Margall en las elecciones generales de 1886 celebradas en Madrid y con el establecimiento de la Ley de Asociaciones en 1887. En los años siguientes, el republicanismo tuvo presente el objetivo de lograr una conjunción de la acción política democrática para acceder a los resortes del poder. Las señaladas elecciones de 1886 corroboran esta táctica, con la coalición tejida por Ruiz Zorrilla, Salmerón y Pi y Margall, así como también la Coalición de la Prensa Republicana orquestada por Enrique Pérez de Guzmán (marqués de Santa Marta) en 1889.

Ángel Duarte y Pere Gabriel han destacado como uno de los elementos axiales del republicanismo de estos años la utilización del municipio como escenario desde el que alcanzar una función representativa que difícilmente podía lograrse a nivel estatal 5. Añadiríamos también la importancia que tuvieron los Ayuntamientos como espacios de encuentro entre las familias republicanas, al regirse sus sesiones plenarias por una actitud combativa uniforme contra los ediles que representaban a la Monarquía restaurada. Estas características se acentuaron a partir del restablecimiento del sufragio universal masculino y permiten entender el gran número de estudios realizados en los últimos veinticinco años para aportar nuevas luces sobre la evolución del movimiento republicano a nivel regional y sobre el papel que desempeñó tanto en grandes núcleos urbanos como en municipios agrarios en términos de participación electoral, movilización social, vida asociativa, gestión municipal y actividad cultural 6. Buena parte de esos trabajos ha profundizado en el análisis de la variable societaria del republicanismo y en las redes que fue configurando en diversos marcos geográficos 7. En el caso de Madrid, los ya clásicos estudios de Demetrio Castro y los más recientes de Óscar Anchorena han evidenciado la magnitud que el tejido asociativo del republicanismo adquirió en esta etapa y su correlación con los buenos resultados obtenidos en citas electorales resueltas a partir de la movilización ciudadana 8. Sin embargo, queda por desgranar la actividad que este grupo político desarrolló en la ciudad estableciendo un víncu­lo causal entre sus propuestas de actuación municipal, la forma en la que estas se materializaban tras las elecciones y las repercusiones nacionales que todo ello tuvo en un contexto marcado por una crítica situación del Gobierno conservador.

El presente trabajo busca cumplir con ese objetivo mediante la utilización de tres fuentes documentales. La primera de ellas coincide con las actas originales del Ayuntamiento de dos citas electorales (municipales de 1891 y generales de 1893), que proporcionan información muy valiosa sobre la organización republicana de esos comicios. Por medio de estas podemos realizar un estudio micro a nivel de sección electoral y determinar las actuaciones de candidatos y electores republicanos ante los intentos de fraude o adulteración de resultados que podían producirse durante una votación. Paralelamente, la consulta de la prensa ha permitido conocer el contenido de las campañas electorales de los republicanos y los mecanismos que pusieron en liza para organizar a sus bases sociales, para captar el voto de quienes entonces adquirieron el rango de elector a través de promesas de actuación municipal que entroncaban con sus necesidades económicas y sociales y para fiscalizar las actuaciones que pudiesen ir en contra de la pretendida veracidad del sufragio. Finalmente, los Libros de Actas del Ayuntamiento de Madrid, que recogen todas las intervenciones de los concejales madrileños en la discusión de los asuntos más importantes dentro de cada uno de los ramos y servicios del municipio, han permitido dos análisis fundamentales. Por un lado, establecer una relación directa entre lo que ocurría en el municipio y los ecos que eso tenía en la política nacional. Por otro, generar un nexo común entre las elecciones municipales y la actividad de los candidatos republicanos electos en las sesiones del Ayuntamiento. Este último ejercicio rechaza la importancia meramente administrativa que tradicionalmente se ha asociado a los comicios locales y permite identificar a los republicanos como figuras pioneras en la detección de los problemas que obstaculizaban la modernización de Madrid.

El despertar republicano en las elecciones municipales de 1891

El restablecimiento del sufragio universal masculino no despertó inicialmente grandes esperanzas en el panorama político español. Pocos confiaban en su utilidad para modificar el sistema y parecía evidente que los Gobiernos seguirían imponiendo sin problemas sus candidaturas, dada la importancia que conservaba el voto en los distritos rurales y el poder que mantenían los Ayuntamientos en el manejo de listas electorales 9. No obstante, había que esperar a lo que sucedería en los grandes núcleos urbanos del país y, sobre todo, en Madrid, donde la movilización política a partir de la implantación de la ley prometía ser más intensa. Esta ciudad podía demostrarse como un punto de inflexión en el marco de unos procesos electorales que, al amparo del sufragio censitario, soterraron las costumbres políticas adquiridas por sus vecinos durante el Sexenio Democrático 10.

Los primeros comicios legislativos celebrados tras la reactivación del sufragio universal evidenciaron cambios notorios con respecto a la anterior dinámica electoral, pero también continuidades favorecidas por las porosidades de la ley, claves para que las candidaturas adictas desarrollaran nuevas estrategias orientadas al control del electorado 11. Esas elecciones, convocadas el 1 de febrero de 1891, también fueron decisivas para patentizar un primer despegue de los republicanos en Madrid, que aparcaron el escepticismo mostrado en los debates sobre la aprobación de la nueva normativa electoral y retomaron sus tareas de propaganda. Solo la división del partido, que acudió a las urnas en una doble candidatura, impidió que se repitieran los éxitos cosechados en Valencia, Barcelona y Sevilla.

