Ayer 129/2023 (1): 137-162
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2022
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/1099
© Miguel Á. López-Morell
Recibido: 18-03-2020 | Aceptado: 15-05-2020 | Publicado on-line: 28-10-2022
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

La estrategia de la corrupción. El patrimonio y los negocios de la reina María Cristina y Fernando Muñoz

Miguel Á. López-Morell *

Universidad de Murcia
mlmorell@um.es

Resumen: Las alusiones a los negocios generados por la viuda de Fernando VII y reina regente, María Cristina de Borbón, y su segundo esposo, Agustín Muñoz, son una constante en la historiografía española y su actuación se considera uno de los mayores escándalos de corrupción de su historia. Sin embargo, no existe ningún estudio que cuantifique el origen, naturaleza y monto de las rentas e inversiones generadas por el matrimonio Borbón-Muñoz. Este trabajo, apoyado en fuentes primarias, recoge un acercamiento global a esta fortuna en el contexto general de la regencia y las décadas posteriores, en las que la reina madre siguió ejerciendo una fuerte influencia política.

Palabras clave: España en el siglo xix, corrupción, casa real, María Cristina de Borbón, elites extractivas.

Abstract: Allusions to the business dealings generated by the Queen Regent, María Cristina de Borbón (the widow of Fernando VII), and her second husband, Agustín Muñoz, are a constant in Spanish historiography. They are considered one of the greatest corruption scandals in the country’s history. However, no study covers the origin, nature and amount of the income and investments generated by the Bourbon-­Muñoz marriage. This paper uses primary sources in its global approach to this fortune within the general context of the Regency and the subsequent decades when the Queen Mother continued to exert a strong political influence.

Keywords: Nineteenth-century Spain, corruption, royal family, María Cristina de Borbón, extractive elites.

Introducción

La figura de María Cristina de Borbón Dos Sicilias (1806-1878), viuda de Fernando VII y madre de sus dos únicas hijas reconocidas, reina gobernadora de España entre 1833 y 1840 y esposa en segundas nupcias del guardia de corps Agustín Fernando Muñoz Sánchez (1808-1873), renombrado duque de Riánsares, es crucial para entender el desarrollo de la época isabelina y la difícil consolidación del liberalismo en España. Es, sin duda, un personaje controvertido. Muy criticado en su día tanto por la manera como dirigió y marcó la educación y los designios políticos de su hija, Isabel II, como por el uso que dio a su posición para incrementar su patrimonio personal y el de su segunda familia, con una estrategia de corrupción y de tráfico de influencias poco disimulada. Este último elemento, que es el que particularmente nos interesa aquí, quedó plasmado extensamente en los escritos de la época y a grandes rasgos en la historiografía reciente 1, aunque, a la hora de concretar sus límites, se ha investigado poco.

El patrimonio privativo de María Cristina comienza a forjarse en la testamentaría de Fernando VII, fallecido el 29 de septiembre de 1833 tras una larga enfermedad que se había extendido casi otro año más. La reina viuda, sin embargo, guardó un luto extremadamente corto y consumó su relación con Muñoz dos meses después de fallecer el rey, para casarse en secreto solo diez días más tarde. Este matrimonio no fue reconocido durante once años, a lo largo de los cuales la pareja trajo al mundo ocho vástagos. Una realidad, con rasgos de secreto a voces que, de haberse hecho oficialmente pública, habría supuesto la pérdida de los derechos dinásticos de María Cristina, la regencia que ostentaba y, posiblemente, su pensión y otros beneficios, de los que hablaremos más adelante. El problema jurídico desapareció con el matrimonio oficial de la pareja, el 13 de octubre de 1844, lo que certificará su unión marital y consolidará un negocio matrimonial que no hará sino continuar creciendo en los años siguientes.

En cualquier caso, desde el momento del primer enlace, oficioso, de la pareja, el destino y el patrimonio de ambos se unifica a todos los efectos. De esta manera, aunque es evidente que Muñoz no aportó ningún bien reseñable al matrimonio, desde el primer momento pasó a administrar y ser la cara visible de los intereses económicos de María Cristina, convirtiéndose en un activo hombre de negocios en España y en el extranjero, donde desarrolló una actividad extremadamente diversificada en los ámbitos industrial, comercial, inmobiliario y puramente financiero, además de ejercer toda índole de tráfico de influencias alrededor de monopolios del Estado, concesiones ferroviarias y emisiones de deuda pública.

María Cristina y su segundo esposo sufrieron tres exilios forzados, en 1840-1844, 1854-1856 y 1868, cuando abandonaron definitivamente España tras la Revolución Gloriosa, acompañando a Isabel II. El primero de ellos, inducido por Espartero, frenó temporalmente el desarrollo de sus negocios en España y la percepción de la pensión de la hasta entonces regente, pero también los llevó a iniciar una serie de importantes inversiones inmobiliarias y financieras en Francia, con la ayuda de un capital privado acumulado ya muy considerable. De hecho, cuando en julio de 1854 su palacio de las Rejas en Madrid fue pasto de las llamas por una multitud, que culpaba a la pareja de la mayor parte de los problemas políticos del país, la pérdida patrimonial fue mínima sobre el papel, aunque desde entonces fue sufriendo recortes continuos. En todo caso, al volver a abandonar España, un mes después de la Vicalvarada, la antigua regente y su familia convirtieron Francia en su hogar prácticamente permanente para las décadas siguientes. Desde entonces, la situación de privilegio de la familia Muñoz-Borbón fue menguando.

A partir de esas premisas, es difícil ahorrar calificativos a la actitud de la reina gobernadora y su segundo esposo, que confundieron continuamente su esfera pública con la privada. No obstante, en este trabajo vamos a intentar abstraernos de las valoraciones éticas para centrarnos en las cuestiones estrictamente crematísticas.

