Ayer 136 (4) 2024:233-258
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2024
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/1425
© Cristina de Pedro Álvarez
Recibido: 17-05-2023 | Aceptado: 26-06-2023 | Publicado on-line: 22-11-2024
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

«La mejor policía es un fichero completo». El Archivo Documental de la Cruzada y los orígenes del Documento Nacional de Identidad *

Alejandro Pérez-Olivares

Universidad de La Laguna
aperezol@ull.edu.es

Resumen: Los debates que han profundizado en la dimensión violenta de la dictadura franquista se han visto alimentados por una profunda renovación temática, empírica, analítica y metodológica. El archivo, sin embargo, sigue considerándose como una dimensión necesaria para el quehacer historiográfico, pero sin un rol activo en la identificación, clasificación y persecución de la población en el pasado. A través del proyecto «Archivo Documental de la Cruzada» (hoy Centro Documental de la Memoria Histórica) y a partir de un doble enfoque biográfico e institucional, este texto subraya la necesidad de integrar los archivos político-sociales en las políticas de control franquistas.

Palabras clave: franquismo, control social, giro archivístico, giro victimario, prácticas archivísticas punitivas.

Abstract: The debates that have delved into the violent dimensions of Franco regime have been fueled by a profound thematic, empirical, analytical and methodological academic renewal. Although the archive is still considered a necessary part of the historian’s craft, its active role in identifying, classifying and prosecuting the population in the past has not been examined with such attention. This text underlines the need to integrate the study of social-political archives into those of Francoist control policies by employing a dual focus that is both biographical and institutional. The project known as the «Documental Archive of the Crusade», which is called today the Documentation Centre for Historical Memory, is thus examined.

Keywords: Francoism, social control, archival turn, perpetrator turn, punitive archival praxis.

«Pero él, levantando los ojos de sus papelotes, me miraba fijamente con una imperceptible palpitación en los labios. “La acción —decía con voz ahogada­— es esta. (Y colocaba una mano sobre un expediente.) La policía no actúa a puñetazos y a tiros —proseguía— más que en las películas y en las novelas. En realidad las cosas son menos poéticas. La mejor policía es un fichero completo”».
Michel del Castillo: La noche del decreto, Barcelona, Grijalbo, 1982, p. 119.

Introducción

Hasta que su traslado no fue inminente, el inspector Laredo apenas se había planteado la mejor manera de hacer su trabajo. ¿Era la oficina o, en cambio, era la calle el espacio que definía con más exactitud el éxito de una investigación? ¿La pesadez de las labores administrativas dominaba un tiempo que debía estar marcado por la intensidad de los registros y las detenciones? La inminencia del viaje interrumpió la monotonía de una comisaría de provincias, aparentemente alejada de los grandes casos y las investigaciones exigentes, para fijar una pregunta en su mente: ¿cómo debe actuar el perfecto agente de policía? Su cuestionamiento inició una exploración psicológica de la identidad corporativa con la figura de su futuro jefe al fondo, el famoso comisario Avelino Pared. Experimentado policía, su fama procedía de su actuación durante la ocupación de ciudades al final de la Guerra Civil, pero él ocultaba su ascenso con una suerte de velo biográfico. Por fin frente a frente, el comisario Pared terminó por confesarle que el trabajo policial era meticuloso, lento y callado; que una detención no era posible sin una mesa llena de expedientes. La mejor policía, en suma, era un fichero completo.

Igual que en la ficción anterior, en la construcción del régimen franquista hubo quienes imaginaron el potencial policial del archivo. Sin embargo, esta intuición no ha pasado al discurso historiográfico, donde el archivo vehicula casi exclusivamente los debates sobre la transparencia en la gestión de la documentación «sensible» del pasado traumático 1. Esta situación afecta particularmente a la reconstrucción histórica de la Policía, una de las instituciones principales en la definición y defensa del orden público, y se ha traducido en estudios fragmentarios y miradas meramente institucionales hasta hace muy poco 2. Este vacío y esta mirada «desde arriba» se sitúan al margen de la renovación analítica y conceptual experimentada por los estudios sobre la construcción violenta de la dictadura, que ha incluido la incorporación de nuevos enfoques, conceptos y repertorios documentales. Así, tanto las miradas cuantitativas sobre la violencia como el protagonismo analítico de las víctimas han dado paso a la exploración cualitativa de las principales instituciones y espacios de control y castigo de la población. Mientras, el diálogo con otras disciplinas ha integrado nuevas herramientas analíticas, y ha permitido identificar unas «lógicas de la violencia» en la progresiva coordinación institucional en el seno de la naciente dictadura 3.

A partir de estos debates, este texto propone la interpretación del archivo como una pieza clave en el engranaje punitivo franquista. Lo hace a través del cuestionamiento de los orígenes del Documento Nacional de Identidad y de su relación con el Archivo Documental de la Cruzada (hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, Salamanca). Este estudio de caso aspira a renovar la comprensión de la dimensión violenta de la dictadura desde dos perspectivas, una analítica y otra metodológica. La primera se basa en la exploración del llamado «giro victimario», el tránsito entre la importancia otorgada a las víctimas y la relevancia de las prácticas de los verdugos en la comprensión de la violencia. Un propósito tan sugerente como difícil de elaborar, pues, como se ha mostrado recientemente, el testimonio del verdugo no suele aflorar por voluntad propia, y si ocurre tiene como finalidad exonerar su responsabilidad 4. Esta apuesta se concreta a través de un doble enfoque biográfico e institucional, puesto que el proyecto del Archivo apenas puede entenderse íntegramente «desde arriba» si no se introduce el impulso otorgado por dos personalidades. La primera es la de Marcelino de Ulibarri, carlista clave en la conducción de la primera represión en Navarra 5. La segunda es la de Eduardo Comín Colomer, funcionario de carrera en el cuerpo de Policía, secretario personal de Ulibarri y posterior publicista del régimen 6.

La segunda perspectiva se basa en la potencialidad de la archivística histórica, una disciplina híbrida que analiza la producción de información por parte de las instituciones, su transformación en documentos y las diversas formas y finalidades con las que se utiliza la información archivada 7. Un abordaje así permite, en primer lugar, profundizar en las lógicas de producción y archivo de la información de acuerdo con intereses específicos. En segundo lugar, también posibilita dejar de considerar la información convertida en documento únicamente como «fuente», naturalizando tan solo una de sus múltiples funciones (aquella que está vinculada a la investigación historiográfica) 8. En tercer lugar, y en términos más concretos, la producción y gestión de la información con la voluntad de construir un perfil específico de culpabilidad apela a lo que Eric Ketelaar definió como archivalization: «la elección consciente o inconsciente (determinada por factores sociales y culturales) que considera que algo merece ser archivado» 9.

La argumentación se desarrolla en torno a tres secciones. La primera presenta la noción de «prácticas archivísticas» punitivas para entender, como ya mostró Ann Laura Stoler, que los archivos no son lugares de «recuperación» del conocimiento, sino instituciones productoras de este 10. Para ello, se contextualiza el nacimiento del Archivo Documental de la Cruzada en dos tiempos. Primero, dentro de una serie de iniciativas que, a lo largo del primer tercio del siglo xx, valoraron el archivo en un sentido policial. Después, durante la extensión de los regímenes de ocupación durante la «guerra total», con los ejemplos específicos de Francia y Países Bajos.

