Ayer 140 (4) 2025: 129-154
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2025
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/2233
© Ana Martínez Rus
Recibido: 29-02-2024 Aceptado: 18-06-2024 Publicado on-line: 07-10-2025
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License
La industria editorial ante la guerra y la revolución. Entre el boicot y las ventas en América (1936-1939) *
Ana Martínez Rus
Universidad Complutense de Madrid
amartine@ucm.es
Resumen: En este artículo se analiza la importancia del mercado americano para la industria editorial de la zona republicana durante la Guerra Civil. Aparte de los ingresos económicos, este comercio permitió eludir los controles obreros de las empresas y las regulaciones oficiales. Además, las sucursales se convirtieron en empresas independientes, abriendo el camino para transformar las filiales comerciales en filiales productivas. La crisis bélica representó una etapa de transición de un modelo de explotación comercial a otro productivo en los países americanos.
Palabras clave: Guerra Civil, industria editorial, mercado americano, exportación de libros, boicot económico.
Abstract: This article analyses the importance of the American market for the publishing industry in the Republican zone during the Spanish civil war. Apart from the economic income, this trade allowed companies to circumvent labour controls and official regulations. In addition, the branches became independent companies, paving the way for the transformation of commercial subsidiaries into productive subsidiaries. The war crisis represented a transition from a commercial model of exploitation to a productive one in the American countries.
Keywords: Spanish Civil War, publishing industry, American market, book export, economic boycott.
En la zona republicana, las editoriales comerciales sufrieron una metamorfosis en la propiedad y en la gestión provocada por la revolución que desató el golpe de Estado y la Guerra Civil. Muchas firmas fueron incautadas por sindicatos o comités de empresa, o bien fueron intervenidas por entidades oficiales. En algunos casos, los nuevos comités sindicales convivieron con sus anteriores propietarios, tras pactar la intervención, o bien mantuvieron a sus dueños en sus puestos, pero en otros casos los sellos fueron colectivizados, especialmente en Cataluña. Para contrarrestar esta situación recurrieron al comercio en América mediante los fieles empleados de delegaciones y sucursales, que se encargaron de asegurar este negocio a sus legítimos dueños, sorteando el intervencionismo oficial y el control de los comités obreros. Ante la imposibilidad de seguir con normalidad la actividad y de vender libros en toda la Península, recurrieron a los mercados americanos, salida natural de las publicaciones españolas, que en este contexto cobraron una vital importancia. Las ventas al otro lado del Atlántico aseguraron a los editores unos ingresos básicos para sobrevivir durante la contienda. Además, a través de sus representantes, que utilizaron distintas estrategias para asegurarles el cobro directo de las ganancias, pudieron manejar parte de sus negocios. Algunas filiales se dedicaron a la edición para abastecer mejor en aquellas plazas, e incluso se independizaron de la casa central para impedir que ese capital revertiera en los trabajadores y en las arcas públicas. Espasa-Calpe Argentina llegó incluso a exportar publicaciones a la España franquista. Aparte de boicotear la economía republicana, estas prácticas fueron una respuesta a las cuentas bancarias congeladas, al control de divisas, a las decisiones de los comités sindicales y a las colectivizaciones. Los dueños pudieron supervisar esas operaciones gracias a los delegados, quienes pusieron los ingresos en cuentas bancarias en el extranjero o en la España de Franco 1.
La respuesta de los editores a las incautaciones y colectivizaciones de empresas, así como a las restricciones económicas impuestas por la Administración, fue utilizar el mercado americano para escapar de todos los controles. Esta salida estuvo muy generalizada entre los sellos comerciales de la España republicana que contaban con sucursales o representantes en América. Estas filiales o delegaciones, bajo el control de fieles empleados, no solo se convirtieron en la principal fuente de ingresos, sino que fueron el instrumento eficaz para que los propietarios sortearan el intervencionismo estatal y la gestión de los comités obreros. En buena medida contribuyeron a que los dueños, tanto los huidos a zona sublevada como los que permanecieron en territorio gubernamental, mantuvieran la gestión de parte de sus negocios. Muchas firmas utilizaron sus depósitos y sucursales para burlar las decisiones de los comités de trabajadores y obtener directamente las ganancias del comercio librero en aquellas plazas. Estos datos revelan claramente que los empresarios del libro boicotearon la economía republicana. Fue una reacción a las consecuencias derivadas de la revolución en sus empresas, un mecanismo de defensa para esquivar la pérdida de gestión y propiedad de sus editoriales. Frente a las cuentas bancarias congeladas, la supervisión de divisas, las decisiones de los comités sindicales o las colectivizaciones decidieron vigilar las transacciones en Iberoamérica de manera indirecta. El mercado americano se convirtió en el refugio de las editoriales intervenidas y en el escenario privilegiado de los propietarios para eludir la legislación oficial y las decisiones de los asalariados que gestionaban sus negocios en España.
Las transacciones en el continente americano fueron la tabla de salvación de las firmas, sobre todo de aquellas que ya tenían antes de la guerra una fuerte implantación y una sólida red comercial. Las ventas se realizaron a través de exportaciones de obras del catálogo, reediciones y nuevos títulos desde la Península, y mediante la liquidación de las existencias previas almacenadas en depósitos, delegaciones o filiales, situados en las principales ciudades del continente. Aparte del beneficio económico, el comercio con los países de habla hispana permitió sortear las injerencias oficiales y la tutela obrera de las empresas. Los propietarios pudieron dirigir esas operaciones gracias a la colaboración de empleados leales, quienes pusieron los ingresos en cuentas en el extranjero o en la España de Franco. De hecho, utilizaron diferentes argucias para impedir que esos ingresos cayeran en manos de la Administración republicana o de los comités obreros. Muchos de los representantes y delegados llevaban años defendiendo los intereses de los editores al otro lado del Atlántico. El representante de Sopena en Buenos Aires, Joaquín de Oteyza, consiguió esquivar las decisiones del comité obrero en connivencia con Joaquín Sopena e impidió que recibieran las ganancias, desviando los ingresos a una cuenta bancaria en Burgos. Gustavo Gili consiguió que su hijo se trasladara a París para gestionar directamente las ventas en América sin presiones.
Las ventas en Hispanoamérica fueron decisivas para la supervivencia económica de casas como Espasa-Calpe, Gustavo Gili, Sopena, Juventud o Salvat, pero sobre todo para seguir controlando esas actividades comerciales ajenas al intervencionismo económico y al criterio obrero. Además, algunos sellos como Espasa-Calpe, Juventud o Labor consiguieron transformar sus filiales y delegaciones en empresas independientes para editar directamente allí y abastecer aquellos mercados satisfactoriamente, e incluso importarlos a la España franquista como el caso de Espasa-Calpe. Labor convirtió su sucursal directamente en una empresa argentina en 1936, Espasa-Calpe hizo lo mismo con la suya en 1937 y Juventud abrió su sello argentino en 1938 bajo la dirección de su antiguo representante Joaquín Torres. Incluso la filial mexicana de Espasa-Calpe pasó a depender estatuariamente de la empresa argentina para que las ventas no fuesen a parar a la sede central de Madrid. El objetivo que perseguían era protegerse legalmente ante posibles reclamaciones económicas de la casa matriz. Con la conversión de estas sucursales en compañías argentinas de pleno derecho se aseguraron de que los beneficios económicos de América no revirtieran en los comités de trabajadores, aunque el capital inicial procedía de las editoriales españolas 2.
