Ayer 113/2019 (1): 275-300
Sección: Estudios
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2019
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/113-2019-11
© Jaime Reyes Soriano
Recibido: 19-12-2015 | Aceptado: 15-02-2017
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

Transiciones y rupturas del Partido Comunista de Chile, 1980-1987 *

Jaime Reyes Soriano

Universidad de Santiago de Chile
jreyesoriano@gmail.com

Resumen: El artículo examina la postura del Partido Comunista de Chile respecto al papel de la violencia y el factor militar durante los años que desplegó la política de rebelión popular de masas. Acudiendo a publicaciones partidarias, interpretamos que el análisis y la teoría en torno a estas dos materias experimentaron cambios derivados del escenario político nacional, tensionándose entre posturas moderadas y más radicales, ya que a partir de la lucha contra la dictadura de Augusto Pinochet se apuntaba a recuperar la democracia, pero sin dejar de aspirar a un régimen más avanzado o socialista.

Palabras claves: historia, política, teoría, violencia, dictadura.

Abstract: This article examines the position of the Communist Party of Chile with respect to the role of violence, and the power of the military, in the years of the politics of popular rebellion. By examining party publications, it is clear that the analysis and theory around these two topics underwent changes. The transformation of the national political scene led to an increasingly strained relationship between moderates and radicals. On the one hand, the overall aim of the struggle against the dictatorship of Augusto Pinochet was to restore democracy; on the other hand, some worked to implement a more advanced and socialist regime.

Keywords: history, politics, theory, violence, dictatorship.

Presentación

La dictadura militar chilena liderada por el general Augusto Pinochet (1973-1990) puso fin al desarrollo democrático y ejerció la violencia de Estado contra las organizaciones populares y los partidos de orientación marxista, con el fin de facilitar un nuevo orden socioeconómico e institucional. La desarticulación del movimiento popular significó una relectura de la violencia política y del factor militar en las organizaciones de izquierda. Si desde los años sesenta y bajo la administración de Salvador Allende (1970-1973) las organizaciones marxistas habían debatido si la violencia revolucionaria podía ser una vía para arribar al socialismo, al término de la década de los setenta la violencia política se pasó a orientar a acabar con el régimen y recuperar la democracia.

Este trabajo examina la apuesta teórica del Partido Comunista de Chile (PCCh) durante los años que desplegó la Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM), concentrándose en el análisis de la violencia política y del desarrollo militar. El artículo reconstruye, en perspectiva histórica, los debates en torno a estas materias, advirtiendo que la violencia no fue un tema monolítico en su concepción: esta fue enriqueciéndose y tensionándose a partir de la realidad nacional que demostraba cómo la ciudadanía se manifestaba por medios pacíficos y acciones más directas.

Reorganización del Partido Comunista de Chile durante la consolidación dictatorial

En el PCCh, la consideración de la violencia como problema, antes de la dictadura, no se hallaba separada de su teoría y praxis política. En la búsqueda de cómo establecer el socialismo, el Décimo Congreso del PCCh en 1956 marcó la pauta estratégica que orientó a su militancia hasta la derrota de 1973: el rechazo de la instauración del socialismo como tarea inmediata; la política de alianzas amplias que incluía a sectores de la burguesía, y la hipótesis de que era posible llegar al socialismo por una vía pacífica, sin minimizar el rol de la lucha de clases1. La vía pacífica era la lucha de masas, mezcla de prácticas legislativas (participación en la elección de ediles, congresistas y campañas presidenciales) y otras rupturistas (huelgas ilegales y tomas de terrenos y de fundos agrícolas). A mediados de los años sesenta el concepto de «vía pacífica» derivó a «vía no armada», pues el tránsito de una sociedad capitalista a una socialista iba a acarrear de forma inevitable diversos grados de violencia2. Esta opción se contrapuso tenazmente a la vía armada que preconizaba una parte de la izquierda chilena (el Partido Socialista desde 1967 y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR); esta idea, según la lógica comunista, no cabía en la realidad nacional y solo debilitaba la revolución iniciada con el Gobierno de Salvador Allende en 19703.

De todos modos, a mediados de los sesenta algunos cuadros comunistas se prepararon militarmente, no con el fin de derrocar al presidente de turno, sino para defender un hipotético Gobierno popular4. Bajo este supuesto nacieron las Comisiones de Vigilancia y los Grupos Chicos. Ambas estructuras partidarias dominaban las técnicas de defensa personal y habían recibido instrucción en armamento con el objetivo de proteger a los dirigentes, custodiar los recintos y participar en la lucha callejera. La diferencia de ellas era que los Grupos Chicos poseían mayor preparación militar al saber manejar armas automáticas y conocer ciertas tácticas operativas5.

En la lucha por la emancipación social, la violencia siempre estuvo presente. Así ocurrió en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, en las ocupaciones de terrenos agrícolas o urbanos y en las reyertas callejeras producidas en el centro de Santiago contra los opositores al Gobierno de Allende. Sin embargo, la opción militar como praxis política fue rechazada constantemente por la militancia comunista. Incluso cuando el Palacio de La Moneda estaba en llamas, el 11 de septiembre de 1973, el partido no llamó a una defensa armada del Gobierno, optando por el repliegue. Las primeras declaraciones públicas emitidas por la organización enfatizaban el llamado a una amplia alianza contra el «fascismo» y rechazaban acciones de resistencia armada que promovía el MIR por estar alejadas de las masas y beneficiar a la dictadura en su práctica coercitiva6.

No obstante, durante los primeros años de dictadura, en el seno del partido ocurrieron diversos acontecimientos que marcaron a la militancia e influyeron en el origen de la PRPM, en la que el factor militar y el rol de la violencia en la actividad política adquirieron relevancia.

