Ayer 132 (4) 2023: 201-226
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2023
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/1928
© David San Narciso
Recibido: 11-05-2021 | Aceptado: 19-11-2020 | Publicado on-line: 09-10-2023
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

La invención del consorte real. La figura de Francisco de Asís de Borbón en el contexto de la Europa liberal *

David San Narciso

Universidad Complutense
de Madrid (UCM)
davsanna@ucm.es

Resumen: La configuración de la monarquía constitucional tuvo lugar en España bajo el reinado de Isabel II. En este contexto, conjugar las variables de poder y de género fue especialmente complejo en una reina soberana. Pero también lo sería en su consorte. Mientras la ideología de la domesticidad se imponía paulatinamente, el liberalismo tuvo que pensar a un hombre emasculado, privado de las cualidades públicas y políticas que atribuía a la masculinidad. Este articulo analiza la figura de Francisco de Asís de Borbón, enmarcándolo en los debates europeos que trataron de buscar un espacio —en la esfera pública y doméstica— para una figura que invertía los roles de género.

Palabras clave: monarquía, liberalismo, masculinidad, género, domesticidad.

Abstract: The configuration of the constitutional monarchy took place in Spain under the reign of Isabel II. In this context, combining the variables of power and gender was particularly intricate in a reigning queen. What is more, it would be equally challenging with respect to the royal consort. At a time that the cult of domesticity was prevailing in gender discourses, liberalism had to conceive of an emasculated man deprived of the public and political qualities assigned to masculinity. This article analyses the figure of Francisco de Asís de Borbón, integrating him into European disputes that sought to find a space — in the ­public and domestic spheres— for someone who inverted gender roles.

Keywords: monarchy, liberalism, masculinity, gender, domesticity.

El marido de la reina o la inversión del género

La primavera de 1850 se presentó especialmente compleja y polémica para la monarquía británica. Tras más de ocho años al frente del ejército y de los asuntos militares, el anciano duque de Wellington propuso al príncipe Alberto sustituirle como comandante en jefe. Con ello se resolvían dos enmarañadas cuestiones. Por un lado, el consorte de la reina Victoria adquiriría una posición pública mucho más digna de la que entonces ostentaba. Por otro, se complementaría una faceta masculina de la monarquía que ella nunca podría llenar del todo. En su carta de rechazo del cargo, el príncipe consorte reconoció al general que a priori «una reina soberana tiene muchas más desventajas que un rey» 1. Sin embargo, «si está casada, y su marido comprende y cumple con su deber», su posición no solo tenía «muchas ventajas compensatorias», sino que, «a la larga, se encontrará incluso más fuerte que la de un soberano».

Sus palabras se inscriben dentro del tortuoso proceso de adecuación de la monarquía al régimen liberal constitucional, donde aquella pasada acción política directa se vería ahora mediada y limitada. Para sobrevivir a los retos del liberalismo, la monarquía debía feminizarse, es decir, debía asociarse políticamente con valores «femeninos». Pero, al mismo tiempo, debía asumir culturalmente los discursos de género de las clases medias, dominados por la respetabilidad y la ideología de la domesticidad 2. Así, en sus discursos de legitimación, la Corona acabaría apelando a la dimensión doméstica y respetable de la burguesía, donde paradójicamente las mujeres mantenían un activo papel político como madres y guardianas de la moralidad 3. De esta forma, como dijo David Cannadine, «la monarquía constitucional es en realidad una monarquía emasculada», es decir, «una versión feminizada de una institución esencialmente masculina» donde el monarca fue privado «de aquellas funciones históricas masculinas como divinidad, gobernante y militar» 4. El resultado configuraría una monarquía neutral —ajena a la lucha partidista, pero nunca apolítica— donde acabaron enfatizándose «las dimensiones familiares, de domesticidad, maternidad y glamour».

El proceso ha sido particularmente estudiado para el caso de las reinas. Durante el siglo xix, estas mujeres fueron el cuerpo sobre el que el liberalismo proyectó, como conceptualizó Regina Schulte, «una tragedia de clase media» para apropiarse de la institución. Se transformaron, así, en epítome «de la maternidad y la feminidad puras, ideales y sacrificadas» 5. Si la interiorización de la monarquía por parte del liberalismo se realizó a partir de estas estructuras de género, las reinas debieron asumirlas y/o representarlas públicamente para lograr transitar hacia el nuevo marco simbólico. En el caso de las consortes, servirían como alusión permanente de la dimensión privada de una familia que no podía ser sino pública 6. Pero la situación fue mucho más compleja cuando una mujer poseía la soberanía monárquica y, por ende, una acción política directa. Conjugar las variables de poder y género en el momento de triunfo de la ideología de la domesticidad sería una tarea difícil tanto para la reina Victoria 7, como para María II de Portugal 8. En todo caso, y en ambos contextos, primarían discursiva y simbólicamente sus dimensiones de género dentro del proceso de absorción de un capital simbólico suficiente que les permitiera alejarse de la lucha política y relocalizarse en el sistema.

Esta transformación no fue únicamente vivida por las mujeres de las familias reales. Aunque menos estudiado, príncipes y reyes tuvieron que asumir igualmente los discursos de género dominantes para legitimarse. De tal forma que, si ellas negociaron sus identidades sobre los ideales femeninos del matrimonio, la maternidad y la honradez, sus homólogos masculinos hicieron lo propio con los valores de la «masculinidad hegemónica» 9. Es decir, estos hombres tuvieron que interiorizar y/o representar públicamente aquellos atributos masculinos suscritos, o menos cuestionados, por el orden social dominante. Como hecho cultural, la masculinidad se encuentra social e históricamente construida por unos agentes que viven, piensan e imaginan en un contexto determinado. Al igual que ­sucede con la feminidad, la definición del modelo de masculinidad —en su relación con las mujeres y con diferentes categorías de hombre— es una forma de dominación simbólica. De tal forma que la capacidad de definir los patrones de moralidad, los contornos de la normalidad y los límites de la respetabilidad es esencialmente una cuestión de poder. La masculinidad se integra, así, dentro del complejo proceso de búsqueda de legitimidad política basado en la creación de ciertas estructuras de estabilidad y espacios de consenso cuya efectividad, en tanto que representación social, precisan de una continua reinvención.

