Ayer 126/2022 (2): 187-212
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2022
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/813
Javier Esteve Martí
Recibido: 05-04-2019 | Aceptado: 06-09-2019 | Publicado: 21-04-2022
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Militancia y espacio público en la Restauración: la prensa carlista valenciana (1874-1911)

Javier Esteve Martí

Universidad de Chile javier.esteve@uv.es

Resumen: La Ley de Policía de Imprenta (1883) favoreció el crecimiento de la prensa en un contexto de expansión del número de lectores y de fragua de un espacio público definido en términos habermasianos. En consecuencia, el carlismo identificó el periodismo como vía privilegiada de difusión doctrinal e influencia en las mentalidades, sobreponiéndose a la persecución legal y a la violencia física y simbólica derivada de la batalla por el predominio en el espacio público. Sin embargo, tuvo que afrontar graves problemas para superar un marco de difusión privado fundado en relaciones pre-públicas y dar el salto a la comunicación interpersonal.

Palabras clave: Restauración, carlismo, prensa, espacio público, masas.

Abstract: The Publishing Act (1883) made possible the growth of the press in a context of expansion of the readership and the forging of a public sphere in Habermasian terms. As a consequence, Carlism identified journalism as an effective way of disseminating doctrine and influencing opinions. By so doing, it overcame legal persecution and the physical and symbolic violence derived from the battle for the predominance in the public sphere. However, it also had to face serious problems to move beyond a model of private diffusion founded on pre-public relations and to make the transition to one founded on interpersonal communication.

Keywords: Restoration, carlism, press, public sphere, masses.

La proclamación de Alfonso XII (1874), hecho que marcó el fin de la Primera República Española y el inicio del régimen político de la Restauración, conllevó la clausura inmediata de las publicaciones periódicas no adictas al nuevo monarca. Aunque pronto se permitió la circulación de la mayoría de los periódicos y semanarios suspendidos, algunos —en especial los de ideología republicana— tardaron en ser aprobados. La legislación dictada por el nuevo régimen tenía un carácter eminentemente restrictivo: se impuso el depósito forzoso con dos horas de antelación a la puesta a la venta de los periódicos y se vetó el tratamiento de determinadas cuestiones. Además, la norma hacía necesaria la obtención de una licencia ministerial para la fundación de una nueva cabecera. La Ley de 1879 no dulcificó demasiado las penosas condiciones en que sobrevivían los periódicos españoles: aunque terminó con la censura previa, situó a la prensa bajo la jurisdicción de las Fiscalías de Imprenta. Ello obligaba a los propietarios de las publicaciones periódicas a pagar un subsidio industrial, lo que ponía en cuestión la viabilidad económica de muchas de ellas 1.

El verdadero cambio no llegó hasta 1883, año en que se promulgó una Ley de Policía de Imprenta que estableció la libertad de publicación y eliminó definitivamente la censura previa. Es verdad que esta disposición no supuso la desaparición de los delitos relativos a la prensa, que además siguieron sujetos a graves penas. Pero, al menos, la nueva legislación dispuso que estos quedasen sujetos a la jurisdicción ordinaria y a lo dictado en el Código Penal. Desde una perspectiva comparativa, la ley de 1883 no hacía sino conectar con las que existían o se estaban promulgando en otros países de Europa occidental 2. La norma tenía límites, marcados por la frecuencia con que se suspendían las garantías constitucionales o por la existencia de una censura irregular, que tenía su origen en el recurso de las instituciones públicas a enviar circulares en que amenazaban a ciertos periódicos con la suspensión si abordaban determinados asuntos 3. En todo caso, la nueva legalidad favoreció un crecimiento exponencial del número de cabeceras en el mercado: abolido el marco restrictivo que se había inaugurado en 1874, la prensa floreció a un ritmo espectacular.

Este desarrollo ni siquiera se vio obstaculizado por la posterior promulgación de la Ley de Jurisdicciones de 1906, que nació del éxito de las reivindicaciones del Ejército sobre una prensa cuyos escritos e imágenes satíricas fueron suficientes para que miembros de la guarnición militar de Barcelona tomasen al asalto las redacciones del Cu-Cut y La Veu. De acuerdo con el articulado de la nueva norma, los delitos de imprenta que atañían al Ejército —por injurias u ofensas a dicha institución— quedaban sometidos a la jurisdicción castrense, en lo que suponía un claro retroceso con respecto a las disposiciones de 1883 4. En todo caso, la nueva ley no oscureció un paisaje en el que, como Jürgen Habermas expuso en sus trabajos sobre la opinión pública, parecía producirse la expansión del público lector y del número de libros, revistas y periódicos, así como también de escritores, editoriales, librerías o bibliotecas. En el caso del público lector, este habría dejado de estar formado por unos pocos eruditos para pasar a fundarse en una masa de burgueses y ciudadanos. En cuanto a los productos que se consumían, estos habrían dejado de circunscribirse a un número reducido de obras de referencia, multiplicándose gracias a una extensa red de comunicación pública que desbordaba la esfera privada predominante en periodos anteriores 5.

Para el legitimismo, no cabe duda de que la entronización de un monarca de la opción dinástica contraria a la que este abanderaba no era una buena noticia. De hecho, la llegada al trono de Alfonso XII contribuyó a terminar con las posibilidades de victoria militar del bando tradicionalista, inmediatamente afectado por la deserción de muchos de los eclesiásticos y liberales conservadores que lo habían secundado en su combate contra el hijo de Víctor Manuel II y frente a la República. Estos consideraron que el régimen instaurado por el pronunciamiento del general Martínez Campos salvaguardaba el orden, la propiedad y la moral católica, intereses cuya defensa les había conducido al campo de batalla 6. La derrota militar, que supuso la devastación de las filas contrarrevolucionarias, también tuvo sus efectos en el ámbito de la prensa, sometida a una intensa persecución que arruinó la estructura de diarios y semanarios carlistas que había proliferado durante el Sexenio Democrático 7. Pero apenas unas décadas después —en un contexto más favorable para el periodismo—, los legitimistas lograron dar forma a un exuberante entramado de publicaciones, que llegaban del ámbito local, provincial y regional al nacional. Y es que la reorganización del carlismo, que también se produjo en el plano asociativo y partidario, tuvo en la prensa un escenario privilegiado 8. Ciertamente, los esfuerzos invertidos en el asociacionismo y el énfasis en el periodismo formaban parte de un mismo empeño, cuyo objetivo era extender los principios de la cultura política tradicionalista 9.

