Ayer 105/2017 (1): 187-213
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2017
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/105-2017-08
© Pablo Ospina Peralta
Recibido: 26-04-2014 | Aceptado: 27-03-2015
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Movimientos indígenas en los Andes ecuatorianos en el siglo xx*

Pablo Ospina Peralta

Universidad Andina Simón Bolívar
pablo.ospina@uasb.edu.ec

Resumen: El artículo estudia los factores que hicieron que las rebeliones locales indígenas de la primera mitad del siglo xx en Ecuador se convirtieran en un movimiento social poderoso y organizado, de escala nacional, a fines del siglo. En esa transformación, los factores decisivos estuvieron ligados al proceso de modernización capitalista que desligó la etnicidad del sistema de hacienda tradicional, alentó la migración y el aprendizaje del castellano, con lo que se formó una intelectualidad indígena que abrazó la identidad étnica. Este proceso fue acompañado por organizaciones de la izquierda política y de la Iglesia católica comprometida.

Palabras clave: movimiento indígena ecuatoriano, etnicidad, movimientos sociales, historia agraria.

Abstract: The article analyses the factors that caused indigenous local rebellions in Ecuador, taking place during the first half of twentieth century, to coalesce into a powerful and organised social movement on a national scale. The key factor was a process of capitalist modernization, which detached ethnicity from the traditional hacienda system, encouraged migration, and promoted the learning of Castilian (Spanish) language. As a result, an indigenous intelligentsia adopted a distinctive ethnic identity. They were accompanied by left-wing political organizations and activist sectors within the Catholic Church.

Keywords: Ecuadorian indigenous movement; ethnicity; social movements; agrarian history.

El objetivo de este artículo es presentar brevemente los principales hitos de la conformación del que sería uno de los más poderosos y famosos movimientos indígenas del continente. Puesto que existen varios trabajos académicos importantes y conocidos sobre la evolución del movimiento indígena ecuatoriano después del levantamiento de junio de 1990, este texto pondrá el acento en los antecedentes menos conocidos de la primera mitad del siglo xx. El texto se divide en cinco secciones. En la primera se presenta una visión general de la historia ecuatoriana con el propósito de señalar la importancia de la reforma agraria de 1964, como momento culminante que marca el fin de una época y el inicio de otra. En la segunda se hace el recuento de las rebeliones y los procesos organizativos de los pueblos indígenas durante la primera mitad del siglo xx, hasta antes de la reforma agraria. En la tercera, se presentan los procesos que, a fines del siglo xx, llevaron a convertir la identidad indígena en el factor de cohesión de un poderoso movimiento social y una diversificada red organizativa. La cuarta sección expone muy resumidamente algunos datos mejor conocidos sobre el movimiento indígena ecuatoriano entre los años 1990 y 2006, su periodo de mayor auge y prestigio. El artículo termina con algunos apuntes sobre la crisis reciente del movimiento indígena ecuatoriano y sus tensas relaciones con el Gobierno de Rafael Correa.

El giro histórico

Durante todo el periodo histórico que va desde 1820 hasta 1950, las haciendas fueron el eje alrededor del cual giraba la estructura de poder de la sociedad 1. En cada zona del país, las haciendas podían tener muy cambiantes formas de articulación con los mercados e, incluso, muy variados sistemas de captación de mano de obra 2. Nunca hubo un modelo único e ideal de hacienda más que en las obras en las que los estudiosos tratan de captar su realidad. No obstante, todas las haciendas estaban basadas en distintas formas de cobro de una «renta» en trabajo o en especie a las comunidades de campesinos (dentro o en los alrededores de la propiedad), a cambio de derechos de uso sobre terrenos o recursos de la hacienda.

A lo largo del siglo xix se fue forjando una acentuada diferencia regional. En la costa predominaban las plantaciones dedicadas a los productos para la exportación y alimentadas por sistemas de trabajo servil, en combinación con relaciones salariales 3. Por el contrario, en la sierra, habitada por una nutrida población indígena que ocupaba de hecho las tierras de las haciendas, se desarrollaron mecanismos sutiles para «extraer algo» a esos indios instalados dentro de las fronteras de las propiedades de las elites 4. Incluso las comunidades que no pertenecían formalmente a las haciendas (las «comunidades libres») estaban vinculadas a ellas por mecanismos como el derecho al uso común de los páramos o tierras baldías de las haciendas a cambio de servicios (la llamada «yanapa») 5.

Dentro del territorio de las haciendas, la vinculación de las comunidades con el universo simbólico asociado a ellas era mucho más estrecha. La modalidad dominante de articulación entre las haciendas y las comunidades internas era la forma de renta conocida como «huasipungo», nombre remozado del «concertaje» colonial, por la cual los campesinos recibían lotes de terreno dentro de la hacienda a cambio de un trabajo permanente durante la semana en las tierras del dueño. El modelo político y social que correspondía a este dominio de las haciendas puede llamarse «oligárquico», siguiendo los pasos de la sociología latinoamericana. Según la interpretación vigente en los años sesenta, hacia 1930 se produjo el momento de ruptura de los órdenes oligárquicos. La crisis de 1929 y la oleada proteccionista que le siguió obligaron a profundas reestructuraciones de economías tradicionalmente volcadas «hacia afuera». El modelo agroexportador estaba llegando a su fin y con él el tipo de Estado que le correspondía 6. Más que una «causa» del desmoronamiento del orden oligárquico, el jueves negro de 1929 en Nueva York es ante todo un símbolo y un hito de las transformaciones producidas en un largo periodo de transición 7.

