Ayer 119/2020 (3): 75-107
Sección: Dosier
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2020
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/119-2020-04
© Elías Pizarro Pizarro
© José Julián Soto Lara
Recibido: 05-09-2017 | Aceptado: 30-06-2018
Editado bajo licencia CC Attribution-NoDerivatives 4.0 License

La institución del Estado chileno en el sur peruano: Tacna y Arica, 1880-1929 *

Elías Pizarro Pizarro

Universidad de Tarapacá (Chile)
epizarro@uta.cl

José Julián Soto Lara

Universidad Bernardo O’Higgins (Chile)
jose.julian.soto@gmail.com

Resumen: En el marco de la guerra del Pacífico, Chile ocupó militarmente Tacna y Arica (1880). Tres años después, en común acuerdo con Perú, firmó el Tratado de Ancón adjudicándose la soberanía condicional de esos territorios, pues esta debía escogerse por los paisanos residentes ahí. No obstante, La Moneda coordinó en tiempo breve, gracias al papel de sus agentes, un proyecto político-social para «chilenizar» a los lugareños peruanos. La administración judicial y el uso de la tierra, el servicio militar y la escuela fueron tres campos de acción que demuestran la dificultosa institución del Estado chileno en el sur peruano.

Palabras clave: Chile, Perú, Estado, Tacna y Arica, «chilenización».

Abstract: Within the framework of the Pacific War, Chile occupied Tacna and Arica in 1880. Three years later, in mutual agreement with Peru, Chile signed the Treaty of Ancón, in which it assumed conditional sovereignty over these territories, even though this choice should have resided with the local peasants. Nevertheless in a short time, La Moneda coordinated, thanks to its agents, a socio-political project to «Chileanise» the local Peruvians. The administration of justice and land use, military service and the schools were three fields by which the Chilean state became instituted in southern Peru, a process that was not without difficulty.

Keywords: Chile, Peru, State, Tacna and Arica, «Chileanisation».

Introducción

Cuando el 14 de febrero de 1879 estalló la guerra del Pacífico entre Chile y la alianza militar compuesta por Perú y Bolivia, los estadistas de esos países no imaginaron sus consecuencias políticas. En los hechos, solo el gobierno chileno la experimentó dentro de los cánones de la gobernabilidad republicana. El presidente peruano Mariano Ignacio Prado y su par boliviano Hilarión Daza fueron destituidos en diciembre de ese año como consecuencia de las victorias chilenas.

Relacionado con esa imprevisibilidad, algo similar ocurrió con los territorios disputados. Si bien el teatro de la guerra en un comienzo fue la Provincia Litoral del Atacama (Bolivia), debido a su riqueza salitrera, pronto se extendió hacia escenarios insospechados. En los extremos, la guerra se realizó sobre el océano Pacífico Sur y Lima, ubicada a más de 2.400 kilómetros de Santiago. De esas operaciones navales y terrestres, la más importante, ateniéndose a los efectos geopolíticos, fue la campaña de Tacna y Arica.

En su curso, Chile, una vez conquistada la costa boliviana y el Tarapacá peruano, derrotó al ejército aliado en Tacna (26 de mayo de 1880) y Arica (7 de junio de 1880). Desde entonces organizó con eficacia la administración de ambas ciudades y de sus comarcas periféricas. La Moneda —sede del gobierno chileno— debió enfrentar un desafío político propio de las potencias que en aquellos momentos desarrollaban exploraciones y conquistas allende sus fronteras.

Por entonces, los principios políticos, económicos y culturales del liberalismo chileno se fundaban en su antagonismo al proteccionismo, apoyado en un evidente crecimiento económico 1 y en su disputa con la Iglesia católica 2. Por eso, desde el inicio de la ocupación de Tacna y Arica, los gobernantes pensaron que las ideas relativas al progreso económico y la libertad política serían fundamentales para modernizarlas 3. En efecto, el gobierno chileno se esforzó por restablecer el orden público. Este fue alcanzado con rapidez debido al shock comunitario experimentado por las batallas y las tropelías chilenas contrarias al ius gentium vigente en ese momento. El Estado chileno, como bien ha explicado McEvoy, experimentó una serie de transformaciones que hicieron más compleja su estructura y funcionamiento, al gobernar Lima desde Santiago de modo «transnacional» 4. Ello conllevó una «refundación republicana» 5. En ese proceso, diversos agentes del Estado debieron argumentar la forma de hacer la guerra echando mano de discursos civilizatorios y modernizantes que fundamentaran la expansión territorial. La prensa, por ejemplo, «dotó de sentido a una conflagración internacional que [...] trascendió los aspectos meramente económicos para convertirse en una cruzada por el honor y por la defensa de los valores de la civilización universal que Chile creía representar» 6. Ese país, al pensarse más moderno que Perú y Bolivia, representados en diversos formatos comunicativos como premodernos, bárbaros 7, afeminados y racialmente diversos 8, intentó construir su frontera norte a semejanza de sus paradigmas sociales. De todos modos, esa empresa no se efectuó en la nada, pues la administración «civilista» peruana había comenzado tiempo antes la ocupación efectiva de sus fronteras 9, después de superar las diversas interpretaciones del «republicanismo» 10.