En suma, este artículo pretende dar un panorama general del complejo y prácticamente inexplorado universo de los negocios desarrollados por la real pareja como consecuencia de su cercanía al poder y hacer una cuantificación de la fortuna que amasaron en cada momento. Hasta la fecha, solo disponemos de estudios que analizan aspectos parciales de sus negocios privados, como los de Otazu, López-Morell, Fontana, Bahamonde y Cayuela, Piqueras o Saiz 2. Como resumen de actividades económicas de los Muñoces tenemos las visiones generales de María Ángeles Casado y Juan Pro 3, aunque solo para la década moderada este último. Ninguno de ellos hace ninguna cuantificación ni sistematización ni del patrimonio ni de sus negocios. Por lo demás, la lista de obras que abordan el asunto sin aportar más que noticias de prensa y testimonios indirectos de la época es inabarcable y cualquier monografía o manual del siglo xix español que se precie aborda el tema, aunque siempre desde una perspectiva política y sin analizarlo ni describirlo en profundidad desde un punto de vista histórico económico.

Sin embargo, la recuperación del archivo de la reina gobernadora, depositado en el Archivo Histórico Nacional, nos concede una fuente directa y prácticamente ilimitada para analizar con rigor esta realidad 4. Unos fondos que, con el complemento del Archivo del Palacio Real de Madrid, nos permiten tener una base documental más que suficiente para poder alcanzar los objetivos que vamos a referir a continuación.

Por consiguiente, en este trabajo vamos a responder, con base en estas fuentes, las siguientes preguntas: ¿de dónde procedían las rentas e ingresos con los que contaron María Cristina y su segundo marido?, ¿en qué sectores y actividades centraron sus inversiones?, ¿cuáles fueron sus socios e intermediarios principales? Esta intensa actividad económica ¿fue en su totalidad fruto de la cercanía al poder y el ejercicio de la corrupción administrativa o podemos encontrar ejemplos de iniciativas emprendedoras del matrimonio Muñoz? O ambas cosas, puesto que no tienen por qué ser incompatibles. Por otra parte, analizaremos y cuantificaremos la evolución de su patrimonio en las distintas fases de su vida y cuál fue el saldo después de cuatro décadas de ejercicio y cercanía al poder.

Se trataría, por tanto, de analizar los elementos que convierten al matrimonio Muñoz en un referente de elite extractiva, en tanto que pusieron su propio bienestar frente al interés general y concentraron a su alrededor un grupo estrecho de cercanos, con los que ejercitaron el poder con el fin de obtener rentas extraordinarias, detrayendo riqueza de la ciudadanía y las instituciones públicas en beneficio propio 5. Este ejercicio de la corrupción, aplicado al siglo xix español, ha merecido importantes avances en los últimos años 6, así como otras aportaciones específicas para el caso de la monarquía, como objeto directo de la corrupción 7 o que analizan la disputa por los límites entre el patrimonio público y privado de los monarcas 8. No obstante, en todos los casos se repite la dificultad en cuantificar el monto de los beneficios económicos de la corrupción para su ejercientes. Por otra parte, veremos que los Muñoces son también un ejemplo superlativo de decadencia de elites dirigentes, con dinámicas muy parecidas a las que analizó Artola Blanco 9 en su trabajo sobre las clases altas españolas, en tanto que fueron incapaces de generar un entramado patrimonial y empresarial perdurable en el largo plazo, una vez que han perdido el monopolio del ejercicio del poder político.

Con el objeto de dar respuesta a todos estos interrogantes estructuraremos este trabajo de manera cronológica. Por consiguiente, en un primer apartado abordaremos los inicios de la construcción patrimonial de María Cristina, en el momento de enviudar y adquirir la condición de regente de España por la minoría de edad de su hija Isabel. En segundo lugar, describiremos y analizaremos el surgimiento de un círculo de negocios que la familia Muñoz creó alrededor suyo, dentro y fuera de la camarilla de palacio y, muy especialmente, entre miembros destacados del partido moderado. A continuación, haremos una descripción de la composición del patrimonio y los negocios en los que se involucraron, cuantificando el activo total en su momento de máximo esplendor, a mediados de los años cuarenta; para concluir con un apartado final dedicado a su época en el exilio hasta la muerte de Muñoz (1873) y la propia María Cristina (1878), con un análisis de sus testamentarías, que representarían el fin y cierre de cuatro décadas de acumulación patrimonial y el balance neto de los logros y fracasos materiales tras una vida en común.

Los orígenes de la fortuna privada de María Cristina: la herencia de Fernando VII y los emolumentos de la regencia

El punto de partida del patrimonio de María Cristina podemos situarlo en la testamentaría de Fernando VII, cuyos trabajos de cuantificación se plasmaron en un extenso inventario de dos tomos 10. Este documento detalla la necesaria valoración, en términos monetarios, de la herencia privativa de Fernando VII de cara a la partición entre sus legítimos herederos: sus dos hijas y la viuda. No obstante, nos consta que, antes de enviudar, María Cristina ya había recibido de su marido en propiedad la Real Quinta de Quitapesares, en Segovia, y la Real Posesión de Vista Alegre, en Carabanchel 11.

Los cálculos de la testamentaría dieron un resultado de 152.838.930 reales, de los que 28,8 millones de reales se adjudicaron a María Cristina, fundamentalmente como quinto de libre disposición, y 56,2 millones para Isabel y otros tantos para Luisa Fernanda. Juntas, estas dos cantidades darían un total 141,3 millones de reales. Por tanto, restaría hasta los 152 millones un residuo de 11,4 millones de partidas aún no inventariables o partibles, que supondría una deuda de la testamentaría para con las tres herederas y que debía abonarse en el futuro 12. No obstante, como veremos más adelante, estas cuentas no estuvieron claras y hubo que revisarlas en profundidad.

