Ayer 129/2023 (1): 185-212
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2023
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/1176
© Miguel Artola Blanco
© José Miguel Hernández Barral
Recibido: 29-12-2019 | Aceptado: 09-07-2020 | Publicado on-line: 10-01-2022
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

La Caja General de Reparaciones: represión económica, represión de clase (1936-1939)*

Miguel Artola Blanco

Universidad Carlos III de Madrid
martola@ing.uc3m.es

José Miguel Hernández Barral

Universidad Complutense de Madrid
jmhernandezbarral@ucm.es

Resumen: Durante la Guerra Civil española, la clase social sirvió como catalizador de la represión ejercida por las fuerzas republicanas. En este artículo exploramos el proceso de incautación que tuvo como objetivo a personas identificadas por su capital económico, social y cultural. Nuestra principal fuente son los expedientes de la Caja General de Reparaciones, una institución creada por la República en septiembre de 1936 para confiscar los activos de los sospechosos de colaborar con el golpe militar. Los fondos extraordinariamente detallados permiten comprender cómo la incautación de bienes de «rebeldes y desafectos» tuvo como trasfondo el deseo de nacionalizar las grandes empresas y perseguir a los enemigos de clase.

Palabras clave: clase, capital, represión, Guerra Civil española.

Abstract: During the Spanish Civil War, social class served as a catalyst for the repression exerted by republican forces. In this article we explore the process by which expropriations were directed against people identified by their economic, social and cultural capital. Our principal sources are the records of the General Reparations Fund, an institution created by the Republic in September of 1936 to seize the assets of suspected collaborators with the military coup. Extraordinary detailed sources allow us to understand how the seizing of assets of «rebels and disaffected persons» rested upon the underlying desire to nationalize large companies and to persecute class enemies.

Keywords: class, capital, repression, Spanish Civil War.

En los últimos años, la violencia en la retaguardia se ha convertido en uno de los temas preferidos para los investigadores de la Guerra Civil. Actualmente, estos afrontan varios desafíos. En primer lugar, existe un desequilibrio entre las obras dedicadas a la violencia franquista en relación con las que tratan la retaguardia republicana 1. En segundo término, la mayoría de los análisis sobre la represión en el campo republicano atienden a las manifestaciones más visibles (sobre todo, ejecuciones sumarias), pero obvian otras formas de castigo 2. No es ninguna sorpresa, por tanto, que casi todos los estudios se centren en el turbulento verano de 1936, pero aborden con menor detalle lo que ocurrió en el tiempo restante. Un tercer campo de debate se refiere al papel del Estado y de las milicias en la represión. Tradicionalmente, un buen número de autores han sostenido que la violencia republicana tuvo como protagonistas a grupos de paramilitares incontrolados que se aprovecharon de la debilidad del Estado. Sin embargo, esta tesis se ha visto cuestionada por los trabajos de Julius Ruiz. Al analizar la violencia en Madrid, Ruiz argumenta que hubo una colaboración estrecha entre la policía y los agentes de seguridad del Estado, por una parte, y socialistas y comunistas por otro lado. Lógicamente, su postura ha sido objeto de controversia 3.

A estos tres problemas, podríamos añadir un cuarto, relacionado con las lógicas de la represión. Los relatos clásicos presentaron el «Terror Rojo» como un arrebato irracional, pero los historiadores han ido definiendo una visión alternativa que se centra en los perfiles de víctimas y verdugos. Por ejemplo, la persecución religiosa se explica actualmente como un problema complejo donde la historia cultural y la comparación internacional son fundamentales 4. La represión contra los militares también ha recibido una renovada atención, demostrando que muchos oficiales fueron ejecutados siguiendo estereotipos sobre la composición del Ejército, pero también debido a la presión de las milicias de los sindicatos 5. La violencia política ha recibido también una considerable atención. Un notable número de historiadores sitúan este fenómeno como consecuencia de una cultura política basada en la deshumanización del enemigo 6.

Por el contrario, la represión resultante de diferencias sociales ha pasado a un segundo plano tras años de aportaciones de interés. Un buen número de historiadores ha asumido que la violencia de las fuerzas republicanas contra las elites económicas (propietarios, industriales, comerciantes, etc.) era consecuencia de los conflictos precedentes. Julián Casanova ha señalado que «la ola represora adquirió una clara dimensión de clase» relacionada con «los ecos de las huelgas y protestas previas» 7. En una línea similar, Francisco Cobo Romero ha subrayado cómo, en Jaén, la mayoría de las víctimas fueron propietarios de tierras o agricultores ricos, muchos de los cuales se enfrentaron a las organizaciones de trabajadores durante el periodo 1931-1936 8. Por su parte, Fernando del Rey ha señalado que la represión abarcaba un «entramado social muy heterogéneo» donde primaban las clases medias 9. En términos más sencillos, Paul Preston subrayó que algunos de los asesinados en Madrid lo fueron «simplemente por poseer un negocio, por haberse opuesto a una huelga» [...] o «por ser descorteses con el novio de la criada o con el torpe del portero» 10. Sin embargo, estos trabajos no explican por qué la violencia estuvo presente tanto en contextos urbanos como rurales, incluso cuando los conflictos en el campo estuvieran más enconados que en la ciudad en los años previos al conflicto 11. Además, estas visiones ­—excepto Del Rey— actúan como un reflejo del paradigma tradicional de la espontaneidad revolucionaria y la violencia de las masas, que implícitamente omite el papel desempeñado por el Estado republicano.