Dados estos procesos lentos, es conveniente pensar el orden oligárquico en el Ecuador como una estructura que se diluye lentamente entre 1920 y 1964 8. Esta transición tiene dos subetapas. La primera tuvo lugar entre 1920 y 1945 y estuvo marcada por el colapso económico del sector cacaotero y de toda la oligarquía terrateniente asociada a él, es decir, por un proceso de modernización lento y caótico debido al desorden provocado por la aguda crisis económica. La segunda tuvo lugar entre 1945 y 1964, cuando se aceleró la modernización oligárquica por el auge bananero y las clases dominantes se resignaron a la abolición de las relaciones serviles en el agro.

El fin de la hacienda tuvo su correlato en el fin de lo que se ha llamado el «Estado oligárquico-terrateniente» y en la modernización de la estructura económica del Ecuador 9. Fue un auténtico «giro histórico»: un cambio de proporciones mayores en un régimen de dos siglos de antigüedad. Se quebraron los moldes de un sistema económico que había dominado el paisaje social del país durante casi doscientos años y de un sistema político, que había tenido aproximadamente la misma duración. Estaban inextricablemente unidos uno y otro.

La primera mitad del siglo

El siglo xx empezó con una conmoción. En 1908 se inauguraba en medio de la mayor expectación, algarabía y curiosidad la «magna obra» del ferrocarril, en cuya ruta murieran tantos miles de personas pobres y por cuya interminable y tortuosa financiación se desgarraron tantas vestiduras. Ese mismo año, mediante la llamada «ley de manos muertas», una parte significativa de las extensas propiedades de la Iglesia católica pasó a manos del Estado laico. En lugar de financiar las obras piadosas del clero, el arriendo de esas tierras se destinaría entonces a sostener el trabajo de la Asistencia Social manejada por el Gobierno liberal. Ambos episodios esconden, detrás de sus rasgos aparentes, las señas de identidad de la historia agraria serrana en los turbulentos días de la primera mitad del siglo xx. Al mismo tiempo señalan sus límites.

En 1918, en un debate parlamentario de ribetes elocuentes y retórica altanera, se eliminaron tres renglones del Código Penal: los que castigaban con prisión el impago de las deudas. De este modo, el país oficial decretó que una institución dos veces centenaria, el concertaje, quedase abolida. Como un paria simbólico, el concertaje quedó desterrado incluso del lenguaje hablado, de los informes burocráticos y de los libros. Pero las palabras no determinan el curso de las prácticas, sino que las designan. Al final, como no podía ser de otra manera, se encontró otro nombre para un fenómeno que estaba lejos de desaparecer. Las viejas relaciones sociales dejaron de conocerse por su nombre colonial pero, de manera mágica, otra palabra sustituyó lo que en la vida práctica seguía funcionando tercamente: el huasipungo. El límite central de las transformaciones sociales era, entonces, que cambió la palabra pero no la realidad 10.

Pero se produjeron también transformaciones lentas y acumulativas. La historiografía ecuatoriana conoce el periodo que va de 1920 a 1950 como un periodo de «crisis hegemónica» y de fractura en la lealtad de los subalternos hacia sus superiores. Juan Maiguash­ca y Liisa North han proporcionado la más notable panorámica de las bases económicas regionalmente diferenciadas de la crisis hegemónica del periodo. Ambos autores rechazan la idea de una crisis económica homogénea causada en exclusiva por la dramática caída de las exportaciones del cacao 11. De hecho, entre 1920 y 1950 tuvo lugar un proceso de diversificación económica regionalmente diferenciado inducido por los efectos variados de la crisis mundial. La caída de la producción cacaotera en la costa debilitó el monopolio de los grandes propietarios. En su lugar se produjo una diversificación de los cultivos para el mercado y se consolidó una agricultura mucho menos concentrada espacial y socialmente: cultivos para exportación de café, ingenios azucareros, campesinos aparceros de arroz, extracción de tagua y una incipiente explotación de petróleo. Si la crisis del cacao dio pie a dislocaciones dramáticas, lo cierto es que también aumentó la autonomía económica de los pequeños y medianos propietarios rurales 12.

Mapa 1
División político-administrativa de Ecuador

Simultáneamente, en la sierra norte y central se desencadenó, con apoyo estatal, un modesto pero real proceso de industrialización sustitutivo de importaciones a partir de los años treinta, particularmente visible en el caso de los textiles. Además, se produjo un proceso de modernización y subdivisión de las haciendas cerealísticas y ganaderas lácteas, en parte estimulado por la demanda de alimentos en la costa, que ya no podía importarlos desde el extranjero 13. En la sierra central sur no sólo creció desde fines de los años treinta, tras una crisis severa, la exportación de sombreros de paja toquilla, sino que la expansión del mercado de alimentos de la costa pudo ser cubierto parcialmente por pequeños y medianos agricultores orientados al mercado 14.