El escenario dibujado en esos comicios fue un presagio de lo difícil que sería para la acción gubernativa lograr el triunfo de sus candidatos si las fuerzas republicanas acudían a las urnas coaligadas, tendencia que perduró durante toda la Restauración 12. Esta cuestión se expuso con nitidez en la celebración del decimoctavo aniversario de la proclamación de la Primera República. Los discursos pronunciados por diferentes correligionarios en los salones del Casino Republicano de la calle de Esparteros y en los locales que se utilizaron para la organización de banquetes en los distritos de Madrid reflejaron la apuesta por una acción común 13. Esta actitud también quedó evidenciada en la carta que Ruiz Zorrilla dirigió a El País el 21 de febrero de 1891. En ella analizaba las recientes elecciones generales, de las que se desprendía una lección fundamental: la unión de las facciones del movimiento podía llevarles a triunfar sobre los monárquicos en los grandes núcleos urbanos. Ruiz Zorrilla entendía que se imponía la necesidad de estrechar lazos con quienes no creían en el procedimiento revolucionario 14, lo que implicaba un respeto mutuo de las diferentes tesis del republicanismo y la conjunción absoluta de las actividades de movilización desplegadas en las luchas electorales.

El primer ensayo de coalición republicana se gestó dos semanas antes de los comicios municipales de 1891 con la reunión de representantes centralistas, posibilistas, federales pactistas, progresistas y de la Coalición de la Prensa celebrada en la redacción de El Globo. Aquí se creó la Junta Directiva de Alianza Republicana para las elecciones municipales de Madrid, que acordó presentar candidatura cerrada en sus distritos y celebrar mítines conjuntos organizados por los comités 15. De las veintisiete concejalías que se elegían, doce fueron para los republicanos, once para los conservadores y cuatro para los liberales. Tras dieciocho años en la sombra, los republicanos volvían a ganarse el favor de la sociedad, salvo en distritos de arraigada tendencia monárquica y conservadora (Palacio y Buenavista).

Las principales claves del triunfo fueron tres. En primer lugar, la puesta en marcha de unas campañas de propaganda sólidas, con tareas conducentes a la organización de sus bases sociales y nue-

Gráfico 2
Tendencias de voto por distritos en las elecciones municipales de 1891

Fuente: Archivo de Villa de Madrid (AVM), Secretaría, 9-288-1, 9-289-1, 9-290-1, 9-291-1, 9-292-1 y 9-293-1 (actas electorales).

Tabla 1
Candidatos electos de Alianza Republicana en las elecciones municipales de 1891

Fuente: AVM, Secretaría, 9-290-1 (actas electorales).

vos mecanismos para la captación de votantes. Cobraron un gran protagonismo los centros electorales, establecidos en los diez distritos municipales y enfocados al adoctrinamiento de correligionarios y a la elección de quienes pudieran actuar como interventores en las votaciones. Impusieron cortapisas sobre los resortes administrativos utilizados por las candidaturas del turno, inspeccionaron censos para descubrir inclusiones u omisiones indebidas de electores, nombraron letrados para resolver las dudas que surgieran en la preparación de la lucha electoral y organizaron conferencias con notarios para explicar a los vecinos sus derechos en las urnas. También se crearon centros consultivos para el día de la votación, donde los electores podían examinar listas electorales y pedir la asistencia de notarios a los colegios susceptibles de registrar manipulaciones de los escrutinios 16.

En segundo lugar, se desarrolló un verdadero programa municipal para la cita. Los republicanos incidieron en la crisis obrera y plantearon el desarrollo de programas de obras públicas, la concesión de habitaciones higiénicas y la creación de instituciones de previsión 17. También se detuvieron en los problemas sanitarios de la ciudad y en las negligencias cometidas por las autoridades municipales en la inspección de subsistencias. Los candidatos de la alianza incidieron además en la cuestión social, tema candente en las manifestaciones del Primero de Mayo, y en el asunto de los impuestos que imperaban en la ciudad, que dificultaban a las clases populares una buena alimentación. Los republicanos comprendieron que los Ayuntamientos debían ser las instituciones encargadas de solucionar estos problemas, por ser su principal función la organización de la vida social.

Finalmente, fue decisiva la configuración de una candidatura interclasista en la que se incluían profesionales liberales, pequeños y grandes propietarios, industriales y comerciantes. Los republicanos buscaron dar un carácter uniforme a su posible éxito electoral y no circunscribirlo a las actas que pudieran proporcionar los distritos más afines a su causa desde los tiempos del Sexenio 18. No hubo problemas para obtener resultados favorables en los distritos de Hospital, Latina e Inclusa, pero también se obtuvieron resultados significativos en distritos como Centro, Hospicio, Audiencia y Congreso, al captarse el voto de la clase mercantil e industrial más acomodada.

El triunfo electoral desembocó en el ingreso de los concejales republicanos en el consistorio formado en Madrid a mediados de 1891, lo que se presumía como una garantía para superar sus deficiencias administrativas. Algunos de ellos ya tuvieron una importancia clave en la denuncia de las infracciones cometidas por altas instancias municipales en años previos, como Constantino Rodríguez, presidente del Círculo de la Unión Mercantil. El comerciante lideró en 1889 una campaña contra la rectitud moral de la corporación en la que se destaparon los delitos cometidos en la gestión municipal, lo que motivó la suspensión de varios concejales 19. Sus denuncias aceleraron la puesta en marcha de medidas para la reorganización del ramo de consumos que buscaron ampliar la circunferencia fiscal a las barriadas periféricas que se iban desarrollando en el término municipal y que plantearon la creación de intervenciones administrativas dotadas de un personal de vigilancia idóneo en los muelles de las estaciones de ferrocarril y en los fielatos del extrarradio, a fin de evitar el fraude 20.

Gráfico 3
Evolución de los presupuestos municipales de Madrid (1873-1891)

Fuente: Presupuestos de gastos e ingresos del Ayuntamiento de Madrid (años 1873-1891), Madrid, Imprenta y Litografía Municipal.

