Ayer 135 (3) 2024: 75-101
Marcial Pons Ediciones de Historia
Asociación de Historia Contemporánea
Madrid, 2024
ISSN: 1134-2277
DOI: 10.55509/ayer/2411
© Sergio Vaquero Martínez
Recibido: 10-09-2021 | Aceptado: 10-06-2022 | Publicado on-line: 08-07-2024
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En defensa del orden: la cultura profesional de la policía en la Segunda República, 1931-1936 *

Sergio Vaquero Martínez

Universidad Complutense de Madrid
servaque@ucm.es

Resumen: La policía constituyó un agente sociopolítico insustituible en el acontecer de la Segunda República. La mayoría de especialistas identifican como causa primordial de su comportamiento el arraigo generalizado de una mentalidad autoritaria y castrense contraria al régimen republicano. Cuestionando dicha idea, el siguiente artículo analiza la cultura policial de aquella época: los discursos, valores, representaciones, identidades, símbolos y prácticas que configuraron su saber profesional y su particular construcción de la realidad. Se defiende que dicha cultura albergaba dos subculturas: una militarizada mayoritaria, otra civil minoritaria, así como algunos atributos característicos de una concepción más profesional y democrática del oficio.

Palabras clave: Segunda República, orden público, policía, cultura policial, democratización.

Abstract: The police were an irreplaceable sociopolitical agent during the Second Republic. Most of the specialists have argued that their behavior was conditioned by the persistence of an authoritarian, military mentality opposed to the republican regime. This article questions this idea by analysing the culture of the police during the period by focusing on the discourses, values, representations, identities, symbols, and practices that informed their professional knowledge and their construction of reality. It argues that this culture contained two subcultures: a major militarized subculture and a minor civil one, as well as some attributes characteristic of a more professional and democratic conception of the job.

Keywords: Second Republic; public order; police; police culture; democratization.

Introducción

«... ni la Policía actuaba como era debido en las capitales, ni en las carreteras se ejercía una vigilancia eficaz por las fuerzas encargadas de practicarla. Era inútil que la superioridad dictase órdenes, pues al llegar estas a los mandos subalternos, a los que tenían la precisa obligación de hacerlas cumplir e inspeccionar directamente los servicios, parecían estancarse. ¡Así marchaban las cosas!» 1.

De esta manera se expresaba Emilio Mola, último director general de Seguridad del reinado de Alfonso XIII. Este párrafo revela algunas claves de la tibia actuación de la policía durante la campaña previa a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. El general diagnosticó que esta apatía en la persecución de los miembros del Comité Revolucionario evidenciaba una profunda «crisis de autoridad». Los agentes no querían prender a unos individuos que mañana podían ser sus superiores y algunos incluso simpatizaban con la causa republicana, lo que explicaría su inhibición durante las manifestaciones de celebración de la victoria republicano-socialista en la España urbana y la confraternización con sus votantes. Aunque distó de ser mayoritaria, la defección de la policía respecto a la Monarquía resultó vital en la proclamación de la Segunda República y anticipó el importante papel que debía desempeñar en su consolidación 2.

Las primeras investigaciones relevantes sobre la policía republicana aparecieron en la década de 1980. Manuel Ballbé sostuvo que las autoridades decidieron conservar el aparato militarizado y autoritario de la Restauración y que la Guardia de Asalto acabó asimilando los atributos castrenses de la Guardia Civil 3. Diego López Garrido, en cambio, describió el periodo como un paréntesis histórico y enfatizó la naturaleza civil de la nueva policía. Ambas lecturas dieron lugar a dos interpretaciones contrapuestas 4. Manel Risques mantiene la tesis continuista con matices al destacar la ausencia, denunciada ya por unos agentes republicanos en los años cuarenta, de una reorganización desmilitarizadora y republicanizadora que adecuara la policía al régimen democrático 5. Eduardo González Calleja complejiza el diagnóstico defendiendo que la Guardia de Asalto interiorizó los cruentos métodos del Protectorado africano, de donde provenía buena parte de su oficialidad, y que su cultura castrense malogró su democratización 6. Diego Palacios, por contra, desarrollando una tesis discontinuista planteada anteriormente por Gerald Blaney, arguye que hubo reformas significativas avaladas por los propios policías que quedaron inconclusas, subrayando la organización de las Secciones de Asalto como unidades especializadas en la contención incruenta de multitudes semejantes a las existentes en otras democracias europeas 7. Por fin, investigadores del Cuerpo Nacional de Policía como Martín Turrado Vidal, efectuando una lectura corporativa que reproduce el discurso de sus revistas profesionales, señalan también la modernidad de ciertas transformaciones y resaltan la disminución de las víctimas resultantes del control de manifestaciones 8.

Para los casos británico, francés y alemán, Clive Emsley, Jean-Marc Berlière y Anja Johansen han cultivado una historia sociocultural de la policía que, sin descuidar su estructuración institucional, se interesa por la cosmovisión, la formación profesional, las condi­ciones laborales y las experiencias de los agentes 9. Inspirado por ­dicha propuesta, este artículo analiza la cultura profesional de la Policía Gubernativa en la España republicana por medio del estudio de sus publicaciones técnicas, partiendo del minucioso trabajo pionero de Palacios. El texto se estructura en cuatro secciones que abordan, respectivamente, las opiniones sobre las políticas de seguridad y la reorganización policial, los repertorios de control de la movilización colectiva y las imágenes de sus participantes, las experiencias asociativas y protestas corporativas, y la simbología, ritualización y construcción del martirio. Se sostiene que la policía no constituía un bloque homogéneo cohesionado por una cultura autoritaria, militarizada y antirrepublicana uniforme. Cabe diferenciar, cuando menos, dos subculturas: una civil propia del Cuerpo de Investigación y otra militarizada característica del Cuerpo de Seguridad. Asimismo, había sectores minoritarios pero relevantes que poseían una noción más profesional, republicana e incluso democrática del oficio.

La cultura policial puede definirse como el conjunto de discursos, valores, representaciones, identidades, símbolos y prácticas que configuran una manera específica de construir socialmente la realidad y el rol desempeñado por la policía. Especialistas como Robert Reiner han identificado determinadas características comunes: visión del oficio como misión, predilección por la acción, pesimismo sociológico, suspicacia constante, fuerte solidaridad, aislamiento social, conservadurismo, machismo, racismo y pragmatismo 10. Donatella della Porta y Herbert Reiter añaden que la percepción y conducta de los policías están condicionadas por ciertos estereotipos sobre los sujetos vigilados: por ejemplo, la clasificación que efectúan de los manifestantes (malos/buenos, problemáticos/respetables...) incide de forma directa en la posibilidad de que recurran o no a la fuerza 11. Otro elemento fundamental de la cultura policial es la memoria corporativa, un relato idealizado del pasado que contiene unos mitos, hazañas y héroes particulares. La centralidad de estos, que Diego Galeano relaciona con la sagrada misión de los policías de sacrificarse en «cumplimiento del deber», queda inmortalizada en infinidad de rituales, monumentos y oraciones de culto a los muertos que constituyen el soporte físico de la invención de su martirologio 12. Dicha cultura, sin embargo, no debe concebirse como un ente monolítico porque no solo cambia históricamente, sino que contiene numerosas diferencias internas según criterios como la posición jerárquica o la división del trabajo.

La reorganización pendiente

La Policía Gubernativa que heredaron los mandatarios republicanos en 1931 estaba integrada por dos organismos independientes: el Cuerpo de Seguridad, que estaba encargado de mantener el orden y llevaba uniforme, y el Cuerpo de Vigilancia, una policía de investigación que servía de paisano. Los guardias de Seguridad dependían del fuero civil, aunque estaban sometidos a la jurisdicción castrense en lo referente a la subordinación a sus mandos, que eran jefes y oficiales comisionados del Ejército, y en situaciones de rebelión, sedición o declaración del estado de guerra. Los policías de Vigilancia, en contraposición, dependían siempre de la justicia ordinaria y estaban dirigidos por comisarios e inspectores civiles 13. El Cuerpo de Seguridad fue con diferencia la fuerza de orden público que más creció durante la etapa republicana: entre 1931 y finales de 1934 pasó de 6.571 a 17.660 hombres, mientras que el de Vigilancia lo hizo solamente de 3.482 a 4.205 —428 de estos últimos eran vigilantes-conductores que empezaron a ser contabilizados en 1932— 14.