De los factores que explican el cambio en la línea política del PCCh, destacamos el ingreso de jóvenes militantes para formarse como oficiales en las academias militares cubanas desde abril de 1975. Una parte intervino posteriormente en la última fase de la revolución nicaragüense en 1979, impulsada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional7. Al mismo tiempo, en la República Democrática Alemana se establecieron dos centros de estudios que debatieron la violencia política y el rol militar: el Grupo de Leipzig y el Equipo de Berlín. Este último, sin embargo, fue el que más peso tuvo en las decisiones del partido: a partir del examen de procesos internacionales en la década del setenta (caída del imperio portugués en África, Revolución de los Claveles en Portugal, triunfo de Vietnam contra la invasión estadounidense, derrocamiento de la dictadura de Somoza en Nicaragua e insurrección iraní que expulsó del poder al sha Reza Pahlaví), los integrantes del Equipo de Berlín entendieron que la lucha armada y la actividad política de masas eran una combinación exitosa para conseguir la derrota de dictaduras e invasiones imperialistas8. Por último, a pesar de los duros golpes recibidos entre 1973 y 1976 en Chile, que acabaron con los equipos de dirección encabezados por Víctor Días, en mayo de 1976, y por Fernando Ortiz, en diciembre del mismo año, hacia 1977 la militancia logró permanecer y reestructurarse a través de los «mandos medios», es decir, la dirección comunista recayó en militantes desconocidos (Jorge Texier y Nicasio Farías). Estos últimos aprendieron a realizar actividad política clandestina y prolongaron la existencia del partido hasta que los dirigentes nacionales se hicieron cargo en 1978. En febrero de ese año entró en Chile Gladys Marín, lo que significó el arribo progresivo de miembros de la Comisión Política que dieron origen al Equipo de Dirección Interior (EDI), que tomó las riendas de la organización hasta el fin de la dictadura9.

Mientras la militancia comunista luchaba por no desaparecer del escenario nacional, la dictadura se consolidaba sin mayores dificultades. La instauración del régimen representó un profundo cambio en aspectos sociales, económicos y culturales del país. A su vez, fue el periodo en que sistemáticamente se violaron los derechos humanos, con la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía de Investigaciones, los Carabineros de Chile y organismos represivos creados en esa época, como la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), que cumplieron las tareas de torturar, asesinar y aniquilar cualquier intento de reorganización partidaria y social10.

La dictadura también se caracterizó por ser un régimen fundacional, concretándose a través de un nuevo patrón de acumulación capitalista y una institucionalidad ad hoc11. Tras solucionar las discrepancias en el seno de la Junta Militar, en 1975 se iniciaron políticas económicas neoliberales, finalizando con el ciclo de industrialización sustitutivo de importaciones, que se remontaba a los años treinta12. En cuanto al nuevo orden jurídico, el 9 de julio de 1977 en el Cerro Chacarillas la dictadura dio la pauta para el proceso constitucional que remplazaría la Carta Magna de 1925. Tras modificar el proyecto original, el 11 de septiembre de 1980 fue convocado un plebiscito, que ni siquiera se sometió a un Tribunal Calificador de Elecciones, resultando vencedora la opción oficialista. La Constitución impuesta fue promulgada el 11 de marzo de 1981, incluyendo artículos que garantizaban a Pinochet el poder hasta un segundo plebiscito y le daban al dictador la posibilidad de extender su mandato hasta 199713.

Durante los primeros siete años de dictadura, el PCCh intentó forjar el Frente Antifascista. El resultado buscado era la formación de un bloque opositor amplio con los partidos de izquierda y, en especial, con el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Aunque hubo contactos mínimos entre 1977 y 1978, el PDC nunca se mostró convencido de la conveniencia de llegar a un pacto, tanto por las diferencias ideológicas como porque los democratacristianos suponían que el PCCh podía ser un obstáculo para lograr un compromiso con los sectores moderados de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, a fines de la década, el PCCh mostraba signos de radicalización política y empezó a dar por agotado el Frente Antifascista14. Ante el nulo avance cualitativo de la lucha de masas del bienio 1978-1979, el proceso de institucionalización del régimen y el fracaso del Frente Antifascista, la subjetividad comunista localizada en el país se radicalizó: «el camino hacia la rebelión popular se tornaba inevitable»15.

El fascismo y la Constitución de 1980: contexto histórico y argumentos políticos en el camino de la rebelión

El 3 de septiembre de 1980, el secretario general del partido, Luis Corvalán, realizó un discurso en Moscú en conmemoración de los diez años del triunfo de Salvador Allende. Corvalán denunció que desde septiembre de 1973 gobernaba en Chile un régimen fascista, en beneficio de los clanes financieros. Además de criticar al plebiscito que daría vida a la nueva Constitución, que otorgaba a Pinochet facultades extraordinarias y prohibiría las organizaciones marxistas, Corvalán declaró que «el fascismo es el que crea una situación frente a la cual el pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las forma de combate que lo ayuden, incluso la violencia aguda, para defender su derecho al pan, a la libertad y a la vida»16.

La historiografía ha demostrado que las palabras del secretario general provocaron un sugerente debate entre la militancia comunista sobre cómo derrocar al dictador y con qué medios. Los oficiales formados en las academias militares, el EDI y el Equipo Exterior en el exilio aportaron sus propuestas y cedieron posiciones para lograr un consenso mínimo que dio vida a la PRPM, que tendría un mayor impacto a partir de 198217. La nueva forma de enfrentar a Pinochet no era un quiebre con el pasado del partido, pues la lucha de masas no fue dejada de lado, sino que fue enriquecida con la implementación de la opción militar.

El discurso de la PRPM se sustentó en tres fundamentos: considerar al régimen como fascista, la lucha contra la Constitución de 1980 y el rol de la violencia como herramienta política. Bajo estos parámetros se articuló un renovado imaginario político, reconociendo que la institucionalización del «fascismo» había sido el punto de inflexión en el cambio partidario. La promulgación de la nueva Carta Magna, que excluía al marxismo del escenario público, garantizaba las transformaciones neoliberales y hacia viable que Pinochet gobernara hasta 1997, llevó al PCCh a reformular sus planteamientos y aceptar la validez de la violencia revolucionaria para combatir la «violencia reaccionaria».

