Ayer 140 (4) 2025: 291-314
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2025
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/3119
© Antonio Míguez Macho
© José María Portillo Valdés
© Maria Inácia Rezola
© Steven Forti
© Carolina García-Sanz
Recibido: 01-06-2025 Aceptado: 16-06-2025 Publicado on-line: 09-12-2025
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Pasados conflictivos, pasados compartidos. Historia y memoria

Antonio Míguez Macho

Universidade de Santiago de Compostela
antonio.miguez@usc.es

José María Portillo Valdés

Universidad del País Vasco
josemaria.portillo@ehu.eus

Maria Inácia Rezola

Instituto de História Contemporânea-
Universidade Nova de Lisboa
irezola@escs.ipl.pt

Coordinadores del Consejo de Redacción:


Steven Forti

Universitat Autònoma de Barcelona
steven.forti@uab.cat

Carolina García-Sanz

Universidad de Sevilla
cgarciasanz@us.es

Resumen: La relación entre memoria e historia sigue siendo uno de los nudos gordianos para la profesión de historiador. En este debate, organizado a partir de una mesa redonda celebrada en el marco de las II Jornadas Juan José Carreras-Premios de la Asociación de Historia Contemporánea, que tuvieron lugar en la Universidad de Sevilla en septiembre de 2024, la revista Ayer ha invitado a Antonio Míguez Macho, José María Portillo Valdés y Maria Inácia Rezola, tres reconocidos especialistas en diferentes campos de la historia contemporánea, para poder pensar colectivamente al respecto. En el debate se afrontan cuestiones cruciales, como los usos públicos del pasado, el lugar de la memoria en el oficio del historiador, los procesos de memorialización y desmemorialización o el compromiso y los retos de cara al futuro de los/las historiadores/as. Además, los ponentes profundizan en los contextos de España y Portugal, a partir de las leyes de memoria histórica españolas o la celebración del cincuenta aniversario de la Revolución de los Claveles. Este debate ha sido coordinado por Steven Forti y Carolina García-Sanz, miembros del Consejo de Redacción de la revista Ayer.

Palabras clave: historia, memoria, usos públicos del pasado, historia de la memoria, historia pública.

Abstract: The relationship between memory and history continues to be one of the Gordian knots in the historian’s profession. In this debate, organised on the basis of a round table held as part of the II Jornadas Juan José Carreras-Premios de la Asociación de Historia Contemporánea, which took place at the University of Seville in September 2024, Ayer has invited Antonio Míguez Macho, José María Portillo Valdés and Maria Inácia Rezola, three renowned specialists in different fields of contemporary history, to think collectively on the subject. The debate address crucial issues such as the public uses of the past, the place of memory in the historian’s profession, the processes of memorialisation and dememorialisation, and the commitment and challenges facing historians in the future. In addition, the speakers delve into the contexts of Spain and Portugal, based on the Spanish laws of historical memory and the celebration of the 50th anniversary of the Carnation Revolution. This debate has been coordinated by Steven Forti and Carolina García-Sanz, members of the Editorial Board of Ayer.

Keywords: history, memory, public uses of the past, history of memory, public history.

Introducción

El 10 de septiembre de 2024 se celebraron en la Universidad de Sevilla las II Jornadas Juan José Carreras-Premios de la Asociación de Historia Contemporánea (AHC). En el marco de las jornadas, la AHC organizó una mesa redonda, coordinada y moderada por Carolina García-Sanz, titulada «Pasados conflictivos, pasados compartidos. Historia y memoria». Como el lector sabe, se trata de un tema que no es en absoluto nuevo: en las últimas tres décadas, tanto en las páginas de Ayer como en actividades promovidas en distintos foros por la AHC, se ha prestado atención a la compleja y, a menudo, conflictiva relación entre historia y memoria, así como a los usos públicos del pasado y la historia pública 1. Evidentemente, esto no significa que se haya dicho todo ya al respecto. Más bien, al contrario, queda aún mucho trabajo por hacer y los debates entre los historiadores siguen siendo necesarios debido a los continuos retos que afrontamos en relación con los usos públicos del pasado. Porque, al fin y al cabo, la relación entre historia y memoria toca —o esconde, en realidad— uno de los nudos gordianos del oficio del historiador y, en sus diferentes posibles declinaciones, se relaciona directamente con el significado de nuestra profesión y el grado de compromiso que tenemos con nuestra sociedad.

Para pensar colectivamente al respecto, en las jornadas de Sevilla fueron invitados a la mesa redonda tres historiadores que han afrontado, desde enfoques y lugares diferentes, la relación entre historia y memoria. Por un lado, Antonio Míguez Macho, tras haber dedicado su tesis doctoral a la construcción de la ciudadanía a través de los movimientos sociales en la Galicia de la Restauración y la Segunda República, ha desarrollado diferentes estudios sobre la represión franquista en Galicia, así como sobre las políticas públicas de memoria y los lugares de violencia y de memoria en España 2. Por otro lado, José María Portillo Valdés viene estudiando desde hace años la formación de las naciones y los Estados, así como la historia del constitucionalismo en el espacio Atlántico hispano, además de la nación, la autonomía y el Estado en la transición española, con especial atención al contexto vasco 3. Por último, Maria Inácia Rezola ha estado trabajando en la Revolución de los Claveles de 1974, así como en la dictadura salazarista y el proceso revolucionario portugués desde el comienzo de su carrera académica, prestando particular atención a la memoria de aquellos acontecimientos 4. En 2022 fue nombrada comisaria de las celebraciones del cincuenta aniversario de la Revolución del 25 de Abril.

Finalmente, Steven Forti, miembro del Consejo de Redacción de la revista Ayer, ha sido el encargado de coordinar la versión publicada de este debate que amplía el que se ha celebrado en las jornadas sevillanas de la AHC.

AYER: ¿Cómo interpretas la relación entre la labor historiográfica y los usos públicos del pasado? ¿Podemos afirmar que a día de hoy los discursos sobre la memoria se han integrado en las agendas historiográficas más actuales?

Antonio Míguez Macho: Los historiadores e investigadores en ciencias sociales hemos incorporado a nuestra agenda el estudio de la memoria como un fenómeno social y colectivo. Sin embargo, parece que vamos corriendo siempre un paso por detrás de este objeto de estudio y, cuando llegamos a comprender los procesos que implica, estos ya nos han superado. Uno se siente, a veces, como si estuviésemos persiguiendo sombras. Quizá esto se debe a la falta de comprensión de lo que son tiempos distintos en términos de análisis: el tiempo histórico y el tiempo de la memoria. Mientras el tiempo histórico se refiere a un acontecimiento específico o a unos procesos específicos que se pueden acotar en un momento determinado del pasado, el tiempo de la memoria nos alcanza de lleno en el presente y nos trasciende.