Sin embargo, los balances finales de los presupuestos municipales (desacompasados con el ritmo de crecimiento poblacional de la ciudad) revelaron la inutilidad de esas operaciones en forma de déficits que se incrementaban exponencialmente año tras año. A todo ello se unían las negligencias cometidas en otros apartados, relacionados con las subsistencias (venta de pan falto de calidad y peso y carnes en mal estado procedentes del Matadero), la beneficencia y la asistencia social (condiciones antihigiénicas de asilos de mendigos), la organización del mercado laboral (paro especialmente preocupante en invierno) y la redacción de padrones municipales y censos electorales deficientes 21.

Vigilar y fiscalizar. La actuación republicana en el Ayuntamiento de Madrid

Los republicanos electos en mayo de 1891 llegaron a sus cargos con la expectativa de cambiar la situación del consistorio madrileño. Dos semanas después de su toma de posesión solicitaron la suspensión del cobro de las onerosas cuotas que los presupuestos municipales aplicaban sobre los vendedores ambulantes de comestibles y demás artículos residentes en la ciudad. José María Esquerdo, portavoz de la propuesta, manifestó que la imposición de un tributo que gravitaba sobre las clases menesterosas debía desa­parecer para «no privar de los únicos medios para subvenir a las necesidades de la vida a aquellas personas que, por su falta de fuerzas físicas para dedicarse al trabajo o por su poca edad, tenían que dedicarse a la venta ambulante» 22. El trasfondo de esta primera acción quedó corroborada con las palabras de su compañero Ramón Chíes en el pleno municipal del 22 de julio de 1891. Los republicanos estaban dispuestos a reprimir cuantas inmoralidades existiesen en la gestión municipal y a «prestar su apoyo a toda obra de moralidad», objetivos que no tardaron en reportarles el apoyo de una opinión pública muy descontenta con las políticas consistoriales de años previos 23.

Durante sus primeros meses en el Ayuntamiento, los republicanos actuaron en varios frentes. En términos de administración municipal, era necesario reforzar la operatividad de un consistorio resquebrajado por la corrupción. Por esta razón, solicitaron que se imprimieran actas de todas las sesiones municipales repartiéndose las mismas a los ediles con citaciones para las siguientes sesiones y que se pusiera en conocimiento de todos los concejales los acuerdos alcanzados por las comisiones municipales, a fin de rebatirlos si no estaban de acuerdo con ellos. En segundo lugar, requirieron la reducción de los gastos de representación de las autoridades locales e inspeccionaron la actuación de los concejales en determinados servicios. Y, finalmente, se señaló el escaso celo mostrado por los tenientes de alcalde de los distritos a la hora de imponer multas a los establecimientos donde se vendían artículos de primera necesidad en mal estado. Esta disposición aludía fundamentalmente a las vaquerías, donde se vendía leche adulterada; a las carnicerías, y a las tahonas, donde el pan se expendía falto de peso 24.

En el apartado laboral, solicitaron que se respetase la jornada máxima de ocho horas y un jornal mínimo de 2,50 pesetas para los obreros municipales, pidiendo además la adopción de medios para evitar accidentes de operarios ocupados en la construcción, reparación y derribo de edificios. Estas propuestas buscaban compensar la carestía de los artículos de primera necesidad, fenómeno que había dejado a muchas familias jornaleras sin posibilidades de subsistir por encima de los límites marcados por la pobreza primaria.

En el apartado residencial, plantearon la necesidad de formar comisiones en cada distrito para la inspección de viviendas, desa­lojando y clausurando las que no ofreciesen buenas condiciones higiénicas. Además, pusieron sobre la mesa la posibilidad de construir casas baratas para obreros, medida que precedía a la legislación iniciada en 1911. Los concejales republicanos propusieron sacar a pública subasta la construcción de 500 casas de 2.000 pesetas cada una que se cederían prioritariamente a obreros con familia, de modo que mediante el pago de un canon mensual por espacio de diez años pudieran adquirir su propiedad 25.

En el apartado económico solicitaron la reducción de las partidas presupuestarias dedicadas a festejos y la retirada de arbitrios perjudiciales para las clases populares. Exigieron castigar las inmoralidades cometidas en la recaudación del impuesto de consumos, priorizando su sustitución por otro menos oneroso para las clases pobres. Dentro de esta línea, llegaron a plantear que la tributación por consumos se reemplazara por un arbitrio dependiente de lo recaudado por concepto de contribución territorial o subsidio industrial o bien por uno directo sobre el inquilinato, del que quedarían exentas las clases menos acomodadas. Al margen de este proyecto, finalmente desechado, solicitaron que productos como la carne, la manteca, la leche, los huevos, el pan, las patatas o el aceite adeudaran por derechos de consumos la mitad de lo que devengaban en ese momento 26.

Finalmente, los ediles republicanos lucharon para mejorar el estado de los establecimientos asistenciales (convertidos en focos de enfermedades infecciosas por sus condiciones de hacinamiento), para corregir las deficiencias sanitarias que presentaban establecimientos como el Matadero Municipal y los mercados públicos y para instalar servicios e infraestructuras básicos en los barrios periféricos 27. El objetivo de estas propuestas era reducir la enorme tasa de mortalidad que presentaba Madrid (la estadística municipal de 1887 la registraba en un índice superior al 42 por 1.000) y superar las brechas que socio-espaciales que se abrían entre los barrios céntricos (más salubres) y los del Ensanche y extrarradio, desatendidos por las instancias municipales.