En este estudio argumentamos que la clase social estuvo profundamente conectada con la represión llevada a cabo por los republicanos durante la guerra, muy especialmente en el campo económico. En particular, buscamos enfatizar cómo las clases altas fueron un objetivo prioritario de la acción represiva de las fuerzas republicanas por causas más complejas de las tradicionalmente aducidas. Nuestra revisión empieza, en primer lugar, por reconsiderar la definición del grupo. Pensamos que buena parte de los investigadores han priorizado un concepto de clase demasiado limitado y centrado en las relaciones profesionales. Como alternativa, tomamos la definición de clase social ofrecida por Bourdieu basada en la acumulación de capital económico, social y cultural. La dimensión económica es la más fácil de conceptualizar en función de los ingresos o la riqueza. El capital social se manifiesta en las redes institucionales (clubs, grupos de interés, etc.) o informales (el parentesco, paisanaje, etc.) de una persona. Por último, el capital cultural existe en tres formas: como disposiciones perdurables en la mente y el cuerpo (el habitus), en objetos culturales (arte, libros, joyas, etc.) y en credenciales educativas 12. Esta definición de clase basada en distintas formas de capital debe ser entendida como tipos ideales que pueden ir de la mano (o no) en la misma persona.

Para nosotros, resulta más interesante la relevancia de esas tres dimensiones desde un punto de vista histórico en el contexto de la Guerra Civil, que un debate puramente teórico sobre la clase social. Siguiendo la reflexión de Cannadine, «más que utilizar la clase para explicar la historia, ahora resulta más necesario usar la historia para explicar la clase» 13. En los años treinta, no hay duda de que las clases altas (o clases acomodadas) incluían a los propietarios, industriales o profesionales, pero también a todos aquellos que en términos generales se identificaban con los notables o las buenas familias según su capital social o cultural.

El segundo objetivo de este artículo es seguir la senda abierta por los últimos estudios sobre represión franquista, para acercarnos a las acciones republicanas en términos más amplios. En vez de poner el énfasis en las ejecuciones y otras formas de violencia, ampliamos el espectro de la represión a la identificación de sospechosos, registros e incautaciones. Al adoptar una perspectiva más flexible, es posible estudiar de otra manera las acciones perpetradas por milicias y fuerzas de seguridad. Nuestro objeto de estudio será la Caja General de Reparaciones, una institución generalmente olvidada por los historiadores. Su misión consistió en incautar los activos de los «rebeldes» y «desafectos». Como detallamos, la Caja demostró ser tremendamente efectiva a la hora de perseguir enemigos ocultos en grandes ciudades como Madrid.

Finalmente, conectamos la represión con otro tema que está cobrando mayor relevancia: las expropiaciones. En la última década, numerosos estudios han subrayado la importancia que tuvo la confiscación de activos, tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Civil española 14. Los procesos de expropiación son fundamentales por cuanto indican la tensión entre el Estado y la sociedad civil, la quiebra del principio de propiedad y, también, las lógicas de identificación de los enemigos. En el campo republicano, la expropiación tradicionalmente ha estado vinculada a la colectivización. La mayoría de los estudios tratan las experiencias revolucionarias en el medio rural 15, si bien tampoco han faltado investigaciones sobre empresas industriales. En estos casos, varios historiadores han subrayado la moderación de los republicanos, que limitaron las confiscaciones, promoviendo a cambio la sustitución de los directivos de grandes empresas y el reconocimiento de los sindicatos en la organización económica 16. Durante mucho tiempo, el debate se ha centrado en considerar el grado de eficiencia de esas medidas para propulsar la economía de guerra.

En este trabajo, en cambio, mostramos que la Caja tuvo una agenda propia en este campo, que pasaba por confiscar todas las formas de riqueza de las clases altas (activos financieros, propiedades inmuebles, pero también obras de arte) para impulsar la colectivización de la economía. Aunque los registros están lejos de ser completos, las evidencias reunidas señalan que la Caja tuvo un extraordinario éxito en su misión.

La Caja

La represión de los enemigos de clase se plantea en este ar­tículo desde un punto de vista novedoso. Al contrario que la mayoría de los estudios, que toman como punto de partida las acciones desarrolladas por las milicias, este trabajo pone el acento en la represión legal ejercida por el Estado republicano y, en particular, la acción confiscatoria. Con ello, se busca remarcar dos tendencias. Primero, la necesidad de contraponer los relatos sobre la acción represiva a escala local con otra que comience desde lo más alto (el Gobierno de la República) para llegar a la acción cotidiana de los actores sociales. En segundo lugar, recalcar cómo la lógica de las incautaciones dio lugar a dos problemas de mayor envergadura: la nacionalización de la economía y la identificación de los enemigos desde una óptica de clase.

En septiembre y octubre de 1936, el Gobierno creó dos instituciones, la Caja General de Reparaciones y el Tribunal Popular de Responsabilidades Civiles, con el objeto de juzgar a «rebeldes y desafectos» e incautar sus propiedades. La historia de ambas instituciones ya fue relatada por Glicerio Sánchez Recio. Por tanto, solo subrayaremos los acontecimientos fundamentales en su evolución que permitan tener mejor percepción de los temas hasta ahora poco tratados 17. La Caja y el Tribunal Popular fueron creados unas pocas semanas más tarde de la llegada de Francisco Largo Caballero al Gobierno. Ambas instituciones tenían como objeto centralizar la represión contra los enemigos de la República siguiendo dos nuevos principios. Primero, todas las apropiaciones de bienes llevadas a cabo por sindicatos, partidos y asociaciones debían ponerse a disposición de la Caja para proceder con mayor eficiencia y, en su momento, facilitar ayuda a la población necesitada. El segundo objetivo sería dar un soporte legal a la confiscación de activos, de forma que la espontaneidad revolucionaria de las primeras semanas diera paso a acciones sancionadas por ley.