Las dificultades para continuar la actividad editorial en la Península repercutieron negativamente en el comercio al otro lado del Atlántico. En principio la decisión de editar desde las filiales era una solución lógica para paliar la situación en España e impedir que los sellos españoles perdieran su posición de dominio en aquellos mercados. Pero la constitución de sociedades independientes tenía otra razón de peso, ya que buscaba la ruptura con los comités sindicales para que no tuvieran ninguna capacidad de decisión ni posibilidad de beneficiarse de ese negocio. Aquellas editoriales que no pudieron transformar sus filiales o delegaciones en sociedades extranjeras desarrollaron todo tipo de estratagemas en complicidad con sus representantes en los países hispanoamericanos para privar de esos ingresos a los nuevos gestores obreros y ponerlos a buen recaudo.
Asimismo, la actividad editorial de las antiguas sucursales trató de evitar la aparición de ediciones fraudulentas y la llegada de libros desde la Península mediante canales ilegales. Las ediciones clandestinas eran un problema recurrente en estos mercados desde hacía décadas debido a la demanda desatendida y a la desprotección de la propiedad intelectual en Hispanoamérica. Estas ediciones anónimas sin pie de imprenta o con nombres de supuestas editoriales suponían una competencia desleal muy fuerte, y la ruina de editores y escritores al no pagar derechos de autor. El éxito de la primeras ediciones pirata —populares, de quiosco y de mala calidad— abrió la puerta a versiones más sofisticadas, ya que la impunidad generalizada contribuyó a mejorar el procedimiento. De hecho, lo más grave era el plagio de ediciones legales, incluyendo obras técnicas, vendidas a los mismos precios y con destino a las librerías. Los primeros ejemplares que mutilaban el texto original e incluso eran malas traducciones dejaron paso a la copia de la versión legítima, aparecida en España como una obra de éxito seguro. Aparte del retraso en la distribución de publicaciones por las enormes distancias, la edición fraudulenta también era hija del excesivo precio de los libros españoles.
Por otro lado, la guerra propició un fenómeno muy extendido en Hispanoamérica, relacionado con la demanda insatisfecha y con las necesidades de la población española. Buenos Aires y otras ciudades se vieron inundadas de obras españolas a precios bajos, que dinamitaban las relaciones convencionales del comercio librero. Procedían de profesionales del libro sin escrúpulos o piratas que compraban directamente en España y pagaban atendiendo al mercado negro de cambio. Las carencias de los ciudadanos provocaron la venta de sus bienes, incluidas las bibliotecas particulares o colecciones de libros más modestas. Esta situación fue el caldo de cultivo para que muchos desaprensivos hicieran pingües negocios a costa de las privaciones y del hambre de la gente. Además, estas prácticas se fueron perfeccionando y se empezaron a importar también publicaciones de distribuidores y almacenes en paralelo a los circuitos legales. Asimismo, esta disposición también respondía al encarecimiento de los precios oficiales de las editoriales de España como consecuencia de la imposibilidad de continuar con la actividad normal, la escasez de materias primas y el incremento de costes salariales y materiales. La subida de precios fue un recurso de los sellos para hacer frente a las pérdidas y a los nuevos costes de producción, aunque en muchos casos el incremento se aplicó tanto a libros de fondo como a nuevos títulos.
Los libros fueron utilizados como moneda de cambio para adquirir víveres que paliasen el hambre y la escasez. En concreto tenemos documentada una red para la compra-venta de publicaciones entre Barcelona y Buenos Aires, según denunció Joaquín de Oteyza a los hermanos Salvat, ya que lesionaba sus intereses y los de otras editoriales representadas. El procedimiento era el siguiente: ciudadanos particulares de Barcelona compraban libros para revenderlos en Argentina a cambio de víveres. En general, los comerciantes enviaban a la Península alimentos por debajo del valor de los libros o incluso en mal estado. A continuación, los libreros compraban los ejemplares a precios muy bajos a los dueños de los almacenes de comestibles. Y, por último, se ponían a la venta en las librerías a un precio inferior del marcado por las editoriales españolas, incluidas las que tenían sucursales en la capital argentina. Esta competencia desleal que lesionaba los intereses de las editoriales respondía al estado de necesidad de la población, que recurría a la compra-venta de libros para adquirir víveres en el extranjero, ya que era complicado girar dinero desde España por las restricciones a la salida de capital y la fiscalización de las cuentas bancarias. Además, como el negocio funcionó y generaba beneficios a los intermediarios, a los dueños de ultramarinos y a los libreros argentinos, la organización clandestina perfeccionó su funcionamiento realizando pedidos masivos de títulos concretos de todos los sellos catalanes, que a su vez revendían principalmente a los libreros de la capital argentina.
En este sentido, destaca la carta que Oteyza envió el 17 de diciembre de 1938 a Santiago y Fernando Salvat, donde alertaba de la venta de libros españoles en Argentina, en particular de firmas catalanas, por parte de particulares a cambio de alimentos:
«Hace tiempo que en las librerías de la Argentina se venden libros de editoriales de Barcelona que al principio no parecía de una procedencia muy directa. Entonces descubrimos que eran libros comprados por ciudadanos particulares de esa y que los remitían aquí a unos almacenistas de víveres, que a cambio de su valor les remitían comestibles. Algunos libreros desaprensivos, o mejor dicho, celosos cuidadores de sus intereses, compraban a un precio bajísimo esos libros y el almacenista remitía comestibles por menos de la mitad del valor cobrado.
El tiempo fué [sic] pasando y como todos los negocios en América fué [sic] tomando cuerpo y progreso, y hoy parece ser que hay una perfecta organización entre unos de aquí y otros de allí, que venden libros de todas las Editoriales pero, no ya como antes unos libros sueltos y heterogéneos sino ateniéndose a unos pedidos exactos de los compradores, y en cantidades de alguna consideración. Parece ser que José Ballesta, antiguo vendedor y comisionista en España, es el que aquí capitanea esa agencia, que podíamos llamar clandestina. Allí compran al contado en pesetas y aquí venden con pagarés aceptados en pesos, ateniéndose a unas tarifas de descuentos más bajas que las marcadas por las casas que aquí tienen sucursal y de las que no tienen sucursales venden como quieren, por la facilidad de disponer de la mercancía para los pequeños compradores» 3.
Añadía que Pedro García, de la librería El Ateneo, era uno de los más beneficiados con esas compras clandestinas y no entendía cómo podían conseguir los permisos de exportación 4. Pero lógicamente las circunstancias excepcionales y la necesidad agudizaban el ingenio, utilizando caminos tortuosos para estas transacciones.
También Manuel Olarra, el director de Espasa-Calpe Argentina, se enfrentó a este problema de los libreros sin escrúpulos de Buenos Aires que compraban ejemplares en el mercado negro llegados directamente de la Península 5. Seguramente muchos de esos libros también procedían de bibliotecas particulares. En este sentido destaca un anuncio que apareció en La Prensa. Diario Republicano de Santa Cruz de Tenerife el 28 de octubre de 1938: «LE INTERESA vender sus libros? La casa Goya, Castillo, 29, se los pagará mejor que nadie. ¡No pierda la ocasión! Nos interesan obras de las editoriales Labor, Espasa-Calpe, Aguilar, Gallach, Montaner, etc. Pagos al contado» 6. El mismo aviso volvió a aparecer de manera recurrente en días sucesivos: el 30 de octubre; 4, 5, 6, 11, 12, 17, 20, 23, 26 y 30 de noviembre, y 1, 2, 3 y 7 de diciembre.