Muchos policías dispensaron a la República un cálido recibimiento 15. Reproduciendo el relato triunfante del 14 de abril como una jornada pacífica durante la cual el pueblo había reconquistado su soberanía, su principal órgano de expresión reafirmó dos cualidades de la imagen que tenían de sí mismos que su pasiva defensa del régimen depuesto había dejado en entredicho: la obediencia, asegurando que su actuación se había ajustado al «imperativo de un deber», y la neutralidad, apuntando que la «Policía no entiende ni le importa la política», solo se debe al «poder legalmente constituido». Esta bienvenida a los nuevos gobernantes, evidentemente, no era incondicional ni mucho menos, pues había dos axiomas a los cuales no estaban dispuestos a renunciar: el «principio de autoridad» y el «interés de la patria», que imaginaban como indisociables de la salvaguardia del orden público 16.

Los sectores reformistas consideraron que el nuevo régimen era la oportunidad que estaban aguardando para reorganizar la institución. Policía Española denunció que la militarización del Cuerpo de Seguridad era absoluta porque sus cuadros, organización y disciplina eran castrenses, y defendió la constitución de un «Ministerio de Policía» que controlara todas las agencias coactivas y evitara injerencias del Ejército y la clase política 17. El policía moderno debía ser «paternal en su trato con el ciudadano» y exhibir una «humanidad y comprensión» permanentes 18. El referente internacional por excelencia era el bobby británico, que poseía carácter civil, patrullaba desarmado y era famoso por sus corteses maneras —«Sed firmes, pero no brutales», rezaba su código de conducta— 19. Como unidad antidisturbios tuvo mayor atractivo la Schutzpolizei de la República de Weimar, al combinar una «organización casi militar» con el empleo de instrumentos no letales (porras, cordones, tanques de agua...) 20. En la práctica, sin embargo, el modelo que inspiró la Guardia de Asalto fue la Garde Républicaine Mobile de la Gendarmería francesa, aunque fue la policía uniformada civil —los gardiens de la paix— el ejemplo más mentado por los nuevos dirigentes para el Cuerpo de Seguridad. Según Carlos Blanco, director general de Seguridad, sus miembros debían ser también «guardias de la paz», «amparo de todos los derechos de los ciudadanos por el respeto a esos mismos derechos», no ofrecer un «aspecto muy guerrero» ni recurrir siempre a la violencia 21.

La prensa policial no solo respaldaba la política reformista del Gobierno Provisional, sino que sus expectativas eran sumamente elevadas al respecto. En particular fueron aplaudidas las Secciones de Asalto, creadas en mayo de 1931, unas unidades compuestas por jóvenes guardias de Seguridad en excelente condición física, equipados con porras, pistolas, gases lacrimógenos y camionetas, que debían contener las protestas sin causar muertes 22. Su más inmediato precedente era la Sección de Gimnasia constituida meses antes en Madrid por Mola, una brigada integrada por 25 guardias pertrechados con «defensas» de goma y granadas lacrimógenas 23. Hubo, sin embargo, tres disposiciones que suscitaron malestar entre los agentes: la fundación del efímero Cuerpo de Policía Local en julio de 1931, la indeterminada suspensión del reglamento aprobado el año anterior y la «escrupulosa selección» anunciada por el siguiente director general, Ángel Galarza, de aquellos agentes que más habían sobresalido en la represión de la Dictadura, pese a lo limitada que esta purga resultaría en la práctica 24.

Este apoyo se hizo extensible a la agenda desmilitarizadora y republicanizadora del nuevo ministro de la Gobernación, Santiago Casares Quiroga. Además de proclamar que su personal era «fervorosamente republicano» y «esencialmente demócrata» por proceder del «pueblo», Policía Española secundó las Leyes de Defensa de la República y Orden Público, promulgadas en octubre de 1931 y julio de 1933, los sucesivos aumentos de efectivos de la Guardia de Asalto y la subordinación en exclusiva de la Guardia Civil y los Carabineros a los Ministerios de Gobernación y Hacienda, culminada a finales de 1932 y percibida como el primer paso hacia la creación de un Ministerio de «Seguridad Interior». A primeros de 1933 los agentes acogieron con júbilo el rebautizo de los Cuerpos de «Investigación y Vigilancia» y «Seguridad y Asalto», así como la organización de la Secretaría Técnica, cuya misión sería coordinar los servicios de la Policía y la Guardia Civil 25. No obstante, su preferencia por una administración centralizada les hizo desconfiar del traspaso de las competencias de seguridad a la Generalitat catalana, pues temían una hipotética multiplicación de policías regionales y consideraban que el Estado debía mantener libres sus «dos brazos armados: el Ejército y la Policía» 26.

Los agentes más progresistas del Cuerpo de Investigación presionaron por la profesionalización de la policía, noción que identificaban con la idea de «juventud total» —asociación que no dejaba de incomodar a los más veteranos—, lamentando que no se potenciara su vertiente inquisitiva tanto como la represiva 27. Para defender esta postura fundaron Investigación, una revista que, invocando un ardoroso republicanismo, condenó la militarización del Cuerpo de Seguridad, arguyendo que sus servicios y relaciones con el público eran civiles 28. Su sueño era construir una policía «desinfectada, saneada y ataviada con vestiduras nuevas». Para hacerlo realidad reclamarían reiteradamente la depuración de determinados gerifaltes que permanecían «encastillados» en sus puestos desde la Monarquía y cuyo acatamiento del régimen vigente ponían en entredicho 29.

En otoño de 1933 los agentes recibieron de manera positiva a los gabinetes radicales, recordando no obstante que los gobiernos eran transitorios a diferencia de la policía, que era «única, homogénea y permanente» 30. Investigación incluso pidió descaradamente el voto para ellos, pero su respaldo no tardaría en debilitarse debido a que sus políticas contrarreformistas chocaban con su tesis de que la «democratización de la Policía» hacía imprescindible abandonar los métodos, recursos y uniformes castrenses del periodo monárquico 31. Las medidas más agradecidas fueron el sobreseimiento de los expedientes disciplinarios, el retorno de los agentes depurados y una mayor cobertura del empleo de la fuerza que satisfacía su anhelo de no ser procesados cuando mataran «en bien de la Sociedad» 32. Más difícil de digerir fue la descentralización del aparato policial en Cataluña, tanto por miedo a posibles sanciones de las autoridades regionales como por la incertidumbre que sufrirían los cientos de funcionarios que solicitaron el traslado 33. La política de Rafael Salazar Alonso, que asumió la cartera de Gobernación en marzo de 1934, cosecharía una respuesta todavía más ambivalente. La policía celebró la concesión gratuita de licencia de armas a los policías jubilados pero rechazó la eliminación de la Secretaría Técnica, que devolvía su autonomía a la Guardia Civil, y la amnistía de la Sanjurjada, al llevar aparejada la liberación de multitud de presos políticos y sociales 34.

Las tensiones intercorporativas se intensificaron durante la reacción militarista subsiguiente a la revolución de octubre. Si el «rescate» gubernativo del orden público en Cataluña tranquilizó a los policías porque fortalecía la unidad del mando, los proyectos para militarizar ambas corporaciones propuestos desde diciembre de 1934 por el ministro Eloy Vaquero motivaron un convulso debate interno 35. Policía Española sostuvo que la autonomía otorgada al Cuerpo de Seguridad contrariaba su «eminentísimo carácter civil» y las «esencias democráticas del régimen» 36. Por contra, ¡Presente...! los respaldó porque su subordinación al Cuerpo de Investigación quedaba eliminada y porque consideraba que la insurrección había demostrado la necesidad de militarizarlo como la Guardia Civil 37.

A últimos de 1935, durante el mandato de Manuel Portela Valladares, los vientos soplaron a favor del bando civilista. Según la prensa corporativa, Portela clausuró un bienio de «mando funesto sin par para la Policía» mediante la reversión del cierre de la Escuela de Policía, la confirmación del derecho de sufragio de los guardias de Seguridad y la redacción —obra del director general de Seguridad, Vicente Santiago— de un proyecto de reglamento ideado «exclusivamente para Cuerpos civiles» que no sería ratificado 38. La experiencia que en verdad significó un hito aconteció durante los comicios del 16 de febrero de 1936. Por primera vez, once «mujeres policías» se encargaron de cachear al electorado de su mismo sexo, sentando las bases de un «Cuerpo femenino» que tampoco prosperaría al no entrar en los planes de Santiago 39.