En la práctica algunos de estos objetivos se alcanzaron inmediatamente, pero otros quedaron en simples propuestas publicadas en la Gaceta de Madrid. Primero, porque no se dio la situación en que la Caja actuara como órgano ejecutivo bajo órdenes del Tribunal Popular, el cual preservaría las garantías constitucionales. En realidad, se actuó de manera opuesta. La Caja empezó a trabajar inmediatamente, mientras el Tribunal no se fundó hasta mediados de 1937, estuvo seis meses definiendo sus atribuciones y, finalmente, revisó en torno a siete mil casos en 1938 18. En otras palabras, la Caja protagonizó todas las iniciativas, mientras que el Tribunal sancionó las acciones que ya había incoado la Caja. En segundo lugar, aunque la Caja fue creada como una institución muy centralizada, en la práctica su control del territorio fue desigual. En particular, su acción fue suplantada en el País Vasco y Cataluña por instituciones autónomas bajo el gobierno de las respectivas autoridades locales 19. Sin embargo, en el resto del territorio republicano, sus incautaciones se hicieron sentir en todas las provincias, pero especialmente en Madrid y el Levante. Solo en la investigación de cuentas bancarias, la acción de la Caja se extendió a 66 municipios, desde las capitales de provincia hasta pequeños pueblos que solo contaban con una pequeña agencia o corresponsal 20.

El auge de la Caja estuvo muy conectado con la incesante actividad de su director: Amaro del Rosal Díaz. Miembro desde tiempo atrás de la federación bancaria de la UGT, Del Rosal era un hombre muy próximo a Juan Negrín, ministro de Hacienda en esos momentos. Nada más ser nombrado, Amaro del Rosal apostó por asegurar que en la Caja no hubiera representantes de otros partidos republicanos. Con ello buscaba una mayor eficacia, pero también la hegemonía socialista ante la posible interferencia de comunistas y anarquistas. Al mismo tiempo, Del Rosal pretendió que la Caja sustituyera a los tribunales de justicia, porque «en los ciclos históricos revolucionarios [...] los hechos crean la ley, adelantándose a los códigos escritos». En otras palabras, «castigando a aquellos directa o indirectamente responsables de la sublevación, aseguramos la libertad y la vida de otros ciudadanos» 21.

Amaro del Rosal fue también decisivo en la definición de la Caja como una institución que promovía la nacionalización de la riqueza. Es conocido que muchos socialistas aspiraban a una mayor intervención del Estado en la economía, incluyendo la nacionalización de sectores clave 22. Sin embargo, desde un principio consideraba que, salvo raras excepciones, no era adecuado nacionalizar directamente empresas 23. Él planteaba una estrategia diferente que tomaba el caso del Banco de España como ejemplo ilustrativo. Dado que la mayoría de los antiguos consejeros simpatizaban con los rebeldes, él proponía «la incautación de todos los bienes, en particular acciones del Banco de España propiedad de los consejeros, por lo que el Estado aumentará su control directo» 24.

Esta nacionalización encubierta y gradual fue puesta en marcha por la Caja tanto en el Banco de España como en otras empresas privadas. La lógica subyacente es fácil de entender. En vez de tomar el control de las empresas a través de un decreto gubernamental —una política inaceptable para republicanos moderados y potenciales aliados de España—, resultaba preferible expropiar a accionistas, directivos o consejeros «facciosos». A través de estas acciones, la República acumulaba una ingente cartera de valores. La nacionalización del capital financiero no restaba importancia a otras formas de capital. Un interesante conjunto fueron las obras de arte incautadas y que quedaron bajo custodia de la Caja y de la Junta del Patrimonio Artístico 25. Amaro del Rosal y los delegados de la Caja en Madrid entendieron que el patrimonio cultural podía servir como propaganda, e incluso fantasearon con la realización de un documental que mostrara la recuperación de obras de arte de «aquellos hogares capitalistas que siempre estuvieron cerrados al pueblo». De esta manera, el capital cultural era confiscado para impulsar la centralización del Gobierno republicano y «para promover la propaganda antifascista en el extranjero» 26.

La financiación de la guerra y la nacionalización de la economía fueron dos objetivos básicos de la Caja. Un tercer y decisivo empeño fue la persecución del enemigo. La experiencia hizo que el proyecto inicial de financiar la guerra derivara en la búsqueda de recursos (la nacionalización) y, después, la identificación de los actores (la represión). En un breve periodo de tiempo, la Caja pasó de ser un mero gestor de recursos (al principio solo tenía un departamento de contabilidad y su almacén) a desarrollar un equipo de inspectores dedicados a descubrir al enemigo interno. En una memoria redactada los primeros días de la Caja, se daban instrucciones precisas al equipo para «reunir información criminal y financiera» de los sospechosos, sin olvidar el control de las calles para recabar evidencias «en las casas de los facciosos» 27. En teoría, esta misión estaba encomendada a la Dirección General de Seguridad (DGS), pero, en la práctica, la Caja creó su propia estructura de agentes en colaboración con la policía. Los encargados de este equipo de unas veinte personas procedían en su mayoría de las filas del PSOE o de la UGT 28.