El objeto de este texto es analizar algunas de las peculiaridades del proceso de reconstrucción del campo periodístico legitimista en una región concreta, la valenciana. A tal fin, se pondrá de relieve la implicación del partido carlista en la promoción de diarios y semanarios, pero también sus límites. Asimismo, se persigue comprobar si esta prensa concurrió a un espacio público definido en los términos empleados por Jürgen Habermas. Es decir, se pretende observar si esta dio el salto a la comunicación interpersonal y, gracias a un argumentario convincente, supo seducir a lectores antes desconocidos. En cuanto a la cronología empleada, esta se extiende entre 1874 —cuando comienza la etapa política conocida como la Restauración borbónica— y 1911, año marcado por la fundación del Diario de Valencia, cuya aparición alteró profundamente el panorama de la prensa legitimista valenciana. Esta investigación no sería posible sin los numerosos trabajos que han aparecido en los últimos años, aunque en este texto también se analiza el estudio de la prensa carlista publicado por el periodista legitimista valenciano José Navarro Cabanes en 1917, la información aparecida en la prensa tradicionalista coetánea y los datos procedentes de la correspondencia conservada en el archivo de un presbítero y periodista valenciano, José Domingo Corbató.

La prensa carlista valenciana durante los primeros años de la Restauración

El ámbito que aquí nos atañe es el de la región valenciana, que también en el terreno periodístico contaba con la tercera ciudad en importancia a nivel español 10. Aunque lo cierto es que Valencia andaba, en este plano, muy a la zaga respecto de Madrid y Barcelona, pues en una fecha tan tardía como 1918, en dicha urbe solo se editaban siete publicaciones diarias. Además, la tirada de todas ellas difícilmente superaba los 75.000 ejemplares conjuntos. El Mercantil Valenciano —de filiación republicana— controlaba el mercado con una venta diaria de apenas 20.000 periódicos y solo otras tres cabeceras superaban la media de 10.000 ejemplares vendidos: el blasquista El Pueblo, el conservador Las Provincias y el carlista Diario de Valencia 11. Eran cifras modestas en comparación con las que se manejaban en Barcelona y Madrid. En la primera, La Vanguardia superaba los 50.000 ejemplares editados de forma regular, mientras que en la segunda la tirada de los diarios La Correspondencia de España, Heraldo de Madrid, ABC, El Liberal y el semanario Nuevo Mundo se aproximaba a los seis dígitos 12. En este punto conviene recordar que España adolecía de una tasa de alfabetización limitada en comparación con la de Gran Bretaña o Alemania: en 1910 algo más del 50 por 100 de los hombres eran incapaces de leer y escribir, mientras que el nivel de analfabetismo femenino rondaba el 65 por 100. Estas cifras eran bastante peores en el País Valenciano, que en 1910 contaba con casi un 70 por 100 de la población no alfabetizada 13. Pese a todo, Valencia asistió a la génesis, afianzamiento y extinción de un elevado número de publicaciones, en el marco de un proceso de ampliación del público lector y de modernización técnica y formal que aproximaba a los periódicos a su conversión en vehículos comunicativos de masas.

Mucho tiempo atrás, en los primeros años de la Restauración, la prensa legitimista valenciana había atravesado numerosas dificultades, trance que compartió con la mayoría de las publicaciones ajenas al régimen vigente. De hecho, los primeros periódicos valencianos afectos al carlismo trataron de encubrir su credo político bajo el manto de un perfil informativo. Este fue el caso de El Anunciador Valenciano y de El Correo Valenciano, ambos de vida fugaz 14. Aún más revelador fue el caso de La Señera, periódico nacido en 1880. Su suspensión, a mediados del mismo año, le hizo cambiar su nombre por el de El Valencià. Recuperada la cabecera original, una nueva suspensión —todavía en 1880— le obligó a cambiar nuevamente de nombre. Así apareció El Almogábar, que en febrero de 1882 —esta vez sin mediar suspensión— sería relevado por el diario El Zuavo, que se presentaba como políticamente ultramontano. Esta publicación se vio sorprendentemente beneficiada por la decisiva protección del arzobispo Antolín Monescillo y Viso, que impuso a todas las parroquias de su diócesis la suscripción al diario. Ello fue fundamental para ampliar el público potencial del periódico, que asumió funciones como la de propagar el proyecto de peregrinación de obreros españoles a Roma. La lista de publicaciones carlistas valencianas que sufrieron persecución legal antes de la Ley de 1883 se cierra con El Palleter 15.

Como era de esperar, la nueva norma favoreció la proliferación de periódicos tradicionalistas. Así, solo en el año 1887 aparecieron los semanarios legitimistas Aparisi y La Vanguardia —que se jactaba de unos poco probables 8.000 ejemplares de tirada regular— y el diario El Lábaro. Este no llegó a ver el nuevo año: desapareció tras apenas 61 números, después de enfrentarse a la cúpula del partido. Con esta «muerte», el legitimismo valenciano quedó privado de un diario netamente carlista durante diez años, hasta la aparición de El Regional. Mucho más éxito que todos estos periódicos tuvo el semanario El Centro, que apareció por primera vez en 1886. De hecho, su vida fue sorprendentemente larga, pues se mantuvo en el mercado valenciano hasta 1899. En dicho año la publicación se trasladó a Madrid, urbe en la que se extinguiría en el contexto de la persecución legal desatada tras la Octubrada (1900), un fallido alzamiento carlista. No cabe duda de que El Centro llegó a gozar de una robustez envidiable, pues se le atribuyeron tiradas de hasta 12.000 ejemplares 16. Es verdad que José Navarro Cabanes —que trabajó en su redacción— rebajó estas cifras a unas 8.000 copias publicadas de forma regular en su momento álgido, que se inició a partir de julio de 1890. Pero también es cierto que, para algunos números extraordinarios —en los que colaboraron artistas tan reconocidos como José Benlliure—, se ha hecho referencia a ediciones de hasta 20.000 ejemplares, lo que indicaría que el semanario había superado el ámbito urbano y regional 17.