El retorno de la izquierda republicana al Ejecutivo el 19 de febrero generó preocupación entre los policías como resultado de la amnistía de los condenados por la revolución de octubre y la inserción en el programa frentepopulista de la investigación de los abusos de las fuerzas estatales 40. Aunque este proceso fue meramente simbólico y no afectó a su personal, ¡Presente...! caracterizó a los guardias como «honrados hijos» del pueblo y demandó el «perdón magnánimo» de sus hermanos proletarios 41.

Esta vez las publicaciones reaccionaron peor a la republicanización reemprendida desde el Gobierno, incluida Investigación, que replicó que la policía debía ser un cuerpo obediente al poder constituido, no una «milicia de partido» 42. Los agentes desconfiaron de la nueva situación de «disponible forzoso» al pensar que solo serviría para «introducir la política en la Policía» 43. Precisamente, un agente denunció que ciertos policías habían constituido un comité de «Salud Pública» para depurar a sus compañeros por sus simpatías políticas 44. Otro condenó la «autodelegación» con la que se investían algunos «frescos» de las organizaciones obreras para darles órdenes y la aparición en algunos pueblos de «milicias erigidas en autoridad» que desempeñaban servicios parapoliciales 45. Así las cosas, no obstante este malestar, los policías, por lo general, se mantuvieron leales tras el golpe del 18 de julio: más del 70 por 100 de los guardias de Seguridad permanecieron con la República, mientras que la mayoría del Cuerpo de Investigación se sumó a la sublevación, dato que obliga a matizar el axioma que establece que la permeabilidad de la policía al proceso democratizador es inversamente proporcional a su grado de militarización 46.

Entre la porra y la ametralladora

El nacimiento de la Guardia de Asalto trajo aparejada la difusión de un nuevo estilo de gestión de la protesta caracterizado por el empleo de técnicas e instrumentos no letales (porras, gases lacrimógenos, tanques de agua). Su implantación, sin embargo, se circunscribió prácticamente a la España urbana porque la preponderancia de la Guardia Civil en el campo motivó la pervivencia en la mayor parte del país del repertorio coercitivo tradicional, reconocible por la utilización de tácticas y armas de guerra (sables, fusiles), evidentemente mucho más mortíferas. Policía Española definió a la fuerza de Asalto como un «pelotón de choque» capaz de «contener al público sin dañarle» formando un «cordón infranqueable» y blandiendo las porras, que no tardaría en ganarse la «simpatía del pueblo» 47. Según Miguel Maura, ministro de la Gobernación, una de sus primeras intervenciones aconteció en la madrileña plaza de la Cebada: las camionetas llegaron con las sirenas a todo volumen y los guardias se apearon, disolvieron un motín en «dos minutos» con sus matracas y se marcharon sin dejar ninguna víctima 48. La aceptación policial del repertorio incruento no era incompatible con una imagen de las masas propia de la época, positivizada por la psicología de las multitudes, como un elemento gregario, primitivo e irracional 49. Además, la gravedad del «problema social» hizo germinar el miedo al castigo del empleo desproporcionado de la fuerza. Un policía argüía que se les debía reclamar el «máximo de responsabilidad en los abusos de autoridad», pero el «máximo de irresponsabilidad» cuando cumplieran con su deber 50.

En enero de 1932 este temor no hizo sino aumentar a raíz de la insurrección del valle del Llobregat, sintetizada por Policía Española como la «floración roja de una criminal siembra de utopías irrealizables y rebeldías sin objetivo» 51. Los anarquistas eran, más incluso que los comunistas, el enemigo por antonomasia de los policías. Les acusaban de utilizar procedimientos «tan terroríficos e impiadosos» que merecían la «repudiación de la humanidad» 52. En general, el extremismo de izquierdas constituía para ellos un «germen» que debía ser localizado y extirpado 53. Su criminalización descansaba en la representación que compartían del «nuevo delincuente», a quien imaginaban como un jovenzuelo que vivía del atraco a mano armada, un profesional del crimen que encubría sus fechorías bajo una falsa ideología política y que se valía de los sindicatos para esconderse, a diferencia del «obrero honrado» que jamás recurría a estas prácticas 54.

La principal consecuencia de la gimnasia revolucionaria fue que la Guardia de Asalto adoptó un repertorio coercitivo más represivo, sin renunciar no obstante a los protocolos incruentos que la caracterizaban. En primavera el Gobierno la equipó con fusiles, ametralladoras y morteros para que interviniera durante las revueltas libertarias en puesto de la Benemérita 55. Esta decisión fue respaldada por la prensa policial, que difundió un proyecto de Galarza que prescribía un empleo graduado del armamento: defensa para motines sin armas o manifestaciones no autorizadas, pistola con carga reducida y munición de madera cuando hubiera agresiones graves, y armas de guerra contra grupos armados 56. El incremento de la violencia, asimismo, provocó que algunos agentes dudaran de la efectividad de los medios no letales y hablaran temporalmente del «fracaso de la porra» 57. La militarización operativa de la Guardia de Asalto se fortaleció a consecuencia de su protagonismo en la derrota del pronunciamiento del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Policía Española lo describió como «una absurda e inexplicable sublevación militar» que confirmaba la «firmeza del régimen» y la eficacia de la fuerza de Asalto 58. No obstante, su bárbara actuación en Casas Viejas en enero del año siguiente desacreditó esta conversión ante la opinión pública 59. Conforme se conocieron los hechos, la revista abandonó su actitud defensiva y, refutando el tópico de las «órdenes recibidas», reconoció que la obligación de obedecerlas no excluía su «examen de moralidad» 60.

Desde septiembre de 1933, con la llegada de los radicales al Gobierno disminuyó la implementación del estilo «suave» de control de multitudes. El nuevo jefe de la Guardia de Asalto, Agustín Muñoz Grandes, derogó las directrices restrictivas referentes al uso de armas de fuego y ordenó llevarlas siempre cargadas y desenfundadas 61. El avance del repertorio castrense se hizo especialmente palpable en la tercera sublevación ácrata, que dejó la friolera de 89 muertos 62. Como respuesta, se potenció el rol de la policía como fuerza armada pero no se abandonaron las matracas, sino que se reservaron para protestas cuya represión tenía mayor coste político, sobre todo las estudiantiles. Las publicaciones siguieron apostando por los gases lacrimógenos pese a su desastroso resultado en la huelga del Banco de España —un huelguista padeció una parada cardiorrespiratoria—, aunque desconfiaban de la efectividad del tanque de agua 63.

El episodio que consagró la representación de la policía como brazo del Ejército fue la revolución de octubre, que fue vivida, narrada y rememorada por su personal como si de una guerra se tratara. Reaccionando a la muerte de 17 guardias de Seguridad, 51 de Asalto y dos agentes —además de 1.051 civiles y 214 guardias civiles, soldados y carabineros, según fuentes oficiales—, sus publicaciones elaboraron un discurso más beligerante y exigieron la adquisición de material de guerra, si bien mantuvieron la reclamación de sustituir el sable por la «defensa» 64. La participación de la Guardia de Asalto en la represión menoscabó profundamente su imagen entre la izquierda obrera. Como revulsivo, ¡Presente...! recordó su «origen limpiamente democrático», presentándola como heredera de la guardia cívica que el 14 de abril había emergido del «pueblo» para defender la República. Lamentando que la violencia de los desórdenes la obligara a manejar más la pistola que el «castigante», recomendaba aplicar a la «represión la medida exacta» 65. Cabe recordar asimismo que elementos aislados del Cuerpo de Seguridad y Asalto, destinados en los cuarteles de Pontejos y la Guindalera, habían estado implicados en los preparativos de la insurrección en Madrid, entre otros los tenientes José del Castillo y Máximo Moreno 66.