El efecto político de estas mudanzas estructurales regionalmente diferenciadas ha sido denominado la «crisis de lealtad» o la «crisis de la autoridad paternal» 15. Con esta expresión se designa el aumento de la autonomía de los pequeños productores y la desestabilización del sistema de patronazgo tradicional, basado en relaciones sociales paternalistas. Mientras en la costa lo peor de la crisis de lealtad se vivió hasta mediados de los años 1940, en la sierra norte y central lo peor del desbarajuste en los sistemas de trabajo ocurriría molecularmente entre los años cuarenta y sesenta. En la sierra sur, por su parte, se reafirmarían las tendencias preexistentes de relativa autonomía de la pequeña y mediana propiedad. En los entresijos de esa crisis de lealtad, crecieron las señales de rebeldía indígena y se hicieron visibles los primeros atisbos de una organización indígena más allá de lo local.

Aunque en el periodo 1920-1940 se produjo una oleada de agitación rural en el callejón interandino, las acciones colectivas afectaron relativamente poco a la autoridad de los hacendados. Un rápido vistazo al tipo de conflictos censados (véase el cuadro siguiente) muestra que muchos de ellos tenían como principal adversario al Estado, no a las haciendas.

Se constata que hay relativamente pocos conflictos abiertos por año, aunque aumenta su número entre 1910 y los primeros años treinta. No se trata sólo de una débil intensidad del conflicto agra-

Cuadro 1
Conflictos rurales abiertos (1902-1963) 16
Número de levantamientos, huelgas y rebeliones, según adversario

Nota: No creo que este listado sea realmente exhaustivo. Falta mucha investigación en el país. Sin embargo, es difícil que algún «gran levantamiento» haya sido pasado por alto.

rio, sino de que el tipo y las características del conflicto de esta primera fase de la transición preservaron la legitimidad e integridad de las haciendas tradicionales. Si consideramos los números desnudos, los conflictos abiertos con las haciendas fueron los más frecuentes en el periodo considerado. Pero su predominio global se explica en parte porque prácticamente desaparecen los levantamientos contra el Estado a partir de los años cuarenta. No sólo eso. Si miramos más de cerca los conflictos contra las haciendas, hay un importante número de conflictos por condiciones laborales, no por tierras. Además, muchos de los conflictos ocurren en haciendas de la Asistencia Pública, es decir, en tierras de propiedad del Estado. Más importante, incluso, es que los conflictos más agudos, amplios, intensos y violentos tuvieron como enemigo al Estado: eran sublevaciones contra los impuestos, contra los censos, contra las numeraciones o contra los funcionarios locales. Esta oposición al Estado llevó a que en muchos lugares los campesinos reforzaran sus alianzas coyunturales con los grandes propietarios regionales 17. Como dice Arturo Cevallos, los levantamientos indígenas en Chimborazo en los años 1920 se caracterizaron por expresar un rechazo a las demandas pecuniarias del Estado 18.

La persistencia de la autoridad paternal en la sierra del Ecuador entre 1920 y mediados de la década de 1940 debe relacionarse con la observación de Andrés Guerrero a propósito del modo de dominación en las haciendas serranas, en las que los hacendados cumplían funciones vitales para los campesinos indígenas porque disponían del control del fondo de reproducción ampliado y comunal de las unidades domésticas 19. Los hacendados, en efecto, además de la entrega de las tierras y los permisos de uso de páramos, bosques y aguas, distribuían suplidos y socorros, es decir, productos agrícolas necesarios en tiempos festivos, en los momentos clave del ciclo vital como el casamiento, el bautizo o la muerte, y en eventos críticos extraordinarios como enfermedades o accidentes. Alrededor de ese «fondo de distribución» se entablaba, en una lógica polivalente, la lucha entre patrones y conciertos por la apropiación de los excedentes.

La dominación en las haciendas incluía episodios de resistencia y transgresión, por lo general ritualizados, que no excedían ciertos límites respetuosos de la etiqueta y ajenos a los desenlaces imprevistos. Sobre todo, para reproducirse, requería la vida comunal; la dominación en las haciendas huasipungueras suponía la existencia de la comunidad. En esa comunidad coagularía, con el paso del tiempo y las condiciones apropiadas, una alternativa al sistema ­hacendatario:

«Para dominar y explotar, el patrón debió adoptar ciertas reglas del juego de los dominados, condición y base de su consentimiento. A su vez, los huasipungueros preservaron y fomentaron el potencial de rebelión y de alternativas que ofrecía el universo económico (la distribución) y simbólico comunitario (la semántica de la reciprocidad)» 20.

Lo que Andrés Guerrero expone de una manera técnica y detallada, sobre la base de la sociología y la antropología modernas, es por qué eran eficaces los hilos de la dominación. Una visión semejante puede ser encontrada en las afirmaciones brutales y laudatorias de algunos defensores del latifundio. Es lógico. Los beneficiarios de un sistema de explotación deben tener cuando menos un sentido práctico del papel que desempeñan todos los días y que hace posible su beneficio. Pedro Narváez, un velasquista conservador, se oponía en 1944 a la reforma agraria y a la repartición de las grandes propiedades serranas que, en su opinión, tanto bien causaban a los indígenas. Éstos eran holgazanes, lentos y pesados, propensos a la riña fácil y al robo constante. Dentro de las haciendas

«aparte del jornal mayor o menor según las regiones, al indio ecuatoriano o trabajador campesino le asiste: 1.° derecho al uso del huasipungo [...] 2.º derecho proporcional al mantenimiento de animales [...] 3.° derecho al combustible [...] 4.° las dádivas anuales y las ocasionales del amo. [...] las haciendas del Ecuador son despensas disimuladas, proveedurías de los pueblos» 21.

