Conflictos entre la jurisdicción comunitaria y la jurisdicción constitucional española (en materia de derechos fundamentales)

Resumen

La posibilidad de conflictos entre el TJ y los tribunales constitucionales en materia de protección de derechos fundamentales, lejos de haber desaparecido, es hoy más real que nunca. Tales conflictos no sólo pueden tener su origen en la existencia de un estándar de protección mayor por parte de estos últimos sino que, en la actualidad, también pueden derivar de la adopción por el TJ de posiciones más progresistas, como se ha puesto de relieve en España con la saga Fogasa. La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, otorgando carácter vinculante a la Carta de Niza, junto a la intensa labor del TJ en la materia, pueden potenciar estas relaciones conflictivas o, tal vez, mover a una cultura de diálogo basada en el objetivo de lograr una equivalencia en los niveles de protección. En el caso del Tribunal Constitucional español, ese espíritu de diálogo debería estar garantizado por la plena entrada en escena del artículo 10.2 de la Constitución en relación con la Carta de Niza. Una novedad que debería llevar al máxime intérprete constitucional a tomar también debidamente en consideración la jurisprudencia del TJ y, en su caso, a plantear cuestiones prejudiciales ante este órgano. El nuevo papel que debe jugar la Carta a través del referido artículo 10.2, así como el papel que corresponde al legislador español en la materia, son algunos de los aspectos que abordamos en este estudio.