En agosto de 1880, el jefe político y general en jefe del ejército de ocupación en Tacna y Arica puso en funcionamiento el servicio de administración de la justicia, decretando la creación de dos Juzgados de Letras. En materia civil se mantuvo el corpus legal peruano, mientras que en lo criminal se aplicaron las leyes chilenas 11. Las consecuencias de la ausencia de cuerpos de policía debieron atenuarse con patrullas militares que circularon por los espacios públicos controlando el comportamiento de la población peruana.

Mientras esto acontecía, desde Arica zarpaban hacia Lima divisiones del ejército chileno. En las cercanías de esa capital, Chile derrotó a las fuerzas peruanas en las batallas de Chorrillos y Miraflores. Desde entonces hasta la misma firma del Tratado de Ancón, la resistencia peruana se realizó en la sierra. Legalmente, ese tratado, firmado el 20 de octubre de 1883, cedió a perpetuidad la región de Tarapacá a Chile, pero entregó al mismo país solo por una década, Tacna y Arica. Ipso facto La Moneda instaló un ordenamiento administrativo apoyado en una rigurosa fiscalidad que se extendió hasta 1929 12, cuando el Tratado de Lima cedió Arica a Chile y Tacna a Perú.

La incoación chilenizadora

Por Ley de la República de Chile del 31 de octubre de 1884 (publicada en el Diario Oficial núm. 2261) se organizó política y administrativamente el territorio de Tacna y Arica, integrándose dentro de la jurisdicción chilena establecida por la Constitución de 1833. Así, la unidad político-administrativa fue denominada provincia de Tacna, incluyendo los departamentos de Tacna y Arica. La provincia estuvo a cargo de un intendente, subordinado a las órdenes directas del presidente. La sede de aquel se ubicó en la ciudad de Tacna. Cabe señalar que el departamento de Tacna no contó con gobernador, pero sí el de Arica. Con esta red burocrática concluyó la administración militar.

Algunos artículos de la ley citada señalaron que: «Los territorios de Tacna y Arica se considerarán como una provincia de la República, que llevará el nombre de Tacna [...] En la nueva provincia regirán las leyes chilenas y sus habitantes gozarán de las mismas garantías que la Constitución otorga a los del resto de la República [...] En cada uno de los departamentos de la provincia nombrará el presidente de la República tres alcaldes cada tres años, para que desempeñen en su departamento respectivo el cargo de tales con las atribuciones y obligaciones que expresa la ley del 24 de agosto de 1876» 13. Este cuerpo legal es considerado por la historiografía chilena y peruana el punto inicial de la «chilenización» 14.

Más tarde, los Decretos Supremos del 20 de enero y de 9 de mayo de 1885 dividieron los departamentos de Tacna y Arica en diez y seis subdelegaciones, respectivamente, con sus límites y numeración 15. El primer censo de población, realizado en 1885, contabilizó en el departamento de Tacna 20.315 habitantes y en el de Arica 9.208. Una década después la población del primero era de 16.519 habitantes y la del segundo de 7.641 16.

El Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública de Chile creó el cargo de notario para ambos departamentos y tres plazas para el cargo de procurador, según Decreto del 9 de diciembre de 1884. El notario de Tacna, Hermógenes Cordero, firmó una cantidad importante de documentos de venta de propiedades de ciudadanos peruanos que, a consecuencia de la guerra, decidieron vivir en otros lugares de su país. Para el caso ariqueño, donde el notario era Vicente Villalón, aún se desconoce cómo funcionó tal proceso. En un ámbito similar, por Decreto Supremo del 27 de mayo de 1885 se creó una plaza de martillero para la provincia, con residencia en Tacna.

Al poco tiempo de la creación de la provincia, intendente, gobernador y subdelegados iniciaron la labor patriótica de construir una soberanía desconocida por la población autóctona. En los centros urbanos, al parecer, la tarea representó menos problemas que en las comunidades ubicadas en las serranías y la puna. En ellas, el caciquismo y la corrupción hicieron necesario que, en reiteradas ocasiones, desde La Moneda se emitieran circulares dirigidas al personal administrativo solicitando una ética estricta y el respeto hacia las leyes. Del mismo modo se ordenó «que la moralidad pública vaya acompañada de la moralidad privada y sostenida por ella y que cada chileno quiera mostrar en su persona y en su hogar la altura moral que corresponde a las tradiciones de nuestro país» 17.