Por otra parte, Fernando VII aseguró una pensión vitalicia a su viuda de 12 millones de reales anuales, además de otros 28 millones para la reina heredera y 12 millones para el mantenimiento de los Reales Sitios. Esto último suponía que tanto la reina madre como sus hijas podrían disponer, sin menoscabo de sus asignaciones, de todos los palacios de la Corona española.

En primera instancia, este dinero debía salir del presupuesto del Estado, por aquel entonces en precario, en plena guerra carlista y sin una organización moderna de cuentas. De hecho, la insuficiencia de ingresos era tan mala que el ministro de Hacienda, Toreno, rogó a María Cristina que se redujera la asignación a la familia real en proporción a la que había acordado para los sueldos de los empleados del Estado. Esta misiva sirvió para que la regente dejara claro a su ministro dos cuestiones: que su asignación no debía tocarse (si acaso la de su hija mayor) y que en lo venidero debía quedar bien definida la distinción entre ambas partidas 13.

La solución para cubrir el presupuesto de la Casa Real, sin embargo, vendría de una manera indirecta, cuando en 1838 el Consejo de Ministros decidió que la consignación se vincularía a las rentas de los impuestos en Cuba, las llamadas Cajas de La Habana. Fue entonces cuando María Cristina decidió cobrarlas a través de la casa Rothschild, como explicaremos más adelante. En total, María Cristina percibió por este concepto 120.932.864 reales entre 1833 y 1854 14, más aproximadamente otros 39 millones entre 1856 y 1868 15, a lo que la comisión de investigación parlamentaria de 1856 sumaría 8 millones más recibidos en 1833 de la extinguida Real Caja de Amortización y otros 140.000 reales en 1834 de la Dirección General de Loterías 16. En definitiva, sumadas estas cifras a las cantidades percibidas de la testamentaría, es decir 28.811.546,80 reales, nos daría un total percibido de 196.884.410 reales como caudal privativo acumulado bruto de sus retribuciones institucionales desde 1833 a 1868, a la que luego habrá que restar un arreglo sobre la testamentaría con sus hijas que detallaremos 17. Todo lo que fuera más allá de esa cifra se supone que fue fruto de las inversiones y especulaciones de la pareja. Unas actividades que, como veremos a continuación, casi nunca fueron transparentes.

El círculo de los negocios de María Cristina y Muñoz

Nada más iniciar su periodo de regencia María Cristina fue tomando decisiones y posicionándose para alternar sus responsabilidades políticas con sus negocios privados. La primera guerra carlista, las emisiones y arreglos de la deuda pública para pagarla y el proceso desamortizador, reiniciado por Mendizábal, crearon una coyuntura propicia para generar fortunas rápidas y opacas en la que el matrimonio Muñoz-Borbón se movió con soltura con un reducido grupo de socios. Es difícil destacar cuál es el momento preciso de inicio de esos negocios y si la iniciativa partió de la propia regente o se dejó llevar por las propuestas que le fueron llegando. Es posible, incluso, que algunos negocios nunca trascendieran, por fracasados o por justificarse en otros, pero lo que es evidente es que fueron creciendo con el paso de los años y que eclosionaron con fuerza a partir de la vuelta de su exilio y su matrimonio oficial, en 1844; aunque hubo antecedentes importantes.

Entre sus primeros socios de los que se tiene constancia estuvieron los Rothschild, por aquel entonces consolidados como la mayor y más influyente red financiera de Europa, muy especializada en atender a monarquías. En la primavera de 1834 María Cristina había mandado a París y Londres al marqués de Miraflores, para conseguir fondos y apoyo político explícito a las aspiraciones de Isabel de Borbón como legítima heredera de la corona de España, frente al infante don Carlos. Miraflores se reunió consecutivamente con James de Rothschild, en París, y con su hermano Nathan, en Londres, con los que firmó un acuerdo por el que la familia de banqueros prestó inmediatamente 15 millones de francos al tesoro español, se les declaraba banqueros del reino de España y se comprometían a emitir un empréstito en cuanto las siguientes Cortes discutieran el reconocimiento de la deuda del Trienio. El trato, sin embargo, fue rechazado por el ministro de Hacienda, Imaz, que dimitió de inmediato, dando paso en julio al conde de Toreno, que no solo suspendió el acuerdo con los Rothschild, sino que firmó uno alternativo con el banquero francés Ardoin.

El desplante del Gobierno liberal obligó a Nathan Rothschild a mandar a su primogénito Lionel a Madrid, donde estuvo medio año negociando la devolución del dinero adelantado y, sobre todo, un nuevo acuerdo para hacerse cargo de la emisión del empréstito que necesitaba el Gobierno español en el extranjero y, lo que más le interesaba, hacerse con la contrata de venta en exclusiva del mercurio de las minas estatales de Almadén, que ya controlaban a través de terceros desde 1832, y, a ser posible, los contratos del Estado para el tabaco de Cuba. Esto último fue imposible, pero sí todo lo demás, en lo que medió un soborno al conde de Toreno de 1,3 millones de francos y una aportación poco clara a la lista civil de la reina de entre 2 y 6 millones de reales 18, que fueron muy efectivos, puesto que los Rothschild se llevaron en febrero de 1835 la contrata del mercurio, en una subasta llena de irregularidades. Pero la relación con ellos no terminó ahí. Desde entonces, Daniel Weisweiller, el agente que Lionel dejó al cargo de sus asuntos en España al irse, no tardó en entenderse con Manuel Gaviria, tesorero de la Casa Real y encargado del real bolsillo secreto de la regente. En suma, la persona en la que María Cristina puso toda su confianza en materias económicas. Gaviria, en este caso, trabajó para salvaguardar los intereses de la regente y los suyos como banquero particular, intentando sacar partido de las apreturas financieras del Gobierno.