Los hombres de la Caja tenían una ventaja clara sobre los agentes de policía, ya que no estaban condicionados en sus pesquisas en bancos o empresas por ninguna legislación sobre secretos financieros 29. Para entender la relevancia de esta medida, se debe recordar que el secreto bancario y comercial era celosamente custodiado por las instituciones financieras. Antes de 1936, ningún funcionario del Estado podía requerir información sobre un cliente sin una orden judicial. Con el estallido de la guerra, los agentes de la Caja accedieron pronto a las listas completas de titulares de cuentas corrientes, cajas de seguridad y depósitos en los bancos. La única entidad que mostró una tímida oposición fue el Banco de España, cuyo gobernador acertadamente identificó la medida como un mecanismo para «averiguar las posibilidades económicas de la generalidad de los ciudadanos» 30. Su crítica naturalmente fue desatendida.

Al acaparar tan enorme poder, los dirigentes de la Caja fueron conscientes de las dificultades que entrañaba esta misión. Por una parte, deseaban que sus actuaciones se mantuvieran dentro de cauces legales, evitando así las acciones arbitrarias que las milicias habían realizado en las primeras semanas de la guerra. Pero, por otro lado, entendían que el universo de «desafectos» era enorme y constituían una amenaza latente para la República. El dilema sobre la legalidad de la represión influía en el modo y en el objeto de esa represión. La clase era señal de enemistad hacia la República, pero había que probarlo. Había que saber en qué fijarse. Como se señalaba en un informe interno, el problema estribaba en que, más allá de las «personas de relieve político y social que [...] no pueden pasar desapercibidas, hay un gran número de colaboradores activos del fascismo, incluyendo [algunos] de gran solvencia económica, que discurren tranquilamente en el anonim[ato]» 31. Como solución, se apostaba por seguir un difícil equilibrio, actuando a partir de «indicios» sobre la condición socioeconómica, sin que ello tuviera «un matiz automático como factor de acusación». No obstante, al final, resultaba claro que la represión económica de los desafectos y la construcción de una sociedad nueva que estuviera libre de la vieja oligarquía no eran sino las dos caras de una misma moneda:

«La fuerza de los hechos nos ha puesto en claro que, salvo muy contadas excepciones, determinados sectores del clero, la nobleza, el ejército y la burguesía agraria y financiera, han sido y siguen siendo los más eficaces colaboradores del fascismo. Por consiguiente, todas las pesquisas que se hagan en ese sentido con un carácter informativo darán resultados satisfactorios al juzgar la culpabilidad de los encartados» 32.

Las lógicas de la represión

Como se ha mencionado, la Caja nació en septiembre de 1936, aunque no empezó sus actividades hasta casi cuatro meses más tarde. Su propia cronología pone el foco en la represión republicana ejercida tras el momento álgido de la misma. En esos momentos, los republicanos habían desarrollado una campaña represora contra el enemigo interno, la cual planteaba cómo compaginar las iniciativas en marcha junto con la acción de esta nueva institución. Conviene por ello retroceder ligeramente en el tiempo con el fin de conectar la evolución de la Caja como institución, el contexto general y el modo en que ejerció la represión económica.

Desde un primer momento, la Guerra Civil española tuvo las características propias de un conflicto de clase 33. El fracaso del golpe militar y la distribución de armas a las milicias obreras supuso el colapso del orden social. Los signos de la revolución empezaron a aparecer por todas partes. En las grandes ciudades como Madrid, las masas no ocuparon los centros del poder político (ministerios) o económico (bancos o sedes centrales de empresas), pero en cambio asaltaron los símbolos del poder social de las elites 34. Los clubes sociales más prestigiosos fueron ocupados por las milicias, y escenas similares ocurrieron en los palacios situados en los barrios más exclusivos. Testimonios de esos días transmiten que la violencia se llevó a cabo espontáneamente y, de una manera implícita, se daba a entender que el poder el Estado había desaparecido. Este discurso se reforzó a través de las visiones divulgadas por autores conservadores que definieron el «terror rojo» como la representación absoluta del barbarismo y la subversión social 35. Los estereotipos más repetidos insistían en el carácter anárquico del terror, subrayando que las turbas ejercían una violencia indiscriminada sobre gente que pertenecía a «una clase diferente», fueran oficiales del Ejército, católicos o respetables burgueses 36.

A la vez que se pretendía la revolución, las fuentes demuestran que también los agentes de seguridad buscaron a colaboradores con el golpe. Ser financiero, miembro de la alta sociedad o político de derechas era motivo de investigación. El marqués de Urquijo recordaba que en su interrogatorio conocían sus contribuciones a Renovación Española y se sorprendió por las preguntas acerca de Ruiz Senén, el director general del Banco Urquijo. En otros casos, la investigación y sus consecuencias servían para dar una visión sobre el procedimiento legal y los enemigos. Cuando se registró el palacio del duque de Santo Mauro, la noticia insistió en el «oportuno inventario detallado» realizado por «milicianos debidamente autorizados». Allí había mucha riqueza almacenada y «con eso estaba dicho todo respecto a la sangre negra y villana de los aristócratas opulentos de sangre azul». Así, la espontaneidad popular, la ira contra las clases altas y las detenciones selectivas por parte de las autoridades no fueron fenómenos opuestos, sino que con frecuencia funcionaban en la misma dirección 37.

