Ayer 107/2017 (3): 99-124
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2017
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/107-2017-05
© Luciano Alonso
Recibido: 09-06-2016 | Aceptado: 13-01-2017
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Terror de Estado y luchas pro derechos humanos en Argentina: las dimensiones ocluidas

Luciano Alonso

CESIL (Centro de Estudios Sociales
Interdisciplinarios del Litoral)
Universidad Nacional del Litoral
lucalonso@arnet.com.ar

Resumen: El estudio de las luchas por los derechos humanos desplegadas contra la última dictadura militar argentina ha pasado por distintos momentos. En los primeros años del gobierno constitucional posterior a la dictadura se afianzó una lectura deudora de las teorías de los movimientos sociales y se conformó una narrativa clásica enfocada en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Fueron surgiendo luego otros estudios que hicieron hincapié en sus variaciones en el interior y en el exterior del Estado nacional. Por fin se han formulado nuevos temas y problemas sobre ese «movimiento de derechos humanos». Sin embargo, la insistencia en la noción de una «nueva militancia» y la fijación en algunos agentes han ocluido la consideración de otras dimensiones. En el presente texto se presentan tres problemas que se estiman escasamente tratados hasta el momento: el papel de las izquierdas peronistas y marxistas en la conformación de las agrupaciones de derechos humanos, el rol de los componentes cristianos y la posibilidad de identificación de una cultura política en vínculo con facciones de clase.

Palabras clave: terror de Estado, derechos humanos, movimiento social, Argentina.

Abstract: The study of the battle for human rights during last military dictatorship in Argentina has passed through different phases. In the first years of the constitutional government, scholarly interpretations were grounded in social-movement theory, which produced a classic narrative focused on the city of Buenos Aires and its surroundings. Later, other studies appeared, which were dedicated to variations inside and the outside the nation state. Finally, new topics and problems concerning the ‘Human Rights’ Movement’ arose. Nevertheless, the centrality of the notion of a ‘new activism’ and the fixation on some specific social agents have hampered the emergence of other themes. The present text discusses three issues that have not been adequately addressed: the role of the Peronist and Marxist left in the formation of human rights groups; the activity of Christian groups; and the possibility of identifying a political culture linked to social class.

Keywords: state terror, human rights, social movements, Argentina.

Narrativas sobre un agente colectivo

Inmediatamente después de la última dictadura argentina (1976-1983) se constituyó una narrativa académica —en el sentido de un conjunto articulado de relatos disciplinares sobre el pasado— que interpretó las luchas pro derechos humanos contra el poder militar en términos de las teorías de los nuevos movimientos sociales. Concebida, en general, desde la ciencia política o la sociología y con puntos de contacto o trasvases con otros relatos generados al interior de los propios organismos defensores, esta narrativa tuvo un proceso de afianzamiento que supuso la identificación de un agente colectivo «en Argentina» 1. Esas representaciones del movimiento social, sin desatender las diferencias entre agrupaciones heterogéneas y principalmente la distinción entre organismos «de afectados» y «de no afectados», se centraron en la identificación de los agentes colectivos de la zona de Buenos Aires y localidades cercanas como La Plata 2.

Desarrollados entre las décadas de 1980 y los inicios del año 2000, esos estudios consideraron como componentes del movimiento social a la preexistente Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) —agrupación vinculada al Partido Comunista Argentino y proveniente de la transformación en 1937 del Socorro Rojo Internacional— y a siete agrupaciones formadas entre 1974 y 1979: el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (en adelante, Familiares), Madres de Plaza de Mayo (en adelante, Madres), Abuelas de Plaza de Mayo (en adelante, Abuelas) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esa lista de ocho organismos implicó el frecuente olvido del efímero Movimiento Judío por los Derechos Humanos —correlato del confesionalmente cristiano MEDH— y de otros agrupamientos menores emergentes en el conglomerado urbano de Buenos Aires, pero sobre todo supuso el desconocimiento o la relativización de las experiencias de resistencia al terror de Estado llevadas a cabo en el interior y en el exterior del territorio argentino.

La profundización de las narrativas académicas fue haciendo cada vez más matizados esos relatos iniciales. Se abrieron progresivamente nuevos temas y problemas —como podían ser las demandas de verdad y justicia, la búsqueda de niños robados o las variaciones discursivas en momentos claves— 3 y distintas investigaciones avanzaron en el estudio del movimiento social en el periodo constitucional posterior.