La segunda sección trata la creación del Archivo de Salamanca a partir de otra institución previa, la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos (DERD), en el contexto de disolución de las estructuras de ocupación en el «nuevo Estado» franquista. Entonces se formuló el objetivo de elaborar un fichero de carácter sociopolítico con la intención de clasificar a la población mediante el procesamiento de información. Aunque existen trabajos que han descrito profusamente la génesis documental del archivo, subrayar que los documentos, los archivos y las herramientas de codificación (como el fichero) tienen múltiples contextos, más allá del de producción, permite explorar sus diversas capas de significado 11. Así, se propone la coexistencia de tres usos en el archivo: el administrativo, como elemento coordinador de la acción punitiva; el simbólico, como institución que legitimó el orden nacido de la «Victoria», y el legal, donde la persecución del «enemigo» estaba sancionada por una documentación entendida como evidencia.

La tercera sección aborda el «certificado de antecedentes», uno de los precursores más desconocidos del DNI. Su creación se ha interpretado como una reacción a la emigración de posguerra, con la movilidad hacia el mundo urbano como uno de los retos más importantes a los que se enfrentó la dictadura en construcción 12. Esta última sección ofrece una explicación alternativa a través de la irradiación de una «cultura del fichero» desde el Archivo Documental de la Cruzada, cuyas prácticas de reclasificación y reordenación fueron asumidas por otras instituciones punitivas, como la Dirección General de Seguridad. ¿Cómo se desarrollaron estas prácticas y de qué forma llegaron a crear una tecnología policial tan refinada como un fichero organizado alfabéticamente?

«Prácticas archivísticas punitivas» y regímenes de ocupación

La producción de información, su conversión en documento y su gestión archivística como una práctica decidida de control de la población recorre la progresiva construcción del Estado contemporáneo. En este sentido, pensar la definición de las conductas permitidas, la sanción de los comportamientos delictivos, su persecución y procesamiento a través del archivo ha permitido especificar el poder efectivo del Estado en términos de financiación, plantillas, culturas corporativas o tecnologías empleadas 13. En los albores del siglo xx, el auge de la policía científica, con sus brigadas de investigación criminal, también fue el de los modernos sistemas de clasificación de la información. Quizá el ejemplo paradigmático de este fenómeno pueda encontrarse en la transición entre la Oficina de Investigación y la Oficina Federal de Investigación (FBI), liderada por un joven J. Edgar Hoover procedente de la División General de Inteligencia del Departamento de Justicia. Allí había demostrado la potencialidad de un sistema de clasificación basado en tarjetas para perseguir la «subversión» y el «extremismo». Su éxito fue de tal magnitud que durante las décadas en que estuvo al frente del FBI logró incorporar en sus archivos un complejo sistema de referencias cruzadas 14.

La tensión entre el reconocimiento de los desafíos a superar y las herramientas necesarias para ello se proyectó de manera clara en el primer tercio de siglo. Junto con la crisis de los regímenes liberales en el mantenimiento del orden público, la amenaza de la «revolución» y el advenimiento de los totalitarismos, operaron otros fenómenos como el crecimiento urbano, la multiplicidad de los espacios de ocio y su distancia respecto a los lugares de residencia o la articulación de modernos sistemas de transporte 15. Definir los límites de la comunidad política, establecer la lista de colaboradores del partido único y poner en práctica la vigilancia o la persecución de la población explican el extraordinario desarrollo de los archivos bajo las dictaduras de entreguerras. Como mostraron Götz Aly y Karl Heinz Roth para la Alemania nazi, la trilogía «documentar, archivar y procesar» puede ser un resumen preciso de la década entre 1933 y 1945 16.

En perspectiva, las agencias, los mecanismos y las motivaciones que definieron la producción de información durante el primer tercio del siglo xx experimentaron tantas dosis de continuidad como de ruptura, pero durante la «guerra total» se desenvolvieron en un contexto muy específico: la ocupación de territorios. La historiografía internacional ya ha señalado que las ocupaciones durante la Segunda Guerra Mundial implicaron una reorganización fundamental de las agencias de control, ya fuera debido a la administración de las condiciones de vida de las poblaciones tuteladas, a la selección de quienes colaboraron con las autoridades de ocupación o a la coordinación de estas con las agencias domésticas de policía. La disolución del anonimato vinculado tanto a la movilización como a la evacuación de la población, el control de la fuerza de trabajo y la identificación pública de ciertos sectores de la sociedad, como la población judía, fueron retos concretos para el régimen nazi de ocupación 17. La introducción de tarjetas de identificación personal en la Francia de Vichy (1940) y Países Bajos (1941) requirió la creación de potentes archivos centralizados 18. Como rezaba el propio decreto firmado por el mariscal Pétain, la nueva tarjeta uniformizaba la identificación haciéndola obligatoria, aportando así «garantías eficaces contra los fraudes de toda condición» 19.

Coordinación, colaboración e identificación. Aunque uno de los recientes consensos historiográficos sobre la configuración punitiva de la dictadura pasa por la progresiva (y temprana) burocratización de la violencia, la configuración del «Estado campamental» franquista apenas ha sido interpretada a través del potencial del archivo 20. Desde la propia retaguardia republicana, con los Destacamentos Especiales del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), hasta los entresijos del poder franquista, con el encaje de la DERD en el Ministerio de la Gobernación, la finalidad de la información producida, incautada y compartida con la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación era encauzar la persecución del «enemigo». Todas las agencias destacadas en la identificación y el procesamiento de conductas fuera de la norma tenían sus propios ficheros: la inteligencia militar, los equipos de recuperación y los tribunales militares 21. Como propuso Stathis Kalyvas, la relación entre ocupación del territorio e identificación de la población también pasó por el desarrollo de nuevas tecnologías que modularon el ejercicio de la violencia 22.

Entre ellas, sobresalieron unas «prácticas archivísticas punitivas» específicas que, mediante la coordinación de diferentes instituciones, establecieron un protocolo de procesamiento y archivado de la información con la intención de definir, perseguir, identificar y castigar al «enemigo» 23. Ya se ha resaltado la conexión, más o menos difusa, entre algunas de las instituciones que definieron el orden de ocupación, como la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), la Delegación de Servicios Especiales y la DERD; también los usos cambiantes de la documentación incautada, por parte de estas agencias, entre la contrapropaganda y la definición de conductas punibles 24. El recurso a la producción y documentalización de la información no cesó cuando, tras las ocupaciones, se llevó a la práctica la imposición del orden ensayado durante el conflicto. La estrecha conexión de las instrucciones judiciales de la Auditoría de Guerra y de la Causa General o, en términos institucionales, la fusión entre las Delegaciones de Recuperación de Documentos y Servicios Especiales que dio lugar a la Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD) en 1944 son prueba de ello 25. Sus prácticas archivísticas fueron muy fluidas. A veces compartidas, otras contradictorias, en todas sobresalió la voluntad de imponer el orden a través de la incautación, reclasificación, reordenación y producción de documentación. A partir de ellas se instituyó un espacio sin el cual es difícil comprender la construcción del régimen franquista: el Archivo Documental de la Cruzada.