Aun así, por muy impactantes que fuesen los sucesos del verano de 1936, lo cierto es que solo constituyen una parte de la represión ocurrida durante la guerra. Después de los primeros registros, la búsqueda de los enemigos de la República necesariamente comenzó a discurrir por otras vías. Este cambio se explica por dos razones. Primero, porque, como puede ocurrir en las guerras civiles, los actores políticos pasaron de ejercer una violencia indiscriminada a otra de tipo selectivo, a pesar de que ello conlleva mayores costes y obliga a un control efectivo sobre el territorio 38. En segundo orden, porque la represión en las grandes ciudades es más compleja que la organizada en otros lugares 39. Si en el campo o en una ciudad pequeña, las autoridades identifican con relativa facilidad a todos los habitantes, en una gran urbe esconderse sería más fácil y los peligros sustancialmente mayores. En consecuencia, no es de extrañar que los agentes del Estado se concentraran en esas áreas y se condujeran con una dedicación absoluta. Finalmente, todos los testimonios plantean que, desde septiembre de 1936, las familias de clase alta habían abandonado cualquiera de los indicios más ostentosos de su anterior estilo de vida (residir en un majestuoso palacio, circular en automóvil o disponer de un amplio servicio doméstico), para vivir en el anonimato.

Para afrontar este desafío, la Caja buscó ahondar en la identificación del enemigo interno con un grado de detalle inédito. La medida más trascendental ocurrió en los primeros meses de 1937, cuando se alcanzó un control total sobre el sistema bancario. Sobre esta base, su director ideó un plan para combinar estos registros contables con otras fuentes oficiales con objeto de acometer una identificación sistemática de los facciosos. Su plan disponía de varios ejes. Primero, el Ministerio de Agricultura facilitaría los listados de personas sobre las cuales hubiese recaído la expropiación de fincas, pues la «alta autoridad de un ministerio» facilitaría argumentar que era una «decisión justa» 40. En segundo lugar, la DGS y los tribunales populares proporcionarían la información sobre las personas detenidas, juzgadas o declaradas en rebeldía. En ambos casos, se planteaba actuar de inmediato para incautar sus activos y, si fuese posible a través de registros de su documentación personal, investigar a terceros.

Pero los oficiales de la Caja no se contentaban con ser una simple correa de transmisión de otros organismos y albergaban la sospecha, ya referida anteriormente, de que había muchas otras personas sin una acusación formal. Para localizarlos contemplaban «hacer relaciones de individuos que por su posición se les puede suponer enemigos del régimen. Pueden ser, por ejemplo, títulos nobiliarios de España, militares retirados por la ley Azaña, consejeros y accionistas de bancos y empresas» 41. Era un argumento que asumía que las elites tradicionales eran enemigas por su propia naturaleza. Sin embargo, ello postulaba de nuevo el espinoso problema de cómo sancionar legalmente esas acciones. Para ello se establecieron dos salvaguardas. Primero, se apostillaba que «esto no quiere decir que sean culpables, [sino que] esto se aclarará en expediente». En otras palabras, se remitía a un futuro juicio para determinar las verdaderas responsabilidades, pero mientras tanto se daba carta blanca para actuar. En segundo lugar, dado que detener o confiscar bienes por la condición social de un sospechoso era de una dudosa legalidad, se concluyó que bastaba con que una persona estuviera ausente del domicilio para ser considerada enemiga de la República. Naturalmente, un razonamiento de este tipo era una simple excusa que podía utilizarse contra innumerables personas. En conclusión, lo importante en la historia de la Caja no es solo conocer su estructura legal, sino percibir el razonamiento implícito que utilizaban los comisarios en sus pesquisas.

Para entender el alcance de estas acciones, hemos focalizado la investigación en la ciudad de Madrid. Hemos recabado los listados de personas con bienes confiscados en esta ciudad, incluyendo los registros conservados en el Archivo Histórico Nacional y las relaciones publicadas en los boletines oficiales 42. Resulta imposible confeccionar una lista completa de todos los individuos, pero reuniendo estas fuentes hemos construido una base de datos representativa con más de 4.300 personas. En algunos casos se conserva referencia del nombre y apellidos, mientras en otros se recoge información adicional (título nobiliario, profesión y motivos para el inicio de las pesquisas). Esta lista es solo una parte del total de personas expropiadas, pues, en otra fuente mucho más sistemática se constata que, solo en Madrid, se tramitaron más de 10.000 expedientes de incautación de cuentas bancarias (tabla 1).

Más allá de las cifras, lo más relevante es que los agentes de la Caja tomaron indicadores relacionados con el capital económico (riqueza, renta, poder directivo), el capital social (redes personales y familiares) o el capital cultural (estilo de vida, formas de consumo suntuario, etc.) para conducir sus pesquisas. Es cierto que la definición en origen de esta institución como gestora de activos determinó que el capital económico fuera la dimensión privilegiada en sus acciones. Asimismo, cabe destacar que cuando sus agentes abordaban los bienes culturales (obras de arte, joyas, palacios, etc.) o las redes personales de un sospechoso privilegiaban su dimensión cuantitativa al encajar mejor con la realización de un inventario exhaustivo de sujetos y bienes. Estas observaciones, sin embargo, no deberían obviar que la Caja General de Reparaciones fue más allá de los límites que marcaban a un organismo encargado de centralizar las incautaciones. En definitiva, la Caja es relevante por cuanto lideró sus propias iniciativas sobre el terreno y, en este campo, las lógicas que siguieron sus agentes sobre las formas de poder social de acuerdo con informaciones contrastadas o simples lugares comunes resultaron determinantes.

Tabla 1
Cuentas bancarias bloqueadas o incautadas por la Caja General
de Reparaciones. Madrid, 1937-1938

Nota: Las cifras de las dos primeras columnas proceden de los registros contables proporcionados por los bancos, mientras que la última columna del Balance general de la CGR. La indicación s.d. significa que no se conservan datos.
Fuente: AHN, FC-Ministerio de Hacienda, 4906 y 5364, y AGMAV, C.2488, Cp.26.