Tres campos de acción chilenizadora

Durante el gobierno de José Manuel Balmaceda (1886-1891), caracterizado por un vasto programa de obras públicas y sociales en beneficio de las clases populares 18, se consolidó la idea de «chilenizar» la provincia de Tacna. Años después, el diplomático y periodista Javier Vial Solar sostuvo que Balmaceda prometió iniciar «un plan de chilenización, llevando veinte mil hombres e invirtiendo en obras de carácter social» 19. Con el suicidio del presidente, en medio de la Guerra Civil de 1891, murió también su intención «chilenizadora» que renacería a comienzos del siglo xx.

El diario El Pacífico, creado en 1901 en reemplazo de El Norte y que, dependiendo del punto de vista historiográfico, representó en Tacna la «desperuanización» o la modernización de esa industria 20, explicó que ese proceso consistía «principalmente en la ejecución metódica y paulatina de las diversas medidas gubernamentales dictadas para conseguir ese fin» 21. Entre estas mencionó la facilitación del arraigo de familias chilenas en Tacna y Arica, la formación de núcleos de las mismas en espacios predominantemente peruanos, la protección al empresariado y comercio chileno, el estudio de obras de irrigación para desarrollar la agricultura y el ofrecimiento de buenas remuneraciones a los empleados públicos.

En teoría, las medidas gubernamentales buscaron concretar la hegemonía del Estado chileno en Tacna y Arica. Para López (1977), la «chilenización» intentaba crear en los habitantes una conciencia de «chilenidad» que asegurara una votación favorable al momento de realizarse el plebiscito 22. Raúl Palacios afirmó que Chile deseaba ganar la lealtad nacional de los peruanos mediante un gobierno eficiente y ofreciendo diversos servicios sociales que derivaron en métodos menos finos para controlar la provincia 23.

La propiedad de la tierra en el campo y las ciudades

El Estado chileno buscó legalizar la propiedad de la tierra en los valles, sierras y altiplano de Tacna y Arica desde finales del siglo xix. Esto se realizó por medio de protocolos jurídicos con la población local, pasando las tierras de suelo peruano a suelo chileno al reinscribirlas en los Conservadores de Bienes Raíces de Chile. En diversas ocasiones la resistencia a ese trámite derivó en propiedades indocumentadas, consideradas predios fiscales chilenos por la nueva administración. Como lo ha explicado Pizarro 24, los conflictos derivados por esa prescripción estatal han sido abordados poniendo de manifiesto su poder, pero también la resistencia ofrecida por las comunidades indígenas locales 25.

Un grupo de investigadores que sistematizó parte del Archivo de Bienes Nacionales de la actual región de Arica-Parinacota explicó que a fines del siglo xix los indígenas resignificaron y articularon la ley con la costumbre, lo que implicó «la emergencia y fortalecimiento de mecanismos sociales para restringir y/o limitar la detentación de la propiedad raíz» 26. Otros historiadores aseguran que la legalidad requerida por el Estado chileno se basó en una lógica contraria al régimen comunitario agrícola-ganadero tradicional de las tierras 27. La documentación revisada por ellos reveló que los administradores chilenos, posteriormente, arrendaron a privados los terrenos comunales. La comunidad de Putre, por ejemplo, tuvo dificultades legales para extraer de la tierra productos usados para su consumo y comercialización. La ausencia de documentación judicial «los obligó por años, hasta que obtuvieron títulos, a pagar arriendos al fisco chileno» 29.

Cuadro 1
Testadores y bienes

Fuente: Elaboración basada en testamentos de peruanos residentes en Arica 28.

En el departamento de Arica, entre 1885 y 1929, fue común que ciudadanos peruanos testaran ante notarios chilenos. En esos documentos refirieron bienes inmuebles que deseaban heredar. Los testadores formaban parte de una elite económica local. Su mayoría tuvo propiedades urbanas y rurales. Por mencionar algunos ejemplos: José Vicente Maturana declaró poseer dos sitios ubicados en la antigua ciudad peruana de Pisagua 30; Juana Santos García afirmó haber aportado a su matrimonio una casa ubicada en la calle Junín 31; Aniceto Martín Carrasco consignó dos haciendas en el valle de Azapa, además de poseer sitios en la ciudad 32. En la tabla de la página anterior se mencionan otros ejemplos de esa práctica testamentaria.