La reacción republicana ante los escándalos de corrupción municipal

Las tareas de fiscalización republicanas en el Ayuntamiento de Madrid llegaron a su punto culminante en la sesión de la junta municipal celebrada los días 21 y 22 de junio de 1892. Allí se iban a discutir los presupuestos del consistorio del siguiente ejercicio económico, presentados con un retraso inaudito y sin haber quedado previamente expuestos al examen del vecindario en el plazo que marcaba la ley. Introducían un aumento de dos millones de pesetas en los gastos y creaban nuevos impuestos perjudiciales para el pequeño comercio, manteniendo intacto el arbitrio sobre consumos. Los republicanos condenaron de inmediato los presupuestos presentados por el alcalde Alberto Bosch, quien pretendió entrar en su discusión por secciones antes de que se emitiera un voto favorable a su totalidad. Esta omisión, contraria a lo establecido por la Ley Municipal, despertó la oposición de los republicanos, aunque finalmente se accedió a los deseos del alcalde. Cuando comenzó la discusión por secciones, los doce concejales republicanos solicitaron votación nominal, a lo que se negó Bosch aprobando el primer capítulo sin ni siquiera leer sus epígrafes.

Aquella actitud colmó la paciencia de los regidores republicanos, que abandonaron de inmediato la sesión 28. Tras su salida, bastaron diez minutos para dar luz verde a un presupuesto de once secciones y más de sesenta capítulos. Sin embargo, los ediles elegidos por el pueblo no estaban dispuestos a pasar por alto los negocios del consistorio. Constantino Rodríguez acudió al Círculo de la Unión Mercantil para reunirse con sus representantes, acordando constituir una junta para redactar una protesta formal que, dirigida al Gobierno Civil y al Congreso de los Diputados, relatase los hechos acaecidos con toda exactitud. En dicha reunión, los concejales republicanos acordaron no asistir en lo sucesivo a las sesiones municipales convocadas por Bosch y dieron todo tipo de detalles sobre los ardides puestos en liza por aquel para desactivar los recursos que comerciantes e industriales habían presentado contra los presupuestos. No obstante, la alcaldada terminaría consumándose una semana después. Ante la importancia de la convocatoria, los republicanos decidieron presentarse, pero Bosch tenía las espaldas bien cubiertas. Organizó a los cien alcaldes de barrio en que se dividía Madrid y citó a guardias municipales y pretendientes de destinos en el Ayuntamiento. En esas circunstancias, estaba en condiciones de permitir una votación nominal del acta del día 21 a la que se referían los presupuestos, aprobados por 35 votos a favor y 31 en contra.

Los presupuestos entraron en vigor el 1 de julio y las repercusiones no se hicieron esperar. Al día siguiente se produjo el motín de las verduleras, a quienes el fisco arrebataba 25 céntimos por el desarrollo de su actividad 29. La mecha prendió en los alrededores de los mercados públicos, donde agentes e inspectores de policía urbana aparecieron a primera hora de la mañana dispuestos a cobrar un impuesto que aquellas mujeres rechazaron en masa. Las huelguistas organizaron una marcha que transcurrió por las calles colindantes con la plaza de Lavapiés, incitando al cierre de todos los establecimientos. Repitieron el proceso en la plaza de la Cebada, expulsando al público que acudía a comprar. Al llegar al mercado del Carmen la manifestación era ya imponente. Las amotinadas se precipitaban hacia esos puntos recibidas con vítores por el resto de vendedoras y desbarataban los puestos de frutas y verduras situados en las calles más próximas. La jornada se cerró con pedradas a guardias municipales, cargas de la Guardia Civil y un importante número de heridas y encarceladas. Solo los socios del Casino Republicano Progresista, a donde también acudieron las amotinadas, se salvaron de la quema. Recibieron grandes aplausos por su labor mientras se lanzaban vivas a José María Esquerdo, Ramón Chíes y Constantino Rodríguez 30. En la calle Mayor, y frente al Gobierno Provincial, se organizaron definitivamente las verduleras. Nombraron una comisión de once representantes finalmente recibida por el gobernador, marqués de Garabaya, quien las prometió que solo pagarían un impuesto de 15 céntimos, medida corroborada ese mismo día mediante un bando publicado por Bosch 31.

Tabla 2
Arbitrios fijados sobre la venta ambulante de artículos de primera necesidad en la sesión municipal del 21-22 de junio de 1892

Tipología venta ambulante	Cuota diaria (ptas.)
Vendedores de frutas, verduras y sal a la mano, o con una o dos cestas de asa o de mano	0,15
Por cada banasta, sera, bandeja, caja o cualquier artefacto semejante	0,25
Especieros y herboristas	0,25
Vendedores de aves, caza y de morcillas, sesos, asaduras y demás despojos de reses	0,50
Vendedores de pan, por cada banasta, espuerta, saco o bulto	0,50
Vendedores de pescados y mariscos, por cada banasta, cesta, caja o cualquier otro artefacto	1,00

Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Madrid, Presupuesto de gastos e ­ingresos para el año económico de 1892-1893 aprobados por la Junta Municipal en sesiones de 21 y 22 de junio de 1892, Madrid, Imprenta y Litografía Muni­cipal, 1892.

Motines como aquel sirvieron para identificar a los vendedores ambulantes como un peligro sustancial para la estabilidad política y social, especialmente si se les privaba de un cierto grado de autonomía sobre sus prácticas económicas. Del mismo modo, las expresiones de aquella clase «subversiva» (como se definió en la prensa monárquica), incrementaban la poca credibilidad que quedaba al Gobierno y a los partidos del turno, mientras los republicanos aprovechaban el contexto para fortalecer sus bases sociales. Apenas dos días después de los tumultos, sus concejales convocaron un mitin para explicar a sus votantes su línea conductual en las instancias municipales 32. Ante los 6.000 correligionarios congregados en el Teatro de la Alhambra, los ediles pronunciaron sus discursos destacando la disciplina mantenida en los trabajos emprendidos desde los comicios municipales. Antonio Ruiz Beneyán, electo por el distrito de Latina, alegó que el verdadero problema del Ayuntamiento tenía que ver con la designación directa del alcalde sin elección popular previa, fórmula que desactivaba cualquier iniciativa que pudiera plantear un edil para la mejora de la administración municipal. José Noguera (Latina) destacó cómo la minoría republicana se había consagrado a la representación de los intereses de las clases populares, algo que no podían decir los demás concejales que debían su elección a «mercedes de los gobernantes». Finalmente, Constantino Rodríguez se refirió a la deuda flotante como «padrón de ignominia» para el municipio y reclamó para la minoría republicana el voto de la clase mercantil por la campaña emprendida contra el impuesto sobre la venta ambulante 33.