Este fenómeno refleja perfectamente las penurias que provocó la guerra, que propiciaron el intercambio de libros por comida o dinero a través de intermediarios. Representaba un claro ejemplo de competencia desleal porque dinamitaba las prácticas habituales del comercio de librería en la capital argentina. De este modo, los profesionales del libro no fueron los únicos que recurrieron al comercio de ejemplares para sobrevivir durante la contienda.
En relación con la explotación de los mercados americanos cabe destacar la labor fallida del Instituto del Libro Español (ILE), creado en abril de 1935, para racionalizar de manera conjunta el comercio con aquellos países. Pero las resistencias de los profesionales del libro al intervencionismo estatal frustraron el proyecto. El propósito principal era la instalación de depósitos de publicaciones en las principales capitales del continente. La elección de México para instalar el primero fue rechazada por las presiones de Espasa-Calpe, que tenía filial en el país azteca desde 1929 y no quería perder su situación de privilegio en esa plaza. Para defender sus intereses incluso movilizó a los libreros mexicanos, que se constituyeron en asociación corporativa para oponerse a esa decisión. Los editores catalanes se negaron a abrir un depósito en Buenos Aires porque era un mercado trabajado por los principales sellos de Barcelona. Las editoriales recelaban de los depósitos por las injerencias oficiales y los trámites burocráticos. Las condiciones y características de los depósitos limitaban la iniciativa privada, y perjudicaban la red mercantil establecida particularmente por cada casa en aquellas plazas. De hecho, temían perder el contacto con el mercado si el depósito fracasaba o desaparecía, ya que anulaba el sistema de venta previo. Joaquín Sopena y Gustavo Gili, contrarios al Instituto y a los depósitos, habían establecido en marzo de 1935 en colaboración con la editorial Salvat un depósito conjunto con los fondos de sus catálogos en Buenos Aires. Establecieron 250.000 kilos de libros con valor aproximado de 1.300.000 pesetas para abastecer las librerías argentinas y redistribuir pedidos a Chile, Uruguay y Paraguay. Y lógicamente la posibilidad de instalar un depósito en este país o en otro cercano de toda la producción bibliográfica nacional representaba una fuerte competencia, pues anulaba la ventaja inicial que tenían respecto al resto de las editoriales españolas. Finalmente, en junio de 1936 se aprobó el establecimiento de un depósito en Santiago de Chile, vivero de ediciones pirata, pero el conflicto bélico impidió que se hiciese realidad. El Instituto desapareció por un decreto el 3 octubre de 1936.
La importancia del mercado, los problemas en la distribución y venta de libros, y la competencia extranjera habían puesto de manifiesto la necesidad de crear una asociación de editores y libreros que abordase conjuntamente la exportación del libro español. El objetivo de esta organización colectiva sería el establecimiento de un gran centro distribuidor o de varios en las principales capitales americanas para reducir gastos y conseguir eficazmente la colocación de los libros en los mercados hispanos. De este modo se organizaría la exportación de libros a América, atendiendo a criterios de mercado y no a las rigideces de las compras en firme, ni a las falsas expectativas que originaba el servicio de novedades. Muchos fueron los intentos y proyectos a realizar desde fines del siglo xix hasta la década de 1930, pero fracasaron por problemas financieros y por la desconfianza de la mayoría de los editores hacia un depósito que reuniera las obras de todas las editoriales españolas, convencidos de la competencia negativa que supondría para sus fondos editoriales.
Sobre el escaso sentido colectivo de la industria librera destaca la experiencia de Ruiz Castillo al frente de Renacimiento, quien tuvo que recurrir a la Casa Garnier de París para conseguir la lista y los datos de los principales libreros americanos porque los editores españoles guardaban esta información celosamente. Además, la excesiva atomización de la industria editorial había impedido coordinar una acción colectiva de estas características. En este sentido, las únicas iniciativas hechas realidad, el Sindicato Exportador del Libro Español (SELE) impulsado por un grupo de editores madrileños en 1930 para organizar conjuntamente la exportación de libros y el Consorcio Nacional de Editores Exportadores constituido en Barcelona un año antes con el mismo fin, no consiguieron agrupar a la totalidad de los profesionales del país. Por otra parte, los intereses de los corresponsales ya establecidos no contribuían al desarrollo de iniciativas conjuntas, ya que sustituían su función. Los editores y libreros se habían mostrado incapaces de sistematizar el comercio con América. De ahí las constantes quejas y escritos enviados a los ministerios de Comercio y de Estado pidiendo ayuda para superar los numerosos obstáculos que entorpecían la exportación de libros. Solicitaron apoyo económico e institucional, pero cuando el Estado intervino para regular la situación se opusieron. Además, las protestas dilataron en el tiempo la puesta en marcha del proyecto 7.
Si hubiese cuajado la organización comercial propuesta por el ILE, centralizando todas las ventas de los sellos españoles en varios almacenes de América y controlados por la Administración, los editores no hubieran podido utilizar el comercio americano para soslayar las medidas económicas que se impusieron en la Península como consecuencia de la guerra o al menos hubiera sido mucho más complicado. De hecho, Sopena y Gili, opuestos a los depósitos, fueron dos de las firmas que utilizaron estos mercados durante la contienda para sortear las restricciones legales y la actuación de los consejos obreros.
La guerra frenó la proyección editorial española en América iniciada a fines del siglo xix, pero también contribuyó a replantear el negocio librero en aquellos mercados. A partir de entonces las filiales se concibieron no solo para distribuir y vender los libros españoles, sino para producir directamente en aquellas plazas. La contienda supuso un punto de inflexión en el comercio al otro lado del Atlántico, pero no solo en sentido negativo por la interrupción de la actividad habitual en la Península. Las sucursales que editaron en el continente americano durante los años de conflicto abrieron nuevas posibilidades de negocio, aparte de atender la demanda de publicaciones de manera más rápida y eficaz. Esta circunstancia explica que durante la posguerra aparecieran sucursales de los principales sellos españoles con el objetivo de editar y no solo como depósitos de libros. Las filiales comerciales dieron paso a las filiales productivas. Además, la censura franquista contribuyó a acelerar este proceso para publicar en aquellos países todo lo prohibido en España. Aguilar, Sopena o Gili abrieron filiales en Hispanoamérica después de 1945.