Para el análisis de la prensa legitimista durante las primeras décadas de la Restauración resulta capital el estudio realizado, en ese mismo contexto, por el periodista carlista valenciano José Navarro Cabanes. Este trabajo, publicado bajo el título de Apuntes bibliográficos de la prensa carlista, recogió buena parte de las cabeceras que, bajo signo contrarrevolucionario, se publicaron entre los años 1834 y 1915. Si nos ceñimos al ámbito regional valenciano, en esta obra puede leerse que en la década que va de 1890 a 1899 aparecieron El Amigo del Pueblo (Valencia, 1890-1891), La Voz del Maestrazgo (Castellón de la Plana, 1891-1893), La Margarita (Orihuela, 1892-1895), La Flor de Lis (Benicarló, 1893-1895), El Tradicionalista (Castellón de la Plana, 1893-1896), Los Debates (Valencia, 1894), La Monarquía Federal (Valencia, 1895-1896), La Esperanza (Gandía, 1896), La Libertad Regional (Alicante, 1896-1898), El Pueblo Español (Castellón de la Plana, 1896-1898), El Regional (Valencia, 1897-1898) y La Idea Popular (Valencia, 1898-1899).

Posteriormente, en los tres lustros que van de 1900 a 1915 —fecha hasta la que se extiende su trabajo—, José Navarro Cabanes refirió la aparición de La Región Levantina (Alcoy, 1900), La Lucha (Valencia, 1901-1902), El Rayo (Valencia, 1902), Juventud (Valencia, 1904), El Campeón (Valencia, 1905), La Esperanza (Gandía, 1905), El Bólido (Valencia, 1905), La Libertad Tradicional (Alicante, 1906), El Guerrillero (Valencia, 1907-1911), El Cruzado (Novelda, 1908), Regeneración (Alicante, 1908-1909), El Nuevo Cruzado (Novelda, 1909-1913), Boletín Legitimista (Valencia, 1910-1911), El Tradicionalista (Castellón de la Plana, 1910-1915), El Conquistador (Orihuela, 1910-1914), La Defensa (Elche, 1911-1913), El Maestrazgo (Castellón de la Plana, 1911-?), Diario de Valencia (Valencia, 1911-1936), El Defensor de Villena (Villena, 1912-?), La Patria (Novelda, 1913-?), El Mijares (Villarreal, 1913-1914), El Combate (Alcoy, 1913-?), El Cañón (Alicante, 1914-1915), La Defensa (Castellón de la Plana, 1915-?) y El Serradal (Burriana, 1915-?) 18.

La prensa carlista valenciana: entre el respaldo político y la indiferencia popular

Por tanto, resulta innegable la aparición de una importante cantidad de cabeceras legitimistas en el ámbito valenciano. En buena medida, ello se explica porque en esta región las instituciones carlistas —como ocurrió en el caso de las juntas provinciales valenciana y alicantina, comandadas a la altura de 1895 por Manuel Polo y Vicente Calatayud, respectivamente— se implicaron en el impulso de la prensa. Así, existen textos en que los dos personajes referidos excitaban a las juntas y círculos legitimistas a suscribirse a publicaciones como El Centro o La Monarquía Federal. De hecho, ambos políticos llamaron a los casinos carlistas a dar ejemplo a sus socios, a los que se invitaba a sacrificar parte de sus ingresos a favor de la prensa tradicionalista 19. En la misma línea, puede demostrarse la implicación de la Junta regional legitimista valenciana en los trabajos anteriores al lanzamiento del diario El Regional (1897). Y es que dicha institución exhortó a las juntas que de ella dependían —provinciales, locales y de distrito— a que redactasen listas de partidarios decididos a suscribirse a la publicación. Es más, el marqués de Colomer —que por aquel entonces la presidía— invitó a las antedichas juntas a que designasen un corresponsal que, de forma desinteresada, colaboraría con El Regional dinamizando su venta, cobrando sus suscripciones o enviando a su redacción crónicas o noticias locales 20.

Lo cierto es que las causas de este apoyo no eran muy distintas a las que sostenía la jerarquía eclesiástica para justificar su impulso a la prensa periódica católica. Ya en la segunda mitad del siglo xix, la Iglesia se convenció, de forma definitiva, de que los medios tradicionales para influir en las mentalidades no eran suficientemente efectivos ante un sujeto social en transformación. Fue precisamente tal certeza la que condujo al clero a promover alternativas con las que combatir la supuesta descristianización que afectaba tanto a la sociedad como a la política. En consecuencia, la prensa, que había sido definida por algunos clérigos ultramontanos en términos extremadamente críticos, pasó a ser señalada —tanto en folletos, como en sermones y pastorales— como una herramienta que instrumentalizar 21. En este sentido, no puede considerarse casual que Félix Sardá y Salvany escribiese, en 1873, un Manual del Apostolado de la Prensa en el que el clérigo y escritor catalán señalaba la imprenta como la principal vía para recristianizar la sociedad 22.

Los mismos pontífices insistieron en la necesidad de tomar cartas en el asunto. Así, León XIII (1878-1903) caracterizó el sostenimiento de la «buena prensa» como uno de los deberes a los que debían aprestarse los fieles. El concepto de «buena prensa» había nacido en Francia a raíz de la fundación de la agustina Maison de la Bonne Presse, en el año 1873. La idea de una «buena prensa» —que solo tomaría cuerpo en España lustros más tarde— se definía, en buena medida, por contraposición a la de una «mala prensa», considerada nociva para los intereses del catolicismo 23. La creciente importancia que se le asignaba terminó plasmándose en la organización de asambleas especializadas en materia de prensa confesional, como las celebradas en Sevilla (1904), Zaragoza (1908) y Toledo (1924). En estas se concluyó que era fundamental que la Iglesia católica superase los medios tradicionales de comunicación e invirtiese grandes esfuerzos en el campo periodístico. Por otro lado, en ellas también se insistió en la necesidad de que el periodismo católico viviese un proceso de profesionalización 24. Para rematar todo lo anterior, cabe recordar que Pío X (1903-1914), el sucesor de León XIII, señaló que «hace más un buen periódico que cien predicadores» 25. Es más, también afirmó lo siguiente: «en vano edificaréis iglesias, fundaréis escuelas, promoveréis misiones; porque todas esas buenas obras, todos vuestros esfuerzos y sacrificios serán inútiles si no manejáis y hacéis mejorar al propio tiempo las armas defensivas y ofensivas de la Prensa católica, leal y sincera» 26.