El pueblo se posicionó del lado republicano y se cerró en banda a los proyectos planteados desde la cúspide consistorial. Comerciantes e industriales se opusieron a la construcción de una nueva red de tranvías propuesta por la alcaldía titulada «La Transversal». Era cierto que los tiempos que corrían demandaban medios de transporte más rápidos, pero aquellos no podían adaptarse a una ciudad en la que los tranvías de tracción animal convertían la mayoría de las calles en zonas de tránsito peligroso. Pero, sobre todo, un proyecto como aquel amenazaba las operaciones más necesarias de la vida comercial, algo que podían comprobar los tenderos de calles como Montera, Carretas, Hortaleza y Fuencarral. Otro punto de fricción entre la alcaldía, los republicanos y el vecindario llegó con el plan de celebraciones diseñado por Bosch para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América. Desde los meses de mayo y junio, el alcalde planteó unos festejos por todo lo alto a realizar desde el 12 de octubre hasta el 7 de noviembre de 1892, pese a la oposición de unos republicanos que reclamaban más atenciones para la sanidad y la instrucción pública 34. En agosto se aprobaron la construcción de cuatro estatuas que representasen a figuras ilustres de Madrid, un restaurante situado frente al Museo de Pinturas y una imponente columna de 35 metros de altura en la Plaza de la Cibeles. Durante las reuniones celebradas ese mes, algunos concejales liberales y conservadores propusieron ampliar el crédito de un millón de pesetas que se había acordado para atender a los festejos en la cantidad de medio millón de pesetas más. Poco parecía importar al alcalde la ausencia de alumbrado, agua y policía urbana en los barrios periféricos. Más relevante era engalanar el centro con fuegos de artificio y celebrar banquetes para los más privilegiados.

Los programas de Bosch despertaron una enorme indignación en la prensa 35. Los diarios madrileños comenzaron a demandar la intervención de Raimundo Fernández Villaverde, ministro de Gobernación, para disponer la cesantía del alcalde y la disolución del Ayuntamiento. Bosch declinó gastar un millón y medio en los festejos ante el toque de atención gubernamental y planteó invertir medio millón de pesetas del presupuesto inicial en la construcción de un asilo de mendicidad. Poco tiempo hubo de transcurrir para que el ministro de Gobernación encargase a su subsecretario Eduardo Dato una investigación del consistorio por los rumores de irregularidades que circulaban sobre el contenido de los presupuestos municipales. La real orden que aprobó la inspección destapó la negligencia de los concejales monárquicos, proclives al absentismo, a no ejercer tareas de vigilancia en los servicios y a abandonar el cumplimiento de las prescripciones sanitarias dictadas por el Ministerio 36.

La tensión acumulada durante aquellos meses estalló el 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de algunos actos vinculados al centenario de Colón. La prensa venía quejándose desde el comienzo de los festejos de su mediocridad y sojuzgaba a Bosch por considerar que lo que veían no guardaba relación con lo que se esperaba de una inversión tan elevada. La corporación municipal se vio perjudicada por la negativa mostrada a la concesión de ayudas para entidades privadas, lo que desbarató muchas de las iniciativas particulares contempladas en un primer momento 37. La mecha de la llama popular prendió cuando uno de los conciertos programados en el Paseo de Recoletos se suspendió sin aparente motivo. 1.500 personas formaron una marcha hacia la calle de Alcalá dando voces de «¡muera el alcalde!» y «¡abajo Bosch!». Al llegar al Ministerio de la Guerra, la turba comenzó a apagar los faroles del alumbrado público y a romper cristales, dirigiéndose después hacia la casa del alcalde. La manifestación se disolvió con varios heridos y detenidos 38. El empuje popular provocó la destitución del marqués de Bogaraya, sustituido por José Cárdenas, y de Bosch, reemplazado por el marqués de Cubas.

El Gobierno conservador comenzó a tambalearse de manera irremediable tras los sucesos. Fernández Villaverde pidió en el Consejo de Ministros del 28 de noviembre que la corporación quedara suspendida y que se pasara a los tribunales una relación de los desmanes de Bosch. Sus gestiones podían considerarse delictivas teniendo en cuenta las deficiencias halladas por Dato en la organización del personal y el material del servicio de limpiezas y en el servicio de vías y obras públicas 39. Parecían motivos más que suficientes para procesarle, pero Romero Robledo alegó que no existían pruebas para imputar esos cargos al ya exalcalde 40. Cánovas se inclinó por la visión del Gran Elector, lo que llevó a la crisis final del Gobierno. Fernández Villaverde abandonó la cartera de Gobernación, Dato hizo lo propio con la Subsecretaría y el mismo camino siguieron el marqués de Cubas y José Cárdenas.

Las reacciones que provocó la forzada dimisión del marqués de Cubas no se hicieron esperar, especialmente entre los comerciantes y los concejales republicanos, que habían regresado a las sesiones municipales tras la salida de Bosch. Las intenciones del nuevo alcalde habían sido, sobre el papel, laudables. Prometió facilidades a la prensa para examinar gestiones municipales, anunció visitas a centros benéficos para comprobar la calidad de los alimentos suministrados y planteó iniciativas para facilitar las condiciones de vida de las clases populares. Los republicanos reiteraron al alcalde su apoyo para la consecución de estos propósitos poniéndole en conocimiento de los hechos que necesitaban una depuración inmediata. El alcalde siguió sus consejos y redactó una memoria sobre el estado de la hacienda municipal, relatando las deudas de años anteriores y los pobres rendimientos de las partidas de consumos y materiales de construcción 41.