De este modo, cuando Pierre Nora acuñó el concepto lieux de memoire, la propia lectura de su voluminoso y hasta cierto punto ilegible y desigual compendio de textos hizo patente una de las principales carencias de la historiografía al respecto: su aproximación superficial y poco consistente. Establecía un relato que remitía a una «guerra» entre la historia y la memoria en la que la primera se habría arrogado el estatus de ciencia despreciando a la segunda como una mera alucinación. El nombre de Maurice Halbwachs emergía en este relato como un referente de lucidez, pero no atendía a cómo se podía haber producido un salto histórico de tal calibre entre su obra y la (re)aparición del concepto en el medio académico muchos años después. La ya desaparecida y añorada Josefina Cuesta se hacía eco tempranamente de estas circunstancias 5. Cuando ya la memoria había pasado a ocupar un lugar central en el debate público en plena década de 1960, los grandes compendios en ciencias sociales y humanidades no incluían mención a esta cuestión. Ni la International Encyclopedia of Social Sciences, ni Raymond Williams ni Annales consideraban la «memoria» como un objeto de estudio en sí mismo.

La posterior incorporación de la memoria a las ciencias sociales, bien andada la década de 1980, no significó necesariamente que se convirtiese en un objeto sistemático de estudio. Se asumió como una forma de análisis del discurso, o una suerte de subdisciplina de la llamada historia cultural, en la que, siguiendo la estela del propio Nora, la memoria se representaba como parte integral de los procesos de nacionalización, que eran los que realmente ocupaban un lugar central. Además de ello, se hizo presente como memoria de las víctimas en los análisis de la violencia masiva, particularmente a través de la historia oral, que arribó a la academia tardíamente en el último tramo del siglo xx. Ni uno ni otro «paradigma» han servido al fin de cuestionar los relatos dominantes, sino que han contribuido en mayor medida a convertir el pasado incómodo en algo más digerible y la pervivencia de los mitos nacionales como elementos de dominación social en algo más tolerable. Han demarcado también lo que es aceptable y lo que no lo es en el ámbito de la discusión académica. Por ejemplo, han consagrado el principio del testimonio individual como voz autorizada sobre el pasado, así como la desdiferenciación entre el sujeto que estudia y el objeto estudiado, reafirmando así la prevalencia de las identidades individuales como característica de nuestro tiempo. Todo lo contrario, por cierto, del sentido colectivo y profundamente comprometido en el análisis social que Halbwachs otorgaba al concepto de memoria colectiva y muy alejado también de lo que llamaba «experiencia de clase» Edward Palmer Thompson. Esta sublimación de la memoria ha sido consustancial al hecho de que la historiografía contemporaneísta adolezca de una notable falta de componente crítico, porque es incapaz de traducir sus discursos en contenidos sociales y colectivamente relevantes. Con ello, el énfasis en el valor de la memoria como fin en sí mismo, y ya no como instrumento de denuncia del pasado traumático, puede situar al análisis crítico propio de los historiadores en el riesgo de la irrelevancia.

Cabe reivindicar, posiblemente con mayor énfasis, la genealogía que ha permitido la incorporación de la memoria a los estudios sobre el pasado. Necesitamos hacer historia de la memoria y no que la memoria la haga de la historia. Primero, debemos precisar que, si hemos llegado hasta aquí, ha sido de la mano de una serie de investigadores comprometidos con las voces subalternas. En ese sentido, los proyectos de historia oral comenzaron a recoger los primeros testimonios de las voces corales de la gente corriente como escuelas de cultura popular en el oeste de Estados Unidos, en lo peor de la Gran Depresión hacia la década de 1930. Los workshops, talleres, como formas de construcción colectiva del conocimiento fueron fundamentales en el nacimiento de los nuevos movimientos sociales al calor de la conexión entre este enfoque epistemológico y las congregaciones en los estados negros del sur. Paul Thompson, historiador social de la Universidad de Essex, desempeñó un papel destacado en la creación de la Sociedad Británica de Historia Oral a principios de la década de 1970 y el posterior desarrollo de una historia oral internacional a finales de esa década. Voice of the Past: Oral History se convirtió en una referencia cuando se publicó en 1978 6. Como militante, Paul Thompson entendía su acción investigadora como un compromiso con las palabras y experiencias de las gentes de clase trabajadora. Sin embargo, también buscó defender la historia oral contra los críticos que afirmaban que la memoria era una fuente histórica poco fiable. Según su visión, la historia oral estaba llamada a transformar la historia cambiando el enfoque y suponía un desafío a los relatos dominantes en la propia historiografía. El reto ahora mismo es no acomodarnos en una aceptación del testimonio como un aderezo al servicio de enfoques individualistas del pasado, sino utilizar las poderosas herramientas críticas que nos proporciona la metodología de la historia para ser social y colectivamente relevantes.

AYER: Siguiendo con estas reflexiones, y teniendo en cuenta que es una obviedad afirmar hoy en día que la relación entre historia y memoria es conflictiva, ¿dónde deberíamos situarnos los historiadores en este debate?

José María Portillo Valdés: Podríamos decir que toda memoria ha de tener un fundamento, o al menos una referencia, en hechos del pasado, pero no todo el pasado conforma memoria. Esto es aún más cierto si nos referimos a lo que se ha dado en denominar memoria pública, es decir, la que se refiere a aquella parte del pasado que, por diversas razones, tiene una funcionalidad política. En un mismo momento histórico, pongamos por caso el primer franquismo, hay cuestiones meramente históricas —por ejemplo, la reconstrucción de las infraestructuras viarias— y otras que se trasladan al espacio de la memoria pública —por ejemplo, la represión de los vencidos—.

Los historiadores —usaré aquí este término para referirme a los profesionales académicos— nos ocupamos, en principio, del pasado sea este o no trasladado al ámbito de la memoria pública. Nos interesa la reconstrucción de las infraestructuras tras la Guerra Civil, así como la represión de los vencidos. Nuestro interés es, en realidad, bastante más complejo puesto que lo que nos interesa son los diferentes procesos de reconstrucción material y social en situaciones de posguerra, así como las consecuencias represivas de la derrota tras un conflicto como el de 1936-1939. Por decirlo de otra manera, a la memoria pública le interesan hechos puntuales del pasado, a los historiadores, sin embargo, nos interesan los procesos históricos.