El capital económico fue el indicio principal usado por los agentes de la Caja para perseguir al enemigo interno. No podía ser de otra manera si se tiene en cuenta que los responsables de la Caja venían de una tradición socialista y ugetista que entendía la lucha de clases como el vector fundamental del conflicto contemporáneo 43. La clase como identidad social está repleta de diferentes connotaciones, pero en el momento resultaba evidente que tener un elevado nivel de riqueza —ser propietario o rentista— definía a alguien como miembro de las clases altas. Para identificar y controlar este pequeño grupo de familias, los agentes explotaron la información suministrada por los bancos. Estos enseguida demostraron ser muy útiles por distintas razones. Principalmente, por su absoluta efectividad, pues la República sabía que podía contar con que cualquier persona acusada vería sus activos congelados en cuestión de días.

Tras los primeros compases, las pesquisas de la Caja se volvieron más precisas y sutiles, demostrando que los comisarios —muchos eran antiguos empleados de banca— tenían un conocimiento preciso de las elites financieras. Aunque los registros contables y las denuncias eran el punto de inicio más habitual para comenzar cualquier investigación, estas informaciones eran a menudo insuficientes para comprender la magnitud de los negocios y redes personales de los sospechosos. Como alternativa se llegó a una solución extraordinariamente eficaz que consistía en recabar los informes que la agencia Dun llevaba años elaborando sobre los propietarios, industriales y comerciantes españoles. Los dosieres confidenciales que se tenían en los círculos mercantiles sobre el patrimonio, socios o reputación de una persona pasaron de inmediato a estar al servicio de la causa republicana 44.

Otra forma de actuación tuvo como protagonista directo a las propias empresas. Desde que la Caja tuvo como objetivo no declarado la nacionalización de la economía, se interesó cada vez más por la situación de algunas empresas. Como punto de partida, los agentes de la Caja seguían las acciones de los consejeros y gerentes, y los declaraban enemigos de la República en el caso de haber abandonado sus funciones o si habían partido a territorio franquista 45. Los agentes también inspeccionaban las empresas que formalmente había cambiado su consejo de administración o se gestionaban bajo control obrero. En algunos casos descubrieron que los gerentes actuaban preservando los intereses de los accionistas, mientras, en otros, los comités obreros conducían la situación de una forma ineficaz 46. En empresas excepcionalmente grandes, como el Banco de España, en donde determinar la filiación política o económica de las decenas de miles de accionistas resultaba muy laborioso, se optó por una medida tan sencilla como expropiar a todos aquellos que estaban ausentes de sus domicilios 47.

La fijación con las familias acaudaladas determinó que el capital económico fuera un vector fundamental de la represión promovida por la Caja. Esta dimensión queda retratada al cotejar la relación parcial de personas incautadas con el listado completo de contribuyentes que presentaron declaración sobre su renta en años precedentes (1933-1935) 48. En total, al menos un 28 por ciento de los contribuyentes fueron confiscados (169 sobre 612). Este porcentaje es relevante, y podría ser más elevado si se dispusiera de una lista completa. El resultado es más ilustrativo si se clasifica a los contribuyentes por tramos de renta (Gráfico 1), al demostrar que los individuos con ingresos más bajos sufrieron menos la incautación que las personas que poseían mayor fortuna. La lógica aplastante de la Caja queda claramente retratada: a mayor fortuna de una persona, más fácil resultaba seguir su rastro a través de los registros de la propiedad o en los bancos.

Esta tendencia es muy diferente de la imagen ofrecida por Cervera en su estudio sobre la población encausada por los tribunales

Gráfico 1
La dimensión de clase del proceso de expropiación Porcentaje de individuos expropiados sobre el total de contribuyentes por renta, clasificados
por tramos de renta (en pesetas)

Fuente: índices del cátalogo del AHN, FC-Ministerio de Hacienda, Caja General de Reparaciones, y FC-Ministerio de Hacienda, caja 4937/1, cajas 7071-7132.

republicanos en Madrid 49. Tras estudiar las ocupaciones de los encausados por los Tribunales Populares, Cervera concluía que los desafectos pertenecían principalmente a las clases medias 50. La diferencia principal que plantea nuestro análisis con las conclusiones de Cervera se refiere a la proporción de los casos tratados con el total de la población. Al ser las clases altas un grupo bastante reducido numéricamente, sus miembros siempre representan un porcentaje mínimo de las víctimas de la represión, sin embargo, en términos relativos ellos fueron golpeados más duramente por estas acciones 51.

Otro indicador del deseo de la Caja de confiscar el capital económico se puede encontrar en el análisis de los inventarios de activos financieros bajo su control (tablas 1 y 2). Antes de analizarlos es necesario destacar la dificultad de establecer una cifra exacta del patrimonio incautado. Aunque la Caja llevaba un balance oficial de los activos bajo su custodia, lo cierto es que hay razones para pensar que las cifras ahí consignadas reflejaban solo una parte del total 52. A modo de ejemplo, en la tabla 1 se cifra el volumen de cuentas bancarias en Madrid según dos fuentes distintas: primero, según la documentación contable que tenían los agentes en la capital; segundo, de acuerdo con el balance oficial de la Caja. La comparación muestra una diferencia abismal (98 millones frente a 14 millones) que difícilmente puede explicarse por cuestiones secundarias (fecha de referencia o tratamiento de las bajas o devoluciones). Resulta más probable que la Caja estuviera en la práctica realizando incautaciones preventivas en muchos casos, pero que luego solo consignara como patrimonio propio aquellos casos en donde hubiera un expediente en estado muy avanzado. La conclusión implica reconocer una mayor importancia a la Caja de lo que hasta ahora se ha hecho.