El siglo diecinueve fue un punto de inflexión para estas cuestiones. No ya solo por la imposición progresiva de la «masculinidad moderna», entendiendo como tal un estereotipo de belleza cargado de los atributos y virtudes que los hombres debían normativamente poseer 10. Este siglo vivió intensos combates entre distintos modelos de masculinidad, entre los que despuntó la masculinidad asociada al liberalismo. Asentado firmemente en Europa a partir de 1830, este modelo formularía un nuevo código de honor basado en la respetabilidad, modulándose sobre valores como la virtud pública y privada, la domesticidad, el autocontrol y el mérito 11. Así, para mantener su legitimidad, los monarcas tuvieron que adoptar este modelo de masculinidad formado por el ethos y habitus de la domesticidad y respetabilidad burguesas. La Revolución francesa fue un momento decisivo por cuanto, como sostuvo Lynn Hunt, la pérdida de autoridad del rey estuvo íntimamente vinculada a la emergencia del ideal del buen padre dentro de un nuevo modelo de familia 12. Como mostró Catherine Brice, el liberalismo hizo que la monarquía reprodujese unas metáforas familiares, según las cuales el rey debía actuar «como el padre de sus súbditos, colocando su autoridad política bajo otra moral y pública» 13. De esta forma, como sucedió con Luis Felipe, el monarca debía interpretarse «no tanto como un hombre de sangre real, sino como un hombre de honor, ejemplo de su sexo como hombre de familia volcado al servicio público» 14. El proceso no fue sencillo, sino que estuvo plagado de contradicciones, no siempre salvables, para conjugar dos dimensiones, la política y la moral, en una familia excepcional dentro de la sociedad postrevolucionaria.

Estas cuestiones son particularmente interesantes en el caso de una reina soberana 15. Las relaciones que establecieron con sus consortes adquirieron una enorme complejidad al invertirse los roles de género. Se tuvo, así, que asimilar la figura de un hombre en una posición de inferioridad respecto a su mujer muy alejada de la teorizada por la domesticidad liberal. El caso del príncipe Alberto es el único que ha merecido alguna atención. A su llegada a Inglaterra el modelo de monarquía doméstica estaba bastante asentado. La grave crisis de 1820, cuando Jorge IV trató de divorciarse de la reina Carolina, mostró al rey que su comportamiento privado era esencial en la construcción de su reputación social y su legitimidad política 16. Pero igualmente evidenció el triunfo de un modelo de masculinidad en el que primaban conceptos como el carácter, la respetabilidad o la domesticidad, frente al modelo aristocrático asociado con la apariencia, el lujo y la inmoralidad 17. Alberto y Victoria tendrían muy en cuenta estos precedentes. Desde el comienzo, se vincularía su imagen a los ideales de caballería medieval que el liberalismo había reinterpretado en clave moderna hasta forjar un código de honor, un canon ético y unos valores sociales propios 18. El príncipe personificaría al perfecto caballero victoriano, reproduciendo esta metáfora incluso a nivel iconográfico 19. Pero su ambigua posición le llevaría a hacer, como sucedía a las mujeres consortes, de sus cualidades privadas algo público. Así, y frente a su papel político, Alberto se erigió en arquetipo de la masculinidad doméstica victoriana, condensando las imágenes de esposo y padre virtuoso. De ahí, por ejemplo, las enormes dificultades para conmemorar su figura tras su muerte en 1861 20. El espacio público del siglo xix dejaba poco lugar —físico y alegórico— a la celebración de una masculinidad definida esencialmente por el hogar y la familia.

Este artículo pretende situar en estas coordenadas teóricas la figura del rey consorte Francisco de Asís de Borbón. Al igual que sus primas Victoria y María, la reina Isabel II tendría que representarse como mujer y reina en un momento clave de redefinición del sistema político y de los discursos de género 21. Y como en esos casos, su matrimonio en 1846 introduciría en España la problemática del consorte. En primer lugar, en tanto que marido de la reina, hubo que buscarle una posición pública. Pero también tuvieron que replantear su lugar en la esfera privada como un hombre emasculado, privado de las características básicas que la domesticidad liberal adscribía a la masculinidad. Las dinámicas políticas ­desempeñaron aquí un papel determinante. Moderados y progresistas entendieron desde el principio la figura del consorte como un medio para influir y controlar a Isabel II. El problema fue el grado de independencia que adquirió en España la reina y, en consecuencia, su consorte. Cuando vieron que no podían utilizar a Francisco en su beneficio, y que sus fidelidades políticas eran contrarias al liberalismo, no dudaron en tratar de limitar un poder que ellos habían alentado. La dinámica interna del matrimonio tampoco facilitaría este complejo proceso. Isabel se mostró siempre recelosa hacia un marido al que aborrecía, de quien desconfiaba y al que no cedió un ápice de poder. Por su parte, Francisco no dudó en conspirar abiertamente contra una esposa a la que detestaba buscando réditos personales. Así, los pilares mismos que debían haber legitimado su posición en el mundo postrevolucionario se volvieron en su contra. Este artículo, por ende, estudia cómo el liberalismo español trató de integrar desde esta doble dimensión político-cultural una figura tan polémica y ambigua.

El discreto poder de la influencia y la representación

La articulación del consorte de la reina en la monarquía liberal fue compleja desde el principio. Políticos y teóricos convenían en negarle cualquier papel activo. En algunos países, como Portugal, las constituciones incluyeron un artículo específico al respecto. En otros, como Reino Unido, su acción se vio limitada por la práctica constitucional. Las propias capitulaciones matrimoniales se ocuparon extensamente de su dimensión simbólica y económica, pero guardaban un peligroso silencio sobre su integración en las labores políticas más cotidianas.