Hasta ahora la Guerra Civil solo se ha contemplado como una interrupción en el proceso de internacionalización de la industria editorial española 8. Pero ese periodo crítico también representó una oportunidad, al reorientar el negocio librero en función de la experiencia bélica y de sus enseñanzas. Las ventas en América aseguraron unos beneficios indispensables para la viabilidad económica de las firmas en esas circunstancias excepcionales y permitieron la explotación directa por parte de sus propietarios sorteando los comités obreros y la intervención oficial. Además, las sucursales de Espasa-Calpe, Juventud y Labor en Buenos Aires demostraron las ventajas de la edición en América y mostraron el camino al resto. La producción editorial en aquellos países empezó a ser prioritaria para las empresas españolas por el volumen de negocio y las virtudes que representaba para el dominio de aquellos mercados. La censura también fue determinante en el establecimiento de filiales, aunque las consecuencias de la autarquía y los efectos de la Segunda Guerra Mundial retrasaron su implantación. La industria del libro no pudo emprender esa aventura tras 1939, pero aprendió la lección. Ante las dificultades para editar en la Península y las crecientes trabas en las travesías a los puertos americanos, se impuso otra forma de relación con los clientes de aquel vasto continente. Los desajustes en la producción y comercialización del libro que provocaron la fractura de 1936 pusieron en un brete a la industria editorial, cuestionando la exportación tradicional desde España. La crisis bélica representó una etapa de transición de un modelo de explotación comercial de los mercados americanos a otro productivo, aunque no se pudo poner en práctica de manera inmediata.
Durante la contienda, Gustavo Gili vivió vendiendo ejemplares de bibliofilia de su colección particular, así como libros de su fondo editorial en los países de América Latina, exportando desde Barcelona y agotando los títulos que se encontraban repartidos previamente en depósitos y delegaciones de las principales capitales como Oteyza en Buenos Aires o Barreiro Ramos en Montevideo. Antes de la guerra, la proyección de Gili en Iberoamérica era muy acusada, llegando incluso a renunciar a establecer una imprenta en la Ciudad Condal a cambio de fomentar una sólida red de difusión y distribución al otro lado del Atlántico 9. El mercado hispano fue de vital importancia durante la contienda para todos los editores comerciales de la zona republicana. Por este motivo, en abril de 1937, Gili organizó, junto con otros sellos como Molino, Araluce o Luis Miracle, el viaje de dos delegados para agilizar las ventas y acelerar el cobro de créditos en aquellas tierras. Esta misión se financiaría con comisiones de cada firma, una en función de los nuevos pedidos y otra sobre los pagos reembolsados. Gili se encargó de recabar las firmas del responsable y de dos miembros del control obrero de cada editorial para enviar la instancia al Consejo de Economía de la Generalitat. Además, uno de los delegados elegidos fue su propio hijo, Gustavo Gili Esteve, junto con Enrique Ferrer Prades, secretario de la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona.
Sobre el control de cuentas bancarias por parte del Banco de España destaca un escrito del 7 de agosto del Centro de Contratación de Moneda donde le reclamaban la cantidad de 259,40 dólares depositados en una cuenta particular de Gili en el Barcklays Bank Ltd. de Londres en concepto del cobro de un cheque procedente del Banco de Venezuela. Para justificar la utilización de esa cuenta en el extranjero Gili argumentó que ese importe procedía de la venta de ejemplares de bibliofilia de su biblioteca particular y no directamente de su negocio editorial. Además, señaló que ese dinero se estaba utilizando para sufragar los gastos del viaje de Ferrer Prades y Gili Esteve a distintos países de América en representación de varios sellos con el objetivo de desbloquear los créditos e incrementar las exportaciones. Y añadió que esas gestiones reportarían divisas extranjeras que en su día se entregarían al Centro de Contratación. Por último, indicó que esa misión comercial había sido declarada de utilidad pública por el Consejo de Economía de la Generalitat, autorizando todos los permisos. No obstante, se comprometía a reintegrar esa cantidad del banco londinense a su cuenta para ponerlo a disposición del mencionado Centro de Moneda. En realidad, el grueso de los ingresos obtenidos del comercio americano por las editoriales durante los años de guerra se depositó en cuentas bancarias extranjeras para escapar de la fiscalización de organismos oficiales y de los comités obreros de las empresas 10.
De hecho, Gili se quejó desde fecha temprana del bloqueo de cuentas corrientes y de las circunstancias concretas que permitían sacar dinero del banco, como atestigua la carta del 26 de agosto de 1936 enviada al impresor Francisco Nerecán, donde describía la situación crítica de su negocio debido al frenazo de la actividad por la guerra:
«El negocio paralizado casi por completo; solo se recibe algún pedido de América, que se sirve con más o menos dificultades. Las cuentas corrientes bancarias están bloqueadas, y no permite retirar fondos más que para pagar jornales de los obreros, sueldos de la dependencia y 1.500 pesetas al mes para mis gastos personales. En ciertos casos se autorizan cantidades para el pago de primeras materias, si se demuestra la necesidad de ellas» [la cursiva es mía] 11.
Su hijo y apoderado se estableció definitivamente en París para ocuparse del comercio con América sin trabas ni intervenciones burocráticas, tras su viaje a varios países para agilizar las ventas en representación propia y de otras firmas catalanas. En el verano de 1937 visitó Chile, Uruguay, Argentina y Brasil, mercado en lengua portuguesa pero clave para los libros técnicos, para mejorar los contactos con corresponsales y libreros. Al mismo tiempo los advirtió de las nuevas prácticas editoriales para asegurarse el beneficio directo de las ventas, sorteando la política económica oficial y la intervención de los trabajadores en la gestión de los negocios. Desde la capital parisina pudo operar con total libertad asegurando los ingresos del comercio en cuentas extranjeras.
En otros casos Gili incluso contó con la ayuda de autores y colaboradores establecidos en América para las ventas en aquellas plazas. Este fue el caso, por ejemplo, de Vicente A. Salaverri, afincado en Montevideo, quien se ocupó de recibir 800 ejemplares para la venta de su libro Este era un país..., que había editado Gili en 1937 con una tirada de 1.000 ejemplares en papel normal y 100 en papel superior. El resto fue destinado a los agentes Joaquín Oteyza en Buenos Aires y a Guillermo Barreiro en Montevideo para la distribución en librerías. En otra ocasión fue la Carnegie Endowment for International Peace de Nueva York quien asumió la distribución de 8.539 ejemplares del título La paz y el pueblo, de Norman Angell, en octubre de 1936 por valor 18.500 pesetas, enviados en dieciséis cajas por barco. Gili había pedido a esta fundación, que había promovido la traducción de esta obra, que se ocupara de su difusión en los países de la América española. La agencia de librería Samotracia de Buenos Aires asumió la venta a plazos de obras de Gili junto con las de Salvat y Sopena. También contó con la infraestructura de la Editorial y Librería Atlántida de Constancio Vigil en Buenos Aires. De este modo explotó todos los canales y contactos para intensificar el comercio con los mercados hispanoamericanos. Normalmente los envíos de libros se realizaban a través del servicio postal como antes de la guerra porque era el medio más barato y seguro, aunque se había encarecido el doble por las circunstancias excepcionales, hasta alcanzar 0,50 pesetas el franqueo. La otra posibilidad era mandar los ejemplares a Marsella con un seguro de guerra de un 10 por 100 ad valorem y luego embarcar las cajas en dicho puerto hacia América, ya que con algunos destinos no había vapor directo con Barcelona, pero era más caro y arriesgado.