Desde octubre de 1973, los comunistas habían hablado de la imposición de un régimen fascista, pero esto era un legado de cómo la izquierda en su conjunto había denunciado las amenazas golpistas durante el Gobierno de Allende, de modo que tras la instauración de la Junta Militar se limitaron a repetir esa expresión. Acusar al régimen de fascista era errado, porque velaba la imposición del neoliberalismo desde 1975, sin embargo, traía réditos políticos: permitía la formación de alianzas contra el pinochetismo e implicaba que la administración era frágil porque su poder recaía solo en la irracionalidad18. En los años que se desplegó la PRPM hubo dos características del «fascismo» chileno que el discurso comunista explotó: en primer lugar, se decía, era la más clara manifestación del imperialismo con el fin de abortar el avance nacional hacia la independencia económica y política y, en segundo lugar, el fascismo era expresión de violencia, pero no exclusivamente la material hacia los cuerpos, sino también la asociada a la desigualdad, la pobreza y el hambre.

El PCCh señalaba que el «fascismo chileno» gozaba de escaso apoyo social, reduciéndose solo a la oligarquía financiera y a los antiguos terratenientes. Las masas populares, por el contrario, sufrían «en carne propia el odio y la revancha de sus enemigos de clase, la saña de sus verdugos y esbirros al servicio del gran capital». Según el PCCh, el pueblo conoció a la fuerza «que el fascismo es la dictadura terrorista despiadada, la contrarrevolución sangrienta, el extremo recurso del imperialismo y la reacción en contra de los avances democráticos y de las transformaciones ­progresistas que el pueblo llevaba adelante bajo el Gobierno de Salvador Allende»19. El fascismo era categorizado como antipopular y antipatriótico, puesto que a través del terrorismo de Estado forzó un modelo económico en beneficio de las transnacionales ­imperialistas20.

El partido argumentaba que la violencia fascista era la represión, la sobreexplotación y el desempleo. El «terror fascista», que afectaba los cuerpos y las mentes de las víctimas, se plasmaba en la actuación de la CNI y de los Carabineros, en la apertura de campos de concentración, en la tortura y el exilio21. En cuanto a las diferencias económicas, la dictadura era la responsable de la polarización social: en un extremo estaba el mundo de la opulencia y en el otro abundaba «la pobreza, la cesantía, el empleo mínimo, el hambre, la miseria, la sobreexplotación de la clase obrera». Este sector en particular sufrió el rigor de la persecución y asesinato de sus líderes, fue empujado al desempleo y perdió sus derechos a causa del Plan Laboral de 1979. La clase obrera era «objeto del odio más enconado de la camarilla militar fascista gobernante» y solo vivía del «salario del miedo y de hambre»22.

Definir como fascista el régimen subrayaba que la violencia era propia de esta forma de dominación y permitía invocar al extremo la lucha de clases, demostrando fehacientemente que solo una parte de la sociedad se había favorecido de las políticas económicas, mientras las capas populares y medias se sumían en la pobreza. El PCCh sostuvo que el fascismo, arista visible del imperialismo, sin base social y esencialmente violento, debía ser combatido y sus leyes, su modelo económico y el régimen laboral e institucionalidad destruidos.

El discurso público del PCCh en los años ochenta concluyó que la Constitución era ilegítima y antidemocrática. Se reforzaba la idea de que no había la mínima posibilidad de transición a la democracia mientras estuviera vigente, porque hacía imposible que el pueblo ejerciese su voluntad soberana. En este contexto, la militancia comunista subrayó que la promulgación del nuevo orden jurídico había marcado un punto de inflexión, siendo un deber moral impulsar la rebelión:

«En septiembre de 1980 —en base a la situación que se creaba entonces— reivindicamos el derecho del pueblo a la rebelión contra la tiranía. Lo hicimos a pocos días del plebiscito por medio del cual Pinochet imponía la Constitución fascista que contempla su reinado vitalicio y somete al país a estados de excepción permanentes. Había que decidirse: ¿Debíamos rechazar la institucionalidad fascista, tanto de palabra como de hecho y, en consecuencia, promover la rebeldía y desarrollar la lucha combativa y multiforme de las masas? Optamos por el segundo camino. Hacerlo era nuestro deber de patriotas y de revolucionarios. Si no hubiéramos comprendido lo que significaba la institucionalización del fascismo ni percibido los cambios que venían operándose en la consciencia del pueblo, no habríamos advertido tampoco las nuevas exigencias que ya imponía la lucha. Más concretamente, si no hubiéramos reivindicado el derecho del pueblo a rebelarse, si no hubiéramos planteado con fuerza la necesidad de poner en práctica las más diversas formas de lucha, pacíficas y violentas, si en este terreno no hubiéramos demostrado que somos capaces de pasar de las palabras a los hechos, Pinochet y su camarilla ni siquiera se inquietaría y la oposición de Centro-Derecha se mantendría solo en actitud de espera»23.

De todos modos, lo que más revuelo causó fue llamar a todas las formas de lucha, incluyendo la violencia como una variable más, para enfrentarse a la dictadura24. Pero, estrictamente, ¿qué entendía el PCCh cuando apelaba a la violencia revolucionaria como mecanismo de lucha y cuál era el fin último de recurrir a ella?