Los propietarios peruanos de bienes raíces fueron numerosos. Los datos de la tabla permiten inferir una diferenciación en la extensión y valor de los bienes, descritos en la notaría de Arica como cañaverales, casas, cuartos, chacras, corralones, fincas, fundos, haciendas, predios, sitios, sitios eriazos, terrenos, etc. En la mayoría de estos, salvo en las casas y cuartos, las labores productivas guardaron relación con la agricultura y la ganadería de autoabastecimiento y exportación hacia los centros urbanos cercanos, incluyendo los poblados salitreros de la provincia de Tarapacá. También es importante enfatizar que los testadores peruanos heredaron sus tierras a los miembros de su familia nuclear (hijos, esposo y esposa) o de su familia extensa (nietos, primos y sobrinos). Por tanto, es probable que los bienes inmuebles ubicados en los territorios administrados por el Estado chileno fuesen, por una generación

Imagen 1

Distribución espacial de bienes inmuebles y lugares
de nacimiento de ciudadanos peruanos en la provincia de Tacna

Fuente: Giancarlo Poli, analista SIG. Elaboración ad hoc, 2017.

más, potestad de personas con nacionalidad peruana. Lo anterior, como lo sugirió Castro para el caso tarapaqueño, permite reflexionar sobre el impacto de la chilenización del suelo en la «agencialidad endógena» de los actores locales para «defender la propiedad y el uso de sus recursos productivos» 33.

Un hito importante para la administración de Tacna y Arica fue la promulgación de la Ley número 2207, de Colonización de Tacna (1909) 34. Esta contempló un conjunto de obras fiscales y de es­tímulo agrícola para incentivar que chilenos arribaran ahí. En rigor, la ley procuró «fomentar la creación de intereses permanentes chilenos en esa región, ya sea por medio de la adquisición de la tierra, ya sea por el desarrollo comercial e industrial» 35. Esta ley «era también una ley de modernización del territorio» 36.

Pasado el tiempo, en los años veinte el número de propietarios peruanos de bienes raíces aún era importante. Eso se desprende de varios expedientes criminales en los cuales los implicados en delitos debieron explicitar parte de sus propiedades. Por ejemplo, la peruana Jacinta Corvacho declaró tener «por mis bienes, la casa en que actualmente vivo» 37. El agricultor Luis Adrián Castro, nacido en Arequipa, quien visitó Arica en octubre de 1925 en el contexto de la organización plebiscitaria, aprovechó su estancia para dirigirse «al fundo de mi propiedad, denominado San Simón, ubicado en el valle de Azapa» 38. Por último, el peruano Manuel Cáceres, acusado de robar ornamentos de la iglesia de las Peñas, quien según la policía los ocultaba «en un terreno de su propiedad denominado Pubrisa» 39.

La conquista chilena de los bienes inmuebles peruanos no se había realizado completamente. Por esa razón, en Santiago se tematizó ese aspecto. Monseñor Rafael Edwards, en una entrevista publicada por El Ferrocarril de Arica, dijo: «En Azapa varias de las mejores propiedades son de chilenos [...]. En Lluta [...] casi el 50 por 100 del valle está en manos de un solo chileno, don Julio Fuenzalida, [otros propietarios son] su hermano don Nicolás, don César Acuña, el señor Núñez y don Francisco Lopehandía que puede presentar su hacienda como un verdadero modelo» 40.

De todos modos, el pío comentarista era consciente del deber estatal en la producción de la tierra, conditio sine qua non para la mantención «en nuestra frontera norte [de] una numerosa población agrícola chilena» 41. La propuesta del religioso tuvo seguidores en el Parlamento. En 1916 se discutieron allí una serie de medidas para desarrollar económicamente la provincia, las cuales fueron calificadas de insuficientes en la frontera norte. Debido a eso, la prensa comentó la urgencia de potenciar la economía procurando «que cada chileno sea propietario de un bien raíz, lo que no es cosa tan difícil como a primera vista parece» 42.

Por otro lado, La Crónica de Lima recordaba la situación problemática de sus paisanos sureños. Para sus editores, en algún momento los peruanos despojados de sus bienes tendrían que «comenzar su vía crucis por su reintegración a las tierras de que los despojó el usurpador, por la recuperación de sus propiedades y medios de subsistencia» 43. En fecha cercana, un diario ariqueño-chileno insertaba declaraciones prochilenas de peruanos en el valle de Azapa. Uno de ellos dijo: «Seríamos ingratos si desconociéramos que al amparo de la bandera chilena hubiésemos encontrado el menor tropiezo, la más ligera dificultad en el desarrollo de nuestras tareas agrícolas» 44.

El servicio militar

Para Chile la concientización juvenil en los valores patrios fue fundamental. En tal proceso, el servicio militar fue uno de los mecanismos más efectivos 45. Si bien, debido a la posguerra, Tacna y Arica fueron territorios militarizados, hasta 1900 no existieron tácticas chilenas legales para enrolar jóvenes dentro del ejército. La situación cambió cuando entró en vigencia la Ley número 1462, de Reclutas y Reemplazos del Ejército y la Armada. Sus artículos principales, para nuestros propósitos, prescribieron que: «Todos los chilenos de veinte a cuarenta y cinco años de edad, en estado de cargar armas, está obligados a servir en el Ejército de la República en la forma establecida en esta ley» 46.