Es por ello que lo que distingue más claramente nuestra aproximación al pasado es el uso del método historiográfico y su forma derivada de narrar el pasado es muy diferente de otras aproximaciones. Al uso de la memoria pública, por decirlo así, le interesan solo algunas piezas del rompecabezas; al método historiográfico, sin embargo, le preocupa armarlo completamente o lo más completamente que se pueda, porque siempre acaban faltando piezas.

AYER: Antonio Miguez Macho y José María Portillo Valdés han puesto sobre la mesa algunos de los nudos gordianos que cabe intentar desembrollar. Maria Inácia Rezola, ¿cuál es en tu opinión el lugar de la memoria en el oficio del historiador? ¿Es posible superar la dicotomía entre historia y memoria? Y, si es así, ¿de qué manera?

Maria Inácia Rezola: En el ámbito de la epistemología histórica, los historiadores se enfrentan a una serie de retos fundamentales en su labor. Uno de los más relevantes es la objetividad, el rigor y la metodología. La historia, como disciplina, ha luchado constantemente por encontrar un equilibrio entre la fidelidad a los hechos y su interpretación crítica. Además, otro desafío importante es el de la honestidad —o incluso podríamos decir la moralidad o la honradez— con la que se aborda el pasado. El compromiso ético del historiador, su responsabilidad con la verdad, con las fuentes y con los sujetos históricos, es crucial y cada vez más exigente en el contexto actual.

Cuando introducimos la memoria en la ecuación, la tarea del historiador se vuelve aún más compleja. La memoria no solo aporta nuevas perspectivas, sino que también aumenta las responsabilidades del investigador. Desde hace tiempo, la memoria ha ocupado un lugar importante dentro del mundo académico, pero su presencia se ha hecho aún más fuerte desde que la recuperación de la memoria histórica se ha convertido en una cuestión de interés público. De hecho, podemos decir que vivimos en la «era de la memoria». Numerosos autores muy influyentes —como Halbwachs, Bergson, Ricoeur, Candau, Pollak, entre otros— han reflexionado sobre la relación entre historia y memoria, abordando tanto sus avances como sus límites. Esta relación es, sin duda, compleja y, como afirma Manuel Ortiz Heras, oscila entre la contraposición y la sinonimia 7. Aunque existen diferencias claras entre ambas, oponerlas de forma radical puede resultar una operación peligrosa y discutible, como advierte Enzo Traverso, ya que tanto la historia como la memoria son visiones del pasado que están siempre matizadas por el presente 8.

Superar la oposición entre historia y memoria implica fomentar un diálogo entre historiadores y portadores de memoria —testigos, comunidades, víctimas, etc.— De esta manera, la historia puede incorporar memorias múltiples y plurales, y la memoria puede beneficiarse del análisis histórico para evitar distorsiones o manipulaciones. Hablar de memoria, mejor dicho, de memorias, implica abrirse a un universo vasto de aportaciones a la historia. La memoria desafía la primacía del documento escrito como fuente privilegiada del historiador, permitiendo, en cambio, enfatizar los aspectos vividos del pasado. En este sentido, no se trata de sustituir fuentes tradicionales, sino de complementarlas, de enriquecerlas a través de testimonios, experiencias y percepciones subjetivas. Esto genera diálogos muy interesantes entre historia y memoria, que invitan a repensar los métodos y objetivos de la investigación histórica. Por supuesto, las verdades e incertidumbres de la historiografía existen en todas las fuentes, ya sean escritas, orales o materiales. Pero la memoria, en particular, aporta una singularidad valiosa: cada sujeto expresa su propia memoria, su visión única de los hechos. Y es precisamente en esa diversidad donde reside uno de los grandes desafíos —y riquezas— de la historia contemporánea.

AYER: ¿Cómo se relaciona según tu experiencia la construcción de patrimonios simbólicos con los procesos de creación identitaria en el sentido más amplio?

Antonio Míguez Macho: La conexión entre la memoria y lo espacial, en sentido material y simbólico, fue apuntada tempranamente por el propio Maurice Halbwachs. Sin abandonar el periodo contemporáneo, la construcción del Estado-nación liberal vino acompañada de una reordenación del espacio público. En ese proceso, los Estados percibieron la importancia de dominar ese espacio en el plano del control del orden público al tiempo que establecían una nueva semántica para nombrar y ocupar esos espacios. La odonimia nos señala las claves de un proceso histórico que arranca hacia 1830 consistente en la ordenación del callejero urbano y los proyectos edilicios asociados a la memoria del Estado-nación. En las décadas sucesivas asistimos a una serie de desarrollos que culminan con el monopolio de la gestión de la memoria pública por el aparato estatal, contestado por los movimientos sociales y revolucionarios que derriban y erigen estatuas como símbolo de la ­disputa que estamos reflejando.

Sin embargo, no será hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando irrumpan las víctimas como un elemento axial de la lucha por la presencia de la memoria en el espacio público. La conexión que presentamos en esta apretada genealogía no es menor, porque la memoria de la gente irrumpe en la agenda pública como un elemento asociado a la disputa de la hegemonía en el espacio público. Un primer caso significativo nos conduce al corazón del continente europeo, en los edificios y barracones que habían sido el Campo de Concentración de Dachau. La historia de este espacio está íntimamente relacionada con los cambios que sufrió Europa después del final de la Segunda Guerra Mundial. Las instalaciones y barracones del campo habían sido empleados en 1945 como centro de internamiento para presos nazis, y luego, sin discontinuidad, como un campo de refugiados. El flujo de personas que habían quedado sin hogar llevó a las autoridades del mando supremo aliado a aprovechar el espacio que este tipo de centros ofrecía. Durante varios años siguió siendo empleado para este fin, hasta que una vez vacío, en 1955, las autoridades del estado de Baviera de la ya constituida República Federal Alemana decidieron derribarlo para edificar una promoción de viviendas.

Comenzó a gestarse entonces un movimiento inédito entre diversos colectivos de exprisioneros del campo unidos en el rechazo al proyecto de derribo del edificio. Su campaña culminó en el reconocimiento por parte de las autoridades y la aprobación en 1962 de la construcción de un espacio memorial que fue finalmente inaugurado en 1965. La transformación que se estaba produciendo operaba a diversos niveles. Un hecho significativo se relaciona con la aprobación en 1960 de una ley en Alemania que sancionaba la negación del exterminio judío, posiblemente la primera norma aprobada en el mundo con estas características. La persecución del negacionismo adquiría una nueva relevancia tras el impacto producido por acciones antisemitas, como la vandalización de la sinagoga de Colonia atacada en la Navidad de 1959 tras ser reinaugurada después de su destrucción durante los años del nazismo.