En lo referente a las dimensiones territoriales, desde inicios de los años 2000 a la actualidad se han empezado a presentar nuevos abordajes que han transitado básicamente por dos carriles. Por un lado, el hecho de que la identificación de redes y el estudio de la dimensión trasnacional de la movilización hayan sido postulados como fundamentales para comprender la emergencia de las luchas ha favorecido el estudio de la relación entre la zona capitalina argentina y los ámbitos internacionales 4. Sin embargo, y llamativamente, no ha sido desde los enfoques centrados en el movimiento social desde donde se han generado las aportaciones más relevantes, sino que han sido producidos por investigadoras dedicadas a los exilios, que no habían sido hasta ese momento materia de análisis historiográfico 5.

Por otra parte, se han ido gestando estudios centrados en las especificidades locales y regionales 6. Los trabajos sobre lugares como Córdoba, Neuquén, Rosario, Santa Fe, Jujuy y Tucumán han demostrado la existencia de agrupaciones que no siempre se compadecían con los modelos capitalinos, dinámicas diferentes de funcionamiento y temporalidades divergentes de las antes encontradas 7. Ello ha llevado a plantear con más claridad la cuestión de las escalas de análisis 8.

Incluso la idea de una particularidad argentina puede ya ser puesta en duda a la vista de los todavía escasos, pero crecientes, estudios sobre agrupaciones de derechos humanos de otros países latinoamericanos y especialmente del Cono Sur. La constitución de organizaciones dedicadas a esas tareas durante el ciclo de movilizaciones de las décadas de 1960 y 1970 fue evidentemente parte de un proceso mucho más amplio de extensión del concepto de «derechos humanos», ligado al incremento del exilio político latinoamericano hacia 1964-1965 con el golpe de Estado en Brasil, la intervención norteamericana en la República Dominicana y la persecución política en Haití 9. Si bien es cierto que el movimiento argentino por los derechos humanos tuvo un impacto externo mucho más fuerte, los repertorios discursivos o las alianzas posibles no fueron radicalmente distintos en otros casos, en tanto que las formas de acción contenciosa se extendieron miméticamente. Se impone entonces no sólo la reconsideración de aquellas narrativas que habían reducido (y que a veces siguen reduciendo) las experiencias argentinas a las de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, sino también la «excepcionalidad» argentina en un contexto mucho más amplio en términos temporales y geográficos.

Para una revisión de las perspectivas disciplinares en los estudios sobre el movimiento por los derechos humanos quizás sea conveniente destacar ciertas ausencias. Hasta el momento, los agentes privilegiados, ora por las narrativas académicas, ora por las conformadas en los entornos de los organismos de derechos humanos, han sido las personas identificadas con una «nueva militancia» surgida como respuesta al trauma de la desaparición de los allegados y patente en el modelo provisto por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. No son pocas las ocasiones en las cuales el análisis del proceso de movilización gira en torno a la idea de una pura voluntad de lucha y se vuelve mito fundacional, velando otras dimensiones que hicieron posible la emergencia del movimiento social 10. En las páginas que siguen se esbozarán tres problemas que se estiman escasamente tratados hasta el momento, en los cuales es posible reconocer algunos avances que merecen ser profundizados: el papel desempeñado por las izquierdas peronistas y marxistas en la conformación de las agrupaciones de derechos humanos, el rol de los componentes cristianos y la posibilidad de identificación de una cultura política asociada a facciones de clase.

Las mutaciones del papel de las izquierdas

La emergencia de un movimiento de derechos humanos en Argentina en tanto agente colectivo distinto de las identidades político-partidarias puede ser explicada como respuesta al ejercicio de una violencia exterminadora de nuevo tipo. Con anterioridad al periodo de terror estatal iniciado bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón hacia 1974 y sistematizado luego por la dictadura militar existieron multitud de agrupaciones de defensa de derechos fundamentales, pero vinculadas a organizaciones políticas definidas. Los repertorios discursivos de los escasamente visibles agrupamientos previos a 1974 no se articulaban sobre la noción de «derechos humanos», sino que se planteaban más generalmente como denuncia de la represión sufrida por el pueblo. Organismos defensores, abogados y grupos eclesiales no se presentaban como agentes que reclamaran al Estado determinadas políticas, sino mejor como agentes que formaban parte de conjuntos o frentes que pugnaban por el poder del Estado y que suponían que sus demandas sólo podrían ser satisfechas por otro Estado, distinto del que era controlado por el bloque burgués-­imperialista 11.