A raíz de su aplicación, diversos intelectuales peruanos e incluso libros editados por esa república acusaron a Chile de violar la ciudadanía de la juventud tacno-ariqueña. No obstante, la Corte chilena de Tacna, en noviembre de 1913, declaró que todos los nacidos allí con posterioridad al Tratado de Ancón eran chilenos. En efecto, el nacido en Tacna y Arica «debe cumplir con las leyes del servicio militar, porque constitucionalmente es chileno, aunque su voluntad sea contraria y sus padres sean de nacionalidad peruana» 47. Este párrafo causó que más de doscientos jóvenes en edad de reclutamiento abandonaran el territorio 48 y que el Anuario Estadístico de la República de Chile de 1923 identificara «que más del 50 por 100 de la totalidad de infractores de la Ley del Servicio Militar en toda la República corresponde a las provincias de Tacna y Arica» 49. De todas maneras, desde 1911 se habían producido persecuciones a los peruanos para que cumpliesen su servicio militar 50.

Según Carlos Téllez, agrupaciones chilenas salían por las tardes para provocar e insultar a los peruanos residentes en las ciudades y en los campos. Ellos, escribió, so pretexto de infracción legal «son perseguidos por todas partes, arrancados de sus hogares y llevados a los cuarteles, en donde son víctimas de los insultos y de los maltratos de los soldados chilenos» 51. Manuel Yarlequé, en interpretación similar, acusó a Chile de expulsar a los peruanos de Tacna y Arica mediante la aplicación del servicio militar 52.

Un historiador que ha investigado el sistema chileno de conscripción en Arica ha afirmado que este, «bajo la impronta moderna del Estado-Nación, ha sido conceptualizado como un dispositivo que fue utilizado como mecanismo para la propagación del sentimiento nacional en la población y la reproducción de los vínculos con la nación» 53. Por esa razón, durante estos años, las ciudades de Tacna, Arica, Pisagua, Iquique y Santiago edificaron infraestructuras para el recibimiento de jóvenes reclutas. La intencionalidad del Estado guardó relación con la construcción de un sentimiento nacional proclive a reconocer en Chile una «patria adoptiva» 54. En general, se pretendió fortalecer la unidad interna del Estado creando un ejército ciudadano con miembros de todas las clases sociales 55.

Otro investigador, al referirse a las consecuencias sociales de la aplicación del servicio militar obligatorio en Tacna y Arica, se pregunta por las formas de consensuar la peruanidad con la militarización chilenizadora 56. Los peruanos no podían traicionar a su patria, que, debido a las constantes amenazas de guerra entre Perú y Chile, podría requerir de ellos para atacar al enemigo chileno. Por esa razón, solo entre el 7 de febrero y el 6 de septiembre de 1923 «se abrió un total de 105 procesos penales por infracciones de la ley de reclutamiento, incoados especialmente contra los jóvenes en edad de realizar el servicio militar» 57. Si bien un grupo importante de los remisos no realizó declaraciones en el Juzgado de Arica, otros aprovecharon esa instancia para expresar ahí sus sentimientos de peruanidad.

Por nuestra parte, hemos constatado con documentos inéditos la dinámica del enrolamiento militar en la provincia de Tacna. Allí funcionaron los regimientos Rancagua número 4 y General Velásquez número 6. El primero se asentó en Tacna y el segundo en Arica a partir de 1912. El siguiente cuadro cronológico demuestra la evolución del número de conscriptos y la alfabetización de los mismos durante el periodo 1912-1915. La conscripción en esos regimientos se comportó de manera desigual. Mientras el primero tuvo un reclutamiento ascendente, a excepción del año 1915, en Arica se evidenció un descenso de las cifras. Por otro lado, las variables «conscriptos semianalfabetos» y «conscriptos retirados» no se incluyeron en los tres últimos años. Su exclusión pudo haber guardado relación, en el primer caso, con la poca importancia dada por los estadísticos a la diferencia entre los conscriptos que sabían leer y escribir con aquellos que no manejaban íntegramente esas técnicas y, en el segundo caso, con la indiscreción que para efectos de la defensa militar y seguridad interior del Estado significaba mostrar hacia el exterior —Perú— que alrededor de un 30 por 100 de los conscriptos se retiraba del servicio militar.

Hacia 1927, el capitán del Ejército Rodrigo Román, encargado de la Oficina de Reclutamiento de Arica, envió al juez de letras un listado de 86 remisos. No más de cinco acudieron al juzgado para demostrar que estaban eximidos del servicio militar. A diferencia de ellos, otros jóvenes tuvieron un destino incierto. El agente de policía Gregorio Valdés estuvo encargado de ubicar a los infractores de la ley. Su misión tuvo un éxito relativo, pues concluyó que algunos estaban en el interior de Arica. Para la mayoría, señaló, «se han practicado averiguaciones en las Oficinas del Censo, Control de Pasajeros, FCALP (Ferrocarril Arica-La Paz) y edificios de construcción, no pudiéndose establecer su paradero» 58.