Aunque más inclinada que nunca hacia el repertorio castrense, la dualidad de estilos subsistió. Una Enciclopedia Manual del Cuerpo de Seguridad de 1935 describía el protocolo de contención de rebeldes o sediciosos. La autoridad los intimaría dos veces para que se disolvieran, ondeando la bandera nacional de día o mediante toque de tambor de noche, y después los guardias abrirían fuego; si recibieran disparos antes, dichos avisos serían innecesarios. Durante una rebelión, el Cuerpo actuaría como «fuerza armada» y los detenidos pasarían al juzgado militar, mientras que durante una sedición lo serían solo aquellos que agredieran a los guardias. Como prescribía el Reglamento Táctico de Infantería, la fuerza emplearía el «orden de aproximación»: en el campo avanzaría provista de granadas y en poblado utilizaría armas cortas y el machete-bayoneta. Esta parte concluía recordando que un soldado nunca se rinde y si muere «la Patria enaltecerá su nombre, y su recuerdo vivirá eternamente en la memoria de los compañeros». Por otro lado, el manual explicaba también cómo controlar una manifestación de manera incruenta. Un oficial daría el alto y solicitaría a los directores el permiso. Si detectara resistencia, les advertiría sobre su posible detención y les ordenaría disolverse. Si no lo hicieran, mandaría dar el primer toque con la corneta o el silbato, pasado un momento se daría el segundo y, si no comenzara la desbandada, ordenaría cargar a bastonazos. La maniobra se ejecutaría en una fila, dejando parte de la fuerza como reserva para vigilar los flancos, evitar ataques desde ventanas y bocacalles, y recoger heridos. Si hubiera más efectivos se organizarían varias filas: una de acción, otra de apoyo y otra de sostén. El objetivo era «no producir mayores daños que los puramente necesarios» para disolver la manifestación, por lo que debería dejarse «franca la retirada» y no golpear a los que huyeran, solo a los líderes y a los más agresivos, que serían detenidos 67.

Desde febrero de 1936 los gobiernos del Frente Popular reimpulsaron el nuevo repertorio, si bien la inhibición que ocasionalmente ordenaban durante los disturbios originados por sus seguidores provocó más reticencias entre los policías. Sus revistas rechazaron las órdenes de acuartelamiento y les aconsejaron reprimir todos los desórdenes, distinguiendo eso sí entre «hechos tumultuarios» y «manifestaciones pacíficas», aunque fueran reprendidos por las autoridades, pues mandar la retirada en beneficio de algún partido significaba una claudicación del poder público. Su principal fuente de ansiedad era la escalada del pistolerismo, que no cesaba de añadir «eslabones a la ya larga cadena de los caídos en cumplimiento del deber». A su entender, el único modo de exterminar esa «larva social» era aplicar la ley con «mano firme» y reforzar la autoridad del agente, que era, en apariencia, lo que posibilitaba que el bobby patrullara sin pistola 68.

Los policías reclaman derechos

Las oportunidades abiertas con el nuevo régimen suscitaron un incremento de las demandas laborales de multitud de colectivos profesionales, incluidos los policías. Sus reivindicaciones más recurrentes fueron un nuevo reglamento que especificara sus derechos y obligaciones, jornada de ocho horas, extinción de los traslados forzosos, reconocimiento de un año más de derechos pasivos por cada cinco de servicio, viajes gratuitos de ferrocarril, quinquenios de 500 pesetas, ascenso de los guardias de Seguridad a oficiales, reducción del límite de 58 a 54 años para jubilarse y de 35 a 30 en activo para alcanzar la pensión máxima, asistencia médica y dietas por trabajar fuera de casa 69.

Especial importancia tuvo la lucha por el derecho de asociación. El 24 de agosto de 1933 Eduardo Ortega y Gasset relató en Cortes que unos agentes habían intentado formar una organización bajo el lema «República, Capacidad y Moralidad» —el mismo que el de Investigación—, pero la Dirección General de Seguridad (DGS) lo había prohibido. Primero, el agente Alfonso Martínez fue suspendido de empleo y sueldo por emitir una circular llamando a la afiliación. Después unos policías no obtuvieron permiso para redactar un reglamento y uno de ellos fue trasladado por «conveniencias del servicio». Un comisario contactó con los diputados de Izquierda Radical Socialista Juan Botella y Eduardo Ortega, que le aconsejaron que lo escribieran igualmente, pero tanto siete agentes como él fueron también trasladados. Aun así, elaboraron un proyecto —entre cuyos «fundadores» figuraba Jesús Gisbert— que jamás sería aprobado. Para demostrar su moderación, estos policías constituyeron una subsección en la Unión Nacional de Funcionarios Civiles y visitaron a Andrés Casaux, pero el director de Seguridad no autorizó la creación de una asociación policial, pese a que pretendidamente venía respaldada por 2.500 agentes 70.

La proclamación de la República originó un crecimiento sin precedentes de sus órganos de expresión. Policía Española, la publicación que venía dominando la opinión pública policial desde 1892, hubo de afrontar una competencia mayor, lo que puso de manifiesto un proceso de creciente fragmentación de la identidad policial. Las primeras revistas que aparecieron sobresalieron por su retórica reivindicativa y firme defensa del régimen republicano: El Policía Español, que irrumpió en julio de 1931, y sobre todo Investigación, fundada en abril de 1933. Esta última presionó por la expulsión del Cuerpo de cuatro colectivos que se valieron de Policía Gubernativa, aparecida en junio de 1935, para defender sus intereses. El primero eran los 404 vigilantes de la escala auxiliar que en 1921 habían ingresado en la escala técnica haciendo un examen y que se habían mantenido en el escalafón por delante de 2.300 agentes que habían accedido por oposición, contraviniendo la Ley de Policía de febrero de 1908 71. El segundo grupo eran los «sargentos policías», 358 suboficiales y sargentos del ejército que habían entrado en 1926 como vigilantes de segunda, vulnerando dicha norma, y que constituyeron el Cuerpo de Policía Local entre julio de 1931 y diciembre de 1932, cuando se reincorporaron a la escala auxiliar 72. El tercero eran los agentes dependientes de la Generalitat, a quienes la publicación motejaba de «escamots», acusándoles de proceder de las milicias de Esquerra Republicana y de haber secundado la rebelión de octubre 73. El último colectivo eran los vigilantes-conductores­, de quienes la revista denunciaba la concesión de la placa al considerarla un distintivo exclusivo de los policías de Investigación 74. Sin embargo, la falla más profunda era la que enfrentaba a agentes de Investigación y guardias de Seguridad. Si Investigación defendía la subordinación de estos respecto a aquellos amparándose en el reglamento de Mola, ¡Presente...!, fundada en octubre de 1934, justificaba la autonomía del Cuerpo de Seguridad esgrimiendo sus distintivos atributos militares 75.

El sentimiento de superioridad que distinguía a los funcionarios de Investigación radicaba en su paso por la Escuela de Policía Española, ubicada en el número 3 de la avenida de la Moncloa. Era condición inexcusable para acceder a la escala técnica como agente y la principal diferencia respecto a los vigilantes de la escala auxiliar. Para ocupar una de las trescientas plazas, los aspirantes, además de tener de 21 a 30 años, debían superar un reconocimiento médico y una oposición que constaba de tres pruebas: un dictado y un análisis morfológico y sintáctico; un examen escrito de aritmética, geometría, geografía y anatomía; y un ejercicio oral sobre dos temas de derecho político-administrativo y derecho penal. Una vez dentro, habían de completar dos cursos entre octubre y mayo: el primero teórico y el segundo teórico-práctico, aunque la falta de personal obligó a disminuir su duración. Las asignaturas impartidas eran Derecho Penal y Político-Administrativo, Psicología Criminal, Educación Cívica, Sistemas Penitenciarios, Medicina Legal y Toxicología, Identificación y Técnica Policial, Fotografía Judicial y Policial, Idiomas, Dibujo, Prácticas de Policía y Cultura Física 76.