Esto no quiere decir que estos agentes no exigieran de las autoridades dictatoriales medidas concretas —como podía ser la liberación de los presos, la mejora de sus condiciones, el fin de la tortura o la persecución judicial de los responsables—, sino que esos reclamos puntuales no eran tan relevantes como el cumplimiento de una tarea mucho más radical de transformación social. El interlocutor privilegiado de las denuncias no era una u otra agencia estatal, sino el pueblo mismo, que era llamado a la solidaridad y a la movilización con un horizonte de cambio revolucionario. En términos de una de aquellas agrupaciones, la cuestión de los derechos humanos no podía ser planteada con independencia de esa expectativa de liberación nacional y social: «La lucha por la libertad de los presos es parte inseparable del combate por borrar de nuestra patria un sistema social y económico oprobioso, fundado por los detentadores del gran capital y ejercido por las FFAA [Fuerzas Armadas]» 12. Los discursos sobre la violación de derechos giraban sobre una dicotomía básica que colocaba al pueblo, a la clase obrera y a la patria —con sus vanguardias— frente a la dictadura, la burguesía y el imperialismo —con sus represores—. Esa visión era congruente con la representación fundamental del conflicto social por parte de las organizaciones políticas y político-militares de izquierda marxista o peronista 13 —y, por extensión, de las agrupaciones de solidaridad o defensa de derechos a ellas vinculadas— que se fraguó en el molde de la noción de guerra de liberación de los pueblos sometidos y de consecuente lucha por la emancipación del imperialismo y de sus representantes locales.

Ese formato de agrupaciones defensoras fuertemente vinculadas a organizaciones políticas se fracturó claramente hacia 1974-1977, cuando se transformaron en blanco directo de la represión 14. En el contexto del terror de Estado se produjo entonces un doble movimiento en el plano organizativo y discursivo. Por un lado, se formaron nuevas agrupaciones despegadas de las organizaciones políticas y político-militares de la izquierda peronista y marxista —lo que no quiere decir que no mantuvieran relaciones con ellas, ya que se formaron en su entorno y a su instancia, sino que no tenían ya con esos organismos políticos un vínculo de dependencia—, y, por el otro, se despolitizaron coyunturalmente sus demandas, que pasaron a centrarse en los vínculos de sangre y en la salvaguardia de los derechos fundamentales contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948, abandonando el anterior marco de sentido inscrito en las luchas por la liberación nacional y la revolución. Las agrupaciones creadas desde mediados de los años setenta se presentaron entonces como agentes colectivos distintos del Estado, que reclamaban frente a él y esperaban la satisfacción de sus demandas sin supeditarlas al cambio de régimen social. En ese sentido puede sostenerse que fue la desestructuración y el aniquilamiento de organizaciones políticas y político-militares lo que permitió la emergencia de un movimiento de derechos humanos autónomo 15.

En los casos comprendidos dentro del territorio argentino, la conformación del movimiento social se fue dando por una combinación de tres vías: a) la mutación de agrupaciones como las comisiones de familiares u organismos de solidaridad relacionados con los partidos y movimientos izquierdistas, que se fueron conformando como organismos de «afectados» sin definición política; b) la reorientación de activismos vinculados con confesiones religiosas hacia la defensa de los derechos civiles, y c) la formación de nuevas agrupaciones de «no afectados», que podían contar con miembros que individualmente hubiesen participado de anteriores experiencias, pero que muchas veces suponían la reunión de individuos partícipes de una cultura política más liberal-democrática que izquierdista 16. Quienes se integraron en la nueva matriz de representación afianzaron las posiciones liberal-demócratas y cristianas, que defendían a los perseguidos en tanto sujetos de derechos universales o personas humanas y no como combatientes o militantes populares, portadores de un ideario revolucionario. A su vez, la difusión de discursos referenciados a la Declaración Universal y a las ofensas recibidas permitió atemperar el polimorfismo del movimiento social. La extrema heterogeneidad de las agrupaciones emergentes en sus formas de organización, modos de reclutamiento y repertorios de acción quedó oculta tras la formación de una nueva narrativa humanitaria, algo que no escapó a la percepción de los primeros analistas 17.