En realidad, como muestra Andrés Guerrero, lo que los hacendados (y en cierta medida también los conciertos) entendían como una «dádiva del amo», la distribución del excedente, era el resultado de una lucha y una relación de fuerzas 22. La compleja etiqueta de la reciprocidad desigual hacía que los actores pudieran vivir y sentir el resultado de esa lucha como una dádiva afectuosa y paternal, a veces severa. Así, cuando el patrón «mezquinaba» las dádivas, incumplía su deber moral y las resistencias podían perder sus límites. Sin embargo, con altibajos y variaciones notables, hasta los años cuarenta fue posible preservar la integridad de dichos límites.

Mientras en Perú y Bolivia las haciendas se expandieron desplazando o debilitando comunidades indígenas preexistentes —ayllus— que conservaban sus tierras, sus autoridades y sus ancestros comunes, cuya organización familiar coincide con lo que en la literatura antropológica se llama «clanes» 23, en Ecuador las comunidades indígenas se reconstruyeron enteramente dentro de las haciendas. Los ayllus ecuatorianos no eran «clanes», sino «parentelas», es decir, redes de parientes ego-centrados, con los cuales las haciendas no se enfrentaban en una lucha competitiva por derechos preexistentes sobre tierras y aguas, sino que eran comunidades, por decirlo así, «reinventadas» dentro de las haciendas y mejor adaptadas a las necesidades de reproducción de la mano de obra de los hacendados. De hecho, las grandes migraciones desde el siglo xviii en lo que luego sería el Ecuador habían debilitado la posición de las comunidades «libres». Las haciendas ecuatorianas no se enfrentaban, pues, a clanes dotados de una poderosa cohesión social externos a ellas y dueños de tierras, como los «pueblos mexicanos» o los ayllus bolivianos, sino a una invención reciente de comunidades compuestas por grupos de parientes que necesitaban las tierras del patrón para reproducirse como comunidades huasipungueras 24.

Las condiciones del ejercicio de la autoridad patronal en la sierra centro y norte empezaron a cambiar a partir de mediados de los años cuarenta y con mucha más fuerza a partir de 1950. Esta vez, los cambios afectaron el núcleo principal del sistema: el huasipungo, la relaciones de renta en trabajo y la gran propiedad territorial. Por esos años, las haciendas serranas comenzaron a limitar severamente la entrega de nuevos huasipungos a los hijos de sus huasipungueros. El crecimiento demográfico había empezado a ser explosivo en las zonas rurales de la sierra y la migración ya no era suficiente para descomprimir la presión sobre las tierras de las haciendas. Pero resulta que la entrega de huasipungos era una obligación patronal. El sistema funcionaba como un «pacto de economía moral» por el cual el patrón estaba obligado, tras un conocido protocolo de ruegos indígenas, a entregar huasipungos cuando los hijos varones de un indio propio, los «apegados» o «arrimados», alcanzaban cierta fase en la constitución de su propio núcleo familiar. El estatuto de «apegado» era una «fase» inicial en la vida de las nuevas familias indígenas antes de devenir huasipungueras 25. Así lo ratifica el famoso Informe CIDA sobre la estructura agraria euatoriana antes de la reforma agraria:

«... desde el momento de ser huasipunguero goza de derechos que los otros trabajadores no tienen y, como consecuencia, al tener más privilegios tendrá también más caminos para extenderlos. La forma directa que ve el huasipunguero de ampliar sus derechos es incorporando a su huasipungo más tierra, presionando en forma constante y creciente sobre los otros recursos que le ofrece la hacienda: leña, agua y pastos, particularmente estos últimos» 26.

¿Por qué un trabajador que tenía derecho al huasipungo permanente iba a renunciar a él y aceptar quedarse «libre», sin posesión de lote de terreno alguno, para volverse un trabajador eventual con el que el hacendado no tenía ninguna obligación? Debido a esta característica del sistema, el aumento demográfico, en lugar de convertirse en facilidad para encontrar trabajadores, se tradujo en presión sobre la tierra. Las «condiciones de reproducción social del pasado» se habían modificado sustancialmente. En las nuevas condiciones demográficas, las familias huasipungueras, en lugar de contar con uno o dos hijos varones supervivientes que alcanzaran la edad suficiente, empezaban a ver sobrevivir cuatro o cinco. El propio huasipunguero vivía más tiempo y no era simplemente «reemplazado» por el hijo sobreviviente, sino que su propio huasipungo se sumaba al de sus hijos.

El resultado fue que se multiplicaron los apegados o arrimados que tenían derecho a una parte de las tierras de las haciendas. Esta presión recrudecida es llamada por el informe CIDA 27 el «asedio interno» en las haciendas serranas de la primera mitad de la década de 1960. El «asedio externo» completaba el cuadro: las comunidades libres de los alrededores también presionaban sobre los recursos del páramo: la leña, el agua y el uso del pajonal.