Hacia un fichero completo: la creación del Archivo Documental de la Cruzada

Creada oficialmente por decreto en abril de 1938, la DERD experimentó sucesivas transformaciones a lo largo de la guerra. Sin embargo, en ningún momento varió el objetivo con el que nació: la recogida de «todos aquellos documentos que en la actualidad existan en la zona liberada procedentes de archivos, oficinas y despachos de entidades y personas hostiles y desafectas al Movimiento Nacional». Antes de que ese texto se publicara, las autoridades franquistas no tenían problema en reconocer que esa práctica se había desarrollado «de modo fragmentario» 26. Los sucesivos cambios en el funcionamiento de la Delegación fueron implementados en aras de una mejor coordinación entre organismos y una mayor eficiencia. Su estructura original era tan jerárquica como flexible. En la cima se situaba el delegado nacional, Marcelino de Ulibarri, y en la base los equipos que debían incautar directamente la documentación en los locales registrados. Estos, a su vez, enviaban los frutos de su desempeño a la jefatura de clasificación, desde donde se reordenaba la documentación en las siguientes secciones: Político-Social, Prensa y Propaganda, Sectas Secretas, Justicia y Militar. Como parece claro para el caso de la Delegación que operó en Madrid, cuyo trabajo estaba coordinado por un coronel auditor, y las secciones Sectas Secretas y Justicia, dirigidas por un capitán de la Guardia Civil y un alférez del Cuerpo Jurídico Militar respectivamente, la relación entre la recuperación de documentos y el procesamiento de quienes figurasen en ellos es innegable 27.

El primer contacto con la documentación lo ejercían los equipos de recuperación, elevándola a las oficinas donde «la clasificación ha de hacerse someramente», como rezaba el reglamento del Servicio de Recuperación. Cualquier duda debía consultarse con el jefe de servicios, bajo cuya responsabilidad estaba la actuación de los grupos de clasificación. Las ocupaciones de ciudades como Santander o Gijón entre el verano y el otoño de 1937 demostraron que era imposible registrar todos los locales de interés en un plazo exiguo. Por tanto, la primera labor de los equipos debía ser la de precintar los edificios previamente seleccionados. La clasificación de la documentación, recogida en bolsas y sacos dentro de los locales, quedaba aplazada para favorecer el agrupamiento de la mayor documentación posible 28. Más tarde, la inclusión del trabajo de incautación en un esquema de orden público, dentro de la Columna de Orden y Policía de Ocupación diseñada para la entrada en Barcelona, Valencia y Madrid, orientó su función policial 29. Justo antes de que ese horizonte se cumpliera, en el otoño de 1938, un agente de la cuarta sección (Antimarxismo) del Servicio Nacional de Seguridad (SNS) llegó a Salamanca para colaborar con Marcelino de Ulibarri. Se llamaba Eduardo Comín Colomer y su misión era tratar «de asuntos relacionados con documentos y libros de carácter marxista» 30.

Cuando comenzó a colaborar con la DERD, Comín era un policía de carrera que acababa de cumplir treinta años. Antes de la guerra había formado parte de la Brigada Social del Cuerpo de Investigación y Vigilancia de Zaragoza, donde participó en la persecución del anarquismo local. Ya en la retaguardia franquista, cooperó «eficientemente en la formación de los Archivos policiales de la Zona nacional» y comenzó otros proyectos en una línea que interesó especialmente a una Policía franquista en construcción 31. La Jefatura del SNS había empezado a editar un instrumento de formación ideológica de los agentes, el Boletín de Información Antimarxista, bajo dirección del propio Comín. Los primeros números utilizaban la documentación que empezaba a llegar desde Salamanca para divulgar «la organización, estructura y tácticas de los internacionalismos seculares enemigos de la Religión y la Patria» 32. Toda aquella información se puso rápidamente al servicio de la Policía, y por eso Comín acudió al epicentro de aquellas prácticas archivísticas que tanto atraían a un profesional de su perfil.

Apenas dos meses más tarde de su llegada, Comín comunicó al máximo responsable de la DERD una iniciativa para reforzar la conexión entre la actuación de los jefes de las Columnas de Orden y Policía de Ocupación y la reutilización del material incautado en las ciudades, reflejo de su rápida aclimatación a Salamanca 33. Esta comunicación demuestra que, antes de la entrada en las capitales republicanas, la gestión policial de la documentación incautada previamente ya era una práctica asentada. Cuando los equipos de recuperación entraron en Barcelona, a finales de enero de 1939, la comunicación entre los organismos encargados de encauzar el aprovechamiento punitivo de la documentación recogida no hizo sino aumentar. El cruce de oficios y cartas entre la DERD, el SIPM, el SNS, la Auditoría de Guerra y los propios equipos protagonizó los primeros tres meses del año 34. Pero la ocupación de Madrid, a finales de marzo, desbordó cualquier cálculo inicial 35. Mientras las labores de incautación llenaban vagones enteros con sacos repletos de documentación destinada a Salamanca, el propio Ulibarri reconocía, cinco días después de la entrada en la capital del «nuevo Estado», que solo había una persona a cargo de la clasificación 36.

La colaboración entre Comín y Ulibarri fue cada vez más estrecha. Entre febrero y mayo de 1939 el primero llegó a desempeñar funciones de secretario personal del máximo exponente de la DERD 37. Y en los meses centrales del «Año de la Victoria», ambos fueron conscientes de los retos que debía afrontar la institución. Antes de que acabara mayo, el delegado nacional escribió unas «Notas informativas sobre la transformación de dicho Organismo» 38. De acuerdo con el título, debió tratarse de un texto de circulación interna y muy reducida, destinado a las máximas instancias del régimen. Junto con el cambio de nombre de la Delegación, renombrada como Archivos Documentales de la Cruzada de España, se proponía reconsiderar el alcance de su «misión», puesto que la guerra había supuesto «un problema político-histórico de carácter mundial». Las enseñanzas de «la Cruzada española» figuraban en «los materiales recogidos en estos Archivos», a donde debían acudir «todos los Organismos del Estado».

Ulibarri había integrado la idea de la multifuncionalidad del organismo que dirigía, su trascendencia, sus posibilidades de crecimiento en paralelo a la construcción del «Nuevo Estado» e, incluso, su dimensión internacional. España había sido la vanguardia de la lucha contra un enemigo bien identificado en el imaginario contrarrevolucionario en la Europa de entreguerras. El discurso de la lucha entre la civilización tradicional y el «bárbaro enemigo» moderno, como Paul Hanebrink ha denominado al mito del judeobolchevismo, ya se había empezado a construir en Salamanca cuando la función de contrapropaganda de la OIPA no estaba del todo definida y era compartida por otros organismos 39. El archivo debía convertirse en esa herramienta que fabricase documentalmente la alteridad y coordinara la formación ideológica de las instituciones del «Nuevo Estado». Fruto del carácter transversal que Ulibarri le otorgaba a los Archivos Documentales de la Cruzada, este quedaba dividido en tres secciones: la Masónica, la de Estudios Históricos y la de Justicia. Aunque la misión del archivo desbordase la mera función policial, esta no debía descuidarse. Para ello estaba pensada la sección de Justicia, encaminada a descubrir «actividades delictivas», orientar los procesos de depuración laboral y establecer «la ficha personal de todo español a partir de 1934» en colaboración con los organismos judiciales y la Policía.