Pero habría que señalar que esas transformaciones no necesariamente supusieron una fractura entre una y otra forma de activismo, sino muchas veces una reconversión. La existencia de un hiato entre las organizaciones defensoras de inicios de los años setenta, vinculadas a las izquierdas peronistas y marxistas, y aquellas otras que conformarían un movimiento autónomo no debe llevar a desconocer a las primeras como precedentes. El caso de la LADH es con seguridad el más notorio, porque implicó la continuidad de una agrupación con una larga historia vinculada al Partido Comunista Argentino. Tal excepcionalidad puede comprenderse por la estructura nacional y la larga tradición de la Liga, a la que debe sumarse la particular situación del PCA durante la dictadura, con su «comportamiento pendular entre la denuncia y la adaptación y condescendencia con el régimen» 18. Sin embargo, no fue el único caso en el cual se registró un vínculo entre organizaciones izquierdistas y nuevas formas de movilización pro derechos humanos. La Agrupación Político-Militar Montoneros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) y Vanguardia Comunista (VC) —para citar algunos grupos políticos— también incentivaron la reunión de afectados para organizar la defensa o la denuncia, les proveyeron de recursos materiales y lugares o les ofrecieron contactos.

En muchas localidades, Familiares parece haberse constituido a instancias de organizaciones partidarias, como en Buenos Aires —donde se formó en el local de la LADH y nucleó a personas provenientes de distintos partidos— o en Santa Fe —donde sus primeros integrantes fueron contactados por el PRT-ERP— 19. Incluso hay que destacar que las organizaciones partidarias disponían la intervención de militantes en las actividades pro derechos humanos como uno de los frentes de la resistencia al terror estatal, acción que, por lo general, no era conocida por algunos integrantes de los nuevos organismos de derechos humanos 20.

También se puede observar la presencia de individuos que compartían ideologías izquierdistas y que actuaron como referentes de distintos organismos de derechos humanos. Muchos familiares que emprendieron acciones bajo el terror de Estado habían tenido recorridos previos en la izquierda marxista o peronista 21. Fue frecuente que entre las integrantes femeninas de Familiares y entre Madres y Abuelas de distintas localizaciones descollaran personas que no tuvieron militancias partidarias anteriores, pero cuya formación en el seno de familias atravesadas por esas adscripciones marcó sus vidas antes de la desaparición de sus allegados. Esas inscripciones no eran exclusivas de los organismos de afectados, sino que atravesaban a todo el movimiento social 22.

La falta de referencias respecto de las corrientes políticas reprimidas operó en el sentido de una despolitización de la demanda y de su fijación en el puro resguardo de los derechos elementales. La apelación a la Declaración Universal y al «mito de la inocencia», según el cual los desaparecidos eran «víctimas inocentes» ajenas a la lucha armada, se complementó con la crítica de la violencia. Este punto no sería un simple resultado de opciones tácticas, sino que trasunta también la complejidad del movimiento social, ya que muchos de sus integrantes compartían un imaginario liberal-democrático o comunista que era crítico respecto de las acciones guerrilleras, sea por convencimiento de las virtudes republicanas, sea por la crítica a la sobrevaloración del elemento subjetivo en la tradición leninista 23. Pero también puede apreciarse que lo que era decible públicamente en condiciones de terror de Estado no era nunca aquello que se discutía dentro de las agrupaciones. La distinción entre un discurso público y otro discurso oculto no sólo es aplicable a la actitud frente a las autoridades u otros agentes sociales, sino que hacía a las mismas divisiones internas del movimiento 24. En ese sentido, los tópicos y categorías de las culturas de izquierda fueron esenciales tanto para construir discursos públicos que explicaran la violencia exterminadora, como para cimentar lecturas de las situaciones políticas realizadas al interior de los agrupamientos movilizados.

Las corrientes cristianas

Igualmente minusvaloradas, las agrupaciones formadas por cristianos tuvieron un papel importante en la formación del movimiento social. En la ciudad de Buenos Aires el SERPAJ y el MEDH destacaron en el acompañamiento a familiares de detenidos-desaparecidos y presos 25. El SERPAJ se proyectaba en una red internacional de contactos y brindó al movimiento de derechos humanos una plataforma de difusión, acrecentada por los premios y menciones otorgados a su titular Adolfo Pérez Esquivel desde su detención durante catorce meses entre 1977-1978 hasta la concesión del Nobel de la Paz en 1980. Incluso puede plantearse que conformó un modelo de acción capaz de ser transferido a otras situaciones, como sucedió con el SERPAJ Uruguay, integrado por jesuitas y metodistas y núcleo del movimiento de derechos humanos en ese país 26.