La práctica, en cambio, contradijo muy rápidamente estos principios. En Portugal, los príncipes Augusto y Fernando fueron nombrados senadores poco después del matrimonio con María. La polémica surgió con su designación como comandantes en jefe del ejército. Como dijo el progresista Leonel Tavares, se abría entonces una paradoja de difícil solución. Si el cargo «no estaba sujeto a las órdenes del ministerio, se violaba la Constitución» 22. Pero si obedecía, se cometía «una inconveniencia perjudicial a la dignidad del trono». El problema era que no podía exigírsele ninguna responsabilidad. La cuestión quedó inconclusa, concediendo o retirando el cargo según el contexto político 23. Más complejo fue el caso de Alberto en Reino Unido. Victoria recibió presiones para introducirle en las dinámicas de gobierno desde su matrimonio. En esta contienda, Alberto solicitó y obtuvo la ayuda del primer ministro para acceder a los papeles ministeriales. Lord Melbourne dijo a Victoria «que no había objeción alguna a que conversara con el príncipe sobre cualquier tema», incluida la política 24. Es más, pensaba que «los asuntos entre marido y mujer es mejor discutirlos que evitarlos, aun cuando existan diferencias, pues de lo contrario generará desconfianza» y socavará «la paz doméstica». La reina cedería poder paulatinamente. Durante su puerperio, Alberto presidió las reuniones del Consejo Privado, mantuvo su correspondencia y se reunió con los ministros. Lo positivo de la experiencia hizo que le nombrase su secretario particular y le introdujese en el Consejo Privado 25.

Más allá de estos nombramientos, políticos de ambos contextos reconocieron como propio e inherente al consorte un papel fundamental. Basándose en argumentos de género, entendieron que el marido tenía sobre la esposa un poder de influencia natural en todas las cuestiones. Como advirtió el duque de Palmela, «escoger a un marido para la reina equivale en realidad a elegir un rey porque [...] ha de influir necesariamente por sus consejos, y por su autoridad marital, sobre el espíritu de su consorte» 26. La propia Victoria escribió a María que el ser hombres hacía, «por mil razones», que sus maridos tuvieran «más facilidades que nosotras» para el gobierno 27. Por ello, era «en él solo, donde nosotras encontramos el verdadero apoyo y el consejo desinteresado» para gobernar.

En España estas cuestiones fueron mucho más complejas. En ello influyó la total falta de entendimiento entre Isabel y Francisco, pero también se sumó la concepción partidista que tuvieron los políticos de la monarquía. Al igual que en Portugal, todas las constituciones afirmaban que el marido de la reina «no tendrá parte ninguna en el gobierno del reino». Se negaba así cualquier papel político, pero no se ofrecía ninguna disposición para encajar su figura. El mismo día del matrimonio, la reina otorgó a Francisco el título honorífico de rey y le nombró Capitán General del ejército 28. La medida se hizo a instancias del gobierno, justificándose en el precedente histórico de Juana I y Felipe el Hermoso; pero no estuvo exenta de polémica. Por un lado, se entendió que debía haber sido concedida por las Cortes, elevándose así «a la categoría permanente de ley un precedente que hoy no es más que decreto» y adquiriendo «el carácter de concesión o gracia nacional» 29. Por otro, se criticó también que el gobierno no dejase a Francisco «ejercer influencia alguna en el gobierno del reino». A la postre, dirían, debía ser «su consejero natural y ejercería una influencia legítima en su real ánimo, e indirectamente en los negocios del Estado» 30.

La polémica sobre la posición del consorte y su poder de influencia estallaría apenas un mes después. El gobierno de Francisco Ísturiz hizo que Joaquín Pacheco presentara su dimisión como juez, pero Isabel se negó a firmar el decreto. Los rumores de crisis ministerial y las consultas para sondear la opinión política comenzaron produciéndose varias reuniones entre la reina y el marqués de Viluma a instancias del rey consorte 31. La intervención de María Cristina salvó al gobierno, pero no evitó que comenzara a hablarse de la influencia que Francisco estaba ejerciendo sobre su esposa y sus peligros. Invirtiendo los términos del debate de octubre, los partidarios del gobierno reconocieron entonces que, «según la naturaleza y la razón lo exigen», el esposo «tiene influencia en el ánimo de su esposa» 32. Sin embargo, aunque concedían «la influencia de hecho», negaban categóricamente «la de derecho».

Por su parte, tanto la oposición conservadora-puritana como la progresista reclamaron un papel más activo del consorte frente al «muy triste, muy subalterno» lugar que le reservaba el gobierno 33. Francisco debía ser para Isabel «su consejero natural, su apoyo, su guía», y esta debía buscar en él «el auxilio, el consejo y la fuerza que necesite». Esta relación se basaba en la confianza que proporcionaba «la intimidad del trato, los vínculos del matrimonio y la identidad de intereses» haciendo así que fuera «un contrasentido imperdonable que el esposo de Isabel II mirase con indiferencia la suerte de la monarquía» 34. Por todo ello, no solo era derecho del esposo, sino su principal obligación «impedir que el Parlamento, la imprenta y la opinión se falseen con objeto de perpetuar[se] en el mando» los políticos. Francisco debía usar «el medio indirecto que le da su posición» para erigirse en intermediario entre la opinión pública y la reina. Fuera de hecho o por derecho, Francisco tenía un poder legítimo para intervenir en cuestiones políticas. La actuación de la reina y la influencia del consorte eran necesarias para el funcionamiento mismo del sistema; pero ambas debían «obrar dentro de ciertos límites, y ejercerse siempre por medios conformes a los principios constitucionales» 35. El problema fue que el asunto no se trató como «una cuestión teórica ni de doctrina», sino por «un interés inmediatamente práctico, tratándose de convertir su influjo en medio de resolver la cuestión» política.