Si se pasa al estudio de los valores (bonos, acciones y otros títulos), la información es todavía más interesante. El indicador más relevante no es el valor agregado de estos activos (casi 154 mi­llones de pesetas), pues de nuevo estamos ante un inventario parcial. Lo importante es que la propiedad de estos activos garantizaba al Gobierno alguna forma de control sobre unas 650 sociedades (en torno al 13 por 100 de las 4.900 que existían en España por entonces), incluyendo casi todas las grandes empresas que cotizaban en Bolsa 53. La nacionalización no era una cuestión que los socialistas pudieran plantear abiertamente, pero sí de esta forma más discreta.

Tabla 2
Valores expropiados y custodiados directamente
por la Caja General de Reparaciones (1937-1939)

Nota: El número de empresas emisoras de valores está consolidado de manera que una empresa con acciones y bonos emitidos solo se contabiliza en una ocasión
Fuente: AHN, FC-Ministerio de Hacienda, 4739-4740

Sin embargo, para los agentes de la Caja la fortuna no era lo único que contaba. A la hora de trazar los perfiles de los sospechosos, el estilo de vida fue un indicio más para descubrir al desafecto. En este sentido, Amaro del Rosal recomendó la consulta de la Guía de la Grandeza de España como fuente para las pesquisas de los comisarios. Esta publicación era una mezcla entre el Gotha alemán y el Social Register americano, donde la distinción social se fundaba en los orígenes históricos de las familias, la pertenencia a determinadas asociaciones y el disfrute de bienes simbólicos (en especial, residencias, vehículos, etc.) 54. La Guía además relacionaba todos los títulos nobiliarios españoles. Quizá más importante, de todos ellos se daba su dirección e información muy detallada sobre sus familias. José Mantrana, delegado de la Caja en Madrid, llegó a enviar agentes a la casa del redactor de la Guía a la búsqueda de ejemplares para su estudio. Parece evidente que el capital social (residencia, familia o pertenencia a la nobleza) reflejado en la Guía era muy tenido en cuenta como posible fuente. Así, el recurso a la Guía no solo buscaba afinar la investigación, sino también conectar una forma de vida determinada con el apoyo a la subversión 55.

En la búsqueda practicada por los comisarios también se recurrió a una fuente clásica en las ciudades en guerra: los porteros de fincas urbanas. Mantrana propuso que todos los porteros de Madrid rellenaran un oficio comunicando qué inquilinos habían abandonado su vivienda, incluso aquellos que lo habían hecho hasta un mes antes del inicio de la guerra. Además, pretendía que se explicitaran los antecedentes de los vecinos, para así «tener el control de toda esta gente desafecta». Era evidente que a la altura de 1937 las denuncias no tendrían mucho éxito a la hora de descubrir y detener desafectos, ya que muchos habían abandonado sus viviendas 56. Sin embargo, preguntar a los porteros servía para conocer mejor el estilo de vida, las relaciones sociales y las inclinaciones políticas de los sospechosos. Si bien finalmente la propuesta no se llevó a término, este caso ilustra que el estilo de vida era una de las mejores vías para identificar a los simpatizantes del golpe.

Acudir a las guías de sociedad y a los porteros podía ser fructífero. Sin embargo, a simple vista, parece difícil asegurar si las investigaciones que giraban en torno al capital social y cultural de las clases altas eran igual de efectivas que las que se centraban en sus activos económicos. No obstante, algunos indicadores apuntan en esta línea. Los inventarios de pinturas, joyería y otras obras de arte en posesión de la Caja muestran que las acciones en este sentido se llevaron a cabo con la misma diligencia. El capital cultural era considerado igual de importante que los activos financieros. Al mismo tiempo, como ya se ha apuntado, el capital cultural incautado tenía un gran valor desde el punto de vista propagandístico. En segundo lugar, la represión golpeó más duramente a las familias con un indiscutido nivel de vida. El caso de la nobleza resulta especialmente claro en este sentido. Al reunir este grupo social en muchas ocasiones una vasta fortuna, un estilo de vida distinguido y una posición política marcadamente monárquica, fueron el foco de las actividades de la Caja. De los aproximadamente 1.200 nobles residentes en Madrid en 1936, al menos 300 vieron sus propiedades confiscadas. Muchos personificaban el arquetipo de terrateniente absentista, otros eran conocidos por su perfil cortesano y casi todos se habían definido a favor de la restauración de la Monarquía.

La importancia concedida a las diferentes formas de capital (económico, social o cultural) no supuso que los agentes se olvidaran de la política. Para encontrar a los enemigos políticos, la Caja hizo uso de sus vínculos con otros organismos oficiales. El mecanismo ideal era utilizar la Oficina de Control de Nóminas, una dependencia que, bajo el mando de la DGS, centralizaba la información sobre el perfil político de los funcionarios del Estado junto con las cerca de 60.000 fichas de afiliados y simpatizantes requisadas a partidos de derechas (Falange, Renovación Española, Acción Popular, etc.) 57. A iniciativa de la DGS, centenares de los considerados facciosos por haber apoyado a las derechas durante la República vieron inmovilizadas sus cuentas. Además, desde febrero de 1937, los comisarios de la Caja recurrieron frecuentemente al Control de Nóminas para confirmar el perfil político de los sospechosos 58.