En el campo del pensamiento antiliberal también funcionaba la idea de una «buena» y «mala prensa», como bien puede observarse a través del caso del periodista monárquico galo Louis Veuillot (1813-1883) 27. Para él —como para los vicarios de Roma—, la forma más razonable de combatir los efectos perniciosos de la prensa era a través de los mismos periódicos. En consecuencia, Veuillot entendía el campo del periodismo como un espacio de lucha entre dos prensas, que podían definirse como «buena» y «mala», como católica y liberal 28. En todo caso, debe señalarse que en las filas del tradicionalismo no todos respondieron de forma inequívocamente favorable al llamado a reforzar los trabajos periodísticos. Siempre hubo —como también los hubo en el clero— sectores que manifestaron recelo o contrariedad hacia el periódico, del que el mismísimo Antonio Aparisi y Guijarro (1815-1872) afirmó que no era sino un libro escrito deprisa y con un alcance desmedido. De hecho, este tradicionalista valenciano manifestó siempre verdadera desconfianza hacia el periodismo político, que era el que a la sazón predominaba. De acuerdo con su forma de entender las cosas, lo ideal sería que los periódicos no existiesen, opinión que no le impidió fundar y dirigir varios diarios y semanarios 29.

Su opinión era parecida a la de un Marcelino Menéndez Pelayo que, aunque no era hombre de acción política, detestaba a los periodistas y, en su Historia de los heterodoxos españoles, lamentó que los católicos que descendían al campo de la prensa hubiesen de sumergirse en un «cenagal fétido y pestilente» 30. Ahora bien, ideas como estas no impidieron que, una vez resultaba evidente que la prensa periódica no iba a desaparecer de la noche a la mañana, las prevenciones se convirtiesen en una actividad propagandística inasequible al ­desaliento. No era un caso peculiar del tradicionalismo español, pues ya en el Portugal de comienzos del siglo xix el antiliberal José Agostinho de Macedo (1761-1831), que consideraba la prensa como uno de los principales culpables de la Revolución —«não querem revoluções? Pois não haja periódicos!»—, se convirtió en un frenético periodista 31. Casos como el del francés Louis Veuillot demuestran que, en ocasiones, la intransigencia y el atrevimiento de algunos periodistas católicos podían llegar a colmar la paciencia de parte del clero 32.

La motivación que agitaba a todos estos individuos era sencilla: debían ahogar la «mentira liberal» en un mar de «verdades», precisamente aquellas que eran propagadas por la «buena prensa». En realidad, esto no debe sorprendernos, pues, tal y como ha apuntado Javier Caspistegui, «entre los enemigos de la Ilustración y sus consecuencias políticas y sociales, fue habitual [...] la adopción de la máscara tecnológica o utilitaria de la “modernidad” con el fin de luchar contra sus principios» 33. De hecho, esto ya se hizo patente en la España de comienzos del siglo xix, pues en el marco de la Guerra de la Independencia o del Trienio Liberal los periódicos, las hojas volantes o la literatura de cordel fueron tan habitualmente empleados por los revolucionarios como por sus adversarios 34.

En consecuencia, puede hablarse de un impulso institucional de las publicaciones carlistas, lo que no impidió que muchos de los periodistas legitimistas lamentasen los límites de la implicación del partido en la promoción de la prensa tradicionalista. Así lo hizo, por ejemplo, el valenciano Juan Luis Martín Mengod. Este aseguró que, pese al teórico respaldo institucional, la gran mayoría de las cabeceras nacía como fruto de la iniciativa individual. En su opinión, de este hecho se derivaba la escasez de medios económicos que padecía la prensa carlista, una carencia que explicaría la corta vida y escasa periodicidad de las publicaciones legitimistas, que rara vez superaban el ejemplar semanal. Pese al elevado número de periódicos tradicionalistas, Martín Mengod estimaba que «entre los carlistas no se ha cultivado el periódico sistemáticamente, ni se le ha dado la importancia que realmente tiene». Para él, estas limitaciones eran extremadamente graves, pues le parecía que la prensa era la vía fundamental para la perpetuación de las culturas políticas, superando en importancia a los espacios de sociabilidad y a la organización de una estructura partidaria 35.

El sentir de Martín Mengod no era injustificado: en el siglo xix —y durante buena parte del siglo xx— la prensa periódica fue el medio de comunicación por excelencia, el mejor dotado para generar o modificar un estado concreto de opinión pública 36. Ello hacía especialmente grave la percepción del carlista alicantino Vicente Calatayud y Bonmatí, que denunció —en referencia a las carreras de periodista y escritor— que «aquí nadie lee, y el que acomete una empresa así es para arruinarse después de trabajar en balde» 37. En la misma línea, Francisco López Solano, otro legitimista nacido en el País Valenciano, lamentó la actitud de sus correligionarios en los siguientes términos: «aquí habla V. de fusiles y cañones [...] y todo el mundo contento y encontrándose hecha la cosa, pero diga V. que la prensa es un elemento poderoso, diga V. que un periódico puede hacer más y cuesta menos y no hay quien le escuche». Para López Solano, tanto los líderes como las bases carlistas estaban convencidos de que «las sublevaciones las hacen los fusiles y creen que el periódico no sirve para nada» 38. En definitiva, denunciaba la exaltación que en las filas legitimistas se realizaba del activismo violento —en perjuicio de una comunicación fundada en argumentos razonados— como vía sui generis para atraer a las pujantes masas.