Estos avisos sirvieron de poco. En 1849 la cuestión volvió a resurgir con una peligrosa deriva para la monarquía. El 18 de octubre la reina cesó al gobierno de Ramón María Narvárez, nombrando otro sin apoyo parlamentario y formado por los sectores más reaccionarios. Las fuentes señalan que la medida fue impulsada y auspiciada por Francisco 36. El problema, como Fernando Muñoz reprochó a los reyes, no estaba solo en la conveniencia o no de cambiar al gobierno, sino en la «manera inconstitucional, antiparlamentaria y poco decorosa» en que se hizo 37. El rey escribió una carta a su esposa pidiendo la dimisión del gobierno, y esta se la envió a los ministros diciendo que quería complacer a su esposo. Isabel descargó sobre Francisco toda la responsabilidad del acto, apelando para ello a los consejos de «que esté bien con él» que le habían dado tras la grave crisis matrimonial de 1847, que luego analizaré. Sin embargo, al final ella era la única responsable. Como dijo el embajador francés, esta crisis no era «un accidente, sino un comienzo»: «las inconsecuencias de la reina» salían ya «de los límites de la vida privada» para tocar los fundamentos del sistema 38. El liberalismo en conjunto reaccionó contra la deriva despótica de la monarquía y la peligrosa influencia del consorte.

La reina madre y el duque de Riansares recriminaron duramente a Francisco que siempre había «hecho gala de no meterse en la política, y todos hemos tenido buen cuidado en decirlo así». La realidad, como veremos, les contradecía. La respuesta que dio el rey fue muy elocuente. Tras afirmar que podía «escribir a mi esposa lo que quiera y me dé gana», aseguró no meterse en política. Lo único que había hecho era dar «consejos en particular, y para ello tengo derechos suficientes». En realidad, Francisco no actuaba de forma diferente a sus primos europeos. Usando las grietas que la intersección del liberalismo y la domesticidad generaban, los consortes/esposos influían indirectamente en política valiéndose de su posición privada. Pese a considerarse legítima y natural, esta capacidad de intervenir en la marcha política no estuvo exenta de polémica. El príncipe Alberto, incluso, fue reprobado en el parlamento por inmiscuirse en asuntos militares y de política internacional 39. Amargamente, se quejó entonces del cambio de actitud de los políticos. Al principio, «como estuve callado y no causé escándalos, nadie se preocupó por mí y mis actos». En cambio, cuando al saberse «que, durante años, he tenido un interés activo en todos los asuntos políticos, en lugar de sentir sorpresa por mi modestia y mi tacto», se sentían traicionados 40. Lo que cambiaba, por ende, no era el papel del consorte, sino sus usos políticos.

Lejos de agotarse en 1849, la polémica del poder de influencia de Francisco continuaría palpitante. A la postre, como figura perenne en la Corte, configuró uno de los grupos de presión que rodearon a la reina. Su importancia varió en función de las circunstancias, obteniendo sus mayores cotas de poder durante los embarazos de Isabel. Francisco adquiría entonces una posición esencial por el reconocimiento público que, a nivel simbólico-ceremonial, debía hacer de la paternidad 41. En consecuencia, no dudará en utilizar una cuestión privada para negociar su posición, sacando réditos políticos y económicos. Así sucedió, por ejemplo, en 1854 cuando chantajeó a Isabel con varias cartas privadas con sus amantes, obteniendo «grandes sumas de dinero» y «muchas gracias para sus amigos bajo la amenaza de ausentarse» de las ceremonias 42. Tres años después se repetiría la situación. Con «la amenaza de las revelaciones más escandalosas», Francisco consiguió «una especie de abdicación moral» de Isabel, logrando que el gobierno presentara una reforma del Senado y una ley de imprenta, ambas en sentido reaccionario 43.

Dos cuestiones centraron el debate y los objetivos políticos de Francisco, imponiéndose en ambas la reina y el gobierno. La primera fue el derecho a firmar documentos oficiales, sustituyendo a la reina en sus funciones ejecutivas durante sus embarazos y puerperios. Los textos constitucionales contemplaban la posibilidad de nombrar una regencia cuando esta «se imposibilitare para ejercer su autoridad». El debate estuvo en dilucidar si estas situaciones entraban dentro de la casuística constitucional. El gobierno de Narváez se mostró inflexible: la Constitución aludía a «una enfermedad grave» y «una enajenación mental», pero nunca a «una dolencia pasajera» 44. A ello añadieron los ejemplos de Portugal y, particularmente, Inglaterra «donde la reina Victoria, que tan fecunda ha sido como madre, no ha interrumpido por un instante siquiera el ejercicio de su autoridad» 45. Pero estas referencias eran falsas. Fernando había obtenido un mes antes del nacimiento de su primer hijo la autorización de María para firmar, con refrendo ministerial, todos los documentos hasta su restablecimiento 46. Por su parte, Alberto no necesitaba decreto alguno habilitándole a acceder a la firma de Victoria. Su cargo de secretario particular le hacía guardar y controlar de facto el sello real; pero a ello se sumaba el elevado grado de autoridad que adquirió en las labores de gobierno, teniendo incluso llave propia de las cajas ministeriales 47.

Francisco no vería impasible cómo le negaban este derecho. El embajador francés reportó en 1850 una fortísima discusión sobre el asunto entre la reina, el consorte y el gobierno. «Alentado por algunos ambiciosos de su entorno», Francisco «solicitó tener derecho a firmar durante el embarazo» e Isabel se mostró «dispuesta a satisfacer los deseos de su esposo» 48. Los fantasmas del 49 resurgieron cuando comenzaron las consultas a los ministros. A estas le siguió la publicación de varios pasquines anónimos atacando particularmente a Francisco con «hechos y calificaciones altamente ofensivas» 49. El gobierno y María Cristina hicieron causa común y se opusieron a ceder este poder al rey. Sacrificando y contradiciendo sus anteriores argumentos en pro de sus intereses, justificaron que la reina era la única habilitada para gobernar. La polémica estuvo lejos de terminarse entonces. Resurgiría en varios embarazos, aunque cada vez con menor fuerza, pues nadie ignoraba el «peligro indiscutible de colocar un poder tan vasto en semejantes manos» 50.