La reorganización propuesta por Ulibarri potenciaba la función policial del archivo sobre otras, como la simbólica. Entendido como una institución clave en la arquitectura punitiva de la dictadura, pues debía coordinar cualquier iniciativa sobre el pasado de la población, su intención era reforzar la comunicación que la DERD ya había desarrollado con otras agencias de control. En términos institucionales, este documento interno demuestra cómo la construcción del archivo fue paralela a la propia construcción del régimen. La primavera que, según el himno oficial, volvía a reír y se esperaba por cielo, tierra y mar, era la primavera misma del Estado: una época de germinación institucional que reflejaba la mentalidad de las autoridades, sus proyectos políticos y sus intereses personales. En términos de práctica archivística, el fichero era el instrumento que marcaba realmente el nuevo tiempo después del «Día de la Victoria», puesto que no solo exigía transitar desde la incautación de documentos a su reclasificación y reordenación, sino que significaba aumentar la producción documental a partir de la información de interés. Para ello, en julio reorganizó la delegación más activa, la que operaba en Madrid, y potenció la transferencia de documentación a Salamanca mientras ordenaba el traslado de personal desde los equipos de registro a los de clasificación 40.

Sin embargo, ¿cómo elaborar una ficha personalizada para toda la población, según el deseo de Ulibarri? En otro documento interno, el delegado proponía un sistema de descripción del orden del archivo, dividido en secciones (Masonería, Político-Social y Varios), series, clases y documentos 41. Mientras que las series y clases de Masonería intentaban emular la organicidad original de la documentación incautada, apelando al principio de procedencia a través de las logias y su lugar de implantación, las series de Político-Social se repartían entre Expedientes Personales, Revoluciones y Sediciones, Huelgas y Atentados. Es evidente que la primera serie tenía como función alimentar la creación del fichero personal. Por si acaso, el propio Ulibarri anotó al margen que la documentación debía seguir una «ordenación alfabética rigurosa». Pero, junto con la extracción individualizada de la información que interesaba a efectos punitivos, la decisión de no reconstruir orgánicamente los partidos y sindicatos de la «anti-España» a partir de sus documentos incautados y, en cambio, reordenarlos a través de otras categorías sobredimensionaba el delito de carácter político-social. De este modo, la ubicación del archivo en la arquitectura punitiva franquista fue paralela a la definición de sus «arquitecturas de conocimiento», es decir, el modo en que la clasificación de la información conecta categorías abstractas con espacios de acuerdo con lógicas y prácticas concretas 42. En este caso, el archivo fue otra de las herramientas utilizadas por el régimen para reforzar el discurso de defensa social y sus prácticas específicas de control, movilizadas para construir su propia legitimidad, y que permiten situar la dictadura en una genealogía que hunde sus raíces en el siglo xix 43.

La transformación nominal de la DERD en el Archivo Documental de la Cruzada era un reflejo, quizá simbólico, de un proceso más complejo: la disolución de las instituciones de ocupación en las estructuras del «Nuevo Estado». Ocurrió con la Columna de Orden y Policía de Ocupación, que dejó de operar en la práctica una vez que las principales ciudades republicanas fueron conquistadas. Sucedió también, aunque más tarde, con la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación. El Archivo de Salamanca tuvo contacto con ellas y con tantas otras instituciones (tribunales especiales como el de Responsabilidades Políticas o Masonería y Comunismo, juzgados militares y de depuración profesional o la propia Policía) para coordinar la acción represiva y garantizar su eficacia 44. En este contexto, el archivo fue otro más entre los instrumentos de dominio estatal, abatido sobre la población al clasificarla, como ya demostró Nicholas B. Dirks en su disección del dominio colonial británico en India 45. El procesamiento de la información que exigía el fichero permitía, fuera del archivo, procesar a la misma sociedad renombrándola, «capturando» comportamientos de acuerdo con la lógica del poder. Aunque ya se ha trabajado la «construcción» de la culpabilidad para el caso de los procedimientos militares, todavía queda por explorar la performatividad de las taxonomías elaboradas desde el archivo, que no eran una simple manera de organizar el conocimiento 46. Una de las aplicaciones prácticas de aquello que Eric Ketelaar llamó la «opresión a través de los documentos» empezó a pensarse en el verano de 1939 47.

El «certificado de antecedentes» y los orígenes del DNI

El proyecto de aprovechar el archivo de Salamanca con fines policiales cobró fuerza en el verano de 1939. Las ideas que Ulibarri apenas había esbozado en los meses anteriores fueron retomadas por su secretario, encargado de organizar «las Secretarías y Archivos de este Organismo en las plazas de Barcelona y Valencia» 48. Sabemos también que, antes del cambio de nombre de la DERD, había tutelado el trabajo en los locales de su delegación de Madrid 49. Poco después se reincorporó a la recién creada Dirección General de Seguridad. Toda esta experiencia acumulada fue concretada en una iniciativa «a expedir por el nuevo Organismo». Así es como el policía se refería al Archivo Documental de la Cruzada en una carta dirigida a su antiguo amigo y jefe, donde se mostraba cauto ya que la realización del proyecto «sería contraproducente por no tener toda la documentación archivada». Aun así, era de gran interés que el ministro de Gobernación lo conociera cuanto antes, puesto que «daría dinero abundante y por tanto merecen cubrirse todas sus necesidades en la seguridad de un reintegro del desembolso presupuestario» 50. Junto con la misiva explicativa le enviaba las «Bases y fundamentos para la creación del documento titulado Certificado de Antecedentes».

No es posible saber si el proyecto que se conserva hoy en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca es exactamente el mismo que Ulibarri recibió de Comín por correspondencia, si el primero lo retocó o reorientó alguna parte de su redacción original. Lo que sí se puede asegurar es que la idea del agente partía de una consideración integral del archivo como una herramienta activa en la orientación del control de la población, como una institución integrada en el conjunto del «Nuevo Estado» y como un proyecto que debía ser sostenible económicamente. También debe subrayarse el alineamiento entre la voluntad de Ulibarri en primavera y su «traducción» policial, por parte de Comín, en verano, pues «la magnífica prueba constituida por los documentos originales de referencia» permitía «conocer exactamente la verdadera personalidad de la casi totalidad de los españoles» 51. El proyecto se basaba en la obligatoriedad de presentar un certificado de antecedentes penales como requisito para opositar a plazas de la Administración Pública, presentarse a trabajos en empresas privadas, solicitar el carnet de conducir o adquirir licencias de armas de fuego. Aunque era un trámite ya ampliamente conocido y extendido, era fundamental replantear su eficacia tras la guerra:

«Fundaméntase esto en la extraordinaria movilidad, principalmente, de los residenciados en la “zona marxista”; unos fueron dejando señales de sus pasos a través de una y otra comarca; otros, desplazados del sitio habitualmente vivieron, solamente en determinados momentos o lugares aparecieron con su actividad, documentalmente considerada [...] al reintegrarse a su anterior domicilio, pasen sus andanzas desapercibidas a las más finas investigaciones policiales.

Atendiendo a razones tan innegables, procedería la creación del certificado de antecedentes, con idéntico carácter obligatorio para todos los mismos efectos que el expedido por Penados y Rebeldes».

Comín proponía adoptar la función de otros certificados expedidos por los organismos que estructuraron la represión del «enemigo», como el sistema penitenciario y la justicia militar, para desbloquear la sospecha sobre el conjunto de la sociedad. Además, las evacuaciones de la población en tiempo de guerra, su realojamiento en las grandes ciudades, la movilidad de las milicias en retaguardia o el reclutamiento dirigido por el Estado republicano eran algunos de los fenómenos que invalidaban o, cuanto menos, hacían más compleja la efectividad del antiguo certificado de antecedentes 52. Era lógico que el Archivo se encargara de ello como institución heredera de la DERD, cuya creación oficial un año antes había coincidido con la del Servicio de Identificación, un proyecto para acreditar documentalmente la identidad que no terminó de desarrollarse por dificultades presupuestarias 53. El nuevo certificado debía ser secreto y el organismo que lo necesitara para emitir un juicio sobre la persona que fuera a contratar lo recibiría directamente desde el Archivo. Este procedimiento acentuaba la indefensión de la persona solicitante, pero también el nuevo horizonte del archivo, que se proyectaba como centro fundamentalmente productor de documentación, en contacto continuo con otros organismos represivos del régimen.