En relación con las ventas a plazos en los países americanos destaca la propuesta de Mateo Bojanic de la Agencia Samotracia de Buenos Aires durante la contienda, a pesar de las resistencias de su representante en Argentina, Joaquín de Oteyza. Anteriormente Bojanic había trabajado para la filial de Labor y conocía bien el mercado argentino. De hecho, el proyecto de ventas a plazos fue discutido con el propio Oteyza desde fines de 1935, quien incluso lo contrató para su oficina. Precisamente, tras ser rechazado su plan y ser despedido por Oteyza, Bojanic se puso por su cuenta y creó la Agencia Samotracia. Gili sí tenía interés, no podía dejar pasar esta oportunidad en una coyuntura tan negativa, donde precisamente los mercados americanos fueron cruciales para la supervivencia de la empresa y para burlar los controles obreros. De hecho, Bojanic destacó que, en los ocho primeros meses de 1937, aunque los resultados fueron modestos, había vendido libros de Gili a plazos por valor de 11.306,05 dólares, mientras que al contado solo había conseguido 2.633,95 dólares. Lógicamente, en la venta al contado era muy superior la organización del propio Oteyza. También asumió las ventas a plazos de Sopena y Salvat. Los ingresos del comercio a plazos de Salvat fueron de 7.826,75 dólares, mientras que en firme solo fueron de 3.587,65 dólares. En cuatro meses había colocado obras de Sopena por valor de 2.000 dólares a plazos y 550 dólares al contado. Era evidente la superioridad en las ventas a plazos de la Agencia Samotracia. Oteyza veía como una injerencia en su trabajo la labor de Bojanic, aparte de discrepancias en la realización y en las características de ese sistema comercial 12.
La firma Sopena, fundada por Ramón Sopena López en 1899 y con una exitosa trayectoria, fue colectivizada a pesar de la protesta de Joaquín Sopena Domper. Como director de la empresa colectivizada Ramón Sopena escribió a la Consejería de Economía de la Generalitat en 1936 para que anulase la colectivización de la editorial, amparándose en la defensa de los derechos de propiedad intelectual, pero manteniendo la de Gráficas Ramón Sopena, S. A.:
«Desde el momento que, en virtud de un nuevo orden social y económico, quedan colectivizadas las industrias y desposeídos sus antiguos propietarios de los derechos que el Estado les reconocía, es evidente que toda posible acción encaminada a evitar la edición fraudulenta en el extranjero de obras publicadas en España resulta prácticamente imposible y está llamada al fracaso, puesto que el nuevo orden niega personalidad jurídica al antiguo propietario, única persona expresamente reconocida por la legislación nacional y los convenios internacionales sobre la propiedad intelectual vigentes en demás países» [la cursiva es mía] 13.
Además, exponía que eran empresas totalmente diferenciadas, como demostraban la contribución industrial y otras tarifas tributarias. Distinguía que la editorial se dedicaba a la producción y venta de obras literarias y científicas, mientras que la imprenta se dedicaba a trabajos de artes gráficas de la editorial y de otras casas de Barcelona. Y, por último, afirmaba que la Generalitat había permitido la constitución de una sola empresa colectivizada por la confusión generada al estar ambas sociedades ubicadas en el mismo local y llevar el nombre del fundador, aparte de que la incautación fue llevada a cabo por el personal de talleres y oficinas. Aunque no consiguió revertir la situación, paradójicamente tras la guerra se benefició notablemente de la colectivización al apoderarse de las amplias reservas de papel que el complejo de la Distribuidora de Publicaciones, impulsado por Giménez Siles, dejó en sus instalaciones, y más teniendo en cuenta las restricciones y la mala calidad de esta materia prima básica durante la inmediata posguerra. También se lucró con algunas ediciones de Nuestro Pueblo, de las que se apropió cambiando las cubiertas, como La corte de los milagros y Tirano Banderas, de Valle-Inclán, en 1940, y suprimiendo las páginas comprometidas de los prologuistas Antonio Machado y Enrique Díez-Canedo, respectivamente.
Asimismo, para sortear las decisiones del comité obrero, Sopena Domper se puso de acuerdo con su representante en Argentina, Joaquín de Oteyza, para que no tuviera en cuenta ninguna indicación que fuera en una carta donde pusiera la palabra rompa. Todos los meses el comité escribía al representante en Argentina para informarse sobre la marcha del negocio y para sondear la posición política de Oteyza ante la guerra. Y la respuesta era siempre la misma: el comercio marchaba muy bien y se definía como más rojo que Lenin. En una ocasión, según su testimonio, le solicitaron la entrega de 62.000 libras en una cuenta del Banco de Europa y Norte de París para repartir equitativamente entre los trabajadores de la empresa. Para impedir que los beneficios de la venta de libros en América llegasen a la empresa de Barcelona, Oteyza abrió en 1938 una cuenta corriente en Burgos, falsificando la firma de Joaquín Sopena, donde depositó las 62.000 libras 14. De hecho, la editorial Sopena, en una carta al Servicio Nacional de Propaganda del 16 de marzo de 1939, reconoció los contactos con su representante en Buenos Aires para impedir que los ingresos argentinos llegaran a la sede catalana, controlada por el comité obrero, aunque ignoraba el procedimiento. Probablemente no se quiso dar información económica relevante con datos concretos de manera intencionada, ya que era raro que la editorial no tuviese noticias de Oteyza desde la liberación de Sopena y la ocupación de Barcelona:
«contamos con sucursal en Buenos Aires, con jurisdicción para vender con carácter exclusivo en toda la República Argentina; pero como nuestro Gerente, poco antes de ser detenido por los marxistas, y también durante su prisión, estuvo a punto de ser obligado a firmar documentos que permitieran traer a la zona roja el saldo existente allí, fué [sic] avisado el Director de la mencionada Sucursal. Pero ignoramos concretamente qué disposiciones habrá tomado para salvaguardar nuestros intereses, ni las ventas ni cobros que haya podido efectuar, así como también las disponibilidades en los Bancos de Buenos Aires, en los que tenemos cuentas. Desde Junio de 1938 desconectados de nuestra Sucursal» [la cursiva es mía] 15.
El boicot para burlar las decisiones del comité obrero en relación con las ventas en América fue la respuesta a la colectivización de la empresa. De este modo impidió que los obreros tuvieran capacidad de decisión en el comercio con América y que recibieran directamente las ganancias de esas ventas. Como sus prensas sirvieron para editar obras de las editoriales Nuestro Pueblo y Estrella, así como de distintos sellos vinculados al PCE, apenas editó por iniciativa propia, salvo escasos títulos como El crimen de Europa. Nuestra guerra, de Manuel Benavides. Debido a la importancia que tenían sus talleres en el engranaje editorial republicano, al finalizar la contienda se encontraron grandes resmas de papel. Esta circunstancia permitió que Sopena realizase un gran negocio, aparte de reanudar rápidamente la actividad, mientras que otras firmas tuvieron que enfrentarse a la continua falta de papel o bien el que conseguían era pésimo 16.
Cabe destacar que Joaquín Sopena y Gustavo Gili estuvieron detenidos varios meses por financiar el Socorro Blanco. El 29 de abril de 1938 ingresó en el Preventorio de Hombres de Barcelona, tras ser condenado por el Tribunal Especial de Guardia de tres a doce años de internamiento en campos de trabajo por alta traición en la Causa 71/38, según figura en su expediente penitenciario. El 2 de mayo, atendiendo a la prisión preventiva, se fijó que su pena se extinguiría el 31 de marzo de 1950. El 25 de junio fue trasladado al Establecimiento de Readaptación de Menores, situado en la finca Bones Horas de Cerdanyola del Vallés junto con Gustavo Gili, ya que ambos fueron encausados en el mismo proceso judicial. En diciembre de 1938 se recabó el certificado de buena conducta para unirlo a la documentación del indulto. De hecho, fue puesto en libertad el 10 de enero de 1939, pocos días antes de la caída de Barcelona 17.