«Ante la violencia reaccionaria, violencia revolucionaria». Análisis teórico y práctica discursiva del Partido Comunista de Chile sobre la violencia política, 1980-1987

La teoría y la praxis del PCCh en torno a la violencia y las tareas militares se orientaron a conseguir la vuelta a la democracia, aunque este camino no fuese rectilíneo. Durante el periodo 1980-1987 hubo tres momentos en los que las posturas sobre la salida democrática fueron variando y adquiriendo nuevos ribetes por los acontecimientos que convulsionaron al país. En una primera etapa (1980-1984), la apelación a la violencia tuvo como objetivo terminar con la dictadura y consolidar un Gobierno de transición que abarcara al arco opositor y convocara a una Asamblea Constituyente. En una segunda fase (1985-1986), el partido, sorprendido por los eventos desarrollados durante las jornadas de protesta, los hechos de violencia popular y la consolidación de su brazo armado —El Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)—, se acercó a posturas insurreccionales, tal como lo reflejó el proyecto de la Sublevación Nacional, tesis que apuntaba a que en el país se estaba desarrollando una crisis revolucionaria y que el fin de la dictadura daría paso a una democracia avanzada, preludio del socialismo. En la tercera fase (1987), el PCCh, tras analizar el cambio en el escenario político a partir del descubrimiento por parte de los agentes de inteligencia de las armas introducidas por las costas de Carrizal Bajo y el fallido ajusticiamiento de Pinochet, retomó las posturas iniciales de la PRPM: fin de la dictadura, Gobierno transicional y asamblea constituyente. Se dejaba así atrás el proyecto de un Gobierno democrático con vista al socialismo.

Siguiendo la misma lógica, desde la perspectiva del discurso, la violencia como problema tampoco fue un asunto zanjado y estático en las propuestas teóricas. Estimamos que el análisis de la violencia fue transitando hacia posturas radicales en contenido político, a partir de las palabras de Corvalán en 1980 y hasta fines de 1986. En 1987, las referencias a la violencia experimentaron un cierto reflujo. Con la aproximación del plebiscito se habló cada vez menos de violencia y el partido en su conjunto se volcó en la campaña del «No», con la esperanza de que, a partir del esperado fraude electoral, se llegaría a una crisis institucional, pero dejando al margen la violencia y el factor militar.

La violencia política y la construcción de un aparato militar hicieron surgir en el seno del partido debates encendidos, quedando claras las diferencias entre los grupos del exterior, radicados en Europa del Este, y el EDI, que ejercía actividad partidaria clandestinita en Chile. Los primeros señalaron que la línea política del partido no se había modificado en lo sustancial, pues la lucha multiforme de las masas seguía en pie; no obstante, sostenían que la violencia revolucionaria podía ser útil para acabar con la dictadura y establecer un Gobierno que garantizara las transformaciones socioeconómicas, pero sin apelar al socialismo o a la toma del poder25. Gladys Marín, a la cabeza del EDI, opinaba que la lucha contra la dictadura se enmarcaba en la Perspectiva Insurreccional de Masas. Este supuesto, aunque teorizara en torno a la toma del poder por medio de la violencia de las masas en busca de un Gobierno democrático, nacional y popular, en ningún momento contenía la mínima referencia a la instauración del socialismo. Es decir, seguía predominando mayoritariamente la salida de Pinochet, aunque en el PCCh estuvieran presentes las opiniones de que el fin del régimen podía significar un reajuste cualitativo en el orden social del país26. Esta hipótesis, además de provocar el rechazo de los integrantes del Comité Central que estaban en el exilio, fuepor completo ignorada por el Pleno de 1981. De cualquier manera, renacería con la estrategia de la Sublevación Nacional a finales de 198427.

El Pleno del Comité Central de 1981 barajó propuestas claras en torno al desarrollo de la violencia y la organización militar. En cuanto a esta última, se definió la estructura militar partidaria que operaría a lo largo de la década. Esta estructura estaba compuesta por la fuerza militar propia, el trabajo paramilitar de masas y el trabajo ideológico en las Fuerzas Armadas. Lo relevante de este Pleno fue establecer los principios que dieron vida a la PRPM, que consistían en apelar a la coalición más estrecha de partidos opositores a la dictadura, fortaleciendo los lazos del bloque que compuso la Unidad Popular y llegando a acuerdos tanto con el PDC como con el MIR. Los comunistas argumentaron que la lucha de masas continuaba siendo el motor del partido, pero a partir de la nueva Constitución se crearon «las condiciones para reivindicar el derecho a la rebelión y exigen incorporar a la lucha una mayor diversidad de formas, comprendiendo el recurso a una violencia más aguda, en razón de las necesidades y capacidades del movimiento popular». En consecuencia, y bajo la mirada del PCCh, «cuando a la línea se le agregan nuevos planteamientos, no estimamos lo más apropiado de hablar de cambios, sino de enriquecimiento y desarrollo»28.

Como puede apreciarse, hubo una transición en el PCCh respecto a la política de alianzas, ya que su apuesta incluía al MIR como un potencial aliado, marcando así una distancia con el Frente Antifascista de la década de los setenta. Con el objetivo de lograr la unión del bloque opositor, los comunistas señalaron que, una vez expulsado Pinochet del poder, asumiría ««un gobierno de transición que convoque a una Asamblea Constituyente y, permita —luego— que sea el pueblo quien, a través del sufragio universal, decida el rumbo definitivo que toma el país». Si bien en el PCCh primaba la remota esperanza de que, si la lucha de masas era «bien dirigida», podría instaurarse un Gobierno «auténticamente democrático, popular y avanzado», a inicios de la década el ejercicio del poder estaba en un plano secundario: «podemos dejar la cuestión del régimen o del gobierno futuro para una segunda discusión o, mejor dicho, para lo que diga la vida, para lo que decida mañana el pueblo, para lo que se determine en base a la correlación de fuerzas que sobrevenga a la caída del fascismo»29.

A inicios de la década de 1980 parecía necesario dar una respuesta al problema de la violencia, apelar a un imaginario o un proyecto que hiciera viable su uso, irrumpiendo de manera gradual el concepto de violencia revolucionaria. El partido determinó que la violencia debía estar relacionada con el movimiento popular: solo sería exitosa en un contexto específico y cumpliendo un rol dinamizador en la lucha de clases. De no ser así, el llamado a la violencia no pasaría de ser simple aventurismo que conduciría al fracaso. El PCCh insistió en que ante «la violencia reaccionaria de carácter fascista hay que oponer la violencia revolucionaria»30. La violencia revolucionaria era comprendida como la capacidad de la clase obrera y de todas las fuerzas democráticas «de ir ubicando el centro de gravedad de sus luchas fuera y en contra del sistema institucional fascista, respondiendo con todas las formas necesarias de lucha a la violencia del régimen dictatorial, para derrocar a Pinochet y conquistar la democracia para Chile»31. La noción de violencia revolucionaria ofrecía atisbos de una organización social futura, pero, con el fin de forjar alianzas amplias, el argumento de imponer un régimen socialista estaba alejado en la concepción comunista en lo inmediato.