El MEDH generó paulatinamente una estructura de amplia cobertura territorial bajo la conducción nacional de Buenos Aires 27. Con motivo de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1979 mostró una amplia capacidad de organización para la presentación de denuncias y sufrió el allanamiento de su sede central 28. La formación de filiales en las principales capitales provinciales y en otras ciudades de importancia se completaría formalmente de manera tardía entre finales de 1982 e inicios de 1983, pero las acciones de defensa de derechos se desarrollaban en esas sedes desde mucho antes. En ocasiones, la agrupación no figuraba como tal en presentaciones públicas, pero el papel de los miembros de las Iglesias evangélicas era muy importante en la asistencia a perseguidos y presos, el acompañamiento a familiares o las gestiones de interconexión. En la provincia de Santa Fe, por ejemplo, diversos miembros de Iglesias reformadas participaban de una red de contactos que facilitaba el paso a la clandestinidad o al exilio de personas perseguidas 29. En la ciudad capital de esa provincia, el MEDH comenzó a trabajar estrechamente ligado a los otros dos organismos de derechos humanos de la zona —la APDH y Familiares— y sufrió acosos esporádicos 30.

Las acciones pro derechos humanos de toda la región del Litoral o noreste de Argentina se asentaron en la articulación de los tres organismos precitados. Las Iglesias evangélicas del Río de la Plata, metodista argentina y luterana parecen haber sido las más activas en la participación formal o informal, aunque también hay registros de pastores valdenses. De acuerdo con Gertrudis Waidelich, la Iglesia evangélica del Río de la Plata fue la más extendida, con acciones en una amplia zona que abarcaba el Litoral argentino, Uruguay y Paraguay. En el caso de Misiones, las dificultades para la conformación de una agrupación de familiares dieron un especial protagonismo al MEDH —integrado allí por evangélicos del Río de la Plata y luteranos—, que a su vez sufrió el control de sus actividades, represión contra sus miembros, secuestros y desapariciones, especialmente por sus vínculos con los movimientos agrarios. Como demostración de la importancia de las redes locales y del trato en situaciones de copresencia, Waidelich registra dos casos en los cuales congregaciones evangélicas del Río de la Plata y parroquias católicas intercambiaban información y coordinaban acciones de resistencia e incluso cierta protección o advertencia por parte de autoridades municipales respecto a los riesgos de la represión 31. Pero la cobertura territorial del MEDH se diluía en las demás provincias del país y, sobre todo, en el noroeste, donde la presencia de congregaciones protestantes era menor.

Pese al apoyo dado al gobierno militar por la Conferencia Episcopal, en algunos casos el papel del clero católico tuvo gran importancia. Sin duda la mayor parte de los integrantes de congregaciones o miembros del clero secular perseguidos y asesinados durante la dictadura estaban vinculados a acciones en defensa de derechos conculcados —aunque no necesariamente en coordinación con organismos de derechos humanos— 32.

Donde el catolicismo asumió un especial papel no sólo en el apoyo, sino en la misma conformación del movimiento social, fue en «la capital de los derechos humanos»: la ciudad de Neuquén 33. Desde antes del periodo de terror estatal, la zona se había caracterizado por amplias acciones de defensa de derechos a favor de los exiliados chilenos que huían de la represión pinochetista 34. Más adelante, en torno al obispo Jaime de Nevares y en un complejo entramado de relaciones que no excluían los contactos entre el ámbito católico y los espacios políticos y militares, se fue afianzando el papel institucional de la Iglesia católica. El prelado fue uno de los impulsores de la APDH en Buenos Aires y en el núcleo Neuquén-Cipolletti esa agrupación surgió como iniciativa institucional de la Iglesia y funcionó en conjunto con una comisión de familiares. La primera manifestación pública del organismo fue en 1980, fecha tardía respecto de Buenos Aires pero muy temprana en comparación con el interior.

En otros casos hubo agentes católicos que brindaron apoyos soterrados. En Santa Fe el arzobispo Vicente Zazpe había intercedido en numerosas ocasiones a favor de detenidos y torturados, pero tras recibir acusaciones públicas optó temporalmente por el silencio sobre la cuestión e incluso hasta fecha tan tardía como fines de 1981 evitó definirse a favor del restablecimiento de las garantías individuales. Dado a la negociación entre distintos polos de poder, pero al mismo tiempo atento a las solicitudes de los familiares, Zazpe tuvo un importante papel en la afirmación de agrupaciones santafesinas como APDH y Familiares, mientras oscilaba en sus declaraciones públicas y en sus apoyos 35. Sea con su anuencia, sea a título individual, algunos párrocos aportaron su ayuda a Familiares, brindándoles contactos y lugares de reunión o haciendo mención en las homilías a la cuestión de los desaparecidos 36.