Si desde el punto de vista de las haciendas crecía el problema de la cantidad de lotes que se reclamaban en usufructo dentro de sus confines, la suspensión de la asignación de huasipungos produjo, desde el punto de vista de la lealtad de los subalternos, un cambio decisivo. Produjo una ruptura fundamental en el plano simbólico: los amos ya no cumplían sus deberes paternales; «mezquinaban» en lugar de mostrar el comportamiento debido de una generosidad institucionalizada. No debe extrañar que quienes hicieron entrevistas a campesinos e indígenas que recordaban el proceso de reforma agraria encontraran tan frecuentemente una fractura esencial en el imaginario campesino entre patrones «buenos» y «malos» 28. Por tanto, el principio del fin no fue un cuestionamiento a la existencia misma de cualquier patrón. El principio del fin fue un abandono por «arriba» del pacto de reciprocidad desigual.

De la rebelión a la identidad

El surgimiento de un movimiento indígena requiere la formación de una «identidad étnica», es decir, de una forma de representación y autorepresentación de personas y grupos anclada en características culturales que operan como marcadores de diferencia o distinción social con algún «otro» que le sea exterior 29. Antes de la llegada de los europeos a América, existían variados grupos étnicos, cacicazgos, señoríos e incluso Estados. La categoría «indios» o «naturales» fue una invención de los europeos para distinguir las poblaciones sometidas a la dominación colonial, al proceso de evangelización y a la «protección» de una legislación especial 30. Era, pues, una categoría que servía para unificar una serie de grupos social y culturalmente muy variados que compartían una sola condición: no ser europeos. Por lo general, a lo largo de la historia colonial y republicana, el «indio» genérico y «nacional» sólo aparece en labios de un mundo «ventrílocuo», para usar la notable expresión de Andrés Guerrero 31. ¿Cuándo los llamados indios jurídicos se vuelven indios para sí mismos?

En un contexto en que la etnicidad estaba vinculada a la vida campesina y en particular a las haciendas, es altamente probable que el abandono acelerado de la condición étnica tuviera que ver con el estancamiento y decadencia del régimen de hacienda. El abandono de las haciendas y la zona rural serrana (éxodo a la costa o migración a las ciudades) se acompañaba «naturalmente» del abandono de la condición étnica 32. De hecho, a inicios de siglo se estimaba que más de la mitad de toda la población era indígena (algunos observadores decían que al menos dos tercios), mientras que a fines de siglo menos del 10 por 100 de la población se identificó a sí misma como «indígena» en los censos de 1990 y 2001 33.

La lenta descomposición de la hacienda parece coincidir, pues, con la aceleración histórica del proceso de mestizaje. Pero si esto es cierto, el «giro histórico» de los años sesenta y setenta encierra un misterio ¿Por qué la crisis final de la hacienda serrana no concluyó en el fin de la etnicidad? El proceso de mestizaje continúa hasta hoy, pero a partir de los años sesenta se acompaña de algo nuevo: se desliga la etnicidad del régimen de la hacienda y de sus sistemas de poder. Éste es el contenido étnico del giro histórico. ¿Qué es lo que permitió este deslindamiento entre hacienda y etnicidad? Para que la vieja adscripción étnica marcada por la lengua, la condición de «campesinos tradicionales» y la subordinación social se convirtiera en una identidad positiva y valorada por los propios aludidos hacía falta que confluyeran los cambios «moleculares» y la voluntad consciente de edificar una identidad étnica 34. Esa confluencia sólo pudo ocurrir en la segunda mitad del siglo xx y fue el resultado del surgimiento de una intelectualidad indígena.

Hernán Ibarra ha descrito algunos de los pasos de esa conversión 35: en 1920 aparece una nueva definición del indio de la sierra con el libro de Pío Jaramillo Alvarado El indio ecuatoriano. La corriente intelectual del indigenismo, sustentada en las clases medias e incluso en algunos terratenientes humanitarios, inició una revalorización de lo indígena como el sustento de la nacionalidad ecuatoriana, como una fuente de identidad nacional. Esto ya apareció durante el llamado «periodo progresista», a fines del siglo xix, pero se refería ante todo a lo que esa época consideraba los indios históricos (o sea, los incas), no a los indios vivos y coetáneos 36. Puede decirse que la Ley de Comunas de 1937 es una expresión legal de esta corriente «protectora» de los indígenas. Ibarra opina que en los años setenta y ochenta aparece un nuevo indigenismo que lleva a cabo una revalorización de la historia y el mundo indígena, esta vez sustentada ante todo en el trabajo de los antropólogos y otros científicos sociales. Esta corriente afirma y consolida la concepción de que los indígenas tienen una «cultura propia» 37. La emergencia de las organizaciones étnicas y los intelectuales indios en los ochenta y, particularmente, el levantamiento de 1990 marcan probablemente el fin de la «ventriloquia política» sobre el indio, sustentada en la intelectualidad liberal y de izquierda 38.

La primera organización «india» con pretensiones nacionales fue la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), formada con apoyo del Partido Comunista del Ecuador en 1944. Es conocido el caso de las haciendas de la Junta Central de Asistencia Pública a inicios de siglo. Los indígenas empezaron a organizarse sindicalmente con su base en Cayambe 39. En los años treinta aparecieron los primeros dirigentes bilingües que funcionaban como «lazo» con el exterior. Esto le dio fortaleza al movimiento pero marcó también su límite: la militancia de izquierda dependía casi exclusivamente de algunos pocos dirigentes, a veces uno solo, en las comunidades 40. La fuerza de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC), creada originalmente por inspiración católica en 1938, derivó de su compromiso con la lucha por la tierra, en especial a partir de 1975, cuando los militantes socialistas arrebataron la dirección sindical a los grupos demócrata-cristianos 41. Su auge fue paralelo al avance de la lucha agraria. Su decadencia también 42. Sin entrar en mayores detalles, recién en 1972 se constituyó la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), organización que pretendía unir a los «runas» (o «indios») de la sierra andina. Aunque muchos afirman que originalmente tenía una orientación tan campesina como la ­FENOC, otros han mostrado los matices más claramente étnicos de su discurso original 43. Como sea, con el tiempo se ha ido afirmando la fuerza de su demanda étnica.