Por otra parte, los policías aprovecharon las nuevas instituciones para trasladar al Gobierno sus aspiraciones por canales novedosos, lo que democratizó de algún modo el vínculo que les unía con los dirigentes políticos al precio de trastocar la jerarquización entre la cúpula policial y los agentes. El 18 de julio de 1932 Eulogio Consuegra, director de Investigación, elevó una instancia al ministro de Gobernación y, poco después, reunió las firmas de numerosos compañeros con objeto de revertir el ingreso de los vigilantes que en 1921 habían accedido a la escala técnica sin opositar 77. El 23 de diciembre, finalmente, el diputado radical Basilio Álvarez, reconvertido en portavoz oficioso de la policía en las Cortes, presentaba una proposición de ley para constituir otro cuerpo a extinguir con dichos exvigilantes 78. Por añadidura, algunos policías propusieron organizar ciertos órganos de representación elegidos por votación, como una «Junta consultiva y asesora» que aconsejara a los gobernantes o una comisión que redactara el nuevo reglamento 79. Como alternativa, los mandatarios constituyeron varias comisiones interministeriales para que elaboraran un borrador, pero los agentes las rechazaron al no sentirse representados 80.

Debido quizás a esta ausencia de mecanismos de representación, sus formas de protesta fueron tornándose más transgresoras. En invierno de 1933 unos capitanes de Asalto entregaron a la minoría parlamentaria radical un acta en la que aseguraban haber recibido órdenes de no hacer heridos ni prisioneros en Casas Viejas. Su objetivo, decían, era defender «el prestigio y dignidad del Cuerpo de Asalto» e impedir que la responsabilidad recayera únicamente en el capitán Rojas. A pesar de la falsedad de sus acusaciones, esta acción, que se saldó con el arresto de los oficiales, contribuyó al procesamiento del director general, Arturo Menéndez, al sacar a la luz sus manejos para ocultar los hechos y obligar al capitán a asumir toda la culpa 81.

Mayor envergadura adquirió la protesta, en junio de 1935, de unos policías de Barcelona que rechazaban el ingreso de los 689 agentes de la Generalitat en el Cuerpo de Investigación, pese a que habían sido declarados cesantes. Ya el 16 de marzo algunos no habían acudido a trabajar fingiendo estar enfermos, pero habían desistido tras hablar con el capitán Vicente Santiago 82. Respetando la decisión de la Junta Superior de Policía, Portela ordenó separar a 74 agentes, aunque el 11 de julio decretó una revisión que se consumó con el reingreso de 67; posteriormente, el ministro Joaquín de Pablo Blanco ordenaría reconsiderar los siete casos restantes 83. Investigación, que se había sumado a su causa, fue suspendida de junio a agosto y multada con 5.000 pesetas, y su director fue uno de los separados, si bien Portela acabó levantando también estas sanciones 84.

El siguiente episodio se desarrolló el 13 de marzo de 1936 en el salón rojo de la DGS, durante el acto de imposición de la Encomienda de la Orden de la República al agente Gisbert, que había perdido la vida protegiendo al diputado socialista Luis Jiménez de Asúa durante un atentado perpetrado por cuatro falangistas. Convirtiendo aquel ritual prescrito en una protesta transgresora, el presidente de la Unión Nacional de Funcionarios Civiles, Eduardo España, aprovechó la presencia del ministro Amós Salvador y del director de Seguridad, José Alonso Mallol, para criticar la potenciación de la policía represiva en detrimento de la preventiva, haciendo del cadáver «bandera de las justas y legítimas aspiraciones» del Cuerpo. Y es que Gisbert había sido un «hermano de lucha» del círculo de Investigación y uno de los primeros defensores del derecho de asociación 85.

La última protesta fue la más violenta y politizada con diferencia. El 12 de julio, en respuesta al asesinato del teniente Castillo, unos oficiales de Asalto de Pontejos exigieron autorización al ministro Juan Moles para prender a numerosos «fascistas». Un grupo de guardias comandado por el capitán de la Guardia Civil Fernando Condés y completado por integrantes del grupo de acción socialista «La Motorizada» secuestró a José Calvo Sotelo y el pistolero Luis Cuenca lo asesinó. A la vuelta, uno de los policías relató lo sucedido a algunos oficiales involucrados en la conspiración militar y Muñoz Grandes ordenó aguardar hasta el golpe. Poco después, las maniobras de ciertos mandos para proteger a los secuestradores de la investigación judicial provocaron plantes en algunas compañías con objeto de limpiar el nombre del Cuerpo, que resultaron en la detención de varios sargentos. Aprovechando la oportunidad, un oficial complotado solicitaría hombres del «Movimiento» para infiltrarlos en las protestas y así avivarlas 86.

El sacrificio del deber

Durante el primer bienio la policía experimentó un proceso de republicanización icónica que implicó un cambio de símbolos. Además de adoptar la bandera tricolor, los agentes de Vigilancia llevarían una placa con el escudo de la República y las leyendas «Dirección General de Seguridad» y «Honor y Justicia», rematada con la corona murada 87. Sin embargo, los homenajes se tornaron más marciales a resultas de la militarización de la Guardia de Asalto y la inexistencia de recompensas civiles. Esta carencia implicaba que los policías no recibieran beneficios semejantes a los inherentes a la declaración de «hechos de guerra» para funcionarios muertos, heridos o destacados en el cumplimiento del deber, lo que condujo a algunos a demandar una «orden del mérito policial» 88.

Lo que sí hicieron los republicanos de izquierda fue orquestar ceremonias que visibilizaran el sacrificio que realizaban los policías para defender el régimen del asedio de sus «enemigos» monárquicos y anarquistas 89. El 13 de agosto de 1932 se organizó un homenaje a la Guardia de Asalto en el Paseo de Coches del Retiro por su actuación durante la Sanjurjada. El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, impuso los galones de cabo y sargento a cinco guardias heridos mientras exhibían sus vendajes. El plato principal de la ceremonia fue la concesión a Menéndez del diploma de la Banda de la Orden de la República y el nombramiento como caballeros de dicha orden de un comandante y dos capitanes. Todo concluyó con un desfile de los guardias de Asalto —que marcharon significativamente en «formación militar»—, los jefes de la policía madrileña y los efectivos del Ejército, que cerraron la comitiva al son del Himno de Riego 90.

Los mandatarios radicales prefirieron nacionalizar la República en lugar de republicanizar la nación 91. Ello se materializó en la priorización discursiva de la defensa de ídolos alternativos al régimen, como la patria o el Estado, además de una creciente militarización simbólica que explica la inclusión de los guardias de Seguridad en la declaración de «hechos de guerra», algo que agradecieron los propios interesados 92. Hubo también un aumento de los homenajes y donativos civiles a la policía, en especial tras los sucesos de octubre, destacando la entrega por parte de unas mujeres de Oviedo de una placa al «heroico Cuerpo de Guardias de Asalto» por haber defendido la ciudad 93.

La revolución asturiana constituyó el mayor catalizador de la construcción de mártires en la policía. Sus revistas incluyeron cuadros de honor de los guardias caídos y efectuaron una lectura bélica del episodio, describiendo las batallas más sangrientas como auténticas epopeyas. El objetivo era ensalzar la función ejemplarizante de esos «héroes», cuyo «holocausto» inspirado por su «concepto del deber» había manifestado las virtudes de un colectivo habituado a ser el primer blanco de los «flechazos arteros de la anarquía». De este modo, la policía incorporó a su memoria corporativa otra «página de dorada gloria» gracias al sacrificio de unos hombres que, cerrando para siempre los ojos con un «viva España», habían sabido «santificarse con el martirologio» en una época de «egoísmos, rojas olas de crimen y huracanes de pasiones bastardas», demostrando su «amor inquebrantable a las legítimas Instituciones de la República» y arriesgando las vidas de sus mujeres e hijos, quienes supuestamente habían sido perseguidos con «saña feroz» 94.

La peligrosa exaltación ultranacionalista, militarista y mortuoria que desencadenó la revolución se reflejó en la letra ganadora del concurso para seleccionar el himno del Cuerpo de Seguridad, titulada reveladoramente Por la Patria se debe morir:

«Titanes de la Patria,
paladines del honor,
alerta estad, que España
fía en vuestro valor.

Nuestra invicta Bandera debemos
con laureles de Gloria adornar,
y en defensa del Orden sabremos
cual centauros, con fuego luchar.

Los deberes del noble soldado
con denuedo sabremos cumplir,
siempre atentos al lema sagrado:
¡Por la Patria se debe morir!...

Nuestro Cuerpo es crisol refulgente
de heroísmo, lealtad y unión,
y al peligro gritamos: “¡Presente...!”,
en las filas de nuestra Legión.