En el acto de presentación de la APDH Santa Fe actuaron como oradores un sacerdote católico y un pastor metodista, el primero con expresa anuencia del arzobispo 37, pero en el momento de la conformación del MEDH sólo se contó con los metodistas y con la Iglesia evangélica del Río de la Plata. En la zona de Reconquista —al norte de la provincia de Santa Fe—, donde la presencia de un catolicismo tercermundista era fuerte y se vinculaba con instituciones de educación popular y con entidades representativas como las Ligas Agrarias, hubo algún acompañamiento del clero católico. A su vez, en Rafaela se nuclearon católicos y miembros de otras confesiones en lo que luego sería el Centro Testimonio. Pero esas y otras ocasiones representaban más las actitudes de algunos miembros del clero que una posición institucional de la Iglesia católica.

Como correlato negativo de estas iniciativas puede destacarse que en las provincias del noroeste del país la purga de los elementos católicos posconciliares, la debilidad de las confesiones protestantes y el acentuado carácter conservador de la jerarquía eclesiástica colaboraron en el desarrollo tardío y limitado del movimiento de derechos humanos. La organización de asociaciones de familiares de detenidos y secuestrados y su vínculo con filiales locales de la APDH y la LADH parece haberse realizado sin participación eclesiástica o incluso con actitudes directamente hostiles a sus peticiones en pro de los desaparecidos 38.

Clases sociales e insumos culturales

El hecho de que el movimiento social actuara como un espacio de confluencia de individuos o grupos provenientes de distintas tradiciones ideológicas se replicó en su capacidad para reclutarlos entre distintas clases sociales. En su variedad, fue policlasista al menos en tres sentidos: no se formó con integrantes de una misma clase social, no pretendió expresar intereses de una clase determinada y no funcionó como elemento de aglutinación o de estructuración de clase. Sin embargo, una serie de consideraciones pueden justificar la propuesta de una vinculación entre clases sociales y procesos de movilización pro derechos humanos.

En primera instancia, la movilización pro derechos humanos fue un fenómeno urbano, con mucha mayor presencia pública en las capitales de provincia y en el conglomerado de la ciudad de Buenos Aires. La represión de las comunidades rurales o aldeanas no suscitó movimientos de defensa, e incluso en muchos casos ni siquiera se denunciaron los crímenes de Estado al instaurarse el gobierno constitucional. Tanto en los ámbitos campesinos o indígenas como incluso entre sectores marginales de las grandes ciudades, el ejercicio del terror de Estado parece haber sido una faceta más de una serie de violencias instaladas en la cotidianeidad de la dominación, entonces extrema, pero no inusitada. Debe asumirse como razonable que se hayan producido desapariciones y asesinatos no denunciados u otros hechos no considerados en su momento como acciones represivas 39.

Inversamente, si algo caracterizó a la última dictadura argentina fue que la violencia represiva alcanzó a amplios sectores de las clases medias ya consolidadas o en proceso de ascenso social. Las estadísticas realizadas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas son discutibles, ya que registraron a militantes con origen social de clases medias como «obreros» por su inserción en espacios de militancia o definieron a trabajadores docentes como «profesionales» 40, pero muestran tanto una alta proporción de trabajadores como un porcentaje superior de individuos identificados con las clases medias y muy especialmente en la clase de servicios 41. Además de integrar en gran medida el universo de los afectados, las clases medias parecen encontrarse ampliamente representadas en el movimiento social en defensa de las víctimas.

Carecemos de estudios cuantitativos sobre la composición social de las agrupaciones de derechos humanos, máxime teniendo en cuenta que la falta de registros y el tiempo transcurrido dificultan una reconstrucción exhaustiva. Pero una aproximación impresionista puede dar una idea del peso de las clases medias en ese proceso de movilización. Por ejemplo, a través de las historias de vida y las entrevistas a las exponentes más destacadas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de la zona capitalina se puede identificar una importante presencia de mujeres incluidas en las clases medias por adscripción directa o por vínculo matrimonial 42.