La Unión Republicana de 1893 y las elecciones a Cortes en Madrid

La concatenación de los acontecimientos anteriormente reseñados provocó la dimisión de Cánovas y la llamada de Sagasta para la formación de un nuevo Gobierno. Sin embargo, a quien realmente abría las puertas esa marejada política era a los republicanos. Era una gran ocasión para desactivar los manejos electorales que concedían mayorías a los partidos en el poder, siempre y cuando acudieran unidos en una campaña inteligente. Este fue el objetivo que motivó la creación de la Unión Republicana en enero de 1893, juntando a federales, progresistas y centralistas 42. En su manifiesto fundacional no se hablaba de las elecciones como un ensayo para verificar la fuerza del partido 43. La aspiración era concentrar voluntades para acelerar el advenimiento de la República, constituyendo después un Gobierno provisional con representación de las fuerzas políticas vencedoras. La Unión contaría con una junta directiva en Madrid, formada por nueve miembros (tres por cada facción coaligada) y facultada para nombrar las delegaciones necesarias 44.

De inmediato comenzaron las adhesiones de los comités republicanos de los distritos y las charlas en centros y casinos informando a los electores de las bases de la unión. El 4 de febrero se organizó un gran mitin en el teatro-circo de Rivas en el que se invitaba a republicanos de todos los matices a escuchar los discursos de representantes de las facciones coaligadas. Presidía el acto Pi y Margall, quien advirtió el hecho de que, aunque la coalición no se había hecho mediante un programa común, lo que provocaba que cada facción mantuviera su organización y sus ideales, el objetivo era uniforme: llegar a la República estableciendo un programa de reformas que saneara el país 45. Este fue el pistoletazo de salida de una campaña de gran actividad orientada a las siguientes elecciones generales. La Unión Republicana estaba convencida de la victoria y su euforia creció con el paso de los días, conmemorándose acontecimientos como el vigésimo aniversario de la Primera República el 11 de febrero, lo que suponía una ocasión más para reforzar su espíritu de disciplina. Aquel día sirvió para reunir en Madrid a los firmantes del Manifiesto de Unión Republicana, a las figuras más relevantes del republicanismo local y a los dirigentes de sus principales órganos de prensa (La Justicia, El Nuevo Régimen y El País). Se organizaron banquetes en restaurantes y se celebraron actos conmemorativos incluso en algunas de las zonas periféricas desatendidas en la campaña para las elecciones municipales anteriores como el barrio obrero de Prosperidad (situado en los límites del distrito de Buenavista) y las afueras del distrito de Hospicio 46.

En este ambiente de entusiasmo, la Junta Directiva de la Unión Republicana trabajó de manera incesante hasta la votación. A través de su comisión electoral hizo recomendaciones a los comités para que agitaran la opinión pública en los distritos con mítines y reuniones con los electores. En cuanto a los candidatos, el manifiesto de la junta señaló la conveniencia de que aquellos reunieran prestigio político para acudir a la lucha con garantías, pero rechazó la imposición directa de candidaturas. De esta forma, los candidatos serían designados por los correligionarios de los distritos utilizando el procedimiento más oportuno. La candidatura elegida incluyó a las grandes figuras del republicanismo, como Manuel Ruiz Zorrilla, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y José María Esquerdo, junto a Eduardo Benot y Manuel Pedregal.

Tampoco debe pasar inadvertida la actividad que mostraron los concejales republicanos durante la campaña. Utilizaron las sesiones municipales como tribunas para reclamar un escrupuloso seguimiento de lo dispuesto por la Ley Electoral de 1890 en la designación de presidentes para las mesas de los colegios donde se ejerciera el sufragio. Denunciaron la presión de la que eran objeto funcionarios municipales y provinciales para votar a la candidatura ministerial y las coacciones ejercidas sobre empleados de Beneficencia y clases pasivas, a los que se mandaron circulares con la promesa de equiparar los descuentos de sus haberes a los de los empleados activos 47. Pedro Menéndez Vega y Ramón Chíes censuraron incluso las operaciones orquestadas por el teniente de alcalde del distrito de Audiencia con más de doscientos industriales y comerciantes de la zona, amenazándoles con denuncias y multas en lo que parecía ser un claro signo más de los manejos electorales desarrollados desde las altas instancias municipales.

La consecución de la coalición republicana hacía sospechar sobre la posibilidad de que el Gobierno apelara a todos los medios posibles para sacar triunfante su candidatura en la capital. Por ello, los correligionarios del partido debían estar alerta a cualquier chanchullo en el que se vieran involucrados jefes de la guardia municipal y de orden público, proclives a reunir en anteriores comicios a sus subordinados en las delegaciones y alcaldías de los distritos para darles instrucciones precisas respecto al modo de usar y abusar de su derecho de sufragio. Su ritual fue relatado con detalle. Se empezaba haciendo una clasificación de los que tenían derecho de voto y se les instaba a continuación a acudir a los colegios electorales en dos tandas. En la primera acudían vestidos con sus uniformes. En la segunda, de paisano llevando la representación de los fallecidos, ausentes, retraídos, encarcelados y enfermos para depositar las papeletas en las urnas cometiendo el delito de suplantación de identidad.

Para precaverse de estos abusos, los republicanos de los diferentes distritos realizaron una detallada clasificación política del censo electoral, formando listas de electores que en aquel momento se hallaban presos o gravemente enfermos en el hospital o en sus casas o que nunca habían aparecido domiciliados en cada zona. También se pidieron relaciones justificativas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de las personas comprendidas en el censo que hubieran fallecido en el último año. Era necesario ya no solo protestar contra las ilegalidades percibidas en el desarrollo de las votaciones, sino probarlas con claridad y poner a los falsarios a disposición de los tribunales. Los republicanos estaban decididos a conseguir que la Ley Electoral se respetara en la medida de lo posible y a limitar las condiciones poco ventajosas que habían tenido en otras luchas en las urnas 48.