Nos consta que en enero de 1837 Weisweiller acordó con Gaviria adelantar 3 millones de reales a partes iguales a la Tesorería General de la Casa Real, a cobrar sobre libranzas de Filipinas, La Habana y Puerto Rico 19. Esta operación es importante, porque fue el preludio de operaciones de mayor calado: en julio, Gaviria encargaría a los Rothschild el adelanto de libranzas pendientes de María Cristina e Isabel por 17,3 millones de reales; y, sucesivamente, les fue contratando las de 1838, 1839 y 1840 20. Es decir, lo que fue una operación puntual con Cuba, para asegurar el pago de las pensiones reales, se terminó convirtiendo en la forma de pago del Gobierno a la Corona, con dos salvedades importantes: la regente y sus hijas cobraban sus libranzas con solo seis meses de retraso, frente a los dos años de retardo mínimo de otros prestamistas o el propio Tesoro español, y lo hacían con premio, ya que María Cristina exigió cobrar en pesos de plata, y no reales de vellón, por lo que obtuvo una plusvalía considerable por el cambio 21. El papel de los Rothschild era crucial, puesto que adelantaban liquidez, con un descuento a su favor entre el 15 y el 20 por 100, que compartieron con Gaviria, mientras se beneficiaban de las facilidades de cobro de la Casa Real, para esta y otras operaciones en Cuba.

A partir de ese momento, se inició una relación de intereses mutuos que duró dos décadas, en las que María Cristina y los Rothschild pusieron en marcha toda su capacidad de influencia para facilitar este y otros negocios. De esta manera, a pesar del escándalo que se formó al saberse los manejos en la subasta del mercurio de 1835, los Rothschild aseguraron la contrata en 1838 y en 1843, hasta 1847, con la ayuda de la regente y su tesorero. Nos consta, de hecho, que tras la subasta de 1838 los Rothschild traspasaron a Gaviria un 25 por 100 de los beneficios del negocio, de los que este pasó un 5 por 100 a Agustín Muñoz 22. A esta cifra se sumaría después otro 20 por 100. De manera que las comisiones sobre las ventas de mercurio pasaron a ser una de las partidas más importantes de ingresos irregulares de los Muñoces durante la siguiente década 23, como muestra la siguiente tabla:

Tabla 1
Cantidades anuales donde aparece el concepto «Azogues» (mercurio) en el activo de los balances de Muñoz y María Cristina (reales)

Nombre de la cuenta:	1842	1844	1845	1847	1849
Azogue C/ Rothschild	5.430.861			13.809.998
Azogue C/ Gaviria			-3.028.632	2.657.752
Azogues			3.741.911
Azogues con Salamanca		5.828.794	9.178.664		4.861.806
M 20% de Azogues		5.430.861

Fuente: AHN, DTF, 3540, leg. 4, exp. 19.

Más allá de estas operaciones, Muñoz diversificó sus contactos financieros en el extranjero, sobre todo en Londres, aunque allí fue Federico Huth, y no los Rothschild, quien gestionó sus primeras inversiones en bolsa, al menos desde 1835, con valores norteamericanos 24. No obstante, no se conocen más operaciones suyas hasta 1840. Sí inmediatamente después, puesto que María Cristina y Muñoz, ya en su primer exilio de 1841-1844, comenzaron una creciente actividad como prestamistas ocasionales de las elites españolas, en una época en la que pusieron todo su empeño en levantar una oposición fuerte desde París al Gobierno de Espartero. Su lista de prestatarios era escueta y se ciñó a José Orive, José María Eguía, Manuel Esteban, Manuel de Rosales, Jonys Chonbu, Segovia, ­Peyrolo, Escosura o incluso Weisweiller 25, pero fue creciendo significativamente en los años siguientes.

También en el exilio, además de su labor conspiratoria, Muñoz comenzó a hacer compras de deuda pública francesa y realizó la que fue su mayor inversión: La Société des anciennes salines domaniales de l’Est, que comprendía las salinas de Montmorot, Salins y Arc-et-Senans, compradas en subasta tras la privatización del ­monopolio del Estado francés en 1843 26 a través de Jean-­Marie Grimaldi.

Este último será una figura importante en el entramado de negocios de la familia Muñoz, al actuar como socio, apoderado y hombre de paja suyo tanto en España como en Francia en los años siguientes, en los que se desmarcaron de Gaviria. Grimaldi fue un empresario teatral, instalado en Madrid desde 1823, que regresó a Francia en 1840. Desde entonces aparece en la mayor parte de los negocios de Muñoz. No es el único, pero sí el más importante testaferro de la familia, al que podemos sumar a José, el hermano de Muñoz, conde de Retamoso, o al banquero Nazario Carriquiri. Todos actuaron coordinados siempre por el propio Muñoz o Antonio María Rubio, el secretario personal de María Cristina, con la continua asesoría jurídica de Manuel Cortina.

El hecho es que, cuando en 1844 la pareja volvió a España, Muñoz tomó un papel cada vez más activo en el entorno de los negocios públicos y privados, como destacaron Burdiel y Pro 27. El listado de socios en esta segunda etapa fue largo y entre sus socios, aparte del mencionado Gaviria, destacaron los comerciantes banqueros Jaime Ceriola, José Salamanca, José Buschental, Nazario Carriquiri y Gaspar de Remisa, que se cruzaron en muchos casos en negocios de deuda, ferrocarriles, obras públicas y préstamos a terceros y entre los que no faltaban vinculaciones familiares 28. Fue entonces cuando Fernando Muñoz comenzó a adoptar como pseudónimo en los negocios el nombre de Agustín Sánchez.