De El Regional al Diario de Valencia: los diarios carlistas, entre el fracaso y el éxito

Cuando el 1 de enero de 1897 El Regional, al que ya se ha hecho referencia, apareció en el mercado periodístico valenciano, quedaron satisfechos los anhelos de buena parte de los legitimistas, que llevaban años sin contar con una publicación diaria. Lo cierto es que fueron numerosas las gestiones cuyo objetivo era la fundación de un periódico de estas características. Estas fracasaron hasta que a finales de 1896 se reunieron los recursos necesarios para publicar El Regional. Ahora bien, desde sus inicios la vida de esta publicación se vio amenazada por importantes adversidades, la más seria de las cuales fue la muerte de su dueño y propietario —Eugenio Chornet— cuando solo habían aparecido ocho números. El deceso sirvió, al menos inicialmente, para que la Junta provincial carlista demostrase su implicación en la empresa, pues se hizo cargo de su propiedad.

Fue precisamente esta agrupación la que nombró a Santiago Jorcano y Francisco López Solano como directores de El Regional. Pero tiempo después, el 1 de abril de 1898, la institución carlista renunció a continuar sosteniendo el periódico, cuya propiedad pasó a manos de sus directores —Solano y Jorcano—, a los que se unió Bernardo Pellejero Pérez. Sin recursos externos, la vida de la publicación se tornó insostenible: el 15 de mayo, acuciada por las deudas, los procesos judiciales e incluso la agresión de los republicanos, desapareció, tras haber llegado a alcanzar una tirada regular próxima a los 3.000 ejemplares 39. Por tanto, El Regional pone de manifiesto tanto la implicación del carlismo en el ámbito periodístico como las limitaciones de esta. Y es que el apoyo no solo no era inamovible, sino que además no se otorgaba gratis et amore. Así, Francisco López Solano lamentó que, cuando la publicación estuvo bajo la protección de la Junta provincial, esta limitaba los temas sobre los que podía tratar el diario, del que afirmaba que «titulándose periódico político, de lo que menos trata es de política» 40.

Ello favoreció que no todas las publicaciones periódicas legitimistas valencianas aceptasen someterse a las juntas carlistas. Un ejemplo en este sentido es el de El Guerrillero, semanario inicialmente nacido en el seno del partido, pues su fundación fue fruto de uno de los acuerdos alcanzados por la Asamblea regional carlista reunida en marzo de 1907. Esta empresa periodística solo pudo mantenerse en marcha hasta finales del mismo año: cuando reapareció, ya en enero de 1908, lo hizo bajo el auspicio de la Juventud legitimista, que encargó su dirección a Francisco López Solano, Luis Lucia Lucia y José Navarro Cabanes, sucesivamente. De acuerdo con este último, bajo su orientación llegaron a tirarse más de 4.500 ejemplares de forma regular. No fue un obstáculo el hecho de que la publicación no se sometiese a los dictados de los organismos superiores del carlismo valenciano, dando espacio a legitimistas de actitud díscola que, por cierto, abundaban en los sectores juveniles del partido. En todo caso, este ejemplo no debe eclipsar la circunstancia de que en la mayoría de las ocasiones la ausencia de apoyo oficial se saldaba con la quiebra de las publicaciones carlistas, rara vez dotadas de medios suficientes para mantenerse a sí mismas 41.

Todo cambió con la aparición del Diario de Valencia, que tuvo lugar el año 1911. Sus inicios no fueron diferentes a los de la mayoría de las publicaciones a las que hemos hecho referencia, pues fue impulsado por la Junta provincial carlista, que poco antes había redactado un documento con treinta y dos bases cuyo objetivo era estimular la organización del partido. En ellas se recogía, entre otras, la necesidad de crear un censo de los carlistas de la provincia, ampliar el número de organismos políticos legitimistas, preparar mejor la lucha electoral a través de la creación de un cuerpo de interventores permanente o potenciar espacios de sociabilidad como los círcu­los. No cabe duda de que en esas medidas puede detectarse un intento de adaptación a la política convencional de los partidos de masas, pero lo que realmente nos interesa son las bases encaminadas al fomento de la prensa. Una de ellas dispuso la creación de una gaceta o «boletín oficial» que había de recoger los decretos emanados por las autoridades del partido. Pero aún había más: respondiendo a los deseos de los carlistas que —como Juan Luis Martín Mengod— ansiaban la creación de una publicación de periodicidad diaria, la Junta se dispuso, de nuevo, a trabajar para generar un ambiente favorable a dicha fundación. Con tal fin se logró la clausura del semanario El Guerrillero y se organizó una campaña publicitaria mediante grandes carteles. En el acto en que se procedía a colocarlos tuvo lugar un grave altercado entre carlistas y republicanos, lo que acabó redundando en una mayor publicidad.

El contenido de las referidas treinta y dos bases demuestra que el carlismo valenciano mantenía inalterable su confianza en el potencial de la prensa como vehículo de difusión doctrinal. El contexto era, por tanto, similar al que encontraron anteriores publicaciones legitimistas. La verdadera novedad residía en la naturaleza del diario, que para no depender del maná de las juntas y círculos carlistas dio pasos para garantizar su autosuficiencia. A tal fin, resultaba fundamental ampliar el público potencial del periódico más allá del carlismo, aspirando a enrolar en la empresa al conjunto de los sectores derechistas y católicos, sin importar su postura ante el conflicto dinástico promovido desde el legitimismo. Por tanto, el Diario de Valencia no solo pretendía captar a los tradicionalistas alfabetizados, sino que también aspiraba a arrebatar lectores a publicaciones como Las Provincias —órgano del conservadurismo local— y La Voz de Valencia —portavoz del arzobispado y la Liga Católica—.

El Diario de Valencia cumplió con creces sus objetivos: mediado el año 1913 su administración adquirió una imprenta rotativa alemana que era capaz de tirar hasta 14.000 ejemplares a la hora, en un desembolso que solo puede entenderse como muestra de la popularidad que la publicación estaba alcanzando. A la postre, fue capital el abandono del modelo de periódico de «partido» y la relegación de las cuestiones estrictamente carlistas a una única sección del diario. Y es que, de acuerdo con Vicent Comes, esta publicación relativizó su antiliberalismo y confinó el pleito dinástico a un segundo plano. Esto hizo que muchos carlistas la considerasen un «papelucho liberal», pero también favoreció que el periódico pudiese sintonizar más fácilmente con el resto de la derecha valenciana. Al fin y al cabo, la aparición del Diario de Valencia supuso un hito tanto para carlistas como para integristas y católicos, que a partir de entonces tuvieron al alcance de la mano un diario, de carácter local, que por solo cinco céntimos de peseta brindaba información actualizada, colaboraciones de interés y una aceptable cantidad de imágenes 42.