Íntimamente conectada con esta cuestión emergió el problema de la regencia. Era innegable que, de fallecer Isabel con descendencia o abdicar en ella, su consorte obtendría un poder efectivo muy importante. Que Francisco ambicionaba que lo nombrasen regente era evidente para todos. El deseo, además, fue inversamente proporcional a su aspiración a conseguir el derecho de firma. A la altura de 1857 todos sabían «que las opiniones y deseos del rey están orientadas hacia la regencia» 51. Los medios para lograrlo adquirieron siempre tintes deplorables, con extorsiones y coacciones a la reina sobre su vida privada. La opinión pública, incluso, llegó a atribuirle visos luctuosos. En 1852 circularon rumores sobre su implicación en el intento de regicidio del cura Merino, afirmando «mucha gente, y no solo del pueblo, sino de sociedad, [...] que ha sido el rey quien ha mandado matar a la reina» 52. «Las proclamas declarando al rey soberano, [que] aparecieron en muchas provincias el mismo día del atentado», alentaron estas sospechas 53. Pero si sus intenciones eran manifiestas, tanto o más lo era el desagrado general que causaba. El propio Napoleón III, valorando la posibilidad de que Isabel abdicara, reconoció que Francisco «nunca sería aceptado para ello por ningún partido» 54.

Todas estas luchas de poder ralentizaron en España la implementación de una labor esencial del consorte: la representación pública de la reina. El paradigma lo marcó nuevamente Inglaterra. Como alter ego de Victoria, Alberto asumiría rápidamente estas funciones inaugurando ferrocarriles, visitando fábricas y barrios populares, presidiendo sociedades e impulsando la Exposición Universal de 1851 55. En España, hubo que esperar hasta el gobierno de Leopoldo O’Donnell para que se viviera algo similar. En ello fue esencial el cambio de actitud del nuevo presidente hacia los reyes. Además de dejar a Isabel «completamente libre para actuar», O’Donnell se ganó la confianza del rey, obteniendo así su «completa abstención en asuntos internos y exteriores del país» 56. Solo en este contexto de mayor confianza entre las tres figuras pudo Francisco asumir una mayor presencia pública.

Tres actos ilustran esta dinámica y su total sintonía con el ejemplo británico. En 1859 el gobierno propuso a la reina convocar la primera Exposición Hispano-Americana, nombrando al rey presidente de la junta directiva. En su primer discurso, Francisco asumió su papel representativo como la «prenda inequívoca de la maternal solicitud de la reina» para «probar al mundo que España es digna [...] de ocupar un puesto de primer orden entre los demás pueblos de Europa» 57. Dos años después, el rey acudió solo a inaugurar las líneas ferroviarias que unían Martorell con Tarragona, Barcelona con Zaragoza y esta con Pamplona. Durante ocho días, y acompañado del ministro de Fomento, Francisco habló y actuó como alter ego de Isabel II visitando poblaciones, ­inaugurando vías férreas, recibiendo comisiones y presidiendo actos. Esta vinculación con el ferrocarril se repetiría en 1864, en esta ocasión con la inauguración de la línea entre Madrid y San Sebastián. Este viaje fue especialmente relevante, además, porque se integró dentro de la primera visita oficial de un soberano español al extranjero. Francisco acudía a París para devolver el viaje que hizo en 1863 la emperatriz Eugenia a Madrid. Su importancia en este tipo de eventos se evidenció en las visitas de monarcas extranjeros. En el viaje de Eugenia, y en los sucesivos de Luis de Portugal con su esposa, Francisco tuvo un papel esencial de representación de la reina, recibiéndoles y guiándoles durante su estancia. Aunque tarde, Francisco parecía asumir por fin un lugar público respetable.

Las paradojas de la domesticidad

La compleja adecuación de la dimensión política del consorte fue también vivida en su plano privado. Máxime si era precisamente aquí donde adquiría una completa entidad, legitimando su acción política. Aunque apócrifa, existe para el caso británico una historia que condensa esta tensión. En una de sus primeras discusiones, Alberto se encerró airado en su habitación. Presurosa, Victoria le siguió, llamando insistentemente a su puerta. El príncipe preguntó entonces quién tocaba, a lo que respondió: «la reina de Inglaterra». Los golpes siguieron, pero la puerta permaneció cerrada hasta que contestó «tu esposa, Alberto» 58. Las fuentes restan poesía al conflicto, pero localizan la problemática del consorte en esta disyuntiva. Apenas tres meses después de casarse, el príncipe comentó la «dificultad de encontrar dignamente mi lugar» debido a que era «solo el marido, y no el jefe de la casa» 59.

Alberto tuvo que esperar algún tiempo para resolver su situación. La oportunidad vino en 1841, de la mano de la primera alternancia de gobierno. El desastroso ejemplo de 1839, cuando Victoria rechazó modificar su servidumbre y causó la dimisión del primer ministro entrante, pesó mucho en su actuación. Alberto medió entonces entre ellos, ganándose así el control de la Casa Real. Desde su nueva posición, el príncipe se dedicó a rehabilitar palacios y modernizar la explotación económica de los Reales Sitios. Pero su gran obsesión fue la moralización de la Corte. El objetivo que perseguía era ante todo político. Salvaguardar «la dignidad moral de la Corte» era el mejor medio para ganar legitimidad y, por ende, poder, pues «cuando alguien goza de total confianza, deseamos para ella más poder e influencia» 60. No cabe olvidar, como dijo David Cannadine, que «su intención no fue nunca disminuir el poder de la Corona, sino aumentarlo» colocándola, para ello, por encima de la política 61.

Para moralizar la Corte, Alberto debía expulsar de ella toda lucha partidista. Ya antes de casarse aseguró seleccionar para su servicio «una mezcla de hombres conservadores y progresistas» que probaran «a la nación que no pertenezco a ningún partido» 62. La crisis de 1841 abrió nuevas oportunidades. Para evitar sospechas de interferencias en el ejecutivo, los jefes de la Casa debían «cambiar con cada gobierno» y «todos los miembros del parlamento presentes serán obligados a renunciar a sus escaños o a sus cargos» 63. A esta circunstancia política se sumaban otras condiciones morales. Los hombres llamados a su lado debían ser «de muy alto rango, o muy ricos, o muy inteligentes, o personas que hayan prestado importantes servicios a Inglaterra» 64. Pero, ante todo, debían ser «educados y de gran carácter», «distinguidos en sus muchas posiciones» y salidos «del ejército, la armada o el mundo científico». Unas condiciones coincidentes con los atributos que la moralidad burguesa atribuía a la masculinidad. Sobre estos principios emprendió una reforma integral de la Casa Real, aplicando las correspondientes dimensiones de género a las mujeres de Victoria 65. El objetivo era configurar un espacio referencial de moralidad, distinción social y mérito que aumentara la dignidad de la monarquía. Pero esta labor sería también determinante para integrar su figura dentro del liberalismo: Alberto asumía así el control que le correspondía como hombre y esposo. En tanto que consorte apolítico, el espacio privado era su ámbito natural de actuación haciendo de todo ello, paradójicamente, algo público y político.