Con Salamanca hicieron una serie de especulaciones en la bolsa de París, en la que colocaron 130 millones reales nominales de deuda española al 3 por 100 a través de los Rothschild, en 1845, aprovechándose del cambio y de la diferencia de cotización entre las dos plazas 29. Pero Salamanca arrastró a los Muñoces a más negocios. Como ya hemos indicado, compartieron con él la comisión del mercurio desde 1843 y, aunque no se incorporaron como socios en primera instancia a su Ferrocarril de Madrid a Aranjuez, sí lo apoyaron indirectamente con financiación a crédito y accediendo a que la Corona cediera gratis los terrenos suyos por los que pasaba el ferrocarril 30 y tomara una importante participación accionarial. El proyecto, sin embargo, fue un desastre que obligó a Salamanca a endeudarse con el Banco de Isabel II, que había creado con Carriquiri y Joaquín Fagoaga en 1844, en plena explosión especulativa, y luego con el Banco de San Fernando, además de ceder parte de su colección de arte a la Corona a cambio de sus acciones 31; lo que no evitó la paralización temporal del proyecto.

Sí tenemos amplia información de las inversiones ferroviarias y mineras de Muñoz en Asturias. Un proyecto que surgió en 1842 con la compra a los herederos de Alejandro Aguado de sus activos mineros en la cuenca carbonífera de Langreo 32. La idea de Muñoz, asociado en primera instancia con Carriquiri y Bertrán de Lis y en segunda con Grimaldi y León Lillo, era construir una línea ferroviaria desde Langreo a Gijón para rentabilizar sus pozos y los de las minas colindantes. Para ello estableció en 1846 la Compañía del Ferrocarril de Langreo, en la que inicialmente colocaron 800.000 reales 33 sobre un capital de 40 millones; aunque en la memoria de 1860 consta el conde de Retamoso con 6.473 acciones de las 13.483 acciones emitidas de la sociedad 34, que inauguró la línea en 1852.

También son bien conocidas sus inversiones en la Compañía de Canalización del Ebro y las obras del Puerto de Valencia. La primera es realmente una iniciativa de intermediación de Grimaldi, que arrastró en 1852 a un grupo internacional para organizar y desarrollar las infraestructuras de regadíos en el delta del Ebro, entre ellos a Riansares y Retamoso 35. Para las obras del puerto de Valencia, que se concedieron en 1851 a Carriquiri, parece que hubo un apoyo político de Muñoz para cerrar el contrato en su incumplimiento, ya que la aportación financiera fue menor 36.

Donde sí puso mucho empeño Muñoz fue en la isla de Cuba. Allí su contacto fue Antonio Parejo, que había sido administrador de rentas de Cuba de la Casa Real en Madrid en 1840 37, con el que formó en 1844 una sociedad con el nombre de Agustín Sánchez y Cía. y un capital inicial de 2.500.000 reales. Desde Cuba, Parejo actuó como socio y apoderado de la empresa en el negocio del azúcar y el tráfico de esclavos 38, que debió ser muy boyante, habida cuenta de que, al liquidarse la sociedad en 1849 había incrementado su activo hasta los 22,1 millones de reales, de los que 14,06 correspondían a Riansares 39.

Composición del patrimonio e inversiones de la familia Muñoz, en su punto álgido

Hecha esta visión general, necesariamente esquemática, de las principales actividades económicas desarrolladas por la familia Muñoz, el archivo de María Cristina nos permite hacer un acercamiento más sistemático de la cronología de los negocios y su cuantificación, que se hace especialmente prolija en la década de los años cuarenta. El gráfico 1 establece un recorrido por esos años, que son los más boyantes desde el punto de vista financiero y los únicos de los que se conservan balances completos.

Como puede observarse, el balance neto del patrimonio es muy elevado para los cánones de la época. Es ascendente hasta 1845, donde alcanza su máximo de 48.235.085,98 francos (o 183.751.560,04 reales) 40, para comenzar a declinar desde entonces, pero siempre en unos guarismos importantísimos. Llama la atención el incremento entre 1842 y 1843 de más de 40 millones de reales, del que no tenemos explicación, habida cuenta que la pensión de María Cristina no se modificó y, de hecho, dejaron de recibirla hasta 1845. Precisamente nos consta que, en 1843, Grimaldi, en nombre de María Cristina, estaba haciendo cuantiosas inversiones en las mencionadas salinas del Estado francés. No tenemos balances patrimoniales para 1846 y 1848, pero los años siguientes el activo ya había tomado una tendencia declinante, que se confirma en las informaciones posteriores. No olvidemos a este respecto el contexto de crisis económica de 1846-1848 y el fracaso concatenado de las operaciones que se llevaron por delante a muchos socios de Muñoz, que murieron (Remisa), se arruinaron (Fagoaga) o huyeron de España (Salamanca, exilado hasta 1849) 41.

Gráfico 1
Patrimonio neto de la familia Muñoz-Borbón (reales)

Fuente: Calculado a partir de diversos balances en AHN, DTF, 3540, leg. 4, exp. 19.

De todos los balances del patrimonio de la familia Muñoz, el de 1847 es el que está mejor sistematizado, permitiéndonos hacer una mejor radiografía del momento y concretar algunos elementos del balance de la pareja. En total, cuantificaba un activo bruto de 178.876.992 reales (véase la tabla 2), frente a un pasivo de 15.883.199, lo que nos da un balance neto increíblemente saneado de 162.993.793 reales, tal y como aparece reflejado en el grafico 1. En el resto de los años señalados las diferencias entre activo y pasivo son similares.