A pesar que la oposición a la dictadura daba muestras ínfimas de reorganización sociopolítica a fines de la década de los setenta y a inicios del decenio posterior (manifestaciones contra las violaciones a los Derechos Humanos, conmemoración del día del trabajador, las huelgas de Panal y Colbún-Machicura, movilizaciones estudiantiles contra Ley General de Universidad, tomas de terrenos y Las Marchas del Hambre), la severa crisis económica de 1982 fue el principal catalizador que dio origen a las protestas populares en 1983. Este movimiento multifacético, que sorprendió a todos los actores en conflicto, evidenció que la ciudadanía era capaz de atentar contra el régimen de facto en las calles, recintos estudiantiles y poblaciones populares32. A partir de la rearticulación social que generaron las primeras manifestaciones, los grupos sindicales se reunieron alrededor del Comando Nacional de Trabajadores (CNT), organización sindical que fue el principal agente de la convocatoria a la movilización opositora33. Los partidos políticos retomaron al espacio público de manera explícita, pero cada uno por su cuenta era vulnerable y frágil. Entre agosto y diciembre hubo tres intentos de unificación opositora: la Alianza Democrática (AD), el Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Bloque Socialista (BS). La AD estaba compuesta por pequeños grupos de derecha, socialistas renovados y a la cabeza de ellos estaba el PDC; el MDP lo componían el sector almeydista del Partido Socialista, el MIR y el PCCh, siendo este último su referente más visible en el bloque de izquierda; en el BS participaron socialistas que estaban en la AD, más la Izquierda Cristiana (IC) y restos del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU)34.

Con el avance de las protestas, la violencia popular pasó a ser un hecho innegable, por lo cual el régimen denunciaba que provenía de las organizaciones marxistas y en especial del PCCh. Los comunistas señalaban, por el contrario, que el responsable de la violencia era el Gobierno de facto, responsable del desempleo, la miseria y la represión, y afirmaban que la única forma de acabar con todo esto era expulsar del poder a Pinochet y anular su Constitución. Además, exhortaron al pueblo a ejercer su legítimo derecho a la autodefensa contra la violencia dictatorial35.

Después de superar los temores y recelos en el seno de la organización por los nuevos rumbos que había adquirido el enfrentamiento con el régimen, el 14 de diciembre de 1983 la fuerza militar propia del partido, el FPMR, iniciaba sus operaciones en el país, consolidándose una organización altamente especializada que sorprendió tanto a los aparatos de seguridad como al partido. Lamentablemente para los comunistas, la opción de ejercer la violencia en la actividad política fue rechazada por el centro opositor y la Iglesia católica. De cualquier modo, los representantes de la AD y en especial con el PDC fueron los que más cuestionaron el recurso a la violencia. Desde que se formó este bloque político, el PCCh sostuvo importantes discusiones respecto a cómo derrocar a la dictadura y respecto a los programas mínimos de acción, aunque el elemento de la violencia y el desarrollo armado fue el que generó las divergencias entre las partes36. Ante las críticas por apelar a la violencia política, el PCCh argumentó: «poner en el mismo plano la violencia del agresor y a la violencia del agredido, las del opresor y del oprimido, la del fascismo y sus órganos de represión y tortura y la del pueblo y sus destacamentos de autodefensa es inaceptable en la hora actual y pone serias trabas a la lucha por el retorno a la democracia»37.

El debate en torno a la violencia significó una relectura del marxismo, al señalar que su origen estaba en la división de clases. Los comunistas chilenos pensaban que la violencia de la burguesía contra los trabajadores era patente y tenía el fin de proteger la propiedad privada. La burguesía, al verse amenazada por las transformaciones realizadas por la clase obrera, acudía a regímenes fascistas, por ser la más clara reacción del capital financiero frente al cambio provocado por la lucha de clases. En esta lógica, el movimiento obrero se veía «obligado a responder con la violencia revolucionaria a la violencia reaccionaria». Si antes señalamos que la violencia revolucionaria en los primeros años del PRPM se había dirigido a reconquistar la democracia para el país, el PCCh evidenciaba poco a poco que la violencia revolucionaria podía conducir también a la toma del poder. Se indicaba que todas las revoluciones democráticas y socialistas expresaban rotundamente que el poder de la burguesía solo podría ser arrebatado gracias a la violencia. Por ende, «sin la aplicación de la violencia revolucionaria es imposible conquistar el poder político, es imposible la expropiación de los capitalistas, es imposible derrotar los intentos contrarrevolucionarios»38. Lo interesante de la exposición es que la cultura comunista ya estaba dando pasos de radicalización política. La mirada sobre el Chile convulsionado por las jornadas de protestas, la crisis económica y la acción armada del FPMR llevó a que los comunistas señalaran que la dictadura de Pinochet estaba en un momento de precariedad política y social, siendo viable su derrota. Sin embargo, la propia lectura del informe al Pleno de diciembre de 1984 revela que el partido radicalizó aún más sus posturas respecto al rol de la violencia y la acción armada, consolidando su hipótesis insurreccional: ya no la satisfacía afianzar un Gobierno democrático avanzado, sino que consideraba que en la caída del fascismo estaba latente la posibilidad de llegar al socialismo.