Entre las Madres que se caracterizaron por su papel en tiempos de la dictadura se encontraron algunas que pertenecían a familias de clases trabajadoras, como Hebe Pastor de Bonafini, Josefa García de Noia y la misma Azucena Villaflor, pero aunque sus estilos de vida y consumo no fueran claramente los de las clases medias ya se encontraban en proceso de ascenso social, lo que había permitido a sus hijos estudiar y tener otras profesiones 43. Más claramente integradas en las clases medias estaban otras como María Isabel Chorobik de Mariani, formada en Bellas Artes y casada con el destacado director de orquesta Enrique José Mariani; Nora Morales de Cortiñas, profesora de alta costura; Ilda de Micucci, Carmen Lapacó y Elida Bussi de Galetti, profesoras de enseñanza media; Laura Bonaparte, psicóloga, o Vera Jarach, periodista 44. Incluso en un sector de clases medias altas deberían contarse Taty Almeida (Lidia Estela Mercedes Miy Uranga), María Adela Gard de Antokoletz o Marta Ocampo de Vásquez (la primera, hija de un oficial de caballería y las dos restantes, esposas de diplomáticos) 45.

Es de señalar que incluso cuando no ejercían una profesión, gran parte de las integrantes de esas agrupaciones tenían formación secundaria o universitaria. Acorde con la pertenencia a clases medias en un sentido amplio, era frecuente entre las mujeres el título de maestra normal nacional u otros trayectos de formación docente. En muchos casos se puede apreciar cómo la participación en el universo de las clases medias o medias altas definidas por su ubicación social y su nivel de ingresos era coincidente con trayectos formativos profesionales o semiprofesionales y con el desempeño de funciones de servicios culturales. En el interior hubo una manifiesta tendencia a la reproducción de ese patrón de adscripción social, como puede apreciarse en las características de las madres de desaparecidos de lugares tan distintos como Jujuy, Rosario o Santa Fe 46.

Esa tendencia no sólo alcanzó a los organismos de afectados, sino que era claramente visible en los de no afectados, de los cuales participaban muchas personas incluidas en profesiones liberales, docentes o pastorales. En un caso como el santafesino, esa composición fue evidente en el surgimiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y aun de Familiares, agrupaciones donde entre una veintena de referentes o personas con desempeño destacado se reunían unos cinco abogados —uno de ellos además dirigente de la Federación Agraria Argentina—, cuatro docentes de diversos niveles educativos —una de ellas además con renta inmobiliaria urbana—, una locutora radiofónica reconocida, un empleado de la Dirección Provincial de Vivienda y dos pastores evangélicos 47. Otras familias con una amplia participación en esa agrupación de afectados tenían menores calificaciones profesionales y pertenecían al universo de las clases trabajadoras —incluyendo en ellas a un sector de servicios que en ocasiones se confunde con la clase de servicios sector administrativo—, pero en situaciones de ascenso o consolidación de sus posiciones, como es perceptible en la calificación como estudiantes universitarios de sus hijos desaparecidos. En este breve recuento es notorio el predominio de individuos que pueden ser identificados con la clase de servicios en sus fracciones de expertos y de servicios culturales, o incluso con un nivel de clases medias correspondiente a pequeña burguesía propietaria.

Como han demostrado diversos estudios, las redes interpersonales y los intereses individuales son importantes para la constitución de agentes colectivos movilizadores 48, pero enfatizar unilateralmente que lo que tuvieron en común esas personas era pertenecer a redes sociales y a grupos de afinidad puede ocultar el papel principal de las capacidades basadas en la clase social. Por el contrario, se puede afirmar que si tuvieron esos vínculos fue en gran medida porque pertenecían a un medio social compartido, identificable con la adscripción a una clase social en un contexto territorial dado.

Estas circunstancias pudieron proporcionar al movimiento por los derechos humanos una serie de recursos de movilización que no se limitaron a la constitución de grupos de afinidad o redes, a la consideración positiva de la ley o a una marcada tendencia a no recurrir a la violencia física que afianzó su legitimidad social. La posición de clase pudo haber otorgado también capacidades culturales suficientes para intervenir con solvencia en los espacios públicos y construir identidades a través de procesos discursivos complejos. Así como el papel de los abogados y pastores fue destacado en las agrupaciones de no afectados, la formación docente y el desempeño de profesiones humanísticas parecen haber sido un elemento de importancia en las agrupaciones de afectados. Las escrituras de petitorios, manifiestos y comunicados; las alocuciones en actos o medios de comunicación, y las entrevistas y relatos de vida, se vieron facilitadas por los insumos culturales que ya detentaban los activistas. Incluso quienes no habían tenido esos desempeños con anterioridad se vieron llevados a compartir vocabularios, problemas y definiciones complejas, de modo que se afianzó o despertó su interés por formaciones especializadas 49.