Sin embargo, incluso en esta esfera, la Caja demostró tener una iniciativa propia. Algunos ejemplos son especialmente elocuentes en cuanto a la relación entre lo económico y las tendencias políticas. Joaquín Frade Pérez dirigía un banco familiar, pero era bastante desconocido para el público general. De hecho, su negocio había escapado al control obrero en 1936. Un año más tarde, una vez que la orden sobre el control bancario se hizo efectiva, se estudiaron sus archivos y se descubrieron varios pagos a organizaciones derechistas desde 1931 (Acción Nacional, Acción Popular y Renovación Española). Inmediatamente, Frade fue considerado enemigo de la República y sus fondos fueron expropiados. El seguimiento de transacciones bancarias permitió también descubrir envíos de dinero desde territorio controlado por las fuerzas franquistas. Así, se dio con varios sospechosos de colaborar con el Socorro Blanco. De José Muniesa Pueyo solo sabemos que recibió una cantidad considerable de dinero (170.000 pesetas) de Bonifacio Morales Ruiz de Velasco, miembro de Acción Popular. Más tarde, hizo varios pagos con dichos fondos a supuestos colaboradores con el golpe. Una vez descubierto por los agentes de la Caja en 1938, sus cuentas fueron congeladas 59.

La adscripción a un partido de derechas era decisiva en ocasiones, sin embargo, no debe olvidarse que los indicios socioeconómicos originaban estas actuaciones. Por ejemplo, en el expediente personal del marqués de la Viesca, un conocido noble con intereses empresariales, se decía que «cosa rara» que, a pesar de su significación derechista, no apareciera en los papeles de la Oficina de Control de Nóminas. Antes se había hecho notar que «como hombre de dinero era de derechas» 60. La orientación política fue, innegablemente, uno de los motivos de actuación de la Caja. Sin embargo, lo verdaderamente notable de su proceder estribó en que la lógica de clase o estatus iniciaba la acción de sus investigadores e, incluso si no se confirmaban las motivaciones políticas, se consideraban factores suficientes para proceder a la incautación.

Conclusión

La Caja General de Reparaciones ofrece una nueva lectura sobre la represión en territorio republicano durante la Guerra Civil española. En primer lugar, su evolución subraya que la Caja fue la institución que procuró en la práctica la nacionalización de la economía que muchos socialistas buscaban. Su especificidad estriba en que, en vez de decretar una colectivización directa de los medios de producción, la Caja optó por incautar activos financieros (fundamentalmente acciones y obligaciones) en manos de personas, lo cual suponía adquirir el control indirecto sobre un número relevante de medianas y grandes empresas. Este proyecto se truncó debido al propio desarrollo del conflicto, pero refleja bien como el conflicto civil impulsó una radicalización política a través de medidas impensables para los republicanos hacía muy poco tiempo, pero que se convertían en políticamente aceptables en ese contexto.

La historia de la Caja no debe limitarse a la de una institución encargada de la incautación de bienes, pues también tuvo un papel central en el seguimiento y control de los enemigos de la República. Sus agentes llevaron a cabo acciones al amparo de la ley, caracterizadas por la centralización del mando y el uso sistemático de fuentes administrativas. En cuestión de meses, miles de personas que estaban escondidas en grandes ciudades como Madrid fueron identificadas y sus bienes confiscados. La represión económica discurrió así siguiendo unas pautas singulares. No entraba en contradicción con las medidas convencionales que desarrollaron otros actores (brigadas, milicias, etc.), pero sí generó una dinámica propia. Partiendo de la necesidad de expropiar a los «facciosos», terminó por plantear problemas de mayor envergadura (mejorar el control sobre el territorio, identificar al enemigo, etc.).

La tercera conclusión, y quizá la más destacada en este trabajo, gira en torno a la necesidad de reconsiderar la clase como un vector fundamental en la represión. La literatura más reciente sobre la Guerra Civil ha insistido en que la afiliación política fue el criterio más importante de cara a la identificación de sospechosos y las consecuentes represalias 61. En este texto no se pretende negar este punto, pero sí subrayar que otras lógicas tuvieron una importancia clave en la represión. En territorio republicano, las relaciones de clase resultado de las distintas formas de capital resultaron decisivas a la hora de identificar al otro como enemigo. Si, como se ha revelado, en un conjunto pequeño hubo una relación positiva entre los ingresos y la posibilidad de ser expropiado, parece coherente pensar que el mismo principio sirvió para conducir otras formas de represión. Los grupos con mayor fortuna (propietarios y rentistas) o con un capital cultural y social destacado (de una forma notable, la nobleza) sufrieron más la represión republicana. En el caso estudiado, estas proporciones no fueron fruto de la casualidad, sino del resultado de las órdenes dadas por los mandos de la Caja.

Este trabajo aporta una visión divergente y a la vez complementaria frente al paradigma tradicional en torno a la violencia social durante la Guerra Civil. Por una parte, la conexión entre esta violencia y los conflictos sociales de los años previos al enfrentamiento resulta poco satisfactoria en muchos sentidos. Gran parte de las víctimas no estuvieron vinculadas a las organizaciones patronales. De hecho, la mayoría llevaba una vida bastante tranquila, lo cual les situaba lejos de los conflictos sociales y políticos ocurridos durante la II República. Se debe reconocer que, así como la violencia clerical o política tuvo precedentes en esos años, el enfrentamiento abierto entre los enemigos sociales se manifestó de forma menos virulenta entre 1931 y 1936. Por ejemplo, aunque las ocupaciones de tierras y las huelgas podían aterrorizar a las clases altas, en la práctica no hubo ni un solo propietario, industrial o comerciante entre los asesinados durante los conflictos posteriores a la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 62. Para terminar, cabe insistir en que no fue la larga ola de huelgas y ocupaciones de tierras la que condujo a ese escenario, sino el estallido de la guerra lo que desató esas formas de represión sin precedentes, siendo un ejemplo claro la represión económica llevada a cabo desde la Caja General de Reparaciones.