En lo que respecta a la Juventud Republicana de Madrid, la convocatoria de una junta general extraordinaria sirvió para fijar una serie de acuerdos con el objetivo de dar a la campaña la mayor intensidad posible. Eso pasaba por emprender un propaganda ágil en la capital y en el resto de municipios de la provincia. En este contexto se tomó la decisión de nombrar comisiones para recorrer los distritos hasta el día de la votación, con el ánimo de evitar atropellos monárquicos sobre el electorado. Se designaron diez comisiones de propaganda para velar por el fomento de la asociación y se acordó solicitar de la Junta central electoral 4.000 candidaturas para que los socios pudieran repartirlas entre los correligionarios. Su actividad fue intensa en barrios periféricos carentes de un perfil político claro como el de Prosperidad, que de hecho había sido adverso a los intereses del republicanismo en los comicios anteriores y que sirvió como escenario para la realización de mítines desde el comienzo de la campaña a mediados de febrero 49.

Durante las últimas semanas de la campaña, los centros electorales republicanos funcionaron de manera extendida, a razón de uno por cada distrito. Resulta interesante ver cómo alguno de ellos dispuso la necesidad de compatibilizar sus horarios con los compromisos laborales de sus vecinos, lo que explica que la atención de reclamaciones de los electores se llevara a cabo desde las nueve de la mañana hasta las once de la noche en algunos barrios 50. La organización de mítines tuvo una periodicidad diaria en estos días. Incorporaron discursos con los que se buscaba atraer a las clases populares, especialmente los celebrados en Latina, Hospital y Universidad. La enérgica propaganda republicana desconcertaba a unos monárquicos divididos, incapaces de realizar una campaña ordenada y reticentes a visitar los barrios populares, considerando que la conquista de votos seguía dependiendo del ejercicio de la influencia oficial. Se planteó el escenario de una hipotética victoria en Madrid como una herida de muerte para las instituciones estatales y se redoblaron los esfuerzos en los barrios periféricos, organizándose discursos en zonas proletarizadas como la de Cuatro Caminos (donde el Gobierno desplegó todo tipo de precauciones rodeando el local donde intervinieron los oradores de parejas de la guardia civil y agentes de orden público), Guindalera y en las barriadas de Puente de Toledo (Latina) y Peñuelas (Inclusa) en la zona sur 51.

El triunfo republicano fue incontestable. La prensa extranjera vaticinó un éxito limitado a la obtención de dos actas de diputado 52. No obstante, la victoria sobrepasó estos pronósticos y los coaligados sacaron triunfantes a sus seis candidatos. Mientras la prensa republicana destacó la disciplina mostrada durante la campaña, la organización de las juventudes recorriendo los colegios electorales y los mecanismos para combatir el fraude como puntales de la victoria, la monárquica achacó la derrota a la ausencia de los conservadores en la arena electoral. Ese fenómeno se entendió como decisivo para generar una fuerte abstención en las urnas favorable a los republicanos. Bastaba esto para empequeñecer el éxito republicano, explicado también por la escasa significación de los nombres que aparecieron en las listas liberales y la nula confianza que despertaba su política 53. Pero a pesar de estas declaraciones, tampoco escapaba a nadie que los excesos de confianza de los partidos del turno podían tener consecuencias funestas en Madrid. Cada vez era más evidente que los manejos gubernamentales en este punto no surtían el mismo efecto que los desarrollados en los distritos rurales, especialmente en momentos de gran movilización y excitación de la opinión pública.

La desagregación de datos por distritos permite extraer conclusiones más precisas sobre la tendencia del voto en estas elecciones. Inclusa se consolidó como bastión republicano. Los seis candidatos de la coalición doblaron en número de sufragios a los que figuraban en la lista ministerial, lo que ponía de manifiesto la incesante agitación y propaganda desarrollada por los miembros de la Juventud Republicana en sus secciones. Muy similar fue el panorama presentado por Latina, Hospital y Universidad, donde Salmerón, el más respaldado, consiguió cerca de mil votos más que De la Presilla, primero en las listas ministeriales. En Hospicio y Audiencia, la lucha fue más reñida. En el caso del primer distrito, la mayor igualdad se explica por las diferencias observadas en el ejercicio del sufragio entre las secciones correspondientes al casco antiguo y las del Ensanche. Los vecinos de calles como la de Fuencarral y otras situadas en los alrededores dieron un amplio apoyo a los liberales, quedando los republicanos en un plano secundario. La Glorieta de Bilbao marcaba un punto de inflexión en el comportamiento del electorado, que en las secciones situadas hacia el norte pasaban a votar en masa a los representantes de la unión republicana. En Audiencia, los escasos trescientos votos que mediaban entre Céspedes y Esquerdo respondían al fuerte apoyo que el primero y el resto de candidatos de su lista obtuvieron en las secciones correspondientes con las calles situadas en los alrededores del Ayuntamiento y del Gobierno Civil.