Analizando las partidas agrupadas de la tabla 2 destaca sobremanera, en primer lugar, la voluntad de Muñoz por mover el dinero familiar: la cantidad depositada en bancos no llega al 6 por 100 del total patrimonial y la mayor parte del activo está colocado en cuentas muy diversificadas (93 en total). Desde luego, el bloque más llamativo, por llevarse casi la mitad del patrimonio, es el de «Imposiciones y empresas Industriales», que abarcan inversiones muy variadas. La más importante es una cartera de inversiones de nueve valores norteamericanos, que suman 47.521.922 reales, destacando los bonos de Misisipi y del Banco de los Estados Unidos, además de las mencionadas Salinas de l’Est por 6.773.016,6 francos (25.801.807 reales), la mayor individual del balance, y los 8.000,000 reales en la firma Parejo y Cía. de Cuba. Aparte de estas, la mayor inversión en este apartado en España es la fábrica de Vila y Subira, de Reus, con 2.706.483 reales. Aparecen también 779.700 reales en «empresas literarias» e inversiones menores en las sociedades: Navegación del Tajo, Banco de La Unión, La Alianza, La Peninsular, La España Industrial, Nueva Barcelona, Aurora o Guadalquivir.

Las inversiones mineras están concentradas en Asturias, valoradas en 4.072.554 reales, aunque hay participaciones menores en Guadalajara y la sierra de Almagrera. En cuanto a las inversiones ferroviarias, no son cuantiosas y se centran en cinco sociedades francesas, valoradas en 402.361,25 francos (1.532.805 reales), y cuatro en España por 1.188.667 reales. Sin embargo, la mayor inversión ferroviaria individual son los 1.200.000 reales puestos en un ferrocarril minero en Cuba.

Por otra parte, el concepto «rentas y fondos», la segunda en importancia, aglutina fundamentalmente las cuentas del mercurio que hemos mencionado (que suman 16.469.598 reales) y la cartera de deuda pública española (en total 18.878.176 reales) 42. En cuanto a los préstamos, se contabilizan 22 en total, siendo los más importantes los cedidos al francés Paul Revier (6.419.048 reales) y los 6.755.000 reales a diversos personajes de La Habana. En esta ocasión, los préstamos a españoles en la Península son minoritarios.

Tabla 2
Balances de cuentas del patrimonio del Duque de Riánsares, a 1 de septiembre de 1847

	Subtotales (reales)	Porcentaje
Bancos y cuentas a interés	10.637.165	5,95
Imposiciones y empresas Industriales	86.716.480	48,48
Minas	4.891.679	2,73
Ferrocarriles	3.923.990	2,19
Rentas y fondos Propios	35.455.343	19,82
Préstamos	22.785.769	12,74
Posesiones	9.759.871	5,46
Otros	4.706.696	2,63
Total	178.876.992	100,00

Fuente: AHN, DTF, 3540, leg. 4, exp. 19.

Destaca, por ser relativamente modesta sobre el conjunto, la partida inmobiliaria («posesiones»), que no representan más que un 5,46 por 100 del balance, a pesar de lo opulento de este patrimonio. Aquí encontramos los palacios de la Malmaison, la antigua residencia de Josefina y Napoleón, adquirido en 1842, y el opulento edificio de los números 24-28 de la rue de Courcelles, ambos en París 43, valorados en 553.694 (2.109.310 reales) y 743.129 francos (2.830.968,76 reales), respectivamente. Por otra parte, aparecen agregados como «Edificios en Madrid» varios inmuebles entre los que, suponemos, debe estar incluido el palacio de la Rejas, por un valor de 2.760.010,14 reales. Se suman a estas otras edificaciones en Tarancón, Riánsares y el Señorío de Castillejo.

Finalmente, hemos incluido como «Otros» dos partidas que tienen su importancia en ese preciso instante y que están separadas en el balance: la primera sería el empréstito para financiar la expedición Flores a Ecuador, que comentaremos más adelante, por 2.319.744 reales, y otra de 2.386.982 reales correspondiente a «buques en Londres», supuestamente para cubrir esa expedición o las actividades de tráfico negrero que mencionamos.

La decadencia del patrimonio los Muñoces, 1854-1878

Como ya hemos destacado, a partir de 1845 la tendencia en el patrimonio neto de la familia Muñoz es continuamente a la baja y se tornó depresiva desde 1854. No fueron años buenos para ellos. La concatenación de varias operaciones fallidas, no pocos despilfarros y el nivel de creciente impopularidad de María Cristina, a la que se acusó, con razón, de numerosos actos de cohecho activo en favor de los negocios de su marido, desembocaron en el violento asalto al palacio de la Rejas, en julio de 1854. Al abandonar España, un mes más tarde, sus bienes en España se confiscaron 44 y, aunque recuperaron al poco su control, a partir de entonces podemos hablar claramente de decadencia de la familia, tanto en lo político como en lo económico.

Una referencia importante para conocer el punto de vista de los contemporáneos fue la comisión de investigación parlamentaria que el Gobierno progresista organizó para indagar sobre el conjunto de irregularidades que había acumulado María Cristina y su segunda familia desde 1833.

En el informe final de la comisión, que presentó sus conclusiones al Congreso de los Diputados el 5 de junio de 1856 45, se distinguían aquellas actividades que habían afectado al patrimonio de la familia real, deslindando las que estaban vinculadas a activos de la Corona de las que suponían caudal privativo, por actividades, que se habían realizado en el ámbito público o privado; destacando especialmente aquellas en las que había podido existir tráfico de influencias, información privilegiada o corrupción administrativa en todas sus vertientes.