La actividad memorial cobra, a partir de entonces, un nuevo sentido ligada a la denuncia de los movimientos sociales y conecta con el objetivo de atacar al negacionismo. Con la década de 1960, entramos en una era en que la reivindicación de las víctimas de la violencia masiva, de la opresión o de cualquier tipo de persecución considerada atentatoria contra los derechos humanos y la dignidad de las personas pasa directamente a ocupar un primer plano. La era de la denuncia es, a mi juicio, la que mejor conecta con la aspiración crítica del conocimiento histórico como herramienta para entender la memoria y el pasado en general. La cuestión reside en hasta qué punto hemos abandonado esa agenda al ponernos al servicio de una visión acomodaticia que pretende satisfacer con la memoria demandas insatisfechas de nuestro tiempo. Provocamos con ello un efecto paradójico: criticamos en el pasado lo que no somos capaces de resolver en el presente.

AYER: A partir de estas reflexiones, ¿los historiadores deberíamos conectar con el interés social por el pasado? Y si es así, ¿de qué manera?

José María Portillo Valdés: Según sostienen los especialistas en la evolución cognitiva de la especie a que pertenecemos, frente a otras especies como la Neanderthal nos caracterizaría una permanente actitud proyectiva y predictiva. En un libro reciente sobre el funcionamiento del cerebro humano, Rafael Yuste propone definirlo como una máquina predictiva 9. Anticiparnos a los posibles futuros, inmediatos o no, es lo que nos ha permitido sobrevivir en un ambiente en principio más propicio para nuestra extinción que para nuestro dominio sobre el ecosistema. Como señala Yuste, en esa compleja máquina predictiva del futuro, sin embargo, una parte notable está ocupada por el pasado. El desarrollo de la memoria fue esencial para sobrevivir porque la forma de predecir qué pueda ocurrir es recordar qué pasó en situaciones similares.

Se deduce de ahí que el pasado, es decir, lo que nos ocupa a los historiadores, es algo intrínsecamente humano. Más aún, se diría que sin pasado nos deshumanizamos (quizá por ello definimos así enfermedades que destruyen la memoria). A la propuesta de Yuste y otros neurobiólogos —Anil Seth, por ejemplo, aunque la bibliografía de divulgación, que es a la que puedo acceder, es muy amplia— creo que debemos añadir desde las humanidades algo relevante: el pasado no solo es la memoria de la que tiramos para proyectar el futuro, sino que también proyectamos el pasado. Esa es la diferencia entre memoria e historia, a la que habría que agregar otra entre historia e historiografía: historia, es decir, proyección del pasado, la hacen todos los humanos —y diría que a diario—, pero historiografía solo la producen los historiadores usando el método apropiado. Ese es el interés social que debemos reclamar.

Ocurre que los historiadores hemos ido perfeccionando un método muy específico para explicar el pasado y que dicho método nos conduce a resultados considerablemente más complejos que los que obtienen otros usos del pasado. Esa complejidad es uno de los factores que hacen que nuestro tratamiento de la historia sea menos atractivo que otros que sacian de manera mucho más simple —y, por tanto, comprensible— el conocimiento de los hechos del pasado. El éxito que tienen fórmulas como la novela histórica, el cine o las «historias contadas con sencillez» frente al ensayo historiográfico es bien conocido. Prescindir de la reconstrucción de procesos históricos, lecturas contextualizadas, crítica de fuentes y análisis comparativo, es decir, de los fundamentos del método historiográfico, tiene la ventaja de que reduce la narración del pasado prácticamente a la anécdota, que resulta mucho más digerible intelectualmente.

Creo, sin embargo, que debemos ser conscientes, desde las humanidades, del valor que tiene en sí mismo nuestro pensamiento. En 2016 El País entrevistó al biogerontólogo Aubrey de Grey, quien afirma que la cifra de mil años como periodo de vida media de los humanos le parece conservadora. Imaginemos que tiene razón y que en nuestra clase de historia en vez de explicar la Restauración podríamos decir: «pase, Antonio, y explíqueles usted a los estudiantes en qué consistió eso». ¿Sería eso una clase de historia? La fuente, desde luego, lo sería; más de primera mano, imposible. Sin embargo, al método historiográfico le faltarían otros ingredientes (testimonios, prensa, actas parlamentarias, resoluciones judiciales, datos estadísticos...) para poder armar ese rompecabezas al que llamamos historia.

La idea de que ni siquiera Cánovas nos podría dar una definición historiográfica de la Restauración es, creo, la que hace relevante el pensamiento historiográfico. Alex Rosenberg, un filósofo de la ciencia, publicó en 2018 un libro que armó un cierto revuelo en la academia norteamericana. El título era provocador y programático: How History Gets Things Wrong. La tesis es que los humanos somos adictos al pasado, pero que esa manía de recurrir a él para decidir qué hacer nos hace muy vulnerables porque todo relato histórico no es más que una invención 10. Lo que falla en el libro de Rosenberg, a mi juicio, es que el pensamiento historiográfico no busca la verdad, sino explicar de manera compleja el pasado. Un magnífico artículo de Pietro Costa, que ha sido recientemente traducido en la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, contrasta de manera muy ilustrativa el método jurídico y el historiográfico, muy similares y muy distintos a la vez, y concluye que el historiador no busca, como el juez, conocer la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad porque no concluye con una sentencia, sino con una narrativa del pasado fundamentada y acorde con un método muy exigente 11.

AYER: En Portugal se han celebrado recientemente los cincuenta años de vida democrática. ¿Qué balance haces de la relación entre historia y memoria de la dictadura y la transición a la democracia? ¿Qué iniciativas se han desarrollado en estos años?

Maria Inácia Rezola: En Portugal, la memoria y la historia de la dictadura y de la transición democrática han empezado a desarrollarse de forma más significativa solo en los últimos años. Esto se debe a una serie de factores históricos y estructurales. La prolongada duración y la naturaleza autoritaria de la dictadura, la ruptura radical que supuso el 25 de Abril, así como una consolidación democrática inicialmente inestable, en la que los militares aún ­desempeñaban un papel importante, condicionaron profundamente cómo se construyó esa memoria. Además, el estado de los archivos históricos fue durante mucho tiempo un obstáculo: su apertura fue lenta, con criterios poco claros, lo que retrasó no solo el acceso a la información, sino también el impulso de políticas públicas de memoria. A eso se suman una museología tardía sobre el pasado dictatorial y batallas esporádicas por el control del relato histórico y de la memoria colectiva.