Nuestra sola ilusión ¡es España!...
Nuestra sola ambición, ¡el Deber!...
¡Nuestra Gloria mayor, en campaña,
dar la vida y su honor defender!...» 95.

La ritualización adoptó igualmente un ethos más castrense y necrológico. El 29 de septiembre de 1935 se celebró en el Retiro la concesión de la bandera al Cuerpo de Seguridad. El presidente Joaquín Chapaprieta impuso la Encomienda de la Orden de la República al inspector general y a otro teniente coronel, y numerosos oficiales recibieron la Medalla de la República y la de Sufrimientos por la Patria. La esposa del ministro de Pablo Blanco hizo entrega de la enseña como madrina, recordando a los oficiales que ante todo eran miembros del Ejército, el «brazo armado de la Patria». El inspector general, Rafael Fernández López, proclamó que «los muertos son nuestra historia; los mutilados, el afán de superación en el cumplimiento del deber». Después hubo un desfile en el que participó la flamante banda musical del Cuerpo y, ya de noche, se celebró un banquete dedicado a los «gloriosos mutilados», en cuyo honor se guardaron dos minutos de silencio 96.

Durante la etapa frentepopulista el ritual hegemónico fue el funerario a causa del creciente número de policías asesinados. El del agente Gisbert fue celebrado con todos los fastos para escenificar que los policías también podían convertirse en mártires de la República. La capilla ardiente se instaló en el salón rojo de la DGS, donde asistieron las autoridades y numerosos diputados; las mujeres de Izquierda Republicana depositaron un ramo sobre el féretro y las juventudes del partido le hicieron guardia. Al día siguiente, 13 de marzo, el finado recibía la Encomienda de la Orden de la República y se celebraba un cortejo multitudinario que concluía con manifestaciones y disturbios anticlericales 97. El entierro del teniente Castillo fue muchísimo más discreto porque ponía en evidencia la politización de una parte minoritaria de la policía. Esta vez el féretro fue trasladado al cementerio de madrugada para evitar manifestaciones. En el funeral, celebrado el 14 de julio, la simbología marxista desbancó a la republicana: el ataúd fue envuelto con la bandera del Comité Provincial del Partido Comunista de Madrid y el teniente coronel Julio Mangada y Jesús Hernández pronunciaron vibrantes discursos. Además, las Juventudes Socialistas Unificadas desfilaron ante el féretro y los milicianos le rindieron honores alzando el puño a su paso mientras los militares efectuaban el saludo castrense 98.

Conclusión

La policía republicana poseía una cultura profesional apuntalada por arraigados valores comunes: obediencia, neutralidad, patriotismo, autoridad, sacrificio, etc. No obstante, lejos de constituir un bloque homogéneo, su personal estaba dividido por múltiples líneas de fractura (corporativa, militar, jerárquica, generacional). Tampoco puede sostenerse sencillamente que dicha cultura fuera anacrónica, militarista y autoritaria, porque determinados sectores minoritarios defendían una concepción más profesional, civilista y democrática —en términos del periodo de entreguerras— de su oficio, en especial en el Cuerpo de Investigación. Precisamente, las diferencias entre ambas corporaciones permiten identificar dos subculturas entre las cuales existía una difusa zona gris donde convergían elementos transversales y fluidos vasos comunicantes.

La subcultura civil, vinculada con los círculos más reformistas del Cuerpo de Investigación que se expresaban en Investigación y Policía Española, defendía la profesionalización, democratización y republicanización de la policía; la desmilitarización del Cuerpo de Seguridad y la exclusión de los elementos provenientes del Ejército; la potenciación de la policía preventiva y de laboratorio; la Policía Metropolitana londinense personificada por el afable bobby como modelo extranjero; una relación más horizontal entre jefes y agentes, así como la depuración de los cuadros ascendidos en la Monarquía; una asociación profesional que defendiera sus derechos, y la instauración de ceremonias y condecoraciones civiles.

La subcultura militarizada, mayoritaria en el Cuerpo de Seguridad, cuya revista particular era ¡Presente...! —aunque sus representantes hablaban también desde Policía Española—, defendía igualmente la identificación entre Guardia de Asalto y República; la militarización del Cuerpo de Seguridad y su papel como fuerza armada, anteponiendo sin embargo su misión policial; la autonomía de la policía represiva respecto a la criminal; referentes foráneos militarizados que usaban modernos medios antidisturbios como la Schutzpolizei alemana; el empleo de defensas durante las manifestaciones y de ametralladoras y granadas frente a insurrecciones armadas; la militarización como vía para salvaguardar los intereses corporativos y la concesión a la policía de honores castrenses.

Puede objetarse con razón que los agentes rechazaron importantes atributos democráticos (descentralización, transparencia, sanción de abusos...), que el repertorio no letal no se generalizó ni siquiera en las ciudades y que los policías fueron responsables de numerosas muertes, padecieron una intensa politización y buena parte de ellos acabaron sumándose a la sublevación. Todo ello impide, de hecho, generalizar el arraigo de los rasgos democráticos, aunque en modo alguno refuta su existencia. La policía no fue un mero obstáculo del proceso de democratización, sino una actora fundamental del mismo que experimentó una democratización particular, indudablemente menos profunda que la que caracterizó al régimen, pero que padeció también complejas contradicciones, suscitó tenaces resistencias y tampoco llegó a buen puerto.

  1. * Artículo financiado por una subvención para la contratación de personal investigador postdoctoral, sufragada por la Generalitat Valenciana y el Fondo Social Europeo, y por los proyectos PID2020-113986GB-I00 y PID2021-124945NB-I00 del Ministerio de Ciencia e Innovación. Una versión preliminar se presentó en el Seminario de Historia Santos Juliá; agradezco a Nigel Townson y al resto de los participantes sus generosos consejos y sugerencias.

  2. 1 Emilio Mola Vidal: Obras completas, Valladolid, Librería Santarén, 1940, p. 712.

  3. 2 Ibid., pp. 712-713.

  4. 3 Manuel Ballbé: Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza Editorial, 1983, pp. 318 y 339.

  5. 4 Diego López Garrido: El aparato policial en España. Historia, sociología e ideología, Barcelona, Ariel, 1987, p. 63.

  6. 5 Manel Risques Corbella: «Una reflexión sobre la policía durante la Segunda República», Revista Catalana de Seguretat Pública, 12 (2003), pp. 71-86, esp. pp. 76 y 78.

  7. 6 Eduardo González Calleja: En nombre de la autoridad. La defensa del orden público durante la Segunda República española (1931-1936), Granada, Comares, 2014, pp. 53, 55 y 57.

  8. 7 Diego Palacios Cerezales: «Ansias de normalidad. La policía y la República», en Fernando del Rey Reguillo (dir.): Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos, 2011, pp. 596-646, esp. pp. 596-598, 609 y 614; Gerald Blaney, Jr.: «Keeping Order in Republican Spain, 1931-1936», en Gerald Blaney, Jr. (ed.): Policing Interwar Europe. Continuity, Change and Crisis, 1918-1940, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2007, pp. 31-68, esp. pp. 42 y 46, e íd.: «En defensa de la democracia: políticas de orden público en la España republicana, 1931-1936», Ayer, 88 (2012), pp. 99-123, esp. pp. 113 y 117.

  9. 8 Martín Turrado Vidal: La Policía en la historia contemporánea de España (1766-1986), Madrid, Ministerio de Justicia e Interior, 1995, p. 198; José María Miguélez Rueda: «Transformaciones y cambios en la policía española durante la II República», Espacio, Tiempo y Forma. Serie V, Historia Contemporánea, 10 (1997), pp. 205-222, esp. pp. 205-206, y Francisco J. Carmona Obrero: El orden público en Sevilla durante la II República (1931-1936), tesis doctoral, Universidad de Sevilla, 2009, p. 510.

  10. 9 Clive Emsley: The English Police: A Political and Social History, Londres, Longman, 1996; Jean-Marc Berlière: Le monde des polices en France, xixe-xxe siècles, Bruselas, Éditions Complexe, 1996, y Anja Johansen: «A Process of Civilisation? Legitimisation of Violent Policing in Prussian and French Police Manuals and Instructions, 1880-1914», European Review of History: Revue européenne d’histoire, 14(1) (2007), pp. 49-71. La primera propuesta de este enfoque para el caso español en Gerald Blaney, Jr.: «La historiografía sobre la Guardia Civil. Crítica y propuestas de investigación», Política y Sociedad, 42(3) (2005), pp. 31-44.