La prensa legitimista en un mundo de represión y violencia

De acuerdo con Solange Hibbs-Lissorgues, una de las principales características de la prensa carlista era la violencia verbal. Esta, en primera instancia, se dirigía hacia cualquier persona o institución sospechosa de liberalismo 43. La lectura atenta de la prensa legitimista revela, sin duda, la frecuencia con que se empleaba un lenguaje directo e incisivo, fácil de entender para un público socializado en un discurso histórico simplista y maniqueo en que los «buenos» y los «malos» estaban empeñados en un combate secular. Ahora bien, lo cierto es que el recurso al insulto y el ataque personal como herramienta habitual no era un elemento privativo del carlismo, sino que constituía una característica común de la prensa coetánea, en la que no pocas veces las disputas dialécticas eran tan violentas que trascendían las columnas del periódico para llegar hasta el campo del honor. Así, Jean-Michel Desvois ha señalado que algunos periódicos llegaron a contar en nómina con redactores de los que se conocían más sus hazañas con la pistola y el sable que con la pluma. Estos redactores podían responsabilizarse de las injurias vertidas desde las columnas de la publicación si estas conducían a un duelo 44. Ejemplo paradigmático de la violencia de las cuitas periodísticas es el protagonizado por el republicano Rodrigo Soriano Barroeta-Aldamar, quien, empeñado en batirse en duelo con Juan de la Cierva y Peñafiel —antiguo ministro de la Gobernación—, le retrató en las columnas de la España Nueva como «bandolero murciano», «miserable traidor», «rata de alcantarilla» y «vil montón de basura» 45.

La incontinencia verbal de algunos periodistas podía conducirlos al campo del honor, pero también a ser procesados por la justicia. Esto último era especialmente sencillo en las filas de los que combinaban el empleo de un léxico atrevido con un discurso que despreciaba y deslegitimaba a la monarquía o al régimen liberal. En consecuencia, no fueron pocos los republicanos y carlistas que apuraron el cáliz de la represión gubernamental hasta las heces. Entre los legitimistas un ejemplo valenciano es el de José Rodríguez, director del semanario carlista El Centro, que en 1895 fue encausado —aunque terminó absuelto— en un proceso por injurias al liberal Segismundo Moret y Prendergast 46. Una minucia, es verdad, si se le compara con los grandes campeones del agitprop legitimista. Entre estos destacan casos como el del propietario y director de la publicación tradicionalista granadina La Verdad, Francisco Guerrero Vilches. Según José Navarro Cabanes, aquel sufrió dos consejos de guerra y hasta dieciocho procesos civiles debido a sus frecuentes ataques a la dinastía alfonsina y a las instituciones liberales. Estos se saldaron con seis periodos en prisión y cuatro destierros 47.

Las cárceles de San Gregorio, en la ciudad de Valencia, acogieron a varios escritores carlistas perseguidos por supuestos delitos de imprenta. El ya mencionado Francisco López Solano fue encarcelado porque, en pleno conflicto bélico entre España y los Estados Unidos de América (1898), El Regional, diario que codirigía, publicó un artículo que —según José Navarro Cabanes— estaba cargado de la «valentía y vehemencia naturales a todo corazón patriótico». No opinó lo mismo el fiscal militar, cuyas iras llevaron al periodista a permanecer en prisión entre el 5 de mayo y el 29 de junio de 1898, cuando al fin accedió a la libertad provisional 48. Otro caso interesante es el del periodista catalán Joan Bardina i Castarà, con una relación bastante íntima con varias publicaciones valencianas. Este ya tuvo problemas judiciales debido a la publicación de un libro, Táctica de Infantería. Pero más graves fueron los efectos de varios de los textos que firmó en Lo Mestre Titas, un semanario carlista catalán al que se acusó de injuriar a la Guardia Civil y a diputados como el conservador Francisco Romero Robledo 49. A la postre, estas denuncias se saldaron con la detención del periodista, que solo pudo abandonar la prisión tras abonar una fianza de 1.000 pesetas. No fue el único efecto de la persecución legal, pues Lo Mestre Titas desapareció, incapaz de afrontar las multas que se le impusieron 50.

En las filas de los que tuvieron problemas con la justicia por sus artículos también puede contarse otro individuo ya mencionado: Manuel Polo y Peyrolón. Uno de los numerosos textos que firmó este catedrático de instituto y político carlista en El Correo Español fue denunciado por su contenido 51. Ahora bien, el hecho de que cuando en 1897 escribió «La gran familia» fuese diputado a Cortes le salvó de ir a juicio 52. En el mismo sentido puede traerse a colación un caso foráneo, el de José Pascual de Liñán y Eguizábal, que dirigía la publicación periódica legitimista El Basco cuando esta, frente a los embates de la justicia, pretendió acogerse al amparo del marqués de Cerralbo. Por la condición de diputado de este último trató de convertírsele en presidente del consejo de administración de la sociedad anónima que era propietaria de la imprenta donde se editaba esta publicación, con el objetivo de que esta estratagema bastase para evitar las consecuencias más graves del rigor de la ley 53. En realidad, este era un recurso habitual —que ni mucho menos era privativo del carlismo— dada la costumbre de las Cortes de negar el suplicatorio necesario para que los diputados fuesen encausados por tales delitos.

Tampoco fue extraño que, tanto en el caso valenciano como en el conjunto de España, el nombre que aparecía junto al título de una publicación periódica no fuese el de aquel que, en realidad, la dirigía. Así, en la correspondencia de dos personajes a los que ya hemos hecho alusión —el padre Corbató y Joan Bardina i Castarà— se apuntaba que al frente del semanario carlista El Cañón (Barcelona) figuraba «un pobre obrero, hombre de paja, que decimos por ahí». En realidad, el verdadero factótum de esta publicación era el periodista catalán Juan María Roma y Comamala 54. Esta figura, la del «director de paja» —que a cambio de un sueldo se exponía a una persecución judicial que incluso podía acarrear penas de prisión—, existía porque la Ley de 1883 estipulaba que era precisamente el director de un periódico quien sería responsable de los escritos aparecidos de forma anónima en su publicación 55. Por tanto, el recurso a esta suerte de suplantadores del verdadero conductor de la publicación no era privativo del carlismo. A modo de ejemplo, El Poble Català, cabecera republicana y catalanista, exponía como teórico director al anciano Secundí Puig de Franch, un testaferro que a cambio de un salario tuvo que soportar temporadas de prisión y exilio 56.