Podemos hablar de distintas fases en este proceso. La primera, entre 1974 y 1975, fue breve, pero intensa. Fue un momento de ajuste de cuentas con el pasado, sobre todo con la policía política —la PIDE/DGS—, y con una opinión pública liberada de la censura, deseosa de saber. Se creó el Servicio de Coordinación para la Extinción de la PIDE/DGS, se impulsaron procesos de depuración política —los llamados «saneamentos»— y se abrió un espacio ­inédito para la memoria antifascista. Sin embargo, en la segunda fase, desde 1976 y durante los años ochenta, se abandonó ese impulso. El discurso político apostó por mirar hacia adelante, en nombre de la estabilidad. Se suavizaron penas, se liberaron presos del régimen anterior y poco a poco se impuso un cierto silencio, aunque nunca total, sobre la dictadura, la represión y, en parte, incluso sobre la Revolución. Como escribió el filósofo Eduardo Lourenço en 1984, la Revolución no logró enterrar moralmente al régimen anterior, que siguió proyectando sus mitos y valores en la sociedad. A pesar de ello, surgieron movimientos como la União de Resistentes Antifascistas Portugueses (URAP) o la Comissão do Livro Negro sobre o Regime Fascista, que mantuvieron viva la memoria crítica. Durante ese periodo, los primeros relatos históricos vinieron de periodistas, militantes o curiosos. Se trataba muchas veces de una historia comprometida, antifascista, que anticipaba una nueva historiografía, pero aún con poco apoyo institucional.

A partir de los años noventa, se produjo un cambio importante. La academia presionó sistemáticamente por la apertura de archivos y empezó a dedicar recursos y energías a estudiar ese pasado reciente. En torno a 1994, veinte años después del 25 de Abril, los archivos de la PIDE se abrieron al público. En el ámbito de la memoria, se fueron levantando las represiones y emergieron algunas memorias privadas con traumas no resueltos, especialmente en relación con la descolonización. En ese momento, nadie se atrevía a defender abiertamente la policía política o la censura, y se consideraba improcedente cuestionar la legitimidad de los capitanes de Abril para derrocar el régimen y terminar la guerra colonial. A nivel historiográfico, hubo una verdadera renovación: aparecieron estudios sobre el salazarismo, la oposición, la memoria de los resistentes y, por fin, sobre la propia Revolución. Esto captó la atención del mundo editorial y mediático, y amplió el espacio público para el debate histórico.

Ya en el siglo xxi, se nota una desaceleración del impulso anterior. La academia parece haberse replegado y la sociedad, en general, muestra una indiferencia creciente hacia el pasado. Esto motivó, por ejemplo, la creación del Movimento Não Apaguem a Memória en 2008, que luchó por preservar la memoria de la resistencia y de la libertad conquistada el 25 de Abril. Una de sus acciones más visibles fue la protesta contra la demolición de la antigua sede de la PIDE en Lisboa para construir viviendas de lujo. También la URAP fue muy activa, por ejemplo oponiéndose a la construcción de un museo en Santa Comba Dão, lugar de nacimiento del dictador portugués Oliveira Salazar.

Esta fase también se caracteriza por una mayor jerarquización y contextualización de la información histórica, tanto por parte de periodistas como de historiadores. Además, desde principios de siglo, se realizan encuestas sobre la memoria de la dictadura y la transición, lo que demuestra una cierta institucionalización del debate. Actualmente, en la fase más reciente, se plantean nuevas preguntas: ¿hemos hecho realmente el duelo por las víctimas de la dictadura? ¿Cómo enfrentamos los traumas heredados de la guerra colonial y de la descolonización? Y también, ¿cómo podemos aprovechar las efemérides no solo como rituales conmemorativos, sino como momentos de reflexión crítica sobre nuestro pasado reciente y lo que este todavía nos dice sobre el presente?

En resumen, cincuenta años después del 25 de Abril de 1974, pese a todo, podemos decir que la memoria sobre la dictadura portuguesa y su aparato represivo ha florecido de forma considerable. En estos últimos años, han visto la luz obras de teatro, documentales televisivos y libros de testimonios que rescatan voces silenciadas durante décadas. Muchas de las llamadas «víctimas» de aquel periodo —como antiguos presos políticos, desertores o excombatientes de la guerra colonial— han comenzado, por fin, a compartir sus historias. Este movimiento ha contribuido a enriquecer el imaginario colectivo sobre el pasado reciente del país. Sin embargo, este florecimiento convive con ciertas tensiones y límites. A pesar de los avances, se puede decir que la memoria de la dictadura y de su aparato represivo tiende a diluirse en nombre del presente y de una narrativa orientada hacia la construcción del futuro. No estamos exactamente ante un fenómeno de olvido, pero tampoco ante un ejercicio profundo y constante de memoria. Más bien, lo que se observa es una falta de memoria estructurada y sostenida, más que un exceso. Las irrupciones de memoria son, en general, esporádicas, casi siempre ligadas a efemérides como el propio 25 de Abril. Fuera de esas fechas simbólicas, el debate público sobre el pasado pierde intensidad o desaparece por completo.

Uno de los puntos más complejos sigue siendo la relación con la guerra colonial y la descolonización, un campo de la memoria que continúa siendo incómodo, conflictivo e incluso, para algunos, doloroso. Es ese «pasado que no pasa». Las dificultades para construir una historia pública y una memoria compartida sobre este tema están ligadas a múltiples factores: el papel ambivalente de los militares, que, por un lado, derrocaron la dictadura, pero, por otro, fueron parte activa del esfuerzo colonial; la experiencia de los repatriados (retornados), que vivieron procesos traumáticos de desplazamiento, y también la persistente nostalgia del imperio, que todavía pervive en ciertos sectores de la sociedad portuguesa. Así, en este aniversario de medio siglo de democracia, el balance es necesariamente ambivalente: hay avances claros en la recuperación de la memoria, pero también vacíos, silencios y controversias que demuestran que el pasado reciente sigue siendo un terreno delicado, vivo y en disputa.

AYER: De Portugal pasemos a España. ¿Qué valoración haces de las leyes de memoria impulsadas en las últimas dos décadas? ¿Pueden solucionar el conflicto de memorias?

Antonio Míguez Macho: Creo que conviene romper con la idea de una «excepcionalidad» española, también en lo que respecta al tratamiento de la memoria convulsa del pasado traumático. Del mismo modo, el hecho de que no nos satisfaga como ciudadanos el modo en que se han abordado diferentes aspectos de la justicia transicional en España no significa que esta no haya existido en absoluto y que no debamos analizarla desde el punto de vista de la historia. La Ley de Memoria Democrática de 2022 se engarza en una secuencia de normas, acciones, conflictos y reivindicaciones que eclosionan desde los años mismos de la Transición. Forman parte de un fenómeno global, antes que local, que supone un cambio en el régimen de memoria hegemónico y la emergencia de las víctimas como centro del debate público 12.