La diferencia con el caso español es más que remarcable: primero, porque la Corte fue durante el reinado de Isabel II un espacio informal de poder que reprodujo las intensas luchas políticas 66; y segundo, porque Francisco estuvo aquí totalmente limitado. Ni la reina ni los gobiernos cedieron un ápice del poder que, como hombre y esposo, correspondería al consorte, contradiciendo sus discursos políticos y de género. Las propias capitulaciones matrimoniales asignaban a ella «tanto la administración y dirección de su Real Casa y Patrimonio, como el gobierno del Reino» 67. En contrapartida, Isabel mantuvo para Francisco un cuarto y una caballeriza propias y le pagaba una pensión anual de treinta mil pesos fuertes, ligeramente superior a la que recibía Luisa Fernanda por su condición de infanta.

Sobre estas bases, la paz doméstica en el Palacio Real duró apenas seis meses. En marzo de 1847 la reina rompió con los moderados doctrinarios que habían gobernado hasta entonces, nombrando un ejecutivo puritano, proclive al entendimiento con el progresismo. Un agente político de la reina madre, Juan Donoso Cortés, refirió los intentos para impedir dicho cambio y evitar que se incluyera al general Serrano, favorito de la reina. El gobierno trató insatisfactoriamente de alejar a este de Madrid nombrándole Capitán General de Navarra y ordenándole su traslado. Fracasados estos movimientos, las redes moderadas no dudaron en utilizar al consorte para sus intereses. Donoso recomendó a Francisco que hablase a Isabel «seriamente de las voces que corren» y «de la necesidad de adoptar una medida» contra Serrano 68, instándole particularmente a cortar sus canales de comunicación. Para ello debía imponer su autoridad «como marido y dueño de su casa», prohibiendo «poner los pies en Palacio» a las personas sospechosas que él mismo le decía. Donoso llegó, incluso, a detallarle el modo de proceder: el rey debía llamar «a los culpables delante de los Jefes de Palacio, y despedirlos», amenazándoles con que «si se insolentasen en lo más mínimo o desconociesen su autoridad, con sólo un oficio de un Jefe de Palacio al Ministerio éste [...] los formaría causa y los metería en la cárcel». Sin embargo, Francisco utilizó «la falta de pruebas positivas» como «pretexto para no hacer nada», con un claro resultado para Donoso: «el rey con su debilidad me ha fallado». La desesperación ante una reina que se escapaba a su control llevó a formular soluciones gruesas para un problema de contornos finos. Quienes habían modificado la Constitución en 1845 y firmado las capitulaciones matrimoniales apenas seis meses antes pedían, ahora, su incumplimiento en beneficio de intereses partidistas.

La realidad fue algo más compleja de lo que un exasperado Donoso quería hacer ver. El cambio de gobierno trajo modificaciones en la Casa Real, nombrando personas cercanas a él. Al cese de los principales cargos, le acompañó el de las personas que rodeaban a Francisco sin consultarle. Se produjo, entonces, «una escena violenta» entre marido y mujer que terminó con el rey «retirándose a sus apartamentos siendo presa de un violento enfado» 69. Este dispuso a los cesantes que devolvieran las órdenes a la reina, diciéndole «que él mandaba en el Palacio, y que las personas que ella había resuelto deshacerse merecían toda su confianza» 70. La tensión fue entonces máxima. El conde de Cumbres Altas se negó a dimitir y se refugió en las habitaciones del rey, de donde lo sacó violentamente el ministro de Guerra. Francisco pidió entonces «que se convocase un Consejo de Ministros en el que quería presentarse y pedir que se fijasen los derechos que tiene en Palacio y su inserción en el régimen doméstico» 71. Pero la reina consiguió imponer su autoridad con la intervención de los ministros.

A partir de ese momento, el rey se «encerró en una resistencia pasiva, pero inquebrantable», negándose «a mostrarse con la reina en los paseos públicos y teatros» 72. La separación física se produciría en primavera, cuando Francisco se refugió en el Palacio del Pardo. Se ha interpretado esta crisis desde el punto de vista moral, enfatizando las consecuencias que tuvo para la deslegitimación del matrimonio y, por ende, de la monarquía 73. Sin negar esta problemática, con una importante repercusión pública, esta crisis ocultaba también el difícil encaje del consorte dentro del sistema. Efectivamente, entre las condiciones que Francisco puso para volver con Isabel estuvo la salida de Serrano. Pero ni fue la primera, ni fue la que defendió más vehementemente. Pese a la narración que ofrecen algunos autores 74, el rey apenas insistió en la salida de Serrano y centró sus demandas en cuestiones de poder. El propio Donoso afirmó indignado que «el rey nada ha[bía] dicho del general Serrano», sino que justificaba su separación en que «no se le daba como era debido el gobierno del patrimonio», en vez de hacerlo —según creía él que era una mejor estrategia— señalando la búsqueda «por un marido celoso de la honra de su mujer, que es la suya propia» 75. Durante su primera conferencia con los ministros, Francisco pidió «tener cuarto aparte e independiente y servidumbre de su gasto», además de «disfrutar cuatro millones de asignación» y «que se le dej[ara] solo para su recurso el Sitio del Pardo». Isabel se mostró muy contrariada. «El papel fue quemado a una vela por la reina» y la defensa de la propuesta le «valió terribles iras a Serrano». En la siguiente reunión Francisco aumentó sus exigencias, pidiendo «tener el mando de la Casa» 76. El problema de fondo era «el deseo de la potestad doméstica y patrimonial» que enfrentó al marido con la reina 77. Reclamando «la autoridad [que] pertenece al hombre», «el marido quiso ser el jefe de la familia». Por su parte, la reina apeló a «la autoridad [que] pertenece al soberano», afirmando que quien «es súbdito en su casa, no puede ser jefe en el Estado».