Antes de analizar la sesión plenaria, destacamos que la dictadura de Pinochet estaba acosada por la rearticulación del movimiento social, la actividad política y la insurgencia, tanto del MIR como del FPMR. En lo social, hay que resaltar las doce jornadas de protestas populares iniciadas el 11 de mayo de 1983 y las del 27 y 28 de noviembre de 1984, la eficacia de la CNT para convocar eventos de movilización y el triunfo de la oposición en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. En lo político, cada bloque realizaba sus propuestas de cambio, sumándose a las jornadas de protesta, e incluso la AD había comenzado a establecer acuerdos con el régimen a partir de las conversaciones con Sergio Onofre Jarpa en agosto de 1983. Por último, la actividad ­insurgente del MIR iniciada desde 1979 acusaba golpes importantes, pero continuaba operando con acciones selectivas, como el asesinato del intendente de Santiago, Carol Urzua, el 31 de agosto de 198339. Mientras tanto, desde diciembre de 1983 el FPMR pasó a la acción a través de la destrucción de torres de alta tensión, ataques a cuarteles policiales y de inteligencia, voladuras de líneas ferras y del tren metropolitano, sabotajes a entidades bancarias, reparto de alimentos en poblaciones populares y colocación de dos autobombas cerca del Edificio Diego Portales y del Palacio de La Moneda40.

Con este escenario social, en diciembre de 1984 el partido realizó su sesión plenaria, conocida como el Pleno de 1985. En el informe presentado al Pleno se indicó que la acción multitudinaria del bienio 1983-1984, el crecimiento del partido y la determinación de las masas de concretar formas de lucha que incluían la violencia revolucionaria demostraban que el pueblo «quiere el más pronto fin de la dictadura y, a la vez, el paso a un régimen democrático avanzado que erradique por completo el fascismo, remueva sus bases materiales, adopte medidas de fondo para cambiar la estructura del Estado y lleve a cabo profundas modificaciones económicas y sociales»41. Según el PCCh, maduraba «rápidamente una situación revolucionaria pues están presentes y se desarrollan los elementos fundamentales que la caracterizan, aunque no se manifiesta todos con la misma evidencia»42. Apoyándose en los postulados de Lenin en La bancarrota de la II Internacional, subrayaban que no toda situación revolucionaria conducía por fuerza a la instauración del socialismo.

En síntesis, el derrocamiento de la dictadura era considerado como un acontecimiento revolucionario que daría paso a «un gobierno democrático avanzado bajo la cual podemos caminar hacia el socialismo en un proceso ininterrumpido, sin muralla china entre revolución antifascista, democrática, antiimperialista y revolución socialista»43. Reconociendo que una salida «burguesa» sería mejor que estar bajo un régimen fascista, esta opción, desde la mirada comunista, quedaba en un segundo plano por la grave crisis económica que azotaba a Chile.

Este enfoque teórico hacía indispensable un método de acción, por lo que se planteó la Sublevación Nacional:

«Lo prevemos como un levantamiento o una sublevación de masas que involucre a toda la población, a la mayor parte de las fuerzas políticas y sociales, y ojalá también a parte de las FF.AA., que estén en contra de la dictadura. Se trata de llegar a un estado de rebelión generalizada, que logre la real paralización del país: alzamientos populares en los principales centros urbanos, con participación decidida del proletariado industrial, de los estudiantes, de las capas medias y del campesinado. Tales acciones se verían fortalecidas por golpes efectivos en apoyo a la paralización, que ayuden a acelerar el desmoronamiento político-moral de las fuerzas represivas. La culminación de este proceso debería ser el copamiento por las masas de los principales centros políticos del país»44.

Este levantamiento abarcaba la movilización multitudinaria de las masas, donde la actividad política era garantía de éxito, pero claramente el componente militar ocupaba un rol gravitante con la capacidad de anular y desmoralizar a las fuerzas represivas. En ese sentido, el PCCh se autoimpuso ser más activo en esta área: «debemos, por tanto, tener una preocupación especial por la autodefensa de masas, las Milicias Rodriguistas, nuestra fuerza propia, el armamento que genera nuestro propio pueblo y la neutralización o un cambio de actitud en las Fuerzas Armadas»45.

A nuestro entender, aquella reunión partidaria fue relevante en dos aspectos. En primer lugar, hay una definición sobre el problema y el ejercicio del poder, en la que el partido aspiraba establecer una democracia avanzada que apuntara hacia un modelo socialista tras la caída de la dictadura, dejando en un segundo plano una salida «burguesa» por las condiciones reinantes en el país. Esa postura no había sido explicitada por la organización hasta aquel entonces, pues lo primordial era expulsar a Pinochet para llamar a una Asamblea Constituyente que abarcase a la oposición. Es decir, los acontecimientos que convulsionaron al país desde mayo de 1983 condujeron a que los comunistas especificasen su proyecto de sociedad sin ­descartar e incluso afirmando conceptos como «democracia avanzada» o «revolución socialista». En segundo lugar, cabe subrayar el papel de la violencia política y el factor militar en el análisis partidario. Se trataba de las herramientas para acabar con el régimen. Es cierto que el ámbito político nunca fue abandonado, pero en el seno de la organización primaba la voluntad de fortalecer y progresar en el trabajo ideológico en las Fuerzas Armadas y de Orden, el desarrollo de la fuerza militar propia (FPMR) y el afianzamiento del trabajo paramilitar de masas (las Milicias Rodriguistas). Por lo tanto, se consolidó un proyecto rupturista del PCCh, en el que lo político y lo militar se conjugaron con el objetivo de acabar con la dictadura para luego estimular cambios profundos en la estructura social. Aun así, esta postura generó de nuevo roces en la militancia y con el arco opositor a la dictadura46.

Aunque el partido se esforzaba por incitar a la lucha directa contra la dictadura, el programa rupturista sufrió un importante revés en la segunda mitad del año: el 25 de agosto se firmó el Acuerdo Nacional para una Transición a la Plena de Democracia, impulsado por el cardenal Juan Francisco Fresno. Los firmantes eran tanto partidarios de Pinochet como opositores, aunque quedaban fuera del pacto el MDP y la Unión Demócrata Independiente (UDI), principal referente político del apoyo a la dictadura. Lo relevante del Acuerdo Nacional fue el reconocimiento de la institucionalidad de 1980 como eje del orden jurídico, aunque aspirara a realizar cambios graduales a través de la formación de nuevos registros electorales, la elección total del Congreso, el fin de los estados de excepción, la modificación del Tribunal Constitucional y la convocatoria de un referéndum sobre las reformas constitucionales47.

