Investigación efectiva de la violencia sexual
Una obligación positiva para los estados y preocupante en su formulación actual
DOI:
https://doi.org/10.37417/REDE/num98_2026_3506Palabras clave:
obligaciones positivas, vertiente procesal, investigación efectiva del delito, aseguramiento de las fuentes de prueba, agresiones sexualesResumen
De nada sirve la proclamación formal de un derecho si tal proclamación no va acompañada del deber de garantizar su salvaguarda y de la implantación de medidas adecuadas al efecto. Así pues, no es extraño que, en el contexto de los derechos consagrados en el Convenio de Roma, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos exija a los Estados una implicación activa en su protección, imponiéndoles obligaciones de tipo positivo o prestacional. Lo que sí extraña ?y, más aún, debe ser objeto de preocupación por los peligros que arrostra? es el extraordinario alcance con el que la Corte de Estrasburgo viene interpretando esas obligaciones positivas o, desde otra perspectiva, el férreo control que opera sobre su cumplimiento por parte de los Estados.
El asunto A.J. y L.E. c. España constituye una ocasión propicia para examinar los potenciales peligros derivados de la progresiva expansión de las obligaciones positivas estatales, especialmente en su dimensión procesal y en relación con el deber de investigar de manera efectiva los delitos de violencia sexual. El presente comentario pretende contribuir a ese debate desde una perspectiva menos transitada que la dominante en la doctrina y la jurisprudencia recientes: la de las implicaciones que dicha expansión puede tener para las garantías estructurales del proceso penal, más allá de su incidencia sobre la tutela de los derechos de las víctimas.
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