El caso español emerge como de gran productividad normativa. La Ley de Memoria Histórica, que fue aprobada por iniciativa del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, no fue la única que se aprobó en este periodo relativa a los temas de «memoria histórica», ya que los órganos legislativos de las comunidades autónomas fueron desarrollando medidas propias bastante ambiciosas en comparación con la norma estatal. El Parlamento de Cataluña, por ejemplo, creó el Memorial Democràtic en 2007. La inserción de las «políticas públicas de la memoria» como un brazo de la estructura administrativa del Gobierno se corresponde con una lógica de construcción nacional que se puede remontar a la creación del Yad Vashem. Desde entonces, distintos organismos han sido constituidos en el seno de los Gobiernos o los aparatos administrativos para la gestión del recuerdo, pero hasta el Memorial Democràtic no se había hecho algo semejante en España.

A este impulso inicial, sucedió el ciclo 2013-2022 con la aprobación de leyes de memoria en la mayoría de las comunidades autónomas. El foco de estas normas ya no se centraba solo en la remoción del espacio público de la simbología asociada con el franquismo, sino en el tratamiento memorial de los espacios donde se hizo patente la violencia persecutoria. Las antiguas prisiones o campos de concentración pasaban a ser objeto de específica protección y de tratamiento diferenciado en términos de memoria. La iniciativa navarra trasladaba tardíamente al ámbito español lo que en términos de políticas de memoria se había inaugurado en 1947 con la creación del museo de Auschwitz. Entonces, se asumía la noción de patrimonio del terror como una pieza esencial en la política de la memoria. Se creaba para ello la categoría de «Lugar de la Memoria Histórica de Navarra» como un epítome de aquello.

La Ley de Memoria Democrática de 2022 se engarza en un proceso, por tanto, antes de iniciarlo. Introduce un capítulo de sanciones para acciones que «sean contrarias a la normativa sobre memoria democrática, inciten a la exaltación de la Guerra o de la Dictadura» (artículo 62). Se trata de un aspecto novedoso en España y que conecta esta legislación con la normativa internacional que castiga el negacionismo. Representa la introducción de este extremo en un ámbito de debate mucho más amplio que se refiere a la potestad de una cámara legislativa para establecer «la verdad» sobre los acontecimientos del pasado 13. Los antecedentes nos indican que es un camino complicado. Las regulaciones legales de la «verdad histórica» tienden a crear asimetrías. Por ejemplo, a los casos que no han sido objeto de tratamiento judicial, pero que la evidencia histórica muestra cómo han sido sistemáticamente negados, no es posible aplicarles el contenido de las leyes de persecución del negacionismo, tal y como sucede con el genocidio armenio 14.

La cuestión central reside, a mi juicio, en que los diferentes impulsos para convertir el pasado en un horror sin límites pueden ser contraproducentes ante un presente cada vez más inquietante. El caso europeo es paradigmático en este sentido 15. La Ley de Memoria Democrática española no puede aspirar a un consenso que parte de una genealogía mítica: del pasado conflictivo que representa 1936 al consenso de la Constitución de 1978 y la monarquía parlamentaria. La concepción de memoria democrática tiene que ser necesariamente dialéctica, expuesta al debate. También debería ser más abierta, de mucho mayor recorrido temporal yendo más allá de las experiencias traumáticas del reciente siglo xx, basada en las experiencias institucionales, pero también en las no institucionales y subalternas, así como también sensible a la perspectiva trasnacional. Necesitamos más historia, pero no menos memoria.

AYER: Volvamos a uno de los nudos que habéis mencionado anteriormente. ¿Cómo afectan al oficio de historiador los procesos de memorialización y desmemorialización del pasado?

José María Portillo Valdés: Solo una parte de ese pasado del que nos ocupamos se memorializa y con ello adquiere una relevancia pública notable. El proceso mediante el cual un hecho del pasado pasa a esa otra categoría de «memoria» es, como sabemos bien, esencialmente político. Es el cuerpo político de la sociedad —­en sus diferentes expresiones local, regional, nacional o eu­ropea— quien impulsa determinados hechos históricos hacia una posición en la que tienen un rol político. Estos hechos del pasado se memorializan no con la finalidad de que sean tratados historiográficamente, sino para que la sociedad los integre en sus propios valores políticos. Lo mismo ocurre en el sentido inverso: desmemorializar es también una decisión política.

Lo interesante de ambos procesos, el de memorializar o el contrario, es que tratan políticamente el pasado, incluso llegando a legislar sobre él. No discuto la conveniencia de hacer esto; al contrario, creo que es también necesario. Memorializar, por ejemplo, la relevancia de las mujeres en nuestro pasado creo que es una manera muy oportuna de favorecer la inclusión social del feminismo. Lo mismo puede afirmarse respecto, por ejemplo, del terrorismo. La creación en Vitoria del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo fue una decisión política muy conveniente para la integración social del rechazo de la violencia política. Si entendemos que el feminismo o el rechazo de la violencia política son convenientes para nuestra sociedad, memorializar hechos históricos que transmitan esos valores es, sin duda, legítimo y conveniente.

Aquí aparece la otra cuestión que nos trae este debate y que tiene que ver con la duración del pasado. Cuando memorializamos el pasado tendemos a hacerlo sobre todo con el que consideramos que nos implica más directamente. Antes me refería a la memorialización de las víctimas del terrorismo, pero, como Maria Inázia Rezola nos muestra, lo mismo podríamos decir del interés en Portugal por la memorialización de hechos que tienen que ver con la dictadura y la Revolución de los Claveles. Tenemos, en efecto, una clara querencia por lo que podríamos llamar nuestros muertos. A estos les otorgamos un valor político del que carecen otros muertos y, con ellos, otros hechos del pasado. Esto se ve mejor si retrocedemos en el tiempo: sin duda los muertos del terrorismo son nuestros en el sentido dicho y lo son, aunque creo que están dejando de serlo para nuestros estudiantes, los de la represión franquista y la Guerra Civil, pero sin duda no lo son ya los muertos en las guerras de África.

La potencia política de la memorialización de la historia se comprueba bien precisamente si observamos cómo se trata en ocasiones de convertir en nuestros muertos a los de un pasado remoto. Un ejemplo magnífico nos lo brinda la reciente y reincidente polémica acerca de la responsabilidad de la actual monarquía española en la conquista de América. La ideologización del pasado, por remoto que sea, es, en efecto, otra de las vías por las que el pasado se incorpora a la política. No es casual que la ultraderecha española se empeñe en traerse los huesos de Cortés a España con el fin de que pase a formar parte política de nosotros.