  11. 10 Robert Reiner: The Politics of the Police, Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 89-101, y Taylor Buckner, Nils Christie y Ezzat Fattah: «Policía y cultura», en José María Rico (comp.): Policía y sociedad democrática, Madrid, Alianza Editorial, 1983, pp. 166-185, esp. pp. 168-173.

  12. 11 Donatella della Porta y Herbert Reiter: «The Policing of Protest in Western Democracies», en Donatella della Porta y Herbert Reiter (eds.): Policing Protest. The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1998, pp. 1-32, esp. pp. 22-27.

  13. 12 Diego Galeano: «“Caídos en cumplimiento del deber”. Notas sobre la construcción del heroísmo policial», en Diego Galeano y Gregorio Kaminsky (coords.): Mirada (de) uniforme. Historia y crítica de la razón policial, Buenos Aires, Universidad Nacional de Río Negro-Teseo, 2011, pp. 185-219, esp. pp. 185-186, 200-201 y 218.

  14. 13 Roberto Muñoz Bolaños: «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España (1900-1945)», Serga, 2 (2000), pp. 39-40.

  15. 14 Anuario Estadístico de España, 1931, pp. 508-509, y 1936, p. 85.

  16. 15 «Cómo se revela [sic] un pueblo», Policía Española, 2 de mayo de 1931, p. 12.

  17. 16 «En esta fecha histórica», Policía Española, 17 de abril de 1931, p. 10.

  18. 17 «Lo que debe ser la policía en el nuevo régimen», Policía Española, 2 de mayo de 1931, pp. 13-15.

  19. 18 «Hacia la justa orientación», Policía Española, 2 de junio de 1931, p. 14.

  20. 19 «El buen policía», Policía Española, 2 de octubre de 1931, p. 20.

  21. 20 «El viaje a Alemania de los señores Herráiz y Mora», Policía Española, 16 de agosto de 1931, pp. 11-14.

  22. 21 «Dice Don Carlos Blanco», Policía Española, 2 de mayo de 1931, pp. 9-11.

  23. 22 Diego Palacios Cerezales: «Ansias de...», pp. 612-615.

  24. 23 Antonio Viqueira Hinojosa: Historia y anecdotario de la policía española, 1833-1931, Madrid, San Martín, 1989, p. 284.

  25. 24 «El nuevo Cuerpo de Policía local», Policía Española, 16 de julio de 1931, pp. 9-10; «La reorganización y el reglamento», Policía Española, 16 de octubre de 1931, p. 9, y «Toma posesión el nuevo Director general de Seguridad», Policía Española, 16 de mayo de 1931, pp. 18-19.

  26. 25 «Orientaciones sobre reorganización», Policía Española, 16 de octubre de 1932, p. 13; «Hace falta con gran urgencia una ley-ordenanza de Policía», Policía Española, 16 de abril de 1933, p. 7, y «La unificación de los servicios de Policía», Policía Española, 2 de septiembre de 1932, p. 14.

  27. 26 «El problema de la reorganización», Policía Española, 16 de junio de 1933, p. 10, y Manel Risques Corbella: El Palau de la Duana de Barcelona. De Govern Civil a Delegació del Govern, Barcelona, Delegación del Gobierno en Cataluña, 2008, pp. 171-173.

  28. 27 «Eficacia y prestigio corporativo», Policía Española, 2 de enero de 1933, p. 18, y «Previsión y represión», Policía Española, 16 de mayo de 1933, p. 32.

  29. 28 «Sobre el cuerpo de Seguridad y Asalto», Investigación, 5 de agosto de 1933, p. 11.

  30. 29 «Trapos sucios», Investigación, 15 de junio de 1933, pp. 3-4.

  31. 30 «La esperanza del momento», Policía Española, 2 de octubre de 1933, pp. 5-6.

  32. 31 «A censura noble, noble acogida», Investigación, 29 de noviembre de 1933, pp. 6-7, y «La Policía», Investigación, 6 de octubre de 1933, pp. 9-10.

  33. 32 «Cuando el sol sale, sale para todos», Investigación, 29 de octubre de 1933, p. 5, y «Quijotes», Investigación, 19 de octubre de 1933, pp. 10-11.

  34. 33 «La policía en Cataluña», Policía Española, 2 de noviembre de 1933, pp. 9-10.

  35. 34 «Licencia gratuita para uso y tenencia de armas», Policía Española, 16 de mayo de 1934, p. 9; Rafael Salazar Alonso: Bajo el signo de la revolución, Madrid, Imp. Sáez Hermanos, 1935, p. 226; Gaceta de Madrid, núm. 72, 13 de marzo de 1934, p. 1948, y Diego Palacios Cerezales: «Ansias de...», p. 630.

  36. 35 «Nuestras previsiones, confirmadas», Policía Española, 19 de octubre de 1934, pp. 10-11.

  37. 36 «Las reorganizaciones en proyecto», Policía Española, 2 de marzo de 1935, p. 20.

  38. 37 «Juicio crítico del Proyecto de Reorganización de Seguridad y Asalto», ¡Presente...!, 15 de junio de 1935, pp. 6-7, y «Organización del Cuerpo de Seguridad», ¡Presente...!, 1 de noviembre de 1934, pp. 6-7.

  39. 38 «La posible labor reconstructiva», Policía Española, 16 de enero de 1936, p. 5; «El voto de los funcionarios», Policía Española, 16 de febrero de 1936, p. 8, y «El reglamento de Policía Gubernativa», Policía Española, 16 de enero de 1936, pp. 9-10.

  40. 39 ABC, 17 de febrero de 1936, p. 18.

  41. 40 Sergio Vaquero Martínez: «Entre la republicanización y la militarización. Las transformaciones de las fuerzas policiales en la Segunda República española, 1931-1936», Ler História, 70 (2017), pp. 79-92, esp. p. 89.

  42. 41 «La voluntad nacional», ¡Presente...!, 1 de marzo de 1936, pp. 1-2.

  43. 42 «¿Tibieza republicana?...», Investigación, 29 de febrero de 1936, pp. 2-3.

  44. 43 «Un poco más de calma», Investigación, 19 de abril de 1936, pp. 5-6.

  45. 44 «Al servicio del deber y de la Constitución», Investigación, 9 de julio de 1936, pp. 1-2.

  46. 45 «Carta de mi amigo», ¡Presente...!, 1 de mayo de 1936, p. 10; «Carta de mi amigo», ¡Presente...!, 1 de junio de 1936, p. 13, y Fernando del Rey Reguillo: Paisanos en lucha. Exclusión política y violencia en la Segunda República española, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, p. 524.

  47. 46 Alejandro Vargas González: «Carabineros y Guardia de Asalto ante el Alzamiento», Historia 16, 308 (2001), pp. 66-73, esp. p. 72, y José María Miguélez Rueda: La policía durante la guerra civil española. La historia omitida, Saarbrücken, Publicia, 2003, p. 41.

  48. 47 «Cómo ha nacido y se prepara la sección de Asalto del Cuerpo de Seguridad», Policía Española, 17 de junio de 1931, pp. 10-12.

  49. 48 Miguel Maura: Así cayó Alfonso XIII..., Barcelona, Ariel, 1966, p. 275.

  50. 49 Rafael Cruz: «Los muchos en la política, 1876-1939», en Carlos Forcadell y Manuel Suárez Cortina (coords.): La Restauración y la República, 1864-1936. Historia de las Culturas Políticas, vol. III, Zaragoza-Madrid, PUZ-Marcial Pons, 2015, pp. 55-84, esp. pp. 73-74.

  51. 50 «Servicios y procedimientos», Policía Española, 2 de septiembre de 1931, p. 10.

  52. 51 «El principio de autoridad y el orden público», Policía Española, 2 de febrero de 1932, p. 9.

  53. 52 «Comunismo, sindicalismo y anarquismo», Policía Española, 16 de mayo de 1932, pp. 15-16.

  54. 53 «Frente a los enemigos de la República», Policía Española, 16 de junio de 1932, p. 9.

  55. 54 «Maleantes, pordioseros y nueva delincuencia», Policía Española, 16 de marzo de 1932, p. 13.