Los comunistas aplaudieron el esfuerzo hecho en el sentido de avanzar hacia la democracia, pero desde su óptica el proyecto adolecía de graves insuficiencias al no exigir el fin de la dictadura antes de 1989, la eliminación de los órganos represivos y la derogación de la Constitución de 1980. El Acuerdo promovido por Fresno provocó que el partido se refugiara en sus fundamentos: a los comunistas les parecía irrisorio que les exigieran cambios en su línea política, para concentrarse solo en formas pacíficas y someterse a los postulados del PDC48. Según el PCCh, la exclusión del pacto respondía sobre todo al anticomunismo de algunos firmantes, así como al rechazo de la tesis partidaria de que para derrotar al Gobierno de facto eran válidas todas las formas de lucha, incluyendo la violencia. Respecto a esta última, se puntualizó que las expresiones de violencia en el país se habían repetido desde la invasión española, la resistencia indígena y la independencia nacional a inicios del siglo xix. La violencia en la actividad política se había hecho también presente en la conquista de la Araucanía por el Estado chileno, la guerra civil de 1891 y en las innumerables masacres contra la clase obrera. A juicio del secretario general, la historia política chilena exhibía que la violencia era fundante de la actividad y demostraba una verdad inquebrantable: «la violencia casi siempre ha partido de las clases dominantes y hoy ocurre lo mismo. A despecho de esta realidad, hay gente que pone énfasis en criticar los actos que emanan de la justa ira del pueblo contra un régimen que lo hambrea y lo reprime»49.

En el año 1985 se pusieron de manifiesto cuáles eran las estrategias de la oposición a la dictadura: el PCCh endureció sus posturas sobre la caída del régimen y sobre qué tipo de gobierno se pretendía instaurar; mientras que los democratacristianos mostraban claras señales de su posición favorable a la negociación, centrando sus esfuerzos en lograr acuerdos con los grupos renovados de la izquierda y con sectores liberales de la derecha. Si al inicio del ciclo de protestas, el PDC compartía con los comunistas la ­fórmula para la salida de la dictadura —Gobierno Provisional y convocatoria de una Asamblea Constituyente—, en 1985 esta idea era solo un recuerdo. No obstante, el Acuerdo Nacional no logró su objetivo: Pinochet rechazó todos los puntos en cuestión y se negó a realizar cualquier cambio del cronograma político del Gobierno. Este hecho provocó que parte de la disidencia política cuestionara la negociación con la dictadura, por los nulos avances que significaba. De este cuestionamiento solo cabe exceptuar a sectores de la derecha y del PDC. Se abría una ventana de movilización social mayor, en la que el peso no lo llevaría únicamente el MDP como había ocurrido en 1985. Así se inauguraba 1986, el «año decisivo» en la jerga comunista.

En enero de 1986, el PCCh lanzó un nuevo manifiesto, confirmando las ideas expuestas desde diciembre de 1984: la aspiración a un Gobierno avanzado con vista al socialismo y el enfrentamiento contra la dictadura en toda la línea, política y militar, para llegar a la Sublevación Nacional50. El año siguió su curso con importantes movilizaciones sociales en el área universitaria y escolar y con manifestaciones opositoras como el día de la mujer, el 1 de mayo, etc. En el ámbito político se llegó al clímax de unidad: la Asamblea de la Civilidad. En ella participó el arco opositor de centro-izquierda, varias organizaciones populares y sectores medios que elaboraron un petitorio bautizado como la Demanda de Chile51. La Asamblea de la Civilidad demostró una gran capacidad movilizadora, como lo reflejó el paro nacional de actividades del 2 y 3 de julio. Por último, el FPMR realizaba acciones de sabotaje cada vez más frecuentes.

El PCCh habló en 1986 explícitamente sobre insurrección contra la dictadura. Se consideraba que el enfrentamiento militar podría ser la fase superior de la Sublevación Nacional, por lo que el partido debía estar preparado. De nuevo se interpeló a la oposición y se le pidió que dejase de lado las críticas a la violencia revolucionaria, en un momento en que la ciudadanía estaba siendo atacada por el ejército, la CNI y carabineros. Se concluyó que «negar la unidad de acción y la concentración de todos los demócratas en nombre de la negación de la violencia significa facilitar el ejercicio de la peor de las violencias: la que ejerce el fascismo contra el pueblo»52. Desde la mirada comunista, las divergencias sobre la violencia precisamente podían desembocar en una espiral de violencia: el «terror fascista» desplegaría sus innumerables métodos y el pueblo, y grupos armados, respondería con la violencia revolucionaria. Es decir, «en nombre del rechazo de la violencia, lo que se promueve es su incremento. Esa es la cruel verdad»53.

Con posterioridad al paro nacional del 2 y 3 de julio fueron arrestados los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad. Se pusieron de manifiesto las disensiones internas que existían en esta plataforma y la ausencia de un diseño estratégico. A este arresto se sumaron dos acontecimientos, a los que ya se ha hecho alusión, que debilitaron el proyecto insurreccional del PCCh: a mediados de agosto se frustró una entrega de armas en las costas de Carrizal Bajo y el 7 de septiembre destacamentos especializados del FPMR atacaron la comitiva del dictador, pero este salió ileso. Estos dos fracasos provocaron modificaciones sustanciales en el escenario político, pues Pinochet decretó el estado de sitio y las fuerzas opositoras del centro político renunciaron definitivamente a la movilización social como mecanismo de presión y apostaron por un pacto con la dictadura. A mediados de octubre, los comunistas explicaron que la presión norteamericana sobre el PDC había hecho que los demócrata-cristianos se alejaran de las protestas opositoras, atemorizados por una salida popular, y que la excusa perfecta para romper cualquier acuerdo había sido el descubrimiento del tráfico de armas y el atentado fallido. Ante la nueva disyuntiva abierta, el partido reconoció que la salida más rupturista estaba en perdiendo posibilidades, al tiempo que avanzaban las de una salida más cercana a la que propugnaba el centro-derecha54.