Cuadro 2
Servicio militar y alfabetización

* No recibió contingente por ser cuerpo recién creado.
** El número de alfabetizados fue mayor que el de analfabetos porque ese dato consideró personal contratado por el Ejército.
Fuente: Elaboración de los autores basada en Anuarios de la República de Chile de los años 1912, 1913, 1914 y 1915.

Cuadro 3

Ubicación de los remisos al servicio militar (1927)

Fuente: Elaboración de los autores basada en expedientes criminales. Véase Infracción a la Ley de Reclutas (Arica, 3 de mayo de 1927), AHN, AJA, legajo 443, pieza 8, foja 45.

Las escuelas públicas

Las escuelas públicas que el Estado chileno implementó en la provincia de Tacna tuvieron un papel fundamental en la construcción del imaginario nacional. Por medio de sus profesores transmitieron en los niños el espíritu de la «chilenización» para el largo plazo. Del mismo modo introdujo en ellos las ideas-meta predominantes en ese país durante el cambio de siglo, como fueron la modernidad, el progreso, la civilización y la superioridad cultural chilena en el marco sudamericano. En palabras de Tudela 59, la escuela fue un vehículo eficiente para difundir valores, normas y creencias nacionales.

El gobierno chileno tuvo una conciencia clara sobre la instrumentalización de la escuela desde los inicios de su administración en Tacna y Arica. Por eso, durante la década de 1880 creó nuevas escuelas en las ciudades de la provincia, pero también en la red de comunidades andinas esparcidas por valles, sierras y altiplano. La administración peruana no había realizado esfuerzos similares en esta materia 60. Concretamente, el Estado chileno fundó, entre otros establecimientos de enseñanza, el Liceo de Hombres (1885) y el Liceo de Niñas (1901) en Tacna, y la Escuela Superior de Hombres (1907), la Escuela Superior de Mujeres (1908), el Instituto Comercial (1909) y el Liceo de Niñas (1915) en Arica.

Diversos estudios sobre la relación educación-chilenización 61 han demostrado con cuantiosa documentación que Chile consolidó y expandió en Tacna y Arica «el proyecto nacional identificado con la modernidad, ignorando (premeditadamente o no) la labor modernizadora del anterior regidor de estos territorios, [pretendiendo] expandir los patrones culturales promovidos por el Estado chileno» 62. Otro grupo de historiadores 63 han demostrado cómo la escuela chilena se constituyó en una institución que disciplinó con el nacionalismo a los indígenas asentados allí.

Una investigación reciente 64 reveló los inconvenientes económicos que las escuelas chilenas experimentaron en Arica. Esto repercutía, por lo general, en la escasez de materiales idóneos para la enseñanza. A ello se sumaba la situación epidemiológica de esa zona, donde la malaria y el sarampión diezmaban a la población escolar. Miranda demostró que durante la presidencia de Nicolás de Piérola se financiaron escuelas peruanas en Tacna. Estas, sin embargo, no lograron contrarrestar la alta tasa de deserción escolar. Esa dualidad en el campo educativo trató de resolverse en 1900 cuando, por decreto de la Intendencia de Tacna, se clausuraron las escuelas peruanas. Los argumentos ofrecidos al cuerpo diplomático peruano en Santiago tuvieron el siguiente tono: «Ha podido cerciorarse el gobierno de que en las veintitrés escuelas que existían en Tacna no se enseñaba ni la historia ni la geografía de Chile y, en cambio, se inculcaba en los alumnos sentimientos de odiosidad en contra de Chile» 65.

No obstante, algunas escuelas siguieron funcionando de forma clandestina 66. Tres años después, el intendente Antonio Subercaseaux redactó sus impresiones sobre la educación hacia los niños peruanos: «Cuando uno ve [...] la docilidad con que los niños que se educan en colegios chilenos se someten al uso de nuestros emblemas y cánticos patrióticos, cree fácil la tarea de chilenizar por medio de la enseñanza. Empero, una observación más profunda y detenida manifiesta que en el fondo [en] esos niños, el sentimiento de la patria, incansablemente cultivado en sus hogares, no ha decaído» 67.

En contra de lo que se pensaba, décadas después la enseñanza chilena de la historia y la geografía continuó con problemas graves. La solicitud urgente realizada por el director del Liceo de Tacna al intendente para que mediase con La Moneda con el objeto de obtener imágenes es solo un ejemplo. En concreto, solicitaba «la suma de un mil ciento ochenta y siete pesos ochenta centavos para la cancelación de las colecciones de cuadros murales de Korchoff, Holzel y Lehmann, que representan las distintas razas, paisajes, monumentos y panoramas» 68.