La puesta en marcha de esta maquinaria conllevaba una reestructuración del archivo. Esa reflexión fue compartida tan íntimamente por Ulibarri que el documento que redactó fue archivado junto con el proyecto de Comín. Se llamó «Archivo Documental de la Cruzada. Bases sobre Organización, Funcionamiento, Competencia y Atribuciones», donde puso por escrito la necesidad de potenciar la labor coordinadora del archivo a través de su Secretaría General 54. Preocupado por centralizar «cuantas funciones burocráticas de carácter activo» se derivasen de las nuevas funciones, Ulibarri insistió específicamente en que la confección del certificado de antecedentes era de exclusiva competencia de la Secretaría. En caso de antecedentes positivos, por ejemplo, cada sección debía elaborar un duplicado de la nota de informe para que figurase en el expediente de la persona solicitante. La clave de esta operación la aportó Comín en una carta de agradecimiento por la ayuda de su amigo y superior en su promoción profesional: «hay gente que “marea” los papeles, pero no los trabaja y estruja y esto último es lo que usted ha de tratar especialmente» 55. La particular terminología que aparecía en un documento tan personal como aquella carta indicaba el sentido de la tarea del archivo: estrujar los papeles equivalía a recuperar la información comprometedora y crear un instrumento de procesamiento útil y eficaz.

Con el paso del tiempo, la experiencia demostró que esa tarea era más sencilla de formular que de realizar. El siguiente paso hacia la producción de información en términos policiales, del que el «certificado de antecedentes» era su máximo exponente, fue muy costoso. A pesar de que un exultante Marcelino de Ulibarri afirmaba, en marzo de 1940, que el archivo se encontraba en su «periodo álgido de obtención de fichas individuales», pues se consideraba la tarea más urgente de todas las efectuadas en el archivo, lo cierto es que en términos institucionales la situación era complicada 56. En diciembre de ese año, el anteproyecto de gastos, presentado desde octubre de 1939, fue devuelto por el delegado de Hacienda en el Ministerio de la Gobernación 57. Aun así, el trabajo fue avanzando y a principios de 1942 en el Archivo de Salamanca había doce personas destinadas únicamente a la elaboración de fichas personales 58.

A esas alturas, sin embargo, había otras instituciones que también impulsaron la persecución de los comportamientos no permitidos a través de los ficheros. Uno de esos ejemplos fue el SIPM, cuya desmovilización fue intrínsecamente parte del proceso de formación de la policía política de la dictadura 59. Cuando alguna de las instituciones que procesaban a la población se dirigía a la inteligencia militar solicitando informes de conducta, como el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el SIPM derivaba a los secretarios judiciales a la DGS, que pasó a custodiar sus fondos 60. Esta mudanza estuvo tutelada por José Ungría, que durante 1939 alternó las direcciones de la Policía y del SIPM. Su «saber hacer» respecto a los usos punitivos de la información también estaba fuera de duda, pues los ficheros entregados por el segundo organismo estaban organizados nominalmente 61. Sin embargo, su salida de la DGS en septiembre no significó el final del intercambio de personas, experiencias, prácticas y saberes entre organismos 62.

El tránsito desde diferentes organismos hacia la Policía fue continuo. De hecho, la Ley de Policía de marzo de 1941 debe interpretarse como el final de un proceso que no solo conllevó la creación de las estructuras de uno de los cuerpos fundamentales en la defensa del orden público franquista, sino también la armonización de su identidad corporativa y sus propias prácticas, orientadas al escrutinio de los antecedentes de la población. Como rezaba el preámbulo de la ley, la instauración de «un régimen que quiere evitar los errores y defectos de la vieja organización liberal y democrática» exigía «mayor eficacia y amplitud» en la lucha contra la delincuencia, «especialmente en el orden político». La Policía que se creaba entonces debía abandonar un apoliticismo secular para «llevar a cabo la vigilancia permanente y total indispensable para la vida de la Nación» 63. Lógicamente, el decreto de creación no hacía referencia a otros proyectos anteriores, pero en su exposición de motivos resonaba el mismo espíritu de misión que impregnaba el proyecto del Archivo de Salamanca y su aplicación práctica predilecta: el fichero. Igual que este, la Policía no podía ser un órgano reactivo ante las amenazas al orden público, sino que debía modelar eficazmente la sociedad a través de la vigilancia activa.

Para ello, la conexión entre la DGS y Salamanca fue permanente. Sabemos que antes de la publicación del decreto Comín envió a una serie de agentes de su misma sección (Antimarxismo) a formarse en el Archivo Documental 64. Allí, la creación de la «nueva» Policía fue vista como una oportunidad para gran parte del personal auxiliar destinado en la sección Político-Social, que empezó a reclamar el traslado a la DGS para terminar con su situación de interinidad. El propio Marcelino de Ulibarri se dirigió por carta al Ministerio de Gobernación en octubre de 1941 para intentar regularizar el funcionamiento de un organismo cuya misión no se limitaba «a facilitar una fuente abundante de informaciones durante el periodo de depuración». Para ello, el responsable del Archivo proponía que se aprobara su reorganización englobándolo en los presupuestos ordinarios del Estado o, si eso no fuera posible, acoplar el personal en el Ministerio que compartían con la DGS. Al final de su comunicación, Ulibarri insistía en que «una de las misiones más importantes de este Organismo ha sido precisamente la investigación de conductas y actividades punibles, muy en consonancia con la del citado Cuerpo» 65.

El proyecto de fusión se demoró en el tiempo y el personal clasificador siguió desempeñando su labor en condiciones precarias. Aun así, cuando en marzo de 1944 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto de creación del Documento Nacional de Identidad, solo en la sección Político-Social del Archivo Documental de la Cruzada ya se habían elaborado 1.300.000 fichas personales 66. En términos institucionales, la Policía se impuso al Archivo como institución productora de un documento obligatorio para toda la población mayor de dieciséis años. La DGS «por los elementos y medios de acción con que cuenta, se halla plenamente capacitada para semejante cometido» 67. Si en términos de capacitación institucional la distancia entre el DNI creado en 1944 y el «certificado de antecedentes» propuesto en 1939 era evidente, los elementos que concretaban el proyecto acercaban ambas iniciativas. El director general de Seguridad podría solicitar la colaboración de cualquier institución o empleado de la Administración Pública, recogiendo la aspiración con la que nació el Archivo Documental de la Cruzada (artículo 7). No se mencionaba el fichero político-social elaborado en Salamanca, pero sí se apelaba al posible auxilio de la Dirección General de Estadística.

Sin embargo, era el artículo inmediatamente anterior, el sexto, el que más estrechamente ligado estaba al «certificado de antecedentes». Las personas que estuvieran «en prisión atenuada o libertad vigilada» figuraban las primeras en el orden de prelación para la expedición del DNI, en clara referencia al peligro emanado de su pasado político. Los siguientes tres puestos quedaban reservados a los hombres que cambiaran de residencia o domicilio por criterios de «profesión, oficio o negocio», los residentes en poblaciones de cien mil habitantes o en las inmediatamente superiores a veinticinco mil. De este modo, el orden de la lista estaba atravesado por criterios patriarcales, asociando anonimato, masculinidad y posibilidad de delinquir. Los siguientes tres artículos eran la transcripción literal de los anteriores, pero con las mujeres como protagonistas. Igualmente, los varones domiciliados en municipios menores de veinticinco mil tenían prioridad sobre las mujeres de igual condición.