En octubre de 1986 se promulgó la Ley de Inscripciones Electorales y a finales de febrero de 1987 se abrieron los registros electorales, a los que los seguidores de la AD acudieron en masa para inscribirse. En marzo, el régimen presentó la Ley de Partidos, que tan solo excluía a los de orientación marxista55. El análisis que el PCCh hizo del cambio de escenario le llevó poco a poco a matizar su política insurreccional. El partido propuso una unidad más amplia contra el programa constitucional y la no inscripción en los registros electorales. Con el fin de llegar a acuerdos concretos, los comunistas incluso estaban dispuestos a debatir sobre los métodos de lucha56. En el curso de 1987, el PCCh fue dejando atrás la tesis de que el socialismo estaba latente en Chile. Los dirigentes Jaime Inzunza y Luis Faúndez, en conferencia de prensa, declararon: «jamás hemos planteado que buscamos inmediatamente el socialismo para Chile, tras la caída de la dictadura. Hemos señalado que pretendemos impulsar una democracia, lo más avanzada posible. Y con ese propósito buscamos un entendimiento en una salida política común, democrática y nacional que permita abrir paso a un auténtico proceso hacia la Democracia»57. Lo expuesto por los dirigentes comunistas era una clara vuelta a los inicios de la PRPM, cuando lo principal era expulsar a Pinochet y la cuestión de quién ocuparía el poder se situaba en un segundo plano.

Aunque los comunistas defendieran su postura en cuanto a la violencia y el factor militar, poco a poco se fueron poniendo de manifiesto las muestras de crisis y agotamiento. En junio se dividió el FPMR y la mayoría de los oficiales se marchó con el líder de la organización, Raúl Pellegrini. Este hizo la declaración acusatoria siguiente: «existe la impresión de un abandono de la política de Rebelión Popular y de la Sublevación Nacional. Se reafirma la política de Rebelión Popular, pero en la práctica nada se hace; por el contrario, el Frente se ha transformado en algo molesto para una nueva política que no se tiene la valentía de expresar»58. Sin embargo, no todos optaron por ese camino: un número importante de cuadros militares se mantuvo en el seno del partido y fue responsable de ejecutar acciones de sabotaje. Aun así, su estructura militar fue debilitándose a ojos vista, para luego ser desmantelada por completo a inicios del Gobierno de Patricio Aylwin59. En rigor, el partido nunca abandonó su postura de que la oposición contra el régimen pasaba por todo tipo de lucha: otorgó siempre gran importancia a la movilización social y renunció progresivamente a ciertas formas de acción, dejando en un segundo plano la discusión referente a la violencia con el objetivo de lograr un acuerdo amplio60. A pesar de ese relegamiento, la mayoría de las fuerzas de oposición al régimen rechazó la invitación y se negó a cualquier entendimiento con los comunistas por las dificultades que implicaba para avanzar hacia una salida pactada.

En octubre de 1987 tuvo lugar un nuevo Pleno. En aquella reunión, el PCCh modificó su postura respecto a la inscripción electoral, una vez quedó claro que el resto de la oposición había entrado en ese juego. Ante esta situación, los comunistas pensaron que era necesario que sus militantes y seguidores se inscribieran en los registros electorales y defendieron que el ejercicio del voto era una forma más de enfrentarse a la dictadura en todos los terrenos61. Vaticinando que el plebiscito sería solo un fraude, la sesión plenaria acordó que su convocatoria podría generar las condiciones propicias para un levantamiento nacional, al estimar que cualquier resultado tendría una sola salida:

«La ruptura institucional, es decir, pasar por sobre la Constitución de 1980 y dar forma a algún tipo de régimen democrático, al margen de dicha Constitución. A esta solo se podrá llegar a través de la presión y la movilización de las masas, que debemos esforzarnos porque se transforme en un alzamiento o levantamiento democrático, en alguna forma de sublevación nacional, como se planteó en el Pleno de 1985»62.

Lo paradójico de este Pleno y su propuesta de Levantamiento Democrático, a diferencia de la Sublevación Nacional, es que no hubo siquiera un programa mínimo de acción. ¿Cómo se iba a lograr el Levantamiento Democrático? Destacamos que la acción militar no fue mencionada en ningún acápite del informe político, evidenciado que su rol era marginal. Por otra parte, tampoco hubo mención alguna a un posible Gobierno tras la caída del dictador y menos a una salida revolucionaria encaminada al socialismo. En otras palabras, este Pleno marcó el fin de la postura insurreccional del PCCh, dejando atrás el componente militar para sumarse al cronograma institucional de la dictadura que había combatido desde 1980. En definitiva, se volvió a los orígenes de la PRPM: salida del dictador, derogación de la Constitución, Gobierno transicional y convocatoria de una asamblea ­constituyente.

En junio de 1988 se llamó a votar en el plebiscito por el «No». La idea era que antes, durante y después de las votaciones se luchara contra la dictadura, pues el referéndum fue analizado como una coyuntura favorable para obligar a Pinochet a dejar el poder, pero sin reflexión teórica sobre la violencia y el papel de la fuerza militar en la política63. El 5 de octubre, el partido se centró en el supuesto fraude plebiscitario, organizándose en función del Levantamiento Democrático. No hubo tal levantamiento: la algarabía se apoderó en las calles y todo fue fiesta. La Concertación de Partidos por el «No» —conglomerado político que remplazó a la AD— derrotó a la dictadura y al PCCh, que a esas alturas estaba aislado y marginado. El triunfo épico contra el fascismo había fallado, pero en el imaginario comunista quedó la sensación de que, gracias a la PRPM, había sido posible acelerar el fin de la dictadura64. Los comunistas chilenos entraron así en un nuevo ciclo en su historia política, sufriendo deserciones, cambios ideológicos y nuevos desafíos en una democracia restringida, en la que Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército y la Constitución no sufrió mayores cambios.