En el caso del citado Instituto Comercial, fundado en 1909, durante la construcción del moderno ferrocarril que unió Arica con La Paz se aprecia la intención del Estado chileno de formar jóvenes profesionales en el área de la economía. De acuerdo con el liberalismo hegemónico, ese transporte dinamizaría la economía local, nacional e internacional. Por ello se requirió de capital humano acorde a ese desafío. Metodológicamente, los profesores del instituto optaron por realizar clases teóricas y prácticas. Dentro de estas últimas fueron importantes las excursiones escolares. De acuerdo con su director, Abraham Vera Yanattiz, las excursiones eran «uno de los medios más eficaces para desarrollar la ilustración y cultura de los alumnos [las que] proporcionan a los jóvenes una instrucción objetiva y práctica de inmenso valor, abriendo horizontes desconocidos a su mente» 69. La valía nacionalista de las mismas no era menor. Al respecto, Vera afirmó que ese tipo de prácticas tenían «un gran valor desde el punto de vista de la nacionalización de estos territorios, tratándose de jóvenes que en su gran mayoría apenas sí conocen la provincia de Tacna» 70. Algunos lugares visitados fueron Antofagasta, Chuquicamata, Gatico, Iquique, Pisagua, Santiago, Tocopilla y Valparaíso.

La educación chilena se fortaleció por la participación de grupos privados que atestiguaron las dificultades del Estado para educar al pueblo. El más significativo fue la Sociedad de Instrucción Popular, que implementó escuelas nocturnas para proletarios 71 y grupos infantiles ultranacionalistas de scouts 72.

El Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública enviaba de forma periódica hacia Tacna visitadores de escuelas, quienes registraban el estado educacional. Una constatación frecuente era la escasez de mobiliario. En ocasiones, los artefactos recibidos eran de mala calidad y llegaban destruidos 73. Los visitadores también procuraron obtener objetos de importancia simbólica nacionalista (un buen ejemplo fueron los cincuenta y cinco escudos nacionales solicitados por Vicente Riquelme) 74. Este funcionario realizó el censo escolar de la provincia de Tacna obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro 4
Censo escolar de la provincia de Tacna (1923)

Fuente: Elaboración de los autores basada en el censo escolar de Tacna. Véase «Resultado de censo escolar» (Tacna, 30 de noviembre de 1923), ARNAD, Fondo Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Oficios ordinarios del intendente de Tacna Luis Barceló desde el 23 de enero de 1923 hasta el 28 de diciembre de 1923, 2386, foja 613.

A comienzos de la década de los años veinte, el intendente de Tacna envió al ministro del ramo un memorándum crítico sobre las escuelas de su jurisdicción. Luis Barceló escribió: «Deseo ocupar la atención de US., imponiéndolo del estado de los edificios en que funcionan los establecimientos de instrucción en esta provincia, cuyo estado no manifiesta por cierto ningún esfuerzo de la administración chilena en un ramo de tanta importancia» 75. Continuaba su nota aludiendo al Liceo de Niñas de Tacna, el cual funcionaba en casas viejas, estrechas y oscuras que amenazaban con derrumbarse. Esas instalaciones eran «realmente vergonzosas» 76. En Arica, señaló, no se había construido ningún edificio para las escuelas. Por todo lo anterior, el intendente expresó: «Es realmente increíble que en la mencionada ciudad no se haya construido una sola escuela durante más de cuarenta años de ocupación chilena» 77. La Ley número 3789, de 1921, que prescribió construir establecimientos escolares de Arica había fallado 78. A Barceló le urgía también arreglar las escuelas de los «inmundos» caseríos del valle de Tacna, Pocollay, Calana y Pachía. La civilización de los indígenas no podría realizarse —concluyó— si no se comenzaba por educarla en locales limpios donde se les enseñase a vivir como personas cultas.

El apremio por chilenizar mediante la educación se hizo patente en septiembre de 1925, en medio de los preparativos plebiscitarios. La Escuela Plebiscitaria, institución que tenía por objetivo alfabetizar ciudadanos, pues era probable que solo quienes supieran leer y escribir votasen en las elecciones, contó con centenares de alumnos. En noviembre tuvo 284 alumnos, de los cuales 103 estaban preparados en lectura y escritura. La escuela, coordinada por Ricardo Recasens —quien décadas atrás había oficiado como notario—, contó con el apoyo de los profesores Hormazábal, Figueroa, Hurtado, Villarreal y Robledo 79.

En 1929, tras la desintegración de la provincia de Tacna y año que marca el fin del periodo que hemos investigado, los datos relacionados con la educación chilena en Arica no evidencian un cambio en la política educacional del Estado. Como se analizó en una publicación reciente 80, la matrícula de estudiantes en las escuelas chilenas, que desde 1909 había aumentado de manera sostenida, en 1929 descendió. Por nuestra parte, hemos podido constatar en documentos oficiales 81 que ese año se matricularon 2.304 niños y al siguiente 2.187. Las escuelas primarias no superaron en el bienio 1929-1930 las quince y el número de profesores aumentó de 42 a 49. El total de libros disponibles en las bibliotecas públicas tampoco se incrementó, superando por poco las mil unidades. Una excepción a este estancamiento general fue el notable crecimiento de la matrícula de mujeres en la Escuela Técnica Femenina, quien contó en 1929 con 39 alumnas y en 1930 con 82.