  56. 55 Diego Palacios Cerezales: «Ansias de...», p. 616.

  57. 56 «El mantenimiento del orden público y el principio de autoridad», Policía Española, 16 de enero de 1932, pp. 9-10.

  58. 57 «El fracaso de la “porra”», Policía Española, 16 de febrero de 1932, p. 20.

  59. 58 «La Policía gubernativa benemérita de la República», Policía Española, 16 de agosto de 1932, pp. 33-34.

  60. 59 Gonzalo Álvarez Chillida: «Negras tormentas sobre la República. La intransigencia libertaria», en Fernando del Rey Reguillo (ed.): Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República española, Madrid, Tecnos, 2011, pp. 45-110, esp. p. 88.

  61. 60 «Obediencia debida», Policía Española, 2 de abril 1933, p. 13.

  62. 61 Diego Palacios Cerezales: «Ansias de...», pp. 626-628.

  63. 62 Julián Casanova: De la calle al frente. El anarcosindicalismo en España, Barcelona, Crítica, 2010, p. 102.

  64. 63 «El “arma química” al servicio de la Policía», Policía Española, 16 de febrero de 1934, pp. 15-16; «¡Agua no va! El tanque extraordinario», Investigación, 9 de noviembre de 1933, p. 11, y Antonio Viqueira Hinojosa: «Historia de la Policía Española (1931-1936)», Policía, 86-140 (1993-1999), p. 268.

  65. 64 S. A.: La revolución de octubre en España. La rebelión del gobierno de la Generalidad, Madrid, Bolaños y Aguilar, 1935; «Enseñanza de la realidad», Policía Española, 16 de enero de 1935, p. 38, y «El reglamento de Seguridad», ¡Presente...!, 1 de enero de 1935, pp. 3-4.

  66. 65 «La alegre fuerza de la República», ¡Presente...!, 1 de noviembre de 1934, p. 1, y «El Cuerpo de Asalto, hijo y defensor de la República», ¡Presente...!, 1 de noviembre de 1934, p. 3.

  67. 66 Amaro del Rosal: 1934: El movimiento revolucionario de Octubre, Madrid, Akal, 1984, p. 225.

  68. 67 José Antonio Pérez Fernández y Emilio Muñoz Martín: Enciclopedia Manual para el Cuerpo de Seguridad y Asalto, Madrid, Imp. Omnia, 1935, pp. 743-744 y 751-753.

  69. 68 «Carta de mi amigo», ¡Presente...!, 15 de abril de 1936, p. 6; «Bajo el plomo asesino», ¡Presente...!, 15 de febrero de 1936, pp. 12-13, y «Hay que cortar el sacrificio estéril de vuestras vidas», Policía Gubernativa, 30 de abril de 1936, p. 1.

  70. 69 «Para la reforma de la Policía», Policía Española, 2 de julio de 1931, p. 11; «Legítimas aspiraciones», Investigación, 19 de enero de 1934, pp. 1-2; «Aspiraciones del Cuerpo de Seguridad», ¡Presente...!, 1 de abril de 1936, p. 11, y «Aspiraciones del Cuerpo de Seguridad», ¡Presente...!, 15 de abril de 1936, p. 5.

  71. 70 Sergio Vaquero Martínez: La democratización del orden público en la Segunda República española: cultura, política y policía, 1931-1936, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2018, pp. 302-304, y Archivo General de la Administración, Ministerio del Interior, caja 44/00064, leg. 9.

  72. 71 «Nuestro pleito», Investigación, 15 de junio de 1933, pp. 6-9.

  73. 72 «Un caso que requiere urgente reparación», Investigación, 25 de mayo de 1933, pp. 6-7.

  74. 73 «La policía contra los “escamots”», Investigación, 15 de agosto de 1933, p. 6, y «La Policía del Estado y de la Generalidad», Investigación, 19 de noviembre de 1934, pp. 1-2.

  75. 74 «La nueva Ley de Seguridad», Investigación, 19 de abril de 1934, pp. 11-12.

  76. 75 «Por la separación de servicios», Investigación, 29 de enero de 1936, pp. 3-4, y «Hay que separar totalmente los servicios de Seguridad de los de Vigilancia», ¡Presente...!, 15 de febrero de 1935, pp. 1-2.

  77. 76 Gaceta de Madrid, núm. 59, 28 de febrero de 1925, 947-948; núm. 333, 29 de noviembre de 1930, pp. 1254-1266, y núm. 149, 29 de mayo de 1931, pp. 1005 y 1021-1027.

  78. 77 «Sobre un altruismo sospechoso», El Policía Español, 15 de abril de 1933, pp. 6-7. Agradezco a Diego Palacios que me proporcionara esta fuente.

  79. 78 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 284, 23 de diciembre de 1932, p. 10697.

  80. 79 «Problemas con solución», Policía Española, 16 de enero de 1932, pp. 17-18, y «Unión Nacional de Funcionarios», Investigación, 15 de junio de 1933, pp. 9-11.

  81. 80 «La nueva comisión interministerial», Policía Española, 2 de julio de 1936, pp. 5-6.

  82. 81 Manuel Azaña: Diarios completos. Monarquía, República, Guerra Civil, Barcelona, Crítica, 2004, pp. 733-759, y Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, núm. 305, 3 de marzo de 1933, pp. 11597-11610, y núm. 306, 7 de marzo de 1933, pp. 11629-11642.

  83. 82 «Los policías de la Generalidad», Investigación, 9 de junio de 1935, pp. 9-10, e «¿Insubordinación, indisciplina? No; compañerismo y dignidad», Investigación, 29 de marzo de 1935, pp. 2-3.

  84. 83 «Los funcionarios separados del Cuerpo», Policía Española, 16 de octubre de 1935, pp. 11-12.

  85. 84 Investigación, 16 de septiembre de 1935, pp. 4-8; Manuel Portela Valladares: Memorias. Dentro del drama español, Madrid, Alianza Editorial, 1988, p. 148, y Pilar Mera Costas: Monárquico, republicano, liberal. Biografía política de Manuel Portela Valladares, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2015, pp. 195-197.

  86. 85 Investigación, 19 de marzo de 1936, pp. 1-5.

  87. 86 Ian Gibson: La noche en que mataron a Calvo Sotelo, Barcelona, Argos Vergara, 1982, pp. 97-108 y 116-126; Archivo Histórico Nacional, Causa General, leg. 1560, exps. 30 y 23, y Archivo Histórico Nacional, Causa General, leg. 1500, exps. 4 y 7.

  88. 87 Policía Española, 16 de diciembre de 1931, p. 67.

  89. 88 Gaceta de Madrid, núm. 176, 25 de junio de 1933, pp. 2229-2230, y «Las recompensas en Policía», Policía Española, 2 de febrero de 1934, p. 7.

  90. 89 Ángel Duarte: «La question de l’ordre public dans le républicanisme espagnol», Le Mouvement Social, 201 (2002), pp. 7-27, esp. p. 25.

  91. 90 Policía Española, 2 de septiembre de 1932, pp. 9-13.

  92. 91 Nigel Townson: La República que no pudo ser. La política de centro en España (1931-1936), Madrid, Taurus, 2002, pp. 77-78.

  93. 92 «Se declaran hechos de guerra los pasados sucesos», Policía Española, 16 de diciembre de 1933, p. 16.

  94. 93 Policía Española, 16 de febrero de 1935, p. 10.

  95. 94 «La legión de mártires del deber en las fuerzas de Seguridad», Policía Española, 2 de noviembre de 1934, pp. 11-12, y «Heroicos, abnegados, resistentes y leales», ¡Presente...!, 15 de octubre de 1934, pp. 1-2.

  96. 95 ¡Presente...!, 15 de julio de 1935, pp. 4-5.

  97. 96 Ahora, 29 de septiembre de 1935, p. 3; Policía Gubernativa, 5 de octubre de 1935, pp. 11-16, y Joaquín Chapaprieta: La paz fue posible. Memorias de un político, Barcelona, Ariel, 1971, p. 323.

  98. 97 Policía Española, 16 de marzo de 1936, pp. 5-8.

  99. 98 Ahora, 15 de julio de 1936, p. 8, y El Socialista, 15 de julio de 1936, p. 3.