La publicación del decreto dejaba claras las preocupaciones del régimen y tanto la movilidad como el anonimato asociado al mundo urbano ocupaban un lugar preferencial. Como ha mostrado la historiografía, la dictadura trató de controlar las migraciones del campo a la ciudad, reglamentar las condiciones de trabajo y regular el abastecimiento a través de la identificación de la población 68. Sin embargo, el DNI fue algo más que una reacción a la conjunción de estos desafíos en la inmediata posguerra. Su creación no puede entenderse fuera de una «cultura del fichero» que se convirtió en una herramienta central en la delimitación de los comportamientos permitidos, donde la prevención primaba sobre la reacción. El DNI, igual que el «certificado de antecedentes», se ubicaba entre el espacio público y el privado, y se apoyaba en lo que David Garland denominó «práctica multiagencial» 69. El recurso compartido a los ficheros ordenados alfabéticamente permitía identificar la transgresión del orden, sancionar rápidamente a sus culpables y regular su inclusión en la comunidad política.

En perspectiva, la identificación de la población buscaba poner orden en un mundo cambiante, un reto asociado a la DGS desde su misma fundación. No en vano, el primer proyecto homologable al documento creado en 1944 fue impulsado por Ramón Méndez Alanís, auditor de división del Cuerpo Jurídico Militar y primer director general de Seguridad, en 1916 70. Su vinculación a la necesidad de disponer de un archivo nacional de identificación ya se había dejado sentir en otro proyecto de 1929 y, dos años más tarde, también en la apertura de una «información pública» para desarrollar una cédula. No llegó a ponerse en funcionamiento debido a la proclamación de la Segunda República 71. Años más tarde, y con todas las rupturas y continuidades que trajo la Guerra Civil, la práctica archivística de recuperar información a través de un fichero organizado alfabéticamente era ya una herramienta fundamental para ejercer el control sobre la población.

Ese contexto fue el de la disolución de las instituciones de ocupación en la creación del «Nuevo Estado». En septiembre de 1944, solo seis meses después de la creación del DNI y a través del decreto reservado número 52, Franco creó la Delegación Nacional de Servicios Documentales (DNSD). A partir de entonces, esta institución reunió las Delegaciones de Recuperación de Documentos y de Servicios Especiales, los organismos que habían protagonizado la primera reutilización de la documentación republicana con fines punitivos. La DNSD debía continuar la labor de clasificación documental y facilitar, al mismo tiempo, cuantos «antecedentes de índole militar, política, social y secreta» existieran sobre personas físicas y jurídicas. Además, antes de entregar el Documento Nacional de Identidad, la DGS debía solicitar de la DNSD «cuantos antecedentes pudieran existir de cada uno de los titulares» 72. El proyecto de Comín y Ulibarri quedaba así asegurado. Era otro decreto, esta vez secreto, el que vinculaba la producción de «su» certificado con la expedición del DNI. Era el fichero, en suma, lo que aseguraba la práctica policial.

Reflexiones finales

En las páginas anteriores se ha mostrado la utilidad de pensar el archivo más allá de una visión historicista, que lo entiende a partir de su estado final y naturaliza, así, los documentos como fuentes. Frente a esta mirada, explorar el archivo desde su función «organizacional» permite identificar otros usos y funciones en el pasado, como el de ser una herramienta de primer orden en la identificación, clasificación y control de la población. Esta práctica, que recorre gran parte de la contemporaneidad, se expresó preferentemente a partir del primer tercio del siglo xx y se extendió con las dictaduras de entreguerras y las ocupaciones en el marco de la «guerra total». En este sentido, el archivo debe incorporarse a los debates que han reconsiderado la pluralidad de agencias y procedimientos relacionados con el alcance de la violencia política institucionalizada.

La creación del Archivo Documental de la Cruzada, la puesta en marcha de uno de sus grandes proyectos, el «certificado de antecedentes» y la conexión de ambos con los orígenes del DNI representan un estudio de caso relevante por tres razones. La primera es que señalan un proceso simultáneo y generalizado en la Europa ocupada durante la «guerra total», con los ejemplos paradigmáticos de Francia y Países Bajos. La particularidad del caso español apela a la disolución de las instituciones de ocupación en el «Nuevo Estado» franquista, interpretada desde el «giro victimario» a partir de dos personajes clave: Marcelino de Ulibarri y Eduardo Comín Colomer. En su colaboración confluyeron lo biográfico y lo institucional: el tiempo personal, sus aspiraciones, trayectorias y deseos, y el tiempo «político», el de la progresiva construcción de las instituciones de la dictadura.

La segunda razón es que tanto el Archivo como el certificado permiten redimensionar un proceso sostenido en el tiempo, el de la pulsión por identificar al conjunto de la población. Así, el significado histórico del Documento Nacional de Identidad se ubica en una genealogía particular, anterior a la «Victoria» de 1939, pero alimentada por la voluntad de ordenar la sociedad mediante su clasificación político-social. Es difícil comprender la dimensión del DNI sin vincularlo al «certificado de antecedentes». Primero, por su carácter obligatorio. Segundo, por la posibilidad de colaborar con otras instituciones en la expedición del documento, y tercero, por el orden de prelación que especificó el Boletín Oficial del Estado.

En tercer lugar, y más allá del articulado que puso en marcha el DNI, el análisis de las condiciones que lo hicieron posible pasa por subrayar la irradiación de una «cultura del fichero» compartida entre múltiples agencias de control. Este último proceso desembocó en una DGS que se encontraba en plena reconstrucción. En este sentido, el nacimiento del «Nuevo Estado» franquista apenas puede entenderse en clave punitiva sin la construcción de un archivo centralizado y su empleo en un sentido policial.

Las tres escalas de análisis anteriores invitan a pensar que se antoja clave decolonizar las «arquitecturas de conocimiento» del archivo para entender por qué este fue clave en la arquitectura punitiva de la dictadura. La incautación de la documentación republicana, luego reclasificada y reordenada en Salamanca, fue el primer paso en el procesamiento de su información a efectos punitivos con el objetivo de procesar judicialmente a la población, considerada sospechosa de antemano. La construcción documental de la culpa se dibuja como un campo a explorar en los estudios de la violencia política, con el objetivo de deconstruir tanto el valor probatorio de los documentos, entendidos como evidencia del delito, como de las propias categorías construidas por la dictadura. En 1944 se abatió sobre la población española una doble «noche del decreto». La primera creó el Documento Nacional de Identidad. La segunda supeditó su expedición a la ausencia de antecedentes. Casi ochenta años después, cabe seguir preguntándose por las intenciones, los proyectos y las tecnologías de aquellos verdugos que pensaron que la mejor policía era un fichero completo.

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1. * Este texto forma parte del proyecto «Papeles que atrapan» (Convocatoria Noveles Investigadores 2022), financiado por la Universidad de La Laguna. Me siento agradecido al Grupo de Estudios de Historia de la Prisión y las Instituciones Punitivas (GEHPIP), en especial a Pedro Oliver y a Daniel Oviedo, y también a Miguel Ángel Cabrera, Inma Blasco y Judit Gutiérrez de Armas, que impulsaron algunos apartados con su inagotable generosidad en el debate.