La editorial Juventud, fundada por Josep Zendrera en 1923, fue colectivizada, pero él continuó firmando los contratos como director gerente y representante del comité de control de la firma. Para burlar al comité obrero, su filial argentina se convirtió en una sociedad independiente y comenzó a editar. En Buenos Aires se publicaron libros de las colecciones «La novela rosa» y «Primor», aparte de títulos de Heidi. Entre otros destacaron La historia de San Michele, de Axel Munthe, con una tirada de 5.000 ejemplares; Triunfo y tragedia de Erasmo de Rotterdam y Fouché, de Stefan Zweig; La vida de Pasteur, de Renato Vallery-Radot, y Muñequita, de Rafael Pérez y Pérez. El propósito era, lógicamente, abastecer la demanda de los mercados americanos para evitar la proliferación de ediciones fraudulentas procedentes de Chile. Pero esta nueva compañía a cargo del antiguo representante, Joaquín Torres, también pretendía sustraer las ventas a la casa madre. De hecho, al convertirse en una firma extranjera se protegía legalmente ante posibles reclamaciones desde Barcelona. Con este procedimiento consiguieron marginar al comité obrero en la toma de decisiones de la editorial argentina, a la vez que le privó de los beneficios económicos. En este sentido, los obreros, conscientes de la maniobra, se quejaron de que promover ediciones cuando todavía existían ejemplares en los almacenes de Barcelona era antipatriótico. Eran perfectamente conscientes de que esos libros invendibles repercutían negativamente en la economía del sello, y por extensión en la del país y en la suya propia 18.
La editorial Labor fue fundada como sociedad anónima en 1915 por el editor alemán Georg W. Pfleger y el médico catalán José Fornés con un capital inicial de 100.000 pesetas. Se especializó en libros científicos y técnicos. El logo elegido fue la figura simbólica del sembrador diseñada por el dibujante Feminia. Pfleger trabajaba en París en la editorial Quillet, pero recaló en Barcelona para fundar un nuevo sello, estableciendo relaciones con Julio Gibert, de la Sociedad General de Publicaciones. También formaron parte del consejo de administración Gibert; Raimon Durán i Ventosa, abogado y amigo de Fornés; George Baudoin Glaire, de la editorial Quillet, y el propio Aristide Quillet, que aportó los derechos de traducción al español y al portugués de obras de su propiedad por valor de 25.000 pesetas. En 1925 abrió una sucursal en Argentina, en 1927 en Madrid y en 1934 en Brasil.
Durante la Guerra Civil Manuel Sánchez Sarto, que era el director literario desde 1923, asumió el cargo de director gerente tras la marcha de Pfleger y Fornés y la colectivización de la empresa. Incluso llegó a ser elegido presidente de la Cámara Oficial de Barcelona. Fornés se marchó a Buenos Aires para hacerse cargo de la filial. No se rompieron relaciones con los antiguos directores, según se acordó en la primera asamblea del consejo de empresa. En noviembre de 1936 se nombró a Pfleger representante en el extranjero y a Fornés asesor técnico con unos honorarios de 1.000 pesetas mensuales más 500 para gastos de representación. Sarto se reunió con Pfleger en París en diciembre de ese mismo año y acordaron conceder al anterior gerente la distribución y venta en exclusiva del fondo de la editorial a otros países a cambio de pedidos por valor de 50.000 pesetas mensuales. En otra reunión de febrero de 1937 en Bruselas Pfleger y Fornés decidieron liquidar las filiales argentina y brasileña y crear nuevas sociedades en aquellos países. De este modo, el 4 de junio de 1937 se constituyó en Río de Janeiro la Editorial Labor del Brasil y el 17 de julio se creó la Editorial Labor Argentina, S. A. El objetivo era editar directamente e impedir que los beneficios de las ventas recalasen en Barcelona 19.
Espasa-Calpe fue incautada por un comité obrero de intervención y control de la UGT. Entre septiembre y octubre de 1936 realizó un listado con el personal de la empresa afín a los facciosos, donde aparecían los domicilios y las filiaciones políticas, que se remitió al Comité de Intervención e Incautación de Artes Gráficas de la UGT. Figuraban como contrarios a la República, de tendencias derechistas, y muchos procedían de la escuela jesuita de Tolosa 20.
Esta empresa, que era una de las más importantes en lengua castellana con delegaciones en varios países americanos, jugó a varias bandas. El consejo de administración, establecido en San Sebastián, decidió en marzo de 1937 transformar la filial de Argentina, a cargo de Gonzalo Losada y Julián Urgoiti, en una empresa independiente para defender sus intereses, centrando sus actividades en América, lejos del control sindical y de la utilización de sus instalaciones madrileñas por las editoriales de la Distribuidora de Publicaciones. Esta sucursal se desvinculó de la casa matriz por las dificultades derivadas de la guerra, y se constituyó Espasa-Calpe Argentina como sociedad anónima. El 7 de marzo el consejo envió un telegrama a Buenos Aires desde San Juan de Luz, donde informaban que habían sido anulados notarialmente los poderes de los gerentes y el personal de Madrid. Esta decisión no respondía a una falta de confianza en su criterio, sino a la dependencia del comité obrero:
«Como consecuencia de las disposiciones del Gobierno de la República, esta casa se halla intervenida por el Ministerio de Industria y Comercio por un Comité en el que tienen representación todas las secciones de la Casa. Este Comité ejerce el control de cuantas actividades desarrollamos y, en general, del trabajo y vida económica de la empresa, pudiendo decirse que comparte con la Gerencia la dirección de la compañía. Toda actuación de esta ha de responder al acuerdo de ambos, Dirección y Comité, por lo cual, ningún escrito formulado aquí, tendrá validez si no lleva, además de la firma de los apoderados, el sello del Comité» 21.
El objetivo de la creación de la compañía argentina era proteger la propiedad de la sucursal, tras la experiencia de la empresa central. Asimismo, garantizaba legalmente la negativa a remitir fondos reclamados por la sede madrileña. Las gestiones culminaron el 22 de abril y se constituyó con el activo y el pasivo de la anterior delegación. Además, dispusieron que la delegación de México a cargo de José Jiménez pasara a depender de la nueva empresa argentina para evitar la intervención y que los haberes fueran usurpados por el comité obrero. De hecho, el consejo de administración decidió, el 24 de marzo, que no se ejecutase ninguna orden que no emanase de San Sebastián. Y se prohibió cualquier contacto o correspondencia con la sede central de Ríos Rosas en Madrid y la delegación de Barcelona, aunque más tarde se fue retomando la relación comercial. Aunque inicialmente continuó distribuyendo libros de la Península, el principal cometido fue la edición de libros para abastecer adecuadamente el mercado americano. Así surgió la mítica colección de bolsillo Austral, iniciada por Gonzalo Losada con asesoramiento de Guillermo de la Torre en septiembre de 1937. El primer volumen publicado fue La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, y a fines de 1939 había alcanzado el número 100 con Flor nueva de romances viejos, de Ramón Menéndez Pidal. Fuera de esta serie aparecieron otros muchos títulos como Breviario de Estética, de Benedetto Croce; Antología poética, de Alfonsina Storni en 1938; dos volúmenes de Los grandes pensadores, o Idea de la hispanidad, de Manuel García Morente.