Con respecto a las primeras, el dictamen acusaba a María Cristina de haber inflado en 70-80 millones de reales la testamentaría de Fernando VII para poder agrandar artificialmente el quinto de libre disposición que le correspondía como viuda; al incluir activos que ni ella ni sus dos hijas mayores podrían tomar, por ser parte de las colecciones reales. La comisión insistía en el desorden y obscurantismo de la documentación de palacio, que había sido sustraída en parte. Por otra parte, se le acusaba de haberse quedado con buena parte de las joyas del patrimonio real, tras la desaparición interesada en 1840 del inventario de alhajas, que la regente había intentado ocultar con una supuesta desaparición en tiempos de José I; y, por último, se evidenciaba la franca ilegalidad del matrimonio morganático de la regente con Muñoz de 1833, que en puridad tendría que haberle apartado de sus prerrogativas políticas y privado de la pensión que había recibido hasta la fecha.

Por otra parte, en el ámbito de los negocios vinculados a concesiones o contratos públicos, en los que su influencia sobre el Gobierno habría sido decisiva para conseguir prebendas, los miembros de la comisión reconocían que era imposible indagar sobre la mayor parte de los negocios en los que hubieran podido participar, directa o indirectamente. Aunque destacaron algunos.

Significativamente, se señalaba, en primer lugar, el absurdo intento de los Muñoces de colocar a uno de sus hijos como rey de Ecuador entre 1846-1847, con el apoyo del general Flores, expresidente del país en el exilio. Se detallan extensamente las operaciones de captación de fondos 46 y de tropas reclutadas en el ejército español, para montar una expedición que tomara por la fuerza el poder e instaurar una nueva dinastía allí, con el apoyo disimulado de algunos miembros del Gobierno. Unos planes que se frustraron cuando ya estaba la expedición preparada para partir desde Santander. A continuación, se mencionaban, sin apenas aportar datos, la participación de los Muñoces en los ferrocarriles de Madrid-Aranjuez y el de Langreo, las obras del puerto de Valencia y la Compañía del Ebro. Sin embargo, la comisión solo pudo demostrar la participación accionarial de la familia en esta última.

Más allá de las conclusiones de la comisión, que María Cristina rebatió a través de sus abogados, lo importante serían las consecuencias que tuvo sobre asuntos pendientes. Muy especialmente, en el largo proceso de discusión, iniciado en 1844, para cerrar el espinoso tema de la herencia de Fernando VII, que fue clave para entender su caída patrimonial. Ya en esa fecha, otra comisión había dictaminado que María Cristina estaba obligada a devolver a sus hijas del primer matrimonio buena parte de los bienes reservables de la testamentaría, que se había quedado a su criterio. El dictamen, que no se hizo efectivo hasta noviembre de 1857 47, le obligó a devolverles 58.155.980 reales, en forma de alhajas (42.610.890 reales), metálico (4.000.000 reales) y el palacio de Vista Alegre (11.545.090 reales), que correspondió a María Luisa.

Si a esto añadimos que María Cristina y Muñoz tuvieron durante esos años continuas derramas por las dotes y herencias adelantadas a sus hijos, a los que dejaron un millón de francos a cada uno, en diversos valores, en 1855 (María de los Desamparados), 1856 (Milagros), 1860 (María Cristina) y 1861 (Fernando María), no es de extrañar que María Cristina tuviera que recurrir a recortes drásticos: en 1857 vendió a Napoleón III el lujoso hotel Courcelles y cuatro años más tarde al mismo el palacio de la Malmaison. A priori, parece que estamos ante una evidente pérdida de estatus material, pues en apenas un lustro se han desprendido de cuatro posesiones emblemáticas (las dos anteriores y los palacios madrileños de Vista Alegre y las Rejas), pero lo cierto es que la familia tuvo suficiente riñón financiero como para instalarse en el espacioso edificio del 78 de los Campos Elíseos 48, comprar en 1858 el Palazzo Albani de Roma y una casona de descanso en El Havre.

Mientras tanto, sus negocios fueron de mal en peor. En noviembre de 1853 Grimaldi firmó una garantía hipotecaria con Muñoz, para cubrir un crédito de 2.672.166 francos con el Crédit Mobilier sobre sus acciones de las salinas de l’Est 49. Esta operación no supuso desapego entre ambos, sino todo lo contrario, puesto que en los ocho años siguientes cerraron varios acuerdos juntos o con León Lillo, liquidando operaciones previas. En este caso, sabemos que terminaron vendiendo al Mobilier tanto las salinas como los intereses de los dos en la sociedad del Ebro. En ese momento, el Credit Mobilier había iniciado ya un programa inversor a gran escala en España y Muñoz, Grimaldi y Lillo les ofertaron también la compra de todos sus intereses mineros y ferroviarios en Asturias. Sin embargo, este acuerdo no pudo concluirse, como consecuencia de los incumplimientos de Riánsares y sus socios, que terminaron en los juzgados. No obstante, sí sabemos que pudieron hacer caja en 1861, al vender al empresario francés Numa Ghuilou todos estos activos 50. La cifra de 9 millones de francos por la venta puede ser verosímil, pero es evidente que los Muñoces quedaron desde entonces fuera del negocio de las grandes líneas ferroviarias, que protagonizaron, precisamente, el Mobilier y sus antiguos socios los Rothschild 51.

La situación financiera debió de estrecharse aún más desde 1868, en su definitivo destierro, cuando María Cristina perdió su pensión para siempre. No tenemos cuentas detalladas del patrimonio familiar para esos años, pero sí sabemos que cuando el de Riánsares muere, en septiembre de 1873, su testamento deja en evidencia que la familia Muñoz llevaba quince años de actividad puramente rentista, a la vista del activo declarado en la partición de su herencia y los balances que hemos estudiado. Queda claro, por otro lado, el poco acierto a la hora de asegurar las inversiones, los fracasos de negocios sin continuidad y las mermas patrimoniales.