¿Nos interpelan a los historiadores estos otros usos del pasado? La respuesta no es simple, para variar. Por un lado, no cabe duda de que constituimos una auctoritas que se busca desde esos usos del pasado. «Los historiadores más serios ya han mostrado que...» es un arranque argumental bastante habitual en debates políticos acerca del pasado. Los historiadores más serios somos nosotros, los historiadores a secas, los que desde instituciones académicas nos dedicamos profesionalmente al estudio del pasado. Sabemos bien que, regularmente, hasta ahí llega la apelación a nuestra forma de tratar el pasado. Funcionamos bien como auctoritas, pero no tanto como narradores del pasado. Como antes dije, esto es algo que deberíamos considerar seriamente, aunque no sea el objeto del presente debate.

Para la historiografía académica la memorialización del pasado funciona de manera diferente de como lo hace para la política. Para esta es un fin en sí mismo, de eso se trata, del uso del pasado para la acción política, mientras que para nosotros la memorialización es todo lo contrario a un fin: es un principio. De ahí partimos para ofrecer una interpretación compleja, esa que tiene en cuenta el proceso histórico, la contextualización, la comparación y la crítica de fuentes, además de a nosotros mismos, es decir, la historiografía. La política nos interpela y la profesión, por regla general, atiende dicha interpelación. Al mismo tiempo, sin embargo, el tratamiento historiográfico de las propias cuestiones que la memorialización coloca en primer plano no tiene mayor significación para la política y es muy relativa para la opinión pública. En esto último tenemos también responsabilidad y debemos empezar a pensar cómo conectar con un público que, en general, piensa que somos incomprensibles fuera de la academia —y en gran medida lo somos—. Pensemos en esto: somos básicamente narradores a los que nadie ha enseñado a narrar. Quizá deberíamos comenzar por incluir en el grado de Historia asignaturas de escritura creativa.

AYER: Para cerrar este debate, crucemos otra vez la frontera y volvamos a Portugal. ¿Qué valoración haces de las políticas públicas de memoria en relación con la dictadura y el 25 de Abril? ¿Qué problemas y retos tienen que afrontar en el futuro los/las historiadores/as?

Maria Inácia Rezola: Antes que nada, es muy significativo observar cómo, cincuenta años después, esta fecha se mantiene extraordinariamente viva. Momento crucial del Portugal contemporáneo, el 25 de Abril no solo permanece en la memoria de quienes lo vivieron en primera persona, sino también en la memoria pública y simbólica del país. Es una referencia transversal, que une generaciones y territorios, y que sigue alimentando un sentimiento de pertenencia democrática.

En 2024, conmemorando el cincuentenario de la Revolución, más de 200.000 personas salieron a las calles de Lisboa para celebrar el 25 de Abril, en una movilización masiva que ya se ha convertido en una auténtica imagen de marca de la fecha. Y la celebración no se limitó a la capital: el país entero se movilizó para preparar este momento fundacional de su democracia. Asociaciones culturales, autoridades locales, organizaciones públicas y privadas, escuelas y universidades, todos quisieron formar parte de las celebraciones. Os invito a visitar la página web de la Comisión Conmemorativa del Cincuenta Aniversario del 25 de Abril para tener una idea de la magnitud de esta movilización 16. Aunque la agenda de nuestra página no es exhaustiva —pues la inscripción de actividades fue voluntaria—, ofrece un retrato muy revelador de la cantidad y diversidad de actos realizados para conmemorar esta fecha histórica. Este entusiasmo ciudadano refleja el profundo significado que sigue teniendo el 25 de Abril para los portugueses, algo que también se confirma en las encuestas sobre la percepción de la Revolución y su legado. La gran mayoría de los encuestados considera que la forma en que se llevó a cabo el 25 de Abril es motivo de orgullo nacional, cree que debe ser recordado como un acontecimiento con efectos positivos para el país y lo señala como el hecho más importante de la historia de Portugal.

Ahora bien, cuando hablamos de políticas públicas de memoria, la situación es algo más ambivalente. Portugal cuenta con algunos de los mejores archivos de la dictadura, como los de la policía política (PIDE/DGS) o los documentos personales de Oliveira Salazar, lo que ha sido fundamental para el trabajo de los historiadores. Sin embargo, es quizás uno de los pocos países europeos donde existe una ausencia casi total de memoria física de los tiempos de la represión, o, para no ser injustos, donde se tardó mucho tiempo en crear museos o espacios de memoria de ese periodo. Es cierto que se cambiaron los nombres de calles y plazas, se retiraron estatuas —­principalmente de Salazar— y, simbólicamente, se rebautizó, ya en octubre de 1974, el puente Salazar como puente 25 de Abril. Pero los esfuerzos para crear o preservar lugares de memoria han sido, durante mucho tiempo, escasos y fragmentados. Una alarma importante se produjo en los años noventa, cuando, como explicaba antes, la antigua sede de la policía política en Lisboa fue convertida en un condominio de lujo, un caso emblemático de negligencia patrimonial que marcó un punto de inflexión en el debate público sobre la memoria histórica.

Desde entonces, han surgido algunas iniciativas e instituciones significativas en este campo como la Associação 25 de Abril (1982), la Fundação Humberto Delgado (1988), la Fundação Mário Soares (1991) y, en otro ámbito, el Museu da República e da Resistência (1993), impulsado por la Cámara Municipal de Lisboa. En los últimos años, este esfuerzo se ha intensificado con la apertura del Museu do Aljube-Resistência e Liberdade en 2015 (también de iniciativa municipal), el nombramiento del aeropuerto de Lisboa a Humberto Delgado y la reciente inauguración de lugares de memoria como la Casa do Passal-Museu Aristides de Sousa Mendes (2024), el proyecto Lugares de Abril (2024, CML) o el esperado Museu Nacional da Resistência e da Liberdade, instalado en la antigua prisión de Peniche (2024). Estos avances muestran que, aunque el país tardó en estructurar una memoria pública sólida sobre la dictadura, la Revolución y la represión, la conmemoración de los cincuenta años del 25 de Abril ha funcionado como catalizador de nuevos esfuerzos, institucionales y ciudadanos, para preservar, transmitir y repensar ese legado democrático.