A fines de octubre de 1937 llegó Manuel Olarra a Buenos Aires, uno de los apoderados de la firma y de simpatías franquistas, para ponerse al frente de la nueva empresa ya que los miembros del consejo de administración de la editorial española eran los principales accionistas. Tras un intento fallido salió del Madrid republicano en junio para viajar a Francia con la promesa de volver, pero desde Pau pasó a San Sebastián, donde se encontraban los socios capitalistas de Espasa-Calpe y de La Papelera, que decidieron su traslado al otro lado del Atlántico. El propósito era adecuar la empresa a los intereses del Nuevo Estado y a partir de entonces comenzó a exportar títulos a la zona sublevada. De este modo Espasa-Calpe en España funcionó como importadora de libros argentinos de su antigua filial para mantener el negocio. No solo obtuvo la licencia para la mayoría de los libros publicados en Buenos Aires, sino que presentó a censura libros todavía no editados, haciendo depender su decisión como si el libro fuera a publicarse en España. El control sobre los planes editoriales y motivos políticos acabaron provocando la marcha de la empresa tanto de Losada como de Urgoiti. Losada fundó un sello con su nombre y Urgoiti formó parte de Sudamericana 22.
Sobre la exportación de libros a España por parte de la empresa argentina destaca el testimonio del clérigo falangista Fermín Yzurdiaga, quien acabó siendo jefe nacional de Prensa y Propaganda. Desde las páginas del periódico que dirigía en Pamplona, ¡Arriba España! Hoja de Combate de la FE de las JONS, en 1938 protestó enérgicamente contra la introducción de los libros de la colección Austral. Al mismo tiempo llamó la atención sobre el hecho de que Espasa-Calpe tuviera a la vez casa en Madrid, San Sebastián y Buenos Aires, denunciado su ambigüedad, y apelando a la necesaria depuración de sus fondos bibliográficos:
«Desde hace años funciona en nuestra España una filial o Sucursal de la Editora Espasa-Calpe. ¿Ha pasado (preguntamos) por algún tamiz el historial y los fondos editoriales de esa casa, anteriores a la guerra? ¿Es posible tener una casa en Madrid, otra en san Sebastián y otra en Buenos Aires? ¡Los triángulos nos escaman demasiado! Y vamos a precisar más, porque el escándalo es intolerable. Hoy en todos los escaparates de las librerías se expone la «Colección Austral» de la Espasa-Calpe. Tiene mucho que purgar y que rectificar esta Editora. Pues bien: sin enterarse por lo visto del nuevo espíritu de España nos presenta títulos como estos: Descartes, Discurso del Método, condenado por la Iglesia, en el Índice. El Matrimonio de Compañía, de Lindsay y Evan. De Ortega y Gasset (¡cómo no!) su Rebelión de las Masas y Tema de nuestro tiempo. El estúpido payaso Ramón Gómez de la Serna, Russell y Thomas Mann» [la cursiva es mía, excepto los títulos de los libros] 23.
En este sentido, en un informe del SIM franquista del 11 de septiembre de 1937 se señalaba que a esta editorial se le atribuía «carácter contrario al Movimiento», pero había que investigar ciertos hechos muy reveladores como el traslado a San Sebastián, estableciéndose en la plaza Vasconia, 1. De esta manera pudo reanudar ese mes el cobro de las ventas a plazos que había quedado interrumpido en la zona franquista desde el comienzo de la guerra. Esta actividad fue posible gracias al transporte de toda la documentación de sus cuentas y los nombres de los deudores, considerando que debió contar con cierta complacencia de las autoridades «rojas» para dicha operación. Pero señalaba que esta circunstancia era un agravio comparativo frente a otras empresas establecidas en Madrid de franca significación españolista 24.
Espasa-Calpe incluso publicó en la España franquista algunos títulos como Calvo Sotelo. Una vida fecunda. Un ideario político. Una doctrina económica, de Aureli Joaniquet, impreso en los talleres de Aldus en Santander, o Años decisivos. Primera parte, Alemania y la evolución histórica universal, de Spengler, que salió de las prensas de Paulino Ventura en Granada en 1938. El libro de Calvo Sotelo fue prohibido inicialmente en 1937 por incluir el manifiesto del Bloque Nacional de 1934 ya que no se podían mencionar partidos políticos anteriores a la unificación, según los criterios de la censura. Tras la intervención de Laín, Ridruejo y Serrano Suñer se incluyó dicho manifiesto con el siguiente añadido: «formó el Bloque Nacional, que propugnaba claramente el Estado autoritario e incorporaba a un movimiento inmediato y práctico las huestes gloriosas y puras de la Tradición» 25. Aunque básicamente se dedicó a la venta de títulos producidos en su empresa argentina en el territorio rebelde. Además, en Madrid publicó reediciones de autores que no eran afines a la causa republicana, como Ortega y Gasset, Pío Baroja, Gregorio Marañón o Miguel de Unamuno, en un primer momento porque formaban parte de su fondo, como ya hemos visto.
Olarra también se hizo cargo de la casa mexicana, ya que el 26 de julio de 1937 la delegación de México se convirtió en filial de Espasa-Calpe Argentina. La operación se realizó mediante el pago de 50.000 pesos argentinos abonados en metálico y al contado. El propósito de esta operación era también impedir que las ventas en el país azteca recalasen en la sede central de Madrid. El antiguo responsable y cuñado de Olarra, José Jiménez, se trasladó a Buenos Aires y dejó a Francisco Rubio en la capital azteca. El proyecto editorial porteño creció debido a los obstáculos existentes para la impresión en España por la escasez de papel, tinta y otros materiales, así como por las dificultades para conseguir bodegas en los barcos, lo que ralentizaba las importaciones. Además, muchas de las nuevas publicaciones de la Península estaban relacionadas con el conflicto bélico y eran de consumo interno, no estaban dirigidas al comercio americano 26.
En la retaguardia republicana, la industria editorial sufrió una metamorfosis al calor de la revolución, ya que las empresas fueron intervenidas por comités obreros y organismos oficiales e incluso colectivizadas en Cataluña. Algunos propietarios pudieron mantenerse al frente de sus negocios conviviendo con los nuevos responsables. Otros editores sufrieron violencia política en función de su filiación política y del perfil de su catálogo, e incluso llegaron a perder la vida.
El mercado americano resultó imprescindible para las editoriales más importantes de la zona republicana, especialmente aquellas que antes de la guerra tenían una fuerte proyección americanista. Las ventas se agilizaron con exportaciones desde la Península, y dando salida a los fondos depositados en delegaciones y filiales de las principales capitales del continente. Aparte del beneficio económico, el comercio con los países de habla hispana permitió sortear las injerencias oficiales y la tutela obrera de las empresas. La guerra frenó la proyección editorial en América, iniciada a fines del siglo xix, pero también contribuyó a replantear ese comercio. Durante el conflicto estos mercados fueron fundamentales para las editoriales comerciales, sobre todo de Barcelona. Las delegaciones y sucursales desempeñaron un papel central para burlar los controles de los comités obreros y el intervencionismo oficial. De este modo los propietarios pudieron seguir manejando el negocio con los países americanos. Además, para impedir que las casas centrales reclamaran fondos de las filiales, algunas se convirtieron en empresas independientes y comenzaron a editar. A partir de entonces las sucursales se concibieron no solo para distribuir y vender libros españoles, sino para producir directamente en aquellas plazas, aunque su origen fue romper amarras con las empresas intervenidas y colectivizadas de España.