En 1986, apareció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) 44. El nombre no es gratuito. Pocos años antes, por primera vez, los dirigentes «indios» se reclamaron a sí mismos como «nacionalidades»: el problema étnico como un problema «nacional» migró a la sierra desde la Amazonía cuando, a inicios de los años 1980, se formó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). Aunque ECUARUNARI no se lo planteó al principio, ni asumió todas sus consecuencias, el terreno era fértil para que creciera la demanda nacional.

La formación de estas organizaciones regionales y nacionales tiene directa relación con la aparición de una intelectualidad indígena y de una dirigencia organizativa autónoma. Éste es un hecho nuevo en la historia del Ecuador. Todos los estudios disponibles han destacado un triple origen de esta dirigencia. Por un lado, las casas de formación de la Iglesia católica. Por otro, la capacitación de cuadros militantes de la izquierda política, desde el Partido Comunista hasta el Partido Socialista Ecuatoriano, pasando por otras organizaciones menores. Finalmente, los proyectos de desarrollo, especialmente la Misión Andina en los años cincuenta y las primeras organizaciones no gubernamentales ecuatorianas ligadas a la Iglesia (el Centro de Educación y Promoción Social y Profesional —FEPP— y Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas —CESA—, fundamentalmente) 45. En los años ochenta, el aumento de la escolaridad entre los indígenas llevó al aumento del número de profesores y maestros rurales indígenas, que serían la base principal de las dirigencias étnicas de las décadas por venir.

La lucha por la tierra fue el factor aglutinante de todas estas organizaciones y militantes, pero hubo otro 46. Muchos datos apuntan a que una motivación adicional muy generalizada para la organización de base fue la lucha por el respeto y contra la discriminación a nivel local. La Federación de Cabildos de Cotacachi, por ejemplo, nació de la lucha por conseguir el castigo a un policía mestizo que asesinó a un dirigente indígena en una cantina 47. En Cacha, el objetivo de las organizaciones comunales a fines de los setenta no era la tierra, sino conseguir un camino directo a Riobamba, declararse parroquia y suprimir las fiestas que favorecían a los cantineros de Yaruquíes 48.

Junto al esfuerzo consciente de un grupo notable pero finalmente pequeño de activistas, hay procesos «moleculares» que confluyen desde otras vertientes y que permiten la emergencia de esta voluntad consciente de los dirigentes «indios». Tal vez el caso de la comunidad de Shamanga, en la provincia de Chimborazo, es un buen ejemplo para mostrar cómo convergieron las historias locales con la voluntad de los nuevos intelectuales indígenas.

Carola Lentz 49 ha estudiado la forma concreta en que la experiencia de la migración transforma la identidad étnica. Según el argumento de Lentz, en la sierra, en la propia comunidad original, la etnicidad es sólo un factor entre varios de la interacción con los «otros». En la relación con conocidos blancos o mestizos, éstos son también personas con características particulares: son compadres, tenderos, propietarios de camiones, etc. «[M]ás allá de la frontera étnica, las personas son percibidas como individuos con características individuales y una determinada posición económica y social» 50. En la costa, en los ingenios azucareros, en cambio, los migrantes de Shamanga son «anónimos»; abandonan todas las reglas conocidas. Ya no son individuos con características propias, sino ejemplares de una especie diferente llamada «indios» 51. La migración tuvo otro efecto. Al representar ingresos nuevos para los indígenas, reforzó su independencia frente a los mestizos pueblerinos. La red de dependencias económicas y políticas se debilitó 52. Esta independencia económica se refleja en actitudes más seguras y más orgullosas de su etnicidad.

El ejemplo de Shamanga nos sitúa en el corazón de la tesis que sobre este tema fue esbozada en el magnífico trabajo de León Zamosc 53. La amplia movilidad espacial activada por la modernización del agro serrano está en la base de ese cambio cultural. Los «indios» no sólo perdieron «su sitio» en la topografía de la sociedad ecuatoriana, sino que, al mismo tiempo, cambiaron de sitio en sentido literal. Si lo vinculamos con la ampliación de la cobertura del sistema educativo en las áreas rurales durante estas cortas décadas y la consecuente extensión del castellano (y, por tanto, la posibilidad de comunicarse directamente entre sí), la conclusión no puede ser otra: a partir de la segunda mitad del siglo xx, en un vuelco notable, fue el propio proceso de modernización, gracias a la mediación del surgimiento de una intelectualidad indígena, el que activó las claves de la revitalización étnica.

El movimiento indígena ecuatoriano durante el auge (1990-2005)

La movilización indígena que surgió públicamente en el levantamiento de junio de 1990 54 cumplía todos los requisitos que las teorías sobre los «nuevos» movimientos sociales habían establecido para identificarlos. Disponían de una red organizativa densa y descentralizada; enarbolaban demandas inmediatas combinadas con reivindicaciones de largo plazo; se sostenían en actores sociales cohesionados por identidades sociales ancladas en una lucha cultural por el reconocimiento; y mostraban una capacidad inusual para movilizarse en protestas callejeras ocupando el escenario político y el espacio social 55.