2. 1 Antonio González Quintana et al. (dirs.): El acceso a los archivos en España, Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero-Fundación 1.º de Mayo, 2019.

3. 2 Martín Turrado Vidal: Estudios sobre historia de la Policía, Madrid, Ministerio del Interior, 1986, y Lucas Marco: Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político-Social de València, Valencia, Alfons el Magnànim, 2018. Una excepción es Pablo Alcántara: La Secreta de Franco. La Brigada Político-Social durante la dictadura, Barcelona, Espasa, 2022.

4. 3 Lourenzo Fernández Prieto et al. (eds.): 1936, un nuevo relato, Zaragoza, PUZ, 2020; Julio Aróstegui (coord.): Franco, la represión como sistema, Barcelona, Flor del Viento, 2012, y Gutmaro Gómez Bravo y Jorge Marco: La obra del miedo. Violencia y sociedad en la España de Franco (1936-1950), Barcelona, Península, 2011.

5. 4 Pablo Sánchez León: «“Esa tranquilidad terrible”. La identidad del perpetrador en el “giro” victimario», Memoria y Narración, 1 (2018), pp. 167-183, y Scott Straus: «Studying Perpetrators: A Reflection», Journal of Perpetrator Research, 1(1) (2017), pp. 28-38.

6. 5 Fernando Mikelarena: Sin piedad. Limpieza política en Navarra, 1936, Pamplona, Pamiela, 2015, pp. 251-262.

7. 6 José Luis Rodríguez Jiménez: «Funcionarios de la policía franquista al servicio de la teoría de la conspiración: el caso de Comín Colomer», en Antonio Ferrer Benimelli (coord.): La masonería española en el 2000. Una revisión histórica, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2001, pp. 921-936.

8. 7 Maria de Lurdes Rosa: «Reconstruindo a produção, documentalização e conservação da informação organizacional pré-moderna. Perspetivas teóricas e proposta de percurso de investigação», Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, XXX (2017), pp. 547-586.

9. 8 Joseph Morsel: «Les sources sont-elles «le pain de l’historien»?», Hypothèses, 1 (2004), pp. 271-286.

10. 9 Eric Ketelaar: «Tacit Narratives: The Meaning of Archives», Archival Science, 1 (2001), pp. 131-141.

11. 10 Ann Laura Stoler: «Colonial Archives and the Arts of Governance», Archival Science, 2 (2002), pp. 81-109.

12. 11 José Tomás Velasco Sánchez: El archivo que perdía los papeles. El archivo de la Guerra Civil según el fondo documental de la Delegación Nacional de Servicios Documentales, tesis doctoral, Universidad de Salamanca, 2017.

13. 12 Martín Marín Corbera: «La gestación del Documento Nacional de Identidad: un proyecto de control totalitario para la España franquista», en Carlos Navajas Zubeldia y Diego Iturriaga Barco (coords.): Novísima. II Congreso Internacional de Historia de Nuestro Tiempo, Logroño, Universidad de La Rioja, 2010, pp. 323-338, y Miguel Díaz Sánchez: Migrar contra el poder. La represión de las migraciones interiores en España durante la posguerra (1939-1957), tesis doctoral, Universitat Autónoma de Barcelona, 2020, pp. 102-160, 216-234 y 257-290.

14. 13 Jean-Marc Berlière et al. (dirs.): Les métiers de police. Être policier en Europe, xviiie-xxe siècles, Rennes, PUR, 2008, y Chris A. Williams (ed.): Police and Policing in the Twentieth Century, Londres, Routledge, 2011.

15. 14 Athan G. Theoharis y John Stuart Cox: The Boss. J. Edgar Hoover and the Great American Inquisition, Philadelphia, Temple University Press, 1988, pp. 35-155.

16. 15 Gerald Blaney (ed.): Policing Interwar Europe: Continuity, Change and Crisis, 1918-1940, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007.

17. 16 Götz Aly y Karl Heinz Roth: The Nazi Census. Identification and Control in the Third Reich, Philadelphia, Temple University Press, 2004, pp. 34-54. Véase también Sheila Fitzpatrick: Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 14-66, o Jonathan Dunnage: Mussolini’s Policemen. Behaviour, Ideology and Institutional Culture in Representation and Practice, Mánchester, Manchester University Press, 2012, pp. 78-103.

18. 17 Guus Meershoek: «Policing Amsterdam during the German Occupation: How Radical Was the Break?», en Clive Emsley et al. (ed.): Social Control in Europe, vol. II, 1800-2000, Columbus, Ohio State University Press, 2004, pp. 330-342; Laurien Vastenhout: Between Community and Collaboration. «Jewish Councils» in Western Europe under Nazi Occupation, Cambridge, Cambridge University Press, 2022; Thomas J. Laub: After the Fall. German Policy in Occupied France (1940-1944), Oxford-Nueva York, Oxford University Press, 2010, pp. 168-192, y Jean-Marc Berlière: Polices des temps noirs. France 1939-1945, París, Perrin, 2018, pp. 111-125.

19. 18 Pierre Piazza: «Système d’enregistrement d’identité, numéro d’identification et “carte d’identité de Français” durant le Régime de Vichy (France, 1940-1944)», Criminocorpus, 2017. En Países Bajos, los archivos de la ocupación nazi se convirtieron en el Instituto Nacional de la Documentación de Guerra. Véase Annemieke van Bockxmeer: De oorlog verzameld het ontstaan van de collectie van het NIOD, Ámsterdam, De Bezige Bij, 2014.

20. 19 Journal Officiel de la République Française (JORF), núm. 299, 20 de noviembre de 1940, pp. 5740-5741.

21. 20 Peter Anderson: ¿Amigo o enemigo? Ocupación, colaboración y violencia selectiva en la Guerra Civil española, Granada, Comares, 2017.

22. 21 Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH), DNSD-Presidencia, 108, 4; Carlos Píriz: «La primera policía política franquista para las últimas ciudades republicanas: los Destacamentos Especiales del SIPM (enero-septiembre de 1939)», Historia y Política, 47 (2022), pp. 27-57, y Carmen Rial Quintela: «Los fondos documentales del franquismo en los archivos militares», en María Socorro Asunción Esteban Recio et al. (coords.): La alargada sombra del franquismo. Naturaleza, mecanismos de pervivencia y huellas de la dictadura, Granada, Comares, 2019, pp. 397-418.

23. 22 Stathis Kalyvas: La lógica de la violencia en la Guerra Civil, Madrid, Akal, 2010.

24. 23 La noción de «práctica archivística» ha subrayado la función de control en el desarrollo del Estado moderno. Véase Markus Friedrich: The Birth of the Archive. A History of Knowledge, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2018, pp. 30-58, o Randolph C. Head: Making Archives in Early Modern Europe. Proof, Information, and Political Record-Keeping, 1400-1700, Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 94-117.

25. 24 Jesús Espinosa Romero: «La Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos en Madrid», en Daniel Oviedo Silva y Alejandro Pérez-Olivares (coords.): Madrid, una ciudad en guerra (1936-1948), Madrid, Los Libros de la Catarata, 2016, pp. 133-158.

26. 25 Pablo Gil Vico: «Ideología y represión: la Causa General. Evolución histórica de un mecanismo jurídico-político del régimen franquista», Revista de Estudios Políticos, 101 (1998), pp. 159-189, y Diego Navarro Bonilla: Morir matando, Sevilla, Espuela de Plata, 2012, pp. 263-268.