Conclusiones

En su origen, la institución del Estado chileno en el sur peruano no fue un hecho político premeditado por La Moneda. Hacia 1880, aniquilado el ejército peruano por Chile en Tacna y Arica, era impensable que ambas quedasen en su poder. Esa certeza se obtuvo a posteriori, al firmarse el Tratado de Ancón de 1883. Gracias a este instrumento jurídico —pese a la cesión peruana de Tacna y Arica a Chile condicionada por un plebiscito absolutamente desorganizado por los firmantes— ese país implementó ahí su aparato gubernamental. Comenzaba así la «chilenización».

En un contexto de posguerra, la incoación «chilenizadora» operó bajo los parámetros de una racionalidad jurídica estricta cercana al «positivismo legalista» 82. Conceptos sustanciales para el Estado-Nación chileno como soberanía, propiedad, nacionalidad y educación, se instalaron con la fuerza del derecho. Esa «chilenización», en su dimensión humana, intentó homogeneizar nacionalmente una población local en alto porcentaje peruana transformando ad eternum su cosmovisión patriótica. Es probable que la elite colonizadora de La Moneda y sus abogados ilustrados desconocieran desde un punto de vista cultural el ethos tacno-ariqueño peruano.

Por lo mismo, el choque de las ideologías nacionalistas de Chile y Perú se volvió violento, al tiempo que el diálogo político morigerado para reconstruir la frontera agonizaba. En paralelo, se activaba una forma de pensar al otro Estado y su gente cristalizada en antivalores y antagonismos chovinistas. Mientras Chile se autopercibió moderno, civilizado, blanco, culto, progresista, organizado y republicano, vio a Perú como un país tradicionalista, bárbaro, indígena, inculto, folclórico, anárquico y caudillista. Ese imaginario nacional justificó las prácticas chilenas «civilizatorias».

Nuestro estudio se he centrado en tres campos de acción «chilenizadora». Por medio de ese trío apreciamos el nuevo orden administrativo y sus consecuencias sociales. En el primer caso, referido a la propiedad de la tierra en el campo y las ciudades, constatamos que, no obstante la rigurosa bibliografía interesada en este tema para la región interna de la provincia, la dinámica urbana difirió. En concreto, en la ciudad de Arica varios testadores eran peruanos durante la «chilenización» y tramitaron los bienes considerados heredables por los jurisconsultos chilenos. Se había legitimado tempranamente ese brazo del poder judicial entre los nativos. En el departamento de Arica tampoco se puede aseverar una nacionalización del territorio de iure, a juzgar por los discursos de políticos que clamaron una entrega urgente de terrenos para chilenos.

En el segundo caso, considerando la exigua historiografía referida al ejército en Tacna, apreciamos que el fin de siglo transcurrió sin mayores problemas para los peruanos. Sin embargo, al aprobarse la Ley del Servicio Militar Obligatorio chileno, su aplicación en la provincia provocó resistencias entre los autóctonos. La contradicción nacionalista era evidente, sobre todo, como dijimos, en un contexto de posguerra. Al estar indefinida la soberanía, era justificada la esperanza de la juventud de reintegrarse a Perú. De ahí la negación de instruirse militarmente con chilenos. De todos modos, es justo señalar que un porcentaje —dato exacto que hoy desconocemos— de la población peruana hizo su servicio militar en el Ejército chileno.

Un tercer y último campo de acción chilenizadora fue la educación. Tan importante como el anterior en la creación de una memoria histórica, las autoridades chilenas intuyeron el problema producido en la sociedad al no monopolizar su oferta. Por ello, siempre en el ámbito legal, clausuró las escuelas peruanas para —se pensó— reforzar la educación chilenizadora. Sin embargo, como demostramos con documentos de la Intendencia de Tacna, los problemas infraestructurales para otorgar una educación moderna fueron constantes durante todo el periodo analizado.

En síntesis, la posguerra chileno-peruana en el escenario tacno-ariqueño no tuvo un vencedor nítido. La superioridad militar demostrada por Chile en la guerra del Pacífico no fue refrendada en el campo político. La «chilenización», conforme pasaban los años y las décadas, no proporcionaba los frutos apetecidos por La Moneda. Una razón de este fracaso relativo debería buscarse en la efectividad de las políticas públicas chilenas no solo en el extremo norte, sino en el todo el país. No obstante esa falta de nitidez, en junio de 1929, mediante el Tratado de Lima, Perú recuperó Tacna y Chile consolidó su soberanía sobre Arica. Concluía, pensaron los contemporáneos, la posguerra.