El movimiento indígena del Ecuador «irrumpió» en un contexto que carecía de alternativas críticas al desarrollo del neoliberalismo y esto lo convirtió en el centro de coaliciones políticas del campo político progresista, de manera análoga a lo que ocurrió con el movimiento sindical a inicios de los años ochenta: dos grupos demográficamente minoritarios adquirieron una centralidad política y social que desbordaba su número. Su capacidad de convocatoria también rebasó ampliamente al de su sector social particular (tanto en las características de sus demandas como en la movilización callejera misma) y se convirtió en una suerte de «referente plebeyo» en la resistencia al ajuste liberal 56.

A lo largo de los años 1990 y 2000, el movimiento indígena ecuatoriano ocupó muchas veces la primera plana de los periódicos: por el levantamiento de junio de 1990; por la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena en octubre de 1992; por la Marcha de la Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza (OPIP, Amazonía) en demanda de la legalización de sus territorios en abril de 1992; por los debates y el levantamiento nacional en contra de la Ley Agraria de julio de 1994; por la toma del poder en enero de 2000; por las protestas contra el alza del precio del gas en enero y febrero de 2001, y por las manifestaciones contra la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en marzo de 2006. Pero también ocurrieron otros eventos menos emblemáticos. A inicios de 1993 se produjeron movilizaciones en contra de la privatización del Seguro Social Campesino, y en octubre de 1997 en favor de la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reformara la Constitución.

A partir de 1995, el movimiento indígena se concentró en las transformaciones de las estructuras estatales que se encontraban en crisis sistémica. El movimiento ingresa oficialmente en la arena electoral y las propias políticas del Estado se reformulan: por primera vez en siglo y medio, los indígenas vuelven a aparecer con ese viejo nombre de significados ahora transformados, en los textos legales oficiales. Cuando llegó al Gobierno, en agosto de 1996, Abdalá Bucaram creó el Ministerio de Asuntos Étnicos. Luego de la caída de Bucaram surgió la posibilidad de replantear la estructura estatal respecto de los pueblos indios. La coyuntura era propicia para introducir un tratamiento diferenciado, explícito, que atendiera a la reivindicación de nacionalidades. La CONAIE negoció entonces, con el Gobierno interino de Fabián Alarcón, la constitución de un Consejo de Planificación y Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros (COMPLADEIN), que estaba constituido por representantes de las organizaciones nacionales agrarias. En marzo, Nina Pacari, hasta entonces dirigente de tierras y territorios de la CONAIE, fue nombrada secretaria técnica de la nueva institución 57. El COMPLADEIN fue una estación de tránsito: permitió la formulación de un gran proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y negros (el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador —PRODEPINE—, financiado por el Banco Mundial en 1998) y sirvió para imaginar un Consejo (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador —CODENPE—) que se organizara a sí mismo ya no con representación de las organizaciones indígenas tradicionales, sino por «pueblos» y «nacionalidades» y que luego de algunos conflictos internos se conformó en abril de 2000 58.

Sobre todo, desde las elecciones de 1996, las organizaciones indígenas vinculadas a la CONAIE decidieron participar electoralmente con candidatos y aparato político propios. En ese año, las organizaciones indígenas formaron una alianza electoral con varios grupos de la izquierda ecuatoriana y del «centro izquierda» alrededor de la candidatura presidencial de Freddy Ehlers, un popular animador de televisión. Esta candidatura fue apoyada por el naciente Movimiento Unidad Plurinacional Nuevo País (MUPP-NP), por Izquierda Democrática y por el Partido Socialista Ecuatoriano/Frente Amplio, entre otros. Con una votación superior al 20 por 100 de los votos válidos, el MUPP-NP obtuvo ocho escaños en el Congreso Nacional sobre un total de 82. Desde entonces su intervención electoral les permitió disponer de diputados, alcaldes, concejales, prefectos y miembros de juntas parroquiales rurales, hasta que en octubre de 2002 participaron en una alianza con Lucio Gutiérrez y formaron parte fugazmente, durante poco más de seis meses, del Gobierno del Coronel, con una cuota de dos ministros indígenas (Relaciones Exteriores y Agricultura). La participación indígena en las movilizaciones de abril de 2005 contra el Gobierno de Sociedad Patriótica fue muy débil, como la de casi todos los sectores populares: la llamada «rebelión de los forajidos» fue ante todo una movilización de sectores medios. Pero los conflictos internos y los fraccionamientos vinculados a esta alianza tuvieron costos organizativos y de prestigio público que el movimiento no termina de pagar.

Con el inicio del nuevo siglo, aunque las organizaciones indígenas mantienen una apreciable capacidad de movilización y algunas de las formaciones más numerosas e importantes del campo popular, los observadores y los propios militantes del movimiento perciben un debilitamiento, una «crisis» 59. De nuevo encontramos, como en el sindicalismo, la figura del «ciclo»: periodos de auge y de repliegue en la movilización social.