La adscripción a clases no puede ser concebida en el puro sentido de su efecto como aglutinante o como elemento de dotación de capacidades, ya que en función de la variedad interna del movimiento social pudo en ocasiones resultar un componente disruptivo al confrontar diversas experiencias y modos de acción. Para los militantes integrados en organismos de afectados las diferencias en el abordaje de aspectos políticos, jurídicos o incluso de sociabilidad provenientes de distintas experiencias de clase fueron mucho más fuertes que en los organismos de no afectados, en los cuales la militancia estaba más homogéneamente limitada a las clases medias y a determinadas profesiones y tradiciones políticas. Para algunos militantes con formación profesional, agrupaciones como la APDH podían resultar más y mejor organizadas que Familiares o Madres, por los insumos culturales que poseían y por una mayor afinidad con quienes integraban ese organismo de no afectados 50. La confrontación interna de los organismos de afectados en torno a cómo interpretar determinadas situaciones y qué acciones llevar a cabo podía también estar marcada por diferencias de clase, como habría sido el caso de Madres de Buenos Aires a tenor de un comentario escasamente desarrollado pero muy sugerente de Brysk respecto a que en el momento de su división, en 1986, la rama principal estaba compuesta sobre todo por miembros de clase obrera, mientras que la escindida con el nombre de «Línea Fundadora» estaba conformada en mayor medida por mujeres de clase media 51.

En ocasiones la adscripción de los militantes más asociados a las clases medias pudo resultar una limitación para la difusión de los reclamos y para el establecimiento de vínculos con otros movimientos sociales. En el caso santafesino, por ejemplo, la repercusión del movimiento social fue mayor en los sectores que pueden ser incluidos en esas clases y en la zona céntrica de la ciudad, en tanto que no logró mantener la presencia en otros ámbitos sociales o barriales que había intentado construir hacia el final de la dictadura. Pero inversamente, la extracción de clase, sumada al apoyo de organismos internacionales de los países centrales, otorgó al movimiento argentino una alta capacidad de interacción a distancia. Casi por definición, los movimientos de derechos humanos no están fijados a un territorio, sino que articulan relaciones entre espacios distantes. Ello puede relacionarse con la composición de clase del movimiento, ya que las clases medias y medias altas tienen una amplia disponibilidad de medios de conexión a distancia —al contrario de las clases populares—, pero escasas vinculaciones a nivel de comunidades localizadas. De tal manera, aun cuando la participación local de los agentes colectivos estuviera limitada por las condiciones imperantes en cada ciudad o región, la disponibilidad de recursos para la integración sistémica les facilitó conocer experiencias de otros lugares, transferir repertorios discursivos y de acción, establecer redes duraderas para acciones coordinadas y dar una visibilidad muy extendida a sus demandas 52. Un agente colectivo formado fuera de la matriz de las clases sociales adquirió sus características distintivas y fue posible en las más variadas localizaciones gracias a una pertenencia de clase.

La contrapartida de esas capacidades y recursos de movilización se encuentra en las carencias o inconvenientes de aquellos familiares afectados por la represión que no pertenecían a las clases medias y medias altas, muchos de los cuales ni siquiera pudieron integrarse en colectivos movilizadores. Los procesos de interconexión y organización eran más lentos y costosos, al tiempo que la participación tendía a declinar tras la certeza de la muerte de los allegados 53.

A modo de conclusión

El papel de las izquierdas y de los colectivos cristianos o las adscripciones de clase constituyen aún aspectos marginales en la producción académica sobre el movimiento argentino por los derechos humanos. A veces incluso han estado notoriamente ausentes. A cuarenta años de la dictadura más sangrienta que experimentó la República Argentina y en un contexto sociopolítico en el cual los organismos de derechos humanos provenientes de aquella época están sometidos a tensiones entre diferentes posiciones o adhesiones, es momento de profundizar en esas cuestiones para evitar que otras narrativas míticas o descalificadoras sean un parámetro para comprender a esos agentes individuales y colectivos que descollaron en la resistencia ante el terror estatal.

Quizás la dedicación, por cierto relevante, a los procesos de constitución de los agentes colectivos y a sus acciones haya opacado las capacidades previas que los hicieron posibles 54. Una agenda de investigación renovada debe volver sobre esos aspectos como parte del proceso de inscripción del pasado dictatorial en un continuo histórico y como modo de articulación con memorias colectivas que hoy pueden superar los silencios que el mismo terror de Estado instaló en la sociedad argentina.