La situación presentada en estos distritos contrastaba con la de Buenavista, Palacio o Congreso, cuya tendencia monárquica se plasmó en los más de tres mil votos que recibieron los ministeriales. En la sección 11 de la primera demarcación, que integraba algunas de las calles más caras de la ciudad (Paseo de la Castellana, Paseo del Cisne y Juan Bravo), De la Presilla y Céspedes triplicaron los sufragios conseguidos por Salmerón y compañía. Tampoco debía extrañar a nadie una derrota abultada en Palacio, donde a un vecindario poco receptivo a las ideas republicanas había que añadir la fuerte influencia que el Gobierno podía desplegar sobre ciertas secciones como la 22, en torno al Palacio Real. En el distrito de Centro también triunfaron los ministeriales, aunque por un margen de sufragios casi imperceptible. El empresario teatral Cándido Lara y el comerciante Federico Ortiz representaron los dos extremos de su candidatura en número de votos, pero Salmerón y Esquerdo quedaron a apenas diez votos de los cosechados por el segundo. El análisis de los resultados de esta zona por secciones revela una clara división en el comportamiento electoral dependiente de la naturaleza de cada barrio y de unas condiciones de vida que quedaban claramente explicitadas por los tipos de alquileres de las casas. Las primeras ofrecieron un balance favorable para los candidatos ministeriales, especialmente nítido en el caso de la sección 4, que aglutinaba a los vecinos de las calles de Jacometrezo e Hita, un espacio que ya en tiempos del Sexenio y en comicios posteriores había demostrado su condición liberal. En el caso de secciones como la 10 y la 11 (la primera en torno a la Costanilla de los Ángeles donde se situaba el centro electoral republicano del distrito y calles aledañas y la segunda en torno a calles de segundo y tercer orden entre la calle Mayor y la de Arenal), el triunfo republicano quedó asegurado gracias a la confianza depositada por una población de extracción social más baja, con significativos porcentajes de jornaleros y trabajadores manuales, y al apoyo que también pudieron brindar un importante número de pequeños comerciantes, perjudicados por la cuestión de los arbitrios municipales en junio de 1892.

Tabla 3
Resultados por distritos de las elecciones de diputados a Cortes de 1893

La victoria republicana en Madrid abría las puertas a la consecución de objetivos de mayor alcance. Durante la campaña referente a las elecciones generales, la prensa del partido ya había recalcado la importancia de sacar triunfantes las candidaturas en las grandes ciudades por la significación y el impacto que ese éxito podría tener a nivel nacional y porque además serviría como preparación altamente favorable para los comicios municipales. En ellos, la aspiración era dejar en manos de la alianza republicana el control de la mayoría de los Ayuntamientos de España empezando por el de Madrid. Si su consistorio quedaba formado por una mayoría republicana, habría grandes posibilidades de acabar con la imposición de alcaldes a través de reales órdenes.

Gráfico 4
Geografía del voto por distritos municipales en las Elecciones a Cortes de 1893

Fuente: AVM, Secretaría, 10-161-13, y BOPM, 6 de marzo de 1893.

Conclusión

El restablecimiento del sufragio universal masculino en 1890 significó en Madrid un evidente punto de ruptura con unos comicios electorales que desde comienzos de la Restauración silenciaron la libre expresión de la soberanía nacional. La nueva Ley Electoral multiplicó por cinco el censo de la ciudad y sacó del olvido a miles de jornaleros y trabajadores manuales deshabilitados para expresar sus opiniones políticas desde los tiempos del Sexenio Democrático. Durante los debates que precedieron a la introducción de esa legislación, los republicanos consideraron que no traería consecuencias significativas y que sería incapaz de favorecer el cambio gubernamental mediante un movimiento de opinión legal. Pesarían más, a su juicio, la injerencia y la corrupción, que se mantendrían en los parámetros fijados hasta entonces, si bien quizás intensificándose nuevos mecanismos de adulteración electoral como la compra de votos entre las masas neutrales. Sin embargo, esos presagios cambiaron ostensiblemente con la celebración de los primeros comicios legislativos y municipales al amparo de la nueva normativa.

La recuperación de un voto libre y autónomo desempolvó el arraigo que una fuerza contestataria como el republicanismo había comenzado a desarrollar en diferentes áreas populares del casco antiguo y del Ensanche antes de la Restauración. Las elecciones a Cortes de 1891 pusieron de manifiesto que las expectativas de triunfo en el corazón de la Monarquía no dependían tanto de las clientelas y los resortes administrativos utilizados por los partidos del turno, sino de la superación del retraimiento y del grado de unión mostrado por las fuerzas políticas que formaban parte de la oposición al régimen. Los resultados de esa cita hicieron comprender la relevancia estratégica de una coalición republicana que se fue tejiendo progresivamente hasta la definitiva formación de la Unión Republicana en enero de 1893, preludio de la creada bajo el liderazgo de Nicolás Salmerón una década después.

Madrid fue una de las primeras ciudades en las que se ensayó esa fórmula unitaria con motivo de las elecciones municipales celebradas en mayo de 1891. Una cita que hasta entonces había tenido una importancia meramente administrativa se convirtió en el fiel reflejo de la animadversión que entre la opinión pública madrileña generó el Ayuntamiento de la capital durante la década precedente, salpicado por negligencias y episodios de corrupción que afectaron a la alcaldía, al Gobierno y a ediles que utilizaban sus cargos como meros trampolines para acceder a puestos de mayor significación política. Los republicanos reactivaron sus plataformas de movilización con ocasión de esos comicios para plantear programas de actuación municipal y mecanismos de depuración del recién estrenado sufragio universal. Los centros electorales, los mítines y los contactos directos con el vecindario facilitaron una victoria que quedó después reforzada con las posturas adoptadas por los concejales triunfantes en esas elecciones, consagrados al objetivo de lograr la purificación administrativa y moral del municipio.

El incontestable triunfo republicano en las elecciones a Cortes de marzo de 1893 no puede entenderse sin atender a un contexto previo en el que la minoría republicana en el Ayuntamiento de Madrid supo ganarse el favor de un electorado que no solo integraba a las clases populares comprometidas con la causa del partido desde los tiempos del Sexenio, sino que también acogía a representantes de una emergente clase media representada por sectores industriales y mercantiles que vieron defendidos sus intereses económicos y sociales por los concejales republicanos. Esto explica la práctica uniformidad de la victoria en la capital, solo emborronada por los resultados que depararon distritos que se mantuvieron adversos a los partidos políticos de la oposición durante todo el periodo de la Restauración, ya fuera por el matiz conservador (Buenavista) o por el posicionamiento decididamente oficial y cortesano de sus habitantes (Palacio).

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