En conjunto, las cuentas de Fernando Muñoz al morir desvelan que el activo había bajado hasta los 70.201.643 reales, de los que 36.064.447 son créditos incobrables, con un pasivo pendiente de pago que alcanza los 10.864.102 reales. Es más, la lectura y desarrollo del testamento no deja lugar a dudas de que todo el caudal a su nombre pertenecía en exclusiva a su viuda, en tanto que la cantidad neta de esas cuentas no cubría los 134.741.233 reales que había aportado María Cristina al matrimonio oficial entre ambos, por lo que hacían al difunto deudor de su viuda por 74.266.410 reales, por el resultado de las actividades económicas del periodo 1844-1873. Un punto que el resto de los herederos aceptaron explícitamente en el acta de lectura del testamento 52.

En suma, al fallecer María Cristina, cinco años más tarde, el 22 de agosto de 1878 en El Havre, la situación patrimonial no había mejorado, sino todo lo contrario, ya que había menguado hasta los 39.047.544 reales, a repartir entre sus herederos. Sin embargo, el testamento no se pudo hacer efectivo hasta doce años más tarde, por el pleito que sostuvo con la testamentaría el viudo de María de los Desamparados. Tras ese lapsus, el activo se había apuntado una ganancia de 4.280.991 reales.

El resumen del inventario, que se expone en la tabla 3, deja en evidencia el hundimiento de todas las partidas, salvo la de metálico, que ahora es sintomáticamente la mayor. El conjunto del balance, comparado con los que presentamos en el gráfico 1, sería entre tres y cinco veces inferior, los valores industriales, apenas una octava de lo que fueron a mediados de la década de los cuarenta y los derechos de pago y los créditos apenas una quinta parte. En gran medida, como ya vimos, por la larga lista de impagos y de acciones que habían perdido su valor. Los inmuebles que aparecen son difícilmente realizables, como el solar del antiguo palacio de las Rejas, el palacio «El Deleite» de Aranjuez, la posesión de Castillejo o la casa palacio de Tarancón. Como puede observarse, el apartado joyas es puramente simbólico, en relación con lo visto anteriormente.

En la partición de estos bienes dejó a sus dos hijas del primer matrimonio todo lo que recibió de Fernando VII y tenía calidad de reservable. En concreto, Isabel II recibe por su hijuela 4.395.223 reales y María Luisa más, 7.731.166 reales, puesto que a la primera se le habían detraído pagos anteriores de una deuda pendiente desde 1848 con Riánsares. A los demás hijos, sus viudas y viudos, fruto de su matrimonio con Muñoz hace numerosas salvaguardas y mejoras y les reparte un total de 18.650.505 reales, descontando gastos y el dinero adelantado a cada uno en el pasado.

Tabla 3
Estado del patrimonio en 1894 de los activos de la testamentaría de María Cristina de Borbón (reales)

Dinero en metálico	14.162.452
Efectos públicos y valores comerciales e industriales	10.819.486
Alhajas y objetos de culto	51.326
Animales	40.400
Frutos	85.445
Muebles	389.157
Inmuebles	7.212.922
Derechos y acciones (incluye créditos)	10.557.708
Total	43.318.895

Fuente: APR, Administración General, leg. 1160, exp. 4.

Pero el balance, visto lo visto, fue más bien pobre para un proceso de acumulación tan notable en los años previos. Un cálculo burdo de la evolución patrimonial de María Cristina nos daría que, partiendo de una fortuna de 196.884.410 reales, como indicamos al principio, de la que podemos retraer los 58.155.980 reales que tuvieron que devolver por el arreglo de la herencia de Fernando VII, y que al final del periodo atesoraba un patrimonio neto de 39.047.544 reales, la familia Muñoz, bien sea por el gasto corriente, negocios fracasados, despilfarro, dotes y otros conceptos, habría dilapidado hasta 1878 una cifra que alcanzaría, como poco, los 99.680.885 reales.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo hemos intentado reconstruir las grandes líneas de la evolución patrimonial de María Cristina de Borbón y su segundo esposo, Fernando Muñoz. Una larga vida en común en la que desarrollaron una importantísima acumulación de capital, como fruto de la herencia de su primer marido, Fernando VII, la percepción de su pensión de viudedad durante treinta y cinco años y el desarrollo de inversiones muy diversificadas. Una actividad en la que se mezclaron iniciativas de fomento empresarial con otras de dudosa legalidad, íntimamente vinculadas a la búsqueda de rentas.

Este trabajo no abarca en toda su complejidad una intensa y variada vida económica de unos personajes que marcaron el proceso de modernización política española. Aunque sí nos ha permitido hacer una reconstrucción del conjunto del capital, en cada una de sus fases vitales en las que desarrollaron actividades en el ámbito de las finanzas, los ferrocarriles, la minería, la trata de esclavos, la especulación bursátil y la inversión inmobiliaria, entre otros ámbitos.

Se trataría, en cualquier caso, de un caso evidente de elite extractiva, puesto que la mayor parte de las actividades económicas se apoyaron en su cercanía al poder y al uso sistemático de la corrupción administrativa. Queda demostrado, por otra parte, que fue una estrategia errónea en el largo plazo, puesto que la pareja no mostró en ningún momento un plan coherente de inversiones ni la voluntad de dar continuidad a lo que fueron meras colocaciones de capital. Si a esto añadimos un tren de vida opulento, numerosos negocios fallidos y continuas mermas por dotes, acuerdos o consolidación patrimonial de sus herederos, nos encontramos con una reducción alarmante e inevitable de un patrimonio en las dos últimas décadas de vida de la pareja.

Por consiguiente, queda claro que desde el momento en que María Cristina dejó de percibir su pensión y menguó su influencia política, su negocios e inversiones entraron en franca decadencia y el matrimonio Muñoz-Borbón fue incapaz de rentabilizar el inmenso caudal que atesoraron. No obstante, a su muerte María Cristina fue capaz de legar un patrimonio considerable a todos sus hijos, pero, desde luego, no al nivel que ella pudo disfrutar en vida.

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