Y es que, agotados estos recursos y artimañas, los periodistas procesados afrontaban situaciones verdaderamente dramáticas, pues las penas dispuestas para esta clase de delitos no eran leves y dejaban al reo la única esperanza de una próxima amnistía o indulto 57. Por ello, no resulta sorprendente la frecuencia con que, también en la prensa legitimista, se recurría a seudónimos. Ahora bien, estos no solo se empleaban con el objetivo de evitar problemas legales, sino también para esquivar el disgusto de los correligionarios o, en el caso de los periodistas que eran al tiempo clérigos, la reprimenda de los superiores. Así, el religioso Francisco Ramón Moreno Cortés solicitó al director de la publicación tradicionalista valenciana Luz Católica que uno de sus artículos fuese publicado sin firmar porque el secretario de cámara del obispo del que dependía ya le había regañado por «su afición a escribir fuerte» 58. Otra razón por la que los seudónimos estaban muy extendidos era porque permitían simular la existencia de varios periodistas en redacciones minúsculas e incluso unipersonales. Aunque desde las filas carlistas se invirtieron ingentes esfuerzos en superar las vías pre-públicas de comunicación que con anterioridad habían sido hegemónicas, la concurrencia al espacio público se dio con limitaciones como, por ejemplo, su carácter ficticio o apócrifo, marcado por el uso y abuso de los seudónimos. El despliegue por parte del carlismo de instrumentos aptos para la comunicación política en el contexto de la sociedad de masas estuvo, en buena medida, marcado por un carácter más aparente que real.

En efecto, en la prensa carlista menudearon casos como el de Benigno Bolaños y Sanz, que firmaba como «Eneas» en El Correo Español, como «Mediocris» en La Lectura Dominical y como «Godofredo» en La Voz de Valencia 59. En la misma línea, Manuel Polo y Peyrolón fue acusado de ser el «señor de los mil pseudónimos», bajo los que supuestamente se escondía para darse «unos brochazos de jabón para afeitarse, que ni un barbero» 60. Asimismo, también se denunció el proceder de Joan Bardina i Castarà, del que se afirmó que «cuando escribe en un periódico pone una firma, cuando escribe en otro, otra y otra... Así puede despacharse a gusto y bailar al son que le toquen o le plazca» 61. Y es que, como ya ha señalado algún que otro autor, había periodistas que, dependiendo de la tribuna desde la que escribían, sostenían opiniones y doctrinas tan diferentes que no se habrían apreciado en otras publicaciones que también imprimían sus escritos. En casos como este no cabe duda de que los seudónimos constituían un recurso útil 62.

La importancia que socialmente se atribuía a la prensa no solo se reflejaba en las graves penas que la justicia imponía para los delitos relacionados con ella, sino también en la violencia que con frecuencia surgía a su alrededor. Puede mencionarse, sin ir más lejos, la que se dirigía a repartidores de periódicos y corresponsales. Estos sufrían agresiones verbales y físicas en las que, de acuerdo con las fuentes, no solo participaban hombres adultos, pues también era frecuente el concurso de mujeres, adolescentes y niños. Los carlistas eran, en ocasiones, protagonistas de dicha violencia. Así ocurrió en 1895 en Alboraya, un municipio valenciano eminentemente legitimista, cuando varias mujeres asaltaron a los repartidores del periódico librepensador La Antorcha Valentina e hicieron trizas todos los ejemplares que les encontraron 63. Todo parece indicar que algunos medios de comunicación se presentaban, más que como simples publicaciones, como elementos constitutivos de identidad: ello les permitía reclamar la adhesión activa de sus seguidores, que, además de concederles respaldo en todo momento, debían obstaculizar concurrencias al espacio público consideradas poco deseables.

Pero también hubo casos en que eran los carlistas los que sufrían la violencia. Esta estaba tan extendida que, en ocasiones, los corresponsales que trabajaban a favor de una publicación legitimista eran perseguidos por sus propios correligionarios, lo que era bastante frecuente en espacios en que el partido estaba surcado por fuertes divisiones. Este fue el caso de La Voz del Maestrazgo, publicación carlista castellonense promovida por un José Domingo Corbató que expuso el asedio al que algunos de sus corresponsales se vieron sometidos desde el instante en que la Junta provincial legitimista desautorizó dicho periódico. De acuerdo con su testimonio, uno de ellos «se salvó de poco, porque hasta revólver en mano le corrieron» 64. Muchos de los corresponsales y vendedores callejeros se movían en los límites de la subsistencia. En la correspondencia del mismo padre Corbató, estos suelen aparecer como personas extremadamente necesitadas o físicamente impedidas para desempeñar otro tipo de ocupaciones. Ello les hacía muy sensibles a la violencia, pero también a otras formas de coerción. Así, en una de las misivas dirigidas al fraile se presenta el caso de un pobre ciego que en 1901 paralizó la venta de números sueltos de El Siglo Futuro y Luz Católica porque los carlistas zaragozanos le sobornaron para que dejase de hacerlo 65.

La violencia no se detuvo en corresponsales o vendedores: también alcanzó a otros elementos de la industria periodística. En la misma ciudad de Valencia es posible encontrar varios ejemplos en que aquella se dirigió hacia redacciones e imprentas. Así, en 1888 la redacción de El Tradicional fue tomada al asalto por un grupo de republicanos que reivindicaron su acción como respuesta a la publicación del durísimo artículo con que este periódico «celebró» la inauguración en Roma de un monumento a Giordano Bruno 66. En la misma línea, cuando el semanario legitimista La Lucha emprendió una sangrante campaña contra los blasquistas, estos respondieron —en la madrugada del 6 de septiembre de 1902— con el asalto y destrucción de la imprenta de Menosi, Vilar y Perigüell, precisamente aquella en que se tiraba el semanario. Como consecuencia, ningún otro taller valenciano accedió a imprimir dicha publicación, que se vio obligada a trasladar su edición a Tortosa (Tarragona), lo que aceleró su ruina. Su sucesor natural, El Rayo —que como La Lucha también tenía como director a Santiago Jorcano—, sufrió la misma suerte: aún en el año 1902, tras unos pocos números de vida, los republicanos invadieron y dañaron gravemente la imprenta en la que se editaba 67.