No obstante, sigue existiendo un vacío evidente en lo que respecta a temas como la guerra colonial y el pasado colonial portugués. Se trata de un capítulo crucial de la historia reciente de Portugal, pero también profundamente asimétrica y dolorosa, en la que destacan episodios de represión colonial y la existencia de campos de prisión o de concentración en territorios como Angola, Mozambique, Guinea-Bisáu y Cabo Verde. A pesar de la magnitud y el impacto de esta historia, todavía hoy cuesta integrarla plenamente en la memoria pública portuguesa. La falta de lugares de memoria dedicados a este pasado colonial y a sus víctimas ha contribuido a ese vacío, impidiendo una reflexión colectiva más profunda y plural sobre el legado del colonialismo y de la guerra.

Sin embargo, me parece importante subrayar que esta ausencia de memoria física ha sido, en cierta medida, compensada por la existencia de archivos históricos de gran valor. Estos han preservado información esencial, incluso en contextos de silencio o de represión de la memoria. En este sentido, podríamos decir que Portugal ha practicado una forma de «olvido de reserva», en los términos formulados por Paul Ricoeur: un olvido que no borra, sino que resguarda en silencio, dejando abierta la posibilidad de recuperar esa memoria más adelante, cuando la sociedad esté dispuesta a enfrentarse a ella.

A pesar de los avances realizados en las últimas décadas, el estudio y la transmisión de la memoria histórica en Portugal siguen enfrentando diversos retos y dificultades. Uno de los más inevitables es la desaparición progresiva de los protagonistas de los acontecimientos clave del siglo xx portugués —aquellos que vivieron la dictadura, la Revolución de Abril, la guerra colonial o el proceso de descolonización—. Con su desaparición, también se pierden testimonios directos, matices y vivencias que no siempre han quedado debidamente registrados. Esto nos lleva a otro desafío importante: la dificultad para conservar los registros de la memoria. Muchos archivos personales, grabaciones, cartas o diarios corren el riesgo de perderse si no se integran a tiempo en archivos públicos o académicos. Además, persisten obstáculos en el acceso a los archivos históricos. Algunos simplemente no existen, porque fueron destruidos, mientras que otros nunca llegaron a producirse, debido a la rapidez o la informalidad con la que se vivieron ciertos episodios históricos. También hay casos en los que los archivos están en manos privadas, lo que limita su consulta y conservación.

A nivel metodológico, se observan ciertas tendencias problemáticas en el campo historiográfico contemporáneo. Una de ellas es la valoración casi exclusiva de la «historia desde abajo», en detrimento de otras perspectivas que también son fundamentales para comprender los procesos históricos. De forma paralela, hay una creciente predilección por estudiar los conflictos, tensiones y disputas, lo cual es sin duda relevante, pero a veces relega a un segundo plano los factores de continuidad, cohesión o estabilidad, igualmente importantes para entender el devenir histórico.

Por último, se detecta una cierta resistencia hacia la historia pública y hacia las formas de conmemoración institucional, vistas con desconfianza por parte de algunos sectores académicos. Este rechazo puede empobrecer el diálogo entre la investigación histórica y la sociedad, precisamente en un momento en el que la conexión entre memoria, historia y ciudadanía se vuelve más necesaria que nunca.

  1. 1 Sin ir más lejos, véase el debate organizado en las anteriores Jornadas Juan José Carreras de la Asociación de Historia Contemporánea en Zaragoza en septiembre de 2022, posteriormente publicado en esta revista, Ramón Villares, María Teresa Ortega y Toni Morant: «Cultura histórica, historia pública, profesión y compromiso de los historiadores», Ayer, 132 (2023), pp. 309-335.

  2. 2 Véanse, entre otras publicaciones, Antonio Míguez Macho: The Genocidal Genealogy of Francoism. Violence, Memory and Impunity, Brighton, Sussex Academic Press, 2016, e íd. (ed.): Sites of Violence and Memory in Modern Spain. From the Spanish Civil War to the Present Day, Londres, Bloomsbury Academic, 2021.

  3. 3 Entre sus últimas monografías, véanse José María Portillo Valdés: Entre tiros e historia. La constitución de la autonomía vasca, 1975-1979, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2018, e íd.: Una historia atlántica de la nación y el Estado. España y las Españas en el siglo xix, Madrid, Alianza Editorial, 2022.

  4. 4 Entre sus publicaciones sobre estas temáticas, véanse Maria Inácia Rezola: 25 de Abril. Mitos de uma Revolução, Lisboa, Esfera dos Livros, 2007; Irene Flunser Pimentel y Maria Inácia Rezola (eds.): Democracia, Ditadura, Memória e Justiça Política, Lisboa, Tinta da China, 2014, y Antonio Reis, Maria Inácia Rezola y Paula Borges Santos (eds.): Dicionário de História de Portugal. O 25 de Abril, 8 vols., Oporto, Figueirinhas, 2016-2018.

  5. 5 Josefina Cuesta Bustillo: «Memoria e historia. Un estado de la cuestión», Ayer, 32 (1998), pp. 203-246.

  6. 6 En castellano, Paul Thompson: La voz del pasado. La historia oral, València, Edicions Alfons el Magnànim, 1988.

  7. 7 Manuel Ortiz Heras: «Memoria social de la Guerra Civil. La memoria de los vencidos, la memoria de la frustración», Historia Actual Online, 10 (2006), pp. 179-198.

  8. 8 Enzo Traverso: El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007.

  9. 9 Rafael Yuste: El cerebro, el teatro del mundo. Descubre cómo funciona y cómo crea nuestra realidad, Barcelona, Paidós, 2024.

  10. 10 Alex Rosenberg: How History Gets Things Wrong, Cambridge, The MIT Press, 2018.

  11. 11 Pietro Costa: «“Decir la verdad”. ¿Una misión imposible para la historiografía?», Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid, 1(50) (2025), https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/21362 (consultado el 15 de mayo de 2025).

  12. 12 Jordi Guixé y Ricard Conesa (eds.): Past and Power. Public Policies on Memory. Debates, from Global to Local, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2016.

  13. 13 Emanuela Fronza: Memory and Punishment. Historical Denialism, Free Speech and the Limits of Criminal Law, La Haya, Asser Press, 2018.

  14. 14 Henry Rousso: «French Memory Laws. For a Better Past», HAL, Science ­Ouverte, 2017, https://hal.science/hal-02568235 (consultado el 30 de abril de 2025).

  15. 15 Markus J. Prutsch: European Historical Memory. Policies, Challenges and Perspectives, Bruselas, Artikel, 2015.

  16. 16 Véase el mapa de eventos por el cincuenta aniversario del 25 de Abril https://50anos25abril.pt/mapa/?c=p (consultado el 15 de mayo de 2025).