Reflexiones finales: crisis y oportunidades de la CONAIE 60

El conflicto recurrente entre la principal organización indígena del Ecuador, la CONAIE, y el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que mantiene una apreciable capacidad de atracción electoral en el país —ganó la reelección con el 57 por 100 de los votos válidos en febrero de 2013—, lleva a recurrentes preguntas sobre la «crisis» del movimiento y sobre su representatividad 61. Terminamos este artículo con una serie de reflexiones sobre la crisis y las fortalezas que guarda la más grande organización indígena del Ecuador.

En las elecciones nacionales del año 2006, Luis Macas obtuvo un poco más del 2 por 100 de los votos. Ese resultado se consideró una prueba de la debilidad de la organización. Aunque a mi juicio un movimiento social no se puede juzgar exclusivamente por su atracción electoral, incluso en ese plano, los resultados electorales no son tan claros. En las elecciones seccionales de 2009, Pachakutik, el partido ligado a la CONAIE, obtuvo los mejores resultados de su historia: ganó 23 gobiernos municipales (sin contar los municipios ganados en alianzas), cinco prefecturas provinciales y, con casi el 12 por 100 de electos, quedó en segundo lugar en cuanto al número de representantes a las juntas parroquiales rurales, superando al Partido Sociedad Patriótica, al PRIAN y al Partido Social Cristiano. Como punto de comparación, conviene recordar que en su momento de mayor prestigio, en las elecciones seccionales del año 2000, donde consiguió uno de sus mejores resultados electorales, obtuvo 26 alcaldías. En las elecciones del 23 de febrero de 2014, en lo que se suele considerar el peor momento del movimiento, Pachakutik obtuvo 4 prefecturas provinciales y alrededor de 23 alcaldías, sin tomar en cuenta la provincia de Chimborazo, donde hubo una alianza electoral con el partido de Gobierno (Alianza País). Es decir, el movimiento electoral ligado a la ­CONAIE mantuvo su peso electoral local.

¿Cómo entender semejante paradoja? Como dijimos antes, la fortaleza de un movimiento social no se mide con la vara de los resultados electorales. Álvaro Noboa, Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad o Rodrigo Borja fueron dirigentes que consiguieron muchos votos pero jamás tuvieron capacidad de movilización social. Inversamente, el movimiento obrero ecuatoriano de los años 1980, capaz de paralizar el país en varias de las huelgas generales más combativas de la historia contemporánea, jamás logró proyectar a uno solo de sus dirigentes en la arena electoral. Que un movimiento social no pueda controlar el comportamiento electoral de sus bases movilizadas está lejos de ser un indicador de crisis. Las bases de la CONAIE pueden votar por Rafael Correa (o incluso por Lucio Gutiérrez o por Álvaro Noboa, como de hecho lo hacen) y seguir confiando, actuando y movilizándose en su organización.

Las fortalezas y debilidades actuales de la CONAIE hay que verlas mucho menos en esos indicadores electorales que en otros procesos subyacentes y de largo plazo. La principal debilidad de la organización, por comparación con lo que podía hacer en la década de 1990, tiene que ver con la pérdida de su capacidad de convocar, aglutinar y eventualmente dirigir al conjunto de fuerzas y sectores sociales que se oponían al neoliberalismo. Hoy la CONAIE no es más ese polo de atracción de la fuerzas plebeyas movilizadas por la resistencia al ajuste. Sigue siendo la organización popular más grande del país, pero su fuerza de irradiación más allá de los límites de su propia militancia, aunque no ha desaparecido, sin duda, ha disminuido. Ésta es la verdadera razón subyacente del debilitamiento electoral nacional: la CONAIE ya no está en posición de articular el conjunto de alianzas que le permitió los éxitos electorales de los años noventa. Lo que le queda son los votos de sus bases y su militancia propia; por eso decrece su votación nacional y aumenta su votación local.

El proceso subyacente más importante que amenaza el futuro del movimiento es el conjunto de transformaciones en la condición social de los indígenas: un mundo rural cada vez más variado y abierto a la diversidad ocupacional, al turismo, las artesanías y la migración temporal; una creciente presencia de profesionales, profesores, abogados e intelectuales, que requieren estructuras de encuadramiento organizativo novedosas; una urbanización acelerada de sus bases populares que se dedican no sólo a la industria de la construcción, sino también al pequeño comercio; un crecimiento vertiginoso de las actividades financieras ligadas a cooperativas, cajas de ahorro y a la provisión de servicios en las zonas rurales. El resultado acumulado de esos cambios sociales no está siendo acompañado de cambios análogos en las estructuras organizativas de la CONAIE, todavía asentadas esencialmente en comunidades campesinas.

Sin embargo, en el marco de todos esos cambios, desafíos y amenazas, la organización conserva una gran fortaleza, también subyacente y poco resaltada por los críticos interesados: una red de cuadros medios y de base muy numerosa, vital y creativa. Esa red es capaz de reinventarse y superar fracasos parciales u ocasionales, como una mala elección o una convocatoria fallida a algún levantamiento poco preparado. Y el Gobierno, con su política de enfrentamiento, de desgaste y de intentos cada vez más sistemáticos de deslegitimación y división, al final de cuentas parece estar contribuyendo a que esa red de cuadros cierre filas en defensa de lo que ha sido una construcción social que tomó décadas de esfuerzos. Por eso en el último Congreso de la CONAIE ningún sector podía defender a un Gobierno que actúa como el peor de los enemigos. La CONAIE es un patrimonio histórico del pueblo ecuatoriano y eso es algo que el presidente Rafael Correa no respeta ni entiende.