Conclusiones

Todo lo anterior muestra la existencia de una verdadera batalla en torno a la prensa y a la construcción de la opinión pública. Esta se insertaba en un enfrentamiento aún mayor: el mantenido por el régimen vigente, las fuerzas que lo conformaban y sus adversarios por copar el espacio público. Era una pugna que, en el caso del carlismo y de sus más inmediatos enemigos —que en Valencia eran los republicanos blasquistas—, tenía lugar en un clima especialmente tenso, electrizado por la falta de reconocimiento mutuo. Y es que en las postreras décadas del siglo xix y las primeras de la siguiente centuria la aceptación de la diversidad política de la ciudadanía no estaba garantizada. Por un lado, el régimen vigente practicaba un liberalismo político antidemocrático que se fundaba en la limitación de la competitividad por movilizar a la ciudadanía. Es decir, no potenciaba el pluralismo más allá de la clase política «idónea» y sus aliados. Por otro lado, también las fuerzas políticas ajenas al establishment eran intolerantes. Pese al progresivo alejamiento de la última guerra, los republicanos seguían viendo a los carlistas como miembros de las «huestes asesinas» capitaneadas por Pascual Cucala o el cura Santa Cruz. Los legitimistas, en un ejercicio histórico aún más acrobático, asociaban a sus enemigos con aquellos que habían protagonizado hechos como la matanza de frailes de 1834. La dificultad para aceptar los fundamentos políticos y filosóficos de la ciudadanía y el carácter plural de la opinión pública tenía efectos sobre la libertad de la prensa y su desempeño más allá del panorama estrictamente legal.

Por otra parte, la insistencia de los carlistas en levantar periódicos y semanarios, pese a los embates de la violencia y la represión, resulta demostrativa de la importancia que asignaban a la prensa en una etapa en que su ciclo bélico parecía en vías de extinción y se imponía una vía civil y política de oposición al régimen liberal que, en todo caso, ni supuso una renuncia absoluta al uso de la fuerza, ni debe implicar que la violencia sea considerada como un fenómeno ajeno a la política moderna. Ahora bien, en su concurrencia al ruedo de la prensa —que no era nueva, pero sí más intensa— los carlistas hallaron numerosos retos. No era de extrañar, pues en el pasado el legitimismo no había buscado construir la adscripción política de sus adeptos a partir de la opinión o la argumentación pública, sino en virtud de vías de comunicación pre-públicas —tales como las relaciones familiares y privadas— situadas al margen de un espacio público (Öffentlichkeit), que, entendido en un sentido habermasiano, pero también con la resolución de evitar la aceptación de un modelo de modernidad con implicaciones teleológicas, otorgaría mayor importancia a los argumentos y las razones que a los emisores de estos. Pese al desarrollo de variadas estrategias comunicativas en el periodo de la Restauración, estas no dejaron de tener importancia en el campo tradicionalista. De ahí provenían las principales dificultades del carlismo para desempeñarse en el terreno periodístico y también, en buena medida, muchos de los límites que hubo de afrontar la prensa legitimista valenciana. Y es que una buena parte de sus cabeceras siguió confiando en un público estrictamente carlista, del que se esperaba que adquiriese la prensa correligionaria por puro compromiso político.

Así, durante varias décadas la prensa legitimista valenciana quedó constreñida a una red de compradores cuya fidelidad a los diarios y semanarios tradicionalistas no se construía sobre la capacidad de convicción de estos periódicos, sino que dependía de un entramado de compromisos cuajado de relaciones privadas y de conocimiento previo entre periodistas, elites y bases sociales carlistas, estimulado a través de las juntas y los círculos. Por ello, el periodismo legitimista valenciano de la primera mitad de la Restauración se desarrolló dependiente del estímulo —tanto político como pecuniario— del partido carlista. Todo ello cambió con la aparición del Diario de Valencia —aunque la experiencia fue breve, pues su autonomía respecto al partido se demostró perniciosa cuando en 1919 se declaró católico independiente para terminar figurando, ya durante la Segunda República, como órgano de expresión de la Derecha Regional Valenciana— 68, primer periódico carlista valenciano capaz de superar los límites de la «prensa de partido» para amoldarse a las exigencias del modelo de «periódico industrial» que guiaba a las publicaciones más vendidas del periodo.

Ello suponía, principalmente, superar la dependencia de relaciones pre-públicas para dar el salto a una comunicación interpersonal en que el objetivo era interesar a lectores con los que no se tenía vínculos previos. A tal fin debía lograrse que estos se identificasen con un argumentario expuesto en términos convincentes, en lo que suponía un caso de concurrencia al espacio público de acuerdo con la definición que de este hizo Jürgen Habermas. Mientras el régimen de la Restauración desincentivaba la verdadera competencia por la ciudadanía, no cabe duda de que el legitimismo contaba con seguidores reales. El verdadero problema, para el carlismo, fue transformar la prensa en un agente político movilizador de nuevas fuerzas. Habermas definió un espacio público compuesto por individuos cultivados y capaces de razonar. De acuerdo con el filósofo y sociólogo alemán la opinión pública —nacida en los siglos xviii y xix en Europa centro-occidental— había de mediar entre la sociedad y el Estado, siendo una de las vías que permitiese la discusión y crítica racional de cuestiones de interés general. Lo cierto es que estas ideas contrastan con el desempeño de la prensa carlista valenciana de la primera mitad de la Restauración. Y es que esta, frente a las ideas de racionalidad burguesa y de un espacio público en que el ganador solo podía ser aquel que resultase más convincente, cultivó un relativo desprecio hacia el raciocinio de su público lector —a través, por ejemplo, de la pretensión de una pluralidad de autores a través del abuso de los seudónimos— y un modelo de difusión demasiado abocado hacia relaciones personalistas.