Si la crisis presentó esta doble dimensión, la solución tuvo consecuencias en ambas esferas. Por una parte, Serrano fue expulsado de Madrid y Narváez lo colocó en la Capitanía General de Granada; por otra, se revisaron las capitulaciones matrimoniales. De esta forma, se incrementó la asignación de Francisco hasta los dos millones cuatrocientos mil reales, ligeramente por debajo de los que recibía Luisa Fernanda por su condición de heredera 78. Con relación al gobierno de la Casa Real, se optó por una solución salomónica. Se decidió centralizar toda la gestión económico-administrativa en una figura creada ad hoc, el Gobernador de Palacio, nombrando para ello al marqués de Miraflores 79. La medida podía argumentarse por razones económicas, pero respondió fundamentalmente a motivos políticos. Narváez podía así controlar discretamente el entorno de los reyes y sus relaciones sin inmiscuir al gobierno. Apenas un año después Miraflores dimitía envuelto en polémica. Al mal estado económico de la Casa Real y la crispación que produjo la reducción de personal 80, se sumó una intriga política cuando trató de colocar al marqués de Bedmar como favorito de la reina 81.

El enfado de Narváez por haberse reavivado una cuestión que creía cerrada fue mayúsculo. Dos días después se encargaba a Francisco «del gobierno y dirección de la Real Casa y Patrimonio, a cuyo fin [la reina] le dirigió una carta autógrafa» como prueba de su confianza 82. Con todo, llegar a esta solución fue muy complicado. Tras haberse ofrecido a escribir aquella «carta autógrafa», la reina temía las consecuencias de dotar de autoridad a su marido. Por ello se negó a firmar hasta que le dijera «Narváez que no hará nada Paquito sin mi aprobación», afirmando que su voluntad era que hubiera «un Intendente y que despachemos» con él 83. Se le ofrecieron, entonces, seguridades de que no estaba dando autoridad al rey, pues no podía «hacer nada sino como delegado de V.M. y puede quitarlo el día que quiera». La labor de Francisco duraría apenas un año y estaría muy lejos de los principios de neutralidad política y de moralidad que dirigieron a su primo Alberto en Inglaterra. Sus primeros pasos se encaminaron a controlar el acceso social de su esposa. Así, por ejemplo, prohibió la entrada a una serie de hombres, entre los que se encontraba Bedmar 84. A ello le siguió la toma completa de la institución, colocando a sus redes de poder en los cargos de Palacio 85. Este hecho le valdría una intensa discusión con Narváez 86. Frente a lo que sucedía en Inglaterra, el presidente español no estaba dispuesto a tolerar que el rey/esposo tomara la Casa Real como un entorno privado, pues sus decisiones tenían consecuencias políticas. Para librarse de su tutela, el rey consiguió eliminar la Intendencia y crear una secretaría específica, que recayó en Martín Rodón 87. Este hombre, junto con otros de su entorno que adquirieron importancia entonces, estarían en el centro de la crisis ministerial de 1849. Unos sucesos que mostraron los peligros de dar al consorte el control de la Corte y dinamitaron cualquier posibilidad de una solución a la inglesa.

Todo ello no haría que Francisco cejara en su intención de obtener el control del Palacio. Al igual que en su dimensión política y económica, el momento más propicio fue el embarazo de la reina. Cuando más cerca estuvo de lograrlo fue en 1850, empleando las estrategias ensayadas. En pleno consejo de ministros Narváez afirmó que, si Francisco se negaba a asumir su papel simbólico-ritual en el nacimiento, tendrían que «recordarle que hay un castillo en Segovia donde personas más temibles han quedado anuladas» 88. El rey conoció el comentario y dio «las órdenes oportunas para trasladarse a Aranjuez» 89. Para evitar un nuevo 1847, Narváez se mostró contundente: ordenó colocar alabarderos para cerrar todas las puertas del palacio. En las negociaciones entre Francisco, Isabel y el gobierno se volvió a sopesar seriamente la posibilidad de que asumiera el control de la Casa Real «como garantía de reconciliación» 90. Sin embargo, las temibles consecuencias llevaron a optar por retomar la figura mediadora del Intendente.

A partir de entonces las luchas se desplazaron de los intentos de Francisco por controlar la Casa Real —siempre presentes, aunque cada vez con menos visos de hacerse realidad— hacia su resistencia a los envites que, desde los gobiernos, le asestaban para controlar su entorno. No sin motivos, los ejecutivos entendieron que el cuarto del consorte era un espacio desestabilizador para su supervivencia y peligroso para el liberalismo. Además, debía adaptarse a las nuevas exigencias de respetabilidad. El cambio vino con la revolución de 1854, eliminando su carácter civil para configurar un reducido entorno militar. A la postre, dijo el gobierno, «su edad, el distintivo de Capitán General [...], la costumbre de otros países y la mayor dignidad que debe rodear[le]» estaban «más en armonía representadas por jefes militares que por servidores civiles» 91. Las diferencias con el caso británico tanto en el modelo de masculinidad como en las formas de moralizar el círculo del consorte resultan evidentes por la preeminencia de los valores militares. Pero la medida iba igualmente dirigida a que «no estuviera más tiempo rodeado de un entorno que, aunque compuesto por personas distinguidas, políticamente no representaba nada» 92. Los agraciados entonces fueron militares, de firmes principios liberales, que combatieron el carlismo y apoyaron el levantamiento en 1854 93.