27. 26 Boletín Oficial del Estado (BOE), núm. 553, 27 de abril de 1938, pp. 6986-6987.

28. 27 CDMH, DNSD-Recuperación, Secretaría, Delegación de Madrid, 11, 7.

29. 28 CDMH, DNSD-Secretaría, Expedientes personales y de asuntos, 23, 330.

30. 29 Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), 2551, 2.

31. 30 Carta de José Medina a Marcelino de Ulibarri (22 de octubre de 1938), CDMH, DNSD-Correspondencia, exp. 100.

32. 31 Expediente personal de Eduardo Comín Colomer, Archivo General del Ministerio de Interior (AGMI), Inspección General de Personal, 7958.

33. 32 Carta de José Medina a Marcelino de Ulibarri (20 de octubre de 1938), CDMH, DNSD-Correspondencia, exp. 100, y Pablo Alcántara: La Secreta de Franco..., pp. 112-114.

34. 33 Carta de Eduardo Comín Colomer a Marcelino de Ulibarri (15 de diciembre de 1938), CDMH, DNSD-Secretaría, Expedientes personales y de asuntos, 330, 23.

35. 34 CDMH, DNSD-Presidencia, 108, 4.

36. 35 CDMH, DNSD-Recuperación, Secretaría, 14, 1.

37. 36 Carta de Marcelino de Ulibarri a José Gómez Hernández (2 de abril de 1939), CDMH, DNSD-Presidencia, 108, 4.

38. 37 Expediente personal de Eduardo Comín Colomer, CDMH, DNSD-Administración, 4, 21.

39. 38 CDMH, DNSD-Secretaría, 330. Sigo esta referencia si no se indica lo ­contrario.

40. 39 Paul Hanebrink: A Specter Haunting Europe. The Myth of Judeo-Bolshevism, Cambridge, Harvard University Press, 2018, pp. 122-162. Desde la propaganda, Xosé Manoel Núñez Seixas: ¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la Guerra Civil española, Madrid, Marcial Pons Historia, 2006, ­pp. 177-327, o Francisco Sevillano Calero: Rojos. La representación del enemigo en la Guerra Civil, Madrid, Alianza Editorial, 2007.

41. 40 CDMH, DNSD-Presidencia, 102, 1.

42. 41 CDMH, DNSD-Presidencia, 78, 1.

43. 42 Randolph C. Head: Making Archives in Early Modern Europe..., pp. 83-84.

44. 43 Jorge Marco y Gutmaro Gómez Bravo: «Defensa social, orden público y peligrosidad en España (1939-1950)», en Antoni Segura et al. (eds.): La dictadura franquista: la institucionalizació d’un règim, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2012, pp. 51-61; Ramiro Trullén Floria: España trastornada. La identidad y el discurso contrarrevolucionario durante la Segunda República y la Guerra Civil, Madrid, Akal, 2016, o Pedro Oliver Olmo: «El concepto de control social en la historia social: estructuración del orden y respuestas al desorden», Historia Social, 51 (2005), pp. 73-91.

45. 44 A modo de ejemplo, CDMH, DNSD-Correspondencia, exps. 22, 56, 105, 107, 228, 242, 276, 310, 333, 499, 629 o 697.

46. 45 Nicholas B. Dirks: Castes of Mind. Colonialism and the Making of Modern India, Princeton, Princeton University Press, 2001, pp. 63-122.

47. 46 Para lo primero, Pablo Gil Vico: «Derecho y ficción: la represión judicial militar», en Francisco Espinosa Maestre (coord.): Violencia roja y azul. España, 1936-1950, Barcelona, Crítica, 2010, pp. 251-368. Para las taxonomías, Aníbal Quijano: «Colonialidad del poder y clasificación social», en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.): El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global, Bogotá, Universidad Central, 2007, pp. 93-126.

48. 47 Eric Ketelaar: «Archival Temples, Archival Prisons: Modes of Power and Protection», Archival Science, 2 (2002), pp. 221-238.

49. 48 Expediente personal de Eduardo Comín Colomer, CDMH, DNSD-Administración, 4, 21.

50. 49 CDMH, DNSD-Secretaría, Expedientes personales y de asuntos, 2, 42.

51. 50 Carta de Comín a Ulibarri (4 de agosto de 1939), CDMH, DNSD-Secretaría General, Expedientes personales y de asuntos, 330, 23.

52. 51 «Fundamentos que aconsejan la creación del “Certificado de Antecedentes” a expedir por los “Archivos Documentales de la Cruzada de España”», CDMH, DNSD-Secretaría General, Expedientes personales y de asuntos, 330, 23. Sigo esta referencia si no se indica lo contrario.

53. 52 James Mathews: Soldados a la fuerza. Reclutamiento obligatorio durante la Guerra Civil, 1936-1939, Madrid, Alianza Editorial, 2013, o Daniel Oviedo Silva: El enemigo a las puertas. Porteros y prácticas acusatorias en Madrid (1936-1945), Granada, Comares, 2023, pp. 57-161.

54. 53 Félix José Álvarez Saavedra: 1951-2011. Sesenta años de expedición del Documento Nacional de Identidad, Madrid, Fundación Policía Española, 2013, pp. 33-35.

55. 54 CDMH, DNSD-Secretaría General, Expedientes personales y de asuntos, 330, 23.

56. 55 Carta de Comín a Ulibarri (10 de agosto de 1939), CDMH, DNSD-Secretaría General, Expedientes personales y de asuntos, 330, 23.

57. 56 Ibid., pp. 117-118. En esa misma comunicación, Ulibarri reconocía que aún quedaban por procesar 800.000 fichas.

58. 57 CDMH, DNSD-Secretaría General, Expedientes personales y de asuntos, 330, 23

59. 58 CDMH, DNSD-Secretaría General, Expedientes personales y de asuntos, 337, 24.

60. 59 Carlos Píriz: «La primera policía política franquista...».

61. 60 AGMAV, 2962, 4.

62. 61 AGMAV, 2962, 14.

63. 62 BOE, núm. 269, 23 de septiembre de 1939, p. 5333.

64. 63 BOE, núm. 8, 8 de abril de 1941, p. 2340.

65. 64 Expediente personal de Eduardo Comín Colomer, AGMI, Inspección General de Personal, 7958.

66. 65 Comunicación de 4 de octubre de 1941, CDMH, DNSD-Secretaría General, Expedientes personales y de asuntos, 337, 24.

67. 66 CDMH, DNSD-Administración, 9, 18. José Tomás Velasco Sánchez: El archivo que perdía los papeles..., p. 120, da la cifra específica de «2.701.953 fichas» totales elaboradas en Salamanca.

68. 67 BOE, núm. 81, 21 de marzo de 1944, pp. 2346-2347. Sigo esta referencia si no se indica lo contrario.

69. 68 Martí Marín Corbera: «La gestación del Documento Nacional de Identidad...», y Miguel Díaz Sánchez: Migrar contra el poder...

70. 69 David Garland: La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Barcelona, Gedisa, 2005, pp. 275-282.

71. 70 Gaceta de Madrid, núm. 333, 28 de septiembre de 1912, p. 550.

72. 71 Félix José Álvarez Saavedra: 1951-2011..., pp. 24-25.

73. 72 Antonio González Quintana: «Fuentes para el estudio de la represión franquista en el Archivo Histórico Nacional, sección “Guerra Civil”», Espacio, Tiempo y Forma, 7 (1994), pp. 479-508. El decreto se analiza en la p. 502.