Los mercados americanos permitieron boicotear la política económica oficial, las colectivizaciones y la intervención de los comités obreros en las editoriales. Las filiales convertidas en empresas independientes y los representantes fieles garantizaron el negocio durante el periodo crítico de la Guerra Civil y abrieron el camino a las editoriales para explotar de otro modo aquellas plazas en el futuro.
* Este artículo se ha desarrollado en el marco del proyecto de investigación «Vox populi. Espacios, prácticas y estrategias de visibilidad de las “escrituras al margen” en las épocas moderna y contemporánea» (PID2019-107881GB-100), dirigido por Antonio Castillo Gómez y Verónica Sierra Blas.
1 Ana Martínez Rus: Artillería impresa. Frentes editoriales y trincheras de papel en la Guerra Civil, Granada, Comares, 2023, y Eugenio Torres Villanueva: «Los empresarios. Entre la revolución y la colaboración», en Pablo Martín Aceña y Elena Martín Aceña (eds.): La economía de la Guerra Civil, Madrid, Marcial Pons Historia, 2006, pp. 431-460.
2 José Luis de Diego (dir.): Editores y políticas editoriales en la Argentina (1880-2000), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2006, e íd.: Editores y políticas editoriales en Argentina (1880-2010), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2014.
3 Carta de Joaquín de Oteyza a los hermanos Salvat (17 de diciembre de 1938); la cursiva es mía. Agradezco enormemente a Philippe Castellano que me haya facilitado esta carta del archivo personal de Pablo Salvat Vilá.
4 Eustasio A. García: El Ateneo. Vida y obra de Pedro García, Buenos Aires, Dunken, 2007.
5 Rafael Olarra Jiménez: Espasa-Calpe. Manuel Olarra, un editor con vocación hispanoamericana, Buenos Aires, Dunken, 2003, p. 32.
6 «Gacetillas», La Prensa (Santa Cruz de Tenerife), 28 de octubre de 1938, p. 3.
7 Ana Martínez Rus: La política del libro durante la Segunda República. Socialización de la lectura, Gijón, Trea, 2003, pp. 291-367.
8 María Fernández Moya: Multinacionales del castellano. El sector editorial español y su proceso de internacionalización (1900-2018), Madrid, CSIC, 2021.
9 Philippe Castellano: «La vocación americanista de Gustau Gili Roig», en Mónica Gili y Gabriel Gili (eds.): Editorial Gustavo Gili. Una historia, 1902-2012, Barcelona, Gili, 2013, pp. 53-71; Ana Martínez Rus: «La industria editorial española ante los mercados americanos del libro (1892-1936)», Hispania. Revista Española de la Historia, 62(212) (2002), pp. 1021-1058; íd.: «Exportando cultura. Las estrategias transatlánticas de las editoriales españolas, 1892-1936», Revista de la Historia de la Economía y de la Empresa, 2 (2008), pp. 183-204, e íd.: «Barcelona y Madrid ante el reto americano. Las expectativas de la industria del libro», en Jordi Catalá, José A. Miranda y Ramón Ramón-Muñoz (eds.): Distritos y clusters en la Europa del Sur, Madrid, LID, 2011, pp. 81-100.
10 Correspondencia entre Gustavo Gili y el Centro de Contratación de Moneda en agosto de 1937, Biblioteca Nacional de Cataluña (en adelante, BNC), Fons Editorial Gustau Gili (en adelante, FEGG), Correspondència (1936-1941), ms 9500/2 (CEN-DE), CAPSA 97.
11 Carta de Gustavo Gili a Francisco Nerecán (26 de agosto de 1936), BNC, FEGG, Correspondència (1936-1941), ms 9500/2 (SIN-TOR), CAPSA 105.
12 BNC, FEGG, Correspondència (1936-1941), ms 9500/2 (RAD-SIM), CAPSA 104.
13 Carta de Joaquín Sopena Domper a la Consejería de Economía de la Generalitat en 1936, BNC, FEGG, Correspondència (1936-1941), ms 9500/2 (SIN-TOR), CAPSA 105.
14 Alfonso Mangada y Jesús Pol: Libreros y editores (1920-1960). Joaquín de Oteyza. Biografía de un empresario del libro, Madrid, Paraninfo, 1996, pp. 140-142.
15 BNC, FEGG, Correspondència (1936-1941), ms 9500/2 (SIN-TOR), CAPSA 105.
16 Josep Mengual: A dos tintas. Josep Janés, poeta y editor, Barcelona, Debate, 2013, p. 188, e Hipólito Escolar Sobrino: Gentes del libro. Autores, editores y bibliotecarios, 1939-1999, Madrid, Gredos, 1999, p. 239.
17 Archivo Nacional de Cataluña, 1-236-T-13351, Sopena Domper, Joaquim.
18 Mònica Baró Llambias: Les edicions infantils i juvenils de l’editorial Joventut (1923-1969), tesis doctoral, Universitat de Barcelona, 2005, pp. 112-114.
19 Josep Mas i Solench: «Editorial Labor. Setenta y cinco años de historia», en Jaume Serrats i Ollé y Josep M. Mas i Solench: Barcelona cultural, 1915-1990, Barcelona, Labor, 1990, pp. 113-133, y Manuel Llanas: L’edició a Catalunya. El segle xx (fins a 1939), Barcelona, Gremi d’Editors de Catalunya, 2005, pp. 256-260.
20 Listado del personal que trabajaba en Espasa-Calpe en 1936 con sus domicilios y afiliaciones políticas, Centro Documental de la Memoria Histórica, Político-social de Madrid, caja 104.
21 Rafael Olarra Jiménez: Espasa-Calpe..., p. 28.
22 Fernando Larraz: «Política y cultura. Biblioteca Contemporánea y Colección Austral, dos modelos de difusión cultural», Orbis Tertius, 14(15) (2009), https://www.orbistertius.unlp.edu.ar/article/view/OTv14n15d01 (consultado el 18 de junio de 2024), y Gabriela Dalla-Corte Caballero y Fabio Espósito: «Mercado del libro y empresas editoriales entre el centenario de la independencia y la Guerra Civil española. La editorial Sudamericana», Revista Complutense de Historia de América, 36 (2010), pp. 257-289.
23 Fermín Yzurdiaga en ¡Arriba España! (Pamplona), 23 de abril de 1938, p. 1.
24 Informe del SIM franquista del 11 de septiembre de 1937, Archivo General Militar de Ávila, 2908, 10.
25 Alicia Alted: Política del nuevo Estado sobre el patrimonio cultural y la educación durante la Guerra Civil, Madrid, Ministerio de Cultura, 1984, p. 70, y José Andrés-Gallego: ¿Fascismo o Estado católico? Ideología, religión y censura en la España de Franco. 1937-1941, Madrid, Ediciones Encuentro, 1997, pp. 135-136.
26 Rafael Olarra Jiménez: Espasa-Calpe..., pp. 24-33.