Al igual que en el resto de la Casa Real, los conflictos no terminaron con esta modificación. El cuarto militar del rey experimentaría las mismas luchas políticas entre un gobierno que intentaba controlar y dotar de respetabilidad a la Corte, y unos reyes que pugnaban por mantener su poder e independencia. El fin del Bienio Progresista trajo un cambio completo en la organización y el personal del cuarto, nombrándose a personas más próximas a Francisco 94. Los fantasmas reaccionarios y la inestabilidad gubernativa volvían a reaparecer en 1856. No es extraño, pues, que al llegar O’Donnell al gobierno dos años después depurara este entorno. El jefe y dos de los ayudas de campo, «conocidos por sus opiniones reaccionarias», fueron reemplazados 95. Algunos diarios afirmaron que los cambios se habían realizado «por la sola y exclusiva voluntad de la reina», permaneciendo el gobierno «completamente extraño» 96. La realidad distó mucho de ello. Al anunciar O’Donnell al rey el recambio se produjo entre ellos una calurosa discusión. Lo más interesante es constatar que el debate entonces reprodujo los términos que presidieron todo el reinado. Francisco acusó al presidente de «ocuparse de asuntos que no eran de su incumbencia» 97. O’Donnell respondió que estos asuntos oficiales «eran responsabilidad exclusiva del ministerio de Guerra», pudiendo «disponer de ellos como creyera más útil». Finalmente, Isabel decidió la cuestión. Apoyándose en su gobierno, y respondiendo a sus intereses, la reina acabó imponiéndose al esposo.

Conclusiones

La figura del consorte vivió en el siglo xix una completa reinvención. Aunque con algunos precedentes, el liberalismo postrevolucionario tuvo que buscarle un lugar político y simbólico inédito dentro del sistema. Aunque los textos constitucionales incluían disposiciones al respecto, estas eran parcas y se hallaban definidas en términos negativos. De esta forma, colocados en la tesitura de encuadrar su figura, tuvieron que definirla sobre la marcha de los acontecimientos. Más allá de las implicaciones políticas que tenía, esta reubicación fue especialmente compleja por realizarse en un momento en que los roles de género estaban reorientándose junto con el sistema político. La ideología de la domesticidad complejizaría, así, el encaje entre la autoridad marital y la soberana. El mismo príncipe Alberto aseguró lo «naturalmente desfavorable» que era, «a los ojos del público», «ser simplemente el esposo de la reina», porque mostraba una «inferioridad» difícilmente refutable al tener como único instrumento «la influencia silenciosa» 98.

Sobre estos ejes interpretativos, el caso de Francisco de Asís adquiere una entidad nueva, máxime si contextualizamos su posición dentro de los debates que experimentaron sus homólogos en Portugal y Reino Unido. El consorte que más reflexionó sobre este difícil encaje fue el príncipe Alberto. En su opinión, existían unas condiciones necesarias en el consorte de una soberana. La primera era la de perder «su propia existencia individual en la de su esposa», lo que implicaba no desear «ningún poder para sí mismo», evitar «toda disputa» y nunca asumir «ninguna responsabilidad propia» 99. Además, debía llenar «todos los huecos que, como mujer, dejaría naturalmente en el ejercicio de sus funciones». Finalmente, debía estudiar «continua y ansiosamente cada parte del negocio público» para «asesorarla y ayudarla». De esta forma, sintetizó, el consorte debía ser su «único asesor confidencial en política y único asistente en sus comunicaciones con el gobierno», «su secretario privado y ministro permanente». Pero esta condición política discreta, aunque determinante, debía ponderarse con su predominio en el ámbito doméstico. «Como jefe natural de su familia», a él correspondía ser «superintendente de su Casa Real, gerente de sus asuntos privados» y «tutor de los vástagos reales». Sus palabras han de interpretarse necesariamente dentro de su experiencia vital, pero sirven de tipo ideal con el que valorar y reflexionar sobre una figura tan controvertida.

Es innegable que Francisco no se identificó con las opiniones e intereses de la reina Isabel. Su mutua repulsión instaló desde el principio la desconfianza como elemento estructurante de su relación, torpedeando el fundamento básico que debía fundar su unión. Francisco tampoco mantuvo un perfil discreto, sino que reclamó poder desde el primer momento. Pero la autoridad que demandaba no estaba tan alejada de la que tenían sus primos. Francisco sintió coartado su papel como hombre y esposo desde antes, incluso, del matrimonio. En primer lugar, por parte de la misma Isabel. Al principio por egoísmo, después por temor y recelo, la reina no cedió espacio alguno a su consorte. Francisco no desempeñaría, así, aquellas funciones de secretario particular y único asesor de la reina que Alberto consideraba fundamentales. Tampoco consintió que asumiera las funciones que le correspondían «como jefe natural de su familia». No faltaron voces que reclamaron esta posición como primera y esencial. Aunque Isabel era «dueña y señora absoluta de su casa», podía y era conveniente que delegara «tan difíciles como delicadas atribuciones en el rey, que es su esposo, y que es el único identificado completamente con la reina» 100. Por miedo, por mantener su independencia o por presiones externas, lo cierto es que Isabel se impuso en el espacio doméstico.

En esta decisión la reina contó con el apoyo de los políticos. Moderados y progresistas entendieron al principio la figura del consorte como algo partidista. Las redes moderadas de María Cristina trataron de utilizar a Francisco para controlar a la reina. Su elección como consorte se debió, en gran medida, a los prejuicios que estos tenían sobre la facilidad con que se podía manipular a Francisco debido a su carácter débil y afeminado. Pero a quien «al desposarse era objeto de prevención y recelo, y se vio privado de las ventajas a que, en su calidad de consorte, hubiera debido razonablemente aspirar» se lo convirtió «en personaje político» y autorizado en sus pretensiones 101. Cuando en las crisis de 1847 y 1849 comprobaron que Francisco perseguía sus propios objetivos, y que estos no convergían necesariamente con los suyos, optaron directamente por criticarle y contenerle. Clamaron, entonces, contra un poder de influencia que ellos mismos habían alentado. Por su parte, el progresismo valoró positivamente este influjo esperando que se inclinara a su favor. Cuando comprendieron que las lealtades políticas del rey se inclinaban por la reacción, confluyeron con el moderantismo para frenar una influencia que habían defendido como natural. Así, gobiernos de todo signo no dudaron —por su estabilidad y la seguridad del sistema liberal— en utilizar la autoridad soberana de la reina para imponerse sobre la marital de Francisco. Por eso mismo, durante su exilio en París, no tendría reparos en decir complacientemente «a cuantos le quieren oír que aquí es amo, mientras en Madrid no era más que consorte» 102.